En México han ocurrido múltiples agresiones contra trabajadores de la información y un asesinato “lo que ratifica que el país es uno de los más riesgosos para ejercer el periodismo”, refiere el Informe ante la Reunión de Medio Año 2024 para nuestro país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El informe señala que las organizaciones criminales y los factores de poderes políticos locales son la fuente principal de la inseguridad.

La SIP expone casos como el asesinato de Ismael Villagómez, fotoperiodista de El Heraldo de Juárez, ocurrido el 16 de noviembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. También se contemplan ataques a periodistas como Yolanda Caballero, Andrés Salas, Jaime Barrera,

Por otro lado critica que el presidente Andrés Manuel López Obrador “ha radicalizado su discurso anti medios” y divulgó en su conferencia matutina el número telefónico de la reportera de The New York Times Natalie Kitroeff, como “represalia por la publicación de un reportaje que daba a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría investigado al círculo cercano del presidente por presuntamente haber recibido dinero de grupos criminales para financiar su campaña electoral”.

Roberto Rock lamenta situación de violencia en el continente

Este miércoles comenzó en Miami la reunión de medio año de la SIP, donde uno de los temas es la situación por la que pasan los medios de comunicación en la región.

“Toda Centroamérica está en situación grave por el problema del crimen organizado”, alertó Roberto Rock, presidente de la SIP en la reunión de medio año de este organismo. Rock, precisó que en la región se vislumbran riesgos para la libertad de expresión.

El también colaborador de El Sol de México lamentó los recurrentes ataques contra periodistas en el continente americano, así como el alto índice de homicidios que se han registrado en los últimos años.

“Hemos visto que el crimen organizado crece en gobiernos dictatoriales”, agregó Rock, al considerar que el crecimiento del crimen organizado es una de las principales amenazas al ejercicio periodístico.

En la reunión semestral de la SIP se hablará la actualización de la Declaración de Salta de 2018 para incluir los principios de la libertad de expresión en un contexto digital y particularmente con la evolución de la Inteligencia Artificial (IA).

El titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, resaltó que el año 2024 es uno de los más importantes en materia democrática en todo el mundo porque más de cuatro mil millones de personas participarán en elecciones en más de 50 países.

“Un año electoral debería ser especialmente propicio para el trabajo periodístico; para que no sólo la dirigencia política y social sino la ciudadanía toda pudiera expresarse en libertad”, apuntó. Con información de El Sol de México.

Organizaciones de derechos humanos que representaron a víctimas de arraigo y prisión preventiva oficiosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y que ganaron los juicios internacionales, señalaron a la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján de faltar a la verdad en las declaraciones que hizo este martes durante la conferencia mañanera y por intentar deslegitimar el análisis de las sentencias que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pena Sin Culpa representó a Daniel García Rodríguez y a Reyes Alpízar, quienes estuvieron 17 años en prisión sin sentencia, por un homicidio que no cometieron, y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) defendió a los hermanos Gerardo y Gustavo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles, indígenas de Veracruz sometidos a arraigo y prisión preventiva, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), sin elementos, por lo que fueron liberados dos años después.

En los comunicados, las organizaciones recordaron que las sentencias de la CoIDH son inapelables y de cumplimiento obligatorio, y defendieron el papel de la SCJN como parte del Estado mexicano, por lo que negaron que esté invadiendo funciones del Congreso de la Unión.

La RSDCIAC alertó que lo señado por Alcalde Luján “no se encuentra apegado a la verdad” y que mientras en la conferencia matutina mencionó que de forma “unilateral” la SCJN había revisado las sentencias, en el informe de cumplimiento del caso Tzompaxtle Tecpile, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, notificó a la CoIDH de la comunicación que existe entre la Segob y el máximo órgano de justicia de la nación.

En el informe enviado el 29 de enero a la CoIDH, sobre el arraigo, el Estado señaló en tanto se mantenga en la Constitución, “se debe asegurar que las personas operadoras jurídicas llamadas a aplicar la figura del arraigo, la inapliquen mediante un debido control de convencionalidad”.

De acuerdo al documento, turnado a la defensa el 14 de febrero, el gobierno de López Obrador informó al tribunal regional que “desde la Segob se entabló comunicación con el Consejo de la Judicatura federal así como con la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de conocer las medidas que se implementaban al respecto”, y que el expediente de Tzompaxtle fue turando al ministro Luis María Aguilar Morales.

La RSDCIAC insistió en que la sentencia Tzompaxtle Tecpile y otros “es definitiva e inapelable”, que su acatamiento “será ejemplo de cumplimiento y protección a los derechos humanos”, reconoció el papel del Poder Judicial, y lamentó que “el Poder Ejecutivo y el Legislativo sean omisos”.

Pena Sin culpa desmintió las afirmaciones de Alcalde, de que acatar la sentencia de la CoIDH que ordena la desaparición de la prisión preventiva oficiosa se traduzca en “la posible liberación de 68 mil personas” que se encuentran sin sentencia en las prisiones mexicanas.

Apuntó que de la exposición que “falta a la verdad” de la secretaria de Gobernación, “lo que resulta de mayor preocupación” es que haya en México “68 mil personas en las cárceles sin que tengan una sentencia condenatoria, y sin que se haya demostrado su responsabilidad”.

Lo anterior implica “68 mil personas a las que se les viola su derecho a la presunción de inocencia y que pueden perder años de su vida encarceladas sin que se les logre probar su participación en algún hecho delictivo, sin desconocer que en la mayoría de estos casos impacta a las personas más pobres, porque son quienes no pueden comprar la justicia”.

Sobre el caso García Rodríguez y otro VS México, sentencia emitida en abril del año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por procedimiento, la remitió “a todas las instancias federales y locales que se consideren responsables”, para atenderla, entre ellas la SCJN para que “en el ámbito de sus facultades actuara conforme a derecho y conforme a sus obligaciones constitucionales e internacionales”.

La organización consideró “irresponsable” que la funcionaria descalifique el análisis de la SCJN considerándolo como “unilateral”, cuando el Estado mexicano participó en las audiencias de la CIDH y de la CoIDH, “donde tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas en el caso García Rodríguez y otro VS México y perdió”.

Apuntó que bajo ese procedimiento es que se integró el expediente “Recepción de Sentencia Internacional”, correspondiéndole al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo estudiar la sentencia del caso “García Rodríguez y otro Vs México”.

Tras resaltar que el proyecto de la ponencia de Pardo Rebolledo avala que se cumpla la sentencia de la CoIDH, y en tanto no se realice la reforma constitucional, el ministro propuso a jueces y magistrados “razonar y justificar” la medida de prisión preventiva en cada caso en particular.

La organización explicó que “la oficiosidad o automaticidad de la prisión preventiva como la tenemos actualmente debe ser un proceso razonado, proporcional y justificado en cada caso en particular, esto de ninguna forma implica una liberación o exoneración masiva -como lo infirió de manera irresponsable el día de hoy (martes 16) la secretaria de Gobernación”.

Un día después de que los padres de los normalistas de Ayotzinapa llamaran a boicotear las campañas y el proceso electoral para exigir una reunión inmediata con el presidente Andrés Manuel López Obrador, éste insistió en el que el encuentro se lleve a cabo después de los comicios.

Este lunes, el mandatario fijó el 3 de junio como fecha del encuentro con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según reveló la dirigencia de la disidencia magisterial, con la que el Ejecutivo se reunió durante tres horas  en Palacio Nacional.

Pedro Hernández Morales, líder de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dio a conocer que el encuentro se llevará a cabo un día después de los comicios federales a las 10:30 horas.

El fin de semana, en Guerrero, la Asamblea Nacional Popular acordó un plan de acción para exigir una reunión inmediata a López Obrador por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos

Organizaciones sociales, colectivos y estudiantes sesionaron el sábado en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante seis horas para definir un plan de acción ante la postura del mandatario de recibir a los padres de los 43 después de las votaciones del 2 de junio.

“Si no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa”, advirtieron en un comunicado las padres de los normalistas.

Intermediación

Este lunes, al salir de una reunión realizada en Palacio Nacional, Hernández Morales informó que el Ejecutivo pidió a la disidencia magisterial su intermediación con los padres de los normalistas para que se lleve a cabo el encuentro.

Aun cuando López Obrador ha manifestado su deseo de reunirse directamente con los padres sin que estén presentes sus abogados u organizaciones de derechos humanos, el líder de la CNTE indicó que el presidente expresó esta vez su disposición a un encuentro con los padres, con independencia de ese punto.

“Queremos hacer énfasis entonces que el presidente plantea que en el caso de Ayotzinapa, va a recibir a los padres de Ayotzinapa el próximo 3 de junio a las 10:30 horas.

“Incluso bajo la situación que en un principio había planteado de que no quería hablar con los abogados o con las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, hoy planteó que lo va a haber independientemente de ese punto.

“Nos pidió que habláramos con los padres de Ayotzinapa en la situación de la cercanía que ésta Coordinadora de Trabajadores de la Educación tiene”, declaró Pedro Hernández.

La desaparición de personas en Chiapas en un lapso de 2019 a 2024 ha sufrido un aumento significativo de las cifras de personas desaparecidas debido a la violencia criminal que impera en el territorio chiapaneco y lo que es peor, que el actual gobierno de Morena sigue incumpliendo su deber de búsqueda, verdad, justicia y reparación integral de los daños que ocasiona el flagelo.

 Lo anterior fue revelado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en la presentación del informe “Tocar el Vacío”, un esfuerzo para analizar el fenómeno de la desaparición de personas en Chiapas, que desde hace varios años registra un aumento exponencial de cifras de personas desaparecidas, con un impacto profundo sobre quienes buscan a sus seres queridos y sobre la sociedad chiapaneca en general.

En el periodo de 2019-2024, la desaparición de personas ha sufrido un aumento significativo de desapariciones sistemáticas o generalizadas cometidas por particulares, porque impera la impunidad y la tolerancia y beneplácito de parte del Estado, lo que las convierten en desapariciones forzadas, en la medida que son marcadas por la tolerancia y la aprobación a sus perpetradores.

En 2019 se registraron un total de 68 de personas desaparecidas, para 2022 la cifra fue más dramática al aumentar a 244 desaparecidos, pero año tras año el fenómeno ha ido en aumento en este periodos de un  358 por ciento.

Luego al  actualizar las cifras en 2023 se llega a total de 312 casos, que de acuerdo de 2019 a 2023 el aumento fue del 458 por ciento, únicamente tomando cifras oficiales del Registro Nacional de personas desaparecidas y no localizadas.

Las instancias estatales y federales encargadas de la investigación y búsqueda realizan diversos artificios para diluir públicamente la situación, que va desde la negativa a recibir las denuncias o inscribir a las personas desaparecidas en los registros oficiales, hasta la clasificación de los hechos como algo distinto a la desaparición, señala el informe.

Asegura que la Fiscalía Especializada en la materia no tiene personal suficiente para hacer frente al fenómeno, lo que demuestra el desinterés estatal por crear condiciones para la investigación, lo que demuestra que entre el 1 de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado registró 201 carpetas de investigación por desaparición de personas a manos de particulares, pero ninguna por desaparición forzada.

El interés del informe es identificar y analizar varias líneas de la desaparición, destaca la disputa y control territorial por la delincuencia organizada.

Es de especial preocupación la situación en la región sierra y frontera, dónde la explosión de violencia ligada a la disputa entre la delincuencia organizada ha llevado a un alza de las desapariciones sin que sea posible medir el problema con precisión tanto por la violencia que impera, como por la desconfianza en las autoridades.

Otros patrones documentados en el informe incluyen: la desaparición de personas en movilidad internacional; los que se presentan alrededor de las realidades de niñas, niños y adolescentes; así como los que emergen en el contexto de la violencia político-electoral; en el marco de detenciones arbitrarias cometidas por agentes estatales; los relacionados a la violencia contra las mujeres, con énfasis en la trata de personas y feminicidio; de personas defensoras de derechos humanos; en el marco de las acciones militares y paramilitares de contrainsurgencia durante los años noventa.

En la actualidad el estado de Chiapas padece una creciente ola de violencia luego que en la región han crecido las disputas de los cárteles del narcotráfico para controlar la frontera de México con Centroamérica, lo que ha resultado en homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado de comunidades, en particular de indígenas.

Llevar a cabo esta primera radiografía de la problemática ha representado un gran reto, pues muchas de sus características son nuevas en Chiapas, además de que existe un extendido silenciamiento de los territorios donde sucede.

Los patrones de la desaparición en Chiapas reflejan dinámicas nacionales, pero también presentan características propias relacionadas a condiciones históricas, políticas y sociales. Existen dos focos rojos en el estado. 

El primero, de acuerdo a datos expuestos por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), en Chiapas la desaparición de mujeres es mucho mayor a los índices nacionales. 

El segundo foco rojo es visibilizado por la organización Melel Xojobal quien da cuenta de que en el 2022 Chiapas ocupó el cuarto lugar nacional en desaparición de niñas, niños y adolescentes (NNA), es decir que de acuerdo a estadísticas, en Chiapas existe un riesgo mayor de desaparición de mujeres y NNA.

Este es el informe presentado por las organizaciones civiles independientes, entre ellas, Voces Mesoamericanas, Frayba, Serapaz y Melelxojobal, quienes han conformado el grupo de trabajo contra la desaparición en Chiapas.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces Federales de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su preocupación por la aprobación en comisiones del Senado, por parte de Morena y sus aliados, a la propuesta para reformar los artículos 128 y 148 de la Ley de Amparo.

Esta reforma impediría a jueces dictar suspensiones de normas aprobadas por el Congreso de la Unión u obras del gobierno, aunque estas atenten derechos humanos o vayan en contra de la Constitución.

“Se precia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, pues se daría un trato desigual a quienes aun no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución”, indicó la organización de magistrados y jueces en un comunicado.

Asimismo, indicó la Jufed, que esta iniciativa afectaría principalmente a los jueces, dado que ellos deben de actuar en beneficio de las personas, además de que los derechos humanos “deberían aumentar y no disminuir”, como lo establece la Carta Magna.

Ayer, la reforma fue presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, junto con las firmas, entre ellas, de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, y de Mónica Fernández, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Dicha reforma, va acorde a uno de los planteamientos presentados el 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador como reforma al Poder Judicial para limitar a los jueces.

Por esto, la organización explicó que están de acuerdo con lo que ha señalado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a que el amparo permite a los jueces determinar si se ha violado o no un derecho humano.

“La Jufed hace un atento llamado a los legisladores federales para que esta iniciativa de reformas se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos”, se lee en el documento. 

HRW expresa preocupación por reformas que limitarían la Ley de Amparo

Human Rights Watch (HRW) expresó este jueves su preocupación por una iniciativa de reforma en nuestro país que limitaría la Ley de Amparo para que los jueces no puedan suspender de forma provisional obras o legislaciones cuestionadas por organizaciones civiles y empresas.

“Nos preocupan las propuestas de reformas a la Ley de Amparo. Se trata de una iniciativa que limita el derecho a la protección judicial y con ello expone a la ciudadanía a violaciones de derechos humanos”, expresó la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en una publicación en X.

La organización reaccionó a la reforma aprobada el miércoles en comisiones del Senado, donde Morena pide modificar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo para que los jueces no detengan obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones de derechos humanos.

Los legisladores de Morena han cuestionado a jueces por frenar obras polémicas como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.

Tyler Mattiace, investigador sobre México de HRW, alertó de que el “Senado mexicano está considerando cambios a la Ley de Amparo que harían más difícil que las personas se defiendan ante leyes o acciones del gobierno que afectan sus derechos”.

“La protección judicial es un derecho humano. Los senadores deberían rechazar la iniciativa”, expuso también en X.

López Obrador ha acusado en reiteradas ocasiones a los jueces de ser “corruptos” y “trabajar para la oligarquía” por suspender sus reformas legales y obras públicas al analizar o conceder amparos.

La actual iniciativa de Morena aún debe votarse en el pleno del Senado y después en la Cámara de Diputados. Con información de Latinus y El Sol de México.

Estados Unidos emitió este miércoles una alerta de viaje para el estado de Chiapas, por la crisis de violencia que atraviesa.

La Embajada de EU en México detalló que debido a reportes de medios de comunicación sobre el incremento de violencia en el municipio de Ocozocoautla, los empleados del gobierno estadounidense tienen instrucciones de evitar la zona de conflicto.

Al emitir la alerta, la Embajada calificó a Chiapas en el nivel dos, de cuatro, de sus avisos de viaje. Es decir, pidió a sus connacionales tomar mayores precauciones.

En un comunicado apuntó que si alguna persona estadounidense se encuentra en Chiapas, es necesario buscar refugio y avisar a sus familiares y amigos sobre su ubicación y seguridad.

Ocozocoautla es una de las localidades donde han habido enfrentamientos entre el crimen organizado y fuerzas de seguridad mexicanas. Ayer, en una disputa armada dos personas perdieron la vida. Un día antes, dos policías fueron asesinados.

En Chiapas la violencia se intensificó en los últimos meses por la presencia del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que se enfrentan por controlar el territorio.

De acuerdo con el mapa de riesgos de México, de la Embajada estadounidense, sólo Campeche y Yucatán son estados seguros para viajar. Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero son estados calificados en el nivel 4 de riesgo. Esto quiere decir que el gobierno norteamericano recomienda no viajar a estas entidades.

El resto del país se encuentra dividido en niveles 2 y 3, tomar mayores precauciones y reconsiderar viajar, respectivamente. Zacatecas es calificado como un estado con alto riesgo de seguridad.

En febrero de este año, la Embajada de Estados Unidos ya había emitido un alerta de viaje al pueblo de Ciudad Hidalgo, ubicado en la parte sur de Chiapas, debido al aumento delictivo, su radio de seguridad se encontraba hasta 10 kilómetros alrededor del pueblo. Con información de El Sol de México.

Acusó de corrupción a Arturo Zaldívar sin dar pruebas

El ex ministro, ahora morenista, le reviró, con evidencias

El voto de los ciudadanos mexicanos está ya comprometido de acuerdo con la filiación partidista de cada votante. Unos votarán por las opciones del conservadurismo; otros lo harán por los candidatos de la izquierda, Y un tercer grupo a cuyos miembros no satisfacen ni los de la derecha ni los de izquierda, o se abstendrán o votarán por quienes sean objetos de sus preferencias. Es muy poco lo que influyen las encuestas en las intenciones de voto. Es nula la influencia electoral de la propaganda que cuelga de los arbotantes de las calles de las ciudades o que están pintadas en las bardas citadinas. Quien tiene comprometido su voto por Xóchitl Gálvez votará por ella. Quien lo tiene por Sheinbaum ni traten de convencerlo de lo contrario. Votará por la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Así que los millones de pesos destinados a la propaganda son realmente inútiles y sólo sirven para llenar los bolsillos de los publicistas o de los pintores de mantas y de bardas.

Así que muy poco puede influir la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, en favor de la candidata del PRIAN, a pesar de que se haya involucrado con la derecha política, no obstante que su rol debe de ser eminentemente judicial. Es cabeza del Poder Judicial y no tiene ningún pretexto para involucrarse en la política ni en la política electoral. Es la cabeza del tercer poder en que está integrada la cabeza del estado mexicano. Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y la señora Piña está violando la ley y la Constitución Política al manifestar el pleno apoyo político a la candidata de la derecha, del conservadurismo reaccionario, del partido de acción nacional y del PRI, Xóchitl Gálvez Ruiz, aparte de que, en base a una “denuncia anónima”, que tiene su sello estilístico personal, involucra al ex presidente de la Suprema, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en actos de corrupción dentro del propio Poder Judicial. Puras mentiras. Ninguna de las acusaciones de la denuncia “anónima” contra el ex ministro está apoyadas con pruebas. Es como la acusación de que el presidente López Obrador es un narco presidente. Todo lo que algunos periódicos estadounidenses, como el New York Times, el Wall Street Journal dijeron para apoyar su acusación de que AMLO es narco cayó por su propio peso. Así cae la denuncia anónima en la que Piña se “basa” para realizar (que ya está realizada) una investigación del comportamiento del ex ministro presidente.

Pero ni tardo ni perezoso, Zaldívar inició, personalmente, su defensa (entre pleitos de abogados te veas) y, tras darse a conocer la querella y las acusaciones de Piña, Zaldívar inició su defensa mediática; desde sus plataformas digitales minimizó los incidentes y argumentó ser objeto de un hostigamiento con miras electorales, además de desacreditar la fiabilidad de la acusación anónima interpuesta ante la Corte. En el último de sus pronunciamientos, el ministro jubilado divulgó cuáles serán las acciones jurídicas que emprenderá contra Piña, afirmando que en días subsecuentes formalizará un conjunto de querellas ante la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, la SCJN y el Instituto Nacional de Información y Acceso a la Información (INAI). El ministro en retiro anunció que, con respaldo de Morena, partido al que se unió para apoyar la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, solicitará un juicio político contra Norma Piña, por la acumulación de irregularidades que presuntamente perpetró.

¿Hubo respuesta de Norma Piña a las imputaciones?

Zaldívar acusa a Piña de aliarse con Xóchitl Gálvez supuestamente para coordinar sus estrategias en su contra. PERO Piña no cuenta con redes sociales, lo que significa que tendrá que convocar a los periodistas para darles a conocer sus opiniones en torno a las acusaciones de Arturo Zaldívar. Por lo pronto, Piña tuvo una respuesta contundente y comprometedora a su decisión de irse en contra de Zaldívar. Algo así como dice el dicho, le salió el tiro por la culata.

EN CHIAPAS SUMAN

Y mientras “el Jaguar Negro” raudo y veloz mostrando el musculo recorre tierras chiapanecas en su “jaguar móvil” ganando adeptos y sumando, el affaire Corte-Saldivar sacude cimientos del poder judicial y pone a prueba los excesos de palacio nacional.

El diferendo tal vez ayude a sanear el podrido poder judicial y prevenir las intromisiones del presidente de la república y sus personeros allegados. El primer “macuspano” confunde derecho y justicia con una ligereza que llama la atención por su desconocimiento y desprecio a las leyes; esas mismas leyes que juró respetar y defender, hasta hay una frase en su administración que lo dijo él y es: Que no me vengan con que la ley, es la ley.

El país está embarcándose en una ruta peligrosa en un momento donde la inseguridad crece a pasos agigantados sin que la autoridad -otra vez con ligereza- reconozca los puntos de conflicto y la escalada de crímenes.

En esta época llena de frivolidad producto de la interacción en las redes sociales, el discurso de candidatos y candidatas se reduce al marketing y raya en lo grotesco donde el mensaje de fondo es solo contestatario y agresivo (Al menos eso se observa entre las dos presidenciales).

De la parte oficialista la señora Sheinbaum tan atea ella luce a la virgen de Guadalupe como una fiel creyente y al hacerlo se traiciona a sí misma. Mientras su contrincante doña Xóchitl luce su falta de punch y expresa que la gente no se fije en la apariencia.

Tiempos de sequía: climática y política. Cada uno con una gravedad nunca antes vista por el respetable.

Un jaloneo en la búsqueda de la banda presidencial innecesario, mientras un candidato que representa a MORENA pero que gran parte de la sociedad lo recibe como Eduardo Ramírez Aguilar, el hombre que ha caminado durante muchos años con diferentes cargos y eso le abrió las puertas para que en los municipios de los altos le ofrezcan trabajar en unidad y hasta promover la paz, decirlo desde San Juan Chamula y Frontera Comalapa entre muchos más, es una bandera que a nivel nacional debe ser de gran valor. 

Sin embargo, desde afuera y en plena campaña rumbo a la gubernatura chiapaneca se aprecian fisuras en el bunker jaguarista. La llegada del caballero de la política acentuó la convivencia y connivencia de los distintos grupos y personajes que coexisten y se cobijan bajo la sombra de ERA.

La disparidad de origen, enriquece en contados casos la interlocución con sectores productivos y sociales y en otros solo suman presencias y falsos liderazgos y conocimientos.

Estos últimos están aflorando y provocando división que no favorecen a los proyectos y planes del Jaguar Negro.

Pese al éxito de la campaña -que no cabe duda- se impone una revisión del equipo y el respectivo saneamiento para llegar más unidos y que las voces y acciones de los allegados sean más prudentes porque en este primer paso es sumar y quienes están haciendo ruido solo se han puesto bajo la lupa del jaguar.

Puntos Suspensivos…

El PRI en Chiapas va en la búsqueda de plurinominales con Olga Luz Espinoza la candidata y es que tener en su equipo a figuras como Julián Nazar es mandar mensajes de corrupción y suciedad. El líder estatal del partidazo Rubén Zuarh no creo que busque a cambio espacios.

AMLO, al final de su sexenio, está decepcionado; también se muestra preocupado. Su lenguaje corporal así lo indica. Éste no miente. La decepción tiene que ver con sus supuestos aliados: Dante Delgado y el tal Jorge Álvarez Máynez. Su asociación con ellos, que linda los terrenos de la ilegalidad, no está funcionando, o cuando menos, no como él lo esperaba.

Claudia Sheinbaum, su delfina, a la decepción suma la preocupación: en el primer debate no lo defendió en la medida en que él lo esperaba. Se limitó a quitarse los golpes, a defenderse; y, dadas las circunstancias, en el poco tiempo con que contó, tiró algunos golpes. No se atrevió a defender a AMLO y, mucho menos, hablando en plata, a ser su cómplice. Ella, como era de esperarse, salió con su domingo siete: habló de sus logros; no sacó la cara por ése a quien ahora ve como su exjefe; no dejó el pellejo en su defensa; tampoco salvaguardó, en la medida de lo esperado o de lo que él deseaba, la mal llamada Cuarta Transformación.

A AMLO no le faltan razones para estar preocupado y, en cambio, le sobran para estar decepcionado de unos y otra. No creo que esté decepcionado de la vida, pero sí de algunos en los que confió.

Obvio, por haber pasado sus mejores tiempos, AMLO, en el debate, no fue el actor principal. No tenía por qué serlo. El elenco y el texto de la obra han cambiado; todos, menos él, están enterados y de acuerdo con ello.

Se observa que AMLO estuvo al pendiente del desarrollo del debate; tal vez lo hizo con el fin de ver si Claudia y Álvarez Máynez, su delfina y comparsa, respectivamente, reconocían su legado histórico y lo defendían. Oh decepción: no hubo tal. Aquélla, como lo he dicho, se dedicó a quitarse los golpes y a mal atacar; y éste a mostrar los dientes y a fingir participar en el debate. También Xóchitl lo defraudó: no lo atacó como él esperaba y, a juicio de muchos, como se lo merecía.

Todo esto lastimó el ego de AMLO; quedó más que decepcionado de los dos. No hicieron lo que él esperaba. A Dante Delgado, patrón y mentor de Álvarez Máynez, a estas alturas, ya le ha de haber puesto una de perro bailarín; Delgado, por su parte, otra de igual calibre a su pupilo y ahijado. AMLO hará lo propio con Claudia, a quien hasta el domingo 7 consideraba su incondicional.

De Xóchitl debe estar satisfecho; esperando recibir de ella más ataques a su persona, a su familia y a su legado; no los hubo en la medida de las expectativas y de los errores y omisiones en que ha incurrido. Doña Xóchitl se quedó corta en éste y en otros renglones. En ese sentido AMLO salió casi indemne, es decir, sin daño y bien librado.

Supuso que Claudia hablaría de sus grandes realizaciones: la Refinería de Dos Bocas, del puerto aéreo Felipe Ángeles y del ferrocarril peninsular; se equivocó. Xóchitl, en cambio, con medida, recordó sus grandes fracasos: inseguridad, corrupción, educación deficiente e insalubridad.

Claudia esperaba que se olvidara el accidente de la Línea 12 del Metro, la tragedia del Rébsamen y su negligencia frente al covid. Xóchitl le recordó la falta de mantenimiento que motivó el accidente; la ausencia de supervisión de los planos del edificio que se colapsó y su actuar criminal por pretender curar la epidemia con medicina para combatir los pediculus capitis: los piojos.

Claudia, en sus intervenciones, no le quemó incienso a AMLO ni reconoció su “legado histórico y trascendental”. Gran pecado. Tampoco defendió lo indefendible: la corrupción de los “hijos presidenciales”. Grave error. Todo apunta en el sentido de que hay mal presagio y de que se avecinan tiempos difíciles para la familia presidencial y para la candidata del partido oficial. Para ésta, olvídense del apoyo irrestricto.

AMLO, del debate, no obtuvo la seguridad de que su delfina, llegado el momento, sacará la cara por él y sus hijos. Los demás: hermanos, parientes, amigos y partidarios no importan. Ésta es una comparsa inútil que, como se dice del Diablo, no aprendió a sumar y a multiplicar, pero sí a restar y a dividir. No vislumbró un atisbo de defensa de la 4T y de su persona.

Difiero de algunos comentaristas. En el debate no hubo vencedora ni vencida. Ése es mi particular punto de vista. Por tratarse de un round exploratorio; las participantes más expusieron propuestas, que intentar una ofensiva hecha y derecha. Se quitaron los golpes y expusieron su poder de fuego. Hasta ahí.

Hay algo cierto: no falta mucho tiempo para que, contrariamente a lo que él esperaba, veamos a AMLO tirado en el basurero de la historia, a donde van a parar las cosas inútiles, deleznables o inservibles. Será el sitio que se ganó a pulso por haber intentado destruir, en su beneficio, las instituciones públicas.

Le será aplicable lo que decía una vieja canción. Ésta, según me lo comentó hace muchos años un viejo músico, tenían prohibido interpretarla en público. Lo prohibió el Torquemada mexicano: Ernesto P. Uruchurtu, allá por los años cincuenta del siglo pasado. Al prohibirla se adelantó al feminismo actual.

La canción de marras, compuesta por Lorenzo Barcelata y cantada por Cuco Sánchez, lleva el título: Tú ya no soplas; claro que es a todas luces antifeminista; qué bueno que la censuró el entonces regente del Distrito Federal.

En todo este embrollo, con la presentación y defensa de las reformas a la Ley de amparo, que destruiría la institución y el Estado de derecho y de amnistía, que privaría al Congreso de una facultad que legalmente le corresponde, Ricardo Monreal Ávila ha alcanzado gracia ante los ojos de AMLO. Los astros comienzan a alineársele favorablemente. Aguas, Claudia, hay un pitcher relevista calentando en el bullpen.

Hace unas semanas se publicó el libro “¡Gracias!” de la autoría de Andrés Manuel López Obrador (Planeta, 2024). Este libro tiene como particularidades que su autor es el presidente de la República y que fue publicado en vísperas del inicio de las campañas electorales de este año.

La publicación del libro provocó una denuncia ante el INE por parte de la candidata Xóchitl Gálvez. La denunciante afirmaba que mediante algunas frases se pretendía influir en el electorado a favor de la candidata Claudia Sheinbaum. De esta manera, aseguraba que se incidía en inequidad en la contienda de cara a la próxima jornada electoral del 2 de junio. Además, la denuncia solicitaba medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva: pedía la suspensión de todas y cada una de las publicaciones relacionadas con el libro, su difusión, venta e incluso la publicidad del mismo.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE desechó la queja. En la sesión del 27 de marzo pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó ese desechamiento. Yo voté con la mayoría de las magistraturas a favor de esa conclusión.

Este caso nos permite reflexionar acerca de las consecuencias que habría tenido la eventual admisión de una denuncia relacionada con la venta y distribución de un libro. El primer problema que se presenta es si un libro puede o no considerarse como propaganda, y si, en esa medida, las autoridades electorales tienen facultades para impedir su difusión. Considero que ni el INE ni el Tribunal Electoral cuentan con dichas facultades, con independencia de quién es el autor del libro.

La pregunta viene a cuento porque el procedimiento especial sancionador en materia electoral obedece a una lógica y a una necesidad muy clara. A través de este procedimiento se busca que la propaganda se ajuste a límites constitucionales y legales. Por eso, se trata de una vía expedita mediante la cual se investigan y sancionan posibles irregularidades en la propaganda electoral.

Sin embargo, a mi juicio, no puede considerarse que los libros editados legítimamente, y distribuidos para su comercio, sean susceptibles de equipararse a propaganda. En principio, un libro no es, ni puede ser, una pieza propagandística. A diferencia de una propaganda, un libro no se difunde públicamente para consumo masivo. Su información no se propaga, ni se administra sin que el receptor del libro lo quiera. Su contenido no tiene las capacidades de instalarse en vías públicas. Un libro se consume específicamente por un lector interesado en las ideas o en la información plasmada en sus páginas.

En ese contexto, los libros no pueden sujetarse a censura alguna. Un libro es, ante todo, un medio de comunicación dialógica que, en principio, pretende ser privada o íntima. Si alguien compra un libro, tiene la pretensión de leerlo o puede de hecho leerlo para sí mismo. Generalmente los libros son leídos en silencio, esto es, en privado. Así, la lectura de un libro implica un proceso de comunicación entre el autor y el lector que voluntariamente lee sus ideas. El lector debe tener el ánimo de acceder a las páginas del libro. Es la voluntad del lector de conocer o de recibir la información que ofrece el autor de un libro lo que realmente define a la naturaleza de la transacción comunicativa.

De ahí que, en el análisis debe considerarse que, en principio, los libros no son susceptibles de ser investigados, sancionados o censurados por las autoridades electorales en el contexto de un procedimiento sancionador. Las autoridades electorales tenemos competencia para juzgar propaganda, no para juzgar libros. Además, abrir las puertas al escrutinio de contenidos de los libros implicaría una restricción al mercado editorial y a la libertad de las casas editoriales de producir, publicar y distribuir una obra publicada. El solo hecho de esa posibilidad colocaría a las editoriales en la expectativa negativa de que su actividad puede ser sujeta a sanción, lo que, por sí mismo, provocaría un efecto inhibidor a la circulación de las ideas.

En una sociedad democrática los libros no son obligatorios. No puede imponerse su lectura, ni de ninguna otra fuente de información, más allá del ámbito escolar o, posiblemente, de las necesidades de formación profesional. En una democracia, los libros tampoco pueden prohibirse. La historia nos ha enseñado que sólo en los regímenes dictatoriales o autoritarios se ha llegado a suspender la publicación de libros, o incluso a destruirlos.

Por ello, el solo hecho de permitir el inicio de un procedimiento para valorar el contenido de un libro, en los hechos y con independencia de su resultado, sería reconocer un mecanismo de posible censura, lo cual, por sí mismo, resulta inadmisible en una democracia constitucional. Como dice Irene Vallejo, “los libros nos convierten en herederos de todos los relatos: los mejores, los peores, los ambiguos, los problemáticos, los de doble filo. Disponer de todos ellos es bueno para pensar y elegir”. Tiene toda la razón.

Si el catastrófico seudo-debate presidencial del domingo pasado hubiera sido un debate escolar, estarían todos reprobados. La candidata oficial, por sus afirmaciones falsas y denostaciones de la candidata opositora sin siquiera llamarla por su nombre; ésta, por su incapacidad de demostrar si representa un proyecto de nación distinto y claro; el candidato naranja, por su frivolidad.

Ante el desdén por la ciudadanía interesada en propuestas de solución a los graves problemas del país, podemos preguntarnos cuál es la finalidad de un encuentro (por así llamarlo) donde se intercambiaron más insultos y ataques que argumentos, y se perdió la oportunidad de contrastar propuestas y definiciones claras.

Claudia Sheinbaum, además de atacar a Gálvez, adoptó el papel de buena alumna de López Obrador, con datos mentirosos, la obligada descalificación al PRIAN (que no es lo que representa Gálvez) y una desmedida (y falaz) alabanza de su propio gobierno, sin pizca de autocrítica.

Como niña de primaria ansiosa de reconocimiento, enunció una lista de dudosos premios a su administración de la capital, ignorando que la vida cotidiana aquí se ha vuelto más difícil por la deficiencia del trasporte público, la falta de agua, la contaminación y la inseguridad.

Consecuente con su desprecio hacia las mujeres, no solo eludió responder a preguntas sobre la condición de éstas, mintió acerca del descenso del feminicidio (menor al 8%), se inventó una impunidad cero, surrealista en este reino de la injusticia, evitó mencionar las desapariciones y violaciones en ascenso o la ineptitud de la fiscalía, que no ha contribuido a resolver casos de violencia vicaria y abuso sexual infantil, ampliamente conocidos.

Ni siquiera por haber gobernado la ciudad pionera en despenalizar el aborto se atrevió a pronunciar esta palabra. Para eludir la deleznable política migratoria del régimen, mencionó como receta la necesidad del “humanismo” y pasó rápidamente al sonsonete “hay que atacar las causas”. Dejó claro, desde luego, que, de llegar a la presidencia, continuará con la misma política que ha ahondado la normalización de la violencia y la crisis de derechos humanos.

Xóchitl Gálvez, por su parte, expresó interés por las mujeres, la niñez, las poblaciones LGBTTQ+ , migrante e indígena, expuso algunas medidas positivas para mejorar la salud y la educación desde la primera infancia, pero apenas rozó la superficie de los problemas.

Apostar por la tecnología sin tomar en cuenta las desigualdades regionales y sociales, insistir en la continua expansión de pensiones y becas, sin explicar mejor cómo se financiarán, sin proponer una reforma fiscal; incluir en su proyecto a poblaciones marginadas sin aludir, por ejemplo, a la falsa inclusión populista de éstas, es insuficiente.

En vez de demostrar que ella no representa al PRIAN (todos obviaron al PRD) y que es en gran medida una candidata ciudadana que ofrece una salida distinta, se enfrascó en descalificaciones repetitivas de la administración y la insensibilidad de “Claudia”, aunque le funcionó el mote que le puso a ésta, su “frialdad” no es lo más preocupante.

¿Por qué no explicó que una política social no se reduce a transferir recursos, que exige construir instituciones y servicios eficientes?, o ¿por qué no aclaró que ni el presidente ni Sheinbaum “dan becas”, que se trata de recursos públicos? Incluso, ¿por qué se dejó atrapar en la retórica de que el gobierno debe dar más y más pensiones, en vez de garantizarnos bueno servicios de salud y educación, o de agua potable?, para mencionar un problema acuciante.

De una candidata opositora se esperan propuestas que contrasten con las recetas del régimen. Si se atrevió a decir claramente que los militares deben regresar a los cuarteles, ¿por qué no expuso mejor su proyecto de país sin miedo? Difundirlo en documentos aislados no basta.

Del candidato naranja, Maynez, cuyo papel oscila entre tirarle al régimen y atacar a Gálvez, podernos rescatar que al menos mencionara el derecho a decidir – y no deja de ser paradójico que ninguna de las dos mujeres hablara claramente de este asunto de justicia y salud pública- pero mostró muy bien que no tiene nada que ofrecer.

A dos meses de las elecciones, el dilema para la ciudadanía crítica es claro: ¿queremos seguir permitiendo el predominio de los militares en la vida pública (cuya impunidad se busca garantizar más con nuevas reformas legales), la tolerancia al crimen organizado (que sigue masacrando y despojando a la población) y la normalización de la violencia, el desprecio por las libertades ciudadanas, el despilfarro de recursos y la continuidad del autoritarismo?

O ¿apostamos por una vía alterna para reconstruir instituciones democráticas, frenar la militarización y la violencia criminal, y superar en conjunto esta profunda crisis de derechos humanos, que afecta con particular saña a las mujeres y niñas? Para quien prefiera intentar vivir en democracia, falta saber si Gálvez representa una alternativa confiable o una esperanza vaga.

“¿Crisis?, la que tienen en sus mentes” - Enrique Peña Nieto, en respuesta a las críticas sobre la situación económica y de seguridad en su sexenio.

El robo del siglo a la clase trabajadora

Lo de Arturo Zaldívar, un caso extraordinario de corrupción institucional

La frase dicha por Enrique Peña Nieto “¿Crisis?, la que tienen en sus mentes” también aplica al presidente López Obrador, a unos meses de su partida, a menos de cinco meses y medio, es decir 167 para que el tormentoso gobierno de la 4T termine.

Cual crisis diría López Obrador, y si la hay, pues tendrá que romper el “cochinito”, pero como la hay, tendrá que hacer uso de recursos que no son suyos, pero sí de los mexicanos, al fin y al cabo, este nunca ha respetado la ley y mucho menos hoy que necesita dinero, pues el país está quebrado debido a una mala administración de su gobierno.

Esta vez ya le hecho el ojo al dinero de los trabadores, sus pensiones, las afores, que poco le importa robarle su dinero, on el respaldo de sus incondicionales, lacayos y lamebotas sus empleados, los legisladores, solo así se podrá salir con la suya, a menos que el Poder Judicial lo frene una vez más como siempre lo ha hecho.

Y es que este martes avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa para consumar el atraco del siglo. Si esta vez López Obrador se “lame los bigotes”, para robarles a los trabajadores 40 mil millones de pesos que son un esfuerzo de más de 70 años que no han reclamado su dinero en las afores.

Estos serán confiscados por el gobierno de la 4T dizque para llevarlos  al Fondo de Pensiones del Bienestar, con la complicidad de sus gatos, los legisladores de Morena, PT y PVEM

Son los ahorros de los trabajadores, aunque los Morenistas cómplices de este atraco digan lo contrario, bajo el argumento que es una reforma que están impulsando en San Lázaro un “fondo solidario para las pensiones y que beneficiarán a los que ahora son despojados con una pensión mayor de 16 mil pesos, una gran mentira porque dinero no hay, ya se acabo, por eso hace uso ilegal de las pensiones.

Lo cierto es que el gobierno corrupto de AMLO, se estará apropiando, robando, hurtando, atracando o como quiera llamarle,  tomando recursos que no son le pertenecen, sino de particulares.

Mejor dicho, es dinero de gente trabajadora responsable que ahorro para su retiro, y la perversa idea del mesías tropical, es  la de crear un fondo de pensiones del bienestar.

En los hechos suena bien, pero “bienestar”, es sinónimo de corrupción en este gobierno, y no dudamos que ese dinero se vaya a la compra de votos de Morena.

Tomando en cuenta que el emperador de Macuspana nunca cumple lo que promete, le esta vendiendo la idea con su “estafa maestra” que garantizará a todos los ingenuos que no hagan el reclamo de manera oportuna de su dinero, un retiro con el 100 por ciento de su sueldo a quienes se jubilarán con el esquema de Afores aprobado en 1997.

Solo que López Obrador no ha tomado en cuenta que ese ese dinero tiene dueño, quienes por angas o mangas no lo han retirado, por lo que el mentiroso presidente, Morena y la 4T, esperan aprovechar la primera oportunidad para robarse el dinero y ese momento ha llegado.

Lo que más preocupa de la reforma que es un timo a los trabajadores, porque no se trata de dos pesos, son poco más de 40 mil millones de pesos que sin reglas claras, podrían in parar cualquier obra faraónica interminables de AMLO.

Sin duda se trata de un timo, porque según la 4T el fondo se va a complementar con un porcentaje de las ganancias que generen el Tren Maya, la aerolínea militar de Mexicana de Aviación y el AIFA, Dos Bocas si algún día llega a refinar, las ganancias  serán repartidas a los trabajadores.

Pero si no hay ganancia, lo más seguro es que los trabajadores se queden “chiflando en la loma”, porque López Obrador en menos de seis meses ya se va y saldrá loco de contento con todo lo robado a millones de mexicanos.

La corrupción de Zaldívar y AMLO del más alto nivel del Estado mexicano.

Aun con la defensa a ultranza que le hace el presidente López Obrador al ex ministro de la Corte, Arturo Zaldívar por sus corruptelas durante su gestión, traicionó al Poder Judicial por quedar bien con el presidente.

Es una muy buena señal que la presidenta de la Suprema Corte el anunció de una investigación de los actos de su predecesor.

La impunidad que caracteriza a la vida pública en México se alimenta en buena medida de la incapacidad de élites y dirigentes para indagarse a sí mismos.

Por desgracia, en la investigación a los colaboradores del exministro Arturo Zaldívar hay tantas señales de sesgo y oportunismo político que una acción que, en principio tendría que ser bienvenida, termina generando “sospechosismo” como solía decir Santiago Creel.

Peor, castiga aún más la comprometida imagen que tiene la opinión pública sobre la dudosa imparcialidad de las autoridades judiciales.

Pero Zaldívar está más enlodado y le damos poco tiempo de vida tanto en el equipo de Claudia Sheinbaum y como aliado del presidente.

No creo que Zaldívar la libre, los señalamientos lo condenan, no es una blanca palomita pues lo las delicado y grave de la investigación que se le sigue en la Corte, a sus operadores políticos y el ex consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer, es un breve comentario que se podría configurar como un caso extraordinario de corrupción institucional del más altos niveles del Estado mexicano.

Aunque Arturo Zaldívar se defiende como “gato boca arriba” y aunque todas sus huestes lo defiendan, incluyendo la consentida del presidente, Claudia Sheinbaum y del mismo presidentes, el escandalo es mayúsculo, que incluso puede hacer que López Obrador salga corriendo como perro con la cola entre las patas. Veremos.

Del Montón

El fiscal de Estados Unidos, Merrick B. Garland, aseguró que los grupos criminales mexicanos son más ricos que ciertos países y que hay partes de México donde es difícil combatirlos, son organizaciones delictivas altamente rentables, y difícil combatirlas porque México se niega a cooperar, según expresó ante la Cámara de Representantes que está encargada de revisar el dinero que es otorgado al Departamento de Justicia. “Los cárteles son enormemente rentables, tienen más dinero que algunos Estados-nación y hay lugares en México donde es difícil lidiar con los cárteles”, son parte de las declaraciones del fiscal estadounidense. En un informe del Departamento de Justicia que registra un discurso de Merrick Garland sobre el financiamiento, se puede leer: “Utilizaremos estos recursos para continuar nuestros esfuerzos por desmantelar la cadena de suministro global de fentanilo y desmantelar a los cárteles responsables de inundar de veneno nuestras comunidades”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.