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El Vicecónsul de Guatemala de Comitán de Domínguez, Fernando Castro Molina, solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se brinde la atención oportuna a los menores migrantes guatemaltecos, debido a que en la práctica no están siendo alojados y son devueltos a la estación migratoria.

El llamado es en específico a la delegada del INM, Carmen Yadira de los Santos, ya que han constatado que los menores migrantes guatemaltecos están siendo documentados por el DIF Municipal, pero en la práctica no están recibiendo la atención adecuada, “no son alojados en sus instalaciones, sino que son retornados a la estación migratoria de Comitán de Domínguez, lo cual vulnera los derechos humanos y protocolos establecidos de la niñez migrante”.

“En las verificaciones consulares realizadas en las instalaciones del DIF, se ha observado que el INM no ha traslado por parte del Instituto Nacional de Migración para que permanezcan los menores migrantes a dicha institución, lo que contraviene protocolos establecidos en favor de la niñez migrante y vulneran sus derechos humanos”, recalcó.

Castro Molina recalca que es obligación del INM trasladar a los menores migrantes al DIF Municipal, con lo cual cumplirían los protocolos establecidos en los acuerdos de protección, en el marco de movilidad humana e irrestricto respeto de sus derechos humanos, “ya que permanecen en la delegación del INM en condiciones inadecuadas a su desarrollo psicológico”.

Por lo anterior, el vicecónsul guatemalteco pide que la autoridad migratoria federal y el Gobierno de Chiapas, de acuerdo a sus competencias, ordenar dar el debido cumplimiento a la normativa establecida en atención a los menores migrantes guatemaltecos en la institución migratoria de Comitán de Domínguez.

“Y de acuerdo a las visitas consulares en las instalaciones del DIF Municipal de dicha ciudad, constataremos e informaremos de manera ejecutiva las actuaciones y acciones que deriven de las mismas”, aseveró.

Asimismo, pidió al INM informe de manera oficial y oportuna, sobre la misión consular guatemalteca en Comitán, en todo lo relacionado con sus connacionales menores de edad, que son asegurados por el mismo Instituto.

“La finalidad de que se constate el cumplimiento protocolario por el INM en la atención de los menores migrantes por parte del DIF en dicha ciudad”, concluyó.

 

Un juez federal ordenó a las autoridades estatales garantizar todas las medidas de seguridad y protección, y dotar de vivienda, salud, educación y otros servicios de asistencia humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado en la entidad, luego de varios meses de estar en el desamparo, dieron a conocer abogados del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.

Diego Cadenas y Yazmin Pinto Ruiz, representantes de Ku’untik, refirieron que el Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales emplazó al gobierno estatal para que provea de cobijo, alojamientos básicos y de asistencia humanitaria en su modalidad de vestido adecuado, a las víctimas de desplazamiento forzado.

 Después de 16 meses de litigio bajo el expediente de amparo 833/2018, tres familias indígenas demandaron omisiones del gobierno del estado y del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, por no atender de manera oportuna el desplazamiento forzado de 16 personas del Paraje Shulvó, Zinacantán.

Fue así como el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, amparó y protegió a los quejosos y ordenó al gobierno de Chiapas otorgar asistencia humanitaria satisfactoria consistente en cobijo, alojamiento básico y vestido adecuado.

Cadenas destacó que la relevancia de esta sentencia radica en que por primera vez un juez federal se pronuncia sobre un caso de desplazamiento forzado en Chiapas, fenómeno que ha afectado a miles de familias indígenas principalmente en las zonas de los Altos y la región selva de Chiapas, donde durante años las administraciones no han accionado los mecanismos idóneos para la prevención y la atención del desplazamiento forzado.

Ambos abogados refirieron que estas acciones son parte del litigio estratégico y acompañamiento en la defensa de derechos humanos que implementa Ku’untik a favor de las familias en situación de desplazamiento.

Un total de 16 personas pertenecientes a tres familias del paraje Shulvó, del municipio de Zinacantán, son las beneficiarias de este amparo, tras haber sido obligadas a dejar sus hogares en diciembre del 2015.

“De estos actos reclamados así también se demandó la facultad la omisión de ejercer la facultad para retornarlos a su comunidad de origen y para garantizar el uso y disfrute de su propiedad en este caso comunal”, dijeron los defensores de derechos humanos.

Líderes de comunidades indígenas de 12 municipios manifestaron su rechazo a la construcción de la “supercarretera” San Cristóbal de Las Casas-Palenque, porque sólo propiciará el despojo de tierras y no impactará de forma positiva y directa a los pueblos originarios.

Después de varias horas de viaje en autobús desde las diferentes comunidades de los Altos y región Selva de Chiapas, choles, tzeltales y tzotziles arribaron este lunes a las oficinas centrales de la Secretaría de Obras Públicas, para exigir que se frene la edificación de la llamada “Carretera de las Culturas”.

Los líderes de las comunidades, que también forman parte del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), aseguraron que el proyecto no traerá beneficios a los municipios de Huixtán, Tenejapa, San Juan Cancuc, Oxchuc, Altamirano, Ocosingo, Chilón, Sitalá y Yajalón, Palenque, Salto de Agua y Ejido Candelaria de San Cristóbal de las Casas, donde esa organización social tiene presencia.

En octubre pasado, recordaron, representantes del gobierno de Chiapas acudieron al municipio de San Juan Cancúc para gestionar el “derecho de vía” que tienen que dar las personas que poseen terrenos por donde pasaría la obra, que pretende impactar 153 kilómetros de la vía San Cristóbal-Palenque.

En esa reunión, explicó Vicente López Méndez, funcionarios del gobierno estatal les advirtieron que si no aceptaban entregar el derecho de vía no recibirían recursos de programas sociales gubernamentales.

Intentaron convencerlos con el argumento de que el permiso de paso beneficia a todos, pero ellos respondieron que la carretera sólo traerá beneficios a los grandes empresarios, no a las poblaciones, apuntó.

De acuerdo con el proyecto que presentó en julio pasado el secretario de Obras Públicas, César Julio de Coss Tovilla, se trata de la ampliación de carriles del tramo carretero que ya existe entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque, así como la creación de miradores, pequeñas plazas para venta de artesanías y la eliminación de topes que colocaron habitantes de los poblados ubicados en las zonas de paso, para impedir que los vehículos transiten a velocidades rápidas. 

La carretera serviría como puente de conexión de la zona turística de San Cristóbal de las Casas a Palenque, y de ahí a la conectividad con el Tren Maya, uno de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también ha recibido cuestionamientos de parte de los poblados indígenas que impactará.

Los representantes del Modevite que entregaron el escrito de rechazo a la “Carretera de las Culturas” señalaron que el beneficiario de esas obras “son empresas que despojan y destruyen a nuestra Madre tierra”.

Uso y costumbre de la política mexicana, renovada y persistente del último año, la concentración masiva se concretó hoy, fecha del primer aniversario de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

Escenario enorme, acorde a la asistencia, el mensaje se concentra mayoritariamente en lo económico –uno de los aspectos más cuestionados del cierre de año– y reitera el avance en la economía popular, la fortaleza del mercado interno y los indicadores favorables de su gestión; de principio a fin, la expresión bipolar entre el plural ”nosotros” para referirse al gobierno y sus adversarios -los conservadores, neoliberales, neopofiristas-, inclusive cuando defiende acciones, decisiones y refiere hechos trágicos: Culiacán, los Lebarón y la violencia en general.

Es el segundo gran mitin del año –tercero si se cuenta la toma de posesión y el aniversario del triunfo electoral el 1 de julio– al que se suman los más exclusivos “informes” por los primeros 100 días de gobierno y por la obligación constitucional del 1 de septiembre realizados en el patio central de Palacio Nacional.

Este domingo, López Obrador convocó, según las cifras oficiales, a 140 mil asistentes que, por el programa musical que suele acompañar sus “informes”, ya se ha vuelto costumbre, quizás desde aquel cierre de campaña en junio de 2018, llamarlo el AMLOFest.

Y en sí es un festival que minutos antes de las 12:00 horas se interrumpe para transmitir en pantallas la aparición presidencial, con los gritos de lo que hasta hace año y medio fue concurrencia opositora, y que hoy renueva las consignas de la lucha política frente al detentador de la investidura presidencial al que corean “pre-si-den-te, pre-si-den-te”, “no estás solo”, “es un honor estar con Obrador”. Pero es el segundo, como si estuviera bajo acoso, el grito que persiste.

López Obrador sale de la Puerta Mariana, en traje oscuro y corbata rojiza de machones claros, roja la prenda como el vestido de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, con quien atraviesa el pasillo de rejas saludando a quien puede y alzando la mano en su característico saludo a las masas. Ella lo acompañará impertérrita por los cerca de 80 minutos que dure la arenga conmemorativa de su ascenso.

“1 año de gobierno 2018-2019” se aprecia en letras gigantes al fondo del escenario, donde la iconografía oficial se reivindica en los caricaturizados perfiles de héroes patrios de las pasadas “transformaciones” y que son soporte discursivo de “la cuarta”, como ha llamado el propio presidente en autoafirmación de trascendencia histórica, y que este domingo iniciará su mensaje con una declaración:

“El cambio que estamos realizando está a la vista”.

Aunque terminará el mensaje pidiendo un año más para concretarlo, sus cifras del día se expresan, como en cada mensaje y cada mañanera, en la diferenciación: “antes…”, “lo que se hacía…”, “en el período neoliberal…” y así, envoltorio de datos que mayoritariamente llegan a los resultados del mes de octubre, es decir, al tercer trimestre sobre el que los datos están consolidados.

Los otros datos

Justo un año antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo escenario y posiblemente misma concurrencia, estableció 100 compromisos. Hoy, asegura que ha cumplido 89 y le faltan 11 por cumplir. En eso promete que en un año más, la transformación estará lista.

Segunda línea del mensaje: “en el período neoliberal se hacían leyes sin considerar el interés público. Ahora, las reformas a la Constitución tienen el propósito de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo”.

El mandatario arranca enlistando las reformas: contra la corrupción; para la “austeridad republicana”; para “devolverle al pueblo lo robado”; para evitar la condonación de impuestos “a los que financiaban campañas”; para castigar el fraude electoral; para la revocación de mandato y la consulta popular; para crear la Guardia Nacional y así sigue con el paquete de reformas del último año con las que, de plano, afirma:

“En los hechos, estas modificaciones configuran una nueva constitución que refleja las demandas y la voluntad del pueblo que decidió emprender la Cuarta Transformación”.

Es día de exponer, de manera implícita “los otros datos”, aquellos que corresponden con lo que él considera un plan de “economía moral”, no sin dejar de admitir que el crecimiento no fue el deseado.

Más de la mitad del discurso se dirige a los indicadores de carácter económico relacionados con los programas sociales; a la generación de empleo formal con cifras del IMSS y de los que asegura activan la economía popular con los programas de Bienestar; a la activación del campo con apoyo a los pequeños productores; al crecimiento de la inversión extranjera, la apreciación del peso y la “recuperación” de la industria energética.

Abunda en educación y la forma en que mediante consenso revirtió la reforma educativa peñista. Y arranca el aplauso de los contingentes que portan pancartas y otros afeciches del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el corporativo gremial que, como antes en otros gobiernos, hace su aparición como también la hace otros sindicatos, entre estos, el minero de Napoleón Gómez Urrutia, redimido en curul senatorial.

A diferencia de otras intervenciones, esta vez, López Obrador habla fluido, como suele ocurrir en discursos preparados; enfatiza sus datos con las consabidas alusiones al pasado, para afirmar el cambio, especialmente, cuando se trata de malos resultados… como ese, el económico:

“Todavía no ha habido el crecimiento económico como deseamos, pero existe mejor distribución de la riqueza; el presupuesto público no se queda como era antes en pocas manos sino que llega a la mayoría de la gente”.

Así es cuando habla de Culiacán y el operativo del 17 de octubre, admitiendo abiertamente que liberaron a Ovidio Guzmán para evitar muertes, aunque digan “nuestros adversarios que demostramos debilidad”. Así, el mandatario reitera su política de seguridad y presume la reducción de la letalidad, resultante explica, que la Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos y para ellos pide un aplauso.

Y es que a lo largo del discurso aparecen los temas polémicos de los últimos meses, aludidos de un modo u otro: “la lealtad de las Fuerzas Armadas no está en duda”, dirá luego de que hace semanas puso en la discusión el “golpismo”; reafirma su posición de no intervención, en las referencias a los asesinatos de nueve miembros de  la comunidad Lebarón; o expresa su apoyo, ante “el mundo”, para Evo Morales en reivindicación de la política exterior de apoyo a los perseguidos políticos.

Las polémicas de todo tipo en cada apartado de la alocución son la constante: no pudieron los conservadores, dirá, detener Santa Lucía ni con su “sabotaje legal”; la nueva política migratoria es humanista dirá; sus definiciones cuestionadas frente a Estados Unidos, que también ha sido cuestionada, busca basarse en desarrollo con apego al respeto mutuo y, se muestra confiado en que en breve se concrete el acuerdo comercial con ese país y con Canadá.

La alusión más concreta y sin ambages a un opositor, con nombre y apellido es para Felipe Calderón, a quien recuerda por lanzar “la guerra contra el narco”, en Apatzingán en 2007 para “legitimarse después del fraude electoral”. Recuerda las cifras letales y reprueba es pasado, el neoliberal que prácticamente es imposible que regrese.

En el final del mensaje, recordará a Juárez y una cita de “la segunda transformación”: El triunfo de la reacción es moralmente imposible. Y entonces, compromete para el segundo año que “los conservadores ya no podrán revertir los cambios”. Luego, añade, en autoafirmación de su gobierno por oposición al pasado tras la recitación de todos los otros datos:

“Para no ser tan tajante, tendrían que esforzarse muchísimo y pasar mucha vergüenza para retroceder a los tiempos aciagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de la condonación de impuestos de los fraudes electorales, del abandono a los jóvenes, del racismo, del desprecio a los pobres y del mátalos en caliente”.

Un próximo AMLOFest

Hay concurrencias con derecho de apartado, gente de zona vip, que ha logrado sortear los tumultos y llegar con apenas el tiempo suficiente para escuchar el mensaje presidencial, no como las mujeres y hombres de clase popular que viajaron toda la noche para abarrotar, a las 11:00 de la mañana, la plancha del Zócalo capitalino.

Sus orígenes son claros, porque lo expresan en mantas y cartelones: AMLO y Cuitláhuac (García, el gobernador de Veracruz”; o bien, se notan uniformados los contingentes de los extremos norte y sur, procedentes de Chiapas y de Nuevo León. Pero sus integrantes no admiten acarreo ni dádiva precedente, pues insisten que se cooperaron para pagar el autobús y sus alimentos embolsados.

Entre los VIP destacan Pepe Mujica, el presidente uruguayo, el único con el que en su mensaje, López Obrador tendrá mención especial. Los demás, se advierten a la distancia: los gobernadores morenistas Adán Augusto López; el poblano, Miguel Barbosa o la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, entre otros. Está el gabinete legal y también el ampliado, la cúpula morenista que peleada e inmersa en su lucha intestina, arriba al sitio: la presidenta Yeidckol Polevnsky; los lideres parlamentarios Mario Delgado y Ricardo Monreal; mujeres y hombres cercanos, algunos de ellos, desde la ya vieja campaña de 2006.

Entran por la calle de Madero, como otros tantos que asisten al encuentro transitando desde el metro Allende, atestando la plaza en familias y contingentes vecinales de distintas demarcaciones mientras el fenómeno del tianguismo partidista, se instala abundante en los ya conocidos souvenirs del morenismo, el obradorismo de llaveros y peluches, de camisetas y cachuchas, a las que se añade ahora la venta del libro “Hacia una economía moral”.

Esas mayorías asistentes, son los que han escuchado los sones de Los Salmerón, los boleros tropicales de la Sonora Santanera y son los que aplauden cuando López Obrador dice que hoy, ya no es más de lo mismo, porque  –vuelve el uso del plural—“ahora nos guiamos por la honestidad, la democracia y el humanismo”.

El sol invernal es duro. La bóveda celeste no da espacio ni a la más mínima nubosidad y se deja sentir sobre el gentío, sobre el rostro de presidente y esposa con el ceño fruncido, resolana que convierte aquellas pancartas que ahora lucen hasta frases sobre “la derrota moral del conservadurismo”, convertidas en improvisados parasoles, lo mismo que banderas y cartelones de apoyo.

Dentro de un año, ya con la certeza de que es imposible que triunfe el conservadurismo y revierte la transformación, López Obrador anuncia un futuro AMLO Fest:

“Pienso que un año más, en diciembre de 2020, nos vamos a volver a encontrar aquí, ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Para entonces, ante cualquier circunstancias será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el período neoliberal o neoporfirista”.

El mensaje termina en agradecimiento “al pueblo” que lo cuida, que “lo saca a flote”, que “es mucha pieza”, al que le debe todo y lo adula: pueblo “gran señor”, “amo”, “soberano gobernante”, que “manda, gobierna y transforma”. Él, ahí dispuesto para los vítores, la salutación en vallas y los aplausos varios, declara: “yo sólo soy un dirigente”, antes de proclama los vivas a “la cuarta transformación y a México en tres ocasiones.

Un paseíllo por el enorme tablado con brazos en alto, toma de mano a su esposa y juntos alzan su enlace como campeones deportivos;  larga es la travesía de recepción de saludos y gestiones variadas. Es cerca de las 14:00 horas cuando los contingentes emprenderán el retiro, con música de fondo en las destrezas y ornamentos del flautista Horacio Franco.

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco fue receptáculo del vía crucis que día a día viven las familias que buscan a sus desaparecidos en distintos puntos del país.

Invitados al Coloquio Internacional sobre Experiencias de Búsqueda en Vida, las y los participantes expusieron los problemas que regularmente enfrentan con las propias autoridades, incluso para desarrollar su nada fácil tarea, pues de acuerdo con los registros oficiales, en el país hay cerca de 40 mil desaparecidos.

Gabriela Amores Moya, litigante de la Unión Nacional de Abogadas de la Ciudad de México, dio a conocer la respuesta que le dio un agente del Ministerio Público (MP) a una madre de familia que perdió a su hija, cuando le exigió que se esclareciera el feminicidio.

“Su hija tuvo mala suerte, porque casi no matan a las mujeres así”, dijo el agente.

La abogada resaltó que el desconocimiento del marco jurídico empodera a las autoridades, y al no denunciar las desapariciones o abusos –subrayó-- se seguirá pensando que la vida de las mujeres en México y Latinoamérica es segura. 

Destacó que los comentarios prejuiciosos de las autoridades --“su hija no desapareció, está con el novio, vuelva luego, espere 72 horas”– deben denunciarse, porque representan un delito que debe ser castigado.

De acuerdo con Amores Moya, el MP debe estar al lado de la víctima, no del victimario, y ese tipo de comentarios, recalcó, abonan al dolor y la angustia de las familias.

A su vez, Elvira Madrid Romero, de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, lamentó que las autoridades esperen 72 horas para reconocer la desaparición de una persona, cuando la búsqueda debe ser inmediata.

“Una vez descubrimos un camión lleno de jovencitas que se las estaban llevando del sur de Cancún (Quintana Roo) hacia Estados Unidos. El (policía) federal que nos echaba la mano dijo que eran militares y que les echarían el golpe para detenerlos. Cuando mostró la imagen a sus superiores, éstos dijeron: ‘alto, lo del Ejército ya es algo más arriba’”, refirió.

Madrid Romero sostuvo que el principal problema al que se enfrentan en la búsqueda de personas es al etiquetado del delito y a la complicidad de delincuentes y autoridades. En una ocasión, al intervenir en el reporte de dos secuestros en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), abundó, la fiscal de Trata la amenazó y la criticó por saber tanto del caso.

Rosa Nelly Santos, una mujer hondureña que hace 17 años encontró a su sobrino durante una caravana, lanzó un grito de aliento a las familias mexicanas en el Coloquio Internacional. “Una madre no se cansa de esperar, no nos cansemos hasta encontrar al último que nos falta”.

Santos, formadora del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (Cofamipro), coincidió con sus compañeras en que el reto más grave al que se enfrentan las y los buscadores es cuando el crimen organizado, los militares y la policía están involucrados. 

El problema de desaparecidos, apuntó, se agrava para los migrantes de Centroamérica, quienes además de cargar con la angustia de buscar a su familiar, deben enfrentar la negligencia y la burocracia en la frontera mexicana. (Manuel Alejandro Godínez)

A un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Amnistía Internacional prendió focos de alerta ante la continuación de la crisis de derechos humanos, desarrollada en los sexenios anteriores, en tanto que “no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada, intensificada principalmente por el entonces presidente Felipe Calderón en 2006 con el inicio de la llamada ‘guerra contra las drogas”.

Lo anterior forma parte del reciente informe de la organización internacional con sede en el Reino Unido, titulado “México: cuando las palabras no bastan. Situación de derechos humanos a un año de gobierno”.

Al respecto, las directoras regional y para México de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas y Tania Reneaum Panszi manifestaron en un pronunciamiento conjunto su preocupación por los “pocos avances substanciales para resolver la crisis de derechos humanos en México”.

Guevara reconoció que López Obrador “ha mostrado voluntad” para avanzar en temas como la desaparición de personas, pero “los altísimos niveles de violencia de derechos humanos que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México”.

La defensora advirtió contradicciones entre el discurso y lo que hace el gobierno de López Obrador: “promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente”.

Para Reneaum entre los pendientes en materia de violencia de género está la erradicación de los feminicidios, que de enero a septiembre se reportaron 748 víctimas, pues “no se distinguen, ni en el corto, ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”.

La directora de Amnistía Internacional en México consideró que con “un mandato robusto”, López Obrador tiene “una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país”, por lo que urgió “a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”.

El documento concentra su análisis en la política de seguridad pública, la situación de la sociedad civil, la violencia contra mujeres y niñas, y la política migratoria, aunque reconoce que como temas urgentes también están los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra las personas LGBTI, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de derechos sociales y económicos, entre otros.

Militarización vigente

Para la organización internacional, la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, evidencia el mantenimiento de una política de militarización, ya que de los 70 mil 920 miembros,  79.22 % de sus integrantes provienen de las fuerzas armadas bajo el mando del general Luis Rodríguez Bucio, que si bien se ha retirado, las normas legales consideran que los militares en esa condición “siguen siendo personal militar y están sujetos a la disciplina y cadena de mando militares”. El restante 20.78% de los miembros de la corporación provienen de la Policía Federal.

A lo anterior se suma que “los elementos de las fuerzas armadas han sido transferidos a la Guardia Nacional mediante oficios administrativos, pero siguen adscritos a las fuerzas armadas, y su deber de obediencia a la cadena de mando militar sigue intacto”, y su salario es pagado por las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.

La militarización es advertida también en que la Ley de la Guardia Nacional, aprobada en 2019, otorga amplias facultades a la corporación en tareas de investigación de delitos, “incluida la intercepción de comunicaciones privadas, y también la facultó para participar en el control migratorio”, situación que se agrava si se considera que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que regula a la corporación “no se apega al derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.

La organización lamentó que a un año del gobierno de López Obrador  “el uso de la tortura y otros malos tratos, las dramáticas estadísticas de desaparición de personas y las detenciones arbitrarias continúan siendo una alarmante realidad del contexto de derechos humanos en México”, pese a medidas como la elaboración del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura y la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas desparecidas, así como el anuncio de la aceptación de la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar comunicaciones sobre casos individuales, medidas que sin embargo “no se han llevado a la práctica” al momento de la publicación del documento.

Sociedad civil, denostada y vulnerable

En el tema de la sociedad civil, Amnistía criticó legislaciones como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que faculta a las corporaciones policiacas y a la Guardia Nacional a “determinar si el propósito de una asamblea es legítimo, y sobre esa base, decidir si utiliza o no la fuerza”, así como la reforma al código penal de Tabasco, estado natal de López Obrador, “para permitir la sanción penal de reuniones pacíficas en que las personas manifiesten su oposición al desarrollo o construcción de una obra pública o privada”.

La organización reprobó que México siga siendo “un lugar hostil para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, ya que, de acuerdo con datos del gobierno federal, en lo que va del sexenio de López Obrador, 23 personas defensoras y 15 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación, han sido asesinados, algunos de ellos con medidas otorgadas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Amnistía Internacional lamentó que el presidente López Obrador “haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas”, reacción que revelaría “un rechazo del gobierno federal a la crítica y al disenso y, en los hechos, contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de estas personas y organizaciones”.

En materia de defensores y periodistas, la organización consideró indispensable que se apliquen las recomendaciones hechas por la representación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como que “se desarrollen e implementen estrategias integrales de prevención” contra esos gremios.

Feminicidios al alza

El informe advierte sobre el incremento de la violencia contra las mujeres, tanto que entre 2007 a 2017, “la tasa de homicidios casi se triplicó”, mientras que entre enero y septiembre de 2019 se habían registrado 748 víctimas de feminicidio, en 2018 tres mil 548 mujeres habían sufrido muertes violentas, cifra que suma feminicidios y homicidios.

El documento considera como violencia de género, “la prohibición del aborto y la criminalización de su práctica” vigente en la legislación de algunas entidades, que no se ven afectadas por la iniciativa de ley presentada por el gobierno de López Obrador que otorga amnistía a las mujeres que hubieren abortado, toda vez que es aplicable a casos juzgados y ante tribunales federales.

Amnistía Internacional criticó la política migratoria del gobierno de López Obrador, que inicialmente mostró apertura humanitaria al entregar en los primeros meses del año, 14 mil 174 visas humanitarias en la frontera sur para después dejar de otorgar abruptamente la documentación a migrantes, sobre todo originarios de Centroamérica.

Resaltó que, como resultado del uso de la Guardia Nacional para control migratorio, “para finales de septiembre, las autoridades federales de migración habían detenido 158 mil 200 migrantes en situación irregular, incluyendo 46 mil 476 niños, niñas y adolescentes”.

Las cifras continúan con la recepción de 54 mil 377 solicitudes de asilo recibidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en tanto que 102 mil 702 personas fueron deportadas a sus países de origen, 98% eran de Centroamérica y de ellos más de la mitad eran de Honduras; del total de expulsados,  mil 808 eran niñas y niños no acompañados, mientras que derivado del plan Migration Protection Protocols (Protocols de Protección Migratoria) y el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico), había más de 50 mil solicitantes de asilo a Estados Unidos varadas en ciudades en la frontera norte, donde la inseguridad impera.

Recomendaciones

Amnistía Internacional formuló siete recomendaciones al gobierno de López Obrador, relacionados con la exigencia de que los integrantes de la Guardia Nacional no pertenezcan a las fuerzas armadas, y que mientras ello no ocurra, que “no se involucre en tareas de seguridad pública salvo de manera excepcional, limitada y restringida”, así como “que no participe en la investigación de delitos”; reconocer la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas para recibir y examinar las comunicaciones de casos individuales; aplicar una política de prevención y protección de defensores de derechos humanos, así como implementar las recomendaciones de la ONU-DH sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.

La organización internacional considera indispensable que “ningún niño o niña permanezca detenido por motivos de inmigración”; acabar con la política de devolución de las personas migrantes en situación irregular, y que las prácticas ameriten sanción administrativa, y realizar “investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por razones de género (feminicidios) garantizando que se lleve a las personas responsables ante la justicia y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias”.

Despoja Coneculta a Tapachula, de Festival anual

Victoria Cecilia Flores Pérez, debe ser sometida a juicio por desviar multimillonarios recursos federales etiquetados por la Secretaría de Cultura de Andrés Manuel López Obrador, al cancelar en Tapachula, el XVI Festival Internacional de las Culturas y las Artes, Fray Matías de Córdova y Ordóñez, para trasladarlo por caprichos personales y centralista, a Tuxtla Gutiérrez, donde dio comienzo ayer miércoles 4 de diciembre.

Su amigas de infancia y juventud de San Cristóbal de las Casas, de donde fue alcaldesa por el Partido Verde Ecologista de México, están que no se la creen con la total desubicación de doña Ceci, porque consideran que esta vez se hizo fuera de la bacínica, al despojar a los tapachultecos de su evento anual etiquetado por el presupuesto de la Federación.

Mis antenas en las oficinas centrales del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), donde aun año de su llegada todo sigue siendo un desorden, porque quien manda en esa dependencia no es la ex presidenta coleta amiga del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sino su sobrino político Manuel Gerardo Gutiérrez Ortiz, quien se ostenta como “coordinador operativo técnico” de la dependencia, en complicidad con su incondicional Oscar de León Ramírez, director de Promoción Cultural.

Todo mundo en las instalaciones del centro cultural Jaime Sabines, que es el lugar en el que “despacha” doña Ceci, ésta se ha convertido en un títere de los intereses de “Manuelito”, un personaje de muchas malas mañas aprendidas a Juan Sabines Guerrero, cuando fue jefe de adquisiciones de la casa de gobierno de El Mirador.

Sabe de negocios y sus aprendizajes los ha puesto en práctica desde el primer momento en que se incorporó con su tía al Coneculta, tomando todo tipo de decisiones, sin que tuviera cargo alguno, pero sí todo el apoyo de la pariente coleta, al grado de que se ha dado el lujo de nombrar directora de la casa de cultura del Consejo, a una hermosa joven de la costa, cuyos favores comparte con el alcalde priísta de origen chino, que la mantiene en su nómina con un salario elevado.

El ex consentido del adictivo de Sabines Guerrero, Manuel Gerardo Gutiérrez Ortiz, con la autorización de la ex presidenta de San Cristóbal, ha impuesto en el directorio oficial del Coneculta, a esta bella mujer que no va más allá de los 30 años, aunque no aparezca en la lista oficial de quienes cobran en la dependencia del gobierno estatal.

Un triángulo en el que participa activamente el achichincle de Gutiérrez Ortiz, el prepotente y también arbitrario Oscar de León Ramírez, que lleva agua a su molino con otra funcionario de los rumbos de la tierra de las iguanas, ahí también por el Soconusco, a quien le ha ofrecido hasta lo que no, para alcanzarle el cielo y las estrellas.

Todos los empleados del centro cultural Jaime Sabines, sin excepción, están hasta el gorro de tanto abuso que cometen el par de “don juanes”, que gozan de todo el respaldo y simpatía de la directora Cecilia Victoria Flores Pérez, que por lo mismo es cómplice de este par de pervertidos, que por lo mismo deberían ser investigados y castigados de acuerdo con las leyes vigentes que sancionan severamente este tipo de tropelías que en los últimos meses han cometido estos sujetos de baja monta.

Están escandalizados por la impunidad con que actúan este par de rufianes, que permanentemente atropellan los derechos de los trabajadores del Coneculta en oficinas centrales, a quienes no solamente gritan, sino que insultan, violando sus más elementales derechos humanos.

Nadie los para, porque los subordinados temen ser víctimas de despidos injustificados, como represalia, lo cual han venido padeciendo en los últimos meses, presuntamente por órdenes del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a quienes en repetidas ocasiones se han dirigido para denunciarlos, sin  que el mandatario haya ordenado al secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se encargue de investigarlos.

Me aseguran los amigos del Coneculta que en el año que termina, tanto el sobrino Manuel Gerardo Gutiérrez Ortiz y Oscar de León Ramírez, se han encargado de manejar los cuantiosos recursos proporcionados por el gobierno federal, así como los estatales y municipales, para llevar a cabo los festivales culturales de Comitán, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.

Denuncian que los dineros han sido concentrados en sus manos y nadie más se ha metido en su distribución para el pago de artistas foráneos y locales, lo cual les ha parecido por demás sospechoso, porque nunca se han transparentado, como lo ordenan los lineamientos marcados por el propio presidente López Obrador y el gobernador Escandón Cadenas.

Negocios, buenos negocios, me aseguran mis informantes, los que han hecho con la autorización de la directora Cecilia Victoria Flores Pérez.

Una voracidad impresionante por lo inescrupulosa de los dos personajes, conocidos como los “fieles escuderos” de Coneculta.

Y como escribía al principio para mis cuatro lectores, el hambre de poder y de negocios que distingue a tan encumbrados personajes, “Manuelito” y “Oscarito”, se fue a los extremos en las últimas semanas, al convencer a doña Cecilia, que despojara a Tapachula de su evento cultural y artístico internacional, que año con año se ha efectuado con la alegría de los nativos, para trasladarlo sin ninguna razón expuesta públicamente, a Tuxtla Gutiérrez.

Todo desde lo oscurito, para dar fin a una tradición que en diciembre de 2019 cumpliría 16 años consecutivos y que sin decir agua va dio comienzo ayer miércoles 4 de diciembre en esta capital, ahora como “XVI Festival de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdova”.

Tanta influencia tiene este par de truhanes, que convencieron a su jefa que a su vez solicitara al gobernador Rutilio su autorización para este cambio absurdo. Y no solamente eso, sino que aportara presupuesto para abultar todavía más el que doña Ceci y sus secuaces tenían en la cuenta bancaria del Coneculta, enviado desde principio de año por la Secretaría de Cultura federal, sin que tuviera conocimiento su titular Alejandra Frausto Guerrero, a quien para tapar el ojo al macho, ponen en el directorio de patrocinadores del festival, junto con el mismísimo mandatario del estado.

Mucho dinero otra vez en manos de Gutiérrez Ortiz y de León Ramírez, pues según el programa divulgado en la página oficial del Consejo, esta vez durará en Tuxtla, cinco días y no los tres al que habían impuesto a Tapachula, alegando que no había dinero.

Más presupuesto, pero con eventos intrascendentes, que yo diría son más que grises, porque toda la programación se hizo sobre las rodillas y al trancazo, pues apenas un día anterior, el martes 3 de diciembre, se daría conocer vía internet y no en conferencia de prensa, como obliga la ocasión.

Todo raro, yo diría que hasta sospechoso, tal vez para en Tapachula y los municipios de Soconusco, no hicieran “olas” de protesta por el despojo con todos los tintes centralistas que han identificado a los gobiernos estatales, en cuanto a ningunear a la Costa y de manera especial a Tapachula, valiéndoles que sea la ciudad número dos en importancia de Chiapas.

Una inconformidad de los costeños que ya se dirige a manera de protestas en las redes, no solamente en contra de la directora del Coneculta Cecilia Victoria Flores Pérez, sino al gobernador Rutilio Escandón cadenas, por lo que se considera un atropello y una muestra más de la insensibilidad y encono centralista.

Dicen los costeños, que si fuera por los políticos-gobernantes tuxtlecos, coletos y comitecos, que si por ellos fuera, ya hasta el mar se hubieran llevado, con tal de fastidiar a la gente de los municipios del Soconusco.

Me parece que doña Cecilia Victoria Flores Pérez, si es que hay Estado de Derecho en Chiapas, podría ser acusada de desvío de recursos programados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para Tapachula, al cancelar el festival fray Matías a los tapachultecos y pasarlo por sus caprichos a Tuxtla, con la complicidad de los negociantes y enamorados de su sobrino Manuel Gerardo Gutiérrez Ortiz y su achichincle Oscar de León Ramírez.

Lástima, porque ha echado por la borda la armonía que había prevalecido en los rumbos del prócer de la independencia chiapaneca, que por lo pronto nada tiene que hacer en la capital estatal.

Se pide justicia por el atropello y el mal uso de los dineros destinados a Tapachula, que bien se pueden tipificar como acto de corrupción.

Lamentable que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas haya caído en el Garlito, que incluso amerita ser motivo de indagatorias, no solamente de l Fiscalía General del estado de Chiapas, sino de la misma Fiscalía General de la República, ahora que tan de moda está buscar hasta debajo de las piedras para castigar la corrupción por desvío de recursos, de la ex consentida de Enrique Peña Nieto, doña Rosario Robles, de vacaciones forzadas en el penal de santa Marta Acatitla, en la ciudad de México.

SI NO QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO…

 

 

 

UNA FARSA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Grotescos defensores de AMLO…

Rosario Robles al patíbulo y la ley…

Protección descarada al Güero Velasco…

CORRUPTOS AMIGOS DEL PRESIDENTE…

Nunca en la historia del México postrevolucionario y moderno se había visto a un Presidente de la República tan controvertido, confundido, confrontado con sus propias ideas y provocador de la polarización de los mexicanos. Un ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que arenga la unidad y reproduce con sus insultos el divisionismo.

En esa misma actitud el Presidente AMLO ha parido en su aborto de gobierno, un cúmulo de defensores oficiosos que le defienden con las mismas frases del “Pastor”, sin fundamentos, conocimientos, total desinformación y nulo análisis de lo que está sucediendo en el país y el seno de la mal llamada 4T. Defienden la posición del “Mesías” con insultos en vez de aportar y cotejar con datos –si así se quiere ver--, para convencer y no confrontar  como lo hace su guía espiritual y político. Y usan el pasado como pretexto.

Yo no sé cómo se traduce el término “Chairo”, pero sí que hay dolo en la intención de defender la parte en la que muchos periodistas y ciudadanos no estamos de acuerdo con las formas y fondos de gobernar de LÓPEZ OBRADOR.  Mucho es lo que han vertido sobre mi persona y comentarios, groserías e insultos de alto color, que no me afectan ni enojan. Claro que se vale discrepar y también discutir –porque discutir no es pelear, sino defender las ideas propias--, pero de manera civilizada y bien informados.

La crítica al gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su “4ª T de cuarta” lo hago según mis percepciones y lo más cercano a la verdad, como el hecho particular de que “El Combate a la Corrupción es una Farsa”, y sé por qué lo digo. Y lo he manifestado muchas veces desde el análisis de quiénes son los “amigos y protegidos del Presidente AMLO” y las actitudes que ha tomado frente a muchos casos que resultan sospechosos y lamentables.

EL CASO ROSARIO ROBLES…  

No me dejarán mentir que la aplicación de la ley –con toda severidad—a ROSARIO ROBLES BERLANGA es un acto, más de venganza, que de justicia a secas. Por supuesto que la autora de la columna “Con Aroma de Mujer”, no es una blanca palomita y que tiene sus antecedentes y quereres con la corrupción como aquello del “Cochinito” y las relaciones amorosas-financieras con CARLOS AHUMADA.

Pero aun así, la Señora ROBLES tiene derecho a los beneficios de la ley y un proceso justo, mientras se le está tratando como “culpable” cuando se supone que es “presunta inocente”, hasta que se le compruebe lo contrario y se le dicte sentencia. No la estoy defendiendo “ni meto las manos al fuego por ella”, porque tampoco tengo por qué hacerlo.

El fondo del asunto de la ex Secretaria de SEDESOL y SEDATU se parece mucho a una venganza del Presidente ANDRÉS MANUEL y los acontecimientos lo corroboran. De facto ya la han declarado culpable y le impusieron prisión preventiva. La han llevado de proceso en proceso –uno sobre otro—para que no tenga oportunidad de defensa y salvarse. Pero lo más incongruente es que desde la Cámara de Diputados se le haya instruido un “Juicio Político” con la intención de inhabilitarla por 20 años para ocupar un cargo público.

¿Será que desde la Presidencia de la República y la Oficina de la Presidencia están pensando que DOÑA CHAYO, les puede ganar el juicio?. Por qué digo, ¿qué caso tiene un “Juicio Político” a ROSARIO ROBLES BERLANGA cuando ya está en la cárcel y bajo diversos procesos judiciales?. ¿No están seguros de su culpabilidad o de los instrumentos jurídicos para someterla a una sentencia y ganarles el juicio?.  Creo que con ROSARIO ROBLES se están pasando en la aplicación de toda la ley, “la ley a secas” para llevarla al patíbulo…

EL SOSPECHOSO CASO DE MANUEL VELASCO… 

El comparativo entre el trato que le están dando desde la Fiscalía General de la República a ROSARIO ROBLES BERLANGA frente a toda la protección que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le prodiga al ex Gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, es un ejemplo de la farsa en el combate a la corrupción. En esa maraña de compromisos y “negocios millonarios” se ventila el sospechosismo y la hipocresía del “Mesías de Macuspana”.

Hay la versión de que JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO saqueó las arcas públicas de Chiapas por más de 16 mil millones de pesos y que de esos, 5 mil millones fueron para la campaña de ENRIQUE PEÑA NIETO. No podría ser diferente porque también hay la presunción de que MANUEL VELASCO COELLO aportó más de esa cantidad (5 mil millones de pesos) a la elección de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y por eso las querencias con  él y su “abuelo incómodo”, FERNANDO COELLO PEDRERO. 

Yo si estoy convencido de que LÓPEZ OBRADOR es un farsante; que hay la presunción de que tiene “tratos” con la delincuencia organizada y que ese fue el convenio que le dejó PEÑA NIETO para no combatirlos y conseguir su blindaje contra cualquier acto judicial emanado de la corrupción institucional que caracterizó a su sexenio.

El hecho es que a la “Cuija Verde”, MANUEL VELASCO COELLO, desde el 2013, primer año de su gobierno, se le vinculó a un desvío de recursos por más de 4 mil millones de pesos y sucesivamente en los siguientes períodos fiscales, le fueron acumulando acusaciones que documentó la Auditoría Superior de la Federación hasta por 16 mil millones de pesos que hicieron millonarios a sus “corifeos” del gabinete legal y ampliado, como “a su mamá también”, LETICIA COELLO GARRIDO, de quien dicen es dueña de la “Plaza Ámbar” que se localiza a la salida oriente de Tuxtla Gutiérrez.

En el devenir del nuevo siglo XXI, los tres pasados sexenios y gobernadores de Chiapas han sido literalmente repudiados; pasando de PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA a JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y el último MANUEL VELASCO COELLO. De la misma manera como uno fue superando al otro en corrupción, con la llegada del sucesor se fueron olvidando del anterior en la calificativo de el “Peor Gobernador de Chiapas”, que hoy se ciñe la corona, el GÜERO VELASCO.

Pero, mientras a ROSARIO ROBLES BERLANGA la tienen en la cárcel, le siguen diversos procesos judiciales por la “Estafa Maestra” y desvío de 7 mil millones de pesos, al ex Gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, el Presidente AMLO lo protege y hasta le empodera dentro de su “4ª Transformación”, permitiéndole todo tipo de tropelías en contra de la Constitución, la administración pública y el presupuesto de los chiapanecos.

A ROSARIO ROBLES solo bastó la sugerencia del “Mesías” para que le llevaran a juicio político, en tanto, al Presidente AMLO no le bastaron, convencieron 120 mil firmas –legalmente certificadas— de los chiapanecos que le exigieron en tiempo  y forma juicio político en contra del GÜERO VELASCO por todos los actos de corrupción que se le han documentado. No es imaginaria la acusación de corrupción al GÜERO VELASCO; es una realidad como lo sucedido en el sector salud donde se estafaron más de 7 mil 200 millones de pesos, creando una crisis en la salud por la falta de médicos, enfermeras, medicinas e instrumental médico. O la última por 670 millones de pesos del programa de desarrollo de las mujeres a través de la Secretaria y presupuesto que manejó su “favorita”, SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, hoy Senadora de la República con las siglas de Morena.

De la misma manera, la lista de atropellos a los chiapanecos, a las finanzas públicas y a las instituciones de Chiapas, es larga y voluminosa la cantidad por la que se le señala a MANUEL VELASCO COELLO y sus secuaces, que hoy son los nuevos millonarios del sexenio y siguen en las nóminas. En conclusión, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es un farsante como también su campaña de combate a la corrupción, porque proteger a delincuentes también es un delito…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

 

 

 

LEGALMENTE CORRUPTOS

Luego de que el Secretario del Movilidad y Transporte de Chiapas Aquiles Espinosa García diera a conocer que las concesiones de este rubro serian entre 11 mil 100 y 20 mil de todas las modalidades, el alboroto y la corrupción, además de la aparición de oportunistas han incrementado.

LIBERACIÓN DE CONCESIONES

Entonces, hablemos de legalidad; Ilegal es lo que vulnera la ley, es decir,  lo que va en sentido contrario al ordenamiento, esto le va o embona correctamente a lo que viene sucediendo en Chiapas con los taxis piratas además de un sinfín de transporte publico clonado en sus números económicos así como en aquellos que sus placas son de las “normales” y hasta de la Cd de Mx es decir no concesionadas, ilegales. Y ahora estamos enterados por fuentes confiables además del “vox populi” que los piratas que usted ve hoy, mañana serán concesionados.

Y desde luego, el incremento de la delincuencia en estas unidades han dejado a la policía en clara evidencia por su desconociendo en materia de seguridad, ya que, incluso el titular del transporte ya fue alertado por el empresario Manuel Narcia quien le fue saqueada su casa.

Sin embargo, a la par en la pasada administración surgió un nuevo cáncer del transporte que hace mucho daño y son   llamados “MOTOTAXIS” los cuales se han convertido en un ala de corrupción sin embargo al entregar las concesiones estas unidades se convertirán en legales, antes compondrán o parcharan la ley del auto transporte.

A 15 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez la capital de Chiapas, se encuentra el municipio de Berriozábal, en tramo federal usted se puede encontrar estos vehículos (MOTO TAXIS) mismos que van a media carretera estorbando a vehículos que transitan a velocidad permitida mientras ellos hacen ascenso y descenso en cualquier lugar, es allí donde se reportan docenas de accidentes, la ley les permitiría 25 kilómetros y motores eléctricos sin contaminantes. Son ilegales y protegidos, ahora aún más por el alcalde Joaquín Zebadua Alva el empoderado de la Secretaria de Gobierno.

EDILES PROTEGEN  MOTOTAXISTAS

Pero no solo en este municipio se irrumpe la ley, es Tonalá, Cintalapa, Tapachula, Villaflores y más de una docena deambulan de forma ilícita y se estima un promedio de 40 mil unidades sin control alguno porque no hay autoridad que este facultada para cobrarle los impuestos que les correspondería pagar debido a que la circulación de estos vehículos –insisto y documento- son ilícitos.

Sin embargo, es la administración del edil de Tapachula Oscar Gurria Penagos genera y le da continuidad a la corrupción de acuerdo a informes precisos en nuestro poder, de igual forma el alcalde de Villaflores Mariano Rosales  ha permitido la proliferación de “MOTO TAXIS” como feudo político para saltar a otro espacio de “elección popular”. Recordemos que el edil de Villaflores ya fue Secretario del Transporte en la administración de Manuel Velasco Coello y opero bien su distrito.  Pero veamos que dice dicha ley

LEY DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

Articulo 38

III. ecotaxis: Vehículos de tres ruedas impulsado por batería eléctrica, con un máximo de velocidad especificado de 25 km/h, especialmente adaptado para el transporte de personas. Con capacidad hasta para dos pasajeros, pudiendo llevar equipaje de mano que no exceda de diez kilogramos. El servicio de esta modalidad se prestara en zonas rurales, previo (sic) estudios técnicos de factibilidad, socioeconómicos, vialidad y núcleo de población, a cambio del cobro de una tarifa autorizada. Esta modalidad no se autorizara en poblaciones en las que exista (sic) concesiones para prestar el servicio de transporte público en la modalidad de pasajeros y rural mixto de carga y pasaje.

Las unidades no podrán circular por las carreteras estatales y federales, ni podrán operar fuera del área geográfica asignada, colonia, barrio o ejido y en el horario correspondiente de las 06:00 a las 18:00 hrs. El transporte en estas unidades, será prestado directamente por los permisionarios, por lo que el conductor no podrá ser persona diversa o asalariado; los permisos de ecotaxi y bici taxi serán otorgados única y exclusivamente a personas físicas. La autorización de este servicio de transporte, se otorgara mediante permisos y tendrán vigencia de un año, los cuales podrán renovarse, así como cancelarse en caso de no cumplir con los requisitos y normas establecidas en la presente ley y su reglamento.

UN BENEFICIADO APLAUDIENDO

¿Pacto de civilidad incluye tirarse de tapete?

Ayer fue entrevistado Julio Cesar Moreno Méndez Presidente de la Asociación Avanzamos y Presidente de Promoción Social ambos de la CROC Chiapas en el gustado y popular programa de “El Confesionario de Figueroa” conducido por el periodista Javier Figueroa Niño el líder solo llego a aplaudirle al Secretario del Transporte Aquiles Espinoza hablo por él y se evidencio al ser uno de los más beneficiados además de demostrar su cercanía con el funcionario “Puedo meter las manos al fuego por el Secretario” asegura el líder beneficiado…No le ayudo en nada el oportunista quien también expresó su beneplácito y a la vez apoyando al incremento del pasaje como un personero del Secretario del Transporte. 

Puntos Suspensivos…

Las preguntas son obvias ¿Son los moto taxis impulsados por baterías eléctricas? ¿Es lo que autoriza la Secretaria del Transporte? ¿Contaminantes? Los conductores ¿Son asalariados o dueños? La ley dice que no lo puede conducir más que el del permiso. Es clara la ley cuando dice que los permisos tienen como vigencia un año ¿Quién tiene firmado alguno por la administración del señor Secretario de Movilidad y Transporte Aquiles Espinoza con la autorización del gobernador Rutilio?

Escandón Cadenas. Esperaremos respuestas.

Opiniones quejas y sugerencias al 9611897730 www.puntoycomanoticias.com.mx el editor es miembro del Club Primera Plana y escribe para las barras informativas de Costa Rica y Argentina.

 

 

No suspensión, no cese, 30 años de Inhabilitación a Jueces, Magistrados y Ministerios Públicos, que no juzguen con perspectiva de género.

Jueces, Magistrados y Ministerios Públicos, son protegidos por Jurisprudencia.

El caso de Abril Pérez, pone al descubierto la negligencia, corrupción, ineptitud y la falta de capacidad para juzgar el asesinato de una mujer con perspectiva de género, muy lamentablemente una mujer que ya había denunciado el intento de homicidio a manos de su esposo, hoy ya no tiene voz, la calló las manos asesinas de un feminicida, pero su muerte no quedará impune.

Por qué Abril sin saberlo, cada golpe, herida, grito, insulto, que finalizaron con su asesinato, le ha abierto a muchas mujeres mexicanas la posibilidad de no solo castigar al feminicida, sino a quienes le permiten impunemente la libertad al asesino, pero si hay que estar muy atentos en la forma en cómo se inicia las pesquisas para castigar a los jueces, ya que solo son suspendidos, cuando deberían ser cesados inmediatamente del cargo.

El feminicidio de Abril, no es un caso que nuestras autoridades no conocieran, existen diversas denuncias que anunciaban lo que más adelante terminaría en una fatal y cruel tragedia, pero la desestimaron, nunca creyeron que esa mujer que se presentaba golpeada, maltratada, con una herida por un bisturí, o que el bate con que era agredida una y otra vez, fuera un arma para quitarle la vida.

Hasta un lápiz en manos de un agresor puede representar un arma homicida, si esta  es clavada en una área importante del cuerpo, sin embargo, el juez Federico Moscoso González, se le ocurrió reclasificar el delito en contra de Juan Carlos García, esposo de Abril, por el delito de lesiones y violencia familiar, con el argumento de que: si la hubiera querido matar, la mataría despierta y no dormida.

Ante tan grandiosos argumentos, el Magistrado Héctor Jiménez, ordeno retirar la prisión preventiva como medida cautelar, a Juan Carlos García, esposo de Abril,  dios los hace y ellos se juntan y el Juez Carlos Trujillo Rodríguez ordenó la libertad, el esposo es el asesino material y el Magistrado y los Jueces son los asesinos por ineptitud, de haberle creído ella estuviera viva, pidió ayuda una y otra vez y se la negaron. 

Todos los involucrados deben de ser castigados severamente, sobre todo quienes favorecieron de alguna manera al feminicida y no deben de ser suspendidos únicamente, sino inhabilitados como mínimo 30 años y al feminicida se le debe condenar y acumular todos los delitos que fueron denunciados durante años por Abril.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado muy bien la invisibilización de la violencia de género en un contexto familiar, incluso ha emitido varias recomendaciones que muestran los patrones en que los derechos humanos de las mujeres son violados, aunque no son los únicos derechos que se violan, pero como hoy lo que me ocupa es la violencia y los feminicidios, solo tocare ese tema.

Desafortunadamente las leyes han sido hechas para proteger a quienes las hacen y es ahí donde no se debe de permitir que siga imperando la impunidad, ya que si usted querido lector no lo sabía, los Jueces, Magistrados y Ministerios Públicos, están protegidos por jurisprudencia, que esto en castellano quiere decir, que si ellos solo han incurrido en dos delitos y no cuatro, no podrán ser inhabilitados.

Con la muerte de Abril, se han exhibido Jueces y Magistrados, es por ello que la Comisión de Derechos Humanos, al Poder Judicial de la Federación de la ciudad de México, le ha hecho llegar las observaciones para que fortalezcan las estrategias de profesionalización de Jueces, para que cuenten con las herramientas necesarias para llevar a cabo un análisis de contexto y sepan que es juzgar con perspectiva de género.

La Comisión de los Derechos Humano hizo también un llamado al Congreso Federal para realizar las modificaciones necesarias al Código Penal Federal, para que permitan sancionar la violencia de género en el ámbito familiar, como tipo penal independiente de la violencia familiar, que esta sanción sería una de muchas modificaciones que necesitaría, acorde al crecimiento de feminicidios en nuestro país.

Por lo regular las normas y leyes reproducen estereotipos machistas y de discriminación, provienen de las interpretaciones de quienes imparten justicia, siendo estas la base de sentencias que constituyen una barrera para el acceso a la justica, por eso, juzgar con perspectiva de género debe de ser una de las tareas más importantes, pero si no se da la modificación al Código Penal Federal, todo será inútil.

La sociedad exige, no la suspensión, no el cese, sino la inhabilitación, quizás de por vida o por muchos años, del Juez Federico Moscoso González, ya que lleva hasta donde se sabe, dos delitos, el primero al no condenar al médico violador  y el feminicidio de Abril, desafortunadamente como se encuentra nuestro Código Penal Federal, actualmente, quizás no se castigue ejemplarmente a los involucrados en el caso de Abril.

La resistencia de la autoridades para realizar un análisis de contexto que identifique cuando se está ante la presunción de violencia de género, implica la aplicación de los protocolos y mecanismos ampliamente consolidados, esta resistencia debe de acabar, o las estadísticas por los feminicidios crecerán de manera alarmante, en el 2018 asesinaban a nueves mujeres en el país, hoy son diez.

Doscientas once investigaciones contra juzgadores se han llevado a cabo del 2013 al 2019, es decir, siete de cada diez han incurrido en sanciones, así de fatal están las malas acciones que son cometidas por quienes juzgan nuestras leyes en México, no sienten ningún compromiso para juzgar con perspectiva de género y contra toda violencia hacia la mujer.

Que no pretendan engañar al país, con una simulación, en el caso de Abril, los Jueces y el Magistrado involucrado solo han sido suspendidos y no cesados, ante las pruebas irrefutables de los involucrados, no debe de existir ningún margen de error, en cuanto a la ineptitud con la que actuaron, porque de lo contrario pueden ser reinstalados y lo más seguro hasta una disculpa exijan por verse envueltos en un escándalo a nivel nacional.

El Juez Federico Moscoso González, ha sido un servidor público que a la hora de juzgar un feminicidio, favorece a los asesinos, violadores, justificándolos de una forma perversa, poniendo en peligro la vida de una mujer, esto solo nos lleva a pensar que no actúa con ética profesional, sino con actitudes por demás machistas, misóginas y de racismo.

El Juez Federico Moscoso González y el Juez Luis Alejandro Díaz, el primero de estos, después de dejar en libertad al esposo de Abril y al médico violador, mantiene su cargo en Tribunal Superior de Justicia y todo porque solo fue suspendido temporalmente y no cesado, estamos viviendo demasiado odio, violencia, indiferencia, racismo y se le debe de poner un alto total al asesinato de las mujeres de nuestro país, ser mujer no puede ser la descarga de frustraciones de hombres como Juan Carlos García.

Urge la modificación al Código Penal Federal, para que Jueces, Magistrados y Ministerios Públicos, no cometan de manera impune, delitos como poner en libertad a feminicidas y violadores, que la muerte de Abril no sea una muerte más y solo sirva para ser parte de un numero dentro de las estadísticas de mujeres asesinadas, que el castigo de todos los involucrados en el asesinato de una mujer sea la más severa, la que se merecen.

Que el Código Penal Federal,  también sirva para castigar a los asesinos de mujeres, que se acaben los huecos por donde huyen, no más simulación para castigar a los culpables de matar a una mujer, ya sea este actor intelectual o material o por ineptitud, en el caso de Jueces, Magistrados y Ministerios Públicos y a los hombres, al primer golpe que le den a una mujer, lo consideren como tentativa de feminicidio y no como una agresión familiar o catalogado como un falta administrativa más.

 

 

 

** Combate a la corrupción en Chiapas **

(Ultima parte )

La transformación de la vida pública en Chiapas pasa por las aduanas de la transparencia, la austeridad y la fiscalización del uso del dinero del erario.

La Contraloría social de la Federación, la estatal y las municipales trabajan coordinadamente para evitar el derroche de los recursos financieros y asimismo sancionar las irregularidades administrativas.

La corrupción no desaparecerá de un día para otro de forma mágica, es necesario vigilar constantemente, sin bajar la guardia, porque la tentación de meter mano al presupuesto existe.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha sido muy claro al conminar a sus colaboradores a que se conduzcan con honestidad y rectitud y no ha dejado de remachar que el combate a la corrupción en Chiapas va en serio.

Quien traicione la confianza del mandatario chiapaneco, tendrá que afrontar su responsabilidad ante la justicia.

Por otra parte, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha sido enfático al señalarles a sus colaboradores que la omisión es también un acto de corrupción y que no se tolerará ninguna práctica irregular.

Así las cosas, poco a poco en Chiapas se va transformando la vida pública.

En fin.

BALCON. El presunto delito de acoso sexual que se le imputa a Antonio Guillén Albores en agravio de una joven mujer que laboraba en el COBACH, ha escalado hasta convertirse en un asunto de interés público que las autoridades deben atender con apego a Derecho. Qué terrible es que la joven mujer tenga que recurrir a una huelga de hambre para obligar a las autoridades a actuar. Es cierto que jurídicamente el acusado es inocente hasta en tanto no se pruebe su culpabilidad en el delito que se le imputa, pero también es cierto que la víctima tiene todo el derecho de exigir que la justicia se ocupe de su caso. La joven mujer agraviada ha tenido que recurrir a métodos de presión extremos- como lo es una huelga de hambre - para que las autoridades se pongan las pilas y se aplique la justicia, cuando en realidad su denuncia debió ser atendida sin dilación. Por cierto, no es la primera vez que Antonio Guillén Albores  se ve envuelto en un escándalo sexual. Cuando “Tony” Guillén laboraba en el IEPC incurrió en actos obscenos en Internet, pero esa vez su víctima fue un hombre, a quien le traía ganas sexuales. O sea, pues, que “Tony” Guillén batea con la derecha y con la zurda también. Y a todo esto, ¿qué pensará la esposa de “Tony” Guiilén de tan bochornoso asunto?. No hay que olvidar que hace años Karla Chacón acusó a un funcionario de la UNACH de haberla acosado sexualmente y para callarla tuvieron que regalarle una beca para que se fuera a estudiar un pos grado en España. Tanto “Tony” Guiilén como Karla Chacón tienen fama de vividores del erario...Eso es todo.

 

 

Este domingo, con motivo del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no sólo se materializó la marcha de repudio a éste.

También se perfiló lo que será una alianza electoral entre el PAN y la derecha hacia la elección del 2021.

Y el lunes, en su sede nacional, el PAN formalizó la invitación a los organizadores de la marcha de la derecha hacia las elecciones federales.

“Desde Acción Nacional hacemos un llamado respetuoso a sumar esfuerzos, a ustedes, a los organismos de la sociedad, a los ciudadanos sin partido, a las fuerzas de oposición, que vean en Acción Nacional a un aliado para la misma causa”, llamó el presidente de ese partido, Marko Cortés.

Qué bueno que el PAN, como principal partido de oposición, muestre disposición a abrir sus puertas a las organizaciones sociales y que éstas se definan y nutran a la coalición de derecha.

No le debe dar vergüenza al PAN asumirse como cabeza de la alianza de derecha, que claramente busca contrastar con el gobierno que se asume de izquierda. Ni las organizaciones civiles deben sonrojarse por su participación partidaria.

Los partidos políticos son entidades de interés público, según la Constitución, y son la vía de participación de los ciudadanos, como los que están enojados por la política de López Obrador.

El PRD ha perdido la repugnancia de aliarse con la derecha y llevó como su candidato a Ricardo Anaya. Está bien.

Lo mismo hacen o deben hacer las organizaciones de izquierda con Morena. De una vez: Que se quiten las máscaras.

Tomado de Los Periodistas en  @LaOctavaplus

 

 

 

Grid List

Omar Molina Zenteno hoy diputado local independiente, es señalado por la población de provocar actos de desestabilización en esta zona del estado. De acuerdo a la denuncia en una reunión de comunidades indígenas cuya sede fue la comunidad el Copal se observa que el  diputado independiente intervino  para la liberación de los detenidos que se encuentran en el penal el Amate por alterar la paz social y por asesinar a un soldado de la Guardia Nacional Además de incitarlos a continuar con los bloqueos de carretera, les ofreció apoyarlos desde el Congreso del Estado para que el gobierno no los reprima y en Bochil regrese el caos y desorden social.

 

 

 

 

 

El secretario de Salud estatal, Roberto Ramos Alor, se quejó que la oposición y los medios de comunicación “hicieron un circo” con la epidemia del dengue, en aras de debilitarlo políticamente.

“Yo lamento que hubiera dos brotes epidemiológicos, pero hay gente que quiere o pretende descalificar este gobierno. Hicieron todo un circo para denostar y demostrar incapacidad. Ahí están los datos, hubo una estrategia impresionante (sic) donde hasta el gobernador Cuitláhuac García se sumó para recorrer el estado, por lo que no fue necesario pedir una declaratoria de emergencia”, señaló el funcionario estatal.

En su informe ante legisladores locales, Ramos Alor olvidó mencionar que en este 2019 se presentaron 9 mil 66 casos de dengue y que 23 personas fallecieron por esa enfermedad, una cifra de defunciones inédita.

Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) recriminaron que los servicios de salud en Veracruz siguen poniendo en riesgo la vida de los veracruzanos, ante la ineficiencia, ineficacia y mediocridad con que se desempeña Ramos Alor, subrayaron.

En el auditorio Adalberto Tejeda, Bingen Rementería precisó que el desabasto de medicamentos oncológicos, psiquiátricos y generales, así como la nula atención a la demanda de familiares de niños con cáncer, quedó plasmado en semanas anteriores con la manifestación afuera del Hospital Regional de Veracruz.

El panista también reprochó la deficiencia en la contratación de empresas, algunas de las cuales, dijo, fueron denunciadas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por vender medicamentos a sobreprecio e incluso falsos.

Omar Miranda, coordinador de la bancada albiazul, cuestionó el manejo de los recursos utilizados para mejorar la infraestructura de hospitales y clínicas por el subejercicio en este año.

“Quizá, señor secretario, en su falta de sensibilidad radiquen los nulos resultados de su gestión. Quiero decirle que el desabasto de medicamentos y las muertes por negligencia no son simples cifras, son seres humanos que sufren por la negligencia, falta de atención, de planeación y de acciones. Recapacite, porque al día de hoy usted es el peor secretario de Salud que ha tenido Veracruz”.

Legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo también tundieron al funcionario estatal por la escasez de retrovirales, medicinas oncológicas y hasta el desabasto de preservativos en las distintas jurisdicciones sanitarias.

Y el dato cómico de la comparecencia lo dio personal cercano al propio Ramos Alor, que llevó a un grupo de indígenas, brujos y nativos de los pueblos originarios, quienes dieron una “rameada” con yerbas medicinales para alejar las malas vibras.

 

 

Periódico impreso edición No. 1790 del día 05 de Diciembre del 2019 .[Leer completo].

 “El cartón que traigo no respira, no late, no lo puedo abrazar, le pido al presidente y a la 4T que le pongan rostro a mi hijo, si dicen que están buscando delincuentes, pongo a mi hijo como delincuente para que lo busquen”, clamó Elba Hernández, madre de Brayan, secuestrado el 28 de abril de 2016 en Poza Rica Veracruz.

Con rostros desencajados, familiares del colectivo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos organizaron una jornada en el Hemiciclo a Juárez, con el objetivo de recordar a los transeúntes que circulan sobre avenida Juárez que, de 2006 a la fecha, hay al menos 40 mil personas desaparecidas en el país.

En la banqueta, solo un puñado de sujetos se detienen a escuchar, otros a tomar fotografías y los menos a ofrecer un abrazo a las madres, hermanas, padres e hijos que narran cómo fue que su ser querido se esfumó.

En un momento, la madre de Irma López, joven desaparecida hace 11 años en Torreón, Coahuila, se cansó de la falta de solidaridad de los capitalinos y exclamó: “No pueden pensar que no les va a pasar, el dolor del otro no les importa, creen que todo está bien y que la vida es fácil”.

La catarsis que se vivía en el Hemiciclo provocó el llanto de la madre de Mireya, una menor secuestrada el 13 de septiembre de 2014. Criticó la incapacidad de las autoridades para buscar con a sus familiares, acusó que solo rastrean en las morgues. “Su trabajo solo es meter oficios, dar vueltas al caso, y no a buscar con vida a las víctimas.

“Mamá, grita a los cuatro vientos quién me desapareció, diles que no es un berrinche, que no me escapé con mi novio, que no andaba en malos pasos”, indicó.

Previo a la parada en el Hemiciclo a Juárez, el Movimiento de Búsqueda Nacional protestó frente a las entradas de Palacio Nacional, donde levantaron un tendedero de cartones que simulaban cuerpos y fotografías de jóvenes desaparecidos, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la aparición con vida de sus familiares.

Luego de que terminó la conferencia matutina del presidente, Lucía López salió del recinto presidencial para informar a sus compañeros que por instrucciones presidenciales mañana serían recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

De Palacio Nacional se dirigieron a las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde la recién nombrada titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, se comprometió a darle seguimiento a la búsqueda con vida de sus hijas, hijos para poderlas acompañar y orientar.

(Manuel Alejandro Godínez)