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En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está en su ocaso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, tuvo en la mira 41 cuentas bancarias de cárteles de la droga mexicanos, a los cuales les bloqueó 3.2 mil millones de pesos.

No obstante, el poderío económico de los cárteles mexicanos es mucho más que eso: en 2018, una investigación titulada De la inseguridad pública a la gran seguridad, del Consejo Nacional de Universitarios, indicó que la “venta de drogas ilegales genera a los cárteles mexicanos ingresos brutos anuales probablemente muy superiores a los 600 mil millones de pesos”.

Proceso pudo revisar información sobre las cuentas bancarias que la UIF, a cargo de Pablo Gómez desde noviembre de 2021, suspendió debido a que los clientes o usuarios fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024 (último reporte).

En total fueron 28 mil 729 cuentas congeladas por “conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con el narcotráfico”.

Particularmente llama la atención el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, pues fue el principal blanco del gobierno lopezobradorista: casi la mitad de las cuentas suspendidas (13 mil 225) fue en detrimento de este grupo, y dos terceras partes del total del dinero congelado también fue contra el Jalisco Nueva Generación.

Según los números de la Unidad de Inteligencia Financiera, el CJNG diversificó sus activos en cuentas bancarias de distintas denominaciones: pesos, dólares y euros, para un gran total de dos mil 023 millones 981 mil 20 pesos.

Muy por debajo del CJNG está el Cártel del Pacífico o Sinaloa, ambas organizaciones consideradas como las más grandes y poderosas del país, que tuvieron una ruptura en el año 2017, de acuerdo con el Índice de Paz México 2024.

Al Cártel de Sinaloa, que ha tenido varias escisiones en los últimos años y ha sido trastocado con la detención de su otrora líder más mediático, Joaquín El Chapo Guzmán (hoy sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos), se le identificaron 4 mil 340 cuentas bancarias y congelaron 486 millones 941 mil 644 pesos, incluidos dólares y euros. Esto significa apenas una cuarta parte de lo bloqueado al CJNG.

En abril pasado, Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, declaró que los cárteles del narcotráfico en México “son enormemente rentables” que, incluso, llegan a tener más dinero que las economías de algunos países.

https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2024/4/17/carteles-mexicanos-tienen-mas-dinero-que-algunos-paises-fiscal-de-eu-327380.html

La Revista Mexicana de Política Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), abordó la relevancia financiera de los cárteles mexicanos y sus implicaciones:

La capacidad financiera y operativa de los cárteles mexicanos les ha permitido penetrar en la esfera política y económica del país, erosionar instituciones gubernamentales, incidir en las estructuras sociales e, incluso, disputar el control del Estado en varias regiones donde el narcotráfico opera. A lo anterior se suma el enorme poder de corrupción que propicia en sectores imprescindibles para la sociedad mexicana, como son los de seguridad y de procuración e impartición de justicia”, dice el texto titulado “El narcotráfico en México como problema transnacional.

Las narcocuentas congeladas

Para el gobierno de López Obrador, según la propia administración, uno de los pilares de la estrategia de seguridad es el uso de la inteligencia financiera en el combate al crimen organizado a fin de disminuir su capacidad económica.

De acuerdo con la respuesta de la UIF a Proceso, una misma cuenta puede estar relacionada con más de un cártel.

Las 41 cuentas de cárteles/células/escisiones/ que la UIF detecta con una o más cuentas bancarias congeladas en el sexenio de López Obrador:

Banda de secuestradores liderada por el Perro / 43 cuentas

Banda Independiente / 16

Cártel Beltrán Leyva / 46

Cártel Beltrán Leyva / La Mano con Ojos / 11

Cártel Beltrán Leyva y Guerrero Unidos / 6

Cártel Caballeros Templarios / 146

Cártel de Guerreros Unidos / 52

Cártel de la Familia Michoacana / 4,437

Cártel de Los Rojos / 89

Cártel de Los Zetas / 222

Cártel de Santa Rosa de Lima / 237

Cártel de Tláhuac / 199

Cártel del Golfo / 125

Cártel del Golfo y Zetas / 86

Cártel del Norte del Valle / 113

Cártel del Pacífico o Sinaloa / 4,340

Cártel del Pacífico o Sinaloa y Cártel Beltrán Leyva / 147

Cártel Guerrero / 1,214

Cártel Jalisco Nueva Generación / 13,225

Cártel La Unión de Tepito / 1,897

Cártel La Unión de Tepito y Anti Unión / 19

Cártel Los Viagra / 198

Cártel Nuevo Imperio / 81

Cárteles Unidos / 12

Célula Escindida de los Beltrán Leyva / 2

Célula liderada por El Balín / 149

Fuerza Anti-Unión de Tepito / 399

Grupo Mazatlecos / 65

La Familia / 449

La Familia Vigueras Sánchez / 15

La Nueva Empresa y/o Cártel del Diablo / 3

La Nueva Familia / 8

La Ronda 88 / 33

Los Beltrán / 2

Los Benjas / 23

Los Cano y/o los Palma / 13

Los Guerreros / 220

Los Maceros / 60

Los Molina / 9

Los Rodolfos / 203

Los Sinaloas / 34

Otro / 81

El dinero congelado a cárteles mexicanos (del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024):

Total en pesos mexicanos: 3 mil 224 millones 541 mil 144 pesos

Desglose:

2 mil 747 millones 178 mil 568 pesos

28 millones 621 mil 050 dólares / 477,170,145.60 pesos (cálculo al dólar de 16.67 / 2024)

10 mil 625 euros / 192,431.40 pesos (cálculo al euro de 18.11 / 2024)

Informe de la DEA

De acuerdo con un informe de la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), el CJNG y el Cártel de Sinaloa generan billones de dólares de ganancias por la venta ilegal de drogas. Según la agencia, los narcotraficantes utilizan el fraude y el engaño para hacer circular el dinero a través de sistemas financieros estadunidenses y globales para enriquecerse y continuar financiando sus operaciones de tráfico ilegal.

“En 2022, las investigaciones de la DEA llevaron a la incautación de cientos de millones de dólares en activos que pasaron por procedimientos de decomiso de activos en Estados Unidos: activos que incluían millones de dólares en efectivo que los cárteles mexicanos intentaron introducir discretamente en el sistema financiero legítimo, así como en instrumentos financieros (como acciones, bonos, criptomonedas, tarjetas de valor almacenado), bienes raíces y artículos de lujo”.

La DEA indica que los narcotraficantes subcontratan personas para que “laven” su dinero. “Estos blanqueadores de dinero normalmente no trabajan para un cártel específico, más bien ellos aceptan contratos de lavado de dinero de múltiples organizaciones criminales, no todas ellas de narcotráfico, y utilizan redes de lavado que pueden abarcar varios países”.

Recientemente, el jefe de operaciones de la DEA, William F. Kimbell, afirmó que el CJNG y el Cártel de Sinaloa utilizan cada vez más a las organizaciones chinas de lavado de dinero en Estados Unidos y en todo el mundo para facilitar el blanqueo de capitales proveniente de las drogas.

https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/NDTA_2024-1.pdf

Pacto vs. CJNG y detenciones

El viernes 24 de mayo, Proceso tuvo acceso a un informe de la organización internacional Crisis Group que da cuenta de que, en 2021, a medida que los miembros del CJNG trataban de imponerse en Michoacán con armamento pesado, blindados y drones con bombas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) formó un frente de facto con grupos criminales locales para repeler a la poderosa agrupación: en diversos eventos las fuerzas especiales mataron a sicarios del Jalisco Nueva Generación, cuyos cuerpos eran recogidos por combatientes de los grupos locales y arrojados en fosas clandestinas.

El informe indica que habrían muerto cerca de 400 civiles armados de la organización encabezada por El Mencho” derivado de esta alianza informal entre la Sedena y grupos antagónicos al CJNG.

Además del golpe económico al CJNG a través del congelamiento de sus cuentas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asestó, en 2021, otro golpe al cártel de El Mencho --por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 mdd--, con la detención de su esposa.

El 15 de noviembre de aquel año, personal del Ejército, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rosalinda González Valencia por diversos delitos.

La detención de la esposa de El Mencho en Zapopan, Jalisco, fue considerada por las autoridades federales como “un golpe significativo para la estructura financiera” del CJNG. Desde entonces, González Valencia está en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”, en Coatlán del Río, Morelos, con una condena de cinco años de prisión, de los cuales ya cumplió dos años con ocho meses, por lavado de dinero.

El martes 20 de diciembre de 2022, la Sedena informó sobre la detención de Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de El Mencho, durante un operativo realizado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Según la Sedena, Tony Montana fue capturado por presuntamente llevar a cabo actividades de lavado de dinero para el propio CJNG. Proceso informó, en su momento, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra el presunto capo por tráfico internacional de cocaína y metanfetamina, así como por posesión de armas para cometer narcotráfico.

Además, el gobierno de EU lo considera como integrante de alto nivel del CJNG. En febrero de este año, el diario Reforma publicó que una jueza federal determinó que es procedente extraditar a Estados Unidos a Tony Montana.

Otro zarpazo del gobierno al CJNG ocurrió con la detención de otro hermano de El Mencho, Abraham Oseguera Cervantes, más conocido como Don Rodo, el 21 de abril anterior. En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) --a cargo de Alejandro Gertz Manero-- reconoció que elementos de la Guardia Nacional entraron al domicilio del detenido sin una orden de cateo.

En un comunicado, la FGR justificó la intervención debido a que, en cuatro ocasiones, los jueces de control negaron girar las órdenes de aprehensión contra Don Rodo. Finalmente, un juez federal ordenó liberar al hermano de El Mencho, bajo el argumento de irregularidades en su detención.

Ovidio y la mamá de El Chapo

Respecto al otro cártel más poderoso y de mayor envergadura en el país, el de Sinaloa, la detención-liberación de Ovidio Guzmán --hijo de El Chapo Guzmán y miembro del grupo Los Chapitos-- marcó el caso más emblemático del sexenio de López Obrador sobre seguridad y crimen organizado. Bajo la autonombrada estrategia de “abrazos, no balazos”, el presidente ordenó liberar al capo el 17 de octubre de 2019 para evitar una masacre de 200 civiles inocentes, según dijo. Aquella tarde, Culiacán se volvió zona de guerra en represalia por la detención de El Ratón, hasta que fue liberado.

Extraditado. Ovidio Guzmán. Foto: Especial.

A la postre, El Ratón fue detenido por segunda ocasión el 5 de enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa. Y ocho meses después fue extraditado a Estados Unidos, país que busca juzgarlo por tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y mariguana.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/9/15/extraditan-estados-unidos-ovidio-guzman-para-ser-juzgado-pornarcotrafico-314944.html

Otro suceso que marcó el sexenio lopezobradorista fue el breve, pero significativo saludo de mano que el presidente dio a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, María Consuelo Loera Pérez, fallecida el 10 de diciembre de 2023.

Con residencia en La Tuna, Badiraguato, Consuelo Loera comenzó a tener notoriedad a nivel nacional luego de unas fotografías y video en donde captan al presidente López Obrador saludando a la mujer mientras ella se encontraba a bordo de una camioneta. El hecho se registró a finales de marzo de 2020.

En el encuentro presuntamente le habría entregado una carta al presidente para solicitar ayuda para su hijo, El Chapo Guzmán, juzgado en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua por crímenes relacionados con el narcotráfico.

Los más de 4 mil desplazados de Tila, Chiapas, que actualmente se encuentran en los albergues que fueron instalados en los municipios vecinos de Cantioc y Yajalón, reclamaron que funcionarios de la Secretaría del Bienestar les han condicionado la entrega de apoyos sociales a que regresen a su comunidad.

También acusaron que no fueron considerados para participar en la mesa de negociaciones instalada por el gobierno del estado, en la que también estuvieron autoridades de seguridad estatal y el Ejército, pero sí permitieron la participación de José del Carmen Jiménez Pérez, alias “El Quemado”, líder de Los Autónomos y sobre quien pesan varias denuncias por asesinato, desaparición y despojo.

A pesar de la presión para que vuelvan a su comunidad, aseguraron, no lo harán hasta que Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, se siente con ellos a escuchar sus demandas y comprometerse a resolverlas.

El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa recordó que los pobladores huyeron de la violencia provocada por el denominado grupo Los Autónomos, que exige pago de cuotas por vivienda y comercios que van de los 35 a los 70 mil pesos por radicar en este municipio y rechazan la propuesta de las autoridades de regresar a sus hogares.

Las víctimas de desplazamiento denunciaron que este día recibieron llamadas de familiares y amigos que habitan en las comunidades anexas de Tila.

Denunciaron que a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, hombres armados encabezados por un sujeto presuntamente identificado como Domingo Martínez Pérez, perteneciente al grupo de Los Autónomos, recorren los anexos e ingresan a las viviendas deshabitadas para robar lo poco que dejaron. Con información de Latinus.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar delitos que pudieron ser cometidos durante la “Guerra Sucia”, tomando en consideración que pueden constituir crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles.

Por mayoría de cuatro votos, los integrantes de la Primera Sala de la Corte avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcátara Carrancá quien propuso amparar a cuatro mujeres, familiares del guerrillero Lucio Cabañas, supuestamente detenidas, atormentadas psicológicamente y torturadas durante ese periodo.

Se trata de las hermanas Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas y Flavia Cabañas Gómez, quien al momento de los hechos tenía 17 años, quienes denunciaron que fueron víctimas de delitos cometidos por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

El caso llegó a la Corte luego de que en enero de 2022 la FGR decidió no ejercer acción penal por los hechos denunciados por las víctimas bajo el argumento de que los delitos habían prescrito y que para la época no estaba vigente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para que el ministerio público pueda fundar un ejercicio de la acción penal.

Sin embargo, en su proyecto el ministro González Alcántara Carrancá señaló que para la década de los 70, época en la que ocurrieron los hechos, existían otros instrumentos internacionales que establecían qué conductas son delitos de lesa humanidad, como para que la FGR pueda ejercer acción penal.

“La decisión de no ejercer acción penal bajo el argumento de que, a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “Guerra Sucia”, les son aplicables las figuras de prescripción, atipicidad e irretroactividad se traduce en una transgresión al derecho a la verdad”, indicó el ministro.

“El Estado debe asegurar no sólo que las autoridades encargadas de la investigación (Ministerio Público) tengan a su alcance los medios necesarios para llevar a cabo aquellas actuaciones, sino que efectivamente sean utilizados para realizar las averiguaciones con prontitud. Por lo tanto, la falta de investigación normalmente implicará la violación del derecho a la verdad”.

Por ello, la Corte ordenó modificar una sentencia del amparo que le había sido concedido a las quejosas para que se realice una mejor investigación en la que otras autoridades coadyuven con el ministerio público federal.

En consecuencia, la FGR tendrá 12 meses más para determinar nuevamente si ejerce o no acción penal con los elementos que reúna y cada dos meses deberá informar al juez de amparo el desarrollo de las investigaciones.

Esto no impide a la FGR dictar nuevamente un no ejercicio de la acción penal pero este deberá estar fundamentado en que no existan pruebas suficientes sobre los hechos denunciados.

Jueces y magistrados federales afirmaron estar dispuestos a participar en el diálogo público anunciado por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

El lunes, en conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo informó que ambos acordaron priorizar la discusión de las últimas iniciativas de reforma enviadas por el mandatario federal en febrero pasado.

Dicha discusión incluye la de la reforma al Poder Judicial que espera se apruebe en septiembre próximo con la nueva conformación del Congreso con mayoría de Morena.

Sheinbaum Pardo indicó que ella y el presidente coincidieron que en todos los casos se debe realizar una consulta amplia antes de que entre el nuevo Congreso.

“Las y los Juzgadores Federales somos leales a México. La Jufed en su legítima representación acepta participar en ese proceso de diálogo, con la confianza de que nuestras propuestas serán escuchadas y valoradas.

“Somos testigos de que la carrera judicial es el principal mecanismo que garantiza a los ciudadanos el contar con juzgadores profesionales e imparciales, quienes no deben su ascenso dentro del Poder Judicial a nadie que no sea su propio esfuerzo y la superación de los rigurosos estándares que ésta impone”, señaló la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

La organización a la que pertenecen los juzgadores federales del país reconoció que el PJF forma parte del sistema democrático constitucional e invitó a las barras y colegios de abogados, onaluniversidades, escuelas de Derecho, organizaciones y sociedad civil a discutir en todos los espacios públicos las implicaciones que tendría la aprobación de una reforma de esta índole.

Proceso informó el pasado tres de febrero que la iniciativa de reforma enviada por el Presidente al Congreso incluye la salida de los ministros de la Corte, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados electorales, jueces de Distrito y magistrados de Circuito para que, en 2025, sus sustitutos sean designados mediante elección popular.

Además incluye la reducción del Pleno de la Corte de 11 a nueve ministros, la eliminación de su haber de retiro y la reducción salarial general en el PJF para que nadie gane más que el presidente de la República.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el conflicto en Tila, Chiapas, se debe a una confrontación entre pobladores, y aunque dijo que “se apaciguaron las cosas”, llamó a la unidad para evitar el desplazamiento.

Informó que dan protección con el Ejército y alimentos mediante la Secretaría de Bienestar.

“Esto que está sucediendo en Tila, muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del estado opresor, represor o la lucha contra un cacicazgo, no, es una confrontación entre el mismo pueblo, porque no se han podido armonizar”, afirmó.

Dijo que se debe “buscar la unidad, yo hago un llamado a toda la gente de Tila, yo conozco Tila desde hace más de 60 años”.

El gobierno federal también “estamos ayudando, le pedí primero al secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval) para que se le diera protección a la gente, afortunadamente se logró porque había un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo y se logró proteger a muchas familias que salieron a Yajalón”.

Agregó que “se apaciguaron las cosas”, además de que pidió coordinación entre varias secretarías, entre ellas la de Bienestar para formar un equipo y “ayudar a la gente y ya hay dos campamentos se les está entregando los alimentos”.

Sin embargo, lo que busca el gobierno es un “acuerdo para que regresen a sus comunidades y regrese la paz y hay que tener confianza que se logre”.

“Pero la reflexión tiene que ver con el hecho de que por qué nos vamos a pelear entre nosotros, ni siquiera dirimir, resolver problemas con caciques, con el uso de la fuerza, no, vamos a buscar la conciliación el diálogo el acuerdo”.

En Tila, 4 mil 187 personas que se encontraban escondidas en sus domicilios por los hechos de violencia provocados por grupos de civiles armados que dejaron casas quemadas, negocios saqueados y vehículos destrozados, abandonaron el pueblo y fueron trasladados a diversos albergues del estado; dos personas fueron localizadas sin vida, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El dato de la dependencia no coincide con el que tiene Juan Núñez Cancino, delegado de Protección Civil en la región Chol, que asegura que Tila fue abandonado. “Tan solo en la unidad deportiva de Petlalcingo alcanzaron a dar albergue a más de tres mil personas”.

Muchas de las familias desplazadas, señaló el funcionario, buscaron refugio en casas de familiares de los municipios de Yajalón, Tumbalá, Sabanilla, Ocosingo, Comitán, otros más viajaron hasta San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

La Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia del municipio vecino de Sabanilla, abrió un centro de acopio para los desplazados de Tila; invitó a la feligresía y los ciudadanos a solidarizarse.

Lo mismo hizo la organización Cáritas de la iglesia católica al hacer un llamado a la solidaridad de los ciudadanos de Chiapas, de México y del mundo para atender a los desplazados por la violencia en el municipio de Tila y otros municipios del estado.

Cáritas aseguró que se siguen desplazando las familias, “agradecemos la solidaridad brindada a la población en desplazamiento forzado interno, con mucho dolor, les compartimos que se siguen desplazando cientos de familias hacia lugares seguros, nuestra comunidad parroquial está organizando la atención”.

La Secretaría de Salud del gobierno del estado informó el arribo de dos convoyes de la salud al municipio de Yajalón para atender a las personas desplazadas. Las unidades móviles están otorgando los servicios de consultas médicas, ultrasonido, rayos X, electrocardiograma, laboratorio, farmacia entre otros.

El despliegue militar policiaco

Entre el viernes y este sábado, en el despliegue militar policiaco, se realizó la inspección de 17 inmuebles que fueron incendiados, entre ellos, casas habitación y negocios localizando en uno de ellos, los cuerpos sin vida de Felipe “N” de 41 años de edad y un menor de edad de 16 años de identidad resguardada, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Fueron inspeccionados además 21 vehículos de diferentes marcas y modelos que fueron incendiados y vandalizados.

En diversas acciones se logró el aseguramiento de dos vehículos, por los cuales radicó el Registro de Atención por la Posible Comisión de Hechos Delictuosos (vehículo abandonado), en contra de quien o quienes resulten responsables, manifestó la Fiscalía.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que continúa el operativo preventivo y disuasivo en el municipio de Tila, “patrullajes disuasivos por tierra y aire, con el firme objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la paz en esa región”.

Afirmó que con actuaciones conforme a derecho y con pleno respeto a los Derechos Humanos, también continúa con los protocolos de asistencia y ayuda humanitaria a la población que haga uso de los refugios implementados en el municipio de Yajalón, donde personal de Protección Civil del Estado, Secretaría de Salud y Ejército Mexicano los asisten con atención médica, alimentación y espacio para dormir.

Aseguró que, en el lugar, el Grupo Interinstitucional, conformado por más de 500 elementos entre personal ministerial, Policía de Investigación, peritos y médico legista de la FGE, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, elementos de la Policía Estatal Preventiva y Seguridad Pública Municipal, además de Protección Civil Municipal y Estatal llevan a cabo diversas acciones para garantizar el Estado de derecho.

Cuatro días en una zona de guerra

Los pobladores de la cabecera municipal de Tila, habitada por indígenas choles y mestizos, vivieron atemorizados por las intensas balaceras. Los habitantes aseguran que los ataques fueron perpetrados por un grupo llamado “Los autónomos” de la comunidad de Sañojá.

El pasado jueves, tras dos días de balaceras y quemas de viviendas, la alarma cundió entre los habitantes de la cabecera municipal, luego que en cada una de las casas fue dejado un volante firmado por la Asamblea Ejidal del Barrio Santa Lucía de Tila, donde se les “invitaba” como miembros del Ejido de Tila “acercarse a dar sus servicios y acompañar a los compañeros en las actividades en lo que correspondan”.

“La invitación va directamente a los jóvenes de 18 años, de no ser partícipes, se tomarán medidas correspondientes”, señalaba el volante.

Lo anterior provocó que muchos jóvenes huyeran del poblado como pudieron, porque el mensaje de “reclutamiento” fue difundido también por las redes sociales. Los más jóvenes de la familia Hernández huyeron al monte el mismo jueves cuando el papel fue dejado en su domicilio, este sábado lograron reunirse con su familia que se encuentra en un albergue del municipio vecino de Yajalón.

La mayoría de los pobladores se considera ajena al conflicto que mantienen los llamados “Autónomos” con el grupo denominado “Karma”, que aseguran surgió por los constantes abusos de los “los autónomos”.

Elecciones en México, desde la visión del EPR

 

Violencia y proceso electoral en Chiapas

Para la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario los resultados del proceso electoral del pasado 2 de junio no benefician al pueblo, fortalecen al régimen opresor que apuntala sus lanzas en defensa de la dictadura capitalista, se abre un escenario más adverso para las fuerzas populares con el ensanchamiento de la hegemonía del grupo burgués en el gobierno.

En su órgano de difusión número 236 “El insurgente”, considera que el proceso electoral culminado, se consuma la imposición presidencial en la designación del próximo jefe del Ejecutivo federal.

El resultado no es novedoso, contundente ni histórico, simplemente es la consecuencia del poder del presidencialismo y la decisión de los grupos oligarcas que encarnan el poder burgués representado por la actual junta administrativa.

En su Editorial señala que la imposición presidencial se ejecutó por medio de viejos mecanismos, prácticas y vicios de la democracia burguesa. En esta ocasión, el dedazo presidencial fue revestido con ropaje domocratoide, la inclinación de la balanza del gobierno federal hacia su designada y la actuación del representante del Ejecutivo federal como escudero de su ahijada.

Otra variable de la ecuación burguesa para obtener los resultados favorables a la dictadura capitalista es la violencia del régimen. El componente mafioso criminal inherente a la democracia burguesa fue signo distintivo en todo el proceso electoral, la coerción, el asesinato político, el chantaje y componendas corruptas constituyeron prácticas de la política burguesa con las que se allanó el camino para imponer la voluntad del grupo burgués en el poder.

En el análisis, señala que de los ultimados por la violencia antropófaga de los diferentes grupos de poder burgués, sus partidos políticos y sus personifica iones los han dejado en el olvido, dicha mezquindad ilustra la indolencia e indiferencia al género humano de los paladines de la democracia burguesa, si no se solidarizan con sus comparsas menor aún velan por los intereses populares, ese es uno de los aspectos distintivos de la política burguesa en México.

Advierte que la nueva composición de las dos cámaras legislativas beneficia al grupo de poder burgués en el gobierno y en general a la burguesía en su conjunto, en contraste, perjudica a las masas populares.

“Morena en su aspiración absolutista del poder se vanagloria de los resultados, tiene el hacha en la mano para imponer su arquetipo institucional burgués; la burguesía cuenta una vez más con una junta administrativa dócil y sumisa a sus intereses de clase, un cancerbero que vela por la dictadura del capital; y el pueblo no ha obtenido nada, los grilletes de la opresión se han fortalecido”, agrega el órgano de difusión del EPR.

El presidencialismo se soba las manos y se encuentra extasiado, aún el próximo jefe del ejecutivo federal no toma fueros y ya junto con el actual presidente de la república empujan sin tapujo las próximas medidas para copar más estructuras del Estado, dotar de más herramientas opresoras a éste y blindar los intereses capitalistas.

Nada de histórico tiene el hecho de que el opresor vista pantalón o falda, la relación de opresión que existe entre Estado burgués mexicano y masas populares en nada se modifica si el cancerbero de los intereses capitalistas es una mujer; sea hombre o mujer la condición socioeconómica de esclavitud moderna que sostiene con la fuerza el Estado mexicano continúa con su lógica de dominación.

Las garras represoras, el ideario de sumisión al extranjero y el servilismo a los capitalistas asomó como elementos de la próxima junta administrativa, en esa sintonía, la que va a ser presidenta inició sus reuniones de transición y de festejo.

Para el brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario, El Palacio Nacional se encuentra amurallado, uno de los motivos de ello es la agenda de Claudia que comparte el criterio represor de gobernación en colocar vallas a las afueras de Palacio Nacional con el propósito de evitar que las protestas populares perturben a los opresores que ahí despachan.

En la reunión con representantes del imperialismo norteamericano, la presidenta electa fijó postura entreguista y como muestra de defender con la violencia institucional los intereses imperialistas, llevó con ella al represor y criminal de Estado, Omar Hamid García Harfuch, de formación e ideología sionista, asegura desde algún lugar de la República mexicana el añejo grupo armado, en su órgano de difusión El Insurgente, correspondiente al mes de junio, difundido hace unas horas.

El proceso electoral en Chiapas no escapa del escenario nacional caracterizado por la violencia

Chiapas es una de las entidades que registra altos índices de cometidos de crímenes de lesa humanidad, un reflejo de la magnitud de la violencia de Estado que se dirige contra las masas trabajadoras y contra las piezas desechables de la democracia burguesa.

Desde el 2023 el fenómeno de la violencia comienza a tener una tendencia creciente, los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudicales, asesinatos políticos, desplazamientos forzados y recurrentes violaciones a los derechos humanos, son una constante, que se agudizó en la medida que se acercaban y desarrollaban los tiempos electorales.

Allí donde los intereses empresariales son fuertes el conjunto de fenómenos que envuelven la violencia de Estado es mayor y las masas trabajadoras son las que pagan con creces la imposición del interés del capital. La lógica no dista de lo que ya se experimentó en otras regiones del país, donde la voracidad del capital por hacerse del control de recursos naturales trae aparejada la violencia de clase, señala el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR) en su órgano de difusión correspondiente al mes de junio.

En su Editorial agrega que en aquellas regiones donde el movimiento popular había cosechado victorias políticas y jurídicas para la defensa de la tierra, en la actual coyuntura son anuladas por medio de la violencia, y esas masas que se inconformaron y protestaron son víctimas de la venganza política del Estado y de los capitalistas que ahogan en violencia pura la determinación de ejercer crítica política.

Las regiones donde se logró frenar temporalmente la explotación minera a través de la organización política independiente, ahora se pretende reactivar a partir de un proceso intenso de violencia; el objetivo es vaciar los pueblos de aquellos que alguna vez protestaron para tener mejores condiciones para desarrollar la misma actividad económica.

A la par de este fenómeno, en las principales urbes de la entidad se realiza un proceso de limpieza social que se caracteriza por el cometido de desapariciones forzadas, cuyo aumento es drástico. Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Palenque, Comitán, Tapachula, Ocosingo, concentran los mayores números de desaparecidos de manera forzada; un fenómeno que contrasta con lo que se expone desde la institucionalidad federal y estatal, al señalar que con mayor presencia policíaca y militar deriva en mayor disuasión de la acción criminal o el cometido de crímenes de lesa humanidad, revela el grupo armado, en su órgano de difusión El Insurgente. Fin primera parte.

Del Montón

La disputa por el Plan C, que presupone que Morena y sus aliados cuenten con la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso, deja ver la incongruencia de varias figuras muy representativas del oficialismo que habían descalificado la sobrerrepresentación y hoy, con absoluta desfachatez, la defienden a capa y espada o guardan silencio frente a ella. Tras las elecciones del 2 de junio, con una abrumadora victoria de la alianza gobiernista, se hicieron número para determinar la composición de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Al día siguiente de la jornada electoral, durante la conferencia de prensa presidencial, en un acto inusual porque no le corresponde a ella sino al órgano electoral la distribución de los cargos según la votación, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, presentó cómo estaría integrado el Congreso. Según los números presentados de la funcionaria, en la Cámara de Diputados habría una sobrerrepresentación de la coalición encabezada por Morena: atribuyó 243 curules a Morena, 48 al Partido del Trabajo y 74 para el Partido Verde Ecologista de México, 365 en total. Para la alianza opositora, la secretaria dio los siguientes datos: PAN, 72 diputados; PRI, 34, y PRD, dos. A Movimiento Ciudadano corresponderían 26, más uno independiente. Dos días después alcalde presentó otros números, ya con 372 diputados para el oficialismo, y posteriormente López Obrador presentó otro donde subió la cifra a 373. Esos son sólo algunos ejemplos, aunque muy representativos, de la hoy desvergonzada defensa que de la sobrerrepresentación hace el oficialismo, la que le permitiría hacer cera y pabilo de la Constitución. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de los mismo.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad de Agricultura y Silvicultura de Fujian (FAFU) de China firmaron un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo de la tecnología Juncao en territorio mexicano.

 

Las características del modelo lo convierten en una tecnología aplicable en México y transferible a otros países de la región, en beneficio de agricultores de pequeña escala.

México tendrá un Centro Demostrativo y de Capacitación sobre la tecnología Juncao, que considera el estudio de hongos comestibles y hierbas como alternativa para controlar la erosión del suelo, prevenir la desertificación y desarrollar forraje para ganado y biocombustibles, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La iniciativa forma parte de un convenio de colaboración firmado entre el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad de Agricultura y Silvicultura de Fujian (FAFU), con sede en China, apuntó.

Este instrumento es el inicio de un nuevo campo de investigación científica que impulsará el desarrollo industrial, a través de la integración de hongos y hierbas en territorio mexicano, destacó.

Informó que la tecnología Juncao, que significa hierba de los hongos, comenzó a aplicarse en 1983, por el profesor Lin Zhanxi, se formalizó su aplicación en 1986 como una opción para reemplazar la madera en el cultivo de hongos comestibles y medicinales.

Esta innovación consiste en la utilización de diferentes gramíneas (plantas herbáceas), como Pennisetum gigantium z.x.Lin (Juncao gigante), P. purpureum Schumach (pasto elefante), P. alopecuroides (pasto cola de zorro) y Arundo donax (Oasis 1) para la producción de hongos y forraje para aves de corral y ganado y alimento para peces, detalló.

Este forraje es apto para varios climas, propicia la conservación del suelo y entre sus características está su capacidad para hacer frente a la escasez de agua.

En el sur de China, por ejemplo, su aplicación como pasto produce cada año entre 300 a 450 toneladas por hectárea de materia verde y absorbe de 108 a 162 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Con base en este tipo de resultados, la nueva industria del Juncao tiene amplio potencial de desarrollo en los ámbitos industrial y en el sector agropecuario, como la de hongos, piensos (alimento con una mezcla de materias primas) para el ganado y fertilizantes orgánicos.

La Secretaría de Agricultura subrayó que en los sectores energéticos la biomateria sirve para producir electricidad, biodiesel, biogás, fibra, carbón activado y tablero de fibras; mientras que en la industria ecológica favorece la restauración del suelo y lucha contra la desertificación.

El investigador del Campo Experimental Santiago Ixcuintla del Centro de Investigación Regional Pacífico Centro (CIRPAC) del INIFAP, Abieser Vázquez González, aseguró que las características de este modelo lo convierten en una tecnología alternativa aplicable en México y transferible a otros países de la región, en beneficio de agricultores de pequeña escala. Como parte del convenio de colaboración, también se capacitará a productores de pequeña y mediana escala y contribuirá a fortalecer relaciones productivas con países de América Latina, en la difusión de esta tecnología.

Los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Apelación, al resolver sobre la suspensión de los actos que se reclaman su inconstitucionalidad o inconvencionalidad en los procesos de amparo, entre los que pueden estar las leyes o disposiciones de carácter general, deben ajustarse a lo dispuesto a lo que determinó el Constituyente Permanente en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prescribe:

“Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes”.

Esto es, la decisión de conceder o negar la suspensión de los actos de las autoridades, no es una cuestión caprichosa o arbitraria del juzgador, es el ejercicio de una facultad constitucional donde debe analizar la naturaleza del acto reclamado, efectos y consecuencias, caso por caso, con pelos y señales, ya que no se limitó la procedencia de la medida cautelar contra las leyes o normas de carácter general en sentido amplio, por lo que dicha disposición constitucional, hasta hoy, debe aplicar de manera directa por ser la norma suprema doméstica, con independencia de que se hayan derogado el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo (Diario Oficial de la Federación de 14 de junio de 2024), que señala:

“El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.

Esto es, la derogación de esa porción normativa es regresiva, en razón de que el artículo 129 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I a XIII, prevé una catalogación sobre actos que no procede la medida cautelar, sin embargo, el último párrafo permitía el uso de la discrecionalidad y análisis caso por caso, privilegiando el arbitrio judicial en favor de los derechos humanos cuando la negativa de la suspensión afectará el interés social, esto es, el legislador había privilegiado la concesión de la suspensión excepcional cuando de negarse se viese afectada la sociedad, por ejemplo, tratándose de normas que afecten derechos humanos universales como la salud, medio ambiente, educación, etcétera, en los que todos estamos interesados que prevalezcan.

Eso de ninguna manera es una suspensión con efectos generales, ya que la medida cautelar solamente favorece al quejoso, y su efectividad es temporal, concluye cuando se dicta sentencia ejecutoria en caso de haberse concedido, se trata de proteger la materia del amparo para evitar que se consuma el acto reclamado de forma irreparable.

En cuanto a la adición del último párrafo del artículo 148 de  la Ley de Amparo(Diario Oficial de la Federación de 14 de junio de 2024) que dispone: “Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.

La racional interpretación, lleva a considerar que no impide o limita la concesión de la suspensión contra leyes o normas generales, se trata de una adición que aclara que la suspensión contra leyes no tiene efectos generales. Esto no causa perjuicio alguno, si tomamos en cuenta que se refiere a la medida cautelar, cuya efectividad es temporal y lo que se resuelva en la suspensión provisional o definitiva, no impacta en la sentencia constitucional.

En el incidente de suspensión no se resuelve sobre la inconstitucionalidad, solamente se analizan efectos y consecuencias de esas normas en relación que de no suspenderse podría quedar sin materia el amparo de llegarse a ejecutar de forma irreparable el acto reclamado, por ejemplo: normas que regulen la afectación del medio ambiente, protección de la salud, educación, etcétera.

La importancia de la medida cautelar de suspender los efectos y consecuencias de las leyes una vez que han cobrado vigencia, descansa en el hecho de evitar se consuman los actos que se reclaman y que el amparo se convierta en un instrumento irrisorio, decorativo e inútil para la protección de los derechos humanos, fundamentales o garantías.

La medida cautelar de suspender los efectos y consecuencias de las leyes, no aplica de manera automática y mecanizada, se reitera, el juzgador analizará en lo particular y decidirá haciendo un ejercicio ponderativo sobre la apariencia del buen derecho (aproximación a la decisión final) e interés social (cuanto se perjudica a la sociedad de conceder la medida cautelar) en ninguna caso tiene efectos generales, eso no es posible constitucionalmente.

Por tanto, si en el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, se había avanzado en la protección de la medida cautelar como instrumento temporal en la protección de los derechos humanos y fundamentales, su derogación es regresiva, violatoria del artículo 1º de la Constitución Federal.

En tanto que el adicionado último párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, se trata de una reiteración innecesaria de la relatividad implícita de la medida cautelar de suspensión, sin que pueda generar preocupación alguna, ya que no limita que se pueda suspender los efectos y consecuencias de la ley que se combate en el amparo por inconstitucional o inconvencional.

En las diversas exposiciones de motivos, base de la reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente Permanente, consideró que, en el ámbito de los derechos humanos, los jueces, como garantes de tales derechos en el orden interno, desempeñan una misión fundamental de garantía y control de los poderes públicos. Asimismo que los jueces nacionales son la pieza clave en la aplicación de la regla de previo agotamiento de los recursos internos al ser los encargados de conocer y remediar cualquier violación a los derechos humanos antes de que un caso se presente ante una instancia internacional.

De acuerdo con lo que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las reformas regresivas van contra lo dispuesto en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, punto 1, 25, punto 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; sentencias emitidas por la Corte IDH en los Casos Reverón Trujillo Vs. Venezuela, Caso Furlán y familiares Vs. Argentina, Caso Vélez Loor Vs. Panamá y Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, entre otras. Y la amplia doctrina jurisprudencial de nuestro máximo tribunal doméstico: 2a./J. 192/2007, 2a./J 12/2016, 1a. XII/2011 (10a.), 1a. CXCVI/2009, 2a. CV/2007, 1a./J. 42/2007, 1a. LV/2004, 1a. CCLXXVII/2012 (10a.), 1a. LXXIV/2013 (10a.), 1a. CXCVIII/2014 (10a.) y 1a./J. 22/2014 (10a.), ya que, entre los instrumentos jurídicos con que se garantiza la efectividad del recurso efectivo -sentido amplio de la palabra- se encuentran las medidas cautelares, como la suspensión del acto reclamado en el proceso de amparo.

En estos días en que el Poder Judicial de la Federación ha sido duramente golpeado por el Ejecutivo y Legislativo con la reforma de los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, demandan que se vistan con el traje de luces de garantes de los derechos humanos, fundamentales y garantías, más allá del derecho nacional, es la oportunidad de mostrar a la sociedad la necesidad de contar con jueces independientes y valientes en sus resoluciones, aplicando en forma directa la norma fundamental y los tratados sobre derechos humanos.

El viernes pasado 14 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, que elimina la atribución de l@s juzgador@s federales para otorgar suspensiones con efectos generales en los juicios de amparo contra leyes o normas generales. Esta figura, la suspensión, también se encuentra en la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador para las acciones de inconstitucionalidad y controversias de constitucionalidad. 

¿Qué significa lo anterior? y ¿por qué es importante para la sociedad? ¿La reforma a los artículos 129 y 148 de Ley de Amparo es constitucional o no? ¿Es conveniente la iniciativa para suprimir esa misma facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales? Veamos:

Primero, el amparo es un recurso que tienen las personas, físicas o morales, para reivindicar ante el Poder Judicial de la Federación actos que consideran que vulneran los derechos fundamentales que le reconoce la Constitución o los tratados internacionales. Es común que al interponer una demanda de amparo se solicite la suspensión del acto reclamado; es decir una medida cautelar para que al ciudadano (quejoso) no se le generen efectos negativos mientras se resuelve si dicho acto reclamado es constitucional o no. 

Los ejemplos más comunes son cuando se solicita la suspensión de una orden de aprehensión, de una orden de desalojo de un inquilino o de un acto administrativo por el cual se impone una sanción económica significativa, todo lo anterior de manera transitoria hasta que se resuelva el fondo en la sentencia de amparo. En estos casos, la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo no impactan en el núcleo tradicional del amparo nacido bajo el principio de relatividad, según el cual sus efectos sólo surten para quienes han interpuesto esta demanda. 

El problema se complica cuando se trata de los denominados derechos difusos o colectivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el derecho a la salud, a la educación, a un ambiente sano y los derechos económicos, entre otros, en el cual el destinario no es solamente una persona sino un grupo o una colectividad. 

Recuérdese, por ejemplo, los amparos para recibir la vacuna contra el covid-19. Existe, empero, otra porción de derechos difusos que encuentran en la suspensión de leyes con efectos generales, una medida de protección provisional. 

Si bien es verdad que la suspensión de leyes con efectos generales es la excepción en el juicio de amparo, también lo es que esa potestad para que los juzgadores federales puedan proteger los citados derechos difusos cuando sea estrictamente necesaria se antoja racional. Cuando se invoca, por ejemplo, el interés legítimo (que no es ni el interés jurídico tradicional del amparo ni el mero interés simple) previsto en la Ley de Amparo va a ser difícil tutelarlo si, como ha pasado, ya el juzgador carece de atribuciones para decretar una suspensión o pausa de leyes con efectos generales.

Segundo, la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo que expulsa del sistema jurídica la figura de la suspensión de leyes con efectos generales es, a mi juicio, contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque, de entrada, no se compadece con lo previsto por el artículo 1º de la Constitución, que a la letra dice: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece –cursivas mías–. 

El artículo 1º de la Constitución ha creado un vasto manto de tutela de los derechos humanos y los protege mediante el principio pro-persona, que dispone que al interpretar normas relativas a derechos humanos debe preferirse la interpretación que más beneficie a la persona y la interpretación conforme, según la cual la interpretación que debe preferirse es aquella que se ajuste a la Constitución y los tratados internacionales. (Un texto serio e ilustrativo sobre el principio pro-persona y la interpretación conforme es el del jurista José Luis Caballero Ochoa. 

Hay elementos para considerar que con la reforma a la ley de amparo se lastiman diversos derechos difusos, como el acceso a la salud, al medio ambiente sano o los derechos de los consumidores, previstos explícita e implícitamente en el articulado del texto constitucional (artículos 4, 6, 25, 26, 28, entre otros). 

El principio de relatividad del amparo conocido en México como la Fórmula Otero es de naturaleza individual y proviene del liberalismo del siglo XIX. Con la Constitución de 1917 se introducen, por vez primera en el mundo, los derechos sociales a la educación, a la propiedad y al trabajo y ha habido por fortuna un proceso evolutivo de la protección de derechos individuales, sociales y colectivos de esa fecha hasta ahora, que tiene su más amplia expresión en la reforma constitucional del 2011 y, por esa evolución, actualmente el principio de relatividad ha ido adquiriendo matices ante la emergencia de nuevos tipos de derechos fundamentales. 

Tercero, la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador incluye una adición al artículo 107, fracción II de la Constitución, que señala: “Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales”. Y para que no quede duda, un enunciado normativo muy similar se incluye también en la fracción X del citado precepto constitucional. La acción inconstitucionalidad es un recurso mediante el cual se busca impugnar la invalidez de normas generales que se consideran contrarias a la Constitución y la pueden ejercer sólo un número limitado y por determinadas materias de autoridades previstas en el artículo 105, fracción II de la Constitución. 

Y las controversias constitucionales son recursos a través de los cuales se impugnan normas generales que consideran inconstitucionales porque invaden la esfera competencial de un órgano o poder, de acuerdo con el artículo 105, fracción I constitucional. 

La suspensión temporal de leyes con efectos generales en la experiencia comparada es una atribución de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional en distintos países del mundo tenidos como modelos de desarrollo democrático y constitucional. Por supuesto, que debe quedar claro que la suspensión de leyes presuntamente inconstitucionales es la excepción, no la regla, al igual que en el amparo. 

En Alemania, por ejemplo, aunque el Tribunal Constitucional tiene atribuciones para suspender transitoriamente una ley, ello sucede siempre y cuando: a) Haya una alta probabilidad de que sea inconstitucional; b) Haya un daño irreparable si se mantiene la ley en sus términos y c) Hay un interés público que pondere que la suspensión tiene mayor relevancia que los efectos negativos de suspenderla. 

El caso de Alemania es interesante porque antes de suspender una ley, el Tribunal Constitucional considera si puede hacer una interpretación conforme a la Constitución y los tratados de esa normativa, lo que reclama un gran esfuerzo intelectual de quienes integran ese tribunal. 

Considero que el Congreso de la Unión debería mantener la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la suspensión de leyes con efectos generales, estableciendo criterios claros y específicos para su debida aplicación en tanto medida cautelar de excepción.

Pocas veces el resultado de una elección presidencial, como la que tuvo lugar el 2 de junio en México, había dado lugar a tantas reflexiones sobre la naturaleza del régimen político que dominará en el país a partir de la toma de posesión de la nueva presidenta el 1 de octubre. Brevemente resumidas, las especulaciones oscilan entre la continuidad de un régimen altamente ideologizado, con un partido hegemónico bajo el mando de la Presidencia, o un régimen pragmático dispuesto a defender intereses nacionales en el marco de una economía mixta fuertemente vinculada a Estados Unidos. 

El triunfo de la candidata oficial era previsible, no en balde el presidente López Obrador invirtió tantos recursos mediáticos y financieros en promoverla a través de todo el país. Lo que no era previsible era que la magnitud del triunfo obtenido profundizaría temores entre los círculos financieros, preocupados por la adopción de medidas contrarias a la certidumbre jurídica necesaria para querer invertir en México.

El lunes 3 la Bolsa Mexicana de Valores perdió seis puntos y el peso se devaluó 4%. Se trató de contener el daño anunciando de inmediato la permanencia indefinida del secretario de Hacienda y Crédito Público y el respeto absoluto a la independencia del Banco de México.

El hecho es que la mayoría calificada obtenida en la Cámara de Diputados y prácticamente asegurada en la de Senadores abrió la puerta para que se hagan realidad las reformas constitucionales que López Obrador anunció desde el 5 de febrero y había prometido llevar a cabo en el mes de septiembre, apenas tome posesión la nueva legislatura y antes de que traspase el mando a la nueva presidenta el 1 de octubre. Tal posibilidad comienza a diluirse, al menos temporalmente, después de un encuentro entre López Obrador y la presidenta electa que, después de tal encuentro, se refirió a un proceso de consultas y Parlamento Abierto que podrían prolongarse más allá del temido mes de septiembre.  

Después del beneplácito por la llegada al poder de una mujer por primera vez en México, la opinión pública internacional se ha desviado hacia las vicisitudes que tendrán lugar si las mencionadas reformas, en particular la relativa a la reforma del Poder Judicial, efectivamente ocurren. El momento es particularmente delicado por el interés en la relocalización de empresas, el famoso nearshoring, visto por muchos como oportunidad única para el crecimiento y modernización de la economía mexicana.

Entrevistas y declaraciones a medios de comunicación han puesto en evidencia la dedicación de colaboradores cercanos a Claudia Sheinbaum para elaborar propuestas destinadas a asegurar la llegada de dichas inversiones en condiciones que puedan combinar sus intereses económicos con la “prosperidad compartida”, término que se encuentra en el centro de la narrativa de la Cuarta Transformación.

La política exterior no tuvo un lugar sobresaliente durante la campaña electoral. El tema de política exterior y migración se abordó superficialmente en el último debate. Varios recordamos con pena ajena que a la pregunta de “¿qué hacer con el Instituto Nacional de Migración?” los tres candidatos se quedaron callados.

A pesar del evidente desinterés, el hecho es que la política exterior en el caso de México es fundamental para el futuro del país. Difícil o imposible entender a México sin tomar en cuenta su ubicación geopolítica y la profunda vinculación que lo liga con su vecino de norte. El 88% del PIB se deriva del comercio exterior, exportaciones e importaciones, que van o vienen, en su mayoría, de Estados Unidos. La actividad industrial, por ejemplo, en el sector de la industria automotriz, tiene lugar conjuntamente con su contraparte en Estados Unidos. La coordinación entre ambos es fundamental para llegar al producto final que se vende, principalmente, en el país del norte.

El comercio y la industria manufacturera es sólo una parte. Las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos representan 4.67% del PIB, la inversión extranjera directa es el 15% de la inversión privada.

A lo anterior cabe añadir los 38 millones de mexicanos y sus descendientes directos que viven en Estados Unidos, la diáspora más grande en el mundo en un país vecino. Su presencia es muy significativa por la influencia cultural, la importancia del español, costumbres y gastronomía que penetran cada vez más en la vida cotidiana de los estadunidenses.

Sin lugar a dudas, entenderse con Estados Unidos es uno de los retos principales de la presidenta electa, pero lograrlo no será fácil. La relación atraviesa momentos muy complejos, desavenencias difíciles de sortear que se amplifican cuando ocurren en momentos electorales. Dos de ellas ilustran la complejidad de la tarea: migración y seguridad.

Dos días después de haber felicitado a Claudia Sheinbaum por su triunfo, el presidente Joe Biden emitió un decreto ejecutivo que suspende el derecho de asilo siempre que el número de migrantes supere 2 mil 500 por día. Dado que dicho número ha sido superado casi cotidianamente en los últimos tiempos, el decreto afecta severamente el derecho de asilo o el otorgamiento de permisos de trabajo. Representa un giro histórico del Partido Demócrata que acerca a las políticas de Trump y deja muy atrás sus pronunciamientos iniciales, según los cuales Estados Unidos era un país de migrantes.

La decisión anterior provoca una crisis humanitaria de grandes dimensiones para quienes quedan atrapados en México, en albergues saturados, asediados por el crimen organizado, en centros urbanos que resienten la presencia de migrantes que posiblemente les quitan empleo y servicios sociales, atrapados en un sistema de transporte operado por el gobierno mexicano que los lleva, sin su consentimiento, de la frontera norte hasta el extremo sur de México, a Tabasco, donde se ha improvisado un gigantesco albergue.

Más serio aún es el tema de la seguridad que, al igual que gobiernos anteriores, el gobierno de López Obrador no ha logrado aliviar y aún menos resolver. Desde la perspectiva de la relación con Estados Unidos el tema es muy espinoso por los señalamientos de las agencias de seguridad, como la CIA y el FBI, en el sentido de que México no coopera lo suficiente para combatir la fabricación en México y el envío a Estados Unidos de fentanilo, la mortífera droga que cobra la vida de cientos de jóvenes estadounidenses todos los días. 

Entenderse con Estados Unidos es una tarea muy cuesta arriba que requiere bordar muy fino para encontrar el justo medio entre los sentimientos anti-Estados Unidos, fáciles de levantar en México, y la realidad que nos conduce inexorablemente hacia una América de Norte cada vez más integrada. Evitar la relación subordinada no se logra con narrativas ideologizadas defensoras de la soberanía. Se logra con planes estratégicos de convivencia, elaborados con extremo rigor, que den espacios a la cooperación y el distanciamiento cuando éste sea necesario para proteger, efectivamente, la soberanía nacional. ¿Podrá hacerlo Claudia?

La violencia contra mujeres en la política se incrementó en el último proceso electoral y hoy sabemos por la misma Xóchitl Gálvez, quien fue candidata a la presidencia, de actos machistas y misóginos que enfrentó de integrantes en su propia alianza partidista, a lo que se suma el presidente Andrés Manuel López Obrador quien cometió violencia política en razón de género contra la senadora.

La determinación contra el presidente de México fue informada este jueves 13 de junio, por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver que López Obrador sí cometió violencia política de género en contra de la candidata presidencial de la oposición con expresiones vertidas en las conferencias matutinas, conocidas como “Mañaneras”, realizadas el 3, 5, 10, 11 y 14 de julio, así como el 3, 7 y el 18 de agosto de 2023.

Sin embargo, el presidente no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, únicamente se le responsabiliza, de acuerdo con criterios establecidos por la Sala Superior del TEPJF.

Por ello, tampoco le fueron dictadas medidas de reparación integral, como la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE).

El mismo Instituto Nacional Electoral (INE) nos ha precisado que no toda la violencia política tiene elementos de género, pues en una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate y disenso, porque en ésta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. En este sentido, los siguientes criterios auxiliarán para identificar cuando la violencia política tiene componentes de género:

De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

El decreto de reforma de diversas leyes sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) fue publicado el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, lo que sentó las bases para definir el concepto, la identificación de conductas; las instancias competentes para su conocimiento, y los cauces legales para su atención, así como las sanciones para quienes la ejercen.

Además, es importante señalar que la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político a las Mujeres aprobado en la VI Conferencia de los Estados que formaron parte de la Convención de Belém do Pará, en Lima, Perú, en 2015 indica que la mayor participación política de las mujeres ha intensificado la violencia contra ellas.

El pleno del TEPJF consideró que aquellas expresiones en las que el titular del Ejecutivo Federal afirma que la denunciante obtuvo una candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político, sí actualizan los parámetros de la infracción.

Lo anterior, porque configuran violencia simbólica con objeto de menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos, con base en su carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos.

El Tribunal también responsabilizó la conducta a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social y vocero de Presidencia; Jessica Ramírez González, directora general de Comunicación Digital; Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento (ambos, adscritos a la coordinación citada), así como a Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) y a Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, pues estuvieron a cargo de la difusión del contenido infractor.

En su caso, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine lo que en derecho corresponda y se determinó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género durante un año y medio (SRE-PSC-200/2024).

Marko Cortés, líder del PAN

Hace un año por estas fechas surgió lo que se conoció como el “fenómeno Xóchitl”, líderes de opinión e intelectuales estaban con entusiasmo y se mostraban en favor del ascenso de quien sería la candidata opositora y quien enfrentaría a la heredera de López Obrador: Claudia Sheinbaum Pardo.

Pero poco a poco se revela la situación que enfrentó y a un año de distancia, Xóchitl Gálvez hizo público los momentos en que el recibió gritos de parte Marko Cortés, su aliado partidista del PAN en la coalición de la que formaron parte.

En entrevistas radiofónicas, la senadora del PAN, quien decidió retomar sus actividades legislativas en el senado de la República, sin preciar una fecha para su retorno, mencionó que uno de los primeros conflictos con el líder panista fue cuando le gritó dos semanas después del primer debate, que se desarrolló el pasado 8 de abril.

Narró la forma en como Marko Cortés, en una reunión, le reclamó y le dijo que todos los panistas ganan los debates y que ella «había sido un desastre», pero esto comentarios lo externó a “gritos», enfrente de todos, levantó la voz para exponer que había sido un pésimo el papel que había hecho en ese primer encuentro cara a cara con sus contrincantes de Morena y Movimiento Ciudadano. 

Desde su óptica, Gálvez no consideró que fue malo su desempeño en ese primer debate, pues se enfocó en el contenido, lo que sí reconoce como ciertas fallas, fue el hecho de cómo ver la cámara, lo que sí logró ya para el segundo encuentro con Claudia Sheinbaum y Jorge Álvez Máynez.

En su oportunidad y también en entrevista radiofónica, Max Cortázar, ex vicecoordinador de la campaña de Xóchitl, respaldó los dichos de la ex candidata presidencial, pues él al ser una persona cercana a ella pudo constatar cuando el dirigente panista fue grosero con la senadora, sobre todo en momentos difíciles de la campaña.

Un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria en cinco regiones, incluyendo América, descubrió que el 82% de las mujeres parlamentarias había experimentado violencia psicológica; el 67% fue objeto de insultos; el 44% fue objeto de amenazas de muerte, violaciones, palizas o secuestros; el 20% fueron víctimas de acoso sexual; y otro 20% son objeto de violencia en la oficina.

El texto añade que los medios de comunicación son el principal canal utilizado para ejercer violencia psicológica, como amenazas de violación o de secuestros de hijos y otros familiares, y que también son frecuentes los insultos sexistas y el acoso sexual.

La noche de la elección

Otro momento tenso entre Xóchitl Gálvez y Marko Cortés se vivió el mismo 2 de junio por la noche, luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, dio a conocer los resultados preliminares del conteo rápido que daban ventaja a la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y fue justo cuando Gálvez, a título personal, decidió comunicarse vía telefónica con Claudia Sheinbaum para felicitarla, sin saber que eso provocaría el enojo del dirigente panista y, por consiguiente, el reclamó por felicitar a su contrincante de Morena.

«Yo le dije: ‘hola Claudia, ¿cómo estás? Muchas felicidades. Reconozco tu triunfo, ojalá te vaya bien y ojalá puedas atender los graves problemas que tiene el país’. Marko se entera (de la llamada) por el discurso de Claudia, porque me dijo que le parecía inaceptable que yo hubiera felicitado a Claudia cuando había sido una elección de Estado», expresó Gálvez.

La legisladora del PAN relata que esta acción fue tomada de mala manera y con enojo por Marko Cortés, pues los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; del PRD, Jesús Zambrano, y el propio panista habían acordado fijar una postura consensuada.

Luego, en una reunión con miembros de la coalición opositora, Cortés alzó la voz literalmente para recriminar a Gálvez por esa llamada telefónica a Sheinbaum, al calificarla como un “acto indigno”.

“Marko Cortés se enoja, me reclama, con un tono alto. No sé si a los hombres les gusta gritar, pero se puede arreglar todo hablando tranquilamente. Me gritó, me dijo que era indigno de mi parte felicitar a Claudia (Sheinbaum, porque había sido una elección de Estado”, aseveró.

Ante esa situación, Xóchitl Gálvez no se quedó callada y defendió a toda costa la decisión que tomó de felicitar la noche del 2 de junio a Sheinbaum, cuando se enteró que los resultados eran irreversibles, al afirmar que en una democracia se gana y se pierde, por lo que tenemos que aprender a perder.

“Marko nunca entendió que ningún hombre me manda. Yo le dije que la decisión había sido mía en mi calidad de candidata. Uno de los asistentes le reclamó a Marko. Juan Pardinas, sí se puso feo, le dobló la apuesta”, indicó la política de Tepatepec, Hidalgo.

Gálvez Ruiz indicó que después de ese día no ha vuelto a entablar una conversación con Marko Cortés.

Ante esta situación, Marko Cortés quiso negar que le había gritado a Xóchitl Gálvez en ambas situaciones, pero su deslinde no fue tan convincente, cuando señaló que él habla de manera fuerte: “Yo no grito en ningún caso y en ninguna reunión, he tenido muchos procesos complejos y eso nunca ocurre, una cosa es hablar claro, fuerte y asertivo y otra gritar”.

También en entrevista radiofónica, el dirigente del PAN no sólo confirmó el fuerte reclamo que le hizo a Xóchitl Gálvez por llamar a Sheinbaum para felicitarla por su triunfo el pasado 2 de junio, sino que lo justificó, pues al tratarse de una elección de Estado, no se puede felicitar al contrincante, en todo caso reconocer que los resultados no le favorecieron.

Por eso, expresó que no estuvo de acuerdo con que la candidata opositora felicitara a la morenista, incluso lo calificó como “indigno” felicitar a alguien que no ganó a la buena.

La masculinidad

Mirar cómo se construye la masculinidad y cómo los estereotipos machistas siguen formando hombres, desde la niñez, es una forma de entender lo que vivió Xóchitl Gálvez Ruiz, como candidata presidencial, al enfrentar malos tratos del dirigente panista, Marko Cortés Mendoza.

Por ejemplo, la periodista Lucía Lagunes Huerta, en su columna del 19 de enero del 2023, titulada Los machistas se hacen, señala que en los años 90 la academia feminista indagó sobre la construcción del género en la niñez. Uno de los hallazgos, de este estudio, identificó que a los 7 años de edad, niñas y niños sabían qué papel tenían que jugar a partir de sexo con el que nacieron.

Las niñas identificaban que pertenecer al género femenino significa ser débil, bonita y llorar, por su parte los niños sabían que la masculinidad implica ser valientes, fuertes y poderosos y no es que lo supieran de la nada, sino que van siendo formados en su género, a través de un complejo proceso de socialización que, desde la niñez, nos marca. 

Pese a lo años que han transcurrido después de ese estudio y con la evidencia en la mano, en la esencia los hombres no han hecho grandes cambios, y es el caso del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en al menos 11 conferencias matutinas desde Palacio Nacional usó expresiones que pretendían descalificar y demeritar a Xóchitl Gálvez, a partir de reproducción de roles y estereotipos de género que históricamente le otorgan una superioridad a los hombres respecto de las mujeres.

La masculinidad violenta, es una construcción diaria desde que el mundo es patriarcal.

Un estudio realizado en 2006 en torno a los jóvenes mexicanos por la investigadora Elsa Guevara Ruizseñor, señala “que los cambios operados en la población de varones, ocurre especialmente en sectores urbanos, escolarizados y de jóvenes.

«Se trata de cambios que no obedecen a la voluntad individual o rasgos específicos de personalidad, sino que responden a complejos procesos psicosociales que involucran estructuras institucionales y condiciones personales que hacen posible la emergencia de nuevos referentes sociales de lo masculino, nuevas prácticas y formas de relación”.

El estudio plantea que la masculinidad “hace posible el acceso a diversas formas de capital derivadas del lugar que ocupan ciertos individuos por su condición de hombres y que amplía su campo de acción, su ámbito de decisión individual y sus oportunidades de poder, por tanto, no se trata de un atributo de los individuos, sino de las posibilidades de poder y los márgenes de acción que la sociedad les permite”.

En un panorama general de la violencia contra las mujeres en México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), constituye un elemento esencial para conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres de diversos tipos, ámbitos y etapas de la vida que, además, por la amplitud de la cobertura temática que proporciona y las prácticas internacionales a las que se apega, se ha convertido en un referente importante para otras oficinas nacionales de estadística en el mundo.

En 2021, en México vivían 128 millones de personas, 65.5 millones eran mujeres (51.2 %), de las cuales más de 50.5 millones (77.1 %) tenían 15 años y más de edad. En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.

La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %).

Mientras que, de octubre 2020 a octubre 2021, 42.8 % de las de mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia, la violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (29.4 %), seguida de la violencia sexual (23.3 %), la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (16.2 %) y la violencia física (10.2 %).

De acuerdo con dicha encuesta, 70 de cada 100 mexicanas de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Hace seis años, en 2016, la cifra era de 66 de cada 100. 

En sus resultados generales, la ENDIREH 2021 muestra que las principales violencias a las que nos enfrentamos las mujeres mexicanas a lo largo de nuestras vidas son la violencia psicológica (con el 51.6 por ciento) y la violencia sexual (con el 49.7 por ciento). Entre las otras violencias registradas por la encuesta se encuentran la violencia física, la económica o patrimonial y también la discriminación.

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Piden justicia por la muerte de una familia en el municipio de Pantelhó,  quienes fueron acribillados adultos, niños y mujeres, un total de 5 muertos la madrugada del pasado Viernes 14 de junio.

Los 5 cuerpos, fueron entregados a sus familiares la tarde del sábado, después de la necropsia de ley correspondiente en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) por lo que durante el velorio de este Domingo, las mujeres clamaron justicia, señalando a varias personas.

De acuerdo a la versión de la Fiscalía de Chiapas, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 horas, cuando los presuntos agresores llegaron al domicilio particular en el barrio Guadalupe, cabecera municipal de Pantelhó, y abrieron fuego contra la familia que aún dormía.

En su lengua materna Tsotsil, las mujeres quienes cubrían su rostro con chales, hicieron señalamientos de ex autoridades Municipales, estar relacionados con la muerte de las 5 personas, por lo que esperan que se haga justicia.

Ocho migrantes, entre ellos una menor de edad, que habían sido raptados en el estado de Veracruz fueron rescatados el viernes en medio de una balacera entre fuerzas de seguridad y los presuntos secuestradores, informó la Fiscalía estatal.

Los migrantes fueron localizados en una casa en la que estaban detenidos en el municipio de Tierra Blanca, indicó la Fiscalía en un comunicado, en el que no precisó sus nacionalidades.

En el operativo participaron elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y fuerzas estatales, desatándose un choque con los presuntos secuestradores. Cinco personas fueron detenidas y se incautó armamento, añadió la Fiscalía.

Veracruz es uno de los pasos obligados de los migrantes en su larga travesía hacia el norte de México. Hace algunos meses las autoridades localizaron a 371 migrantes en esa entidad, en su mayoría originarios de Guatemala.

En su tránsito por el territorio mexicano los migrantes suelen enfrentar infinidad de riesgos, desde extorsiones y secuestros hasta violencia de grupos criminales y cárteles del narcotráfico que operan en vastas regiones del país.

Algunos migrantes no logran culminar con éxito la peligrosa travesía. Así le ocurrió el jueves a una mujer localizada sin vida en el desierto de Samalayuca, en el estado norteño de Chihuahua.

Junto al cadáver se encontró un documento de identidad salvadoreño a nombre de Adriana Elizabeth Castellanos Ascencio, indicó la Fiscalía de Chihuahua en un comunicado. En investigaciones preliminares se determinó que la mujer murió de causas naturales, pero de todas formas el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, agregó.

Las autoridades llegaron al lugar tras recibir un reporte de que había una pareja de migrantes deshidratados en una carretera que comunica el municipio de Ahumada con la localidad fronteriza de Ciudad Juárez. Los dos migrantes, cuya identidad no se dio a conocer, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Hace dos meses las autoridades de Chihuahua rescataron con vida a cuatro migrantes, tres de ellos venezolanos y una colombiana, también en el desierto de Samalayuca, un área natural protegida a unos 50 kilómetros al sur de Ciudad Juárez y con más 63 mil hectáreas de extensión.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración anunció el viernes que en Tlaxcala fueron localizados 156 migrantes originarios de Ecuador, El Salvador, Colombia, Guatemala y Honduras. El grupo de extranjeros fue encontrado en una casa el jueves y fue puesto a disposición de agentes migratorios.

A mediados de enero las autoridades hallaron a 726 migrantes en un almacén de Tlaxcala. En lo que va del año funcionarios mexicanos han detenido a grandes grupos de migrantes tras los acuerdos a los que llegaron los gobiernos de México y Estados Unidos entre diciembre y enero para hacer frente a una enorme ola migratoria.

Periódico impreso edición No. 2896 del día 17 DE JUNIO del 2024. [Leer completo].

Las autoridades mexicanas detectaron 1 millón 393 mil 683 “personas en situación migratoria irregular” entre enero y mayo de 2024, quienes provienen de 177 países de los cinco continentes, informó este domingo el Instituto Nacional de Migración (INM).

En un comunicado, la institución detalló que de acuerdo con los procesos migratorios, 738 mil 270 hombres adultos transitaban solos, en tanto que 362 mil 979 eran mujeres adultas no acompañadas. Por separado se ubicó a 154 mil 291 adultos que viajaban en núcleos familiares acompañados por 135 mil 151 menores; mientras que menores no acompañados fueron identificados 2 mil 992.

Las personas extranjeras llegaron principalmente de: Venezuela (377 mil 401), Guatemala (209 mil 540), Honduras (144 mil 499), Ecuador (136 mil 699), Haití (107 mil 432), Colombia (70 mil 371), El Salvador (52 mil 636), Nicaragua (45 mil 364), Perú (28 mil 167), Cuba (27 mil 404), Senegal (20 mil 847), Guinea(19 mil 922), República Dominicana (16 mil 228), China (13 mil 780), Brasil (11 mil 058), Mauritania (9 mil 757), India (8 mil 914), y Angola (7 mil 037), entre otros.

Las personas extranjeras adultas no acompañadas fueron trasladadas a las distintas estaciones migratorias en donde se llevó a cabo su procedimiento administrativo migratorio y se resolvió en cada caso su situación de acuerdo a su circunstancia particular, según señaló la institución, “en estricto apego a lo establecido por las leyes correspondientes”.

Los núcleos familiares y los menores no acompañados, como lo establece la norma jurídica, se canalizaron para su atención a espacios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Los menores no acompañados eran originarios de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Colombia, Haití y Nicaragua.

El INM señaló que “trabaja y se conduce con apego a las leyes migratorias vigentes y en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el país”.

 Además advirtió que al ser rescatadas, dejan de estar expuestas a grupos delincuenciales y a los tratantes de personas migrantes, un grave problema común en diversos estados, principalmente del norte. Con información de Infobae.