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Sat, Apr
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Un transitorio a oscuras, como definió la oposición del Senado de la República, fue avalado en la Cámara alta para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permanezca en su cargo dos años más, es decir, Arturo Zaldívar terminaría su periodo cuando acabe el sexenio, en 2024.

“La persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, dice el transitorio que fue avalado por el pleno del Senado este jueves.

Además, se amplió el periodo de los consejeros de la Judicatura Federal nombrados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos años.

También, las consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026.

La propuesta del senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue avalada por el pleno del Senado, y luego, impugnada por la oposición, quien argumentó que no estaba informada de dicho transitorio.

Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, comenzó a gritar mientras se efectuaba la votación sin que se entendiera su reclamo.

Minutos después se supo que se trataba de la ampliación del periodo del presidente de la corte.

Ampliar el periodo del presidente de la @SCJN para poder controlar este poder, en un ejercicio totalmente opaco, es inaudito e imperdonable. Que les quede claro: no vamos a permitir esta aberración política.

— Dante Delgado (@DanteDelgado) April 15, 2021

“¡Nos están dando un albazo!”, gritó la panista Xóchitl Gálvez.

“Con esto el presidente de la República se está apoderando del poder judicial, se está violando la Constitución”, reclamó Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano.

El artículo 97 de la Constitución dice que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.

Sin embargo, con un transitorio este jueves la mayoría en el Senado dio un madruguete para intentar ampliar su periodo.

Damián Zepeda, del PAN, dijo que “si tomamos por válido el argumento de que un transitorio, de una ley secundaria, por mayoría simple puede cambiar el tiempo máximo que la Constitución dice que un funcionario puede durar en el cargo, mañana entonces un transitorio puede ampliar el tiempo que dure el presidente de la República”.

“Usted senador Damián es un polemista extraordinario, porque ya nos llevó a un plano que seguramente va a ser la nota, porque dirán: ‘Ah, es el inicio, el ensayo, para la ampliación del periodo del presidente de la República’. No es así”, respondió Monreal.

Mientras que Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, dijo que es “indignante” que sin concertación se lleve a cabo una decisión política trascendente para la división de poderes.

“Causa horror la aplicación de este ejercicio, son de las peores prácticas parlamentarias, no usadas por el propio decoro, por el viejo régimen. El presidente de la República ha dicho que no son lo mismo y con esto nos está demostrando que tiene razón, es peor que los peores presidentes que ha tenido México”, dijo Delgado.

Así, entre protestas de la oposición y letreros de “no sean gandallas”, el PVEM y Morena intentan que Zaldívar termine su periodo en 2024 y no en 2022, como marca la ley. Todavía falta que se apruebe en la Cámara de Diputados.

Con “albazo” @senadomexicano prolonga presidencia de la @SCJN #NoSeanGandallas pic.twitter.com/NDNCcWJoj7

En los primeros dos años de administración de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, adquirió tecnologías israelíes de espionaje masivo por 5.6 millones de dólares a la empresa Neolinx de México, que había vendido material de espionaje al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según un reportaje publicado hoy por la periodista Zorayda Gallegos en El País, diversas instancias de la FGR celebraron al menos cuatro contratos con Neolinx, y los pagó a través de una “partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional”, con clave 33701, la cual fue usada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado para comprar el spyware Pegasus.

El reportaje documentó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) celebró un contrato de 2.4 millones de dólares el 30 de mayo de 2019, por un “servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135.000 búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias”.

Según El País, este contrato amparó la tecnología de Geomatrix, que permite rastrear teléfonos que utilicen GSM / UMTS / 3G / 4G (LTE), y cuya promoción plantea: “La solución sigilosamente determina el estatus, la ubicación y el movimiento de los objetivos de interés, desde cualquier lugar en una ciudad o área hasta el país entero y más allá de las fronteras, localizándolos con alta precisión en tiempo real”.

Aparte, la Policía Federal Ministerial compró a Neolinx por 2.8 millones de dólares una “Echo Plataforma de consulta y análisis de datos masivos” desarrollada por la empresa israelí Rayzone, que proporciona a las autoridades información sobre usuarios de Internet.

Durante el sexenio de Peña Nieto, Neolinx fue una de las empresas que vendió tecnologías de espionaje a agencias del gobierno; en octubre de 2013, su dueño –Gilberot Enríquez-- indicó a la empresa italiana Hacking Team que trabajaba con Tomás Zerón de Lucio, el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en un proyecto para centralizar la red de espionaje de las fiscalías estatales.

Durante el gobierno de Peña Nieto, varias agencias de seguridad utilizaron las tecnologías de espionaje para intervenir los celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, como se exhibió en el escándalo conocido como #GobiernoEspía.

El presidente López Obrador ha afirmado en varias ocasiones que su gobierno ya no utiliza estas tecnologías intrusivas.

Aparte del reportaje de El País, el grupo de investigadores del Citizen Lab, con sede en Canadá, revelaron en diciembre pasado que, en lo que va del sexenio actual, al menos cuatro agencias mexicanas han usado tecnologías de espionaje telefónico de la empresa Circles –que fusionó con la empresa israelí NSO en 2014--, las cuales aprovechan fallas en el Sistema de Señalamiento 7 (SS7). Dos agencias, que Citizen Lab no pudo identificar, todavía las utilizan.

Por seis votos contra cinco, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo la sanción de pérdida de registro de Félix Salgado como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, por lo que el partido, que anunció que impugnará de nuevo, fue emplazado a designar a un sustituto en 48 horas.

La discusión de este caso quedó permeada por los amagos que hizo la víspera Salgado Macedonio de ir a las casas de los consejeros si no se le restituía la postulación, pero a éstos “nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas abiertas”, insistió el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“Al INE no lo lograron cooptar, tampoco doblegar, ahora, aunque sea tarde, les toca aprender a respetar”, advirtió el consejero Ciro Murayama, quien acusó que “el partido en el gobierno ha usado su poder” para descalificar al INE y ha amagado con llevarlos a juicio político, primero a dos, luego a cuatro, y ahora ya va contra siete consejeros.

El Consejo General del INE sesionó esta noche para acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la semana pasada revocó la decisión de pérdida de derecho a contender de Salgado Macedonio y ordenó a los consejeros revalorar el caso y establecer sanciones con gradualidad a la luz de los derechos, ya que quitar el derecho a una postulación podría resultar excesiva y desproporcionada, pues afectaría el derecho político de una persona a ser votada.

Al revalorar la conducta de Morena y del exprecandidato Salgado Macedonio, los consejeros concluyeron que éste mostró “falta de voluntad o disponibilidad” para cumplir la ley e incluso intentó engañar a la autoridad.

Así, la omisión al no entregar informe de ingresos y gastos de precampañas no sólo fue grave especial por afectar la fiscalización y la rendición de cuentas, sino que pudo haber constituido una violación a los principios de certeza, legalidad y equidad en las contiendas, destacaron.

Córdova estableció que, en su sentencia, el TEPJF ya fijó como verdades legales que Salgado fue precandidato, hizo precampaña, sí debió presentar informes y no lo hizo, lo que impidió fiscalizar ingresos y gastos.

Además, los magistrados ya establecieron que esa falta se cometió consciente de que era una clara violación a la ley, y el INE no violó el derecho de audiencia de ninguno de los quejosos.

En el documento avalado se valoró que Morena omitió entregar informe de gastos de precampaña y luego, el 28 de febrero y el 6 de marzo, Salgado Macedonio negó ante el INE la realización de actos de precampaña, rechazó ser precandidato y negó cualquier relación con los videos en su cuenta certificada de Facebook, en la que anunció su registro en el proceso interno de Morena y el inicio de precampaña.

Salgado tuvo oportunidad de cumplir y “se limitó simplemente a negar los hechos imputados, sin que de sus argumentos se advierta la voluntad de cumplir con su obligación de rendición de cuentas”.

El pasado 25 de marzo, cuando el Consejo votó por cancelar el registro a Salgado Macedonio, la decisión fue de siete consejeros en pro y cuatro en contra, pero ahora quien modificó su voto para que no se quitara al guerrerense de las boletas fue la consejera Norma de la Cruz, quien sólo habló de montos involucrados.

Votaron en contra de sancionar a Salgado los consejeros Martin Faz, Ucc Kib Espadas, Norma de la Cruz, José Roberto Ruiz y Adriana Favela.

Es “un auténtico exceso” y propicia una “afectación profunda a los electores dañando por completo” a los ciudadanos, estimó Espadas.

“No está acreditado” que los sujetos tenían la intención de incumplir; “por menos de 20 mil pesos se pretende aplicar la sanción máxima, pero no hay reincidencia, reiteración ni beneficio económico, no se afectó gravemente la rendición de cuentas ni se tuvieron consecuencias reales en la contienda electoral. Si la preocupación es (no sentar) precedente, la sanción debe ser severa pero no desproporcionada”, alegó Ruiz.

La consejera Adriana Favela se pronunció por sancionar sólo con multa de 200% los montos involucrados.

En el caso de Salgado Macedonio, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) halló que había realizado erogaciones de precampaña, al menos por 19 mil 872 en publicaciones de Facebook, por lo que se votó la pérdida de su derecho a ser registrado como candidato, misma sanción que se impuso a los precandidatos morenistas Adela Román y Pablo Amílcar Sandoval, en tanto que a Luis Walton se le sancionó con 217 mil 200 pesos de multa, pero sin pérdida del derecho a ser postulado.

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala explicó que ese monto involucrado no es el gasto total que se haya detectado o haya realizado Salgado Macedonio, sino lo que fue hallado en la fiscalización, que usa el método de auditoría de hallazgos, y por eso es que siempre se requiere que partidos y candidatos presenten informes de ingresos y gastos.

Este “no es un tema de montos involucrados, sino que hubo una resistencia a trasparentar gastos y no cumplir la ley”, advirtió la consejera. “No estamos en el tema de pesos, estamos ante una técnica de auditoría que encontró un monto, pero no es el que corresponde con la realidad”.

No podemos –agregó-- generar incentivos perversos en nuestra fiscalización a costa de derribar la rendición de cuentas, la transparencia, todos, porque en 2014 hubo una gran reforma en materia de fiscalización y “no podemos generar incentivos para que se violen las leyes y se valore que sale más barato violar la ley y pagar una multa”.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) puso fecha a la gira que realizará a Europa para extender los procesos de reflexión y análisis sobre cómo diferentes grupos organizados le han hecho frente a la desigualdad derivada del sistema económico y social capitalista.

En una misiva oficial enviada desde el corazón de las montañas del sureste mexicano, el subcomandante insurgente Moisés dijo que, como lo han explicado en diversos momentos, en los últimos 27 años, han construido alternativas independientes (autónomas) al Estado mexicano para acceder a la educación, salud, alimentación, justicia y gobierno, que represente sus intereses y responda a sus necesidades.

A partir del próximo lunes 26, representantes del EZLN iniciarán el recorrido hacia diversos países de Europa, empezando por España, para conocer otras experiencias.

La delegación que participará ha iniciado una cuarentena para garantizar que no sean portadores de covid-19.

En su comunicado “Camino a Europa”, dirigido a las personas, grupos, colectivos, organizaciones, movimientos, coordinadoras y pueblos originarios en Europa que esperan la visita del EZLN, Moisés mencionó que el pasado sábado 10 se concentraron en el “Semillero Comandanta Ramona” los zapatistas que forman parte del primer grupo de delegados en la “Travesía por la Vida, capítulo Europa”.

Esta es pues, una “delegación marítima”, apuntó.

Tras una pequeña ceremonia, según usos y costumbres de los pueblos originarios, el sábado 10 la delegación recibió el mandato de los pueblos zapatistas para llevar lejos el pensamiento rebelde, es decir, el corazón de los encapuchados.

“Nuestros delegados llevan un corazón grande.  No sólo para abrazar a quienes en el continente europeo se rebelan y resisten, también para escuchar y aprender de sus historias, geografías, calendarios y modos”, dijo Moisés.

El lunes 26, precisó, saldrán hacia a un puerto de la República Mexicana.  Llegarán a más tardar el viernes 30 y abordarán la embarcación bautizada como “La Montaña”.  

Durante dos o tres días con sus noches, permanecerán a bordo del barco, y el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, el navío zarpará con destino a las costas europeas, en un viaje que se supone tomará de seis a ocho semanas.  Se calcula que en la segunda mitad de junio estarán frente a las costas europeas.

Previo a esa partida, a partir del jueves 15, desde los 12 caracoles zapatistas, las bases de apoyo del EZLN realizarán actividades para despedir a la delegación que por mar y aire viajará a la geografía llamada “Europa”.

“Esta parte de la que hemos llamado ‘Travesía Por La Vida. Capítulo Europa’, los delegados zapatistas se encontrarán con quienes los han invitado para platicar sobre sus historias mutuas, dolores, rabias, logros y fracasos”. Hasta ahora, han recibido y aceptado invitaciones de: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Cataluña, Cerdeña, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estado Español, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, País Vasco, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

A partir de ese día, apuntó Moisés, el subcomandante insurgente Galeano publicará una serie de textos donde les platicará de quiénes forman la delegación marítima zapatista, los trabajos que se han realizado y algunos de los problemas que han enfrentado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, quienes refieren una intensificación en la detonación de armas de fuego provenientes del territorio de Santa Martha (municipio de Chenalhó), dirigidas en contra de poblados de Aldama. Esta situación ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y psicológica de los habitantes de la región.

Durante el sábado 10 de abril se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran prácticamente cada minuto; y que las agresiones se extienden a lo largo de 11 kilómetros que limitan a Aldama con el territorio de Santa Martha, dirigiendo los disparos contra “todas las personas que ven”. El día de hoy se continúan reportando disparos provenientes del territorio de Santa Martha.

Por lo anterior urgimos la intervención del Estado, a fin de evitar que más personas sean asesinadas o lesionadas por la violencia cometida por grupos armados, de corte paramiltiar que operan en la región, así como para asegurar un ambiente de paz necesario para el desarrollo pleno de los habitantes de ambas poblaciones.

Invitamos a la sociedad civil nacional e internacional a firmar la acción urgente y urgir al Estado mexicano intervenga en el presente caso.

El regreso a clases de forma presencial será gradual, voluntario y cuando el semáforo epidemiológico marque verde, reiteró una vez más la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Luego de entablar una reunión con la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), la dependencia recordó que, independientemente de todo lo anterior, los padres y madres de familia tendrán la libertad de decidir si llevan o no a sus hijos a los planteles escolares.

La SEP y la ANPAF coincidieron en que los padres que decidan no llevar a sus hijos a la escuela deberán apoyar la labor de los maestros desde casa, mientras que los padres que decidan llevarlos tendrán que ser responsables de aplicar y respetar las medidas de higiene y prevención.

En este sentido, la SEP recordó que ha establecido mecanismos de coordinación con las autoridades estatales para que estas contribuyan con insumos para sanitizar los planteles y garantizar que las escuelas tengan una infraestructura adecuada para un regreso a clases seguro.

Candidato amañados en Chiapas; vuelve Manuel Velasco Coello, para imponer sus condiciones

Chiapas se ha convertido en un verdadero chiquero, en el que el lodo lo reparte el cerdo mayor, por si no lo recuerda, el ex gobernador Manuel Velasco Coello, ése que en sus últimos días de gloria maniobró todo en 2018, con la ayuda del “cachanilla alquimista”, Amador Rodríguez Lozano, para que nuestro estado se alzara como uno de los primeros aportadores de votos para la causa de Andrés Manuel López Obrador y de refilón para los candidatos de su Movimiento de Regeneración nacional.

Todo un gran fraude en Chiapas, donde con el visto bueno de su compadre Enrique Peña Nieto, le dio toda la manga ancha para que desde la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde lo impuso como presidente, coordinara toda la operación electoral para favorecer al llamado “pejelagarto” tabasqueño, en su tercer intento por ganar la sucesión federal.

Hizo lo que se le dio la gana para acabar imponiendo candidatos de todos los partidos políticos, pero lo que más recuerdo es que hizo trizas al PRI, al apoderarse hasta de las posiciones, mediante el bloqueo total de sus aspirantes, tanto de diputados locales, federales, senadores y alcaldes.

Golpe bajo al tricolor que en 2012 lo hizo gobernador en alianza con el Verde Ecologista, al cerrarle la puerta para que no ocupara ningún escaño en el Senado, con la complicidad de los líderes del tricolor Enrique Ochoa Reza de julio de 2016 a mayo de 2018, y de René Juárez Cisneros, de mayo a julio de 2018.

Armado de todo un chiquero de este inquilino mayor, que hasta se daría el lujo de auto designarse gobernador con licencia para ocupar una curul en la cámara alta, tomar posesión como curulero, luego pedir permiso para regresar a “terminar su sexenio”, y volver a ocupar su espacio en el presupuesto legislativo.

Y como yo estoy acostumbrado a respaldarme en lo que escribo con hechos muy concretos, me parece importante recordar que en este cochinero organizado por el “güerito” corrupto, con la venia total de Peña Nieto, impondría a su lugarteniente Eduardo Ramírez Aguilar, como senador morenista, cual chaquetero de lo más corriente.

El autollamado “jaguar negro”, que suena como a apodo de sicario, que lo es actualmente de la política de la 4 Transformación, donde “el meme”, se ha encargado de encumbrarlo hasta las nubes pues por orden de AMLO fue nombrado presidente de la mesa directiva durante un año, y desde se deshace en elogios a su amo mayor López Obrador.

Chaquetero, porque siendo líder estatal del Verde y por consigna del “meme” Velasco Coello, despotricaba desde la tribuna pública partidista, contra el de Macuspana, calificándolo de mentiroso, demagogo y corrupto.

Lo mismo pensaba “Manuelito” como gobernador, pero se daría la transformación radical, una vez que “la mafia del poder” encabezada por Carlos Salinas de Gortari y con el presidente en turno Enrique Peña Nieto, decidieran darle la estafeta de la segunda alternancia a la “izquierda” que tenía como líder a López Obrador.

Vendría pues el cambio del cuento, al ordenarse no más ataques al tabasqueño y en cambio todo el apoyo partidista preferencia para Morena y sus tribus, el negocio del “peje” desde 2014.

Así como por arte de magia, AMLO es convertido en la máxima figura del firmamento político, en la que Velasco Coello se convierte en director de orquesta del chiquero, pues la jugada incluye al mismo PRI, para lo cual se destrozan en Campeche, los estatutos de militancia obligada para aspirantes a cargos de representación popular hasta presidente de la república, que abriría el paso a un candidato ajeno y desconocido, como lo fue el grisáceo José Antonio Meade Kuribreña, que nació para perder y para hacer comparsa al macuspanense.

Al que también le gusta que le llamen “zanja negra”, como si fuese miembro de alguna hermandad de malosos de su natal Comitán, donde el gran hacedor de vidas y haciendas, el famoso “tío Gil”, imponía a su gusto alcaldes y diputados con el poder de su dinero proveniente de fuentes perversas.

Ahí surgió a  la vida política “lalito”, como presidente municipal para colarse después y colgarse de los brazos del “manuel”, quien se convirtió en su padrino para que fuera diputado local, líder del Congreso y dirigente estatal del Verde.

Todo un saltamontes y más cuando de “crítico de crítico”, se volvería corifeo y vasallo incondicional de Ricardo Monreal Dávila, líder de los morenistas en el Senado, a quien por recomendación de Velasco Coello “le hace un buen trabajo”, el cual es observado por López Obrador, quien dispone releve al zacatecano como presidente de la mesa directiva que termina en octubre de 2021.

Cargo que ya se le hace agua la boca al en mala hora gobernador de Chiapas, que cometería el grave error de ordenar la grabación en video, de los momentos en que uno de sus colaboradores más queridos, David León, entregaba en tiempos de campaña, dinero en efectivo del presupuesto chiapaneco, a Pío López Obrador, hermano de AMLO.

Chantajista como siempre lo ha sido, Velasco Coello sería llamado a cuentas por López Obrador, para que explicara lo ocurrido, sin que le diera una razón convincente, como la de que el encargado de este tipo de grabaciones era su jefe de Oficina, el “doctor” trinquetero y por lo mismo uno de los más corruptos de su equipo, Ramón Guzmán.

Junto con Eduardo Ramírez Aguilar, también impondría como senadora a Sasil de León Villard, una chaparrita cara bonita buena para nada, que llevaría tatuada en la frente su nuevo establo, el de Morena y que de paso nunca ha podido comprobar el manejo fraudulento de más de 680 millones de  pesos del presupuesto asignado para el programa estatal de “empoderamiento de la mujer”, y que solamente sirvió para las pachangas organizadas por la ahora legisladora que le gusta salir en las fotos, ya no con “meme”, sino con el tocayo tabasqueño con complejos feudales.

Impunidad que defiende a capa y espada a la Sasil, que como premio ha recibido vacaciones de seis años en el Senado de la República, donde su presencia no va más allá de un cero a la izquierda, dada su incapacidad y poca inteligencia para la tarea legislativa, que le llegó gracias a su “papi manolo”.

Y es a tres años de su renuncia al gobierno del estado y a dos y media del actual, que el dinero encargado a Sasil para que lo aplicara a favor de acciones destinada a favorecer la participación de la mujer en la vida pública, no aparece, sin que al actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas, parezca interesarle ordenar una investigación a fondo, que de ser transparente obligaría a emprender un juicio político a la senadorcita y cómplices, para desaforarla y enfrentar una acción legal obligada que no dudo la puede llevar a la cárcel.

Nunca pensó “el meme” que acumularía tanto poder, que le permitiría imponer un cuarto senador, como Noé Fernando Castañón Ramírez, que de simple diputado local salta a la senaduría, con lo cual por primera vez en la historia política de Chiapas, el PRI quedaba fuera del Senado de la República.

Saña de Manuel Velasco Coello, para hundir al priísmo chiapaneco, al que como gran elector y con la ayuda del “cachanilla alquimista”, cerró todos los espacios en el Congreso y en las alcaldías.

Está de vuelta y de qué manera, una vez que la conveniencia de López Obrador ha dejado en paz en estos momentos electoreros, la afrenta propinada por Velasco Coello, al exhibir a su hermano Pío “recibir dinero para la causa” de la campaña presidencial en 2018.

Ha estado y está detrás de Jorge Luis Lllaven, el ex fiscal de Escandón Cadenas, para los “palomeos” de los aspirantes, en la puesta en práctica de un plan perverso que pretende fortalecer al mismo tiempo a Morena y el Verde, éste último para no pierda su registro nacional.

Es la democracia chiapaneca, donde no importa ser coche sino trompudo en el chiquero político lleno de lodo y estiércol.

SI NO QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO

Coartar todas las libertades a los mexicanos

AMLO evoca al priismo autoritario de los años 60s y 70s

Impugnan ante el TEPJF la candidatura de Llaven Abarca

La Ley Federal de telecomunicación es una iniciativa dictatorial que busca facilitar el espionaje de un gobierno que no puede esconder las señales claras de que avanza a una dictadura.

Es por ello, que muchos son los que han cuestionado el hecho que senadores de Morena y sus aliados del PRI, PAN, PRD y MC hayan aprobado, sin cambio alguno, la Reforma que impone a los usuarios de la telefonía celular la entrega de sus datos biométricos.

Con la aprobación de esa ley, México es el país número 18 que cuentan con este tipo de legislaciones, naciones que se caracterizan por ser régimen de corte autoritario, totalitario o dictatorial como Emiratos Árabes, China o Venezuela, por mencionar algunos.

En un Estado Democrático en donde la Carta Magna garantiza los derechos humanos, las libertades, pero sobre todo, el derecho a la privacidad, no puede existir una ley de esa naturaleza, porque coartan todas las libertades de los mexicanos.

Con todas mañas habidas y por haber, con todas las ventajas y con el agandalle -que le es característica- a Morena el partido del peor presidente que haya tenido México, Andrés Manuel López Obrador, es una nueva ley anticonstitucional como lo son la Ley de la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos  que aprueba el partido mayoritario, con la complicidad, de los senadores del PRI, PAN, PRD y MC.

De esa manera el presidente es como pisotea las leyes mexicanas, la Carta Magna, de ese tamaño es el desprecio del tabasqueño por los mexicanos, pues es sabido por todos, que lo único que le interesa el poder, eternizarse en el cargo y seguir metiendo a los mexicanos.

El presidente que desprecia las leyes, que es un traicionero por faltar a su compromiso de hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan, una vez más el tabasqueño atenta con los derechos de los mexicanos, pues dicha ley, es una peligrosa violación constitucional y de los derechos humanos elementales.

La enmienda a Ley Federal de telecomunicación es una iniciativa dictatorial que busca facilitar el espionaje de un gobierno que no puede esconder las señales claras de que avanza a una dictadura.

Lo cierto es que con la complicidad de senadores dizque opositores, avalaron la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con lo que no sólo cometen una traición a los ciudadanos que los votaron como opositores sino una traición de sus respectivos partidos y, sobre todo, una traición a la Constitución.   

Estamos en manos de puros bandidos, de la 4T, puros corruptos que solo piensan en ellos, menos en el pueblo, porque es una ley que obliga a todos los usuarios de telefonía celular a entregar sus datos biométricos, que  es inconstitucional, y la única esperanza que nos queda es que la Suprema Corte la invalide porque viola todos nuestros derechos. Así de claro.

La militarización no conlleva eficiencia, pero sí un tremendo peligro, Batra

Es muy cierto lo que afirma José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), cuando asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador, es “un gran impostor” en la defensa de derechos humanos y acusó que en su sexenio las cosas siguen igual que en los tiempos de Felipe Calderón y enrique Peña Nieto.

Pero hay quien a López Obrador, lo dibuja mejor que cualquier caricaturista, nada menos que el intelectual Roger Batra, el también sociólogo

mexicano que publica “Regreso a la jaula”, un libro donde describe al presidente de México como conservador ante fenómenos como el feminismo, la moral o la economía y un manejo político que evoca el “priismo autoritario” de los años sesenta y setenta

Antes, hace más de tres décadas, en La jaula de la melancolía, el intelectual hizo del ajolote una metáfora crítica de la identidad mexicana, un ser atrapado en esa nostalgia por regresar a una patria mítica perdida.

El ajolote, una especie de renacuajo gigante que habita el valle de México, es un anfibio que ha fascinado a los biólogos por su capacidad de regeneración: lo mismo regenera una parte de su cola o una pata cortada, que una porción dañada del cerebro o del corazón.

Es un animal, describió el antropólogo mexicano Roger Batra, “pasmado y concentrado en la regeneración de sí mismo” que es “incapaz de escapar de su estado larvario”.

En su nuevo libro, Regreso a la jaula (Debate, 2021), el autor retoma esa metáfora para describir el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Hay un intento de regresar al viejo nacionalismo revolucionario, autoritario y extremadamente corrupto″, sostiene Roger Bartra.

En la presentación virtual de su obra, del pasado miércoles, que tuvo como comentaristas a la activista María Elena Morera, al excandidato presidencial Ricardo Anaya, al perredista Fernando Belaunzarán y al exsubsecretario de Educación, Gilberto Guevara Niebla, Roger Bartra acusó al gobierno federal de canalizar arbitrariamente, de manera masiva, fondos a población pobre para generar una clientela electoral.

Bartra calificó al gobierno de la Cuarta Transformación de “retropopulista y reaccionario”, que carece de ideología en tanto que el populismo se adapta a muchas ideologías y pepena ideas por todos lados, “pero es esencialmente una forma de cultura política que tiene una larga tradición en México y de ahí su impulso, su fuerza y su peligro”.

Advirtió que López Obrador es un gobierno “retropopulista” que está militarizando al país, provocando que el Ejército invada funciones civiles, lo que es realmente “aterrorizador”.

Dijo que esta administración tiene como objetivo una restauración de lo más podrido del régimen de los años 60 y 70, y del priismo del siglo pasado, en donde predominaba la falta de libertad de expresión y había una intensa represión.

En la presentación de su nuevo libro Regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador, afirmó que estamos ante un verdadero desgobierno, con instituciones al borde del colapso y en el que la militarización es presentada como una solución a ese desorden, lo que es riesgoso porque “la militarización no conlleva eficiencia, pero sí un tremendo peligro”.

Por sus antecedentes criminales y pistolero a sueldo

Llama la atención que Jorge Luis Llaven Abarca haya sido postulado por el Partido Morena a una diputación federal.

Que esperan los chiapanecos de este individuo como representante “popular”, cuando todos sabemos de su negro pasado como policía, al servicio de la mafia del poder como Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello.

Es un secreto a voces que por lo menos un centenar de organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos exigieron a finales del 2018 la destitución de Jorge Luis Llaven Abarca, como nuevo fiscal de justicia para Chiapas, nombrado por el gobernador actual y ratificado por el Congreso del Estado.

Contra Llaven Abarca pesan en su contra distintos casos de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y actos de tortura.

Las organizaciones civiles encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en su momento su preocupación ante dicho nombramiento de Llaven Abarca como Fiscal General del estado de Chiapas justo el 10 de diciembre, en el marco del 70 aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.

Llaven Abarca renunció al cargo para buscar una diputación que lo salve de ir a la cárcel por los delitos antes mencionados.

Una de las víctimas de Llaven Abarca como Fiscal del Estado fue el abogado y luchador social, Horacio Culebro Borrayas, a quien la Fiscalía le inventó cargo para encarcelarlo en el Amate, que gracias a las habilidades en derecho, pudo regresar a la libertad.

Pero hoy nos comenta el amigo Horacio que se encuentra en espera que el Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a la resolución de la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde obliga al INE, a resolver su impugnación en contra de Jorge Luis Llaven Abarca, que se tendrá que resolver a más tardar en cinco días, a que reciba el expediente de la sala.

Por lo tanto, dice Horacio Culebro esperamos que se actúe conforme a derecho, y al igual que nosotros esperamos que se le haga justicia, porque Llaven Abarca abuso del poder, estaba a la orden de los mafiosos de Juan Sabines y Manuel Velasco.

Pienso como Horacio Culebro, Jorge Llaven no tiene derecho a ser legislador, menos por sus antecedentes criminales. Ojalá que las autoridades electorales eliminen a este engendro del mal y así salvar a los chiapanecos de ser representados por un “pistolero” a sueldo.  

Del Montón

A propósito del albazo y gandallismo, en el Senado por parte de Morena y sus complices del PRI, PAN, PRD y MC, ante alargue de presidencia de Zaldívar en SCJN, el Licenciado Manuel Blanco Urbina, defensor de derechos humanos, se pregunta qué está pasando en el Senado de la República? Hoy se aprobó una reforma por la que se amplía por dos años más la titularidad del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así de fácil, así de sencillo. Acusa. Blanco Urbina dijo que es muy importante que los Senadores y Senadoras opositores a esta reforma, expresen a la Nación que paso y por qué paso este albazo legislativo. Procedan a denunciarlo al Pueblo y que el Pueblo entienda lo que está pasando en el Senado de la República, y actuemos en consecuencia. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo y recuerde #NIUNSOLOVOTOPARAMORENA. 

Quién puede calificar el manejo de la pandemia

Debe ser de criterio académico; no ideológico

Creo que el gobierno del presidente López Obrador no ha comentado y menos respondido a un “informe” (o mejor dicho enjuiciamiento), en torno al manejo “renuente” de la pandemia, divulgado por la Universidad de California en San Francisco, que pone barrida y trapeada a la administración del tabasqueño en materia de salud pública.

Perdón, pero tal documento más parece elaborado por ideólogos del PAN que por expertos de una Universidad, en quienes debe prevalecer la temperancia en juicios de valor.

Advierten los autores del “informe”, todos empleados del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la UCS, que la “renuencia” de México, de López Obrador, obviamente, a gastar dinero, realizar más pruebas, modificar la estrategia, o reaccionar ante nueva evidencia científica, contribuyeron a que el país (México) fuera uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias estadounidense, Prensa Asociada (AP), en opinión de los “expertos universitarios”, que analizaron la estrategia mexicana de manejo de la pandemia de covid-19, México habría tenido una cifra de muertes significativamente menor (a este jueves 15 de abril, la Universidad Johns Hopkins tenía registrados 210,812 fallecimientos en México), si hubiera actuado ante la crisis sanitaria como el promedio de los gobiernos.

Sin embargo, la cifra “real”, no registrada oficialmente y mucho menos atribuida a alguna fuente o una metodología de cálculo, según el estudio de la UC, es de unos 330,000 fallecimientos. Quiero saber de dónde obtuvieron esta cantidad. Hace falta una explicación científica, matemática, de cálculo. Simplemente así, sin fuente, más parece una invención de reportero volador.

Los “matemáticos” de la UC en San Francisco suponen que algunos errores cometidos por las autoridades mexicanas serían el hecho de que no hayan recomendado el uso de cubre bocas, implementado restricciones a los viajes, proporcionado suficientes pruebas y equipo de protección, ni establecido medidas de distanciamiento social. Jamás hablan de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos frente a un peligro grave como podría ser una epidemia. El gobierno es el culpable. “Decisiones clave sobre cómo enfrentar la crisis de salud se basaron en supuestos injustificados, sin una evaluación suficiente de los riesgos que entrañaban dichos supuestos”, concluye el informe, que acusa al gobierno mexicano de una concentración excesiva de la autoridad, por supuesto que en manos del doctor López-Gatell, así como “una campaña gubernamental que priorizó mantener las apariencias y la política partidista antes que la salud”.

El “estudio” así, parece dictado por alguno de los ideólogos extremistas del Partido Acción Nacional. De investigación académica tiene lo que tiene la plataforma política y los documentos “doctrinales” del partido albiceleste.

Los autores del “análisis”, con todo, pueden tener toda la razón en sus apreciaciones, en torno al manejo de la pandemia por las autoridades de la secretaría de salud, pero la duda intriga en el momento en el que toman partido y acusan al gobierno de López Obrador de “populista” irresponsable, sin explicar qué significa la palabra “populista”.

(En su concepción, lo mismo tendrían que afirmar de su gobierno, de Donald J. Trump y, ahora, de Joseph (Joe) Biden, pues el manejo de la pandemia en Estados Unidos ha sido uno de los peores. Al miércoles por la noche ya contabilizaban más de medio millón de muertos, que seguramente crecen de acuerdo con “la (críptica) metodología aritmética” de los “académicos” de San Francisco.

Aseguran por ejemplo que “no es una coincidencia que los países con el peor desempeño, en su respuesta a la pandemia de covid-19, tengan líderes populistas”. (Qué entienden por populismo, por “líderes populistas”. Tienen que explicarlo, porque sus presidentes republicanos (extrema derecha) y demócratas (no creo que Biden sea de izquierda) podrían también ser calificados de populistas. Y vaya que ese “populismo” mata gente de color en las calles, o invade naciones e impone dictadores.

Gobiernos de extrema derecha como el de Estados Unidos o el de Brasil no han tenido muy buenos resultados en la contención de la pandemia, como dije más arriba. Los “universitarios” de San Francisco acusan a los gobiernos “populistas” de minimizar la gravedad de la infección (ellos escriben afección, palabra que no tiene nada que ver con infección), desalentar el uso de mascarillas, dar prioridad a la economía en lugar de a salvar vidas, y negarse a unir fuerzas con sus oponentes políticos para desplegar una respuesta coherente”.

De verdad, creí que este “informe” de la Universidad de California era un ejercicio académico serio, de análisis científico (no con el método de Marx, por supuesto, que es el más acertado, pero académico), por cierto, avalado por la OMS. Pero, lamentablemente, sus autores lo elaboraron con intenciones políticas facciosas y aparecen como portavoces de la derecha más recalcitrante, que se cubre con el velo de la academia. Parece más bien un panfleto distribuido por FRENAAA, o Va por México.

Pie de imagen:

Mural de Sergio Morelos (Applezman), en homenaje al personal médico que está en la primera línea de lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, en CDMX

Bloqueos carreteros, pan de todos los días en Chiapas

Si bien no es un asunto nuevo, los bloqueos carreteros en Chiapas, principalmente en la vía entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, se han vuelto más recurrentes que de costumbre durante los últimos días. En lo que va del mes se han registrado al menos dos bloqueos por semana, complicando gravemente la comunicación entre ambas regiones de la entidad.

Apenas este miércoles una manifestación en el acceso oriente de San Cristóbal impidió por varias horas el ingreso de las vacunas a la ciudad para la aplicación de la segunda dosis contra la Covid-19 a los adultos mayores. Y este es sólo el ejemplo más reciente de las consecuencias económicas, de movilidad y turísticas provocadas por un problema que crece sin mayor obstáculo.

Para quienes diariamente recorren por las carreteras de la entidad no es un secreto el alto riesgo que implica transitar por algunos puntos y zonas de la geografía chiapaneca perfectamente inidentificables. Se trata pues de esos oasis de anarquía, violencia e inseguridad plena en que muchas zonas y carreteras de la entidad se han convertido con el paso de los años.

Y no es una exageración. Las historias sobre bloqueos, asaltos carreteros y hasta prácticas tramposas para provocar “accidentes” que obliguen a detener vehículos para luego asaltarlos son recurrentes. Tampoco se trata de generalizar. Existen por supuesto carreteras y autopistas bastante seguras en el estado; sin embargo, los focos rojos se han crecido durante años sin que mucho se haya hecho al respecto.

Los casos de las zonas Altos, Selva y Fronteriza de Chiapas son indiscutibles. Estas áreas geográficas se han convertido en “tierra de nadie” donde los asaltos, la violencia y la muerte son fantasmas permanentes. De acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas registra un promedio de 200 asaltos carreteros anuales.

Tan sólo en 2016 esta cifra alcanzó los 336 ilícitos. Más del 90 por ciento se realizan con elevados niveles de violencia, provocando decesos cuyos datos no se precisan. Entre 2015 y 2018 la incidencia de asaltos carreteros en Chiapas registro el repunte más alarmante con un aumento del 57 por ciento, siendo las carreteras de Palenque – Ocosingo y Ocosingo – San Cristóbal de las Casas las más peligrosas de la entidad.

En abril de 2018 la noticia sobre el asalto violento a un camión con 25 turistas alemanes escandalizó a la prensa nacional. Poco tiempo después se registraron casos en el municipio de La Trinitaria, donde un camión de la OCC fue también asaltado con lujo de violencia, además de lo sucedido en Tapachula a un empresario yucateco que fue retenido y baleado por negarse a entregar sus pertenencias en una carretera de la zona fronteriza chiapaneca.

La carretera entre Tuxtla y San Cristóbal se ha convertido en el “manifestódromo” por excelencia de los últimos años, con todo y la toma persistente de las casetas para el cobro violento de peaje. La falta de alternativas pacíficas para obtener solución a sus demandas y la efectividad demostrada por este tipo de manifestaciones han incentivado una práctica recurrente que debe enfrentarse con absoluta inteligencia y legalidad para poner orden a un problema que no puede seguir fuera de control… así las cosas. 

Los peligros del estiaje

El uso del fuego para “limpiar” lotes baldíos en ciudades y poblados es una práctica nociva para el ambiente y para la salud de la gente. 

En el campo, concretamente en: las parcelas agropecuarias, el uso del fuego para eliminar la yerba y los matorrales genera a menudo catástrofes ambientales.

Esas quemas  en el menor descuido se conviertenr en incendios forestales que terminan en un desastre.

Las ráfagas de viento transforman cualquier fuego en una gran amenaza para el ambiente y también para la salud pública.

Durante la época de estiaje es común ver quemas agropecuarias en muchos municipios del estado, que en un descuido- aunado a una ráfaga de viento-  arrasan cientos de hectáreas de pastos, arbustos, yesca, renuevos y arbolado adulto.

Las partículas suspendidas de incendios, quemas y limpias de lotes baldíos contaminan el aire.

En tiempos de la pandemia del #COVID19 -  que afecta las vías respiratorias- es necesario procurar que  la cultura del fuego quede prescrita en Chiapas.

La roza, tumba y quema empobrece los suelos, es propia de una agricultura itinerante que está  relacionada con la degradación de los suelos. 

La fertilidad de la tierra termina por empobrecerse y con ello el destino de los agricultores.

Existen métodos distintos para hacer más fértil la tierra como la agricultura de conservación, la cual incorpora los rastrojos al suelo para tener mejores cosechas que se traduzcan en bienestar para el campesino y su familia. 

Esa es la alternativa que promueve el gobierno local para dejar a un lado el fuego y eliminar sus peligros para la riqueza natural de Chiapas.

Usar la tumba, roza y quema resulta- en estos tiempos - una gran irresponsabilidad, porque se atenta no sólo contra el ambiente y la salud pública, sino también contra la misma existencia de todos los habitantes de la entidad.

Se impone en estos tiempos la cultura de la cultura de la prevención.

Hay que actuar de forma responsables ante los peligros de la temporada de estiaje y de altas temperaturas;   donde el material combustible abunda, hay que ser previsores.

Eso empieza desterrando la cultura de fuego,  porque los beneficios de cuidar el medio ambiente son para todos, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

No se deb permitir que la  riqueza natural se convierta en humo, carbón y contaminación.

En fin

BALCÓN. Ayer, el  Senado  de la República aprobó reformas al Poder Judicial de la Federación y se 

 expidió la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, informó - en un comunicado de prensa-  la aprobación de las modificaciones a las leyes secundarias en materia del Poder Judicial,  donde  destaca la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial. El senador chiapaneco señaló que, con las reformas aprobadas se busca el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso, el hostigamiento, los sobornos, que permita lograr un Poder Judicial más fuerte, más independiente, con estándares de excelencia y honestidad. 

“Nuestro compromiso -dijo Ramírez Aguilar- es legislar por una justicia al alcance de todos, expedita, sin tráfico de influencias, ni compra de autoridades judiciales, porque todos los mexicanos somos iguales ante la justicia”La nueva Ley Orgánica reformará la vida institucional del Poder Judicial, mientras que la Ley de Carrera Judicial será de beneficio para todos los jueces, magistrados, secretarios, en su formación y actualización de funcionarios, señaló el legislador federal.

Algunos otros aspectos que se modificaron fueron la Ley de Amparo; Ley Reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución; Ley Federal de Defensoría Pública; el Código Federal de Procedimientos Civiles; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado...Eso es todo

EL DARDO.Ayer en su visita a la colonia San Pedro Progresivo de Tuxtla Gutiérrez, el candidato de la alianza Va Por México a la diputación federal correspondiente al distrito electoral 09 de Chiapas, Emilio Salazar Farias,  llamó a los ciudadanos a confiar en la alianza PRI-PAN-PRD, que es hoy la única alternativa real para formar un contrapeso en la Cámara de Diputados, frente a una mayoría que no escucha opiniones diferentes, alimenta la animadversión, y se estancó en un protagonismo sin sentido que  no le permite admitir errores ni corregir el rumbo, mientas la economía se hunde.

En el contexto de las elecciones que cerraron la primera década del siglo XX, Francisco I. Madero publicó La sucesión presidencial en 1910, un libro que para su tiempo hizo furor, como lo demostró el haber agotado la primera edición en unos cuantos meses, apoyado por la prensa independiente y por el favor que le hizo el presidente dictador Porfirio Díaz al formular el comentario sobre la obra: “Madero ha soltado el tigre”.

El libro se propuso llegar al público al que se dirigía: los ciudadanos con vocación política, deseosos de un cambio. En seguida se convirtió en una de esas obras que dividen la realidad en un antes y un después. Dejó una huella indeleble e influyó en la cultura política de los ciudadanos y del gobierno (tanto el dictatorial como el revolucionario que venía), al conceptualizar la idea de democracia y la necesidad de organizarse en partidos para alcanzarla. Charles C. Cumberland opinó: “Sólo en raras ocasiones una obra literaria, producto del pensamiento de un hombre, puede cambiar el curso de una nación”.

Juárez y Madero: ‘Cara o cruz”

El libro resultó de gran interés porque Madero, al analizar el Estado (la cosa pública, como le decían en su época) desde una perspectiva seria, denunció un régimen que había agotado sus posibilidades políticas, había llegado al círculo vicioso que impedía el relevo del grupo gobernante que, anquilosado en sus privilegios y convencido con prepotencia en su trabajo, carecía de la capacidad para quitarse el lente del pasado que distorsionaba su presente.

Resulta imposible no establecer un parangón entre lo que sucedía hace 110 años y el tiempo electoral que da lugar a tantos conflictos, asesinatos de políticos y distorsiones de todo tipo, ignorando los avances que se alcanzaron con tanta dificultad, en un camino de sobra conocido de una transición democrática que lleva un siglo sin llegar al objetivo buscado. Después de la Revolución fue construyéndose la hegemonía de un partido, que en sus mejores momentos mantuvo al país en paz y logró un crecimiento económico sostenido. Su organización política dio lugar a la negociación entre grupos para eliminar sus diferencias. Todo ello fue posible en la medida en que los aparatos de los trabajadores sindicalizados y del campo apoyaron ese sistema, lo mismo que las clases medias y los poseedores de los grandes capitales. Mantuvo la hegemonía por haber conseguido el consenso de la sociedad.

Sin embargo la política no lo es todo, y lo social, debido a la desigualdad económica, se convirtió en el punto débil que aderezó una corrupción que al paso de los años se acrecentó.

Ahora, con lo que se anuncia como las elecciones más grandes de nuestra historia –debido a los cargos que estarán en disputa, sumando más que en ninguna otra–, habría que recordar lo esencial de la democracia que guio a Madero en su denuncia contra el régimen de una autocracia inamovible que había durado 30 años, pugnando por los puntos siguientes:

1. Contra la reelección, porque la permanencia de Porfirio Díaz en el poder había convertido un régimen liberal en dictatorial y, por lo tanto, debía ser abolido.

2. Fue fuerte su crítica al militarismo porque Madero, como ávido lector, hizo en su libro un recuento de la historia nacional para alegar que la base de todos los males que padecía el país al término del siglo XIX encontraba su explicación en el militarismo, surgido desde la conquista española, y su secuela de dominación del suelo mexicano por tres centurias. Él pensó, como en efecto sucedió, que con la presidencia de Benito Juárez se dio un fuerte golpe al militarismo y se aseguró así la existencia de un sistema federal representativo.

3. También se pronunció contra las ambiciones de los caudillos, que representaban el mayor problema, con un poderoso ejército con gran gravamen para la nación.

4. Arremetía igualmente contra el Congreso, retomando una idea del Plan de la Noria, donde “...una mayoría regimentada por medios reprobados y vergonzosos, ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los diputados independientes y convertido a la Representación Nacional en una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo”.

5. Criticaba asimismo la debilidad de la Suprema Corte de Justicia; influida por el gobernante y las autoridades ilegítimas que saqueaban las rentas federales, descuidaba su función de garantizar los derechos humanos y los principios democráticos.

Esos puntos marcaban el itinerario necesario para alcanzar su propósito para instaurar la democracia en México. Por qué se invoca tanto a Madero y el libro que dio lugar a las leyes para el tránsito político que se buscaba y que se traiciona ahora desde su primer mandato: la no reelección. Y es que la avidez de los políticos ha establecido su vigencia desde hace tiempo, valiéndose de todas las artimañas posibles para lograrlo, como ese eufemismo tan usado de las “licencias”, debido a que los cargos de elección popular, es decir, mandatados por el pueblo, no son renunciables, según la ley. Es difícil encontrar un político que no haya recurrido a esa artimaña para mantenerse constantemente en el poder y hay casos en que los vemos brincando de una posición a otra por décadas. Y para colmo, la actual reelección fue una consigna apoyada por los pensadores y analistas políticos ignorando la historia de México. Se logró así validarla, aunque no en el caso de los gobernadores y del presidente de la República pero, tal como Madero lo vio, una cosa llevaba a la otra. Abierto el camino, qué hace falta para que México se encuentre de nuevo como en los tiempos de Porfirio Díaz o del periodo de inestabilidad al que llevó la intentona reelec­cionista de Álvaro Obregón.

Ya estaba en las páginas del libro de Madero lo que la teoría clásica ha transmitido desde la tradición aristotélica del gobierno del pueblo y de todos los ciudadanos hasta llegar a la republicana y el equilibrio de poderes, porque como afirmó Montesquieu: “Ningún poder sin límites puede ser legítimo”. El Estado está obligado a aceptar la ley, por lo que no tiene legitimidad para hacer cualquier cosa y “sólo el consenso y el respeto al derecho otorgan a la fuerza la necesaria legitimidad”. Pero el Congreso en funciones, contrariamente a lo que se suponía el de un gobierno dispuesto a seguir los postulados del maderismo, no sólo elude el equilibrio de poderes, sino que actúa sin la legitimidad que emana del pueblo que llevó a diputados y senadores a sus cargos, porque no escucha su voz y dejó de representarlo para actuar en la lejanía, de acuerdo con sus intereses particulares, contrariando lo que redundaría en beneficio del conjunto de la sociedad.

Aun es tiempo de evitar caer en la crítica que Madero dirigía al presidente Díaz quien, según él, había violado la ley para seguir con sus planes. Lo que trajo como resultado en toda la nación el desprestigio de la ley, “que todo el mundo interpreta según su conveniencia, y que el disimulo sea considerado como una forma de cortesía, como una cualidad indispensable para prosperar en estos tiempos; con lo cual ha desaparecido la idea que debe tenerse del honor y la dignidad…”

También su oposición a la política centralizadora fue contundente y fue palanca de esa postura; la forma como el antiguo régimen golpeó la oposición en los estados de la República recordaba el sometimiento de los indios yaquis y mayos en Sonora, los mayas de Yucatán, los conflictos de los trabajadores en Puebla y Orizaba. Se detuvo particularmente en lo sucedido en Monterrey, sede de muchos de los negocios de la familia Madero, y en Tomóchic, que generó una pequeña guerra en las serranías de Chihuahua que dio lugar al título homónimo del libro de Heriberto Frías. Y un punto que se enlaza con estos casos, debido a la actividad de los periodistas, fue el de ofrecer una de sus dedicatorias a la “Prensa Independiente de la República”, por lo que consideró su “vigorosa reacción” de esos hombres libres para luchar en favor de la democracia.

Madero tituló uno de sus últimos capítulos con la frase: “¿Estamos aptos para la democracia?”, y parece increíble que a más de 100 años continúe siendo una pregunta válida, porque aunque han sido muchos los avances logrados, pareciera que los mexicanos estamos siempre dispuestos a volver atrás, sin capacidad para acumular las experiencias vividas y, por extraño que resulte, nos negamos a pensar en el futuro.

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El alcalde interino de Las Margaritas, Roberto Alfaro, fue raptado por indígenas tojolabales de la comunidad González de León que reclaman obras para ese lugar ubicado en Las Cañadas.

Esta mañana, decenas de indígenas tojolabales irrumpieron en la alcaldía para llevarse a Roberto Alfaro, que se encuentra en el cargo en lugar de Jorge Luis Escandón Cadenas, que del PRD saltó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en un intento por reelegirse en el cargo, en las elecciones del mes de junio.

Hace un año y seis meses, Escandón Cadenas fue arrastrado frente a la alcaldía por un grupo de indígenas tojolabales de la comunidad Santa Rita El Invernadero, que reclamaban obras para esa comunidad, al momento que intentaron llevarlo cautivo hasta ese lugar ubicado en la Selva.

Esta mañana, los tojolabales de González de León sorprendieron a Roberto Alfaro cuando se encontraba en la presidencia municipal, desde donde fue sacado para lugar ser obligado a subir a una camioneta.

Junto a Alfaro fueron llevados dos agentes de la Policía Municipal y al menos cuatro funcionarios más, pero seguidores de Escandón Hernández consiguieron capturar a seis tojolabales de González de León, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Durante el momento que los inconformes ingresaron en la presidencia municipal, causaron destrozos en ventanas, puertas y quemaron algunos enseres y papelería.

Operadores de la Secretaría de Gobierno han establecido mesas de diálogo con el fin de lograr la liberación del alcalde interino.

El pasado 7 de abril, tojolabales de la comunidad Rafael Ramírez se llevaron al secretario municipal, Mario Solís Mora, que después de permanecer cautivo varias horas fue liberado con la promesa del ayuntamiento de cumplir con las obras que requieren los habitantes del lugar. Con información de EL UNIVERSAL

Ante la falta de seguridad y los nulos avances en las investigaciones por el asesinato de cinco defensores comunitarios, habitantes de Paso de la Reyna instalaron un campamento de vigilancia en la entrada de esa población que se mantiene en resistencia contra los megaproyectos.

El campamento servirá para controlar la entrada y salida de vehículos y personas ajenas a la comunidad, y se contará con la participación de la ciudadanía organizada, así como de la policía comunitaria, bajo la coordinación de sus autoridades administrativas y agrarias.

Luego del asesinato del defensor comunitario y presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, el pasado 23 de enero, la comunidad perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec solicitó reiteradamente la presencia de un destacamento permanente de la policía estatal y recorridos constantes por parte de la Guardia Nacional.

Sin embargo, no los escucharon, y la madrugada del 15 de marzo fueron asesinados Raymundo Robles Riaño (suplente del agente municipal), Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes.

El 28 del mismo mes se perpetró el quinto asesinato del exagente municipal de Paso de la Reyna, Jaime Jiménez Ruiz.

Los pobladores señalaron que, ante la ausencia de los gobiernos estatal y federal, “y el silencio cómplice de los poderes fácticos que controlan la región de la Costa”, la comunidad decidió reconstituir su vida en comunidad.

“Solamente su acción organizada ha sido la respuesta ante situaciones de peligro, de esta manera, se convocó a una asamblea donde se analizó la situación y se lanzaron propuestas para la protección de la comunidad”.

Señalaron que en el ejercicio del derecho a su autonomía y con la certeza de que era la vía más segura, se aprobó la reinstalación del campamento comunitario en el paraje “El Zanate”, ubicado en la entrada del ejido. Esta decisión fue notificada a las instancias estatales y federales.

Finalmente, recalcaron que en Oaxaca “la crisis de seguridad parece agudizarse, no se sabe si por ineficacia o con toda la intención de instalar conflictos que favorezcan a grupos en el poder y actores fácticos en estos tiempos electorales, donde parece importar más la frivolidad y el vacío de propuestas que realmente importen a la gente”.

Por otra parte, en el Congresolocal la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Magaly López Domínguez, exhortó al fiscal general del estado, Arturo Peimbert Calvo, a realizar de inmediato las investigaciones que lleven a la captura de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de defensores de derechos humanos en la localidad.

Mediante un punto de acuerdo propuso solicitar al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que instruya lo necesario para garantizar, de manera urgente, la integridad y la vida de las defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos, integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), quienes temen un ataque violento por parte de grupos caciquiles.

Periódico impreso edición No. 2116 del día 16 DE ABRIL del 2021  . [Leer completo].

Los primeros dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron letales para defensores de derechos humanos, pues un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT) registró 45 asesinatos de activistas entre 2019 y 2020.

“México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos”, considera el informe “Semillas de Dignidad y Lucha. Situación de Personas Defensoras en México, 2019-2020”, presentado este jueves por la Red TDT, un conglomerado de 86 organizaciones civiles que operan en 23 estados de la República.

De acuerdo al documento, durante los últimos dos años, la entidad más peligrosa para ejercer la defensa de derechos humanos es Oaxaca, con el registro de 11 asesinatos, seguidos por Chiapas y Chihuahua, con cinco en cada estado, y Guerrero y Morelos, con cuatro activistas ejecutados en cada uno de esos estados.

En Veracruz y Baja California se asesinaron a tres defensores en cada entidad durante ese periodo, en tanto que en Michoacán y Baja California, fueron dos en cada estado, y en tanto que cada uno de los estados de Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Jalisco y Ciudad de México, al menos un activista fue asesinado.

En el balance de los dos últimos años, el informe destaca “las personas defensoras han enfrentado múltiples obstáculos a su labor, desde el aumento de megaproyectos que ponen en riesgo la tierra y el territorio de los pueblos, sus formas de vida y el medio ambiente, hasta la criminalización del derecho a defender derechos humanos, hostigamiento, impunidad generalizada y violencia sistemática en su contra”.

La Red TDT indicó que la estigmatización de los defensores es una situación que, “en México, desde hace dos años el gobierno federal, concretamente el presidente, ha sido un foco de grave preocupación, pues constantemente recurre a este tipo de señalamientos durante sus conferencias de prensa, con lo que deslegitima la labor de las organizaciones, y esencialmente, demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos y de las luchas históricas de pueblos y comunidades”.

El informe destaca que durante esta administración “se ha establecido una narrativa maniquea que invisibiliza las acciones de defensa y protección a los derechos bajo la lógica de apoyo o no a la política federal, y, en especial, a megaproyectos insignia como el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles”.

La red de organizaciones civiles destaca que la estrategia del presidente de descalificar a los defensores a sido emulada por otros actores políticos en Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.  

Durante los dos primeros años del gobierno de López Obrador, “la política extractivista a continuado sin freno”, incluso durante la pandemia al ser considerados como “actividades esenciales”, incrementando el riesgo de las “comunidades que protestan contra la imposición de los megaproyectos (…) mientras continúan las campañas de desprestigio, criminalización y judicialización contra las personas defensoras de la tierra y territorio”. 

En la misma tesitura de descalificación, la Red TDT alerta que se encuentran las descalificaciones de López Obrador al movimiento feminista y de mujeres de los dos últimos años, situación que ha alentado “los ataques contra las mujeres defensoras” y que las agresiones contra ellas “se mantengan en la impunidad y se produzcan sin filtro en las redes sociales y en los medios de comunicación”.

El documento resalta el protagonismo  que en este periodo adquirieron los movimientos feministas y de mujeres en América Latina y el Caribe, en tanto que en México “el contexto de la pandemia no ha conseguido frenar la lucha de las mujeres, quienes continúan empleando formas de protesta tradicionales (como las marchas o los plantones) pero también han hecho un uso creativo de las tecnologías y otras formas de lucha para visibilizar la crisis de derechos humanos que enfrentan diariamente las mujeres en México y que se ha recrudecido de manera dramática desde que empezó el confinamiento”.

Se agrega que la respuesta de distintos gobiernos a las protestas de las mujeres ha sido la represión, siendo el caso más extremo Quintana Roo, donde se registraron disparos con armas de fuego, detención de las manifestantes y abuso sexual, por parte de los policías.

El documento de la Red TDT alerta sobre la vulnerabilidad de las personas defensoras de la diversidad sexual, que en 2020 cobró la vida de seis activistas de las poblaciones LGBTTTIQ+, que “realizaban acciones de movilización, visibilización y promoción de derechos.

El informe anual de la Red TDT incluye los nombres de los 45 defensores asesinados entre 2019 y 2020, entre ellos los de los defensores de derechos civiles y políticos Abiram Hernández Fernández, Zenaida Pulido Lombera y  Cruz Soto Caraveo; comunicadores con enfoque de derechos humanos, Rafael Murúa Manríquez y Telésforo Santiago Enríquez, y los defensores de los derechos de las personas LGBTTTIQ+ Karla Valentina Camarena del Castillo, María Elizabeth Montaño, Jonathan Santos, Javier Eduardo Pérez Hidalgo, Jeanine Huerta López y Mireya Rodríguez Lemus.

La lista añade a los defensores comunitarios Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez, Bernardino García Hernández, Estelina López Gómez, Samir Flores Soberanes, Eulodia Lilia Díaz Ortiz, Camilo Álvarez Pérez, Luis Armando Fuentes Aquino, Julián Cortés Flores, Mario Morreno López, Arnulfo Cerón Soriano, Catalino Barradas Santiago, Manuel Alejandro Gutiérrez, Benito Peralta Arias, Pablo Guzmán Solano, Esteban Martínez Pérez, Oscar Eyraud Adams, Daniel Sotelo y Rodolfo Díaz Jiménez.

En cuanto a los defensores del medio ambiente, en ese periodo fueron sacrificados Sinar Corzo Esquinca, Gustavo Cruz Mendoza, José Luis Álvarez Flores, María Cristina Vázquez Chavarría, Josúe Bernardo Marcial Santos, Isabel Cabanillas de la Torre, Homero Gómez González, Isaac Medardo Herrera Avilés, Juan Zamarrón Torres, Adán Vez Lira, Eugui Roy Martínez Pérez, Oscar Ontiveros Martínez, Antonio Montes Enríquez, Tomás Martínez Pinacho y Juan Aquino González.