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Mon, Oct
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Más de 4000 ejidatari@s marcharon este día en Tila, para conmemorar que un 16 de octubre de 1934, fuera pu-blicado en el Periódico Oficial de la Federación, que las 5405 hectáreas “es la legitima propiedad del ejido Tila”. “Aquí estamos para demostrarle a los malos gobiernos paramilitares que sus violencias y muertes no nos van a detener y no van a acabar con nuestra autonomía ejidal. No van a regresar a gobernar, aunque sigan sembrando la muerte en nuestro pueblo”, aseguraron las y los ejidatarios quienes desde diciembre de 2015 retiraron al ayuntamiento de su territorio para iniciar un proceso de autogobierno y libre determinación como pueblo origi-nario. Pese a que su manifestación fue pacífica, el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez lanzó petardos a una parte del contingente, lo que no detuvo la multitudinaria marcha.

Tras la marcha, en entrevista telefónica para medios libres, los indígenas choles aseguraron que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirmaron. Pese a ello, como indican especialistas sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayunta-mieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, denunciaron los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008. Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

De manera muy puntual los ejidatarios expusieron que desde el pasado 25 de agosto del pre-sente año el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, reanudaron las hostilidades contra el ejido, derrumbando un portón que por acuerdo de la Asamblea Ejidal, se había instalado en una de las entradas de la comunidad. Pese a las de-nuncias de ese mismo día 25 realizaron los indígenas choles y las que posteriormente publicaron los días 27 y 29 de agosto por las detonaciones que efectuaron las personas contratadas por la familia Sánchez, estas no fueron tomadas en cuenta por los tres niveles de gobierno, lo que pro-vocó que la escalada de violencia contra los ejidatarios aumentará y que el viernes 11 de septiem-bre fueran atacados por un grupo liderado por Eleasin Bárcenas, causando la muerte de del eji-datario Pedro Alejandro Jiménez.

Las hostilidades contra el ejido Tila no terminaron con el asesinato de uno de sus integrantes y las denuncias de los ejidatarios por detonación de armas de fuego por parte del grupo de la fami-lia Sánchez (integrantes del grupo paramilitar “paz y justicia”), continuaron los días 27 de sep-tiembre y el ocho de octubre. De igual forma los ejidatarios también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunciaron el pasado uno de octubre la incursión dentro del poblado de la policía sectorial y elementos de la guardia nacional acompañados por el grupo de choque.

Por su parte el defensor de derechos humanos Jorge Armando Gómez Alonso, indica que el ayuntamiento debe restituir las tierras al Ejido Tila y el gobierno y Congreso de Chiapas deben declarar nulo el denominado Fundo Legal (que incluye la porción de tierra que han querido des-pojar al ejido). El también investigador indica que en enero de 2019 se publicó el Decreto 132, “Por el que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, deja insubsistente el Decreto nú-mero 72, de fecha 29 de Julio de 1980”. “El ayuntamiento no quiere acatar la resolución, por lo que dos meses después con un grupo de ejidatarios robaron el nombramiento de las autoridades en complicidad con el Registro Agrario Nacional (RAN), falsificando firmas y simulando asam-bleas, para modificar la sentencia de amparo”, evidencia Gómez Alonso.

Dentro de las poblaciones que marcharon en el 86 aniversario del reconocimiento de las tierras ejidales están: Misijá, la comunidad Unión Juárez, la comunidad Chulúm Chico, comunidad Nueva Generación Chulum Chico, la comunidad Nicolás bravo, comunidad Cantióc, comunidad Rio Grande, comunidad Sañojá segunda sección, comunidad Sañojá primera sección, comunidad Chäkpatyol, comunidad Cerro Aan Antonio, comunidad Cerro Santa Cruz, comunidad k’ajtyieja, Barrio Salinas, Barrio Santa Lucia, barrio Concepción, barrio San Juan primera sección, barrio San Juan segunda sección, barrio San Sebastián, barrio San Felipe, barrio Santa Martha y barrio Chi-jtiejá.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación al gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General del estado (FGE) por el caso de tres personas fallecidas en enero de 2019, cuando un grupo civil armado y policías municipales agredieron a manifestantes que protestaban contra el entonces alcalde de Amatán, Manuel de Jesús Carpio Mayorga.

En conferencia de prensa, el abogado Leonel Rivero, el vocero del Movimiento Campesino Regional Inde-pendiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), Eric Bautista, y fami-liares de los tres fallecidos, señalaron que fueron notificados de la recomendación emitida por la CNDH a la titu-lar de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cade-nas; a su secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos y al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, por lo hechos trágicos donde perdieron la vida Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez y Carlos Ma-yorga Guerrero.

De acuerdo con el vocero, en el municipio de Amatán la familia Carpio Mayorga estableció su cacicazgo al am-paro del poder político que ha gobernado el estado de Chiapas, utilizando para ello las siglas de diversos partidos políticos (PAN, PVEM y Morena).

Esa familia, sostuvo, caracterizó su mandato implementando una política de exclusión social al no invertir en obras de infraestructura social comunitaria, aliándose a la delincuencia organizada y fomentando un grupo pa-ramilitar para agredir toda expresión de protesta social.

En consecuencia, diversas comunidades, barrios, sectores sociales, organizaciones de productores, comercian-tes, transportistas y el Mocri-CNPA aglutinaron su descontento en el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán (MPJBCA) y establecieron un plantón pacifico frente al palacio municipal el 20 de agosto de 2018.

Ante la falta de voluntad política y sensibilidad social de los gobiernos estatal y federal para atender y resolver el grave conflicto –abundó--, conformaron el Consejo Indígena y Popular de Amatán el 30 de noviembre de 2018, para impulsar una política incluyente que conllevara el desarrollo social y humano de la población en gene-ral.

Sin embargo, durante 2018 un grupo de corte paramilitar perpetró más de 30 agresiones con diferentes tipos de armas contra integrantes del movimiento ciudadano. El 22 de noviembre fue asesinado Carlos Mayorga Gue-rrero, y en diciembre se incorporó a sus integrantes al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Hu-manos y Periodistas (MPDDHyP).

“No obstante la gravedad del conflicto social, ni los gobiernos estatal y federal salientes, ni los gobiernos elec-tos y en transición, atendieron los reiterados llamados de intervención para evitar un desenlace fatal, por lo que con la impunidad asegurada por parte de los padrinos políticos de los Carpio Mayorga, se orquestó la agresión policiaco-paramilitar el 17 de enero de 2019 contra el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, trayendo consigo la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de los compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez”, apuntó Bautista.

Por eso, la CNDH emitió ayer la recomendación No. 39/2020/VG, sobre violaciones graves a derechos hu-manos acontecidas durante la conflictividad social suscitada en el municipio de Amatán.

Dicha recomendación --dirigida a las autoridades federales y estatales señaladas anteriormente, así como a la alcaldesa de Amatán, Lilia Arias Méndez-- corrobora la ejecución arbitraria o extrajudicial de los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, así como la privación de la vida de Carlos Mayorga Guerrero.

De la recomendación emitida por la CNDH, dijo el activista, se desprende claramente que los perpetradores del doble asesinato actuaron con la aquiescencia de las autoridades federales y del estado de Chiapas.

“Fue el Estado” el responsable de la agresión y violaciones graves a los derechos humanos de sus compañeros y demás integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, apuntó.

Los gobernantes postulados por el partido Morena, abundó, violaron gravemente los derechos humanos de los asesinados.

Las familias de las víctimas pidieron a los gobiernos federal, estatal y municipal que acepten en todos sus tér-minos la recomendación emitida por la CNDH, y sean congruentes con su discurso que diariamente repiten en todos los espacios públicos, de ser un gobierno que respeta y ciñe sus actos al “estado de derecho”.

El abogado Leonel Rivero manifestó que dicha recomendación es importante en la búsqueda de justicia para las víctimas, sus familias y los integrantes del Movimiento por la Paz la Justicia y el Bien Común de Amatan, los cuales han luchado por mejorar las condiciones de vida de las comunidades del municipio.

“Para nosotros esta es la mejor prueba de que el problema no es solamente local, como siempre lo han queri-do reducir. Que nuestros compañeros no solamente fueron asesinados por el grupo caciquil, sino que en esencia fue el Estado y sus instituciones señaladas las que con su omisión y aquiescencia generaron las condiciones para tan atroz crimen y represión en contra de las comunidades; esta recomendación es una reivindicación a las de-mandas que dieron origen al conflicto, el cual debe ser atendido y solucionado de fondo”, subrayó.

Entre otros puntos, la CNDH plantea una disculpa pública a los familiares y agraviados de Amatán, así como una reparación económica por los agravios, y una sanción penal y administrativa en con-tra de los autores materiales de esos crímenes y daños, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron graves violaciones a derechos humanos por el Estado mexicano contra la población inmigrante durante la pandemia, entre ellas el desacato de amparos para proteger la vida y salud de los emigrantes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), en tanto que Estados Unidos sigue expulsando migrantes con coronavirus sin protocolos de salud.

En el “Informe sobre los efectos de la pandemia del covid-19 en las personas migrantes. Violaciones a dere-chos humanos documentadas por organizaciones defensoras y albergues”, se visibilizan omisiones en estaciones migratorias; la situación de las personas solicitantes de refugio en Estados Unidos inscritas en el protocolo “Qué-date en México”; la falta de acceso a la justicia para las personas en condición de movilidad y sujetas a protección internacional; las necesidades de los albergues para personas migrantes y los obstáculos para la regulación mi-gratoria.

Las 24 organizaciones y albergues que participaron en la elaboración del documento, solicitaron una audien-cia a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de Salubridad, entre otras autoridades, para presentar sus ha-llazgos y “establecer vías de colaboración para el cumplimiento de peticiones, e impulsar el diseño de políticas públicas idóneas para atender las necesidades de la población migrante durante la pandemia”.

De acuerdo con el documento, entre abril y mayo organizaciones promovieron 10 amparos “para proteger la vida y la salud de las personas migrantes en el contexto de la pandemia, de los cuales siete fueron favorables para la población migrante, no obstante han sido incumplido sistemáticamente por las autoridades mexicanas, por el INM y el gobierno federal”.

Los autores del informe agregaron que, en los otros procedimientos, “jueces que pudieron proteger a la po-blación migrante y solicitantes de asilo no lo hicieron, desechando amparos y vendiendo su responsabilidad, o situaciones donde no se han dictado todas las medidas por parte del poder judicial, para hacer cumplir sus reso-luciones”.

Puntualizaron que desde marzo pasado “las expulsiones de personas migrantes desde Estados Unidos a di-versos países de la región no han parado” pese a la persistencia de brotes de covi-19 en los centros de detención migratoria de aquel país.

“Existen casos de personas con coronavirus expulsadas a sus comunidades, incluido México, sin protocolos de salud y sin dar aviso oficial para evitar contagios”, alertaron.

A las violaciones al derecho a la salud, las personas en condiciones de movilidad viven en incertidumbre por la suspensión indefinida de audiencias ante las cortes estadunidenses, impidiendo analizar los expedientes de los solicitantes de asilo que están bajo el protocolo de “Quédate en México”, sin considerar que esta población “en-frenta múltiples situaciones de vulnerabilidad como los casos de mujeres embarazadas que requieren acceder a servicios de salud, o promover la reunificación familiar en casos de niñez no acompañada”.

Las organizaciones firmantes solicitaron a los gobiernos mexicano y estadunidense, “que tomen las medidas adecuadas y suficientes para proteger la vida, integridad y salud frente a la pandemia que acosa a una de las poblaciones más vulnerables, las personas migrantes y refugiadas”.

De manera específica, pidieron al INM que libere a las personas detenidas en estaciones migratorias y que aplique un “mecanismo coordinado de alternativas a la detención, suspender las detenciones para evitar riesgos de contagio por covid-19; regularizar la situación migratoria de la población migrante detenida por razones hu-manitarias; evitar controles migratorios y otras medidas intimidatorias que desincentivan el acceso a instituciones de salud por parte de las personas migrantes, entre otras”.

A la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, pidieron “garantizar el acceso a la salud a las personas migrantes, en condiciones de igualdad y sin discriminación por motivos de nacionalidad o condición migratoria; acceso gratuito a la atención médica adecuada y suficiente, así como a los medicamentos necesarios, particularmente en casos de covid-19”.

Para el cumplimiento de las demandas, las organizaciones solicitaron establecer mesas de seguimiento “a fin de definir acciones y mecanismos idóneos para atender las necesidades de la población migrante derivadas de la pandemia”.

Al señalar que están en espera de que las autoridades mexicanas respondan a su solicitud de audiencia, las organizaciones y albergues informaron que enviaron el documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales que han fijado lineamientos sobre los estándares de atención para personas migrantes durante la pandemia.

Asimismo, el informe será enviado al Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, al Relator Especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y a otros organismos de Naciones Unidas, “para que soliciten información al Estado mexicano y establezcan meca-nismos de monitoreo y seguimiento para vigilar el respeto y protección a los derechos a la vida, salud, integridad y libertad, entre otros, de las personas migrantes en México durante la pandemia de covid-19”.

Participaron en la elaboración del informe la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Asylum Access México; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Sin Fronte-ras; Instituto para las Mujeres en Migración; Derechos Humanos Integrales en Acción; Voces Mesoamericanas; Al otro lado; Espacio Migrante; Derechoscopio; Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados.

También colaboraron Idheas, Derechos Humanos y Litigio Estratégico; Uno de Siete Migrando; Pueblo Sin Fronteras; Instituto de Geografía para la Paz; Families Belong Together; la University of San Francisco, Immigration and Deportation Defense Clinic, así como el Grupo de Trabajo so-bre Política Migratoria que incluye decenas de organizaciones y albergues de migrantes en Méxi-co.

Un grupo de desplazados del Ejido Puebla, del municipio de Chenalhó tomaron la caseta de peaje Tuxtla- San Cristóbal para pedir que se reactive la ayuda humanitaria para este sector, ya que desde hace una semana no han recibido alimentos.

Aracely López, representantes del grupo expresó que: “Salimos a hacer esta actividad porque no podemos dejar los niños, los señores de la tercera edad, dejar sin comer además no podemos trabajar mientras estamos amenazados y estamos perseguidos por los grupos paramilitares que operan en la cabecera municipal”. Recordaron que la ayuda humanitaria para las personas des-plazadas es una obligación internacional que tiene el Estado mexicano, que, desde hace seis días no ha otorgado la alimentación a estas familias.

Estas personas fueron desplazadas el año 2016 durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y hasta la fecha no se han detenido a los presuntos agresores de dicho evento.

Existen órdenes de aprehensión sin ejecutar y Carpetas de Investigaciones congeladas, entre otras razones porque el presunto grupo paramilitar que opera en Chenalhó no permite el ingreso de peritos y ministerios públicos a la comunidad a realizar los peritajes de los daños.

Ante esta situación, las personas desplazadas de ejido Puebla Chenalhó, tomaron la caseta de la carretera Tuxtla – San Cristóbal, con el acompañamiento de la Escuela Normal Rural Mactuma-ctzá.

 

El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, afirmó que es una tra-gedia que mueran niños con cáncer en México por falta de tratamiento o medicamentos.

“Es una tragedia escuchar que en México o en cualquier otro país los niños van a morir de manera innecesa-ria por cánceres que pueden ser tratados”, afirmó Michael Ryan en rueda de prensa a pregunta expresa de Pro-ceso.

Con respecto a la falta de medicamentos y tratamientos para el cáncer en los hospitales públicos del país, Ryan remarcó que en diversas partes del mundo el covid-19 ha revelado “enormes desigualdades del sistema” , con grandes diferencias entre servicio de salud privado y público, lo que consideró “muy injusto”.

Michael Ryan señaló que a lo largo del planeta la OMS ha visto el impacto en los servicios oncológicos tanto en pacientes externos o los que se encuentran dentro de los hospitales para tratamiento esencial.

Con respecto al desarrollo de la pandemia que sigue al alza en el país, Ryan reconoció que “la situación en México continúa siendo difícil con más de 83 mil muertes”.

No obstante, encomió que la Secretaría de Salud haya ajustado las cifras con respecto a los casos y a las muer-tes , lo que a su modo de ver es un gesto muy positivo.

“México necesita ser elogiado por su transparencia”, dijo Ryan sobre las nuevas estadísticas que contabilizan a las personas que cumplan con la definición operacional de caso sospechoso de una enfermedad respiratoria viral sin muestra de laboratorio y hayan tenido contacto en los 14 días previos al inicio de síntomas con un caso o una defunción confirmada.

Ryan observó que la mayoría de los casos tienen lugar en la Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Guanajuato.

El experto irlandés lamentó que el personal de salud, 60% mujeres, ha sido muy afectado en el país por la pandemia y consideró de gran importancia proteger al personal de salud que continúa en la primera línea dando la batalla al virus.

“Claramente proteger al personal de salud es realmente importante”, indicó.

En el plano positivo Ryan celebró el sistema de los semáforos en el país y animan al gobierno a continuar con ese sistema.

Por su parte, el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que dejar circular el virus libremente para conseguir la llamada inmunidad de rebaño no es una opción en esta pandemia.

“Nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia y mucho menos a una pandemia. Es científicamente y éticamente problemático”, afirmó Tedros.

 

“Dejar vía libre a un virus peligroso, del que no se comprende todo , es simplemente contrario a la ética . No es una opción”, recalcó.

Tedros insistió que “la gran mayoría de las personas en la mayoría de los países pueden contraer el virus” y de acuerdo con estimaciones de la OMS , menos del 10% de la población adulta se ha infectado.

Además Tedros subrayó que “la mayoría de las personas infectadas por el virus desarrollan una respuesta inmunitaria en las primeras semanas, pero no sabemos si esta respuesta es duradera o si varía de una persona a la otra”.

Preocupan secuelas

Finalmente, la directora técnica de la Organización Mundial de la Salud para el covid-19, María Van Kerkho-ve, recordó que en el mundo han muerto más de un millón de personas por el virus, pero más allá de las muertes también preocupa a la OMS las secuelas que ha dejado el virus en algunos pacientes.

“No solamente nos inquietan los casos, las hospitalizaciones o las muertes, sino los impactos a largo plazo que empezamos a ver en personas que incluso pasaron la enfermedad con síntomas leves”, advirtió.

“Ahora empezamos a ver efectos en el corazón, cerebro, pulmones o salud mental”, subrayó la experta, quien llamó a no bajar la guardia y seguir con las medidas de cuidado básicas, higiene de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla, no asistir a eventos multitudinarios y quedarse en casa si hay síntomas de covid o de gripe.

#DenunciaCiudadana

Miguel ****** ******, defensor de los derechos humanos de los Policías e integrante de las Asociaciones Civiles: Ciudadanos Uniformados A.C. y La Red Nacional De Asociaciones Policiales A.C, fue detenido ilegalmente y torturado por elementos de la Secretaría de Se-guridad y Protección Ciudadana este pasado sábado, 10 de octubre.

Los hechos ocurrieron cuando Miguel y otro familiar fueron a realizar unas compras, aproxi-madamente a 7:30 de noche en la Colonia Patria Nueva en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuando recibieron la agresión de una persona que trató de arrebatar la mercancía que habían comprado, por lo que Miguel se defendió del ataque y en ese momento la patrulla con número económico 30015 pasó por el lugar de los hechos, deteniéndolo junto con su hermano con lujo de violencia, y dejando en libertad al presunto ladrón.

Desde ese momento fueron golpeados reiteradamente por los uniformados, quienes colocaron esposas tan apretadas que no permitían la circulación sanguínea hacia las manos.

Hasta llevarlos al cuartel de la policía conocido como Satélite donde los retuvieron por varias horas, hasta trasladarlos al Centro Municipal de Detención “La Popular”, en el trayecto Miguel perdió el conocimiento ya que uno de los policías lo pisaba fuertemente en la zona del cuello, de-jándole una marca de la suela de la bota. Hasta las 10:00 de la noche, Miguel y su hermano fue-ron puestos a disposición del Juez Calificador con las visibles muestras de tortura; como hema-tomas en el ojo, marcas en las muñecas por las esposas y diversos golpes en el cuerpo; y la auto-ridad al recibirlos no aplicó la certificación médica que corresponde confirme a la Ley, además que las víctimas se las solicitaron reiteradamente al Juez, él no quiso dar la orden para realizarla.

Esta acción es una evidente muestra de tortura y abuso de autoridad por los elementos de la Policía Estatal, quienes serán investigados y sancionados por la #SSyPC.

Las víctimas interpondrán querella en contra de los uniformados, este lunes a las 3:00 de la tarde en la Fiscalía General del Estado de Chiapas, por los delitos Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad, Lesiones Agravadas y los que resulten, también solicitarán a la Cedh Chia-pas inicien una queja por tortura, además que se otorguen medidas de seguridad para ellos y sus familias ya que tienen temor a represalias.

Cabe hacer mención que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al momento de en-terarse de la noticia criminal, inició de inmediato procesos de investigación y posibles sanciones contra los elementos policiacos.

Entre PRI y Morena, los mismos actores

Encuestas amañadas para favorecer a Mario Delgado

En 1929, cuando el PRI nació con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR) surgió como partido de Estado a iniciativa de un caudillo de la Revolución Mexicana: Plu-tarco Elías Calles.  Desde entonces gobernó, durante 71 años consecutivos, bajo la farsa de la Democracia y la Justicia Social.

En 1987, el ex gobernador de Michoacán Cuauhtémoc Cárdenas fundó la corriente democrática con el consenso y el apoyo de Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez Her-nández, Heberto Castillo y, allá en la lejanía de esa formidable fuerza opositora, Andrés Manuel López Obrador se sumaba a esa disidencia.

Con el tiempo, López Obrador se convertiría en presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cobijo bajo el cual, en 2006 y en 2012, participaría como candidato a la Presidencia de la República.  El fraude electoral y el peso del sistema político mexicano le impedirían ganar desde su primera postulación.

Con esos antecedentes, en el 2014 fundó el Movimiento Regeneración Nacional y, de facto, se convirtió en su Presidente.  Así,  igual que, con Calles en 1929, el PRI es obra de un caudillo, Morena surge también auspiciado por un caudillo que por decisión uniper-sonal, en una tercera vez, se postulaba como candidato presidencial. La historia ya es co-nocida; 32 millones de votos avalaron su ascenso al poder.

Viene ahora la sucesión en la presidencia de Morena y los gritos y trampas para apro-piarse del movimiento que fundó López Obrador.  En el camino se quedaron personajes como  Yeidckol Polevnsky (Citlali Ibáñez), tan identificada con Andrés Manuel desde sus días en el Departamento del Distrito Federal y como candidata al gobierno del Estado de México.

Los candidatos finales son Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo. Entre ambos hay diferencias sustanciales que marcan, desde hoy, el desempeño que cada uno tendrá en caso de acceder a la presidencia del Movimiento Regeneración Nacional. Durante el gobierno de López Obrador en el Departamento del Distrito Federal, Mario Delgado es-tuvo como subordinado de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Seguridad Pública, y luego, como jefe de Gobierno, Ebrard lo nombró secretario de Finanzas y secretario de Educa-ción. Es, pues, indudable que la apuesta de Marcelo Ebrard es por su antiguo colaborador para dirigir el nuevo partido de Estado que hoy es Morena.

A Muñoz Ledo se le identifica con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y tal vez una restricción a su desempeño como líder morenista sea su edad. Nacido en 1933 es casi un nonagenario funcionario que ha pasado por todos los cargos de tres diferentes partidos políticos.

Como priísta fue secretario de Trabajo y presidente nacional del PRI en el gobierno de Luis Echeverría. Con López Portillo pasó como secretario de Educación Pública y en 1997 se convirtió en el primer diputado de oposición en la historia de México bajo las siglas del PRD, que después de 68 años contestaba el tercer informe presidencial de Ernesto Zedi-llo. Sumido en su asiento aplaudía tímido y temeroso ante la premonición cercana de que al PRI le había llegado el tiempo de entregar el poder, aunque fuera al PAN, para evitar el peligro de la llegada de la izquierda mexicana.

Diría en aquella ocasión Porfirio Muñoz Ledo a un disminuido Presidente de la Repú-blica, en remembranza a Francesc de Vinatea, quien espetó al rey Alfonso de Aragón para recordarle la limitación al poder de los reyes y cuyo único depositario es el pueblo: “Nos, que somos más que vos, y que valemos tanto como vos, y que unidos valemos más que vos,  te pedimos sumisión al pueblo que te eligió”.

Esa sentencia emitida hace 23 años por Muñoz Ledo hoy tiene plena vigencia ante la aparente pasividad del presidente López Obrador que ha permitido trampas y compo-nendas en las dos encuestas organizadas por el INE para nombrar a la dirigencia de Mo-rena, pero que se muestra severo y autoritario en otros actos de la política.

En la primera, Muñoz Ledo superó a Mario Delgado en 15 puntos. Los resultados fue-ron 42 a 27. Con diversos pretextos y artilugios se recurrió a una segunda encuesta, en la que prácticamente hubo un empate técnico, lo que quiere decir que hubo injerencia en los resultados finales, como lo hizo el PRI durante 77 años. No olvidar que desde el presi-dente López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo y toda la runfla de herederos fueron priístas por convicción y morenistas por conveniencia.

Por eso es lamentable que a pesar de los resultados irrefutables de la primera encuesta, hoy se pretenda una tercera para ver si es la vencida a favor del dos veces derrotado Mario Delgado. Incluso, la ya electa secretaria general del partido, Citlali Hernández, ha llamado a la razón a Mario Delgado para que acepte los resultados que en las dos encuestas no le han favorecido, pero más allá de la identificación y la filiación personal y partidaria entre Mario Delgado y Marcelo Ebrard, y entre Muñoz Ledo y Claudia Sheinbaum, hay una cla-ra distancia intelectual y política entre uno y otro personajes. Las intervenciones de Mario Delgado son superficiales y limitadas, en tanto que Muñoz Ledo siempre ha demostrado conocimiento y profundidad en sus comparecencias.

El mayor activo de Mario Delgado es su lealtad a López Obrador cuando el sofisma es claro. A Delgado Carrillo, más que lealtad, se le reconoce sumisión al “Peje”. Y de Muñoz Ledo, lo que podría ser su mayor debilidad, su edad, terminaría por convertirse en su  mayor fortaleza.

A los 87 años ha recorrido todos los caminos de la política y está más allá del bien y del mal. Al igual que López Obrador viene de la confrontación y el desprendimiento con el poder del sistema político mexicano y su triunfo, desde el PRD, como diputado federal y senador de la República. Ello asegura que su desempeño como presidente de Morena se-ría más autónomo y no expuesto a aceptar todas las veleidades e imposiciones de López Obrador.

La referencia a la elección intermedia del 2015 es obligada en este 2021. En aquél año, el PRI anunció su derrota presidencial del 2018 al perder 8 de las 12 gubernaturas dispu-tadas. Hoy, que el Presidente y Morena han perdido gran parte de su popularidad, la tra-gedia priísta podría repetirse.

El próximo año estarán en disputa 15 gubernaturas y más de 3 mil cargos de elección popular entre senadores, diputados locales, diputados federales, presidentes municipales y regidores, que definirán la nueva distribución geográfica del poder entre las tres princi-pales fuerzas políticas del país. Una derrota estrepitosa sería el preludio de la pérdida de la Presidencia en el 2024.

A diferencia de Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo tiene una mejor percepción de la realidad político-electoral del país y de quiénes  son los personajes idóneos para encabezar las preferencias electorales, incluso mejor que la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Con todo y los intereses que Muñoz Ledo tenga en el reparto de candidaturas, jamás será comparable a los de Mario Delgado.  Muñoz Ledo llega a la fase terminal de su vida política y querrá retirarse con el reconocimiento de la ciudadanía, el electorado y de los partidos políticos.

En cambio, Mario Delgado a sus 48 años, seguro apuntará y tratará de  distribuir las candidaturas hacia donde le resulte más benéfico. Ampliaremos…

 

 

 

 

 

 

LOS NÚMEROS NO MIENTEN…

Un sexenio y toda la década perdida…

Pemex y CFE, en crisis y corrupción…

Aumenta el gas, gasolina y electricidad…

La Guardia Nacional, un rotundo fracaso…

Lo que desde Palacio no se quiere ver…

EL MUNDO DE PEJELANDIA…

La resistencia al cambio que acusa el Presidente ANDRÉS MANUEL a los fifís, neoliberales, conservadores y enemigos de su proyecto de nuevo régimen de gobierno llamado “Cuarta Transformación”, es una insignificancia frente a lo pernicioso que él mismo ha sido en el  dañado infringido a los mexicanos y las instituciones en sus 22 meses de gobierno con su proceder imperialista, impositivo, caprichoso, ocurrente, vengativo y hasta violatorio a la ley.

Aunque el huésped virreinal de Palacio Nacional diga que “tiene otros datos”, los nú-meros y las estadísticas con que se miden sus acciones de gobierno, no mienten. Si en solo dos meses, el gas doméstico ha subido su precio en 1.50 pesos el kilogramo y la canasta básica en más del 15 por ciento, NO es sinónimo de que estemos bien, como dice el “Jefe Supremo”.

Porque si en los últimos 20 meses, la empresa “otrora prioritaria” del país, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha perdido un aproximado de 750 mil millones de pesos (datos ofi-ciales) y se le sigue inyectando recursos “buenos a los malos”, NO quiere decir que este barco con bandera de la 4T, vaya navegando con viento en popa.

Pues si la Comisión Federal de Electricidad con un director general de mala fama pú-blica y un negro historial político como MANUEL BARTLETT DÍAZ, ha tenido que recu-rrir al aumento desmedido e injustificado de las tarifas del consumo eléctrico, elevado el costo de kilovatios de energía y suprimido el subsidio a los de menor consumo, eso quiere decir que “NO vamos bien”. En ese enredo de palabrerías y falacias que distinguen al Pre-sidente desde sus “mañaneras”, se corrobora que miente, traiciona y roba.

A esas circunstancias que envuelven a PEMEX y CFE, hay que sumarle la crisis y severa corrupción en que las dejaron los gobiernos anteriores PRIANistas, que no se ha podido resolver en esta administración y por consecuencia el hurto, la rapiña y el desmantela-miento, ha ido en aumento. Luego entonces, la máxima de “combate a la corrupción” y el método de “barrer las escaleras de arriba hacia abajo”, no han dado resultado y es un ro-tundo fracaso.

Entiendo y estoy de acuerdo en el “combate a la corrupción” que nos ha vendido a buen precio electoral el Presidente ANDRÉS MANUEL, pero sus formas no son fondo cuando las nuevas transas de sus propios amigos, colaboradores, correligionarios y cóm-plices, están a la luz pública. BARTLETT, PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR, DAVID LEÓN ROMERO, MANUEL VELASCO, NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, y hasta el “muñeco de ventrílocuo”, MARIO DELGADO CARRILLO, a quien le acusan de malver-sación de fondos por casi mil 200 millones de pesos de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Así mismo los señalamientos en contra de ERÉNDIRA SANDOVAL y su marido JOHN ACKERMAN; de YEIDCKOL POLEVNSKY en la compra y remodelación de in-muebles para el partido Morena; los presuntos fraudes al interior del IMSS, como de la rifa de un avión que no fue rifado; así como una retahíla de funcionarios que han caído en la corrupción, sumando lo que sucede en el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Ro-bado” que denunció JAIME CÁRDENAS, en su carta de renuncia.

Y si en lo que respecta al dinero del presupuesto se han creado sospechas y percepcio-nes de corrupción, en el manejo de la justicia, no es menos despreciable lo que se ha con-firmado en su aplicación de manera discrecional y selectiva. Los ejemplos clásicos son el de ROSARIO ROBLES BERLANGA y el “Preciso Consentido”, EMILIO LOZOYA AUS-TIN.

A la primera todo el rigor de la ley “por no colaborar y denunciar a sus ex jefes superio-res”, más una animadversión y venganza de don ANDRÉS MANUEL contra la ex titular de SEDESOL y SEDATU en el peñismo, quien dicho de paso fue su cómplice en el aco-pio de recursos para su candidatura al gobierno del Distrito Federal; y al segundo, unas caricias y la mejor atención por ser instrumento de venganza y promoción a la imagen del Presidente, su partido Morena y fomento del voto en la elección del 2021. La 4T bajo sos-pecha. 

Estamos en la vorágine de gobierno, de ambición del dinero y poder. Por eso se echó mano del “Fondo de Estabilización Financiera” del que se gastó más de 150 mil millones de pesos y la otra mitad está por agenciarse el Presidente con la extinción de los 109 fidei-comisos que representan 69 mil millones de pesos y que en uno más, el del “Fondo para los Desastres Naturales” que tiene casi 110 mil millones.

O sea, hay una gran contradicción en la administración de la “austeridad franciscana”, pues mientras por un lado, le inyecta recursos (más de 450 mil millones de pesos) a PE-MEX que está en bancarrota y auspicia el cobro ilegal de energía a los consumidores clientes de CFE, le paga miles de millones de pesos a los concesionarios de obras suspen-didas, como es el caso del Aeropuerto de Texcoco (240 mil millones de pesos), por ejem-plo; en la arista contraria le quiere sacar dinero hasta las piedras. Por eso la reducción del 75 por ciento al gasto de las dependencias (conceptos 1000 y 2000) que corresponden a la compra de materiales y equipo para la operación institucional y la reducción del presu-puesto a Educación, Salud, Empleo, Investigación, Deporte.

Pues, si se quisiera meter orden en la administración pública y combatir la corrupción –que no se puede negar del pasado PRIANista--, definitivamente NO es el método ni el rumbo. Están equivocando el camino y los resultados magros están a la vista de todo mundo. Ya que si fuera cierta la intención de “combatir la corrupción” se tendría que ir a la pudrición y no cortar de tajo y cuajo a toda la estructura. No se trata de “destruir todo” y satanizar a todos, para acabar con el pasado. Se trata de extirpar lo malo y dejar lo que ha funcionado. Se han ido por lo más fácil  porque al Presidente le reditúan muchos be-neficios políticos y económicos. 

Otros ejemplos  de fracaso institucional ha sido la creación de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada y tareas como la construcción que corresponde a la Secretaría de Obras Públicas y Comunicacio-nes o el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que comprueba sería corrupción en su aplicación, como la creciente militarización del país. 

Nomás para ejemplificar. Si un comerciante verdulero, que a diario revisa sus frutas y verduras, encuentra entre un montón de tomates –o lo que sea—uno o varios podridos, por lógica no va a tirar todos lo demás, porque entonces sobre vendría la pérdida. O cuando un médico reconoce y tiene que operar un tumor cerebral, de riñón o mal de la próstata, no por eso va a extirpar todo el órgano que lo componen o matar al paciente.

Eso es precisamente lo que está haciendo el Presidente ANDRÉS MANUEL; destru-yendo las estructuras institucionales para ocasionarse un beneficio personal, institucional y partidario, como lo hizo con la red de Estancias Infantiles, el Seguro Popular, la organi-zación Distribuidora de Medicinas, que hasta hoy no han sido reemplazadas por un nue-vo aparato operador que se resuelva con eficacia y eficiencia; honestidad y honradez y dentro de una reglamentación y norma que les rijan.

Desgraciadamente ese es el tema de los daños ocasionados en 22 meses de gobierno de “Cuarta Transformación”; “simbolismos”, “combate a la corrupción”, “austeridad francis-cana”; la imposición, las ocurrencias, los caprichos, la soberbia, arrogancia y las venganzas de un Presidente con mentalidad obtusa que no le permiten ver más allá de sus preten-siones virreinales, el poder, el dinero y el avasallamiento a los demás Poderes de la Unión y los que él cree sus enemigos…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

 

 

 

 

 

 

 

Botín político

Los enroques en política se han vuelto una constante. Son, en sí, un arma de doble filo porque no todos los cambios terminan siendo favorables. Lo hemos visto en muchas oca-siones y los ejemplos más cercanos están en los sexenios pasados donde éstos fueron usa-dos como estrategia para ayudar a algunos a sobrevivir a su ineptitud y darles una plata-forma que les permitiera seguir caminando para lograr sus aspiraciones personales.

Justo ahora, en la antesala de los comicios 2021, se vienen ciertos cambios también. No sólo de colores institucionales para seguir enquistados en el poder, o de saltos para buscar otra posición (inmerecida muchas veces), sino de espacios para evitar la orfandad política. Esa que debería ser justa y que nos libraría de la mediocridad de muchos. Por ello, ojo, algunos apostarán a ocupar lugares que deberían ser pensados por lo que significan y pe-san.

Lo anterior se debe a la salida cantada de la señora María Mandiola Totoricaguena de la Secretaría de Igualdad de Género. A la exregidora panista algunos la acomodan en la lu-cha por la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Podría ser, pienso. Pero todo pare-ce indicar que sus negociaciones apuntan a otro espacio que sí podría alcanzar: una curul local. Con ello dejaría vacante el espacio en dicha Secretaría donde ha tenido una partici-pación bastante gris y daría la razón del por qué ahora empieza a aparecer mediáticamen-te más (los mensajes en sus fotos son claros).

La pregunta de rigor es ¿quién llegará a ocupar ese espacio que se ha usado como botín político desde siempre?, ¿a quién y bajo qué méritos colocarían en dicha Secretaría si se supone que la 4T, lo ha señalado el gobernador, busca el empoderamiento de la mujer? Y es aquí donde me pregunto a qué santo le rezan algunos personajes o qué padrinos car-gan. Porque pese a la nula capacidad de operación política, inoperancia, insensibilidad y, sobre todo, la falta de formas en el manejo de sus funciones, siguen algunos siendo toma-dos en cuenta. Siguen palomeados. Siguen con un tanque de oxígeno bajo el brazo.

La rumorología, esa que corre como pólvora por pasillos de los tres poderes en la enti-dad, la que usara de bandera operativa el gobierno anterior, la misma que sopla los nom-bres de algunos candidatos, ha colocado como probable prospecto de ese espacio a la diputada del Partido del Trabajo, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. Me parece lamentable si esto llega a darse, sobre todo porque desde su espacio ha guardado un silencio absoluto en temas torales que atañen a las mujeres.

No olvidamos que la diputada Bonilla Hidalgo fue la misma que dijo en entrevista (enero de 2020) que su opinión no contaba cuando le preguntaron sobre los temas pen-dientes en la agenda legislativa como la despenalización del aborto, la ley de identidad e incluso sobre el papel de la mujer en la política. Su respuesta fue en sí lo que opina de to-do. No le importa nada y es capaz de modificar su discurso con tal de conseguir lo que quiere. Juzgue ahora sus boletines inmediatos donde habla de igualdad sustantiva, de vio-lencia contra la mujer, de un “un modelo equitativo de sociedad para las mujeres”.

Porque si bien se necesita la igualdad sustantiva más allá del simple discurso, quienes hemos visto su desempeño en el Legislativo sabemos que a ella poco o nada le importan las mujeres chiapanecas. Lo demostró con su silencio sepulcral en temas de misoginia dentro del propio Congreso. Lo demostró con su apatía al no abanderar ninguna de las causas de violencia política en contra de varias funcionarias. Y el resultado es el repudio que le guardan varios de sus compañeros que han celebrado su salida de la Mesa Directi-va.

Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo es la misma a la que acusaron varios diputados, en dife-rentes sesiones, de bloquear las iniciativas que le causaban ruido, que consideraba incó-modas, que pensaba podrían ganarle un jalón de orejas, y cuyo silencio contrasta brutal-mente con su llamado actual a “mantener un proceso permanente, individual y colectivo, para derribar conductas que promuevan y fortalezcan la violencia, principalmente contra las mujeres”.

¿Cuántas veces, en sus dos periodos como Presidenta de la Mesa Directiva, recibió a los colectivos feministas para al menos escuchar los temas que traen agendados?, ¿cuántas veces abanderó foros para discutir los temas pendientes en esta Legislatura?, ¿cuántas ve-ces elevó la voz ante los feminicidios, ante la violencia sistémica?, ¿por qué no fijar una postura, sea cual sea, ante el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en vez de escudarse en esa salida burda de no tener opinión?, ¿seguirán dándole jugada pese a todo? 

Me resulta repugnante la forma en que los políticos cuadran los discursos para poder justificar su llegada a un espacio que no merecen ni les interesa. Y sobre todo, que una mujer que ocupa una curul se agarre de un discurso que no respeta, que no respalda, que no le importa, que no defiende, que no siente, y que lo hace sólo para mostrarse aliada y conseguir un sitio desde donde seguir operando para sus sueños de gobernar Comitán. Que triste.

#Manjar El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) declaró fundada la queja e hizo administrativamente responsable a Santos López Hernández, expresidente municipal de Pantelhó, por su actuar en contra de dos funcionarias víctimas de acoso. Como bien señaló la secretaria de Agendas de Igualdad de Género del PRD en Chiapas, Mabel Alfaro, es un hecho histórico y sin precedentes, y claro: un tapón de boca para quienes buscaron politizar el tema y que incluso andaban minimizando el delito por el cual el exalcalde se encuentra preso. Compas, se ven mal tratando de defender a un victi-mario. Ojalá y este caso sirva para que los funcionarios entiendan qué les espera si se comportan como bestias. #BienAhí “Amo a un joven de insólita pureza, / todo de lumbre cándida investido: / la vida en él un nuevo dios empieza, / y ella en él cobra número y sentido. / Él, en su cotidiano movimiento / por ámbitos de bruma y gnomo y hada, / cir-cunscribe las flámulas del viento / y el oro ufano en la espiga enarcada. / Ora fulgen los lagos por la estría... / Él es paz en el alba nemorosa. / Es canción en lo cóncavo del día. / Es lucero en el agua tenebrosa...”. Porfirio Barba Jacobs #ElPoema // La recomendación de hoy: el libro Pan de la noche de Ibán de León y el disco The Chronic de Dr. Dre. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor que hacer, pón-gase a leer. 

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

 

 

 

 

Efectiva reinserción social

Muchas cosas buenas se están haciendo en Chiapas en materia de seguridad.

Por una parte, se libra una dura batalla contra la incidencia delictiva.

Todos los días se da cuenta del aseguramiento de presuntos delincuentes,  por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comandada por Gabriela Zepeda Soto.

Ello ha permitido ir retirando de las calles a ese tipo de personas anti sociales.

Ha sido una tarea permanente, porque si bien es cierto el gobierno de Rutilio Escandón está destinando importantes recursos a la modernización de la infraestructura de seguri-dad, así como para la profesionalización de las y los policías,  la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente en muchos ayuntamientos, a los que por cierto, ya les queda menos tiempo para cumplir con esta necesidad ciudadana.

En esa tesitura, es una buena noticia en materia de prevención del delito el convenio que acaba de suscribir la titular de la SSYPC,  #Gaby Zepeda, con el Rector de la máxima casa de estudios de la entidad, Carlos Natarén Nandayapa.

Se trata de un beneficio para aquellas personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social.

Dicho acuerdo permitirá que los reos  puedan continuar sus estudios profesionales dentro del proyecto Universidad Virtual, en carreras como Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación, Derechos Humanos, y Gestión de la Micro, Pe-queña y Mediana Empresa, lo que contribuirá a una efectiva reinserción social, y además se cumple con uno de los objetivos que impulsa la administración de Rutilio Escandón para mantener a Chiapas como un estado seguro.

En fin.

BALCON. En un vídeo difundido en las redes sociales, el diputado federal Raúl Bonifaz Mohedano hizo un llamado a la unidad interna de MORENA,  en vistas a la definición de la próxima dirigencia nacional del partido político en el poder federal. El legislador federal oriundo de Tuxtla Gutiérrez convocó a los dos bandos en disputa a anteponer los intereses de la militancia a los afanes para conseguir el poder interno de MORENA...Eso es todo.

 

 

 

En 2019 el gobierno húngaro se apropió los fondos de la Academia Nacional de Ciencias y sus centros de investigación. Aunque ilegal, la medida fue aprobada por el congreso. An-tes, el mismo gobierno forzó el cierre de la Universidad Centro Europea, fundada por So-ros, y descalificó a las instituciones que recibían fondos del extranjero. Este afán de con-trol incluye también a la Universidad de Teatro y Artes Cinematográficas, que recién pasó a manos de leales seguidores del primer ministro Orban (como documenta Human Rights Watch).

Junto con la libertad de prensa, la autonomía y la libertad académicas han sido blanco primordial de un gobierno que rechaza la crítica, el pluralismo y el diálogo. Como otros regímenes autoritarios, éste ve la academia, las artes y los medios independientes como “enemigos”, no como interlocutores interesados en contribuir a los debates públicos, solu-cionar problemas nacionales o mejorar la calidad de vida de la sociedad y preservar el pla-neta.

En México, esta semana o la próxima, el Senado decidirá si secunda el ataque de la diputación mayoritaria contra la autonomía – y viabilidad-  de la investigación científica, la creación artística,  la defensa de los Derechos Humanos y el apoyo a poblaciones azota-das por fenómenos naturales, o si reivindica el sentido y utilidad de los fideicomisos des-tinados a estas actividades y toma en cuenta a quienes se han manifestado por escrito y en persona contra su extinción. Tendrá que optar entre la engañosa narrativa que justifica arrasar con 109 fideicomisos “fuera de control”  y la mesura de expertos y ONG que re-comiendan evaluarlos y regularlos para garantizar su transparencia.

Si el objetivo superior es destinar fondos millonarios a la salud, podrían suspender – o cancelar- la construcción del tren que depredará territorios de pueblos originarios y zonas de alto valor ambiental, en vez de aumentar su presupuesto en 1300 por ciento para 2021 (PPEF).

Como escribió en Twitter este domingo Sabina Berman, no hay necesidad de volar el edificio para sacar a algunos corruptos. Para eso existen leyes y regulaciones. Tampoco hay necesidad de denostar a la academia y despojar a sus integrantes de ética y sentido de responsabilidad social. Acusar a sus integrantes en masa  de egoísmo, pereza y afán de riqueza no sólo denota un anti-intelectualismo que ya permea cierta opinión pública, su-giere sobre todo un afán de acallar las voces críticas. Un afán de contrarrestar los argu-mentos de quienes han defendido la autonomía y viabilidad económica de centros de in-vestigación que, entre otras actividades, estudian problemas que afectan a toda la socie-dad, como el COVID, la violencia y la impunidad, el racismo o el cambio climático; eva-lúan políticas públicas y forman a futuras profesionistas.

No hay necesidad de derruir el edificio, de socavar sus cimientos.  A menos que, preci-samente, se busque desaparecerlo o debilitarlo.

Si la desaparición del FONDEN y otros implica abandonar a poblaciones y personas en riesgo, la extinción de fideicomisos de centros de investigación debilita la autonomía de la investigación científica y humanística, empobrece la educación en general y la superior en particular, y golpea a grupos ya injustamente estigmatizados como élite “parasitaria” que, según voces oficiales, no contribuye al bienestar del pueblo, no hace ciencia “pertinente” o, peor, vive a costa de los sufridos contribuyentes.

¿Se pretende acaso que inventen otros? ¿Qué se entiende entonces por educación de calidad? ¿Cómo se garantizará una vida digna a toda la población?

El doble ataque a los recursos financieros y a la autoridad crítica de instituciones como la UNAM, el CINVESTAV o el CIDE, coincide con la denostación a medios y periodistas independientes y con la reducción de presupuesto a programas para la igualdad de géne-ro o la protección del medio ambiente.

¿Será que, como en Hungría o Turquía, se busca – con medios más “sutiles”- controlar y subordi-nar a esas molestas instituciones donde, pese a los lineamientos burocráticos de CONACYT, hay quienes intentan y logran todavía pensar por cuenta propia?

 

 

 

 

 

 

Los militares son incorruptibles

AMLO teme un golpe de Estado

FRENA otorga reconocimiento a Trump

La detención del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda no tiene parangón, ningún ex funcionario del ramo en la historia del país había sido detenido por autoridades norteamericanas.

Se supone que existen convenios internacionales de cooperación en muchos rubros, pe-ro los más delicados contra el tráfico humano, de armas, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado, por mencionar algunos.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en sus aburridas mañane-ras que no fue avisado de la detención de “El Padrino” como lo identificaba la DEA, al día siguiente reculó y dijo que si sabía de la detención, pero es muy difícil de creer, pues las versiones de hoy señalan que las autoridades norteamericanas actuaron con el mayor sigi-lo o motu proprio.

Según informes, la DEA le seguía la pista al “Padrino” como lo identificaban los narcos mexicanos desde el 2015.

Los norteamericanos que se las gastan en eso del espionaje empiezan a seguirle la pista al general Cienfuegos y guardan todos los chats que contenidos en sus blackberry y con todo eso le arman un expediente por lavado de dinero y su relación con los narcos.

Lo anterior es muy graves, porque seguramente se llevará entre las patas al presidente de México, porque la pirámide militar hace que tu como secretario de la Defensa vayas dejando tus contactos en todos el país, operación de alto nivel con un cartel muy impor-tante, labor que obviamente no hacía solo sino tenía quien le ayudara, por no llamarlos cómplices.

Sin duda este tema es la punta del iceberg en lo que se refiere a la trama de las investi-gaciones de corrupción del narcotráfico en las fuerzas armadas en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y que rebota en el gobierno de la 4T de López Obrador por todas las facultades que le ha entregado a los militares como el hacer aeropuertos, carreteras, ban-cos, control de puertos, a sembrar árboles, la marina mercante, los ha nombrado adminis-tradores, constructores, hasta la administración de finanzas del ISSSTE, estará en un serio aprieto si se comprueba que la corrupción en la milicia es rampante y propiciada por el actual gobierno.

Por ello, hoy el gobierno está metido en un gran brete en torno a su relación y a su de-pendencia de la imagen del Ejército Mexicano, recuerdo que cierta ocasión aseguró que si de él dependiera desaparecería al ejército, ya en operación el tabasqueño no solo no lo di-suelve sino que le otorga facultades crecientes en materia de seguridad pública y en todo tipo de concesiones, convirtiendo al ejército en el principal concesionario de obras públi-cas del país en base en una pureza que ahora el presidente repite y dice que los actuales miembros de las fuerzas castrenses en los miembros de los mandos superiores, Secretario de la Defensa y Marina son “incorruptibles”.

Pero también dijo en un momento que todo aquel que fuera señalado aun así no hubie-ra terminado el proceso sería removido del cargo, pero reculas como es su costumbre al día siguiente remarcando que sería irresponsable sancionar a personas solamente por una relación piramidal sino derivada de la endogamia lógica de la organización de la fuerzas armadas.

Es decir, o tenemos a un pueblo uniformado que defiende a la patria o tenemos un pueblo uniformado infiltrado por la delincuencia.

La prueba de la infiltración es lo que dice la DEA –una muestra que no toma en cuenta al gobierno mexicano-, porque no le informan nada de lo que hacen, lo que exhibe al go-bierno de la 4T por su debilidad y su vulnerabilidad del Estado Mexicano frente a las agencias de espionaje de los Estados Unidos.

Si la DEA puede espiar al Secretario de la Defensa toda la intromisión en asuntos de ca-rácter nacional modifican las políticas de este gobierno cada vez que quieren con las puer-tas abiertas de par en par en el nombre de una cooperación que no es cooperativo sino impositiva.

El peor escenario para López Obrador

El presidente Manuel Andrés López Obrador (MALO), mantiene en mente la invasión de Granada, la operación militar de nombre en código (Furia Urgente), perpetrada por los Estados Unidos y varias otras naciones caribeñas en respuesta al golpe de Estado asu-mido por HUDSON Austín  y su alianza militar cubano-soviética el 25 de octubre de 1983, hace casi 37 años.

También debe tener en mente otra invasión por parte de la nación más poderosa del mundo, a Panamá en 1989 denominada código militar Operación Causa Justa, llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990.

Esta se realizó durante la gestión del presidente George H. W. Bush, en las provincias de Panamá y Colón. El 15 de diciembre de 1989, Panamá, durante la dictadura del general Manuel Noriega, quien se había declarado en estado de guerra contra aquella nación.

Pero la más recordada y la que más ocupa y preocupa a MALO es el golpe de Estado dado al ex presidente de Chile, el 11 de septiembre de 1973, una acción militar llevada a cabo por las fuerzas armadas de ese país, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército para derrocar al presidente socialista de Salvador Allende y al gobierno izquier-dista de la Unidad Popular.

Los actores principales para quitar del poder a Allende fueron los norteamericanos y el ejército chileno, y en su afán de perpetuarse en el poder bajo el régimen comunista, Ló-pez Obrador en una actitud cobarde y sumisa ha sido muy cauteloso con su relación ta-chada hasta de servil con Donald Trump, presidente de Estados Unidos y, con las Fuer-zas Armadas de México le ha dado todo tipo de facultades para mantenerlos ocupados y no se den cuenta estos de los atropellos, errores, violación a los derechos humanos, co-rrupción de los que hoy ya esas fuerzas castrenses se encuentran contaminadas.

Por ello, lo que hoy sucede con la detención de un general de cuatro estrellas y es se-cretario de la Defensa, es su peor escenario pues el sector en conde había cifrado toda su confianza se empieza a desmoronar y López se puede estar tambaleando, desde una visión del extranjero y la otra:

De ganar Joe Biden la presidencia de Estados Unidos como aparece en todas las en-cuestas como favorito, y molesto este porque el tabasqueño le apostó a la reelección de Trump, no habrá poder humano que lo salve, pues toda la podredumbre de la 4T, saldrá a la luz pública y López ni se dará por enterado por donde le llegará el madrazo.

Vienen los peores escenarios para MALO, por dos elementos, Trump ya no estará en el poder y el Ejército Mexicano sus principales apoyos, ya no los tendrá, por lo que no habrá márgenes necesarios para moverse.

López esta frente al espejo que no quiere verse, el fracaso de un presidente que sucum-bió ante la corrupción, que demostró que cuando se trata de los suyos, los protege, y al hacerlo, valida que el pueblo fue lo que menos le importó

Por haber detenido al General Cienfuegos

El Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) es impulsado por distintos empresarios que buscan la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de esa dirigencia destaca un personaje: Gilberto Lozano.

El líder Gilberto Lozano se apareció ayer en la Delegación o municipio Cuauhtémoc, escasamente a dos calles del Monumento a la Revolución, en una plaza pública en donde el presidente ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum co-locar dos estatuas una de Fidel Casto y la otra de él Che Guevara.

Explicó que el primero un dictador, represor y el otro un asesino serial reconocidos mundialmente por sus crímenes de lesa humanidad.

En su video difundido en redes sociales, Gilberto Lozano dijo que la nuera de López Obrador, Claudia Sheinbaum mandó a poner ambos monigotes.

Recordó Lozano que cuando tenía 18 años utilizó una camiseta del Che, pero se necesi-ta ser muy pendejo que después de los 18 años seguir usando la camisa del Che, porque te das cuenta de la verdad que solo es un adoctrinamiento para idiotas.

Son lacras que acabaron con sus pueblos dijo Lozano y la placa alusiva la firmo el sena-dor Ricardo Monreal, líder de la bancada del senado, quien tiene 46 casas, que ya pasó por el PRI, PT, PRD y ahora en Morena.

Sin embargo, Gilberto Lozano aclaró que el motivo del video no era para denunciar a la obra de la nuera de López sino para hacer un reconocimiento al Presidente por las últi-mas acciones que han logrado erradicar la corrupción, las organizaciones criminales y la impunidad.

Hoy FRENA –agregó, hace un reconocimiento a usted presidente y queremos por lle-var al general Cienfuegos a un juicio, es un “nocaut”, la delincuencia y que los mexicanos agradece.

Pero lamentó Lozano que el presidente no viva en México, sino en los Estados Unidos, porque es a usted presidente Donald Trump a quien se lo vamos a entregar.

Los latinos, dijo hemos recibido muchas muestras de cariño y de respeto a su trabajo Señor Donald Trump. Si el que mete a la cárcel sin consultas al general Cienfuegos, a Ge-naro García Luna, a Edgar Veytia, a Nasson Joaquín García y a delincuentes que golpean a la gente y a nuestras familias.

Hizo la petición al embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, que haga llegar a través de su embajada la invitación que tiene de los mexicanos –no de los políticos-, sino de la gente que trabajamos y pagamos impuestos para entregarle este reconocimiento.

Finalmente se refirió al presidente López, a quien lo tildó de mamarracho, un mequetrefe, un tipo que en sus narices le da besos y abrazos a la mamá de los capos, libera a los capos, va a cum-pleaños de narcos y son los Estados Unidos donde los tienen que pescar, por eso el reconoci-miento, concluyo. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

 

 

 

 

 

 

Grid List

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador solicitó a la operadora del ae-ropuerto internacional de Tapachula, Chiapas que si no pueden modernizar dichas instalaciones aeroportuarias que regresen la concesión al Gobierno de la República para que éste haga los tra-bajos pertinentes en el lugar.

Luego de inaugurar la ampliación de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la capi-tal chiapaneca en compañía del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas entre otras autoridades y empresarios, el mandatario federal señaló “Si ellos no están en condiciones de ha-cerlo, que nos entreguen la concesión”.

“Que me dicen que tiene hasta baches en la pista, lo estoy diciendo para que el concesionario tome nota. Primero que, como se dice coloquialmente, se ponga las pilas y que modernice ese aeropuerto, estoy pidiendo de manera muy respetuosa: quien tiene la concesión, que se aplique a fondo”, añadió el titular del Ejecutivo.

 

 

 

Mediante edictos, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) busca a exfuncionarios del gobierno pe-rredista de Arturo Núñez Jiménez, así como a exalcaldes, para que comparezcan y aclaren presuntos desvíos millonarios cuando ocuparon sus cargos.

En los edictos se les hace el apercibimiento de que, si no se presentan a las audiencias, “se tendrán por presuntamente ciertos los hechos que se le imputan”.

El 15 de octubre, el gobierno del estado publicó en el periódico oficial dos edictos del OSFE pa-ra localizar al extitular de la Secretaría de Educación del Estado (Setab), Ángel Eduardo Solís Carballo, relativo al Procedimiento de Responsabilidades Resarcitorias por observaciones de 15 millones 502 mil 63 pesos en la cuenta pública 2017.

Uno, por expedir recibos sin números de folios ni nombres de beneficiarios para pagos del programa Apoyo Administrativo para la Operación del Sistema Educativo Estatal, por 8 millones 400 mil pesos, del 30 de marzo, 10 y 26 de abril y 11 de mayo de 2017.

El segundo, por firmar gastos y aprobar obras irregulares del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2017, por 7 millones 102 mil 063 pesos.

Solís Carballo fue el tercer secretario de Educación del sexenio de Arturo Núñez. Ocupó el cargo de enero de 2017 a diciembre de 2018.

El OSFE también requirió, en otro edicto, extitular de la Unidad de Atención y Seguimiento a Proyectos Especiales de la Setab, Alfonso Verduzco Dávila, por gastos y obras irregulares en el Programa Escuelas de Tiempo Completo 2017, por 7 millones 102 mil 63 pesos.

Igualmente, al exdirector de Conservación de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Ángel Eduardo Abreu Menéndez, por obras “pagadas no ejecutadas” por 12 millones 336 mil 33 pesos, del ejercicio fiscal 2015.

Y al exresidente de Obras de la Secretaría de Salud, Antonio Cruz, por alterar órdenes de pa-go para el director responsable y corresponsable de la obra de ampliación del área de Oncología del Hospital Juan Graham Casasús, lo cual provocó daño patrimonial de un millón 299 mil 261 pesos.

El OSFE menciona que se intentó localizar a estos cuatro exfuncionarios nuñistas en los domi-cilios anotados en el Instituto de Seguridad Social, así como en el Infonavit, pero no se tuvo éxito.

Asimismo, los apercibe que “de no comparecer sin justa causa a la audiencia referida” en un plazo de 15 días hábiles, “se tendrán por presuntamente ciertos los hechos que se le imputan y por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos”.

El pasado domingo 11 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que había rea-lizado órdenes de cateo “en tres domicilios diferentes” del exsecretario de Salud nuñista, Rom-mel Cerna Leeder, quien no pudo ser detenido derivado de una investigación en su contra por presuntos desvíos millonarios en esa dependencia y cobrar “moches” a proveedores.

Desde entonces, el exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia.

El exalcalde perredista del municipio de Cárdenas, Rafael Acosta León, también es buscado por el OSFE mediante edicto publicado el pasado 5 de septiembre, por presunto desfalco de más de 27 millones de pesos en la adquisición de luminarias para el alumbrado público.

En diciembre de 2018, último año de su trienio, el Congreso del estado reprobó la cuenta pública 2017 de Acosta León, por probable daño patrimonial de 68 millones 460 mil 732 pesos con 90 cen-tavos y desde entonces se volvió inlocalizable.

 

 

 

Periódico impreso edición No. 1998 del día 19 de Octubre del 2020    [Leer completo].

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la refinería que se construye en el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, se inaugurará el 1 de julio de 2022.

A decir del mandatario, se eligió ese día para abrir la refinería –que presenta un 24 por ciento de avance- para que coincida con el cuarto aniversario de su triunfo en las elecciones presiden-ciales de 2018.

“[…] se va a inaugurar el 1º de julio, cuando los mexicanos decidieron en 2018 decir ‘¡basta!’ al régimen de corrupción, al régimen de la impunidad, de injusticias y de privilegios, y con mu-cha sabiduría nuestro pueblo dijo ‘basta’ y vamos por la transformación de México”, aseguró.

El presidente López Obrador incluso adelantó que para el 2023 estarán rehabilitadas las seis refinerías del país, por lo que se va a tener capacidad para procesar un millón 540 mil barriles diarios de crudo y “vamos a ser autosuficientes”.

Finalmente, el tabasqueño aseguró que ese escenario es posible debido a que no se tienen problemas de presupuesto y “hay finanzas públicas sanas”.

“[…] aprovecho para decir que ha manejado el gobierno la economía y las finanzas con tanta res-ponsabilidad, eficacia, honestidad, austeridad que acaban de decidir nombrar como presidente del Consejo de Administración del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional al secre-tario de Hacienda del Gobierno de México, Arturo Herrera”, dijo en referencia al nombramiento.