JA Teline V - шаблон joomla Форекс
23
Fri, Jul
144 New Articles

En los primeros 18 meses del sexenio, la fiscalía general de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259 de los cuales sólo tres fueron enviados a un juez, y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria”.

Los datos forman parte del informe coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dado a conocer este jueves y que echan por tierra el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en su gobierno ya no se tortura.

En el ámbito de las entidades federativas, la situación no es mejor: “sólo en 2018 se iniciaron 4 mil investigaciones, pero en apenas dos casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez”, agregan las organizaciones en su reporte, producto de una misión virtual realizada en febrero pasado de seguimiento de la implementación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) a México en 2019.

El informe “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia” revela que lejos de abolirse la práctica de la tortura durante esta administración, tiende a agudizarse con la “profundización de la militarización”, con la instrucción del presidente López Obrador de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad, mientras “la Guardia Nacional (GN) sigue siendo un cuerpo de seguridad militarizado, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con dirección y composición militar, contraviniendo las propias disposiciones del CAT”.

El informe resalta “la alarmante falta de articulación que existe a nivel interinstitucional, así como entre el ámbito federal y local”, para atender la prevalencia de la tortura en México, señalando de manera destacada a la FGR como “un cuello de botella de muchos de los problemas que se observan actualmente, incluyendo la falta de respuesta a solicitudes de otras instituciones, la presentación de iniciativas de reforma de carácter regresivo y desarticulador, la falta de implicación e implementación de instrumentos y medidas previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (LGT) así como las múltiples deficiencias que caracterizan la investigación de casos”.

Pandemia e incremento de población carcelaria

El documento destaca que, durante 2020, el año de la pandemia, se incrementó la población carcelaria a más de 14 mil personas, situación que generó al menos 3 mil 456 casos de personas privadas de la libertad infectadas por SARS-COV-2, de acuerdo a datos oficiales al 11 de julio.

“México ocupa la cuarta posición en el mundo en el número de muertos causados por la pandemia, sin medidas adecuadas, las personas privadas de la libertad están en la primera línea de exposición al virus”, destaca el informe tras alertar la inoperancia de la aprobada Ley de Amnistía, que tenía entre otros objetivos, despresurizar las prisiones.

La misión de observación “recibió información de la falta sistemática de atención a las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo, situación que se ha agudizado en el contexto de la pandemia”, toda vez que en las estaciones migratorias prevalecen “el hacinamiento, falta de higiene, de alimentación adecuada y de atención médica (incluida atención médica de emergencia)”, mientras que se acentuaron las denuncias de “la creciente securitización de las fronteras y controles migratorios, así como el uso recurrente de la fuerza”.

Omisiones

Entre las omisiones en el cumplimiento de las recomendaciones del CAT, el informe alerta sobre la falta de publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, documento elaborado con la participación de la sociedad civil y la asesoría de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), bajo el argumento del gobierno actual de que está siendo  revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el ámbito jurisdiccional, las organizaciones que elaboraron el informe consideran preocupante que “el poder judicial continúa admitiendo pruebas ilícitas argumentando que la víctima no ha probado la tortura, manteniendo la exigencia y carga de la prueba en personas imputadas, las que deben presentar, al menos una pericial médica-psicológica que señale de manera incontrovertible su existencia”.

Lo anterior resulta grave, alerta el informe, porque “la inversión de la carga de la prueba se da en un contexto de múltiples denuncias por la ausencia de independencia, imparcialidad y rigor detectada en los dictámenes realizados por personal pericial oficial, que siguen desacreditando o minimizando y, por lo tanto, encubriendo actos de tortura y malos tratos”.

Por si fuera poco, durante la misión de observación, las organizaciones participantes recabaron testimonios de organizaciones y víctimas sobre “acciones estigmatizantes y criminalizantes” por parte de personal de instituciones públicas, mientras que persisten deficiencias en la atención por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal y sus similares a nivel local, que “no cuentan con recursos humanos, materiales y económicos para hacer frente a la magnitud de las violaciones cometidas en las distintas entidades”.

El informe recoge denuncias de “violaciones recurrentes a los derechos humanos de las personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado”, así como el “recrudecimiento de la represión el actuar abusivo de las fuerzas de seguridad en el marco de restricciones vinculadas a la pandemia”, siendo uno de los casos más graves la ejecución extrajudicial de Giovani López por no portar cubrebocas, en mayo de 2020 en Jalisco, lo que generó una serie  de protestas, indignación que tuvo como respuesta oficial “la represión brutal, detenciones arbitrarias de decenas de personas manifestantes”, algunas de las cuales fueron desaparecidas forzadamente, torturadas, y después liberadas en lugares remotos.

El documento incluye la reacción de las autoridades durante la manifestaciones del 8 de marzo de 2021, de manera particular en la Ciudad de México, donde policías recurrieron a uso de gas lacrimógeno y extintores, “lanzaron fierros y piedras, usaron  fusiles para lanzar balas de pintura, y existen registros de granadas de mano y artefactos incendiarios que al caer y encenderse liberaban una sustancia irritante, así como múltiples denuncias de agresiones, actos de humillación y violencia sexual por parte de la policía”.

El informe considera en extremo preocupante los asesinatos de seis periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos en 2020, mientras se instrumenta “un debilitamiento de las políticas  protocolos de protección”, como la extinción del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas en 2020, como parte de las “medidas de austeridad” instrumentadas por el gobierno de López Obrador.

Además recomienda “adoptar, aprobar y publicar” el Programa Nacional para combatir la  tortura,  con previa consulta a las organizaciones; garantizar el “acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de tortura”; que las fiscalías especializadas “elaboren planes integrales de persecución de la tortura”, y que en el contexto de la pandemia se garantice la vida y salud de todas las personas, “asegurando que las leyes y prácticas adoptadas en este contexto cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y no incrementan la arbitrariedad y abusos”, poniendo especial atención a la situación de las personas privadas de libertad.

El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), Andrés Ramírez, informó que la semana pasada llegaron a Tapachula, Chiapas, dos mil migrantes de Haití a solicitar asilo, lo que puso en alerta a las autoridades por un posible desborde en la atención.

“Tuvimos una llegada excesiva de migrantes procedentes de Haití. Cada semana llegan aproximadamente 400 personas, pero el lunes pasado por una razón que no tenemos claridad llegaron 2 mil haitianos, lo que nos puso en alerta, sobre todo por las medidas por la preocupación de que no se respetaran las medidas de sanidad”, explicó.

En entrevista con La Razón comentó que todos los migrantes llegaron a las oficinas de la Comar a pedir refugio, por lo que tuvieron que solicitar apoyo ante un posible desborde.

Además, agregó que la situación que atraviesa el país no es sólo por el asesinato de su presidente, sino que el caos viene de años anteriores.

“El magnicidio sólo es la culminación de problemas fuertes que tiene ese país, además, las llegadas de haitianos han sido muy grandes desde el año pasado. Después de Honduras, ya no son los países de Centroamérica de los que llegan más personas, sino de Haití”, destacó.

Andrés Ramírez aseguró que si bien no van a alcanzar los registros de llegada de personas de Honduras los haitianos, sí habrá un número muy elevado que reducirá.

“Aparte están llegando desde Brasil y Chile en un trayecto muy largo hasta México, porque no vienen por avión, sino por tierra. Hay mucho riesgo en su trayecto y no son gente que salió de ayer, sino desde hace varias semanas”

En este sentido afirmó que salen de esos países porque la situación económica ya no es tan estable como hace algunos años, toda vez que llegaron en 2010, después del terremoto pero ahora ya decidieron llegar a México o subir a Estados Unidos. Diariamente llegan a Chiapas entre 400 y 800 personas.

De acuerdo con datos de Comar, en 2019 las personas de Haití ocuparon el quinto lugar en personas migrantes solicitantes de refugio con 5 mil 539 peticiones; para 2020 se situaron en el segundo lugar con 5 mil 949; sin embargo, en lo que va de 2021, siguen en el segundo sitio, sólo por debajo de Honduras con 9 mil 327 solicitudes de asilo.

Por separado, el activista en derechos humanos, Luis Villagrán, sostuvo que los migrantes que llegaron desde la semana pasada, se quedan en la plaza principal de Tapachula, o en las calles del municipio a esperar su respuesta a solicitud de asilo para seguir su camino.

 “Se quedan en la calle, no hay otro sitio. No hay atención a ellos y las autoridades les dan pocos cubrebocas pero no se los ponen, no hay un protocolo de sanidad donde puedan tener un resguardo al COVID”, aseveró.

El activista dijo que no se puede controlar la llegada de los haitianos, que cada vez son más en su paso por Chiapas, mismos que llegan a pedir directamente asilo por las graves condiciones por las que atraviesa su país.

Mientras que en Chiapas se ve a las personas deambulando por las calles, pidiendo apoyo a las personas para alimentos y algunos un aventón para salir de la localidad, pero el panorama es el mismo, gente que espera días en sillas, bancas, en el suelo, en la sombra o a pleno rayo del sol, que las autoridades les llamen para otorgarles la protección para que dejen de huir y hacer su tránsito legal en México.

El dato: Las personas que llegaron se quedan en la plaza principal de Tapachula, o en las calles del municipio a esperar su respuesta a solicitud. Con información de La Razón.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero analiza el caso del surgimiento de un grupo de autodefensa en Pantelhó, Chiapas para determinar si se trata de una confrontación política o expresión genuina contra la inseguridad.

Además, dijo que también se investiga el origen de las armas que exhibieron los integrantes del grupo armado en los Altos de Chiapas.

“Pero en ningún caso se acepta el que se armen grupos llamados autodefensa, nosotros no aceptamos eso. Y es nuestra responsabilidad garantizar la paz y la tranquilidad, y lo estamos haciendo”, expresó el mandatario en la conferencia matutina donde agregó:

“Y que no usen eso como excusa, que no digan: ‘Es que es mucha la inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos’, porque son dos cosas: o es una cuestión politiquera, de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder; o delincuencia. Hay que ver de dónde obtienen las armas”, señaló el mandatario.

A pregunta expresa, reiteró que no está de acuerdo con el surgimiento de grupos de autodefensa y dijo que estas expresiones armadas son una creación dañina de la época en que se le declaró la guerra a las bandas de la delincuencia.

“Trajeron hasta a un experto colombiano para enfrentar el problema de la inseguridad, la violencia, con estas llamadas autodefensas. Eso no debe de aceptarse, nosotros no estamos de acuerdo con eso porque el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad”, refirió el mandatario.

Por ello, reiteró su postura de que nadie “puede hacer justicia por propia mano”, argumentando que es ilegal y eso no debe aceptarse, indicó.

“Nadie debe de armarse para enfrentar una supuesta situación de inseguridad”, consideró el presidente y dijo que puede ser que se trate de “una confrontación política”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) denunció hoy la posible venta ilegal de información del Padrón Electoral, la cual contiene datos sensibles de alrededor de 95 millones de mexicanos.

Detalló que, el pasado 14 de julio, detectó una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada en el mercado negro, la cual hace referencia a la venta de presunta información del padrón, por lo que ya inició una investigación.

El órgano electoral agregó que, en dicha publicación, se observa que la estructura de los datos sospechosos puede corresponder a datos del padrón de 2018.

“De manera preliminar y con la información con que se cuenta al momento, se identifica que el corte de la información no sería de 2021. Podría tratarse, en cambio, de un corte de información de 2018, cuya exposición se ha estado investigando desde abril de 2020”, indicó.

Y recordó que, el 8 de mayo de 2020, interpuso ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) una denuncia por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al Padrón Electoral.

Esta denuncia ante la FEDE, dijo, “representó el inicio de una investigación que deberá llegar a sus últimas consecuencias, incluyendo, de ser el caso, el ejercicio de las acciones penales que tengan lugar”.

En esa ocasión se dio vista al Órgano Interno de Control del INE, a la Unidad Técnica de lo Contencioso y a la Dirección Ejecutiva de Administración, a fin de que investiguen y procedan de acuerdo a sus atribuciones, y así se puedan fincar las responsabilidades administrativas, electorales y laborales, respectivamente.

Por último, el INE reiteró su compromiso de proteger la base de datos del Padrón Electoral –con información sensible de cerca de 95 millones de mexicanos-- que tiene bajo su custodia, “velando en todo momento por la seguridad y buen uso que se haga de la misma”.

La estrategia de enviar militares a los territorios de Chenalhó y Pantelhó, en Chiapas, pone en riesgo la libertad, integridad personal y el libre tránsito de la población tzotzil y tzeltal de la región de Los Altos, alertó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

“Además, profundiza el miedo y el terror de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno a raíz de la violencia generalizada causada por el crimen organizado”, advirtió en un comunicado.

Grupo REFORMA documentó que los conflictos armados entre grupos del crimen organizado y la reacción de pobladores han generado, en las últimas semanas, crisis de inseguridad en Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, Ejército y Policías locales.

Para el Centro Fray Bartolomé, el envío de militares se enmarca en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales en esa región, a 126 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, hacia Ocosingo.

“Esa estrategia ha dejado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México. Hacemos un llamado al Gobierno federal para que las fuerzas armadas respeten y garanticen los derechos humanos de la población de la región”, indicó.

En esa región chiapaneca, militares y policías estatales han sido emboscados en distintas ocasiones, con saldo de nueve heridos.

El 5 de julio, un integrante de Las Abejas de Acteal fue alcanzado por las balas que le propinó un sicario motorizado frente a su hijo, en el poblado de San Simón.

Desde el 9 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH ) condenó la serie de hechos de violencia y los enfrentamientos armados ocurridos en Pantelhó.

El organismo nacional también atribuyó a las confrontaciones el desplazamiento de familias a los municipios de Tenejapa y San Cristóbal de las Casas.

“La CNDH manifiesta su preocupación ante la situación de violencia en la zona, al tiempo de exhortar al Gobierno del estado a garantizar el derecho humano a la vida e integridad de las personas desplazadas, a preservar el Estado de derecho y a realizar con eficiencia, oportunidad e imparcialidad las investigaciones que permitan ubicar y procesar a los probables responsables de estos hechos”, señaló.

También hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a brindar de manera inmediata toda la ayuda humanitaria necesaria a los afectados del conflicto. Con información Grupo Reforma

Arturo de León Loredo delegado del Instituto Nacional Electoral en Chiapas dio a conocer que, Venustiano Carranza, Oxchuc y Pantelhó, son los municipios de Chiapas que no participarán en la consulta popular formal en México, para enjuiciar a gobernantes por sus decisiones en el cargo, debido a que no hay garantías de seguridad para las y los ciudadanos.

Recordó que este mecanismo está programado a realizarse el primero de agosto y serán los ciudadanos los que responderán esta consulta.

En este contexto detalló que, en Venustiano Carranza no se instalarán mesas receptoras, no hay condiciones, así se nos informó. El otro municipio: Oxchuc, también declinó, aquí sí, un municipio que se rige por el sistema normativo interno declinó participar por no tener las condiciones de seguridad es el de Pantelhó”.

Detalló que, en Chiapas, se van a instalar dos mil 294 mesas receptoras, y la ciudadanía que participó en la organización de la jornada electoral del seis de junio, serán quienes reciban la opinión de la población el próximo 1 de agosto.

En esta consulta, el gobierno federal busca la opinión de la población, sobre enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), para que sean llamados a rendir cuentas, que esclarezcan ciertos episodios de México que quedaron cubiertos por un manto de opacidad.

A partir de este jueves 15 de julio, inicia una veda, en donde se suspende la propaganda de actividades de las dependencias de los tres niveles de gobierno, excepto salud, educación y protección civil, dicha veda se establece hasta el primero de agosto.

El fracaso de una consulta anunciada

AMLO regala medicinas a los cubanos

 

Van 44 periodistas y 68 activistas asesinados en el gobierno de López

Esa votación del 1 de agosto es verdaderamente un insulto a la vida institucional del país y realmente da mucha tristeza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya aprobado esa pregunta tan barroca, el deber no se cumple y a los delincuentes  no se les persigue por votación popular, el ministerio simplemente actúa si existen elementos para hacerlo, no en función de que la gente diga aunque sea el pueblo bueno que se tiene que hacer.

No es necesario ser un jurisconsulto para entender que el cumplimiento de la ley no se consulta y en medio de engaños a los que al menos a los seguidores de López Obrador si creen en la consulta popular para juzgar a actores políticos que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto.

Sin embargo, aunque desde mi punto de vista pienso que será un fracaso, pues con todo y seguidores el “pueblo bueno”, no saldrá a votar, menos perder un día de asueto, simplemente para cumplir otro capricho u ocurrencia del presidente.

Hay preocupación y el gobierno se las huele que esta vez el “pueblo bueno” no saldrá a votar y se quedará en casita o saldrá a pasear o comer con la familia como es costumbre.

Desde luego que no acudirán más de 37 millones de personas para pronunciarse a favor de que sean juzgados actores políticos del pasado, pero sí creo que será más relevante e interesante lo que pueda ocurrir el próximo año con la renovación de mandato del propio presidente.

Ese si será se pronósticos reservados y no me atrevo a pensar que pasará si la revocación del mandato si el “pueblo bueno” así lo decide, será un caos el país, peor como ya lo tiene el hijo predilecto de Macuspana.

Es por ello que la 4T echará “toda la carne al asador” y para entregar buenas cuentas al rey de palacio, por lo que se van con todo para apoyar a la consulta popular.

Es decir, todos los funcionarios de la 4T y sus subalternos tienen instrucciones de participar activamente este próximo 1 de agosto en la consulta popular, no sola acudiendo a la casilla respectiva para votar, sino llevando al mayor número de “acarreados”.

La desesperación y las alertas rojas prendidas en Palacio Nacional provocan que ni siquiera cuiden las formas legales para inhibir que los funcionarios públicos actúen descaradamente para impulsar la participación de la gente en la consulta.

La cargada esta lista, toda la estructura del gobierno está en la consulta popular, desde los Siervos de la Nación hasta el mismo presidente y ello sin ningún cuidado de las formas legales.

Pero no dudamos que los aliados de López le echarán la mano para no hacer el ridículo, y n o es que sea mal pensado, pero sin temor a equivocarme, Morena y los cárteles aliados al partido oficial en todo el país serán los encargados de “engordar” una consulta que, en el fondo, rechazan la mayoría de los ciudadanos.

Ya para terminar este comentario quiero citar las palabras de Fox que tuiteo hace unos días: “No tardamos en saber cuántos pendejos quedan en el país, el día de la consulta tendremos cifras exactas”.

Actitud desleal del presidente

Desde la llegada al poder López Obrador, su partido Morena y su 4T, los niños y las mujeres son algunos de los sectores sociales más vulnerables y peor atendidos por las instituciones del Estado.

El sector Salud entró en crisis y por ende millones de mexicanos que se vieron en el desamparo al desaparecer el Seguro Popular, medicamentos de todo tipo, en particular contra el cáncer y demás enfermedades.

De esta forma, López manifestada su desprecio contra los mexicanos, entre ellos los pobres que tanto se ufana de son la razón de su gobierno.

Es por ello que hoy, niñas y niños viven uno de los peores momentos en la historia; solos contra el mondo, enfrentan el abandono de un presidente insensible, inhumano y perverso, víctimas  de los efectos de la pandemia, la orfandad y la carencia de lo que es indispensable para vivir, y para rematar son presa fácil de las bandas criminales con las que López tiene un pacto.

Pero si se trata de quedar bien, bueno, López lo hace con los de fuera, con aquellos que no sabemos el porqué de su comportamiento, pero prefiere tenderle la manos a los de fuera que a los de dentro.

Mientras en México hacen falta medicamentos de todo tipo, estrategias de salud para enfrentar la pandemia, López se pone a regalar vacuna y ayuda humanitaria a otros países, principalmente los socialistas como Cuba y Venezuela.

Por ello, aplica y aplica bien el refrán “candil de la calle, oscuridad de su casa” para el gobierno del presidente López Obrador, que prefiere ayudar a otros países antes que a México.

El tabasqueño sin miramientos, ofreció apoyo al gobierno de Cuba, que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel, para hacer frente a la crisis social y humanitaria que atraviesan por la pandemia de coronavirus.

Es cuestionable esta decisión del gobierno de México, sobre todo porque en varias partes del país miles de mexicanos también necesitan de la ayuda que hoy ofrecen las autoridades a Cuba.

El gobierno de la 4T, el más letal para periodistas

La ola de violencia contra periodistas en México no para, este jueves el comunicador cajemense, Ricardo Domínguez López fue asesinado en el municipio de Guaymas, Sonora.

El periodista había denunciado amenazas en los primeros meses de este año y esta tarde fue asesinado.

El propietario de InfoGuayma fue asesinado a balazos en el estacionamiento de un supermercado ubicado al norte de este puerto, justo a unos metros de la Comandancia de Seguridad Pública, justo en el día de su cumpleaños número 47.

El pasado 29 de marzo, Ricardo López habría denunciado amenazas en su contra, tras la desaparición del reportero y comunicador Pablo Felipe Romero Chávez, de quien al día de hoy se desconoce de su paradero.

Durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 68 defensores de derechos humanos y 44 periodistas han sido asesinados en nuestro país, informó la Secretaría de Gobernación.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas detalló que a la fecha, cuenta con mil 478 personas beneficiarias en la mayoría de las entidades federativas, mientras que solo seis estados del país cuentan con organismos locales de protección en esta materia, los cuales son: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico y cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones contra la prensa por parte del crimen organizado y de autoridades.

Al menos 139 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 por su labor, según Artículo 19. Del total, 44 de ellos -si se suma el crimen de este jueves en Cajeme, Sonora- se han dado durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

Del Montón

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 55.7 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y a su gobernador electo en Nuevo León, Samuel García, por recibir apoyo de Mariana Rodríguez, esposa del político. La consejera Adriana Favela explicó que la sanción se debió a que la influencer Mariana Rodríguez publicó en sus redes sociales historias y fotografías en apoyo a la campaña de Samuel García. Acto que va contra lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Lo que no debió acontecer porque Mariana Rodríguez al tener la calidad de persona física con actividad empresarial le aplica la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular en dinero o en especie por sí o por interpósita personas, según lo ha sostenido la Sala Superior (del TEPJF)”, detalló la consejera. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

En Honduras y Haití no ha recibido vacuna alguna ni el 1%

 

En América Latina y El Caribe, sólo el 15% está protegido

La pandemia de Covid-19 destapó la cloaca del egoísmo y la desigualdad, que siempre ha dividido a la sociedad entre el reducido grupo que dispone de todo y las muchedumbres que va en la vida sin derecho a casi nada.

La eterna división de los seres humanos entre quienes lo tienen todo y las legiones que no tienen ni su propia vida. Por qué tenemos que compartir, afirman los egoístas. Son pobres porque quieren, porque no trabajan. 

Esta contradicción se ha palpado más claramente conforme el SARS-Cov-2 avanza en su proceso de destrucción de la vida humana:

Según los datos de que dispone la agencia de la ONU para la salud en el continente americano, en los países con un suministro adecuado de vacunas, las infecciones de covid-19 están disminuyendo; en los lugares en los que la cobertura vacunal sigue siendo baja, las infecciones siguen siendo altas.

En América Latina y el Caribe, en general, sólo el 15% de la población ha completado su esquema de vacunación, y algunos países, como Honduras y Haití, aún no han alcanzado el 1%, informó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarissa F. Etienne.

Con su baja tasa de vacunación, Honduras está viendo un aumento de los casos a lo largo de su frontera con Guatemala. Las infecciones por covid-19 aumentan en la mayoría de los países de Centroamérica, y en Guatemala se registran numerosos casos y hospitalizaciones.

En el Caribe, tanto los casos como las muertes por covid-19 están aumentando en Cuba, donde la situación es especialmente grave en la provincia de Matanzas.

En otras islas más pequeñas también se registra un aumento de las infecciones, como en Martinica, donde se han triplicado los casos. Asimismo, persisten focos en los estados amazónicos de Colombia y Perú.

En el lado contrario, los casos disminuyen consistentemente en Costa Rica, donde casi una de cada tres personas está vacunada. Los países sudamericanos con tasas de vacunación más elevadas, como Uruguay, Chile y Argentina, también informan de un fuerte descenso de los casos, al igual que en Canadá y en la mayor parte de Estados Unidos.

“Estas tendencias ilustran cómo la covid-19 sigue incrustada en nuestra región, especialmente en los países con baja cobertura de vacunación”, recalcó la directora de la agencia de la ONU.

Ante esta situación, Etienne recalcó que siguen siendo vitales las medidas de salud pública, como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y evitar las aglomeraciones, así como el control de las infecciones mediante la realización de pruebas, el rastreo de contactos y las cuarentenas.

En total, en la última semana, las Américas como región reportaron más de 967,000 mil nuevos casos y 22,000 muertes, lo que refleja un ligero descenso respecto a la semana anterior. En el mundo, los casos pueden superar los 200 millones en agosto. Y al ritmo actual de contagios, los casos globales superarán esa cifra en tres semanas, según estimaciones de la Organización en su actualización epidemiológica.

A DESFONDO: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que, en la primera quincena de julio de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación de 0.37 por ciento respecto de la quincena inmediata anterior; con este resultado la inflación anual se colocó en 5.75 por ciento. En igual periodo de 2020 las cifras fueron de 0.36 por ciento quincenal y de 3.59 por ciento anual… La hipocresía en todo su esplendor: El gobierno de Biden (de demócrata solamente tiene su carnet del partido que lo abanderó para la presidencia, pero es tan infame como Trump) impondrá sanciones a los funcionarios cubanos “tras los ataques a los manifestantes”. El gobierno de Biden debió de haber anunciado, ayer jueves 22 de julio, nuevas sanciones a varios funcionarios cubanos considerados directamente involucrados en abusos de derechos humanos durante “una represión del gobierno contra las protestas generalizadas a principios de este mes”, dijo un alto funcionario de la administración a los periodistas.

¿Para cuándo la consulta contra los verdugos de Chiapas?

Finalmente, este 1 de agosto se llevará a cabo la controversial consulta popular para enjuiciar o no a los ex presidentes de México. Fue un proceso largo que inició en noviembre 2018 cuando el todavía presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en una entrevista con Carmen Aristegui que realizaría una consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes de México que estuvieron en el cargo de 1988 a 2018.

No obstante, primero tuvieron que llegar reformas a la Constitución Política del país. Las reformas fueron aprobadas por los congresos locales en noviembre de 2019 y luego se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre del mismo año, con lo que entraron en vigor. En ese momento es cuando realmente comenzó el camino para tener la consulta popular que ahora se está promocionando.

El 15 de septiembre de 2020, López Obrador, ya con más de un año y medio en el cargo, propuso de manera formal al Senado de la República la pregunta para la consulta. Así, mientras que la pregunta que propuso Obrador al Senado incluía los nombres de expresidentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó eliminarlos para hacerla de sentido general y en el marco de la ley.

Cuando Obrador entregó la petición de consulta popular al Senado, el 15 de septiembre, se planteaba la posibilidad de que fuera al día de las siguientes elecciones federales; es decir, el 6 de junio de 2021. Sin embargo, la fecha oficial no se definió hasta finales de octubre, luego de la publicación de la convocatoria oficial en el DOF.

Entonces, la fecha de la consulta popular quedó establecida para el próximo domingo 1 de agosto. De esta forma, en caso de alcanzar más el 40 por ciento de participación de la lista nominal los resultados serán vinculatorios, es decir, se convertirán en una orden legal directa para que las autoridades competentes inicien los procesos correspondientes.

Esta consulta será el primer ejercicio democrático de su tipo realizado en México que, además, abre la posibilidad de activar mecanismos similares en entidades del país como Chiapas, donde la corrupción y el hartazgo mantienen viva el hambre de justicia entre la población para enjuiciar a exgobernadores, protagonistas de los más grandes saqueos en la historia de la entidad, como Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello.

Y es que, sí es posible un mecanismo de ese tipo a lo local. La reforma aplicada al Artículo 35 de la Constitución lo permite. En el párrafo octavo establece que las consultas populares pueden ser “sobre temas de trascendencia nacional o regional”, y que “en el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional, los ciudadanos de una o más entidades federativas” podrán recurrir a este derecho constitucional.

Para activar una consulta popular regional existen tres vías. La primera de ellas es una propuesta directa dentro del Senado o la Cámara de Diputados, logrando al menos el 30 por ciento de las votaciones. La segunda es consiguiendo las firmas del al menos el dos por ciento de la lista nominal en Chiapas. Y la tercera requiere la voluntad de una sola persona; se trata pues de la simple solicitud directa del presidente de la república.

Las y los legisladores federales de Chiapas tiene la posibilidad de proponer ante el Congreso de la Unión una consulta especial para Chiapas tras el cínico saqueo que ha sufrido la entidad durante los últimos sexenios; su obligación es justo esa, escuchar el reclamo de quienes representan. De lo contrario únicamente quedará dos opciones: salir a las calles a solicitar firmas o pedir, mediante el artículo octavo, la intervención del presidente de la república.

Ahí están las ventanas de posibilidad para recurrir a las tres “llaves de acceso” a una consulta como la del próximo 1 de agosto. Y es que Chiapas tiene sus propias heridas y sus propios verdugos. Hoy solamente hace falta organización, una petición formal y voluntad política para saber si el tema de las consultas populares es un asunto de capricho personal por consigna o realmente un compromiso de justicia social contra todos los artífices de la corrupción en México… así las cosas.

Falsamente se cree que los fenómenos históricos son los fenómenos políticos, dice Ortega y Gasset. Lo político resulta ser “escaparate de lo social”, realidad epidérmica, no la esencial, no la profunda. En suma, aparato ortopédico, afirma el filósofo. La profunda está hecha de nobleza de corazón, caballerosidad, justicia, poesía y valor, que afloran de las entrañas de lo social. Lo social, surtidor de grandezas cuando predomina.

Hölderlin lo dice de manera parecida: siempre que el ser humano hace del Estado su cielo, lo “ha convertido en infierno”. El Estado es solo “el muro que rodea el jardín de los frutos y flores humanos”. Cuando el jardín está en trance de sequía, la única ayuda es la lluvia del Cielo: “¡Oh lluvia del Cielo, oh Entusiasmo que traen la primavera de los pueblos!”.  

Un día bendito se dijo: “hubo un hombre llamado Juan” que dio testimonio de la luz hace dos mil años. Y otro del mismo nombre, elegido providencialmente por un Papa, mil quinientos años después, trajo la primavera a Occidente y dio testimonio de valor y grandeza: Don Juan de Austria. Lo dio en la batalla naval de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Batalla entre la catolicidad y el Islam turco, entre la Cruz y la Media Luna, y como escenarios, el mar Jónico y el porvenir.

De niño, Jeromín, hijo de una mujer del pueblo y de un emperador; de joven, Juan de Austria, vástago del rayo, vendaval, “luz de amor para España”, fallecido a los 33 años, con las alforjas llenas de simpatía, gloria y juventud.

Y un gigante de la literatura, Miguel de Cervantes, peleó también junto a Juan, con la pluma y con la espada en la “más alta ocasión que vieron los siglos”, según el Manco ilustre, hacedor del Quijote. Juan, a los 24 años, al frente de trescientas naves, ochenta mil hombres y la historia; él mismo y sus cruzados de la galera capitana, combatiendo, cuerpo a cuerpo, a los jenízaros feroces de la Sultana, nave insignia de los turcos. 

Ese remoto 7 de octubre de 1571, era domingo, y a las dos de la tarde, la Cruz contempló la victoria. Habían combatido ¡150 mil hombres y más de 500 naves! Y tal hora definió para siempre su vida, la de Juan, como todos sentimos, a la manera de Dante, que un solo momento de la existencia nos marca indeleblemente; “un instante como cifra de la vida”, como el de aquel buen ladrón en una cruz al lado de la Cruz.

Chesterton, otro gigante, escribió un poema épico que le cantó a Lepanto, traducido del inglés al castellano por otro de ese tamaño, Borges. Intercalo ahora destellos de ese poema en secuencia resumida en razón de espacio; una cumbre del arte tal poema, un homenaje a los valientes:

“Blancos los surtidores en los patios del sol;

El Sultán de Estambul se ríe mientras juegan.

Porque al más íntimo de los mares del mundo lo sacuden sus barcos.

Y la agonía y la perdición abrieron los brazos del Papa,

Que pide espadas a los reyes cristianos para rodear la Cruz.

La fría Reina de Inglaterra se mira en el espejo;

La sombra de los Valois bosteza en la Misa;

De las irreales islas del ocaso retumban los cañones de España,

El último caballero de Europa toma las armas,

Don Juan de Austria se va a la guerra.

Ríe Don Juan en la gallarda barba rizada.

Rechaza, estribando fuerte, todos los tronos del mundo,

Yergue la cabeza como bandera de los libres.

Luz de amor para España ¡hurrá!

Luz de muerte para África ¡hurrá!

Don Juan de Austria

Cabalga hacia el mar.

Rayo de Iberia

Don Juan de Austria

Sale de Alcalá.

Don Juan de Austria

Les está gritando a las naves.

Ha desatado el cañoneo.

El rojo corre sobre la plata y el oro.

¡Vivat Hispania!

¡Domino Gloria!

¡Don Juan de Austria

Ha dado libertad a su pueblo!

Cervantes en su galera envaina la espada

(Don Juan de Austria regresa con un lauro)”.

Que la lluvia del Cielo y el entusiasmo social nos traigan la primavera. El enemigo surge ahora de dentro de Occidente y de fuera, y tiene muchas aristas. Una de ellas, racismo anti migrante tan extendido; otra, tiranía azotando varios lugares. Y otra de nuevo cuño: ideología y práctica uniformadoras que, en aras de una falsa libertad y falso humanismo, violentan los verdaderos derechos y libertades de cada persona. Ideología de índole postiza, altanera e irracional que pretende destruir la riqueza del ser y sus fines esenciales, de la inteligencia, de toda ciencia, de la personalidad y la vida.

Riqueza fundada en el orden natural e inalienable del ser, en el diseño original de la creación, en la Sabiduría infinita e indesafiable. Frente a tal ideología plagada de sofismas y caprichos, heredera de Sodoma y de Hobbes -ideólogo del totalitarismo moderno-, se levanta la filosofía aristotélico-tomista, portentosa, perenne, siempre reverdeciendo con buenas nuevas que salvan, como dice Chesterton en Ortodoxia, de las insensateces humanas.

La batalla se libra hoy con las armas del espíritu y la resistencia para defender los fueros del bien, la justicia y la libertad, para reconocer los límites humanos, para alcanzar el imprescindible “cambio de actitud, que significa un paso hacia la autenticidad, hacia la sinceridad que derroten en definitiva patrañas y simulación”. 

Dedico este artículo con afecto a mi hermana Lis, una guerrera “gozosa en la esperanza, paciente en la tribulación”; con admiración a los cruzados de hoy como S.S. Francisco, como a los valientes que gritan hoy Libertad, Patria y Vida, a pesar de la represión de un régimen político que da a su pueblo harto, cárcel y desesperación, y que culpa a otros de su fracaso social; y a la memoria de Godofredo de Bouillón, San Luis, Ricardo Corazón de León, el Gran Capitán Fernández de Córdoba, Juan de Austria, Alejandro Farnesio, Cervantes y de todos los cruzados, almas grandes de ayer.

P.D. Con ánimo fraterno señalo que el rebrote de la pandemia no debe ser subestimado, como lo fue el inicio de la misma con las consecuencias conocidas. Con solo un 16.5% de la población totalmente vacunada -en Chile y Uruguay, por ejemplo, lo está casi el 60%-, es apremiante alertar a todos, redoblar esfuerzos y tomar medidas responsables e idóneas -en materia educativa por ejemplo para no arriesgar a la niñez-, a fin de enfrentar eficazmente el rebrote y salvar vidas irrepetibles de seres queridos y del prójimo.

Hay historias que no me gustaría compartir en este espacio. Simplemente porque es muy ingrato tener que dedicarme a criticar algunas resoluciones judiciales que no deberían dictarse. Además en un contexto en el que es necesario defender al Poder Judicial federal, frente a embates políticos exagerados. Pero entre idealizar la labor judicial y hacer propaganda a su favor que no corresponde con la realidad que se vive en ciertos casos, o denunciar precedentes incompatibles con lo que se espera y debe exigirse a cada órgano de ese Poder, prefiero optar por lo segundo.

Es conocido que se acaba de cambiar de época judicial debido a la reforma que se ha presumido como la más importante de este siglo para el Poder Judicial de la Federación. Se anuncia que la undécima época traerá la consolidación del goce efectivo de los derechos humanos, lo cual requiere indefectiblemente que todos y cada uno de los órganos judiciales asuman su rol activo de garantes de derechos.

Contagiado por ese buen ánimo, me pareció anecdótico que en el último día de la décima época que obedeció a la reforma constitucional de derechos humanos de hace una década, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito viera publicadas ocho tesis que adoptó luego de resolver por mayoría de votos el amparo en revisión 93/2019, en las cuales quedó reflejado el criterio de que las personas jurídicas carecen de interés legítimo para defender por medio del juicio de amparo derechos humanos incompatibles con su naturaleza, entre ellos, el derecho al medio ambiente sano. Lamentablemente, me equivoqué.

Ese criterio que ni siquiera podía constituir jurisprudencia por reiteración, dado que no se adoptó de forma unánime, ahora se usa como precedente para sobreseer otros juicios de amparo por diversos Juzgados de Distrito en este inicio de nueva época judicial. Evidentemente no se trata de un precedente obligatorio, ni siquiera se le puede nombrar formalmente de esa manera, pues esta figura solo es propia de los casos que se resuelvan en nuestra Suprema Corte de Justicia; pero en todo caso, en lenguaje coloquial, ese precedente aislado ya no lo es tanto y evidencia un aspecto criticable de ciertos perfiles judiciales, que parecen más dispuestos a inventar pretextos para no cumplir su deber de garantes de derechos, que a velar porque en todo momento, en todo caso, se favorezca la mayor protección posible.

Si las cosas fueran como se les cacarea en la propaganda judicial, no habría la más mínima posibilidad de que ese criterio pudiera emplearse en las resoluciones judiciales de esta undécima época. La razón que sustenta esta opinión es muy sencilla: nuestra Suprema Corte de Justicia tiene un criterio opuesto y reconoce que las personas jurídicas sí tienen interés legítimo para defender por vía del juicio de amparo prácticamente cualquier derecho humano, siempre y cuando se haya hecho el planteamiento adecuado. Respecto del derecho a un medio ambiente sano, particularmente, sus más recientes precedentes son de los que presentan avances más garantistas. Eso es algo que todo juzgado debería de saber y seguir.

Si algún precedente formalmente no obligatorio tuvieran que emplear, ese debería ser el establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte al resolver el amparo en revisión 839/2019 –al menos mientras no se decida la contradicción de tesis 147/2020 por el Pleno de la Corte–. En aquél, la Sala se preguntó si para acreditar un interés legítimo suficiente para accionar un amparo, las asociaciones civiles deben necesariamente tener establecido, dentro de su objeto social, la defensa del derecho específico al medio ambiente sano, o bien, si es suficiente que tengan por objeto social la defensa de derechos humanos en general. La respuesta de la Sala fue que bastaba con lo segundo, e inclusive, que no era ni siquiera necesario que una asociación hubiera realizado actos de defensa de tal derecho en forma previa.

Así las cosas, es inaceptable que en los Juzgados de Distrito se niegue interés legítimo a las personas jurídicas para defender derechos humanos, al menos por lo que toca al derecho a un medio ambiente sano. Sobre todo si se trata de organizaciones civiles que a eso se dedican, y que sin importar su lugar de origen, cuestionan actos de autoridad de trascendencia nacional por entender que son regresivos respecto del deber constitucional de respetar nuestro medio ambiente.

El espionaje, tan normalizado como una práctica de poder y de control, se sostuvo sobre la premisa de que quien tenía información de los que informaban tenían el poder sobre de ellas y ellos, utilizando los recursos de programas como los expuestos recientemente pero también ejerciendo violencias como amenazas, difamación, hostigamiento y utilizando a mercenarios para golpear y amedrentar a la prensa como una práctica cotidiana en las entidades.

En México son asesinados periodistas en un número tan alto desde hace más de 30 años que es claro que existe una deuda histórica que sólo puede subsanarse elevando a un tema de agenda prioritario para los gobiernos estatales, las fiscalías especializadas y los organismos públicos, en general, las amenazas que se han hecho contra periodistas, tanto mujeres como hombres dedicados a informar a la sociedad.

No podemos perder de vista que las amenazas contra las mujeres periodistas y el hostigamiento siempre tiene connotaciones específicas, al igual que las violencias que se ejercen contra las mujeres defensoras. Muchas periodistas a lo largo y ancho de todo el país denunciaron agresiones y otras violencias como la difamación y el cuestionamiento a aspectos personales o de la vida privada como un mecanismo de descalificación.

Tristemente, la mayoría de estas denuncias quedaron en el olvido a pesar del interés de las afectadas para que se investigaran y no pasó nada. Seguramente hay muchísimas carpetas que ya fueron cerradas bajo cualquier argumento, no sólo de investigaciones solicitadas por las afectadas y afectados, sino que en la mayoría de los casos intencionalmente se rechazaron sin abrirse, y en los casos en los que se logró sortear esta dificultad, sin ninguna diligencia de investigación.

En medio de la revisión de las cosas del pasado reciente que vale la pena tener presente están las numerosas denuncias infructuosas, los casos denunciados por las mujeres y hombres dedicados al periodismo, y en particular el diarismo, en toda la geografía nacional, y revisar qué pasó con estas denuncias y por qué no prosperaron.

Si bien parece mucho trabajo, la información que recientemente ha salido a la luz pública de la relación entre el asesinato de un periodista en Michoacán con el espionaje a su línea telefónica y que sus actividades eran seguidas muy de cerca tendría que ser razón suficiente para que se abriera una comisión especial que investigara todos los asesinatos de periodistas y defensoras e identificar los vínculos con mecanismos de control y de poder ejercidos desde el Estado.

La causa de muchos de los asesinatos de periodistas y defensoras es la impunidad que rodea estos actos, crímenes enmascarados por ser cometidos por particulares claramente relacionados públicamente incluso con núcleos de poder cercanos a gobernantes que hoy son investigados o deberían serlo por enriquecimiento ilícito, vínculos con el crimen organizado y muchos otros delitos.

Por reconocimiento al derecho a la verdad y a la justicia, los mecanismos especializados en la atención a defensoras y periodistas podrían sumar a sus agendas la revisión de los casos a los que se dio carpetazo dejando en la indefensión a todas las víctimas.

La impunidad se sostuvo y se sostiene en la falta de investigación, en la falta de debida diligencia, y en la descalificación sobre las denuncias presentadas por periodistas y defensoras en las entidades federativas y en general contra diversas autoridades, quienes actuando como caciques, controlan espacios y personas que denostaron a las y los denunciantes.

Aún tenemos pendiente identificar el número de mujeres y hombres que se vieron obligados a desplazarse o a renunciar a un trabajo porque desde el ejercicio del poder hegemónico se controlaba a los medios y los obligaban bajo la presión de la publicidad, a decidir el destino de periodistas críticos.

La búsqueda de la verdad y la justicia no es venganza, no es pensar ni quedarse en el pasado, pero sólo rompiendo los acuerdos de impunidad y de protección entre esos particulares que ejercieron violencias y cometieron asesinatos contra periodistas y defensoras y defensores y los personajes de poder, es como se empezará a hablar de acceso a la justicia.

No se trata sólo de decidir si debemos o no juzgar a los expresidentes, se trata también de buscar justicia contra aquellos que perdieron la vida sin que sus agresores hayan sido sancionados, y los responsables se protegen bajo un andamiaje de impunidad y de complicidades que utilizaron y utilizan aún a las propias instituciones para validar el cierre de carpetas de investigación, la falta de seguimiento a las quejas y denuncias.

Grid List

Los bloqueos se han vuelto un lastre para los diferentes sectores productivos. En Chiapas cada vez son más los puntos de la entidad los que enfrentan este problema socio-político.

Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el estado, expuso que, son cerca de nueve millones de pesos se perdieron en el sector turismo, transporte, comercio y demás, durante el bloqueo ubicado en la comunidad Ojo de Agua, en el tramo carretero que comunica a Ocosingo con Palenque.

Prestadores de servicios turísticos señalan que, la tarde-noche de este miércoles llegaron a un acuerdo los pobladores inconformes que exigen obras y las autoridades por lo que, el bloqueo fue levantado.

Por ello, permanecieron varados cerca de 30 camiones con 40 pasajeros, cuyas pérdidas se reflejan en alimentos, hoteles, y hasta vuelos para desplazarse a Villahermosa, Tabasco, lo que se traduce a reembolsos y malas experiencias en turistas que dijeron no regresarán ni recomendarán a Chiapas.

Las zonas que permanecen en constantes bloqueos son: Oxchuc, Carranza, Ocosingo, Palenque, Comitán, Teopisca, Mitzitón, La Trinitaria, en donde la ley no se aplica desde hace dos administraciones.

El periodista sonorense Ricardo López fue ultimado a balazos en el estacionamiento de una tienda de abarrotes, en el Puerto de Guaymas.

El ataque armado se registró a las 17:30 horas de este jueves, justo durante la celebración de su cumpleaños número 47.

Unos 20 minutos después del atentado, la Fiscalía General de Justicia en el Estado confirmó el deceso del comunicador y anunció que en el puerto se activó el “código rojo” entre todas las autoridades policiales.

El 29 de marzo anterior organizó una rueda de prensa en Cajeme, Sonora, para revelar que dejaría su residencia en Guaymas por hostigamiento y amenazas de parte de grupos criminales.

Y el 4 de noviembre de 2020, denunció que el capitán de fragata Andrés Humberto Cano Huir, director de la polícia municipal en Guaymas, había creado una “granja de troles” para ciberacosarlo y difamarlo con falsos testimonios.

Desde hacía tres meses, el periodista y su familia habían cambiado de residencia a su natal Ciudad Obregón.

Ricardo se desempeñaba como director de su portal InfoGuaymas, colaboraba con Televisa Sonora y por muchos años fue reportero radiofónico de Grupo Larsa Comunicaciones.

Este sería el séptimo comunicador asesinado en Sonora desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Reynaldo López, exreportero de Televisa Sonora - 16 de febrero de 2019

Santiago Barroso, conductor de radio “San Luis Hoy” - 16 de marzo 2019

Jorge Armenta, Director de Medios ObSon - 16 de mayo de 2020

José Castillo, director de Máxima Prioridad -11 de junio de 2020

Jesús Alfonso Piñuelas “El Norris”, Agencia ICE, TVP - 21 de noviembre de 2020

Benjamín Morales, director Noticias Xonoidag - 3 de mayo de 2021

Ricardo López, director InfoGuaymas - 22 de julio de 2020

Periódico impreso edición No. 2186 del día 23 DE JULIO del 2021 . [Leer completo].

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó que se puede establecer una cifra récord de sanciones por mil 300 de pesos a los partidos políticos.

En un receso de la sesión del Consejo General del INE, dijo que se discute la imposición de sanciones contra todos los partidos por más de mil 300 millones de pesos (mdp) debido a conductas cometidas en el proceso electoral de este año.

Lorenzo Córdova preciso que se prevé aplicar sanciones conjuntas para todos los partidos por mil 200 millones de pesos por comicios federales y locales, y 129 millones por quejas, lo que suma mil 300 millones.

“De ser aprobados el día de hoy sería histórico en el ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas de la democracia mexicana”, expuso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la sesión extraordinaria que se realiza este jueves.

Explicó que el 74 por ciento de las sanciones propuestas corresponde a egresos no reportados, eventos reportados de forma extemporánea, registro extemporáneo en el Sistema Integral de Fiscalización, egresos no comprobados, egresos e ingresos no reportados, ingresos no comprobados y gastos no reportados con veracidad.

Señaló que en todos estos casos se trató de ocultar información, “de engañar a la autoridad, de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral”, indicó.

El consejero presidente afirmó que el reciente proceso electoral es el más fiscalizado en la historia del país.

En esta sesión el Consejo General discute 491 proyectos de resolución que incluyen las sanciones mencionadas.