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Thu, Jul
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A unos días de divulgarse el informe sobre el caso Ayotzinapa del presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, acusaron al mandatario de mentir y de traicionar su compromiso de esclarecer el paradero de los jóvenes, en su afán por defender al Ejército.

En una carta dirigida a López Obrador, los familiares de las víctimas calificaron el documento como “muy confuso, repleto de inconsistencias”, así como de descalificaciones para sus representantes, defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios de organismos como la ONU y de Estados Unidos, a los que el presidente acusa “de enredar el caso Ayotzinapa para en cambio lavarle la cara al Ejército”.

Con un lenguaje directo, los padres y madres de los estudiantes sostienen: “Desde su silla presidencial, sin fundamento real, intenta darnos un resumen de especulaciones y conjeturas en justificaciones de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio”.

Apuntan: “Usted señor presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Usted nos miró a la cara y empeñó su palabra en campaña donde nos prometió resolvería este crimen de lesa humanidad y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer: el paradero de sus seres queridos desaparecidos”.

Para los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, López Obrador “sencillamente no quiso cumplir” su promesa, con lo que falló “también a todo el pueblo de México, el cual ingenuamente le creyó en algún momento”.

Tras recordar que en el expediente del caso “hay testimonios y declaraciones ministeriales que avalan que ese día el Ejército estaba en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición” de los jóvenes, se dijeron sorprendidos de que desconozca las afirmaciones de quien fuera su subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, quien “corrobora la participación activa del Ejército”, coincidencia con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

De manera contundente los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos advierten que el documento entregado “carece de validez jurídica”, pues el presidente “no es ministerio público ni nunca fue investigador del caso”.

López Obrador “sólo nos comparte sus conjeturas que por cierto las vemos muy alejadas de la verdad”, señalan los padres en su misiva reproducida en su página de Facebook.

“Nos gustaría recordarle Presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que por cierto se han incrementado como nunca en la historia de nuestro país, así como el alza de la delincuencia organizada”, subrayan.

Y es que en el reporte que López Obrador hizo llegar a los familiares de los estudiantes, hace referencia a una presunta confabulación para manchar su gobierno y la imagen del Ejército.

Tras resaltar que a casi 10 años de la desaparición de sus hijos no han dejado de exigir su presentación, así como la de cientos de miles de desaparecidos, concluyeron el mensaje dirigido a López Obrador con una dura sentencia y las consignas que han enarbolado su lucha.

“A usted le decimos: la historia lo juzgará y se encargará de poner a cada quien en el lugar que se merece, no olvide que la verdad SIEMPRE (sic) es implacable”, concluyeron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Miles de migrantes centroamericanos, venezolanos, cubanos y africanos, partieron la madrugada de este martes de Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur de México para intentar cruzar a Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales.

Se trata del contingente más numeroso que parte en lo que va del año. El grupo de migrantes se organizó desde la ciudad de Tecun Umán, Guatemala a través de redes sociales, el domingo cruzaron a México por el río Suchiate y caminaron a Tapachula donde descansaron; este día se le unieron miles en el parque Bicentenario para avanzar por la carretera costera.

En él viajan mujeres con niños y niñas, con maletas y agua. Algunos aseguran que los permisos en el Instituto Nacional de Migración (INM) se están retrasando mucho y sin papeles del gobierno mexicano no pueden avanzar, porque los regresan de nuevo a Chiapas.

Ana Pérez, una mujer centroamericana que viaja con sus hijos, es una de las personas que lo intenta por segunda vez. En mayo pasado ingresó a México y fue llevada por agentes de migración a Tuxtla Gutiérrez para tramitar sus documentos, pero la tardanza la desesperó, y se fue al centro del país; en Puebla fue detenida junto con otros migrantes y regresada a la frontera sur.

“Los de migración nos dijeron que nos iban ayudar, que nos iban a dar un jale, y al final todavía nos golpearon, golpearon a los niños, nos quitaron las carpas, nos dijeron que nos iban a ir a matar, que estábamos pisando las tierras mexicanas, que nosotros no éramos de este país y nos fueron a votar a un lugar donde no podíamos ni pedir dinero para movernos para nuestra tierra”, relató.

Ana no tiene un ojo, cuenta que lo perdió cuando fue atacada por las pandillas en su país, Confía en que esta vez por ir acompañada de miles de personas, pueda avanzar y llegar a Estados Unidos.

Las caravanas migrantes iniciadas por los centroamericanos en octubre de 2018 se mantienen con el objetivo de cruzar el país para llegar a Estados Unidos. Por las carreteras de Chiapas se volvió cotidiano ver caminar a grupos de personas que va en busca del sueño americano.

“Venimos en son de paz, para mejorar nuestras vidas; este pueblo viene obedeciendo a Dios”, dijo el inmigrante José Luis Sánchez en un mensaje enviado al candidato republicano Donald Trump.

“Este servidor que viene de parte de Dios; simplemente esta gente lo que quiere es una oportunidad, quiere mejorar su vida y si Dios quiere darles a ellos los anhelos de su corazón, no quieren estar más torturados con aquellos gobiernos que lo único que quiere es aplastar al pueblo de Dios”, expresó.

De acuerdo a reportes de la policía, esta nueva caravana está integrada por unos tres mil migrantes provenientes de países de Centroamérica, Sudamérica y África; partió este domingo de Ciudad Hidalgo, en la frontera entre México y Guatemala, para intentar cruzar todo el país y avanzar a Estados Unidos.

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en que durante su administración se redujeron los delitos de alto impacto, homicidios, robo en todas sus modalidades, secuestros y feminicidios, y sólo reconoció que la extorsión es un tema pendiente en el que siguen trabajando.

Pero la realidad vuelve a confrontar los “otros datos” del jefe del Ejecutivo: la organización Causa en Común registró 2 mil 185 “atrocidades” durante el primer semestre de este 2024.

Es decir, un promedio de 12 atrocidades y 27 víctimas por día. El estudio resalta que, en el periodo de enero a junio del 2024, se registraron 507 casos de tortura, 290 mutilaciones, descuartizados y destrucción de cadáveres.

Además, se detalla, también se reportaron 270 feminicidios registrados con crueldad extrema y al menos 187 masacres en el país.

La investigación de Causa en Común resalta el asesinato de 117 niñas, niños y adolescentes, con un promedio de 19 crímenes por mes.

Los estados con el mayor número de atrocidades ocurridas durante el primer semestre de este año son Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Baja California y Tabasco.

También puedes leer: Violencia en Chiapas: 107 personas son desplazadas de comunidad en Chenalhó

Cabe recordar que en la conferencia del pasado 16 de julio, el presidente López Obrador afirmó que la extorsión es una “asignatura pendiente” de su administración.

“El único delito donde no hemos podido lograr una disminución es en extorsión”, precisó.

El gobernante presumió que durante su administración, que empezó en diciembre de 2018, en todos los delitos ha habido una disminución, aunque acotó que lo que más ha costado son los homicidios, que sí han bajado, pero en la suma total su sexenio ha sido el más violento a la fecha.  Con información de Latinus. (EFE).

Bandas del crimen organizado que se disputan la frontera México – Guatemala, tienen, desde el pasado 14 de julio, enfrentamientos en por lo menos 14 municipios de la regiones Sierra y Fronteriza de Chiapas, manteniendo a la población “en riesgo inminente” y reclutamiento de manera forzada a civiles, alertaron organizaciones de derechos humanos de la frontera sur.

“Se está reclutando de manera forzada a personas civiles, por lo menos, de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec, y se han reportado ejecuciones de civiles en Zacualpa, Chicomuselo, los cuales habían sido reclutados forzadamente por parte de integrantes de uno de los grupos armados”, dijo en una acción urgente enviada al gobierno federal y estatal, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas, todos y todes, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Grupos criminales, con vehículos blindados y hombres que son bases de apoyo, mantienen hasta este domingo por lo menos 26 bloqueos en carreteras y caminos rurales en los municipios de Motozintla, El Porvenir, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, La Grandeza, Bellavista, Siltepec, La Concordia, Honduras de la Sierra y Ángel Albino Corzo.

Las organizaciones de Derechos Humanos señalan que “desde al menos el domingo 14 de julio, hay indicios de un aumento de las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado que desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza”.

En redes sociales, se reportó que ayer sábado por la mañana, integrantes de una organización criminal a bordo de camiones de redila y volteos, pero otros en camiones con blindaje artesanal, colocaron bloqueos en varios tramos de las carreteras de los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero, Bejucal de Ocampo, El Porvenir y Motozintla.

“Ambos carteles que se disputan la región, están obligando a los pobladores a participar en los bloqueos; se sabe que los habitantes de las comunidades abandonaron sus hogares, se dispersaron a su suerte y se refugiaron donde pudieron para no estar en medio del fuego cruzado”, se difundió en la red social Facebook.

Los reportes señalan también que en los ataques los grupos criminales, están utilizando vehículos con blindaje artesanal y drones que son operados a distancia para arrojar granadas.

Este domingo, se reportaron bloqueos en el poblado Ojo de Agua Grande, municipio de Bejucal de Ocampo; Crucero Los Arroyos, municipio de La Grandeza; Unión Progreso, Las Chicharras, Desvío a la Grandeza, en el municipio de Bellavista; El Jocote en Frontera Comalapa; y en las entradas y salidas de Siltepec.

En su reporte, las organizaciones de Derechos Humanos señalan que “la situación se agravó particularmente el sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos”.

La Red TDT, Serapaz, SweFOR y el Frayba, manifestaron que “se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio” como Piedra Labrada y Galicia.

“Esta situación representa un riesgo inminente para la población civil de los municipios mencionados, la cual ha comenzado a desplazarse, exponiéndose a ulteriores riesgos derivados de los movimientos de los grupos armados en el territorio y de los enfrentamientos en curso”, aseguró en la acción urgente.

Por lo que pidieron la “intervención inmediata” del Estado mexicano “para garantizar la protección de la población civil en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo”.

Los organismos solicitaron “información por parte de las autoridades sobre las acciones que se estén realizando para asegurar la protección de la población civil de estos municipios”.

Los cárteles de México han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas del mundo combinadas, aseguró Thomas Homan, ex jefe de la Agencia de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Donald Trump en la Convención Nacional Republicana.  “Tengo un mensaje para los carteles criminales en México, han traficado suficiente fentanilo a este país para matar a 148 mil jóvenes estadounidenses. Han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas del mundo combinadas, y cuando el presidente Trump vuelva al cargo, los va a clasificar como organizaciones terroristas. Los va a borrar de la faz de la Tierra“, sentenció el exjefe del ICE.  

Durante su discurso anoche en la Convención Republicana, aseguró que desde el primer día de la administración de Joe Biden se “desaseguró” la frontera sur, por lo que calificó como un “fracaso” al gobierno actual en materia migratoria.

“Bajo el presidente Trump, redujimos la migración ilegal en un 90%, el nivel más bajo en 45 años, y las deportaciones aumentaron al nivel más alto de la historia, incluyendo números históricos de integrantes de pandillas ilegales y criminales”, aseguró Homan.  Agregó que las políticas migratorias de Joe Biden, como el suspender las deportaciones, detener la construcción del muro fronterizo y cancelar el programa “Quédate en México” aumentaron la migración ilegal, el tráfico sexual de mujeres y niños, así como las muertes por fentanilo en Estados Unidos.  

El exjefe de la Agencia de Migración y Aduanas insistió a los migrantes que “es mejor que empiecen a empacar porque se van a casa”.  

Durante la Convención Republicana, Trump fue ratificado como candidato a la presidencia por tercera vez consecutiva y presentó a su compañero de campaña, el senador por Ohio JD Vance. 

 La organización Voto Latino recordó el lunes que Vance se ha opuesto a medidas que otorgan el camino a la ciudadanía para migrantes y ha amplificado “la retórica deshumanizadora” del exmandatario.  

Vance, de 39 años, ha defendido la afirmación de Trump de que los migrantes están “envenenando la sangre del país”.  

En julio del año pasado, el senador introdujo el proyecto de legislación conocido como Ley de Salida Oportuna, que requeriría que los extranjeros que desearan ingresar a Estados Unidos con visas temporales paguen entre 5 mil y 15 mil dólares en una fianza o pago en efectivo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés). Con información de Latinus. (EFE).

Pobladores de la Fracción Tzanembolom, pertenecientes presuntamente al grupo armado Los Herrera, condicionaron la salida de un grupo de 120 tsotsiles que desde hace siete días se refugiaron en la escuela de la localidad por los ataques que recibieron, denunciaron los afectados.

De acuerdo con los desplazados, los seguidores de “Los Herrera” taparon el camino para no dejar pasar diez vehículos de la Policía Estatal y unos dos o tres camiones de militares y de la Guardia Nacional que llegaron a rescatarlos y llevarlos a un lugar seguro.

El grupo de la Fracción Tzanembolom, municipio de Chenalhó, perteneciente presuntamente a Los Herrera, confirmaron que no permitirán la salida de los más de cien pobladores que se encuentran en la escuela mientras no sea liberado su compañero Felipe Gómez Méndez, preso en el penal de El Amate, y no sean detenidos los asesinos del dirigente Gilberto Pérez Gómez y varios de sus familiares.

Este fue el segundo intento de las autoridades por sacar de Tzanembolom al grupo de 120 personas. La mañana del martes llegaron representantes de Protección Civil con dos camionetas, pero las familias se negaron a salir, con el argumento de que no había condiciones de seguridad sino eran acompañados por militares y agentes de la Guardia Nacional.

Por la tarde acudieron policías estatales y militares para trasladarlos a la cabecera municipal de Chenalhó, pero seguidores de “Los Herrera” les taparon el camino, por lo que los uniformados se regresaron a Chenalhó.

Desde el pasado miércoles de la semana pasada, más de cien pobladores de la comunidad de Tzanembolom que están resguardados en un auditorio de la escuela primaria del lugar, huyeron de sus hogares denunciando ataques armados por parte de “Los Herrera”.

Los habitantes refugiados son señalados de formar parte del grupo autodefensas del pueblo El Machete, un grupo armado de Pantelhó que se disputa el territorio contra Los Herrera desde hacer varios años.

Por su parte, uno de los dirigentes del grupo de la Fracción Tzanembolom, municipio de Chenalhó, perteneciente a Los Herrera, Agustín Pérez Gómez, dijo que no permitirán la salida de los más de cien pobladores que se encuentran en la escuela mientras no sea liberado su compañero Felipe Gómez Méndez, preso en El Amate, y no sean detenidos los asesinos del dirigente Gilberto Pérez Gómez y varios de sus familiares.

“No vamos a permitir, porque nosotros somos los afectados por las balaceras; no permitiremos que se salgan porque llegamos a un acuerdo como habitantes de la Fracción Tzanembolom, sobre las dos peticiones: que metan a la cárcel los Ruiz, a los Sirines y a los Cachetes, y que liberen a Felipe Gómez Méndez (acusado de portación de arma de uso excluso del Ejército), a quien llevaron a la cárcel sin haber cometido ningún delito”.

Pérez Gómez apareció cubierto de la cara, vestido de negro y con sombrero en un video difundido en redes sociales, dirigiéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al acalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, a quienes pidió en tsotsil que “escuchen lo que les queremos decir”.

“Señor presidente, te enviamos este audio; gobernador del estado, escúchennos, y si le van a mandar comida a los desplazados que sea a ambos parajes, tanto desplazados del Centro como de la Fracción Tzanembolom y que sea parejo; si no es así, no permitiremos nada de acceso hasta que nos resuelvan los dos puntos que acabamos de mencionar”.

Expuso que Los Machetes, a los que pertenecen el grupo refugiados en la escuela, “no dejan de estar disparando en las orillas de nuestro paraje, está bien, nosotros podemos con todo, estamos preparados, no diremos nada y no saldremos huyendo a ningún lado; vamos a resolverlo a nuestra manera con ellos”.

Gilberto Pérez Gómez, apodado El Tigre, y su familia, fueron asesinados a balazos en una emboscada que dejó siete muertos, ocurrida a principios de junio del año pasado en la comunidad de Polhó, municipio de Chenalhó.

El líder de la Fracción Tzanembolom, que sustituyó a El Tigre, sostuvo que “fue la gente del grupo de autodefensa El Machete, de Pantelhó, la que planeó llevar a cabo todo eso y lo que más nos duele es que hasta hoy no han metido a la cárcel a los asesinos: Los Ruiz, los Sirines y los comandantes Machetes; siguen ahí”.

Es que Morena arrasó con todo el domingo 2 de junio

 

El único que puede dar un fallo salomónico es el INE

Para integrar la Cámara de Diputados, 300 legisladores de mayoría relativa son electos por votación directa, en los distritos respectivos de cada candidato, mientras que los 200 restantes (la Cámara debe de tener 500 curules) son de representación proporcional, lo que quiere decir que se asignan a los partidos participantes en el proceso electoral, de acuerdo con el porcentaje de votación que hayan recibido. El debate en torno a la sobre representación legislativa aún no concluye, no obstante que virtualmente terminó el periodo de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Los legisladores no se pusieron de acuerdo – cada partido y cada fracción parlamentaria habla del asunto y defiende, como le fue en la feria; o sea, como le fue en las elecciones del 2 de junio pasado, y de acuerdo con sus intereses.  Morena, PVEM y PT aseguran que la Constitución es clara respecto a este tema y que la oposición sólo busca confundir a la gente. PAN, PRI, PRD y MC consideran que no debe haber sobrerrepresentación legislativa, sino que es necesario que haya una integración plural del Congreso. Pero, al final del día, antes de que se instale la LXIV legislatura tendrán que acordar sobre la tal representación, por mayoría, los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral  y estar muy al tanto los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al final del día éste es quien estará encargado del reparto de las curules que Morena y el resto de los partidos reclaman para sí de acuerdo con la cantidad de sufragios que obtuvieron directamente de los votantes. Morena y los partidos que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia, el PT y el Verde. El Poder Legislativo se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, depositadas en un Congreso General. La de diputados, o Cámara baja, la integran 300 legisladores electos por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional.  O sea, que de esos 200, Morena reclama la inmensa mayoría, cosa con la que no están de acuerdo los perdedores. Obviamente que no están de acuerdo… Le dejarían todo el pastel y las grandes decisiones a Morena. Pero es que este partido ganó la inmensa mayoría.

Este miércoles 24 de julio, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reunida en le sede del Senado de la República, como parte de la Agenda Política, las y los legisladores debatieron sobre el tema de la representación legislativa. Puso el pie a las intervenciones en la tribuna la senadora de Movimiento de Regeneración Nacional, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, quién afirmó que la Constitución Política es clara sobre la representación popular, por lo que no hay lugar para una interpretación. “El pueblo de México nos dio (a Morena) una mayoría calificada a tres partidos y se tiene que hacer valer porque el pueblo así lo decidió”. Del PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel, calificó como “triste” que se debilite la posibilidad de diálogo y se minimice el valor de los consensos, y cuestionó si el Siglo XXI resistirá los tiempos de una nueva hegemonía de partido de Estado y un control vertical con un Congreso acrítico de las decisiones del Poder Ejecutivo. Obvio. Eso hacía su partido cuando no tenía contrapesos. Lo que los ganadores reclaman ahora es el respeto a la voluntad popular y que el reparto de curules sea justo, de acuerdo con los votos que los ciudadanos le otorgaron a cada partido.

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Ruth Alejandra López Hernández detalló que, en las pasadas elecciones, su partido político obtuvo un millón 170 mil votos más que el PVEM, pero a éste le asignarán tres veces más senadores; “no le regateamos ninguna victoria electoral a los partidos que ya la han obtenido”, pero lo que no podemos permitir, es que se pervierta la voluntad política, la voluntad popular, que dé vida artificial a rémoras de la política nacional”. Esto declaró en la tribuna la senadora de Movimiento Ciudadano. El diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz, siguiendo la línea trazada por Antares, consideró que, de interpretarse la Constitución Política respecto de la fórmula para distribuir la representación proporcional en el Congreso de la Unión, se estaría aplicando una regla distinta a la que se ha aplicado en otros años, y por ende se modificarían las reglas del proceso electoral, “lo que viola la Carta Magna de manera explícita”.

Pero obviamente, la diputada del PAN, Noemi Berenice Luna Ayala señaló que, con la sobrerrepresentación en el Congreso, Morena pretende subyugar a la oposición, pues no les bastó con “realizar una elección de Estado con clara inequidad, y ahora pretenden quitarnos en la mesa lo que el electorado no les dio con los sufragios”. No deja de lamer sus heridas la panista. Al PAN, ciertamente le tocarán los lugares que, como partido, le corresponden y eso no lo decidirá ningún otro partido, sino los encargados del reparto, que serán los consejeros del INE y, durante el proceso electoral previo a la elección del 2 de junio, vimos que las cartas estaban marcadas a favor de los panistas. Otra cosa es que se les atravesó Morena… Cristina Ruiz Sandoval, diputada del PRI, dejó en claro que su partido no quiere politizar la interpretación, ni hacer demagogia entre el pasado y el presente. Queremos, dijo, una integración plural de la Cámara de Diputados por derecho y no arrebatar lo que no ganamos en las urnas. Mediocrona, la legisladora tricolor.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto León García, afirmó que el asunto de la representación en el Congreso de la Unión se trata de “lo que le conviene a quienes están en el poder”; sin embargo, consideró que, al contrario, debe tratarse de lo que le conviene a la pluralidad; “porque quienes alguna vez defendieron la pluralidad, pretenden atacarla. Quienes se quejaban del pasado, hoy realizan las mismas maniobras fraudulentas para obtener más poder del que ya tienen”, enfatizó. En su oportunidad, el diputado del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, recordó que se ha aplicado una regla de representación que antes no se “consideraba mala”, pero que ahora “no conviene” a algunos partidos; por lo que pidió a la oposición, que no confunda a la gente al respecto, y respetar la voluntad de las y los mexicanos expresada el pasado 2 de junio. Al hacer uso de la palabra, la diputada Edna Gisel Diaz Acevedo, del PRD, consideró inaceptable que, con una votación de más de 54 por ciento de los votos válidos, se tenga una representación de más del 74 por ciento en el Congreso, porque con ello, una coalición va a poder modificar a su voluntad y de forma unilateral la Constitución. Finalmente, el senador del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya, dijo que, tras años de lucha, se logró un respaldo popular inédito, Por ello, afirmó, “vamos a defender esa mayoría que el pueblo nos otorgó para dar continuidad a la transformación del país. Lo haremos con la ley en la mano, y lo que es peor para la oposición, con las mismas reglas que la oposición aprobó”.

CANDIL DE LA CALLE…

La inseguridad en la zona fronteriza Chiapas- Guatemala ha llegado a niveles insospechados. Poblados enteros en manos del crimen organizado, mientras la cantidad de emigrantes aumenta alarmantemente.

El poblado de Cuilco, del departamento de Huehuetenango y el municipio de Chiantla, que colinda con Motozintla han sido los lugares que han dado cobijo a los mexicanos, la inseguridad y la falta de operativos que el gobierno federal oferta ha ocasionado que muchas familias de la región fronteriza y también de la frailesca, principalmente, emigren hacia otras ciudades.

¿Quién puede entender la huida de personas a Guatemala? si: buscan refugio en Guatemala (como mencionamos antes) o sea el mundo al revés.

El asunto es muy grave pues ha rebasado lo que en conjunto las autoridades y los tres poderes de la unión pueden hacer.

La invitación forzada que impunemente realizan los cárteles raya en una ficción nunca soñada ni esperada. Son muchas las familias chiapanecas que están siendo afectadas por los abrazos, no balazos, mientras el todavía presidente se entretiene mandándole “cartitas” a Donald Trump.

Y aquí cabe una pregunta de la cual tenemos resultados negativos ¿Qué pasó con el Instituto Nacional de Migración?

Abuso y maltrato a los migrantes y corrupción, esto último ha incrementado en el INM mientras el macuspano dijo que barrería la corrupción de arriba abajo, pero mantuvieron un año al titular del instituto después de las 40 muertes de inmigrantes quienes estaban amontonados en una cárcel o centro de detención en ciudad Juárez, Chihuahua y me refiero a Francisco Garduño Yáñez ahora extitular de INM en México.

Ante estas cartas, uno se pregunta ¿Cómo podrá el presidente dar palabras de aliento y pedir a los que huyen por inseguridad que regresen y que les será resguardada “su seguridad”?

Puntos Suspensivos…

“Vienen grandes cosas para Tuxtla, como pavimentación de calles, rescate de parques, mercados, espacios culturales, generación de empleos, seguridad, emprendimiento, cuidado del medio ambiente, entre otros temas, en donde todas y todas estamos incluidos” así dijo el alcalde electo Ángel Torres y de eso tiene conocimiento la sociedad ya que es parte de la labor del edil: Administrar, construir y dar resultados entre otras muchas actividades. Esperamos que el presidente electo analice la palabrería y opte por ofrecer las novedades en el proyecto de gobierno porque eso le ha sido aplaudido en su recorrido en muchas de las colonias que ha visitado… ¿Cuantos y quiénes son los protegidos del líder magisterial de la sección 40 Obed Balderas Tovilla en las cadenas de cambio? El líder, es recordado por las cajas de ahorro y muchas irregularidades, pero ante el cobijo de otro líder logró su ascenso, pero de ellos platicaremos ampliamente.

Integración del gabinete

En el México postrevolucionario, que yo recuerde, nunca un presidente electo había integrado y dado a conocer su gabinete con tanta anticipación como lo está haciendo Claudia Sheinbaum –que todavía no lo es– en estos días. El hecho, por ser inusitado, ha causado extrañeza y expectación.

Se han dado algunas explicaciones a ese proceder. Son válidas. Para no quedar fuera de la jugada, para completar el panorama, agrego otras. Modestia aparte, considero que mi interpretación de los hechos, por ser perversa, pudiera ser la acertada.

Ante las impugnaciones que se están ventilando ante las autoridades competentes, AMLO, Claudia y, en general, Morena, a través de dar a conocer con mucha anticipación el nombre de los que integrarán el gabinete, pretenden presentar como un hecho el triunfo de la señora Sheinbaum; lo hacen con vista a influir en la resolución que finalmente emita el Tribunal Electoral; se pretende presentar su triunfo como un hecho y, ante un veredicto adverso a ellos, restarle autoridad y, finalmente, no acatarlo.

En este supuesto la opinión pública tomaría cualquier resolución que no reconozca el triunfo de la señora Sheinbaum como algo extemporáneo, infundado o improcedente.

Otra explicación pudiera ser que, ante la inestabilidad de los mercados provocada, entre otras causas, por la reforma al Poder Judicial, se trata de calmar a los inversionistas y al mercado en general, presentando un gabinete conservador, maduro y experimentado, sin dejar de amenazar con presentar la iniciativa. AMLO y Claudia, en ningún momento, a pesar de todos los cuestionamientos y de la oposición que se ha presentado, han ofrecido aligerar la reforma o retirarla. Siguen montados en su macho.

Una última: AMLO está colocando cuando menos en las posiciones importantes a gente incondicional que le cuide las espaldas una vez que haya abandonado el poder. No confía totalmente en doña Claudia.

También las otras razones que se invocan pudieran ser admisibles.

Retiro de AMLO

AMLO prometió que terminando su sexenio se retiraría totalmente a su finca en el estado de Chiapas. Con el tiempo ha ido matizando su declaración: primero estableció una salvedad: si mi presidenta me lo pide; enseguida agregó otro supuesto: visitar a su esposa e hijo menor de edad; posteriormente agregó otro supuesto: que México, su país, fuera invadido o estuviera en guerra y que su presidenta se lo pida. Con el tiempo pudiera agregar otras. No le faltarán pretextos.

La declaración de que dejaría su encierro si se produjera una invasión al territorio nacional dio lugar a que surgieran especulaciones; se afirmó que le estaba tirando a ser secretario de Defensa, tal como lo fue el expresidente Lázaro Cárdenas, al iniciarse la segunda Guerra Mundial, y ante la declaración de estado de guerra que emitió el presidente Manuel Ávila Camacho.

Ante esa posibilidad se invoca como impedimento la normatividad y práctica que se observa para la designación del secretario de Defensa: que debe ser un general de división y aparecer su nombre en la lista que le presente el secretario de Defensa en retiro.

Disiento de ese punto de vista. Ningún estatuto interno y ninguna práctica en contrario puede derogar un precepto de naturaleza fundamental, de jerarquía superior, que dispone que el presidente de la República está facultado para nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado (art. 89, frac. II).

Tampoco sería impedimento el hecho de que AMLO no sea militar. El término libremente que aparece en el precepto faculta al presidente de la República a nombrar a cualquier persona, siempre y cuando sea mexicano por nacimiento, esté en ejercicio de sus derechos y haya cumplido 25 años de edad (art. 91).

En el caso, el hecho de que durante más de 150 años se hayan designado generales de división para ocupar el cargo no es razón suficiente para considerar derogados los artículos 89, fracción II y 91 de la Constitución Política. Mucho menos sería válido invocar los precedentes, existiendo un precepto que dispone que: “Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario” (art. 10 del Código Civil federal).

Hay algo que es cierto: quien, por ignorancia, error de cálculo o por presiones políticas designe a AMLO como secretario de Estado o como jefe de las Fuerzas Armadas, debe saber de los riesgos. Sería más que una espada de Damocles sobre la persona de quien lo nombre.

Ante tanta especulación hay un hecho cierto, y es lamentable: mientras AMLO viva, aunque esté en sillas de ruedas o con suero y oxígeno, se halle dentro del territorio nacional o fuera de él, siempre será un peligro para la presidenta de la República en turno. Sin haber ocupado la presidencia acosó, criticó y obstaculizó el ejercicio del poder a Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto, a los que no llevó al poder, con mucha razón lo hará tratándose de su ahijada política, la señora Sheinbaum.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, tiene –o debería tener– una responsabilidad personal con quienes laboran en el Poder Judicial de la Federación (PJF) en sus dichos y acciones. Así lo ha declarado repetidamente en las últimas semanas y debería haber una razonable coherencia entre el decir y el hacer. Veamos.

Primero. La estrategia para defender a quienes prestan servicios en el PJF no parece la más efectiva; de hecho, cada discurso suyo parece dificultar cualquier posibilidad de negociación. La ministra Piña ha pasado de abrir el diálogo con el poder a emitir duras críticas contra la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador. Esto ha llevado a que la virtual presidenta Claudia Sheinbaum descalifique públicamente a la titular de la SCJN, aislándola como interlocutora. No se observa una estrategia efectiva; más bien, se revela desesperación y frustración. La ministra Piña no es política, pero tiene la capacidad de formar un equipo sólido de negociación que priorice los intereses de su gremio sobre declaraciones filosóficas que no transforman la realidad aquí y ahora. Lo que menos tiene la ministra presidenta es tiempo. Sus márgenes de maniobra son reducidos, pero no ayuda reducir los pocos espacios disponibles sin que esto signifique claudicación o cambio de principios, todos respetables. El denominado “plan de contención” parece, según ha trascendido en medios y columnas, una estrategia cuyos propósitos serán inversamente proporcionales a los buscados si sigue esa hoja de ruta.

Segundo. ¿Por qué la 4T negociaría temas fundamentales con la ministra Piña? ¿Qué puede ofrecer ella a quienes han ganado el poder legítimamente en las urnas para obligarlos a sentarse a negociar y adoptar una tercera vía? La realidad es contundente: la cúpula empresarial no cambiará su postura por las razones expuestas por la ministra presidenta y seguirá su adhesión a la 4T como lo ha expresado. El gobierno de Estados Unidos no romperá relaciones diplomáticas con México, a pesar de los sólidos argumentos de la ministra Piña. Las Fuerzas Armadas seguirán leales a quien ocupe la Presidencia de México. Los discursos de la ministra Piña tienen en ella y su entorno un efecto de catarsis y desahogo emocional, pero eso no produce resultados concretos; al contrario, encarece toda posible ruta de negociación. Las palabras de la ministra Piña no deben dirigirse a convencer a quienes ya están convencidos, lo que Cass Sunstein ha definido como “cámara de eco” en su libro #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Este concepto alude a una narrativa que refuerza sus propias opiniones y excluye otros puntos de vista. En este contexto, es mejor privilegiar el acuerdo, por más acotado que sea, que seguir en la ruta actual.

Tercero. Lo importante ahora no es quién tiene la razón, sino cómo la ministra Piña puede lograr, en la medida de lo posible, que sus razones se traduzcan en el texto del dictamen de la muy probable reforma constitucional. Paradójicamente, la ministra Piña genera, sin saberlo y sin mala fe, elementos para que el dictamen que se apruebe siga la ruta legislativa sin mayores cambios a la iniciativa presidencial. Hay, creo, cuatro temas infranqueables: a) la elección popular de los juzgadores, b) el ajuste salarial a la baja de los juzgadores, c) la separación entre quien vigila y quien es vigilado, y d) la fecha de septiembre como plazo. Dos de esos temas (b y c) ya han sido digeridos en gran parte del PJF. Hay, sin embargo, varios temas que podrían ser susceptibles de acuerdo y en los que debería ponerse el acento: a) Cómo lograr que los jueces y magistrados del PJF designados por concurso puedan contar con una salida en los artículos transitorios para que, por única vez, puedan permanecer en el Poder Judicial, y b) Cómo asegurar que quienes están cerca de la jubilación puedan lograr un acuerdo transitable. Hacer que las razones transformen la realidad concreta es posible, y a ello la ministra Piña debería enfocar todo su empeño.

En junio, nuestro país fue sede de la Reunión hemisférica sobre vías regulares para la migración laboral, una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Organización Internacional para las Migraciones, que reunió a 30 países con el objetivo de “impulsar mejores prácticas en materia de inclusión laboral en contextos de tránsito, destino y retorno”.

Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), reconocemos los esfuerzos del gobierno mexicano para impulsar la expansión de la oferta laboral para las personas migrantes a nivel internacional. Sin embargo, existen pendientes nacionales respecto a la justicia laboral para las mujeres migrantes para ser congruentes con lo que se promueve al exterior.

Vías de migración laboral accesibles y de larga duración. Aunque en México existen autorizaciones para residir de forma regular vinculadas al empleo (visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas y visitante trabajador fronterizo), su duración es reducida y sus costos aumentan cada año.

Cuando se permite regularizarse por razones laborales -por ejemplo, para residentes temporales- debe provenir de centros laborales inscritos ante el Instituto Nacional de Migración (INM), lo cual implica cumplir con una serie de trámites y documentos que no todos los centros laborales tienen o están en posibilidad de realizar. En 2023, las mujeres constituyeron solo el 13% del total de tarjetas de visitante trabajador fronterizo.

La Ley Federal del Trabajo establece cláusulas discriminatorias que no permiten que las trabajadoras migrantes logren la movilidad social y crezcan profesionalmente, además de no tomar en cuenta los espacios donde se insertan regularmente (sector servicios, trabajo del hogar, trabajo informal).

Por ejemplo, la Ley señala que las personas extranjeras solo pueden trabajar de manera temporal en categorías técnicas y profesionales; únicamente el 10% de la plantilla del personal de una empresa puede ser extranjera; la contratación de personas extranjeras en puestos de dirección, administración y gerencia general está restringida; y en el caso del sector médico solo se permite emplear a personas mexicanas.

Eliminar las barreras para acceder a una estancia migratoria regular garantizaría a las migrantes más posibilidades un trabajo formal, con mejores prestaciones, y la posibilidad de alcanzar su autonomía económica con efectos positivos en sus condiciones de vida. No obstante, acceder a la regularización migratoria en México es complejo, y en el último año se ha restringido incluso para mujeres solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en la Ciudad de México, permanece cerrada, lo que retrasa el procedimiento de 20 entidades federativas y el INM ha restringido la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias para personas solicitantes de asilo y Tarjetas de Residente Permanente para personas reconocidas como refugiadas.

Por otro lado, trabajadoras migrantes no están familiarizadas con las medidas a su alcance para denunciar la violencia o la discriminación, lo que a menudo se suma al miedo a las autoridades frente a una deportación o privación de la libertad, generando condiciones para que sean víctimas de violencia de género en el ámbito laboral sin que logren acceder a la justicia.

Estas barreras se suman a la falta de una infraestructura y servicios de cuidados. En entidades con alto flujo migratorio hay poca disponibilidad de servicios de cuidados para niñez, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Las oportunidades de empleo, que son limitadas para las mujeres migrantes, requieren de delegar el cuidado, pero al no contar con redes de apoyo sus opciones se reducen.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados de 2022, las mujeres en el país dedican aproximadamente 37.9 horas semanales al trabajo de cuidados frente a las 25.6 horas que destinan los hombres, en el caso de las migrantes a menudo su vida laboral depende de la transferencia de cuidados, y a su vez asume el cuidado de otro hogar, es decir, lo que ocurre en un hogar depende de lo que ocurre en el otro.

En suma, el gobierno mexicano hace bien en promover vías de migración laboral de forma coordinada con otros países y empresas, pero se debe comenzar en casa. Es indispensable que México y todos los Estados que impulsan una migración segura, ordenada y regular implementen acciones concretas para reducir la violencia, la discriminación y la explotación en centros laborales; flexibilicen los procesos de regularización migratoria para las mujeres migrantes; y apuesten por una justicia laboral para las mujeres migrantes.

AMLO como la madre amada

 

Sobrerrepresentación ¿fraude a la Constitución?

El presidente López Obrador, pidió este martes a los pobladores de los Altos de Chiapas, estado de la frontera sur del país, que no apoyen a las bandas delictivas y cárteles de la droga que están provocando violencia en la región.

La respuesta del mesías del trópico fue para confirmar que sí hay “movilización”, pero que no es en los Altos de Chiapas sino que es la zona de la sierra, en los límites con Guatemala, en Chicomuselo, Motozintla y Frontera Comalapa.

Fue su verdad, lo que nos quiso dar entender, mentiras verdaderas, y lo real es que el tabasqueño reconoció que en la región hay dos agrupaciones criminales están en disputa entre sí, por lo que buscan reclutar bases de apoyo.

No se dejen enganchar, que no se enrolen, no se dejen manipular por los jefes de las bandas que actúan en ese fue su llamado, pero todos sabemos que Chiapas está infectado por la delincuencia organizada, sus amigos, sus socios a los que protege con su fallida estrategia de “abrazos y no balazos”.

Lamentablemente esa fallida estrategia es para proteger a sus amigos íntimos de los cárteles de las drogas que aquí en Chiapas hacen otros sucios y jugosos negocios como mantener sometida, secuestrada y esclavizada a los pobladores de Chiapas.

Hoy en México, muchos mexicanos ya no creemos en las mentiras del presidente, no nos estamos “chupando el dedo”, aunque a diario el presidente intente engañarnos, manipularnos con sus mentiras, pero todos sabemos sus negocios con los criminales, las noticias nos llegan por todos lados, de afuera y de dentro, ya no nos puede engañar, sobre una realidad que todos debieran conocer: que el presidente mexicano entregó el país al crimen organizado.

Aunque lo niegue, pero se enfurece cuando se lo gritan en su cara que tenemos un presidente que encabeza un “narco-gobierno” y este es sin duda un “narco-presidente”.

Por ejemplo, diarios norteamericanos como The New York Times y The Washington Post, si no mal recuerdo en mayo pasado lo mencionaron en sus primeras planas como el peligroso empoderamiento del crimen organizado en México, estimulado por López Obrador y que, la incursión criminal es tal que se apoderó de industrias básicas como la fabricación de diversos productos, entre ellos el principal alimento que es la tortilla, entre otros.

El New York Times revela que las bandas criminales han incursionado en el poder y la política, sobre todo en los poderes municipales, ya que son espacios de poder indefenso.

Otra triste realidad, es que, de un momento a otro, los datos oficiales reportarán que en los primeros 5 años y 7 meses del narco gobierno de López Obrador se alcanzará la cifra récord de 200 mil vidas perdidas a causa de la violencia criminal.

Una cantidad que promedia 3 mil muertes violentas al mes, lo que significa un centenar de vidas perdidas por día; arroja una estimación de 24 mexicanos muertos por hora, en el sexenio de Obrador.

Entonces que López Obrador no nos venga con el cuento de que “no apoyen” a las bandas de la delincuencia: “No se dejen enganchar con despensas”, porque el mismo sabe que en la región fronteriza, los Altos de Chiapas, la Sierra, Selva y norte, y todo el estado de Chiapas esta infectado por la delincuencia organizada.

Aquí en Chiapas hay una guerra no anunciada, que el mismo presidente la auspicia, apoya y fomenta, por eso le digo que no se haga como la “madre amada”, “pendeja y disimulada, porque esa guerra en la que están muriendo miles de mexicanos, el mismo la propició.

Las coaliciones de partidos permiten eludir el límite establecido en la Constitución en materia de sobrerrepresentación

Ante la probable configuración de la próxima legislatura, ha resurgido el debate sobre la sobrerrepresentación de los partidos en las Cámaras, particularmente en la de Diputados, como una forma de fraude de ley o a la Constitución.

Al respecto, diversos especialistas en materia electoral han sostenido desde hace años que las coaliciones de partidos políticos permiten eludir el límite establecido en la Constitución en materia de sobrerrepresentación. Según este límite, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida.

Pero el gobierno busca inducir una sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en el Congreso para que con la mayoría legislativa destruir principalmente al Poder Judicial.

Además, busca el tabasqueño, la desaparición de siete organismos autónomos y entes reguladores. Es decir, lo que quiere el viejo guango fulminar de tajo a los órganos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La apuesta del Gobierno es que el recorte se utilice para financiar el reparto de pensiones y programas sociales que impulsa. Para ser aprobada, la reforma necesita de los votos de la oposición, que considera la propuesta como un retroceso democrático y como una afrenta a las instituciones que sirven como contrapesos al poder presidencial.

Pero en una reunión que sostuvieron integrantes del Observatorio Ciudadano con ocho consejeros del INE, incluida su presidenta Guadalupe Taddei Zavala, les presentaron argumentos por los cuales Morena-PT-PVEM no deben tener más de 300 diputaciones, siendo el principal que el límite a la sobrerrepresentación establecido en la Constitución es aplicable a las coaliciones y no sólo a partidos en lo individual.

“La reflexiones y los argumentos del Observatorio Ciudadano es que estas dos limitaciones constitucionales del artículo 54 son aplicables tanto a partidos políticos en lo individual como a coaliciones electorales y bajo esa argumentación, esa interpretación que los juristas llaman sistemática y funcional y que es armónica con otros dispositivos y normas constitucionales, la conclusión a que arriba el observatorio ciudadano es que la coalición integrada por los partidos de la coalición Morena, Verde y PT no deben tener en la próxima legislatura más de 300 diputados”, dijo.

Jorge Alcocer indicó que los consejeros no han tomado ninguna decisión sobre el reparto de la diputaciones plurinominales y recordó que el Instituto tiene hasta el 23 de agosto para hacer la asignación.

“No hay ninguna conclusión por parte de los consejeros, de las consejeras electorales que no sea el de seguir estudiando, el seguir analizando, no hay una decisión tomada”, indicó.

Por otro lado, el Frente Cívico Nacional (FCN) anunció este martes que iniciará una campaña contra la sobrerrepresentación de la bancada de Morena y partidos aliados para la próxima legislatura en el Congreso, en donde se buscará aprobar la reforma al Poder Judicial.

En conferencia de prensa, los integrantes del FCN informaron que convocarán a foros, activismo digital y protestas, la primera de las cuales está convocada para este próximo domingo 11 de agosto frente al Instituto Nacional Electoral (INE) a las 11:00 de la mañana.

Del Montón

Hermens Darío Lara Acuña, presidente de Jueces y Magistrados de Colombia, criticó la reforma del presidente López Obrador al Poder Judicial, al advertir que la democracia en México está en peligro porque se corre el riesgo de llegar al autoritarismo. El jurista explicó que las constituciones latinoamericanas tienen claramente establecida la división de Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, apuntó que en nuestro país se pretende controlar al Poder Judicial a través de la elección popular de los juzgadores. “Por eso es importante que se unan con el pueblo mexicano, que se unan empleados, colaboradores, jueces, magistrados, tanto federales como estatales requieren unidad monolítica para enfrentar la toma del Poder Judicial por parte de los Político, tienen que evitarlo únanse. Ese fue el mensaje desde Colombia”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

Grid List

Autoridades de las diferentes comunidades del municipio de Teopisca, anunciaron que después de una asamblea a la que acudieron de manera urgente, acordaron presentar un escrito a la Secretaria General de Gobierno, Congreso del Estado, y al ayuntamiento municipal que preside Josefa Maria Sánchez Pérez, en el que le piden de manera urgente, la realización de Obras en algunas comunidades, ya que de lo contrario, podrían iniciarse Bloqueos carreteros.

“Al gobierno del estado para su intervención  y municipal para su cumplimiento, se les da el último día de término para solucionar de manera pacífica y se concrete una reunión de manera urgente en las instalación de la delegación de gobierno, de la ciudad de San Cristóbal, a más tardar el día miércoles 24 de julio del presente año, si el gobierno actúa  irresponsablemente  y omite a la petición, se realizara bloqueo total en dos puntos de la la carretera internacional Teopisca- San Cristóbal, esto en acción unánime de las comunidades”, citan en un documento.

Piden de manera atenta a la ciudadanía en general, una disculpa por la acción que genera la ingobernabilidad en nuestro municipio y estado, y exigen el derecho que les corresponde, “no estamos exigiendo algo indebido, el recurso debe ser del pueblo y para el pueblo”.

“Estamos hartos de que en el ayuntamiento actual no estén dando las atenciones correspondientes y omiten todas nuestras solicitudes, la incapacidad es lo que más ha resaltado con todos los supuestos funcionarios públicos municipales actuales”, añaden.

Responsabilizan a la presidenta municipal de Teopisca por la decisión tomada de manera urgente, derivado de su incumplimiento y todo lo que pueda pasar en las próximas horas.

Se supo que hasta el cierre de la edición, en una reunión sostenida, no lograron acuerdo, por lo que a partir de las 6 de la mañana de este jueves, iniciaría un bloqueo total.

En la tregua entre las organizaciones criminales La Familia Michoacana y Los Tlacos, autoridades de 80 pueblos conformaron el Consejo de Comisarios de la Región Centro de la Sierra de Guerrero (CCRCSGRO) y demandaron a la gobernadora Evelyn Salgado y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum los servicios más básicos para subsistir y evitar muertes por falta de atención médica.

Imploraron por médicos especialistas, medicamentos, caminos, drenaje, pisos de concreto, láminas, así como insumos y asesoría para la producción agrícola y ganadera.

“Las mujeres, ancianos y niños están muriendo porque no alcanzan a llegar hasta el hospital de Chilpancingo”, dijo el presidente del Consejo, el comisario de Filo de Caballos, José Solano Flores.

Solicitaron que Claudia Sheinbaum visite la región porque la población que en su momento cultivó amapola como un modo de subsistencia ya no tiene recursos como antes y que necesitan alternativas para sobrevivir. “La sierra sabe producir”, dijeron las autoridades.

Este martes en Tlacotepec, cabecera de Heliodoro Castillo, se realizó una asamblea de comisarios, presidentes de colonias y representantes de organizaciones civiles. Luego se dio a conocer a la prensa la creación del CCRCSGRO.

De mayo de 2023 a febrero del presente año, muchas de estas localidades fueron atacadas con drones cargados de explosivos por parte de integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana, en su estrategia por apoderarse de la extracción de madera, agua y minas, en un territorio controlado por otra organización Los Tlacos.

La población quedó en medio de la disputa criminal lo que provocó el desplazamiento forzado de familias, asesinatos de inocentes y el cierre de servicios de salud, educación y transporte.

La región es rica en recursos naturales como el agua, bosques y minas, aunque su población continúa viviendo en niveles altos de pobreza.

Los comisarios que son parte del consejo fueron claros y dividieron sus peticiones.

José Solano Flores, presidente del Consejo explicó que se vieron obligados a organizarse porque hay muchas necesidades que al gobierno estatal de Evelyn Salgado y al federal de Andrés López Obrador no les interesa atender.

Una es el hospital básico de Filo de Caballos, construido en 1997 para atender a las comunidades de la región.

“Es como si estuviera un elefante blanco en esa parte de Guerrero, el objetivo fue acercar el servicio médico a la sierra para poder salvar vidas, ahorrando dos horas en llegar a Chilpancingo.

“Sin embargo ahorita todos los están trasladando a Chilpancingo, pero mucha gente ha muerto en el transcurso de Filo de Caballos a Chilpancingo. Ese no es el objetivo por el que se creó el hospital”.

Otro ejemplo, dijo, es el hospital de Tlacotepec y otros 16 centros de salud de la región que no cuentan con médicos, menos con especialistas, ni medicamentos.

“Le solicitamos a las dependencias correspondientes puedan acudir a la región para que haya medicamentos en el hospital, que haya médicos cirujanos. Nuestras familias, los niños, niñas, nuestros ancianos y todo mundo están sufriendo por la cuestión de salud”.

A las personas que tienen los medios para acudir hasta el hospital de Chilpancingo tampoco los atienden.

“Mucha gente muere antes de entrar al hospital”.

Entre las principales causas de muerte, reveló la autoridad, están las enfermedades renales, de corazón, derrames cerebrales y embarazos.

El coordinador del CCRCSGRO, Delfino Téllez Moreno, denunció el mal estado de la carretera desde Casa Verde, Filo de Caballos y Tlacotepec, una arteria principal para llegar a los municipios de Apaxtla de Castrejón, San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo.

“La carretera está desastrosa pero no termina ahí, también hablemos de cómo se trasladan de Tlacotepec hacia las comunidades”.

En las comunidades, reiteró, sus enfermos se mueren a medio camino porque la principal vialidad es un desastre.

“Ahora imagínense como están los caminos hacía las comunidades, están accidentados totalmente”.

Delfino Téllez aseguró que desde hace un mes y debido a las lluvias el tramo de Casa verde a Filo de Caballos tiene derrumbes de piedra, tierra y árboles a media carretera, pero ni una autoridad ha acudido a escombrar.

Por su parte, el comisario de Nuevo Poblado el Caracol y secretario del Consejo recordó que hace unos meses su comunidad fue noticia mundial por los ataques armados contra la población.

“Gracias a dios logramos la realidad de la paz, mi petición es simple y breve:  contamos con un fuerte cauce de agua, de aquel lado del río Balsas, pero necesitamos el apoyo para producir.

“La ciudadanía está consciente y tiene el deseo de poder realizarse como persona, pero no se puede, la guerra (entre las organizaciones criminales) que tuvimos nos devastó, ahora necesitamos el apoyo, queremos trabajar, queremos dar ejemplo para las próximas generaciones”, dijo la autoridad.

Especificó que los productores necesitan de inmediato insumos, contar con un agrónomo y un veterinario.

“Para tener mejores cultivos ocupamos bombas de agua solares o cualquier técnica que sea necesaria. Por motivo de dinero no contamos con eso, por eso de manera oficial le pido al gobierno del estado y al gobierno federal que voltee a la sierra, la sierra produce”.

El comisario de Los Hoyos, Omar Rodríguez Arroyo, pidió al gobierno federal un apoyo similar al Procampo y que Sembrando Vidas sea ampliado.

“Que nos de trabajo temporales, hacer guardarrayas para el campo, por ejemplo”.

Adán de la Cruz Casarrubias, comisario municipal de La Reforma pidió apoyo para viviendas dignas.

“Aunque queramos mejorar nuestras viviendas no podemos por falta de dinero. Ojalá llegue está solicitud al gobierno del estado y federal para que haya apoyos para mejorar nuestras viviendas”.

Solicitó láminas galvanizadas, la construcción de pisos de concreto, sanitarios ecológicos y drenaje.

“Creo de esta manera podemos ofrecerles a nuestras familias una mejor manera de vivir, que ya no haya mucha contaminación y podamos vivir como personas con derechos”.

Por último, Javier Bueno Barragán, comisario de Coatepec de la Escalera pidió maestros para las comunidades de esa región.

No hay profesores y los que hay sólo suben a trabajar tres días a la semana, denunció.

La nueva organización de comisarios le dio al gobierno del estado de Evelyn Salgado un plazo de 20 días para escucharlos y plantear atención a sus demandas, de lo contrario, aseguraron, realizarán acciones radicales. 

Tlacotepec, también es sede de la autodenominada Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.

Periódico impreso edición No. 2924 del día 25 DE JULIO del 2024. [Leer completo].

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer el proyecto de resolución sobre la elección presidencial, el cual prevé desechar las quejas de la oposición y validar el triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial del 2 de junio.

En un comunicado, el TEPJF informó que la Comisión Especial integrada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera culminó sus trabajos con la publicación del proyecto de resolución de los juicios de nulidad presentados en contra de la elección presidencial.

El proyecto, que será estudiado por el resto de los magistrados de la Sala Superior, propone declarar improcedente el juicio promovido por Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de PAN, PRI y PRD, por carecer de interés jurídico al no haber solicitado la nulidad de la elección presidencial.

Asimismo, el proyecto propone declarar infundada la pretensión de nulidad de la elección presidencial alegada por distintos partidos políticos.

DESCARTA AGRAVIOS

En la síntesis del proyecto se presenta un cuadro que resume los agravios denunciados, las pruebas aportadas y la síntesis de la contestación.

Sobre el contexto de violencia generalizada e intervención del crimen organizado, el proyecto considera infundados los planteamientos, al señalar que se hace referencia a situaciones de violencia aislada o focalizada en su mayoría en lo municipal y lo local, basasas en opiniones subjetivas o meras percepciones.

En cuanto a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras, el proyecto expone que “no es posible tener por acreditada la intervención sistemática y reiterada del Ejecutivo Federal porque se refieren a acontecimiento aislados que, de acuerdo con la magnitud de la participación ciudadana no afecta la elección”.

Asimiosmo señala que tampoco se prueba una injerencia sistemática y reiterada de las gubernaturas y del resto de personas del servicio público, pues, en esencia, se trata de hechos aislados.

Tampoco, de acuerdo con el proyecto, se acreditó una aplicación sesgada de los programas sociales y tampoco se demostró coacción y compra de votos.

La síntesis del proyecto de elección presidencial 2024 expone los siguientes elementos:

SENTIDO DEL PROYECTO

Se desecha la demanda presentada por Xóchitl Gálvez Ruiz (SUP-JDC-906/2024) por carecer de interés jurídico.

Se declara infundada la pretensión de nulidad de la elección de Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

NATURALEZA DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD (JIN)

El JIN fue diseñado para controvertir, entre otras, la elección de presidencia de México, por nulidad de toda la elección.

No es una vía declarativa, ni un medio para establecer responsabilidades o aplicar medidas de reparación ni garantías de no repetición. Así que la litis se ceñirá a analizar si se prueban los hechos aducidos y si estos traen consigo la nulidad de la elección presidencial.

PRETENSION DE LAS PARTES

Xóchiti Gálvez Ruiz: de forma expresa señala que no solicita la nulidad de la elección, sino que manifiesta cuestiones que, a su juicio, deben considerarse al validar la elección presidencial, sin señalar cómo se afectó su derecho a ser votada.

PAN, PRD y PRI: solicitan la nulidad de la elección.

IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DEL SUP-JDC-906/2024

Xóchitl Gálvez Ruiz carece de interés jurídico y por tanto su demanda es improcedente, pues de forma expresa señala que su pretensión no es la nulidad de la elección presidencial, además de que no hace valer agravio alguno para demostrar una afectación a sus derechos.