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Policías estatales desalojaron con gases lacrimógenos a estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá que esta mañana protestaban afuera del palacio de gobierno, lo que derivó en un enfrentamiento que se extendió al primer cuadro de la ciudad.

En el segundo día consecutivo de protestas, los normalistas llegaron esta mañana a la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, para dar una conferencia de prensa en la que expondrían sus demandas. Sin embargo, hubo roces con policías que resguardaban los principales accesos al palacio de gobierno.

Tras el primer choque, cientos de uniformados llegaron a bordo de varios camiones y patrullas para iniciar el desalojo de los estudiantes, quienes respondieron con palos y piedras.

En ese momento los policías antimotines empezaron a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, pero también a ciudadanos que nada tenían que ver con el incidente.

En la plaza y la avenida central se desató un enfrentamiento entre policías y estudiantes, y varios vehículos resultaron con los cristales rotos, así como ventanas del palacio de gobierno, sede del Poder Ejecutivo Estatal.  

No se reportaron heridos graves ni detenidos, pero esta tarde la Fiscalía General del estado (FGE) sostuvo que inició una carpeta de investigación “por los actos vandálicos cometidos por presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá”, en agravio de edificios públicos, una empresa de transportes y la sociedad.

La FGE dijo que esta madrugada presuntos normalistas arribaron a las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada, donde realizaron pintas, quebraron cristales y provocaron un incendio al inmueble público.

“Luego, el grupo de presuntos normalistas causó desmanes en el palacio de gobierno estatal, donde aplicando el estado de derecho se aplicó el protocolo de desalojo con estricto apego a los derechos humanos. Los normalistas, sin embargo, agredieron a los elementos policiacos, con bombas molotov y cohetes”, aseguró en un comunicado.

Ayer, los estudiantes retuvieron varias unidades de transporte de la empresa Ómnibus Cristóbal Colón y bloquearon la entrada poniente (La Pochota) de Tuxtla Gutiérrez y un crucero del Libramiento Norte Poniente de la capital del estado.

Los normalistas denunciaron un “acto de represión” por parte de la policía estatal, dado que –subrayaron-- protestaban “pacíficamente” para exigir respuesta a sus demandas del pliego petitorio.

Los jóvenes piden que la Secretaría de Educación emita la convocatoria para los estudiantes de nuevo ingreso, que se incremente el número de matrículas que año con año se ha ido reduciendo, así como mayor presupuesto para la institución educativa y el retorno inmediato del sistema de internado.

Además, año con año han exigido en su pliego petitorio plazas automáticas para todos sus egresados.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Coordinación Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas (CENECH) y otras organizaciones sociales y civiles condenaron la acción policiaca, que también calificaron como un “acto de represión” ante la incapacidad de resolver la problemática estudiantil.

Ante las elecciones del próximo 6 de junio, el nuncio apostólico Franco Coppola exhortó hoy a los mexicanos a votar de acuerdo con los dictados de su “conciencia” y a favor de los candidatos que consideren “auténticos servidores públicos”.

Durante la inauguración de los foros virtuales “Elecciones bajo la mirada de la fe”, organizados por la arquidiócesis primada de México, el nuncio señaló:

“Mi recomendación a todo el pueblo mexicano, como a todos los pueblos, es esta: prepararse a votar, a votar en conciencia, según lo que nos dicta nuestra conciencia y conociendo a los candidatos como auténticos servidores públicos, no personas guiadas por sus intereses personales”.

Y agregó que para la Iglesia la democracia es la mejor forma de gobierno: “La enseñanza de la Iglesia dice que es un deber votar porque es la mejor forma de gobierno que se ha encontrado hasta ahora en toda la historia milenaria de la humanidad”.

El representante del Papa Francisco en México recalcó: “No se ha encontrado una forma de gobierno mejor que la democracia, y una verdadera democracia exige una participación consciente al voto, que todos expresen su voluntad y elijan a sus representantes”.

Por su parte, en su mensaje de inauguración en dichos foros, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, expresó que antes de emitir el voto es necesario “reflexionar en los temas para la vida social, como los aspectos del respeto a la vida, el aspecto de la familia, el de la educación, el de la migración”.

El arzobispo también pidió “escuchar a los especialistas” y saber “cuál es la realidad” que se vive en México, para así “tener más elementos” al momento de emitir el sufragio.

Los foros son organizados por ‘Desde la fe’, el semanario de la arquidiócesis de México, y en este su primer día abordaron los temas de la migración y la reconstrucción del tejido social, que preocupan mucho a la Iglesia católica.

El segundo foro se realizará el próximo 20 de mayo, a las 20 horas, y se tocará el tema: “Política y bien común. La vocación expresión alta de la caridad”.

El tercero y último será el 27 de mayo, a la misma hora, con los siguientes temas: “Vida, familia y educación. La reconstrucción del tejido social desde la familia”; “Pobreza. Desarrollo integral humano”; y “Crisis social y económica. Economía de Francisco”.

Todos los foros se transmitirán por las redes sociales del semanario, la arquidiócesis primada de México y la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Andrés Gómez Vázquez, representante de los comuneros pertenecientes a la Alianza de San Bartolomé de Los Llanos del municipio de Carranza, hizo un enérgico llamado para que las autoridades del estado pongan un alto a las agresiones armadas cometidas por la OCEZ-Casa del Pueblo.

Precisaron que, con el antecedente del asesinato de uno de sus compañeros y del secuestro de dos más por parte de la Casa del Pueblo, exigieron la presencia permanente de la Guardia Nacional.

“Existe el temor de otro ataque armado que pueda dejar más víctimas en este municipio que en estos momentos está sumido en la ingobernabilidad, no sabemos qué es lo que quieren los de esa organización, es un grupo el que está tramando todos esos ataques y busca conflicto”, expresó.

Fue el pasado seis de mayo que liberaron a dos de sus compañeros que habían sido secuestrados por la Casa del Pueblo, los cuales además de haber sido torturados, uno de ellos presentaba una herida de arma de fuego en la pierna.

“Este problema data desde 1976 cuando se llevó a cabo el reparto agrario y todo quedó delimitado con brechas. Desde esa fecha las confrontaciones han sido constantes por la disputa de 18 mil hectáreas, en el caso de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, ha perdido la vida cuatro de nuestros compañeros”, expresó.

Ante todos estos actos de provocación y violencia hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para que la Guardia Nacional tenga presencia permanente.

“No son todos los integrantes de esta organización lo que están buscando problemas, hemos cruzado palabras con varios de ellos, pero son los líderes los que están buscando derramar más sangre en este municipio”, lamentó.

México es un país donde se reservan distritos electorales para indígenas, pero políticos mestizos se hacen pasar por ellos y los desplazan de esos espacios.

Las autoridades las promueven ampliamente como acciones afirmativas para lograr que haya más indígenas en el Congreso de la Unión; sin embargo, integrantes de grupos aborígenes las consideran como una burla, pues actualmente hay hasta menos indígenas en la Cámara de Diputados, que cuando no había este tipo de instrumentos. En tanto, la autoridad electoral, en lugar de ser rigurosa para que los partidos y candidatos cumplan con la ley, les amplía la posibilidad para calificar como indígenas cuando evidentemente no lo son.

Organizaciones como la Red Nacional Indígena, han levantado la voz y exigen a los políticos, partidos y autoridades, que respeten la ley y no usurpen los espacios que no les corresponden.

Juan Gabriel Méndez López, indígena tzeltal de Oxchuc, Chiapas, abogado comunitario y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas expuso que esa entidad, donde 28.2% de su población de tres años o más es hablante de lengua indígena, es una muestra de lo que ocurre en el país.

Entrevistado vía telefónica, dijo que uno de los casos más escandalosos y considerado como una burla por los indígenas, es el de la actual diputada federal con licencia Manuela del Carmen Obrador Narváez, a quien el pasado 23 de abril, la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó su candidatura a la reelección en el distrito uno con cabecera municipal en Palenque, Chiapas.

La legisladora, es postulada por la coalición formada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y su candidatura había sido impugnada por indígenas de la etnia chol, por no formar parte de alguna comunidad indígena.

El TEPJF decidió validar su candidatura con el argumento de que ella se autoadscribió como indígena; porque presentó un acta de nacimiento que dice que nació en el distrito, así como un oficio expedido por el secretario del ayuntamiento de Palenque, en el que le “reconoce” su autoadscripción. Además, el Tribunal consideró relevante que en las elecciones de 2018 tuvo mucha simpatía, relató Méndez López.

Pero ese es sólo uno de los casos de usurpación de identidad indígena por parte de políticos mestizos, con el objetivo de despojarlos de las candidaturas, en teoría reservados para ellos.

Según el activista, en Chiapas, donde hay cinco distritos electorales federales reservados para indígenas (que son el uno, dos, tres, cinco y 11), únicamente un candidato en campaña es reconocido como miembro de alguna de las comunidades del estado. Se trata de Alfredo Vázquez Vázquez, un indígena tzeltal originario de Ocosingo, quien en 2018 fue postulado por Morena como candidato a diputado federal por el distrito tres y ganó y ahora busca la reelección.

Las otras personas que, en 2018 ganaron una diputación federal en los distritos electorales reservados para indígenas en Chiapas, son Manuela del Carmen Obrador Narváez en el uno; Alfredo Antonio Gordillo Moreno, quien antes era secretario técnico del gobierno de Chiapas, en el dos; Clementina Marta Dekker Gómez, en el cinco y Roberto Antonio Rubio Montejo, quien era asesor legislativo en el Congreso de Chiapas y delegado nacional del PVEM en Chiapas, en el distrito 11.

El activista Méndez López dijo que las autoridades comunitarias de Oxchuc tomaron la decisión de no permitir la instalación de casillas el próximo 6 de julio, como forma de protesta, a lo que consideró un fraude a la ley que hacen los partidos que permiten que sus candidatos suplanten a indígenas con el respaldo de las autoridades electorales.

Denunció que en el distrito dos, con cabecera en Bochil, la alianza integrada por PRI, PAN y PRD postularon como candidato a Roberto Aquiles Aguilar Hernández, quien no es indígena, pero sí un cacique de la región, que, de 2003 a 2006, fue diputado federal por el distrito seis de Chiapa de Corzo.

Lleva como compañera de fórmula a su hija, Adriana Aguilar Pavón, que tampoco es indígena tzotzil (que es la comunidad indígena de la región) y actualmente es diputada local con licencia.

Asimismo, recordó que el TEPJF le quitó la candidatura a diputada federal por Morena, en el distrito dos, a la exdiputada local Patricia Mass Lazos, pues se trata de una persona nacida en Monterrey, que no es indígena, además de que vive en San Cristóbal de las Casas y no en Bochil, que quería representar y que está como a 90 kilómetros de distancia de su domicilio.

Dijo que en el distrito cinco, de San Cristóbal de las Casas, todo mundo sabe que la actual diputada federal Mara Dekker Gómez, que busca la reelección, no es indígena, aunque hace tres años la autoridad le avaló el supuesto vínculo comunitario.

El activista dijo que en el distrito 11, que corresponde a Las Margaritas, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, quien hace tres años fue postulado por el PVEM y trata de reelegirse, tampoco es indígena.

La ley da márgenes para despojar a indígenas de candidaturas

Araceli Burguete de Cal y Mayor, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) unidad Sureste expuso por qué, aspirantes a diputados federales que no son indígenas logran que las autoridades electorales avalen sus candidaturas.

Recordó que en la sentencia del TEPJF SUP-RAP-726/17 establece que los partidos pueden acreditar el vínculo al momento del registro mediante la presentación de constancias como haber prestado “en algún momento” servicios comunitarios, desempeñado cargos tradicionales “en la comunidad, población o distrito” por el que pretenda ser postulada, “haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar dichas instituciones” o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulada, o ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.

La sala superior determinó que el propósito de estas medidas era que los ciudadanos en dichas  circunscripciones votaran efectivamente por candidatos indígenas, garantizando que representaran los intereses reales de los grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de la acción afirmativa.

Sin embargo, destacó que lo documentado en Chiapas demuestra que la realidad no ha sido así, porque tanto en el proceso electoral de 2018 como en el actual, fueron postuladas por los partidos políticos, como indígenas a personas que no son aceptadas como tales.

Recalcó que el problema de toda la usurpación estriba en que, tal como está acreditado, el vínculo favorece a reclutar candidaturas de personas que tienen una práctica indigenista.

Los hechos demuestran que la acción de demostrar el vínculo mediante elementos objetivos tales como constancias expedidas por “autoridades” de la comunidad han contribuido a configurar dos problemas:  Uno, al tener que probar los medios de prueba “idóneos”, solicitados por la legislación electoral, mediante constancia de, por ejemplo, haber participado en reuniones, de haber estado interviniendo, el resultado es que, al objetivar el vínculo que se estableció en la sentencia del TEPJF, se premia la intervención de personas ajenas a la vida comunitaria, alejando perfiles de las personas indígenas que viven en la comunidad que son sustituidas por personas que intervienen en la comunidad.

Dos, al privilegiar el vínculo mediante pruebas objetivas, las  instituciones electorales ignoran lo que plantea al artículo 2 constitucional (que dice que son pueblos indígenas “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ella”) que no deja duda quién es indígena, con el que se podría cumplir la acción afirmativa a cabalidad, sin andar inventando tales vínculos.

Dijo que, desafortunadamente, las instituciones electorales abonan al crecimiento de este problema. Recordó que el INE incorporó un cuarto criterio como vínculo efectivo que refiere ser originario o descendiente de la comunidad y contar con elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario (INECG24/2021 de enero de 2021).

El problema estriba en las demostraciones de los vínculos con las comunidades.

La aplicación de los criterios ha dado como resultado la emergencia de un fenómeno generalizado de usurpación de identidad indígena en un contexto más amplio de racialización de la acción afirmativa indígena, abundó.

El Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington (IHME, por su siglas en inglés) dio a conocer que la pandemia de covid-19 ha causado más del doble de muertes de las reportadas oficialmente en el mundo, y en el caso particular de México, añadió, las estimaciones rondan en los 617 mil decesos, es decir, dos veces más de los oficialmente reconocidos.

De acuerdo con el análisis del IHME, difundido por la agencia Reuters, el covid-19 ha causado casi 6.9 millones de muertes en el planeta, más del doble de los registrados. La diferencia estriba en que la mayoría de los países sólo consignan las que ocurren en los hospitales o las de pacientes con una infección confirmada, apuntó.

En el caso de México, las autoridades sanitarias reportaban hasta el 3 de mayo 217 mil 694 muertes, mientras que el IHME estima que en realidad se han presentado 617 mil 127 fallecimientos por covid-19 en el país, por arriba incluso de Brasil.

El IHME es una organización independiente de investigación sanitaria que proporciona mediciones comparables de los problemas de salud del mundo y ha sido citada en el pasado por la Casa Blanca. Sus informes son observados de cerca por los funcionarios de salud pública.

Según el IHME, la mortalidad por covid-19 está estrechamente relacionada con la cantidad de pruebas en un país.

“Si no se realizan muchas pruebas, lo más probable es que se pasen por alto muertes por covid”, dijo Christopher Murray, director del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria, en una reunión informativa con periodistas.

El IHME calculó el total de muertes por covid-19 comparando los fallecimientos previstos por todas las causas, basados en las tendencias anteriores a la pandemia, con el número real de todas las muertes causadas durante la pandemia.

El informe sólo incluye las muertes causadas directamente por el virus, y no las causadas por la perturbación de la pandemia en los sistemas sanitarios y las comunidades.

“Muchos países han dedicado un esfuerzo excepcional a medir el número de víctimas de la pandemia, pero nuestro análisis muestra lo difícil que es hacer un seguimiento preciso de una enfermedad infecciosa nueva y de rápida propagación”, dijo Murray.

Los cuerpos de Efraín Espinosa Pérez y Mario Alberto Vázquez Aguilar, de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo, acribillados ayer en el paraje Tierra Blanca, municipio de Venustiano Carranza, fueron rescatados este miércoles.

Tras un despliegue policiaco en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía General del estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, llegaron hasta el tramo donde comuneros de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos emboscaron a Espinosa Pérez y Vázquez Aguilar, cuyos cadáveres fueron recibidos por sus esposas e hijos.

Para acceder a esa zona y pedir que fueran liberados cuatro de sus compañeros capturados por la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, los comuneros de la Casa del Pueblo entregaron a Corazón Vives Ruiz y Elías Vázquez Gómez, a quienes retuvieron desde el pasado 25 de abril, cuando empezaron los choques entre ambos grupos.

La OCEZ Casa del Pueblo pidió la intervención de la Organización de Naciones Unidas y del Comité de la Cruz Roja Internacional, “para que en la medida de su mandato intervengan ante el gobierno de Chiapas, quien ha sido señalado de tomar una actitud de respaldo al grupo paramilitar de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos y su actuación fue negligente y omisa para atender la conflictividad social en ese municipio y para garantizar la vida, seguridad e integridad de los pobladores”.

Asimismo, acusó a la Alianza San Bartolomé de Los llanos de ser un grupo paramilitar, con sede principal en la comunidad Paraíso de Grijalva, desde donde opera con armas de uso exclusivo del Ejército, “apoyados por otros grupos de sicarios, el grupo denominado autodefensa de cañeros, financiado por el cacique de la región Jesús Alejo Orantes Ruiz”.

Explicó que las dos víctimas mortales, junto con otros campesinos, “avanzaban en los trabajos de brecheo, cuando un helicóptero sobrevolaba en vuelo rasante el área donde se llevaba a cabo el trabajo; después de retirarse el helicóptero, los compañeros terminaron sus jornadas y buscaron un lugar para descansar y tomar sus alimentos en el punto denominado Tierra Blanca, donde fueron sorprendidos y atacados cobardemente por estos asesinos en los dos puntos opuestos (norte y sur)”.

Ángel Ramírez Martínez, comisariado de los Bienes Comunales de la OCEZ, explicó que el conflicto se originó debido a la problemática territorial existente desde 1970.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a los pueblos y comunidades de Chiapas para privilegiar el diálogo, el acercamiento y uso de la razón para resolver cualquier problemática o diferencia, así como evitar las confrontaciones, la violencia, los rencores y enconos entre hermanas y hermanos.

El mandatario informó que las autoridades competentes realizan las investigaciones para que el lamentable acontecimiento no quede impune, y aseguró que las instancias federales, estatales y municipales trabajan en unidad con el objetivo de resolver conforme a Derecho y de forma pacífica este añejo conflicto.

De igual manera, subrayó que los enfrentamientos y bloqueos de carreteras no abonan a la reconciliación y al establecimiento de una relación de respeto, por el contrario, hacen más profunda la molestia, pues además de afectar a la población, sobre todo a los sectores más vulnerables, se retrasa el progreso, desarrollo y bienestar de las familias, tanto de Venustiano Carranza como de los municipios de la región.

Rosario Piedra no tiene ni idea

Gobernación la pone en su lugar

La señora Rosario Piedra Ibarra, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha demostrado su insensibilidad, su ignorancia y su desprecio, en torno a lo que significan las garantías individuales y colectivas, y los derechos laborales, al dar la espalda al grupo de colegas periodistas, en su mayoría mujeres, que llevan ya un año en huelga luchando por sus derechos laborales en la agencia estatal, Notimex, de la que esta mujer es directora.

La primera reacción de mi hígado fue de enojo, mucho enojo – contrólate, me advirtió mi doctora-  quizá porque no esperaba que la hija de Doña Chayito, mujer de lucha, que aún sigue buscando a su hijo desaparecido en las mazmorras del gobierno priista, acusado y embodegado en las mazmorras militares como enemigo del viejo régimen.

No estaba equivocado cuando se dio a conocer el nombramiento de esta mujer como defensora de los derechos humanos nacional. No porque sea hija de una gran luchadora social, gran guerrera, defensora de los derechos humanos, buscadora de miles de desaparecidos políticos, iba a ser la más avocada para representar la defensa de quienes se ven violentados por los poderes gubernamentales y por los fácticos.

Los compañeros y compañeras periodistas de Notimex se quedaron absolutamente desamparados por la tozudez de la mujer que funge como directora de la agencia, una tal Sanjuana Martínez, a quien no tengo el disgusto de conocer personalmente, pero cuyo actuar me la rebela como una persona incongruente, inconsecuente, y que se vale de la amistad y la protección del presidente de la república, para joder, ésta es la palabra, a los reporteros de la agencia de noticias del estado mexicano.

Y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas me da la razón en un boletín de prensa, que acabo de recibir de la oficina de la secretaria Olga Sánchez Cordero, en el que reitera su compromiso con la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Textualmente, la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, discrepa con el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del cual solicita se reconsidere la decisión de no incorporar a la funcionaria Sanjuana Martínez Montemayor y, de manera inmediata, otorgue las medidas preventivas necesarias y de protección a su favor. 

Y sigo relatando textualmente lo que el organismo de Gobernación dice: “Al respecto, se realizan las siguientes precisiones:

“En el mes de abril, el Mecanismo de Protección recibió oficios y escritos por parte de Sanjuana Martínez Montemayor, directora general de la Agencia de Noticias del Estado mexicano (Notimex), en el que solicita su incorporación y medidas de seguridad frente a diversos hechos, señalando a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación e instituciones de educación superior como sus agresores.

Agrega que el pasado 29 de abril se informó a Martínez Montemayor la negativa de incorporación al Mecanismo de Protección y los servicios que éste brinda, en virtud de que las situaciones que ella expuso no se dan con motivo de su labor periodística y ejercicio de su libertad de expresión, sino que guardan relación con el ejercicio de su encargo como funcionaria titular de una institución del Gobierno de México.

El Mecanismo para la Protección es un instrumento del Estado mexicano, que tiene por finalidad implementar y operar medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Las instituciones nacionales de protección a derechos humanos, tales como este Mecanismo de Protección y la propia CNDH, son conquistas de las sociedades para generar una respuesta, frente a la actuación del Estado ante amenazas o violaciones a derechos humanos, infringidas sobre la población.

En opinión del mecanismo, las instituciones de derechos humanos se crearon para brindar protección a la población, que se ve en situación de vulneración o desventaja frente a actos de poder. Las y los funcionarios del Gobierno de México tienen el derecho a que se garantice su vida, integridad y seguridad personal ante cualquier amenaza que sea provocada por el ejercicio de su encargo.

Sin embargo, el sistema jurídico e institucional ofrecen otras vías, mismas que le fueron hechas de su conocimiento a Sanjuana Martínez Montemayor. Cabe aclarar que el Mecanismo de Protección no tiene facultades para pronunciarse sobre los hechos que la directora general señala, ni sobre el conflicto laboral que ocurre en la institución que encabeza.

Por lo anterior, el Mecanismo de Protección reitera su postura de no ejercer su competencia en la solicitud expuesta por Sanjuana Martínez Montemayor, directora general de Notimex. A su vez, el mecanismo reitera su disposición de continuar colaborando con la CNDH para atender el presente asunto a través del procedimiento de queja respectivo, en términos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento.

Visto y leído el texto del Mecanismo, no me queda más que lamentar la conducta de la encargada de la defensa de los derechos humanos (Rosario Piedra Ibarra). A quien debería defender es a los trabajadores de Notimex en Huelga. No a la directora de la empresa estatal. Y que lo lea el presidente López Obrador. Se equivocó en designar a San Juana Martínez como directora de Notimex. Claro que se equivocó. Es de sabios reconocer el error.

Rural Mactumactzá, un círculo vicioso que debe acabar ya

La “tregua” dada por la pandemia de Covid-19 a las protestas violentas de las normales rurales en Chiapas concluyó este miércoles con los disturbios provocados por estudiantes de la Escuela Rural Mactumactzá, tras la ruptura de la mesa de diálogo con las autoridades estatales y la guerra de acusaciones entre ambos frentes.

A decir de los normalistas, la inconformidad se desató por la negativa de las autoridades educativas a aceptar sus peticiones o adecuaciones, respecto a la convocatoria de nuevo ingreso para la escuela rural y los exámenes de asignación de plazas docentes, entre otros puntos del pliego petitorio que se negaron a precisar.

Sin embargo, fue la Secretaría de Educación quien, mediante su versión, aclaró lo sucedido. Según el comunicado enviado por las autoridades estatales, la ruptura del diálogo se dio tras la exigencia negada a la comitiva normalista para bajar a 6.0 la calificación mínima requerida para aprobar los exámenes de conocimiento que deben presentar los aspirantes a una plaza magisterial.

“Al no ser posible aceptar dicha petición por tratarse de normatividad federal y criterios que buscan elevar los estándares de calidad de la educación pública, la comisión de alumnos de dicha escuela el día de ayer rompió de manera unilateral los trabajos de la última mesa”, detalló textualmente el comunicado emitido a los medios de comunicación.

Las autoridades educativas además agregaron que, de acuerdo con datos oficiales, durante los últimos tres años se han destinado casi 70 millones de pesos a dicha institución en: construcción de dormitorios y rehabilitación de espacios, así como el suministro de alimentos, uniformes, combustible y otros apoyos, aún durante el periodo de pandemia. Además de que los casi 500 alumnos matriculados reciben la beca Benito Juárez, de cuatro mil quinientos pesos bimestrales.

Y lo peor de todo es que la versión oficial no parece tan inverosímil. Lamentablemente, y con sus contadas excepciones, la Rural Mactumactzá parece haber perdido desde hace mucho tiempo su verdadera vocación pedagógica. El empoderamiento del consejo estudiantil ha secuestrado las aulas, el plan de estudios y la escuela misma, para convertirla en una adiestradora de grupos de choque e insurgencia estudiantil radical.

Poco ha quedado de aquella noble vocación formadora de docentes preparados para regresar a transformar sus propias comunidades desde la educación y el conocimiento. Ese fue el objetivo que dio origen a gran parte de las normales rurales en México. Esa es la verdadera visión revolucionaria que gestó el plan de estudios que ahora luce tergiversado y distorsionado por grupos que se han apoderado de las entrañas institucionales.

Como ha sucedido con otros casos bastante conocidos, muchas de las escuelas normales rurales en México ya no responden a su vocación de origen. Se han extraviado con el paso de los años. Se han contaminado casi de manera irreversible para someterse a intereses ajenos a la formación pedagógica, colocando a la protesta vandálica o anárquica y la constante negociación de beneficios insaciables como eje coyuntural de la “formación estudiantil” alterna.

En esencia las normales rurales tiene de fondo una noble vocación que podría ser razón suficiente para su subsistencia, siempre y cuando sean sometidas a procesos de limpieza interna sin consideraciones. Y es que, sus propios antecedentes violentos parecen haber dejado prácticamente solas a las normales rurales en Chiapas, sin empatía popular o respaldo social.

La Escuela Rural Mactumactzá, como otras tantas de su tipo, se ha convertido en una institución donde la autoridad universitaria ha sido rebasada, maniatada, despojada del poder, expulsada y hasta impuesta por un “consejo estudiantil” sobre empoderado por la injerencia de aliados e intereses externos que han visto y utilizado a las insurgencias estudiantiles como elemento para engordar sus propias “causas” e intereses, eso debe acabar ya… así las cosas.

Combate a enfermedades transmitidas por vectores

Descacharrizar patios y azoteas de las  casas, así como los terrenos baldíos cercanos al domicilio,  es  una gran medida preventiva contra el dengue, el zika y el  chikungunya, entre otras enfermedades transmitidas por vectores.

La razón es simple: se  eliminan los criaderos de los chaquistes, los mosquitos y los zancudos.

Las autoridades del Sector Salud han intensificado la fumigación y el reparto de bolsas de abate, para evitar la proliferación de esos vectores en los tanques, cisternas y tinacos.

Al mismo tiempo, se hace un llamado a los propietarios de lotes baldíos a que limpien sus terrenos, porque algunos- aprovechando que están secos los pastos y arbustos- le prenden fuego,  como una forma de limpiar, sin importar que pongan en riesgo a sus vecinos.

En la lucha contra las enfermedades transmitidas por mosquitos y zancudos deben participar todos. 

La más mínima participación es bienvenida.

Porque de esa forma se  contribuye a tener  una salud pública fuerte,  a pesar de las condiciones económicas adversas y de infraestructura.

Se trata de implementar medidas preventivas en pro de la salud pública,  y empiezan por adoptar esas medidas en las casas al vaciar botellas o cualquier otro recipiente que pueda encharcar agua y servir de hospedero a las crías de los mosquitos, chaquistes y zancudos. 

El agua estancada es el criadero perfecto para esos vectores que  diezman la salud de miles de personas de todas las edades y condiciones sociales.

Algunas de esass enfermedades ( por ejemplo,  el dengue ) tienen sus complicaciones y en caso de no  tratarse adecuadamente pueden ser de gravedad.

La fumigación que se  realiza en la entidad tiene por finalidad evitar que se incremente la población de esos bichos que transmiten muchos padecimientos propios de la región del trópico húmedo.

Los cuales hay que evitar en estos tiempos de pandemia,  porque se podrían confundir -en algunos casos- con el #COVID19.

Prevenir es lo de hoy. 

Si se mantienen las casas limpias de cacharros y también los lotes baldíos se podrá evitar un sinfín de enfermos de dengue, paludismo o cualquier otro padecimiento transmitido por vectores.

Vale la pena sumarse a la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores porque así se fortalece la salud pública en favor de todos los chiapanecos.

En fin.

BALCÓN. A reactivar la economía y garantizar la seguridad y el bienestar de todas las familias, “a eso vamos al Congreso de la Unión”, afirmó ayer  Emilio Salazar Farías, candidato a diputado federal por el Distrito 09 de la alianza “Va por México”. En su visita a colonias del norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, Emilio Salazar Farias coincidió con la ciudadanía en que prevalece una profunda crisis social porque no hay empleos y tampoco programas de apoyo para cubrir necesidades básicas como la salud y la alimentación. “Atender esta situación por el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes, es urgente; por eso, sumaremos fuerzas para fortalecer los cuerpos de seguridad, apoyar a las empresas locales y atraer así a los inversionistas, que hoy por hoy ven en Chiapas una tierra fértil donde pueden crecer y ofrecer miles de empleos”, enfatizó.

“Eso se necesita para cambiar el rostro triste de nuestra ciudad: mucha capacidad, creatividad, voluntad y disciplina financiera, y a eso voy a la Cámara de Diputados, a hacer lo que me toca para que un mejor Chiapas sea posible”, expresó el candidato del PRI-PAN-PRD a la diputación federal correspondiente al distrito electoral 09 de Chiapas.

EL DARDO. “ Me comprometo a rescatar a Santo Domingo y Caridad y a construir un mercado de artesanías digno del Pueblo Mágico de San Cristóbal de Las Casas”: Así lo dijo Juan Salvador Camacho Velasco, candidato de MORENA a la alcaldía coleta, al reunirse con artesanos y artesanas de ese punto turístico.

Son escasos, me imagino, los lectores que reconocerán el nombre de Óscar Castro –un eminente actor, director y dramaturgo chileno que falleció recientemente de covid en París, a la edad de 73 años–, pero hay muchas razones para conmemorar su existencia luminosa en un momento de tanto dolor global.

De hecho, son pocos los artistas que produjeron, como lo hizo Óscar, obras que exaltan de una manera tan obstinada el triunfo de la vida sobre la desesperanza, no sólo a lo largo de una prolífica carrera en el teatro, sino especialmente durante los muchos meses que pasó como prisionero político en los campos de concentración del general Augusto Pinochet. Es una historia extraordinaria.

Cuando los militares derrocaron al gobierno democráticamente elegido del socialista Salvador Allende en septiembre de 1973, instalando un reinado de terror, múltiples figuras culturales chilenas, entre las que me incluyo, optaron por el exilio. Mi amigo Óscar decidió quedarse en el país y poner a prueba los límites de la feroz censura del régimen.

Y, en efecto, poco más de un año después del golpe, el 14 de octubre de 1974, Óscar y su compañía, El Aleph, estrenaron ‘Al principio existía la vida’, una obra que reunía textos de la Biblia, Don Quijote, El principito. Un material presumiblemente inocuo si no hubiera sido por dos escenas. En una, un capitán naufraga junto a su barco prometiendo que llegarían días mejores. Y en la escena final de la obra, un profeta promete que sus palabras de esperanza y coraje lo sobrevivirían, habrán de continuar más allá de la muerte. Óscar confió en que el público entendería las referencias alegóricas a Salvador Allende, quien había muerto en el palacio presidencial de La Moneda defendiendo la democracia. También apostó a que la policía secreta sería menos perspicaz.

Tenía razón sobre el público que acudió al programa en manadas y se equivocó respecto a la policía secreta. Un mes después del estreno vinieron por él y su hermana, la actriz Marietta Castro. Fueron interrogados, torturados, amenazados de ejecución. Algo peor, sin embargo, les esperaba. Unas semanas más tarde, su madre, Julieta Ramírez, y el esposo de Marietta, Juan Macleod (también miembro de la compañía), fueron apresados cuando visitaban a sus familiares detenidos. Hoy tanto Julieta como Juan todavía están, como otros chilenos, desaparecidos, aún sin sepultura.

No quiso Óscar Castro que esa terrible tragedia, fruto de su amor por el arte y la libertad de expresión, amortiguase su creatividad. Durante dos años, en varios centros de detención de Chile trabajó con sus compañeros prisioneros para montar obras de teatro, algunas de autores conocidos, como Sófocles (Antígona), Brecht (El juicio de Lúculo) y Albee (Historia del zoológico), pero sobre todo obras que el propio Óscar escribió durante su cautiverio. A menudo tuvo que cambiar el texto. Un capitán exigió que la palabra “rojo” en la obra de Albee se cambiara a “rosado”, para que sonara menos revolucionaria y subversiva. En otra ocasión, convenció al comandante del campo de Melinka de que una de las representaciones que estaban programadas había sido compuesta por un refugiado austriaco en Buenos Aires, un judío llamado Emil Kan (anagrama de Melinka), y el comandante había asentido; por supuesto, había oído hablar de ese famoso autor, por supuesto que no había inconvenientes para esa escenificación.

Además de estas obras de teatro –llenas de melancolía y anhelo y humor, con referencias oblicuas a la lucha y la memoria y el sexo–, Óscar también organizó unos happenings delirantes. Fingiendo que el centro de detención era una aldea y que él era su alcalde y, vestido con un frac extraído de un paquete de ayuda caritativa para los detenidos, iba a saludar a los harapientos y apaleados prisioneros que acababan de llegar a ese presidio. Estaban ingresando, dijo, al único espacio libre en el país y que todos los que vivían detrás de los alambres de púas, especialmente los soldados, eran los verdaderos presos. Luego se disculpó por los problemas de transporte que aquejaban a ese pueblito. Aunque los camiones y autobuses arribaban con una eficiente regularidad, las partidas eran, por desgracia, impredecibles y arbitrarias, por lo que podría pasar un tiempo antes de que los habitantes de este lugar pudieran marcharse. Mientras tanto, se estaban celebrando diversos campeonatos atléticos, incluyendo un maratón, y a los recién llegados se les invitaba a que participaran en esas actividades saludables. No contento con haber establecido el campamento entero como un escenario momentáneo para su febril imaginación, Óscar Castro seguía, día tras día, prolongando la ilusión, animando con su jocosidad y optimismo a los atribulados prisioneros, llegando incluso a despedirlos en su calidad de alcalde el día en que finalmente fueron liberados del campo, felicitándolos por las incontables carreras que habían ganado.

Ese mismo espíritu indomable acompañó a Óscar cuando le tocó salir de su propia reclusión. Cuando lo desterraron a Francia reconstituyó su compañía de teatro y comenzó a montar algunas de las obras escritas en los campamentos, y otras más nuevas que exploraban las alegrías y desafíos del exilio. No fue una transición fácil. Arraigado en el vernáculo chileno, con una relación visceral y popular con los sectores desposeídos de su tierra, tuvo que adaptarse a un entorno extraño, encontrar un lenguaje que pudiera traspasar barreras y fronteras. Si lo logró fue debido a que siempre había sido parte de una tradición universal, un admirador de Fellini y Grotowski, Augusto Boal, Marcel Marceau y los­Beatles, de manera que fue encontrando la forma de compartir con un público foráneo su emoción, versatilidad e inventiva.

También trabajó en el cine, notablemente en 1984 en ‘Ardiente paciencia’, basada en la novela homónima de Antonio Skármeta, quien decidió que Óscar sería ideal para el rol de un tímido cartero que, sumamente enamorado de una chica inalcanzable, busca el consejo de Pablo Neruda para conquistarla. Esta es, por supuesto, la trama de ‘Il postino’, la galardonada película que Michael Radford filmó 10 años más tarde, transfiriendo la historia a Capri y eligiendo a Massimo Troisi como el cartero.

Troisi murió unas horas después de que la filmación terminó. Óscar, el primer postino, vivió, en cambio, muchos años adicionales, hasta que la pandemia se lo llevó, acosando al hombre al que la plaga de la dictadura fue incapaz de someter o suprimir, matando al actor que, hace décadas, se subió a un pequeño escenario en Santiago de Chile y, encarnando a un profeta, prometió que su obra lo sobreviviría, continuaría más allá de la muerte.

*Ariel Dorfman es autor chileno. En 1976, él y su mujer, Angélica, se reunieron con Óscar Castro, recién exiliado, y durante varios días y noches grabaron su experiencia en los campos de concentración chilenos, una larga conversación que después se publicó en la Revista Araucaria.

No cumplieron ni diez años las reformas más importantes de este siglo a nuestra Constitución, las que motivaron la llegada de la décima época judicial, y tenemos ya que alistarnos para la undécima época del Semanario Judicial de la Federación.

El sistema de jurisprudencia por precedentes puede justificar el cambio de época, pero siempre y cuando lo acompañe una transformación radical de la mentalidad judicial. Por ello bien podría opinarse que la piedra angular de la reforma de marzo de este año se halla primordialmente en la Escuela Federal de Formación Judicial.

Recuerdo de mis días de infiltrado en la Corte, las expectativas, resistencias, retos y temores que provocaban el control difuso de constitucionalidad/convencionalidad y el principio pro persona para favorecer en todo tiempo la mayor protección de las personas. Recuerdo que se decía que desarrollarlos era mera cuestión de tiempo.

Pero al poco tiempo lo que ganó un espacio inmerecido fue el criterio de que tales cambios no tenían peso suficiente para revolucionar la función jurisdiccional. La jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte sirve de ejemplo para respaldar mi punto de vista. El mensaje fue que la interpretación más favorable a la persona no implicaba que los órganos jurisdiccionales dejaran de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas. Y sí, una cosa es que no ignoren otros principios de la Constitución, pretextando una única reforma, y otra muy distinta, que no cambien.

Ahora más que antes es indispensable un cambio trascendental, permanente y para todos y cada uno de los casos que se analizan en sede judicial. Presumir los avances en ciertos casos solamente, pero no en todos, es equivalente a presumir que el cajero automático del banco que sea, entrega el dinero 7 de cada 10 veces.

Habrá quienes postulen que las transformaciones deben ser lentas pero seguras. Muy respetable, sí y solo sí esa gradualidad tiene una progresión incesante. Intuyo que aquel enfoque está detrás de la decisión de conservar la publicación de tesis para fines de divulgación. Pero eso no sirve de excusa para no revisar sentencias.

Son las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, las que son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales. No las tesis emitidas para su difusión.

Dicho sea como paréntesis, me sorprende que no exista un frente más amplio que cuestione que esas votaciones calificadas para generar precedentes obligatorios son incentivo para nombramientos a modo en la Corte, pues cada administración federal subsecuente tiene durante su sexenio la posibilidad de llevar al Tribunal Constitucional hasta cinco integrantes solo por el escalonamiento de esos puestos.

En todo caso, la formación judicial que necesitamos conviene que se enfoque en lograr que el personal judicial adquiera las habilidades suficientes para razonar o argumentar a partir de los precedentes de nuestra Suprema Corte. Y más importante, que toda persona titular de un órgano jurisdiccional tenga la real posibilidad de estudiar tales precedentes, para lo cual necesitan aligerar su carga.

No basta con que puedan memorizar ahora sentencias, se necesita entenderlas. Quizá así no se presenten más casos en los cuales tribunales inferiores ignoran los criterios más garantistas provenientes del máximo Tribunal. Hasta el pasado mes podían excusarse por la falta de obligatoriedad de los precedentes aislados de la Corte, sin que eso justificara de manera alguna no acatar el mandato constitucional para favorecer en todo tiempo la mayor protección de las personas. Pero más importante, entender que los precedentes de la Corte no concluyen una discusión, no impiden avances no revisados por ella todavía, no agotan ni retiran la principal responsabilidad de cada órgano judicial: protegernos lo mejor posible.

En una entrega anterior expliqué que México está estancado en su digitalización. Mencioné los casos de China, Estados Unidos, Europa y, dentro de ella a España, que están haciendo mucho por ampliar la conectividad.

Esos países y regiones más desarrolladas que México comprendieron desde el inicio de la pandemia que las infraestructuras de banda ancha y los servicios digitales son prioritarios y esenciales. La digitalización, las telecomunicaciones, la Internet, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son estratégicas para acelerar la recuperación económica y garantizar el acceso a derechos fundamentales como educación y salud.

En América Latina varios países están implementando políticas políticas, activando fondos de acceso universal, modificando sus diseños institucionales o actualizando sus leyes y normativas para avanzar en la transformación digital. Veamos algunos casos.

Costa Rica impulsa un proyecto de ley para un Programa Nacional de Alfabetización Digital (PNAD), cuyos objetivos son brindar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y reducir la brecha digital. El PNAD incluye la infraestructura necesaria, el servicio de conectividad, el equipamiento y el material didáctico requerido.

El proyecto contempla la inclusión del programa de Alfabetización Digital en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y otorgarle financiamiento permanente con presupuesto del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Plantea trasladar recursos del Fonatel al Ministerio de Educación para acortar la brecha de acceso entre la población estudiantil.

En Panamá, el gobierno implementó el Plan Educativo Solidario para garantizar que los estudiantes y docentes tuvieran acceso a servicios de banda ancha para continuar con el ciclo escolar. Para lograrlo, pactó una alianza con los operadores de telecomunicaciones.

También en Panamá se sancionó la ley que crea el Sistema de Telesalud, para disminuir la carga de trabajo de los hospitales mediante el uso de diversas modalidades de medicina a distancia, incluidas las teleconsultas. La legislación surgió en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El presidente de República Dominicana creó el Gabinete de Transformación Digital para elaborar una estrategia nacional para la transformación digital y el desarrollo tecnológico del país durante la próxima década. El objetivo principal es elaborar estrategias, crear sinergias y compromisos institucionales para aprovechar las nuevas tecnologías entre los sectores productivo, gubernamental, académico y social.

En República Dominicana también se aprobó el Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo 2021-2022, cuyo objetivo es conectar a Internet hogares pobres en zonas rurales y semiurbanas y promover el uso y la adopción de las tecnologías digitales por parte de las personas en situación de vulnerabilidad y niveles significativos de pobreza.

Chile reactivó el llamado Plan Solidario, lanzado en 2020, para asegurar la conectividad a personas de bajos recursos en el contexto de pandemia. El programa beneficia a 60 por ciento de los hogares con menos ingresos del país, los cuales podrán activar servicios mínimos de telecomunicaciones sin pagar por tres meses.

El senado chileno también aceleró la discusión y avaló por unanimidad el proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Al reconocerlo el Estado se obliga a promover políticas públicas para asegurar la disponibilidad de Internet en las zonas desconectadas.

El presidente de Brasil sancionó la Ley de Gobierno Digital que establece principios, normas y fundamentos sobre gobierno digital para mejorar la gestión pública a través de la desburocratización, la innovación, la transformación digital y la participación ciudadana.

Brasil también modificó el Fondo para la Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones para ampliar el acceso a la banda ancha en zonas sin servicio.

Perú incrementó sus inversiones en telecomunicaciones a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Los recursos se destinaron al despliegue de fibra óptica en el territorio nacional, a fin de reducir la brecha digital y fomentar las oportunidades de desarrollo digital en el país.

Cuba aprobó una ley para la transformación digital del país, optimizar la gestión del espectro radioeléctrico y combatir los incidentes cibernéticos. 

En Honduras se presentó una iniciativa de la Ley de Inclusión Digital. El objetivo prioritario es garantizar el acceso gratuito de todos los alumnos a la plataforma digital del sistema educativo público.

Colombia entregó 340 mil tarjetas SIM a estudiantes de los estratos bajos y a emprendedoras para que se conecten con Internet y voz móviles gratuitos durante 13 meses, para cerrar la brecha digital y contribuir a la reactivación económica.

Estas son algunas iniciativas en América Latina pero hay más. No se trata de naciones con muchos recursos como China, Estados Unidos o la Unión Europea, sino de naciones también con dificultades, algunas de ellas con menor desarrollo económico que México, pero con políticas públicas digitales, iniciativas y propuestas. Reconocen que deben actuar y que las TIC y la Internet son las herramientas más importantes de transformación social y económica.

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La abanderada del partido Morena a la presidencia municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda y su equipo de campaña fueron retenidos por varios minutos por campesinos de la comunidad de Pavencul, inconformes por no respetar la decisión de los pobladores de no permitir a partidos políticos a realizar actos de proselitismo electoral.

“Tras advertencia no hay engaño” y al ver que los morenistas no respetaron la ley de los pobladores, fueron retenidos por algunos momentos ante el nerviosismo de los acarreados por parte de Morena y Rosa Irene, muchos de los cuales fueron identificados como trabajadores del actual ayuntamiento de Tapachula.

Autoridades ejidales informaron que la candidata fue retenida ayer en la mañana, sin embargo, el miedo hizo que aceptaran su error, pero fue liberada tras negociar con los campesinos de la región; en tanto que la gente de la alcaldesa con licencia pegaron la graciosa huida.

Cabe mencionar que los campesinos de Pavencul, una zona indígena Mam, asentada en la Sierra Madre de Chiapas, habían advertido a los partidos políticos que no querían su presencia en la zona, mucho menos publicidad demagógica, pintas de leyendas donde prometen todo y no cumplen nada.

La razón de la actitud de los pobladores de aquella zona de Tapachula obedece a que como candidatos siempre acuden en busca del votos, sin embargo, una vez en el poder, jamás se vuelven a parar, como ocurre con el actual gobierno federal y estatal, pues son falsos, traicioneros, mentirosos y corruptos.

Trascendió que la gente de campaña de la candidata de Morena, Rosa Urbina, - de 55 años de edad-, militante y fundadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, tuvieron que hacer una “coperacha” para ser liberados, no se dijo el monto, pero los campesinos quedaron satisfechos, sobre todo la lección que les dieron a los morenistas que osaron violar sus acuerdos.

Cabe recordar que tras la muerte del presidente Oscar Gurría Penagos en febrero de 2020, Rosa Irene Urbina Castañeda, -se sacó la lotería sin comprar cachito-, quien era síndico en esa administración municipal fue nombrada por el Congreso del Estado, como presidenta sustituta, sin embargo, esta designación generó controversias con el primer regidor, pero tras superar varias impugnaciones, fue ratificada en el cargo y hoy ya es una empresaria gracias al cargo que ostenta.

Elementos de la policía estatal fueron emboscados en la Sierra Sur de la entidad, donde habitantes de Santiago Textitlán y Santiago Xochiltepec mantienen un conflicto intermunicipal por la distribución de los recursos del ramo 28 y 33.

El secretario de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga, confirmó que hasta el momento sólo se reportan daños materiales a dos patrullas, por lo que se interpondrán las denuncias correspondientes para que se proceda en contra de los responsables e incitadores de estos hechos.

El personal de Seguridad Pública que se encontraba en la zona está a salvo en la cabecera municipal de Textitlán y no se reportan heridos ni lesionados, apuntó.

Por lo pronto, dijo, se reforzaron las medidas de seguridad en la zona de conflicto con alrededor de 40 elementos, quienes mantienen presencia para brindar seguridad a las familias de la región, privilegiando el diálogo y exhortando a la población a llegar a una solución que evite generar más violencia.

En una entrevista radiofónica con Oro Noticias, Díaz Escárraga reprobó que las comunidades quieran tomar venganza por propia mano y utilicen armas de alto calibre, lo que “muy probablemente tenga otros ingredientes relacionados con bandas o grupos delictivos que incitan a los pueblos a mantener un conflicto con el ánimo de seguir operando”, dijo.

En un video, los uniformados denunciaron la agresión presuntamente por parte de habitantes de Xochiltepec, aunque puede tratarse de bandas que arman a los pueblos y tienen que ver con otro tipo de ilícitos, puntualizó el secretario de Seguridad Pública.

“Aquí venimos por un lugar de Río Santiago donde nos acaban de emboscar a todos los compañeros, pero gracias a Dios estamos todos ilesos. La base la acaban de quemar con todo y patrullas, todo el personal recibimos una emboscada por más de 50 elementos”, se escucha en el video.

Periódico impreso edición No. 2135 del día 13 DE MAYO del 2021 . [Leer completo].

Han pasado 5 días hábiles desde que la asociación civil Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) presentó una demanda colectiva contra el Sistema de Transporte Colectivo (STC) y la aseguradora GMX por el daño moral a las víctimas de la tragedia en la Línea 12 del Metro.

Sin embargo, el recurso presentado no ha sido admitido por el juez Segundo de Distrito.

El director general de ONRE, Jesús Alberto Guerrero Rojas, explicó que, para que proceda la demanda y se pueda indemnizar a los afectados, directos e indirectos (víctimas mortales, heridos y familiares), el juez debe dar aviso al STC Metro y, vía un oficio con el sello del Poder Judicial de la Federación, tendrá que publicar la admisión del recurso en los medios de comunicación que considere, para que todas las víctimas se adhieran.

“Ahorita estamos en espera de que el juez Segundo de Distrito admita nuestra demanda, para la atención médica. Aquí el tema es la prontitud porque todavía hay personas hospitalizadas. Hay gente que, si bien la dieron de alta de hospitales públicos no hay análisis, no hay seguimiento, y muchos esquemas de traumatismo que van a necesitar rehabilitación, operaciones neurológicas complicadas y a veces ahí no los tienen”, reconoció, en entrevista con Apro.

Por eso, consideró importante y trascendental que se admita lo antes posible, porque de lo contrario no se atenderá de forma idónea a la gente, lo cual es su objetivo principal porque “las demandas colectivas tienen el destino de reparar de forma integral el daño a favor de una comunidad”.

“La intención de esta demanda es hacer de conocimiento al Estado que ya hay una demanda, que ellos deben reparar el daño y, cuando ya tenga conocimiento el juez, tiene la obligación de revisar los convenios a firmar para reparar el daño,”, aseguró.

Sin embargo, Guerrero Rojas criticó que el gobierno quiere arreglar todo por fuera, “en lo oscurito”, con una indemnización de 500 mil o 650 mil pesos, como anunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“¿Para qué hacen escándalo? ¿Para qué hacen demandas? Aquí yo tengo la chequera. Ese es un fraude y un abuso a las condiciones de vulnerabilidad de la gente, a quienes ni siquiera tuvieron la decencia de pagar los gastos funerarios”, reprochó.

El director general de ONRE argumentó que en este tipo de incidentes, la familia de las víctimas también padece, como el caso de Marisol, mamá del fallecido niño Brandon, con quien había hablado con él 5 minutos antes de la tragedia.

“Si hablamos de una persona de un núcleo familiar que falleció en la tragedia, de origen son 6 millones 400 mil pesos por daño indirecto y si hacemos esta multiplicación tomando como base esos 10 mil pesos de salario como ejemplo, son otros 4 millones 900 mil pesos del concepto no procesante”, aseguró.

Dijo que otros rubros son la atención psicológica, emocional y el daño post traumático, a lo que se suma el daño moral, como por ejemplo el caso de las hermanas Nancy y Tania, donde una falleció y la otra quedó herida.

--- ¿En esta demanda entrarían los testigos, como Miguel, el joven en situación de calle que dio su testimonio?

--- Sí. Cualquier persona que tenga un daño material, porque también hubo daño a automóviles. Por daño material, inmaterial o emocional derivado de este evento tiene derecho de adherirse a la demanda y repararse el daño.

¿Cómo se calcula la reparación del daño?

El único y exclusivo de la demanda contra la STC y la aseguradora Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V., es la reparación integral el daño a las víctimas para que sean indemnizadas y compensadas conforme a los artículos 1915 del Código Civil de la Ciudad de México y el 502 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En el caso de los fallecidos o víctimas con daños permanentes, el artículo 1915 del Código Civil de la Ciudad de México indica que “para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruple del salario mínimo más alto que esté en vigor en la Ciudad de México y son 320 pesos”.

Si esos 320 pesos se multiplican por cuatro, el resultado es mil 280 pesos por día de incapacidad.

“Y si te vas al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo y dice que por fallecimiento son 5 mil días, entonces multiplicas 5 mil por mil 280 pesos, eso te da 6 millones 400 mil pesos. Eso está en la ley y no tiene mayor interpretación”, afirmó.

Además, apuntó que hay otro concepto, el no procesante, que quiere decir, por ejemplo, que ese papá que murió en el accidente y trabajaba, cuánto va a dejar de ganar y eso se tiene que reparar a los deudos que son las víctimas indirectas de la tragedia.

“Supongamos que ganaba 10 mil pesos mensuales multiplicados por 12 meses son 120 mil pesos anuales, olvidándonos de bonos, aguinaldos, etcétera. Si el señor tenía 30 años debes multiplicarlo por el promedio de vida que marca el INEGI que, en este caso, en varones de la Ciudad de México es de 71 años. ¿Cuánto le faltaba vivir entonces? 41 años. Multipliquemos su salario mensual por 41 años y eso nos va a dar como 5 millones de pesos. En caso de una mujer, el promedio de vida es de 77 años. Entonces aquí, la cantidad llega casi a los 6 millones de pesos, en un conteo normal”, aclaró.

En caso de que fuera una persona que trabajara por su cuenta, se toma la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que da los mismos parámetros más o menos y eso es independiente.

“Eso tiene que pagarse y la experiencia que tenemos nosotros por daño moral y fallecimiento, el cálculo depende de muchos elementos como la gravedad del daño, la capacidad económica del responsable, etcétera, pero no ha bajado de 4 millones de pesos. En algunos casos ha sido 12, en otros 6, en otros 8, pero no baja de 4 millones”, afirmó.

En este caso, sumando los cálculos a bote pronto llevamos como 16 millones de pesos por reparación del daño moral de una sola persona, la hermana. Hay que calcular el de la mamá, si tiene más hermanas, si tenía hijos, abuelos, aclaró.

“Entonces, ¿dónde está esa reparación del daño moral?”, inquirió.

También está otro concepto que es el de proyecto de vida, que es la persona lesionada o que fallece y son menores de edad, adolescentes o personas que inician su vida pues tenían una intención de estudiar o trabajar. “¿Qué proyecto de vida se les truncó por este evento? Eso también debe cuantificarse”, aseveró.

Además, faltan las disculpas públicas que también demandan y la obligación primaria que dicta la ley y las instituciones de seguros es contener el siniestro brindándole atención eficiente a los heridos y no la están obteniendo en instituciones de salud pública.

“¿Por qué no lo han hecho? Pues por cuidar a la aseguradora, por cuidar la cartera. Las aseguradoras tienen convenios con hospitales privados, te dan un pase médico y te dicen: ‘váyase de inmediato a un hospital privado”, afirmó y citó el caso de una joven que está en un hospital y tuvieron que mandar a comprar los clavos para poderla operar.

Otro concepto son las medidas de no repetición: la revisión de las leyes, de las causas, la creación o modificación de organismos o legislaciones para que esto no vuelva a ocurrir, apuntó.

“Y como último punto para la reparación del daño, la construcción de memoriales a favor de las víctimas.

“Cuando alguien fallece en un accidente o una tragedia donde hay responsables, la familia sufre y eso no lo está tomando en cuenta el gobierno, cuando se debe reparar el daño totalmente y que las víctimas sean indemnizadas conforme a la ley por el STC y la aseguradora”, añadió.

La aseguradora contratada por el STC

Se trata de Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V., dirigida por los hermanos José Luis, Marisela y Javier Llamosas Portillo, que cobraron 300 millones de pesos por la póliza del seguro apenas en diciembre de 2020, por adjudicación directa.

“¡Y no ha dado la cara!”, reclamó Jesús Alberto Guerrero Rojas, quien sostuvo que la empresa ha tenido una conducta pasiva y dejó de atender su obligación inmediata de contener los efectos del siniestro, particularmente en la atención médica de calidad a la que tienen derecho todos los afectados.

“Era claro que la atención no debía brindarla los servicios públicos, no obstante, dicha aseguradora tiene convenio con más de 100 hospitales privados, en ejecución de un contrato por el que cobraron casi 300 millones de pesos”, indicó. Finalmente mandaron a los heridos a los hospitales públicos capitalinos de Xoco o de Balbuena.

Otro tema importante, consideró, es el contrato del seguro que ninguno de los afectados conoce porque no existe; no lo han encontrado en ningún lado. “¿Dónde están las obligaciones de transparencia?”, asentó.

Señaló que la legislación de contratos de seguros y de instituciones de seguros y fianzas exige que cuando ocurra un siniestro, el tercero validado es parte del contrato y tiene derecho a conocer el seguro de responsabilidad civil.

“Este contrato es para que quien afecte a alguien se haga responsable a través del seguro. Se llama subrogación. ¿Cuándo se pone el tercero validado en el contrato? Pues cuando ocurre el siniestro, cuando hay un daño. Entonces tiene todo el derecho de conocer el contrato del seguro y ¿dónde está? Ya lo escondieron. ¿No lo vamos a encontrar ni en Compranet?”, se preguntó.

Contrato aseguradora

Desde su perspectiva, lo esconden porque deben tener una suma importante asegurada y no han querido dar a conocer la cifra a la población. Por el contrario, a ninguna víctima le han dado “un solo peso” porque les dijeron que esperarían a los peritajes.

“¿Por qué lo están tratando así? Porque son muchas víctimas y al ser muchas es más caro. Además, hay muchos mexicanos pobres, ¿para qué les pagas? –alardeó--. ¡Ahórrate dinero! Esto no se traduce más que en un vil esquema, de los más miserables que hay en el mundo, que es el dinero, la protección, el cuidado del dinero sobre la vida de los seres humanos”, se quejó.

Además, señaló, sabe que “los políticos caminan sobre muertos, pero en este caso, sobre los que ellos mataron, de manera accidental o intencional, pero ahí hay homicidios y por eso están obligados, porque ni siquiera pagaron los gastos funerarios.

“Es un esquema de cuidarle la cartera a la aseguradora y que la gente no se dé cuenta de la reparación del daño, darles una cantidad suficiente, humana para que se estén en paz, pero para proteger eso se crea esta ley para llevar acciones colectivas y tiene una lógica social clara, ayudar a la comunidad”, añadió.

La demanda

En términos generales, el director general de ONRE exigió: “la reparación integral del daño físico directo, daño moral, atención médica eficiente, idónea y de calidad, lucro cesante, proyecto de vida, daño emergente, daños punitivos, disculpas públicas, pérdida de la oportunidad, atención psicológica, medidas de no repetición como lo son la revisión de leyes, creación y modificación”.       

El objetivo de esta demanda es instar al STC Metro, al gobierno capitalino y a la aseguradora GMX a cumplir de manera inmediata con las obligaciones contenidas en la ley y obligaciones generales de cuidado, “pues, aunque se dice que se están atendiendo a las víctimas, los hechos demuestran que no se cumple con los elementos respiratorios a los que están obligados, particularmente en la atención médica”, afirmó.

Las víctimas directas en lo individual y las familias de las víctimas en primer círculo concéntrico: padres, madres, hermanas, hermanos e hijos, pueden adherirse a la demanda colectiva de manera gratuita enviando un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o comunicarse al 55 5593 2910.

¿Qué es la ONRE?

Esta agrupación que se define en sus redes sociales como una “A.C. contra negligencias médicas, incumplimiento de seguros y responsabilidad civil” y prometen lograr indemnizaciones, que los gastos corren por su cuenta porque son juicios patrocinados.

“El colapso de la #Linea12DelMetro no fue un accidente, hay responsables que deben sancionarse. Las víctimas tienen derecho a una reparación integral del daño y una respuesta clara tanto de las autoridades como del STC Metro y la aseguradora GMX”, escribió ONREMX en redes sociales y compartió un clip con Guerrero Rojas mostrando la demanda.