A pese de las protestas y manifestaciones de los pobladores de Pantelhó en esta capital, el Concejo Municipal de Pantelhó, designado el 30 de septiembre por la pasada legislatura, sigue en funciones y no ha habido ningún cambio hasta el momento, aseguró el presidente del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

El diputado local indicó que el Congreso ha estado al tanto de las protestas y declaraciones de los habitantes de Pantelhó, quienes han expresado su desacuerdo con el Concejo Municipal designado por la legislatura anterior.

No obstante, dijo que los diálogos siguen, entendemos que la pasada legislatura también hizo un trabajo intenso a conciencia.

Explicó Avendaño Bermúdez, que luego de reunirse con los pobladores, se determinó que la vía jurídica es el camino adecuado; en tanto, estamos a la espera de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas para alinearnos como procede, y aclaró que el diálogo seguirá abierto mientras ellos lo deseen.

El Concejo Municipal de Pantelhó, nombrado por el Congreso del Estado, debía asumir el cargo el 1 de octubre, con la siguiente integración: Juan Gómez Santiz como Concejal Presidente; Marta Ovilia Trejo Hernández como Concejal Síndica; Alberto González Santiz como Concejal Regidor; Rebeca Cortés Hernández como Concejal Regidora y Rubén Herrera Gutiérrez como Concejal Regidor.

Para resguardar el recinto y garantizar la seguridad de los legisladores, a la entrada del Palacio Legislativo se mantienen elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez continúa el plantón de los habitantes de Pantelhó, quienes buscan anular el Concejo Municipal designado el 30 de septiembre y que se nombre un nuevo consejo encabezado por Julio Pérez Pérez.

Pobladores de Pantelhó denuncian agresión en parque central de Tuxtla Gutiérrez

Pobladores del municipio de Pantelhó que se encuentran en plantón en el centro de la capital chiapaneca denunciaron haber sido agredidos por individuos desconocidos, pero fueron identificados como parte del grupo armado “Los Herrera”.

De acuerdo con uno de los representantes del grupo de manifestantes, durante la madrugada del jueves sujetos desconocidos se acercaron a los vehículos estacionados sobre la Avenida Central y le prendieron fuego a uno de ellos, para después huir con rumbo desconocido.

Un declarante que pidió no revelar su identidad aseguró que los agresores forman parte del grupo criminal “Los Herrera”, los que operan con toda impunidad y a complacencia del gobierno en la región de los Altos de Chiapas.

Denunció que ya habían sido hostigados por este grupo mientras se encontraban en plantón en el centro de esta capital.

El pasado domingo 6 de octubre, un sujeto con arma fuego fue detenido en el Parque Central por los mismos pobladores, argumentando que pertenecía al grupo de “Los Herrera”.

La funcionaria colombiana Gloria Cuartas, quien está a cargo de la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC en el gobierno del presidente Gustavo Petro, recomienda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negociar con el narcotráfico y el crimen organizado como parte de su estrategia de seguridad.

En entrevista con Proceso, Cuartas dice que una negociación judicial con esos grupos, en la que se les ofrezcan fórmulas de justicia restaurativa a cambio de su sometimiento, podría contribuir de manera significativa a reducir la violencia que azota a varias regiones de México.

“Definitivamente recomiendo introducir esta fórmula en la estrategia de seguridad de la señora presidenta, creo que es complementaria al compromiso del Estado de combatir al crimen organizado”, sostiene la experta en conflicto armado y procesos de pacificación.   

La asesora de Petro en temas de paz señala que su recomendación a Sheinbaum la hace a partir de la experiencia de Colombia, que tras décadas de combatir al narcotráfico únicamente con medidas punitivas que dejaron más de 400 mil muertos, decidió apostar por una negociación en la que el gobierno les ofrece a los narcotraficantes un trato judicial favorable si se entregan a la justicia.

La estrategia de seguridad que dio a conocer Sheinbaum la mañana de ayer martes no contempla acciones de este tipo.

El gobierno de Petro desarrolla una negociación con grupos involucrados en el tráfico de drogas, como el Clan del Golfo –la organización criminal más grande de Colombia y la principal abastecedora de cocaína de los cárteles mexicanos–, las Autodefensas de la Sierra Nevada, la Oficina y los Shottas.

A estos grupos no les reconoce estatus político, pero les ofrece rebajas de penas y legalizar parte de sus capitales a cambio de su sometimiento.

Cuartas señala que, de esa manera, el gobierno de Petro apuesta por un nuevo enfoque para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, que son los principales factores de violencia en Colombia y en México y a los cuales se ha combatido “con guerras que lo único que han causado es más muertes y violaciones a los derechos humanos en nuestros países”.

Por eso, asegura, “yo le recomiendo a Claudia Sheinbaum, como mujer, como una dirigente progresista, como presidenta de México, que genere un diálogo con esos grupos involucrados en el tráfico de drogas, en el mercado de migrantes, en la minería ilegal, en la extorsión, y que lo haga en el marco de una normatividad que ella pueda impulsar, según las condiciones específicas de su país”.

En Colombia, explica la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, el gobierno de Petro impulsó en el Congreso una ley marco (la 2272 de 2022, conocido como la ley de Paz Total), que faculta al gobierno a desarrollar procesos de paz con grupos armados al margen de la ley a los que reconozca como actores políticos, y con estructuras criminales.

Marco legal para los diálogos

De acuerdo con una iniciativa que Petro presentó al Congreso, el gobierno podrá ofrecer a los narcotraficantes y miembros de bandas del crimen organizado que se sometan a la justicia penas alternativas de entre 6 y 8 años de cárcel efectiva, que complementarían con mecanismos de justicia restaurativa. Además, tendrían derecho a conservar el seis por ciento del valor de sus bienes.

Cuartas, una activista humanitaria que fue objetivo militar de los paramilitares cuando se desempeñó como alcaldesa del conflictivo municipio noroccidental de Apartadó (1995-1997), sostiene que ante “el total fracaso” de la política antidrogas punitiva que impuso Estados Unidos a América Latina para combatir el narcotráfico, el negociar con los narcotraficantes su sometimiento es una opción.

“Por eso defenderemos el derecho al diálogo, el derecho a conversar con el narcotráfico, sin darle reconocimiento político, pero contemplando penas alternativas, la legalización de parte de sus capitales y desarrollando al mismo tiempo una política de regulación de las drogas y un enfoque de salud pública para tratar las adicciones”, afirma.

De acuerdo con la exsenadora y cercana asesora de Petro en temas de conflictividad territorial, la llegada de Sheinbaum a la presidencia de México es una oportunidad “para profundizar el diálogo continental sobre la necesidad de abordar el tema de las drogas con un nuevo enfoque, diferente al que ha llenado de violencia y muertes a nuestros países”.

Con Sheinbaum, asegura, México y Colombia “pueden impulsar una ley continental de Paz Total que beneficie a todos los países (del hemisferio) que tienen este mismo problema”.

Plantea que si el Cártel de Sinaloa y otras estructuras del narcotráfico mexicano tienen relaciones de negocios con grupos criminales colombianos, los gobiernos también deberían enfrentar de manera trasnacional ese fenómeno, pero más allá de las políticas represivas.  

Cuartas, quien ha sido consejera latinoamericana para Asuntos de la Mujer de la UNESCO, considera que el hecho de que coincidan en México y en Colombia dos presidencias progresistas –la de Claudia Sheinbaum y la de Gustavo Petro, de manera respectiva– abre la posibilidad de una cooperación bilateral para la paz de esos países y de la región.

“Lo tenemos que hacer, tenemos que impulsar un diálogo a todo nivel con los grupos del narcotráfico y del multicrimen, con un marco legal, con la participación del movimiento social mexicano, del movimiento social colombiano, y abordando el tema de la despenalización de las drogas”, asegura.

La activista humanitaria, quien está a cargo de la implementación del acuerdo de paz con las FARC –el cual puso fin a medio siglo de guerra interna–, recuerda que, en la primera década de este siglo, dos presidentes, Álvaro Uribe, de Colombia, y Felipe Calderón, de México, trabajaron juntos en “la guerra” contra el narcotráfico.

Y el resultado, asegura, fue más violencia, más violaciones a los derechos humanos y la profundización de la corrupción de las instituciones de los dos países.

Asesoría para la paz

De acuerdo con Gloria Cuartas, en la guerra de Calderón contra el narcotráfico, que duplicó los homicidios en México y nunca logró contener el tráfico de drogas, “hubo mucha asesoría del gobierno de Uribe”.

Considera que, en esta nueva etapa, la presidenta de México y Petro pueden “asesorarse en temas de paz, de diálogo, de cómo quitar la violencia de la vida de las comunidades”.

Los diálogos que mantiene el gobierno de Petro en el marco de la ley de Paz Total abarcan, por un lado, a grupos armados ilegales a los que reconoce como interlocutores políticos –la guerrilla del ELN, que por ahora están suspendidos, y las disidencias de las FARC denominadas Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia– y, por otro, a grupos del crimen organizado involucrados en el narcotráfico.

Los diálogos con estos últimos, como el Clan del Golfo y la Oficina, se han mantenido a pesar de múltiples dificultades, y son fundamentalmente negociaciones jurídicas que buscan un sometimiento a la justicia a cambio de beneficios judiciales.

El Clan del Golfo, por ejemplo, se mantiene como la principal organización del narcotráfico y del crimen organizado de Colombia, y realiza ataques esporádicos a la fuerza pública a pesar de que ha decretado ceses al fuego. Acusa al gobierno de no haber levantado órdenes de captura contra sus jefes para que puedan sentarse a negociar.

La Oficina, que centra sus operaciones en Medellín y su área conurbada, también decretó un cese de hostilidades y se comprometió a trabajar por la pacificación de los barrios de esa metrópoli, pero sus voceros reprochan al gobierno su “desinterés” en avanzar en las negociaciones jurídicas para el sometimiento de sus jefes y el desmantelamiento de sus estructuras criminales.

Cuartas señala que “el conflicto en este país es muy complejo, pero todo diálogo entraña dificultades y lo importante ir superando esos escollos porque, el otro camino, es la guerra, y ya hemos visto a dónde nos conduce esa opción”.

Pero el gobierno de Petro, que cumplió dos años el pasado 7 de agosto, exhibe como resultados de las negociaciones de Paz Total la disminución de homicidios –un marginal 1%–, de masacres, de secuestros, de desplazamientos forzados y de ataques a la fuerza pública, según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

En cambio, según la misma FIP, han aumentado la influencia del Clan del Golfo en varios municipios, los asesinatos de líderes sociales (2%) y también las acciones de la fuerza pública contra los grupos armados que violan el cese del fuego.

“La paz es un camino difícil, pero hay que intentarlo, incluso con los grupos del narcotráfico, porque la guerra sólo los ha fortalecido”, sostiene Cuartas.

Y dice que, para cambiar el enfoque de la lucha contra el crimen organizado, Latinoamérica debe dejar de plegarse a la política antidrogas de Estados Unidos, que incluso en ese país va de salida. Y asegura:

Tenemos que recuperar la autonomía latinoamericana para propiciar espacios y diálogos sociojurídicos que permitan encontrar otras formas de enfrentar este problema que golpea de manera muy dura a países como Colombia y México.

Entre esas otras formas, menciona mecanismos que ya han dado resultados en otras partes del mundo, como la justicia restaurativa, la justicia transicional y los procesos de verdad y de reparación a las víctimas.

El presidente Petro asistió el pasado martes a la toma de posesión de Sheinbaum como presidenta de México y dialogó con ella sobre estos temas y sobre el papel que pueden jugar los dos países en temas de la agenda regional, como el conflicto en Venezuela y el fenómeno de la migración.

Mil 521 organizaciones de la sociedad civil (OSC) se dirigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, por medio de una carta en la que le propusieron establecer un diálogo abierto para formular métodos de colaboración y canales de comunicación entre todas las partes.

En la misiva, las OSC celebraron a la primera presidenta de México y recordaron lo que la misma Sheinbaum ha dicho previamente: “ni usted ni las demás mujeres han llegado hasta ahí solas, sino como efecto de las luchas históricas de décadas”, de esta manera le recordaron a la mandataria el trabajo de las activistas y organizaciones civiles.

“El trabajo de decenas de miles de organizaciones civiles y de millones de personas que las integramos es colaborativo y propositivo. Trabajamos, y lo seguiremos haciendo, con instituciones de los tres órdenes de gobierno para mejorar la legislación, las políticas públicas y coadyuvar a las tareas que son de interés común, con la clara convicción de que esta es responsabilidad de todos los miembros del Estado”.

Las organizaciones recordaron que “las necesidades y los dolores en el país son múltiples, son profundos, y los acompañamos”, antes de señalar que las más de 48 mil OSC en el país atienden a toda clase de causas, como en el caso de las familias de escasos recursos, menores de edad sin hogar, museos, desastres naturales, población migrante y refugiada, por medio de acompañamiento de víctimas, en la educación, a personas con discapacidades y en la gestión de áreas naturales, entre otras.

“Los gobiernos siempre encontrarán en las organizaciones de la sociedad civil a aliadas para hacer de México un país más sostenible, participativo e inclusivo”. Así mismo, en la carta señalaron que generan “más de 2.9 millones de hogares de los tres deciles con menores ingresos. Las OSC generamos más de 800 mil empleos formales y movilizamos al menos a 2.3 millones de voluntarios que aportan tiempo, talento y recursos. Todo ello representa el 1.48% del PIB nacional”.

“Expresamos públicamente nuestra necesidad y confianza en que la relación entre su gobierno y las millones de personas que hacemos realidad el trabajo de la sociedad civil organizada será colaborativo y propositivo, de puertas abiertas y basados en la escucha de propuestas ciudadanas para el bien público”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó al ministro Alberto Pérez Dayán para resolver la controversia presentada por jueces y magistrados federales contra la reforma judicial y definirá si puede o no frenar el proceso de elección de juzgadores por voto popular.

El expediente es el que la Corte ordenó admitir el jueves de la semana pasada al resolver la consulta sometida por la ministra presidenta, Norma Piña para saber qué debía hacer el Máximo Tribunal con las impugnaciones presentadas por los juzgadores federales contra la reforma constitucional, pues alegaron que la misma viola la independencia judicial.

En consecuencia, el ministro Pérez Dayán será el encargado de elaborar un proyecto de resolución en el que analice si, efectivamente, el Congreso de la Unión violó la independencia judicial con dicha reforma o en el que proponga una vía para matizarla.

Previo a elaborar el proyecto de resolución, el ministro deberá definir si concederá o no la suspensión solicitada por los juzgadores que impugnaron la reforma.

Es decir, que él tendrá la decisión de ordenar o no frenar el proceso de elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros.

Pérez Dayán llegó a la Corte en el año 2012 a propuesta del ex presidente Enrique Peña Nieto, es uno de los cuatro ministros en el Pleno que provienen de carrera judicial y forma parte del bloque mayoritario que el jueves de la semana pasada votó a favor de declarar que el Máximo Tribunal debe revisar la reforma constitucional en ejercicio de su facultad para defender la independencia judicial.

La controversia que  el ministro Pérez Dayán analizará esta vez no tiene reglas claras debido a que es la primera vez que la Corte acepta revisar una reforma constitucional, por lo que tampoco está definido si la resolución que emita el Máximo Tribunal puede invalidarla o quedar solamente en un pronunciamiento.

La violencia del crimen organizado aprieta en los municipios de Chicomuselo, Frontera Comalapa y Pantelhó, a causa de la disputa del territorio y del poder político y económico que mantienen los grupos armados, advirtió el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez este fin de semana al término del Congreso diocesano del año Jubilar Tatic Samuel Ruiz.

“Eso lo dicen las personas que viven ahí. Lo hemos escuchado de un grupo de personas de esos lugares, lo están viviendo y lo expresan, y yo temo que se recrudezcan las acciones, pero también anhelo que haya reflexión, valoración de la propia vida y respeto a la vida de los demás”, dijo el prelado al clausurar los trabajos que duraron tres días.

A los delegados y delegadas de las comunidades de los pueblos: Tsotsiles, tseltales, tojolabales, cho’les, k’anjobales y castilla, Aguilar Martínez les dijo: “es necesario fomentar juntos espacios de diálogo, reflexión y acción organizada en favor de la vida, la paz con justicia y dignidad ante el clima de violencia y guerra contra la vida que está dejando territorios sin pueblos para el saqueo de los bienes comunes de nuestra madre tierra”.

Exhortó a las mujeres y hombres de buena voluntad, a la sociedad civil y a otros credos a fomentar juntos espacios de diálogo, reflexión y acción organizada en favor de la vida, la paz con justicia y dignidad, “ante este clima de violencia y guerra contra la vida, que está dejando territorios sin pueblos para el saqueo de los bienes comunes de nuestra Madre Tierra”.

A los delegados y delegadas de los pueblos originarios les pidió, “seguir tejiendo nuestro caminar pastoral con nuestras opciones diocesanas: por las y los pobres, por el cuidado y defensa de nuestra madre tierra y el eje transversal por la paz, hacia los horizontes comunes de vida y de paz, con justicia y dignidad”.

Nueva etapa de colonización

En un documento conjunto con otros directivos de la diócesis, los participantes en el congreso refirieron que en el congreso indígena de 1974 realizado en San Cristóbal de las Casas, “los pueblos juntaron su palabra haciendo común cuatro demandas: tierra, salud, comercio y educación, de los que saldrían 23 acuerdos buscando dar respuesta a sus necesidades que los llevó a organizarse y a generar una iglesia con una clara opción por los pobres y las pobres.

“Hoy, ante la nueva etapa de colonización, donde es atacado el modo de vida, desde nuestras culturas y pueblos rompiendo las relaciones comunitarias y la sabiduría de nuestras culturas, necesitamos escuchar a el clamor de nuestros hermanos y hermanas”.

El obispo Aguilar Martínez, señaló que los embates del sistema capitalista neoliberal, el actual colonialismo que busca la acumulación mediante el despojo de la Madre Tierra y la explotación de los pueblos, va dejando sombras como la violencia por el crimen organizado, conflictos agrarios, megaproyectos, militarización, crisis climática, alcoholismo, desplazamiento forzado interno, migración y persecución a defensoras y defensores de la vida en su compromiso por el cuidado del territorio.

“Realidad de violencia y muerte que ahora nos impulsa a seguir asumiendo una clara opción por el Cuidado y la Defensa de nuestra Madre Tierra y, como eje transversal, la Construcción de la Paz”.

En el congreso que culminó con una misa se sugieren cinco líneas de acción: “Sentir e involucrarnos en la realidad y actuar en consecuencia desde el Evangelio; recuperar y fortalecer la Espiritualidad de nuestras abuelas y abuelos; vivir la sacralidad de la Madre Tierra; fortalecer el sentido comunitario para la unidad, formación integral comunitaria, y el acompañamiento a las nuevas generaciones”.

En un documento, “los pueblos juntaron su palabra haciendo común cuatro demandas: tierra, salud, comercio y educación, de los que saldrían 23 acuerdos buscando dar respuesta a sus necesidades que los llevó a organizarse y a generar una iglesia con una clara opción por los pobres y las pobres”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Gobierno de México y a los representantes de los juzgadores federales a una audiencia que celebrará el próximo 12 de noviembre para revisar la reforma judicial.

Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión, notificó por escrito que esta audiencia será presencial y que, en el caso particular de los impartidores de justicia, deberán enviar por escrito un resumen de la exposición que harán en dicha diligencia.

“Al respecto, me complace informarle que la CIDH ha decidido convocar a una audiencia el día 12/11/2024 2:00 P.M. horario de Washington D.C. La misma se desarrollará en forma presencial en la sede de la CIDH”, dice el oficio.

“Asimismo, solicitamos que en el plazo de 20 días, contados a partir de la transmisión de la presente comunicación, envíen a la Comisión un documento escrito donde se resuman los principales aspectos de su exposición, así como toda la documentación que considere necesario en el Marco de la audiencia”.

Esta diligencia se llevará a cabo como parte de una queja que presentó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) en contra de la reforma judicial aprobada por el Congreso.

De hecho, la notificación está dirigida a la juez federal Juana Fuentes Velázquez, directora de esa asociación; así como también a Víctor Rodríguez Rescia, especialista en derecho internacional, contratado por la JUFED; y Rosa Elena Alonzo Méndez, representante del colegio de secretarios y actuarios federales.

“Si alguna de las personas que integran la delegación requiere una comunicación de esta Secretaría ejecutiva para tramitar documentos de viaje como la visa para ingreso a los Estados Unidos, ruego que nos lo hagan saber en las próximas 48 horas hábiles enviando una solicitud por medio del formulario cuyo enlace se encuentra disponible en el correo de notificación”, dice el documento de notificación.

La CIDH indica que para participar en la mencionada audiencia, los asistentes deberán contar con la acreditación correspondiente y para ello es necesario que remitan a la Comisión la confirmación de su asistencia dentro de los próximos 10 días.

También solicita que le informen si algún integrante de la delegación de la JUFED requiere apoyo especial, como, por ejemplo, un intérprete en Lengua de Señas o interpretación en otro idioma.

Más chamba para los militares

Eduardo Ramírez fortalece sus relaciones de amistad

El Ejército mexicano ha derrochado más presupuesto de lo que le fue asignado desde su origen y la mayoría de esos fondos se utilizaron para proyectos de infraestructura.

Sin embargo, se le acusa que no ha forma de saber cuanto han invertido en las obras, porque los datos son reservado dizque por seguridad nacional y no hay forma que revelen en que y como han gastado tanto dinero de los mexicanos, es más ni el INAI ha podido obtener esos datos.

La decisión de asignar una considerable cantidad de construcción de obra pública al Ejército genera consecuencias económicas, sociales y políticas.

Además, el instituto armado se ha vuelto un agente económico relevante en el sector, por lo cual debería ser sujeto a las reglas de la competencia económica, plantearon empresarios y académicos.

Francisco Javier Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) subrayó que ningún ejército en el mundo está diseñado para hacer trabajos de construcción en obras civiles.

Además, la Sedena no cuenta con el equipo humano necesario para llevar a cabo los proyectos de obras públicas que le han sido asignados por el gobierno.

Ante esa situación, la dependencia lo que ha hecho es que está contratando civiles que antes trabajaban con las constructoras privadas: ingenieros, arquitectos, abogados, administradores, albañiles y peones, entre otros. Sin embargo, no se sabe en qué condiciones.

Gran parte del gasto adicional los militares lo utilizaron para los proyectos favoritos del ex presidente como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el AIFA y la aerolínea estatal que creó, Mexicana, entre otras.

El hecho que los militares sean también constructores de obra pública afecta principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los que más empleos genera, expuso.

Además, afecta en la derrama económica, hay impactos regionales o, por lo menos, existe la incertidumbre pues no se sabe si están recurriendo a proveedores locales.

Al gobierno le gusta tener a los militares ocupados haciendo obras que combatir al narco-terrorismo que opera en gran parte del país y la actual presidenta en los 10 días que lleva en el cargo, ya les dio otra chamba para que sigan entreteniéndose en otras cosas que no son las suyas.

El Artículo 129 señala que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Este artículo el ex presidente se lo pasó por el “arco del triunfo”, pero no solo él violó la Constitución, sino que también su fiel y domesticada marioneta hace lo mismo.

Ayer la soberana Claudia Carlota 1ª Sheinbaum, anunció el Programa de Conservación de Carreteras Federales o “Bachetón” para reparar baches en los caminos de las 32 entidades del país. “Más mezcla maistro”.

Para ello, utilizará a militares para reparar una parte de 44 mil 600 kilómetros de carreteras con una inversión de 4 mil millones de pesos, según informó este jueves Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Mientras tanto los militares seguirán repartiendo abrazos a los criminales y los balazos los seguirán recibiendo el pueblo bueno y pobre. “¡hágame el cabor fevor!”

El gobernador electo con el embajador, Mujtar Leboihi

A poco más o menos 59 días de que el gobernador electo de Chiapas asuma su responsabilidad como gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar realiza diversas actividades que serán importantes cuando asuma el cargo.

Lo mismo se ha reunido con funcionarios de la actual administración, federal, embajadores, dirigentes de partidos políticos y con otros sectores de la sociedad, por lo que se espera que no llegue con las manos vacías, pues en estos tiempos de crisis, toda relación y esfuerzo que haga, será bueno para Chiapas y los chiapanecos.

Una de sus últimas reuniones fue la que sostuvo con el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Saharaui Democrática en México, Mujtar Leboihi Emboiric, para fortalecer los proyectos a realizar en su gobierno.

El gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo dicha reunión con el diplomático y dialogaron sobre asuntos de interés común y reforzaron lazos de fraternidad.

Eduardo Ramírez resaltó que en la “Nueva ERA” reafirmamos el compromiso de fortalecer los lazos de hermanamiento con este país, que ha vivido momentos importantes, como su independencia y su reconocimiento como Estado-Nación”.

El mandatario electo enfatizó que Chiapas permanecerá siempre solidario y dispuesto a brindar cooperación y apoyo internacional a aquellos países que lo necesiten, ya que los valores de solidaridad y humanidad deben demostrarse en cualquier condición.

Cabe destacar que en 1988 la República Árabe Saharaui Democrática solicitó la apertura de una sede diplomática y, desde entonces, se estableció la embajada en la Ciudad de México, desde donde se realizan diversas actividades informativas, culturales y políticas.

Dice el dicho que el vivo al gozo y el muerto al pozo, porque ha trascendido que Ana Karen Zuarth, se ha adelantado a la víspera, pues sir ser “nadie” le ha dado por “charolear” a los empleados de donde ella asegura que será la titular, claro ya en el gobierno de ERA.

Según me comentaron que hace unos días llegó a manotear el escritorio de la Secretaria de Obras Públicas vociferando que ella será la próxima titular de esa Secretaría y, que por ello, desde ahora le tienen que rendir cuenta, reportarse con ella, caso contrario lo lamentarán al quedarse sin trabajo.

Será que a esta tipa le corre en sus venas sangre de Morena, porque si es así, su actitud es normal porque así se comportan todos, arrogantes, altanero, soberbios y sobre todo mediocres e ignorantes.

Del Montón

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, consideró que los ingresos de los trabajadores quedarán protegidos, lo que asegura la fuerza del poder adquisitivo en México. El legislador comiteco se refirió así al hablar acerca del proyecto de reforma al primer párrafo de la fracción VI del apartado A, donde se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia salarial. Añadió, el proyecto de homologación de sueldos busca dignificar la labor y la importancia del trabajo del sector público federal. Con la dignificación del salario mínimo, como motor de la economía nacional, se ha logrado erradicar los índices de pobreza. Subrayó que las políticas en materia de salarios han permitido colocar a México como el único país en mantener el poder adquisitivo de las y los trabajadores. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.

Fortalecer a las empresas de capital social

Pemex y la CFE, insignias del poder popular

Los ciudadanos mexicanos demócratas, nacionalistas, progresistas, independientemente de su nivel de vida, de su condición socio económica, en estos momentos de la historia, añoran la política de la Rectoría del Estado en la Economía, que en los años 70 – 80 empezó a confrontarse con la ideología, cuando los dirigentes e ideólogos empresariales empezaron a predicar un liberalismo que pugnaba por achicar el tamaño del Estado y su influencia en la vida política y económica: el Estado no tenía por qué hacer negocios creando y dirigiendo, como propietario, empresas de toda índole y mucho menos negándole a la empresa particular, equivocadamente llamada empresa privada. No era papel, rol, del Estado competir con los empresarios particulares, ni con la educación privada. En la educación, por ejemplo, sólo tenían derecho a ellos quienes podían pagarla y este sistema antipopular contribuía principalmente las estructuras jerárquicas de las iglesias históricas como la Iglesia Católica, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, entre otras.

El Estado mexicano fue seguidor de las filosofías socializantes de las grandes civilizaciones que hallaron en América los invasores europeos, que arrasaron con los sistemas de producción impulsados por los Estados como la civilización mexica y maya, y antes la Tolteca, que lograron avances que, en su tiempo no tuvieron los súbditos de la Europa medieval hasta la renacentista. Pero las clases dominantes, que se pergeñaban en el proceso de formación de la sociedad mexicana, obviamente que adaptaron para su bienestar, su afán de riquezas, su complejo de explotadores de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de los individuos. Y así se medio formó el sistema político-económico mexicano, obviamente que impulsado y fortalecido por la forma de vida de las veteranas economías de Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica, que se creó bajo inspiraciones protestantes de Johan Calvino.

El liberalismo mexicano, un tipo de ideología basado en el individualismo; es decir, la atención a las necesidades de uno mismo, pone el énfasis en analizar la sociedad, la economía y la política, desde su posición, egoísta. Y colocan en un lugar prioritario la subjetividad de uno mismo y la libertad de elección, a la cual se le da más importancia que a la igualdad económica. El individuo por encima de la colectividad y, en última instancia, de la sociedad. Pero esta postura de la sociedad mexicana, reforzada en la Revolución, fue muriendo por las traiciones de jefes revolucionarios que tenían la fuerza de las armas para “educar” a la sociedad mexicana como sierva, y permitió que resurgiera el objetivo de los revolucionarios que lucharon para derrocar la dictadura liberal del general Díaz, que terminó con sus huesos en el Cementerio de Montparnasse, en la ciudad de París.

Los ideólogos de los sindicatos empresariales en México pusieron el dedo para destruir los principios de la Revolución Mexicana de Revolución y Justicia Social. No perdían tiempo y predicaban a dextra et sinistra anti estatismo, alegando que toda empresa estatal caía en la corrupción porque los políticos no tenían idea de cómo se administra un negocio. La verdad es que sólo la corrupción de los particulares era legal para los pensadores anti estatistas. Hasta que los cambios políticos y las posturas de los políticos adoptaron la filosofía de los empresarios estudiosos, de los empresarios líderes. Y el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, con el pretexto de que de luchar contra la corrupción, acuñó el lema de “por la renovación moral de la sociedad”. Fue el pionero de la privatización que se fortaleció con Carlos Salinas de Gortari, que desmanteló al Estado como propietario de empresas, grandes, medianas y pequeñas so pretexto que deberían ser manejadas por empresarios particulares porque los políticos no tenían ni idea de cómo hacerlo y porque había proliferado la corrupción. Se salvaron grandes empresas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, probablemente porque en aquel momento histórico no había empresarios del llamado sector privado, capaces de administrarla y engrandecerlas. Pero el PRI, que nación como revolucionario, llegó a convertirse en un partido político conservador y prácticamente desapareció cuando se declaró de centro, un centro político que no puede ser inexistente porque está entre las bisagras de la derecha y de la izquierda. Y se hizo defensor del antiestatismo, Sucesores de Salinas de Gortari defendieron y propugnaron por fortalecer el liberalismo económico hasta canonizarlo como el único motor de la economía, en la que la fuerza de trabajo fue desplazada por el capital.

Ahora, con el ascenso al poder de una ciudadanía consciente de la explotación del capital (pueblo trabajador), con un conservadurismo deprimido, los primeros dos gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional, están decididos a volver al equilibrio entre el capital y el trabajo, con gobiernos, con administraciones transformadas y a reivindicar el carácter socialmente productivo de las grandes empresas que quedaron vivas, y medio se salvaron del neoliberalismo gubernamental: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Y en esto están los legisladores de la izquierda populista del Congreso de la Unión.

Lo que se conoce como Reforma Constitucional ha causado una crisis política; llega a los linderos del rompimiento del orden constitucional. Es algo inusitado y, por ello, excepcional y grave.

El que afirme que se trata de algo inusitado significa que no tiene precedente y, por lo mismo, la solución que se procure más debe derivar del cerebro, que del estómago; de la razón y no de la pasión.   

Algunos hablan de que se trata de un golpe de Estado; no hay tal. Estos son, ciertamente, formas de hacer violencia. En ciencia política se le reconocen características propias, mismas que lo distinguen de otro tipo de violencia pública, de otros actos ilegales que provocan o en los que intervienen funcionarios públicos. 

Si efectivamente, en el caso, se considera existe una forma de golpe de Estado, la acción pudiera estar referida a la negativa de parte los legisladores de Morena, que son miembros del Congreso de la Unión, que se han negado a acatar las suspensiones otorgadas por jueces de distrito. Son ellos los que, con su desobediencia, han roto el orden constitucional.

El grueso de los morenistas, como priistas que fueron, siguen añorando un Estado absolutista y el yugo sobre su nuca; los que no fueron priistas y que navegaron con bandera de izquierdistas, conservan en su mente el modelo estalinista de Estado. No tienen aspiraciones democráticas, no saben de leyes ni vivir en un Estado de derecho.

Con prepotencia, Gerardo Fernández Noroña, hablando desde la presidencia del Senado, ha declarado:

“Efectivamente hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana, como Constituyente Permanente, de reformar la Constitución. 

“Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tiene la atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía ni del Poder Legislativo y no puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder, por encima del Poder Legislativo y del poder Ejecutivo y, sobre todo, del soberano que es el pueblo de México. 

“Por esa razón esta presidencia plantea, con toda claridad y firmeza, que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el día primero de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

Ese individuo ignora que desde el sitio en que formuló sus declaraciones, no puede hacerlas, ni lanzar las amenazas que ha proferido. Al hacerlo ha dado a entender que lo que declaró es una opinión del Senado, lo que no es cierto; y no personal, que sí lo es. 

Ignora que los presidentes de las Cámaras, como tales, sólo pueden actuar como moderadores en ellas y que les está vedado hablar en nombre de sus colegas, sin mediar un acuerdo debidamente emitido. Que no fue el caso.  

Que se baje del alto sitial y que diga todas las cosas a las que nos tiene acostumbrado, pero que no usurpe las funciones de declarador oficioso de la Cámara a la que pertenece.

La actual presidenta de la República, si quiere llevar la fiesta en paz y que las instituciones públicas tengan crédito y funcionen adecuadamente, debe dejase de andar asumiendo pleitos ajenos y comenzar a comportarse como una auténtica estadista, como jefa de estado y, como responsable de “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.” (art. 89, frac. XII). Por ello, más se debería inclinar por procurar tender puentes con el Poder Judicial, tal como está, y no andar asumiendo pleitos personales ajenos.

Ya puestos en plan de pleito, los jueces, por su parte, podrían llegar al extremo de negarse a obsequiar las órdenes de aprehensión que le sean solicitadas por el Ministerio Público; y el Pleno de la Corte, por su parte, pudiera negarse a conocer y resolver las controversias en las que tenga interés la nación o la presidenta de la República. 

A nadie conviene ese tipo de enfrentamientos, ni que un poder, como lo es el judicial, esté virtualmente paralizado.

Quien resolvía los negocios públicos con las vísceras que tiene en el estómago, ya se fue. A nadie conviene, y menos a los mexicanos, que el enfrentamiento continue. Los tres Poderes de la Unión deben poner todo de su parte para solucionar el conflicto. El arreglo pasa, necesariamente, por la derogación del decreto de reformas al Poder Judicial.

Ciertamente pudiera existir corrupción en algunos miembros del Poder Judicial, como también la pudo haber en la administración pública federal, pero la solución no es hacer que, por las faltas de unos pocos, tengan que pagar todos, incluyendo los inocentes. 

No es a través de introducir un sistema de elección impracticable, como lo es el de pretender que la ciudadanía elija a los ministros, magistrados y jueces, como se combatirá y acabará la corrupción.

Para Claudia Sheinbaum, como nueva presidenta, cualquier tipo de solución que dé al conflicto con el Judicial, pasa, necesariamente, por un enfrentamiento, al parecer no deseado, con su antecesor, padrino y mentor. Por ello, la posibilidad de llegar a un arreglo del problema, que no implique el sometimiento del Poder Judicial, pudiera estar, en principio, descartado.

Mal andan las cosas desde el momento en que la propia presidenta, en el estado de Morelos, en la primera semana de su gobierno, sabiendo que la supuesta reforma constitucional está sub judice, en una farsa de consulta a la ciudadanía, haya preguntado a los presentes si están de acuerdo en que los jueces sean de elección popular.

Puestos a pensar mal, existe otra posibilidad: que AMLO, en su perversa mente, para lograr que su pupila se consolide en el poder y logre la aceptación de todos, estire la liga lo que más puede y, llegado el momento de que estalle la crisis, permita que ella dé solución al conflicto con el Poder Judicial.

Ese problema, cuando menos para él, pudiera ser algo artificial. El dejar que ella se anote el mérito de haberlo solucionado, la afianzaría en el poder, denotaría que tiene independencia y que sabe negociar; todo ello con vistas a la sucesión de su hijo en el año 2030. 

Esta posibilidad no va con la forma visceral de actuar del ex.

La protección de datos personales puede representar una solución en los momentos más difíciles de una familia que pasa por la pérdida de uno de sus integrantes. El caso que resolví hace unos días en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) muestra los beneficios directos que reciben las personas por el trabajo que hace este organismo autónomo que defiende y garantiza derechos humanos. 

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona realizó una solicitud de acceso a datos personales dirigida al IMSS-Bienestar. Específicamente, la persona solicitó el resumen o expediente clínico de su difunta pareja, quien estuvo internada hace unos meses en un hospital en la Ciudad de México. La persona refirió ser concubina del finado y tener un hijo en común. 

Pese a haber presentado la documentación necesaria para acreditar la personalidad y acceder al expediente médico, el IMSS-Bienestar le contestó diciendo que no contaba con la totalidad de los requisitos. Después de analizar el caso en mi ponencia, determinamos que la dependencia actuó con negligencia, pues no analizó correctamente los documentos proporcionados por la solicitante.

Recordemos que los derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad) están incluidos en el derecho a la protección de datos personales. En mi equipo buscamos resolver cada asunto que recibimos tomando en cuenta el contexto de las personas. Por ello, para esta mujer, conocer el expediente clínico de su pareja podría ser una llave para el ejercicio de otros derechos, como derechos prestacionales por viudez, servicios de salud, cobro de seguros y pólizas, entre otras. 

Además, es preciso considerar que es madre; su hijo podría verse afectado al no contar con la información oficial de las causas y tratamientos que recibió el padre. Esto ya sea para tomar decisiones sobre su salud presente o futura, recibir algún tipo de apoyo económico para continuar sus estudios, o el cobro de algún seguro que disminuya la condición de vulnerabilidad a la que se expone una familia cuando se ausenta de manera definitiva un integrante.

En nuestro ámbito de acción y por experiencia con este tipo de casos, no podemos permitir un agravio institucional. Por esta razón, resolvimos el asunto desde una perspectiva de género, al hallar que la información no entregada por la autoridad afecta directamente el ejercicio de los derechos de una mujer. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6, identifica la Violencia Institucional como “actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”.

Las instituciones de salud en el país buscan transformarse en aparatos más eficientes y eficaces para atender problemas de salud; asimismo deben ser facilitadores y no obstáculos en procedimientos administrativos, toda vez que resulta claro que hay un expediente por cada paciente atendido.

Espero que todas las personas en situaciones similares puedan ver en el INAI un apoyo real. La Plataforma Nacional de Transparencia arroja más de 300 mil coincidencias con las palabras “Expediente médico”, lo cual refleja el potencial que hemos alcanzado. Y para llegar a este punto, el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del instituto ha contribuido atendiendo por teléfono, correo o presencialmente a usuarios de servicios médicos.

Es pertinente recordar diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor de los derechos de las personas concubinas, uno incluso resuelto el 5 de octubre último, donde se “estableció que la esposa y la concubina de un trabajador fallecido tienen el mismo derecho a reclamar una pensión”.

Trabajar por la protección de datos personales tiene un impacto positivo para grupos en situación de vulnerabilidad. Desde el INAI, esta es nuestra aportación para construir una sociedad que privilegie a las personas y sus derechos, y no así a los aparatos burocráticos que buscan “dar la vuelta” con tecnicismos a sus deberes.

Durante la semana del Clima de Nueva York, representantes de Pueblos Indígenas de América del Sur hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para abordar la crisis de incendios y la peor sequía registrada en 121 años que están devastando la región. 

“Estamos viviendo una situación de vulnerabilidad para todos los pueblos indígenas en general. Es necesaria una movilización mundial urgente para garantizar el derecho a la vida de los pueblos aislados. No tienen alternativas ni refugios cuando toda la Amazonía está ardiendo, no hay alternativas de supervivencia”.

Angela Kaxuyana. lideresa indígena del pueblo ​​Kaxuyana Tunayana, que se declara activista desde que nació.

Bajo este contexto, las mujeres y las niñas se enfrentan a los desproporcionados impactos generados por el cambio climático, los incendios forestales y las sequías. 

Cuando tienen lugar desastres climáticos extremos, las mujeres y las niñas y los niños tienen 14 veces más probabilidades de morir que los hombres, principalmente a causa del acceso limitado a la información, la movilidad, la toma de decisiones, los recursos y por supuesto la falta de atención sanitaria. 

En conferencia, las y los líderes indígenas que representan a Pueblos Indígenas de Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Suriname, Venezuela y Paraguay acompañados de una coalición organizaciones socio ambientales, pidieron a la comunidad internacional atender esta emergencia internacional apoyando los esfuerzos de los Pueblos Indígenas para enfrentar esta crisis sin precedentes y las causas que la aceleran.

«Nuestros bosques se están quemando, nuestros ríos se están secando, nuestras comunidades están sufriendo. El mundo debe actuar ahora para proteger la Amazonía y a todos los ecosistemas vitales de América del Sur, no solo por nosotros, sino por el futuro de todo el planeta”. dijo Raoni Metuktire, Cacique Kayapó, líder indígena brasileño y figura del movimiento mundial por la conservación de la Amazonia.

De acuerdo con el estudio Resultados del parto, salud y necesidades de atención médica de las mujeres en edad fértil después de desastres por incendios forestales: una revisión integradora y de vanguardia, las mujeres en edad fértil y embarazadas pueden ser especialmente vulnerables a los efectos de la exposición a los incendios forestales.

La evidencia indica que la exposición a incendios forestales puede estar asociada con cambios en los resultados del parto y una mayor morbilidad para las mujeres en edad fértil y sus bebés. Estos efectos pueden ser profundos y tener implicaciones de salud pública de largo plazo y de amplio alcance. 

Así mismo, se descubrió que existe una asociación entre la exposición intrauterina a incendios forestales y los impactos en el peso al nacer y la duración de la gestación; tasas mayores de diabetes mellitus gestacional materna e hipertensión gestacional después de la exposición.

También hay evidencia de que las mujeres presentan una mayor incidencia de defectos congénitos después de la exposición intrauterina al humo de incendios forestales, una mayor morbilidad de salud mental así como una reducción en la lactancia materna entre las mujeres que fueron evacuadas de un desastre de incendio forestal.

Los desastres graves también pueden alterar los servicios esenciales, como por ejemplo, la atención sanitaria sexual y reproductiva, por lo que se agravan los perjuicios para las mujeres y las niñas.

Se calcula además que 4 de cada 5 personas desplazadas por los impactos generados por el cambio climático son mujeres y niñas. 

Foto de calor en países del sur, NASA

Según datos publicados por el Observatorio Regional Amazónico, en los últimos cinco años, se han quemado 447 mil 517.09 hectáreas de la Amazonía. Los países más afectados son:

Brasil con 112 mil 319.019 hectáreas 

Bolivia con 52 mil 259.84 hectáreas

El observatorio también informa, que sólo en la última semana estos países han perdido 4 mil 639, y 504 hectáreas, de su Amazonía, respectivamente. La última semana fue particularmente dura en Perú, dónde se perdieron más de 5 mil 600 hectáreas, murieron 16 personas y más de 140 resultaron heridas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que habrá más de 250 mil muertes relacionadas con el clima por año para 2030.

La crisis climática no afecta a todo el mundo por igual. Las mujeres y las niñas se enfrentan a los desproporcionados impactos generados por el cambio climático -principalmente, porque conforman la mayoría de la población mundial en situación de pobreza- y su sustento está fuertemente ligado a los recursos naturales disponibles en su entorno local, detalla ONU Mujeres.

Mujeres: piezas claves para el cambio climático poco valoradas

Actualmente, las mujeres nativas han estado a la vanguardia de la conservación del medio ambiente. Ellas, de acuerdo con ONU Mujeres, aportan conocimientos y prácticas ancestrales de incalculable valor que generan resiliencia dentro del clima cambiante. 

Ellas preservan la biodiversidad de los cultivos y las variedades de semillas, protegiendo a los polinizadores y las poblaciones locales de abejas, utilizando métodos naturales de fertilización y formación del suelo, o dejando intactos los bosques.

Dado que las mujeres se sitúan en primera línea de la crisis climática, están en una posición excepcional para ser agentes del cambio y ayudar a encontrar distintas formas de mitigar las causas del calentamiento global y adaptarse a sus impactos sobre el terreno. Sin embargo, su participación en espacios de toma de decisión actualmente sigue siendo nula. 

Ejemplo de ello es que en el encuentro de Clima de Nueva York, las personas participantes fueron en su mayoría hombres representantes de sus comunidades indígenas. 

De acuerdo con otro estudio publicado en Plataforma Académica digital, Abierta y Multidisciplinaria (MDPI por sus siglas en inglés), la falta de preparación de las mujeres ante los incendios forestales y su ausencia en la toma de decisiones es mayor a la de los hombres. Actualmente la voz de las mujeres no se escucha ni se tiene en cuenta lo suficiente. 

Por ello, para la gestión de los incendios y la necesidad de desarrollar capacidades para transformar la resiliencia basada en el clima de las comunidades, la igualdad de género es otro parámetro que debe tenerse en cuenta. Las vulnerabilidades y la desigualdad de género pueden impedir la eficacia y la sostenibilidad de las respuestas al cambio climático.

Aumentar la igualdad de género tiene un impacto positivo en la productividad, por ello, impulsar la resolución de problemas y aumentar la innovación ayudan a abordar los desafíos que enfrentamos, desde la salud hasta la seguridad alimentaria, desde el cambio climático hasta las comunidades sostenibles. 

La situación crítica que viven actualmente los pueblos del sur exigen acciones urgentes de gobiernos y sociedad civil para proteger la región, reconociendo los derechos y territorios indígenas de mujeres y hombres  como clave para la preservación de la naturaleza y el clima global.

Frente a la devastación de la región y el riesgo que ello implica para la naturaleza, los Pueblos Indígenas y el clima global, se convierte un escenario crucial para que representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión tomen acciones de protección y promuevan el reconocimiento de los derechos y territorios indígenas, tanto de mujeres como de hombres,  a fin de garantizar la vida

LA CRIMINALIDAD DEL ISSSTE.

No hay medicinas ni citas médicas…

Nadie se hace responsable del desastre…

Consultas de especialidad en tres meses…

Atrasados análisis clínicos y operaciones…

¿SALUD COMO EN DINAMARCA?…

Lo que antes era un mal servicio médico del Instituto de Servicios y Seguridad Social  (ISSSTE), hoy es pésimo y una pesadilla necesitar de consultas, medicinas y atención de especialidades. Se confirma la burla de “YSQ” que prometió más de diez veces que en determinada fecha íbamos a tener “un sistema de salud mejor que el de Dinamarca”.

Podrían decir que exagero cuando señalo este comentario con el título: “LA CRIMINALIDAD DEL ISSSTE”, pero me dirá después de los datos con que soporto el dicho, si es cierto o no, porque, más de 11 millones de derechohabientes a nivel nacional o acaso 250 mil solo en Chiapas, están en la pesadilla de tener que acudir al Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado a atenderse alguna enfermedad temporal o crónica, que resulta una catástrofe.

Antes de la 4T y las barrabasadas del que se acaba de ir, el ISSSTE era criticado por no tener medicinas y las consultas de especialidad muy lejanas al igual que las intervenciones quirúrgicas; estábamos mal, sí; pero ahora estamos peor y se los diré por qué. Para empezar, el sistema de acceso a las citas médicas de medicina familiar no sirve hace más de seis meses, por lo que los derechohabientes no pueden ir a sus consultas y recibir sus medicamentos para enfermedades como la hipertensión, la diabetes o recibir su insulina, por ejemplo.

Es un acto criminal la irresponsabilidad del director general del ISSSTE que ahora es el impresentable, MARTÍ BATRES GUADARRAMA, y del  Subdirector Médico a nivel nacional, como lo fueron sus antecesores que se caracterizaron, inclusive durante la 4T, de alta corrupción. Y así como no funciona el sistema de acceso a la citas médicas por internet (www.issste.com) y teléfono (55 4000 1000) porque lo recurrente es que te respondan que “no hay”, también restringen las órdenes de análisis clínicos que cuando los dan, es una odisea ir al laboratorio del Instituto o se tienen que llevar copias de una empresa particular para su expediente.

Lo mismo sucede en la Delegación del ISSSTE-Chiapas, donde ni siquiera se sabe quién es el responsable de la institución para poder reclamarle y decirle que se esmere en su trabajo de atención a los derechohabientes en todas y cada una de las clínicas y hospitales que tienen en Chiapas.

Lo más grave del asunto es que los médicos de especialidad no siempre atienden sus consultas programadas y los derechohabientes se tienen que esperar otro tiempo más de aquellos tres meses de lo que se las habían programado. Igual sucede con las intervenciones quirúrgicas de diferentes especialidades, ya sea porque el quirófano está ocupado, porque el médico no llegó, pospuso la operación o no hay insumos para la operación.

Un hecho recurrente es el de la  falta de medicinas o la negación de las mismas en la farmacia donde los empleados revisan minuciosamente las recetas hasta encontrar un pretexto para no surtir el medicamento. Lo digo por experiencia y porque me ha sucedido en repetidas ocasiones. Me da la impresión de que quieren ahorrarse, lo más que puedan, de recursos destinados a la atención de los derechohabientes que ya de por sí resulta un acto criminal la irresponsable “austeridad franciscana” como lo fue la del hoy “Huésped de la Chingada”.

Quiero decirles que a pesar de tantas quejas en el portal del ISSSTE, no hay nadie ante quien manifestarse y exigirles que haya una atención de calidad y calidez como se promocionan o el nuevo eslogan de la 4T, “Transformando al ISSSTE”. Y como diría el Chavo del 8, “ahora quién podrá defendernos”…