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Thu, May
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La organización Sociedad Civil Las Abejas, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar a todos los militares que se encuentran en todas las comunidades y territorios del Estado de Chiapas.

Dicha organización a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, a través de un comunicado manifiestan que los militares representan una amenaza para la cultura de paz y sobre todo para las mujeres que son víctimas de acoso sexual y que atenta contra nuestra dignidad.

El documento leído durante la misa celebrada en Acteal para recordar a las víctimas, Las Abejas aseguró que los uniformados que se encuentran en el campamento de la comunidad de Majomut, a pocos kilómetros de Acteal, son los mismos quienes entrenaron y le dieron armas a los paramilitares para masacrar a los 45 tzotziles.

La Sociedad Civil urgió al gobierno federal que desaloje de los cuarteles a los militares que se encuentran diseminados por todo el territorio chiapaneco.

Advierten que bajo ninguna circunstancia para nuestros pueblos nos sirve la presencia del Ejército Mexicano porque en el gobierno de los priistas y ahora en el morenista solamente les ha rentado su servicio a las trasnacionales para proteger sus intereses económicos y para el despojo de nuestra tierras y territorios.

Por ello, agregan, exigen la salida de los paramilitares de nuestros territorios, además que saquen a las empresas mineras de Chiapas y de México porque su desarrollo de ricos y poderosos, ha asesinado a muchas y muchos defensores de la madre tierra y de los derechos humanos, la vida; en pocas palabras, los proyectos extractivistas, matan y apestan”, se informó en el comunicado.

Lamentaron que como sobrevivientes de la masacre de Acteal y miembros de la Organización Las Abejas, escuchamos y miramos que en México cada vez más la situación de derechos humanos y la vida se encuentran al borde del abismo de la muerte.

A seis meses del gobierno de López Obrador, denuncia la organización, que se ha intensificado la estrategia contrainsurgente a pueblos originarios, como lo ha documentado el Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que dirige el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López.

Los pueblos Zapoteco, Mixteco, Chontal, Cuicateco, Ikoots y Mixe rechazaron de manera categórica el proyecto del Canal Interoceánico Seco que pretende realizarse en el Istmo de Tehuantepec, porque, subrayaron, se trata de la entrega de los territorios a los capitales chino y estadunidense.

“Frente a un Estado colonialista, con doble discurso respecto de los derechos de los pueblos indígenas, servil a las inversiones extranjeras y fiel defensor de las empresas extractivas”, esos pueblos reafirmaron su compromiso a seguir resistiendo a proyectos extractivos que violentan su vida comunitaria, su territorio y su espiritualidad.

También cuestionaron al gobierno de la Cuarta Transformación por la “realización de la simulación de consultas, que contravienen los acuerdos y convenios internaciones ratificados por el Estado mexicano”.

Al concluir el Tercer Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decidimos Sí a la Vida No a la Minería”, que se realizó del 17 al 19 de mayo en la comunidad de Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez, insistieron en la cancelación de las concesiones mineras.

“Desde este lugar sagrado denunciamos que el actual gobierno ha dejado en el olvido los compromisos para la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, como prometió en campaña, así como el reconocimiento pleno en los ámbitos constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas”.

Sin embargo, subrayaron, “seguimos practicando nuestra comunalidad como fundamento de nuestra vida a través de la fiesta, el tequio, la lengua, las asambleas comunitarias, el territorio colectivo, las formas de impartición de justicia; estas instituciones son nuestras fortalezas para evitar el despojo al que intentan condenarnos los gobiernos pasados y la autollamada Cuarta Transformación”.

En ese sentido, exigieron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en la Sierra Norte de Oaxaca “y nos solidarizamos con la lucha y exigencia de las comunidades de Capulálpam de Méndez y del Rincón de Ixtlán de Juárez”.

También demandaron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en los Valles Centrales, y exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que no autorice la Manifestación de Impacto Ambiental-Modalidad Particular del Proyecto San José II.

 

A casi cuatro décadas desde su creación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue recibida por un presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para dialogar sobre sus inconformidades por la reforma educativa.

Una comisión integrada por 50 personas (representantes de la organización magisterial de 24 entidades federativas) arribó esta tarde a Palacio Nacional para el encuentro en el que planteó la conservación del “escalafón” como instrumento para medir promociones docentes, así como la participación sindical en la asignación de plazas y comisiones.

La CNTE, organización disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha mantenido su inconformidad desde que la reforma educativa de 2013, surgida del Pacto por México, canceló el control sobre las plazas laborales al gremio, una medida que se mantuvo con la reforma aprobada en días pasados tras la iniciativa planteada por el presidente López Obrador.

Entrevistados antes de su ingreso a Palacio Nacional, algunos de los dirigentes aceptaron responder cuál sería el objeto de la reunión. Eloy López, dirigente de la Sección 22, expuso que debía afinarse la propuesta de las leyes secundarias, con la intención de que se precise la participación del magisterio y no sólo se entienda que desean el control político y administrativo para vender plazas.

Además, la CNTE pidió hoy que los comisionados sindicales tengan garantizado su salario.

La comisión permaneció en el interior de Palacio Nacional durante tres horas, tiempo en el que entregaron un documento que establece sus inconformidades, así como los pendientes respecto de la reinstalación de los cesados, la libertad de presos políticos y la abrogación definitiva de la reforma de Peña.

Dicha reforma motivó movilizaciones en la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y principalmente Oaxaca, sumando numerosos actos de represión, entre desalojos y otras acciones disuasivas en las que se registraron muertos, heridos y detenidos. El caso más emblemático fue el desalojo violento de la carretera México-Oaxaca, que culminó en la razzia de Nochixtlán en junio de 2016.

Aunque el dirigente de la Sección 9, Enrique Enríquez, consideró que la reunión fue exitosa, dirigentes como Pedro Bahamaca, de la Sección 7, advirtieron que de no aceptarse su posicionamiento mantendrán las protestas callejeras.

La CNTE regresará a Palacio Nacional el próximo lunes 27 para tener una respuesta por escrito del presidente López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de las ganancias obtenidas de la venta de bienes decomisados, se edificará infraestructura que tendrá una placa con el nombre del cártel o funcionario corrupto a los que pertenecían.

De gira por Balancán, Tabasco, el mandatario adelantó que la siguiente semana se llevarán a cabo una serie de subastas para vender vehículos que estaban al servicio de la Presidencia y el Estado Mayor y con ello financiar obras en el municipio más pobre de México.

“Se le va a poner su plaquita: Esto se obtuvo del cártel fulano, mengano. Esto se obtuvo de lo que se le confiscó al político corrupto, fulano de tal”, dijo.

El segundo monto de recursos que se conseguirá por la venta de residencias de lujo, dijo, será para financiar la construcción de un camino en Balancán, Tabasco.

El tabasqueño reiteró que en breve emitirá un decreto por el se creará el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) pidió a México garantizar el mando civil de la Guardia Nacional y que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo de autoridades civiles y no militares.

“Se deberá garantizar el mando civil de la Guardia Nacional, a fin de preservar su independencia”, remarca el CAT al presentar las conclusiones en rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

Asimismo, el relator para México Diego Rodríguez Pinzón afirmó de manera categórica que la situación con respecto a la Tortura continúa “alarmante”.

El grupo de 10 expertos urge en sus conclusiones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares”.

En este sentido el CAT expresó preocupación por “el reciente nombramiento de un militar en proceso de retiro como jefe operativo de esta institución.

“Por otra parte, es también motivo de preocupación la falta de claridad acerca de la normativa aplicable en cuanto al uso de la fuerza y en relación a la identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos”.

El CAT le llama a “velar por que se investigue de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza, especialmente la fuerza letal, por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y el personal militar, asegurarse de que se enjuicie a los presuntos autores, y que, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos y se repare plenamente a las víctimas o sus familiares”.

Ley sobre uso de la fuerza

Además, le invita a adoptar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza prevista en el artículo 73 XXIII de la Constitución, conforme al contenido de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad en todo momento durante el ejercicio de sus funciones.

El CAT observó que conforme a las explicaciones ofrecidas por la delegación sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad contra el crimen organizado, por el momento el Estado parte no considera posible relevar al ejército de su labor actual en materia de seguridad.

En este sentido, “el Comité expresa su preocupación al respecto, así como por las informaciones que denuncian graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, cometidas por militares en el marco de este tipo de operativos”.

En sus conclusiones luego de la revisión del informe de México llevado a cabo el 25 y 26 de abril en la sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos el CAT insta a México “hacer públicas las cifras de personas muertas, heridas y detenidas durante los operativos de seguridad”,

El CAT reitera al gobierno del presidente López Obrador eliminar la figura penal del arraigo de su ordenamiento jurídico, tal como lo hizo con gobiernos anteriores.

Le invita a continuar sus esfuerzos orientados a eliminar la sobreocupación en todos centros de detención, en particular los estatales y municipales, principalmente mediante el recurso a las medidas alternativas a las penas privativas de libertad.

Asimismo, le urge asegurar que en la práctica la prisión preventiva no se aplique o prolongue en exceso y lamenta no haber recibido información sobre decisiones de los tribunales en las que hayan desestimado como pruebas confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos.

De ahí que mantenga su preocupación por los informes concordantes según los cuales los tribunales no investigan este tipo de denuncias, trasladando la carga de la prueba a las presuntas víctimas.

La tortura, una preocupación

También preocupan al Comité las informaciones que señalan que “el uso de la tortura para obtener confesiones es habitual y que las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizan contra los acusados como prueba de culpabilidad ante los tribunales”.

El CAT asimismo hizo eco de las conclusiones del informe de la investigación “Doble Injusticia” de la OACNUDH en México, de 15 de marzo de 2018, en el que se documenta de manera pormenorizada la comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos contra las personas procesadas en el marco de la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Por otra parte, el CAT pide al gobierno de Palacio Nacional “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas”.

El Comité alienta al Estado parte a concluir la elaboración y aprobación del Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, así como de las partidas presupuestarias correspondientes, garantizando la participación de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la documentación de casos de tortura y/o acompañamiento de víctimas

Entre otras recomendaciones el CAT insta a implementar “medidas eficaces” para garantizar que las personas detenidas gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de su privación de libertad de conformidad con las normas internacionales, en particular: el derecho a ser asistidos sin demora por un abogado y a recibir asistencia letrada gratuita en caso de necesidad.

“México debe garantizar el examen sistemático de los procedimientos de detención e interrogatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención’’, cita el documento de las conclusiones del CAT.

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló hoy sobre el encuentro que sostendrá el próximo lunes, por separado, con los dirigentes magisteriales del SNTE y la CNTE y anunció de antemano que “si hizo falta algo en la reforma, se revisará”.

En su conferencia matutina, dijo:

“Lo importante es el diálogo, que podamos platicar, conversar, intercambiar puntos de vista con los maestros. Está abierto el diálogo. El unes nos vamos a reunir, y los escuchamos”.

Y agregó:

“Todo aquello que signifique mejorar la educación tiene que ser tomado en cuenta. Si hizo falta algo en la reforma, se revisará”.

El tabasqueño recordó que, aunque ya se tiene el marco legal principal, falta elaborar las leyes secundarias y será en estas donde se tomen en cuenta las observaciones que puedan tener, tanto el Sindicato (SNTE), como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

López Obrador destacó que la cancelación de la reforma hecha en la administración pasada “fue un gran avance” y hasta ironizó:

“Creo que ni se pensaba que se iba a poder llevar a la práctica a convertir en realidad la consiga de ‘Va a caer, va a caer, la reforma va a caer’ Y cayó”.

Por último, dijo que su gobierno seguirá respetando a los maestros que se quieran manifestar.

 

IMSS, EL PACIENTITO GRAVE

Cualquier ciudadano de a pie, sabe que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está obligado a presentar resultados positivos, aunque muchos de sus colaboradores no estén de acuerdo en sus salarios y algunas limitantes, AMLO está al frente del movimiento destinado a regenerar la nación, sin embargo esta se mantiene aún sumida en el caos donde las mafias locales se reagrupan , la corrupción de su clase política y el influyentismo, además de la bestial desigualdad en la distribución de la riqueza.

Sin embargo, hay clases altas, los medios sometidos al poder financiero, y todos aquellos acostumbrados a vivir, o incluso sobrevivir del presupuesto se mantienen inconformes, filtran voces y contratan grupos de influencer para hacer más llamativa la inconformidad de algunas voces ya no beneficiadas por el presupuesto.

Algunos especialistas evidencian los errores del ejecutivo federal y puedo estar de acuerdo, además considero que AMLO trató, hasta donde pudo, de rodearse de políticos y tecnócratas con vocación de servicio a la nación. Dio clases de humildad cuando abrió Los Pinos al pueblo, redujo salarios de funcionarios, subastó camionetas, helicópteros, y hasta el avión presidencial, para que la clase dirigente se acercara al pueblo, y de paso, ingresar a las arcas algún dinero que las nuevas metas demandaban.

Definió líneas globales de gobierno dirigidas a detener el deterioro social y económico, en lo negativo y positivo le comento solo algunos puntos:

Hasta hoy a casi 6 meses el único programa de atención social es el que ofrece a los adultos mayores y a los jóvenes llamados “ninis” no hay nada más.

Sin embargo, lo positivo seria el detener la aplicación de una reforma educativa que hasta ahora sólo había logrado estancar la educación.

Sanear la empresa insignia de México, PEMEX, que incluso luego de la cacareada reforma energética seguía siendo ineficaz e ineficiente. Detener la importación de gasolina invirtiendo en refinerías, aumentar la producción y la productividad, poner de nuevo el oro negro en función del desarrollo nacional.

Potenciar el control del Gobierno Central a los Estados nombrando Delegados que son “oidores y veedores” aunque hasta el momento el mandatario federal no les ha solicitado un informe por estado precisamente porque no hay operatividad en materia para lo que fueron creados, insisto, solo operan con los programas de atención a los adultos mayores y “ninis”.

Estas líneas fueron escritas para comentar que el Presidente de México a casi 6 meses de su administración (y le faltan 5 años y 6 meses) ha superado algunas amenazas de renuncias desde el primer nivel el caso de Marcelo Ebrard y  Alfonzo Romo; German Martínez si renuncio y una lectura a conciencia a la carta expuesta se convierte en una radiografía del pacientito IMSS ya en terapia intensiva, algunas frases dicen:

“IMPORTA MAS EL CARGO QUE EL ENCARGO”

 “Mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, –en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores-, los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo” indicador de una bomba de tiempo, obligando a ofrecer oxigeno creando un área de supervisión que le permita coadyuvar con las áreas desahuciadas.

RADIOGRAFIA DEL IMSS

Hay consecuencias asegura el renunciante y señala “una directa para el IMSS: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes; y un segundo efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor ‘gasto de bolsillo de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento” y lo peor que puede hacer el gobierno de la 4T es “Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres” señala Martínez Cazares.

Pero desnuda a los de Secretaria de Hacienda al mencionar “Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”es pocas palabras no están en la frecuencia del presidente AMLO y convertirán al IMSS en una aplanadora en contra de la clase más desprotegida.

Desde luego que a los de hacienda quedan calificados con  lo siguiente “algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo”.

Al interior seria violatorio que hacienda tome control  y deja claro “se requiere una gran reforma legal y no una pequeña reforma reglamentaria. La cuarta transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural”.

“No soy lambiscón ni barbero” dice el ahora exdirector del IMSS y bien parece que la carta trae en su esencia el requisito indispensable para ocupar ese encargo.

Sin embargo deja un mensaje de advertencia a quien sería su sucesor y en este caso a Zoé Robledo “Nadie, en su sano juicio, se hará cargo desde el IMSS, de instrucciones o resoluciones falladas sólo en la Secretaría de Hacienda”

Ante ello es importante saber cuál será su plan estratégico del hoy director General Zoe Robledo ya que con anterioridad hacienda había solicitado la renuncia de todos los delegados acción llamada por Martínez Cazares como “remodelación cosmética” luego que hacienda pondría a sus delegados administrativos y tomar control de los negocios locales por estado.

Descuidar la recaudación tributaria y promover la corrupción al acordar cuotas le disminuye su futuro económico al trabajador señala el ex funcionario quien también menciona y -lo considero muy delicado- si recordamos que los afores fueron utilizados para un aeropuerto sin consentimiento: Si acaso Hacienda cree que los ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines, es necesario recordarle que “el Instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos”, según dispone el artículo 277 C de la ley del Seguro Social. Y esto también deja muy en claro que existe un firme interés en utilizar los fondos de jubilación, repito, al igual que los utilizaron de los afores.

Y aquí bien parece darnos una clave de muchas irregularidades “No defiendo a farmacéuticas, ni a proveedores o constructores. El motivo de este diferendo con algunos funcionarios de Hacienda no es la compra de medicamentos, es fortalecer y respetar al IMSS. Siempre he tratado de guiar mi vida por convicciones.”

Puntos Suspensivos…

La mejor opinión es la de usted, y es que German Martínez se dio cuenta de la protección a los delegados como el de Chiapas Arturo Miguel Pacheco Meza  quienes a la vez la hacían de servidores de servicios a los “jefes” y de paso a intereses personales.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOÉ ROBLEDO, UNA RAYITA MÁS AL TIGRE.

La confianza del Presidente al Chiapaneco…

Prueba de fuego en la administración pública…

Comentarios al Margen…

CERCANÍA QUE OTROS YA QUISIERAN…

Es muy temprano para que amanezca en los albores del lejano día “D” del año electoral 2024, pero los más acuciosos “oraculeros” de la “TV” (Torta Vaquera) dejan entrever que la llegada de ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social es una buena señal de que está en la cercanía y el ánimo del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y que tiene perspectiva para la “silla grande chiapaneca”.

Dice Herman Hesse que, “para que un mundo viva, otro tiene que morir” y que “para que el pollo nazca tiene que romper el huevo”. Pienso, luego existo, que ZOÉ ROBLEDO desde hace mucho picó el cascarón y que ahora el que murió en el IMSS –metafóricamente, GERMÁN MARTÍNEZ CÁCERES-- es su nacimiento a otra oportunidad de consolidar su paso hacia la gubernatura de Chiapas que más de uno le pronostican.

Alejado de ese bullicio alegórico de que ZOÉ se está acercando a la gubernatura y que desde ayer tomó la delantera en ese “hándicap Chiapas 2024” que apenas anteayer comentaba, lo cierto es que el hijo del “hombre de los cuatro horcones” – el ex Gobernador EDUARDO ROBLEDO RINCÓN—tiene, por obligación y responsabilidad social, entregar buenos resultados, no al Presidente LÓPEZ OBRADOR, sino a los más de 80 millones de derechohabientes del IMSS. Es una prueba de fuego en la administración pública, porque hasta donde sé, nunca ha tenido un cargo de esa índole.

A sus 40 años de edad (cumplidos el pasado 9 de enero), ZOÉ ROBLEDO ABURTO ya trascendido; fue diputado local y Presidente del Congreso en la LXIV Legislatura del Estado de Chiapas (2009-2012); Senador de la República por primera minoría a la que pidió licencia indefinida el 13 de abril de 2018 para incorporarse a la campaña presidencial de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de la que también fue activo en la del 2012. Actualmente es diputado federal con licencia por el distrito VI de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que dejó al atender la invitación del Presidente de la República para asumir el cargo de Subsecretario de Gobernación que tomó el 3 de diciembre del pasado año 2018.  

El ahora director general del IMSS estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Es politólogo con “Premio Nacional de Periodismo 2008” en la categoría de “Artículo de Fondo”. Se ha mantenido en activo periodístico desde que fue conductor del programa “Punto y Coma” del canal televisivo “Proyecto 40”; colaborador de la Revista “Vértigo”, “Voz y Voto”, del periódico “Reforma” y la barra de opinión de “TV-Azteca”, entre otras muchas participaciones periodísticas.

No es cosa menor que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR lo haya escogido entre muchos, para “agarrar al toro por los cuernos” en el rescate del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una responsabilidad mayor, donde tiene que convivir con más de 440 mil trabajadores de la institución; atender el problema de salud de 6 de cada 10 mexicanos (más de 80 mil derechohabientes); pero sobre todo, el abasto de medicinas, la plantilla de médicos generales, especialistas; mantenimiento, equipamiento y construcción de clínicas y hospitales, que en su conjunto se han convertido en un problema toral de administración y financiamiento para el IMSS y el Gobierno de la República.

Luego entonces, ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO, no estará pensando en el largo camino hacia la gubernatura de Chiapas, sino en la enorme responsabilidad que le encargó el Presidente y que tiene que cumplir, “por salud del IMSS y los mexicanos”, y por sí mismo si pretende escalar nuevas montañas en el pedregoso camino de la política… Ahí lo vez…

COMENTARIOS AL MARGEN…

EL CASO GRAVE DE LOS CHAIROS…

Entiendo que los fanáticos de cualquier filosofía o corriente de la vida mundana, defiendan lo que creen es lo más perfecto de la creación del universo. Así sucede en la religión y el deporte más visto y jugado en el mundo: el catolicismo y el fútbol. De esa manera, en al balompié nacieron los “hinchas” en Argentina y los “Hooligan” en Inglaterra.

México no es la excepción con el fanatismo religioso como lo fueron los sangrientos pasajes de “Los Cristeros” o con lo que ha sucedido en el fútbol con las “Barras Bravas” llamadas también “Porras” que son una degeneración de los “Porros” creados en las universidades para el control de las mismas.

En la política y ahora la administración pública, con la llegada de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, han surgido estos “fanáticos” que defienden a capa y espada a su “Mesías” como feligreses ortodoxos, que no piensan ni analizan los hechos, las condiciones y situaciones en las que opera el gobierno. No sé por qué ni de donde proviene el término, pero se les han llamado “chairos” de manera despectiva.

Estoy de acuerdo en que los “Chairos” crean en su “Pastor”; que sigan su doctrina y filosofía, pero que en aras de sobre salir y defender –lo a veces indefendible—insultan, denigran, acusan, vituperan y difaman al no tener capacidad de discusión o nivel académico para argumentar.

A mí me ha sucedido mucho por ser “periodista crítico” como en el caso de un “colega y paisano” que me dice textualmente –cuando abordo el tema de GERMÁN MARTÍNEZ y el Presidente LÓPEZ OBRADOR—que:

“El señor Germán no entendió, y al parecer nunca entenderá, de qué se trata el actual gobierno. No se puede sanear al gobierno conservando las mismas estructuras administrativas ni a los personajes que las defienden pues lucran en su favor y de sus intereses personales desde allí.  El señor Germán alega injerencia de Hacienda Federal en el IMSS.  Pues claro, lo mismo ocurre en Pemex y su director no hace estos panchos y presenta su renuncia.  Que regrese a su curul. Seguramente ahí buscará aliarse con Osorio Chong y Julen Rementería”.

Hasta ahí va bien el “amigo y colega” ADOLFO ROBERTO PÉREZ VALDEZ. Pero su insidia no tiene razón para insultar y descalificar cuando me dice abiertamente:

“Y tu colega seguirás seis años rajando contra el gobierno que ha puesto en primer lugar a los pobres.  Obviamente tu no eres pobre y si un aliado de bandidos y estafadores del presupuesto.

Triste papel tu labor. Un abrazo amigo y colega.

Claro que le respondí: “En primer lugar, yo no insulto ni defiendo a nadie. No soy palero de ningún gobierno ni lo he sido nunca. Mi línea editorial es la misma desde que soy periodista y columnista. Celebro que tú si defiendas lo que crees y tu ideología apegada a la 4a Transformación. Pero deja que otros piensen distinto y no los ofendas con tus arrebatos. Discutir o disentir no es pelear, es poner cada quien sus puntos de vista y no como los defensores de AMLO que al no tener argumentos acusan y denigran con sus palabras. Yo respeto la opinión de todos, porque lo mío no es la verdad absoluta, que además no existe. Te saludo con el afecto y el respeto de siempre... Salud y saludos amigo Adolfo Roberto Pérez Valdez... Enhorabuena”…

El ejemplo es para que vean los “Chairos” mismos, que la contraposición de ideas no es motivo para insultar ni para denigrar la opinión de los otros. Retomo lo que dice mi “colega periodista y paisano veracruzano”, no para defenderme, porque a mi edad ya nada me hace daño y menos lo que me digan. Pero insiste: “No te insulté. Simplemente te ubico como un denigrante de AMLO y de los esfuerzos de un gobierno que está saneando la estructura del poder ejecutivo. Y si estás en el bando de sus oponentes”.

Bueno, sí, sí estoy en el bando de los oponentes, pero no por sistema ni por intereses mezquinos. Lo estoy porque soy un periodista crítico que quiere ser analista que como diarista lo ejerzo todos los días… Ni envidias, ni odios, ni rencores; fórmula perfecta para ser feliz… Salud y saludos…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

 

Comisión de Vigilancia desata guerra de ambiciones en el Congreso de Chiapas

Tremendo conflicto de ambiciones e intereses se ha desatado al interior del Congreso de Chiapas con el cambio de la presidenta de la Comisión de Vigilancia, tras la salida de la legisladora suplente Bárbara Melisa Mañón Campos y el regreso de la diputada propietaria María Obdulia Megchún López a quien, ahora, se le intenta desplazar de dicha comisión legislativa que por lógica le correspondería.

De acuerdo a rumores generados dentro de los mismos pasillos del congreso estatal, la maniobra para impedir la designación de María Obdulia Megchún como presidenta de la Comisión de Vigilancia estaría a cargo del propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, quien hoy mueve los hilos para colocar una aliada al frente de tan importante espacio legislativo.

Los señalamientos en contra de Toledo Cruz acusan además un contubernio con el actual presidente de la Auditoria Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, a fin de imponer como presidenta de la Comisión de Vigilancia a la ex militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex presidenta municipal de Jiquipilas Ana Laura Romero Basurto.

Las vinculaciones entre Toledo Cruz y Estrada Martínez ya han sido relacionadas con otras presuntas irregularidades como la supuesta integración de familiares y amigos de Marcelo Toledo a la nómina de la Auditoria Superior del Estado, según reveló conocido portal digital de noticias en semanas pasadas. Acusación grave que terminó sin mayor ruido mediático o explicaciones por parte de los involucrados.

¿Qué intereses hay detrás para tratar de imponer a la cuestionable Ana Laura Romero Basurto en la Comisión de Vigilancia? ¿Por qué el presidente de la Junta de Coordinación Política impulsa ahora insistentemente a una diputada que ni siquiera es de las bases partidistas de  Morena para presidir tan importante comisión legislativa?

Las respuestas a semejantes interrogantes parecen obvias. No son confidencias las vinculaciones entre los tres personajes y el evidente contubernio para intentar controlar todos los presupuestos posibles dentro del legislativo estatal, aún por encima de los intereses de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, que parece estar siendo traicionada por  su propio líder.

En las próximas horas será definido el nombre de quien finalmente presidirá tan jaloneada comisión legislativa, revelando la consumación o no de una maniobra por demás controversial. Hasta el momento El escenario parece indefino, ante lo que apunta a convertirse en una inminente imposición de cúpula que dista mucho de las promesas de cambio que tanto asegura la “cuarta transformación”… así las cosas.

 

 

La renuncia de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) era inevitable. Dentro y fuera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador era conocido el conflicto que tenía con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, a quien alude en su carta de renuncia.

“Las peleas entre ellos ya eran a gritos”, dice a Apro un cercano a Martínez Cázares. El motivo fue la retención de recursos por parte de Hacienda, en acatamiento de la decisión presidencial de reducir gastos y concentrar todas las compras del sector público.

En su carta de renuncia, presentada la mañana de miércoles al Consejo Técnico del IMSS, el órgano de gobierno del Instituto, aludió a Urzúa y a Raquel Buenrostro, su todo poderosa Oficial Mayor que concentra las compras del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

“Algunos funcionarios de la secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS”, aplicando criterios “neoliberales” de ahorro y más ahorro, dijo, cuando deberían más bien buscar mayores recursos para el Instituto y terminar con la corrupción que representa la simulación de la declaración de las cuotas subestimadas que se pagan al Instituto.

“Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano”, dijo de “los funcionarios de Hacienda”, a los que acusó también de querer nombrar en todo el país a una suerte de “delegados administrativos estatales” y de esa manera anular a los delegados aprobados por el Consejo Técnico.

Si bien se refirió a “algunos funcionarios de Hacienda”, en el fondo se trata de un severo cuestionamiento al afán de recortar, centralizar y controlar los recursos públicos por parte del gobierno de López Obrador, quien terminó tomando partido por Urzúa.

La disputa con Hacienda, que se expresa en escasez de medicamentos para los derechohabientes del IMSS en todo el país, con el riesgo para la salud de miles de personas, representa la primera baja en el gabinete de López Obrador, a medio año de su gobierno.

Una pregunta obligada es si en ese afán el gobierno de la 4T ha considerado que pudiera provocar la muerte de personas, con la eventualidad de que sea demandado.

La decisión de controlar los recursos desde Hacienda también se aplicó para la impresión de los libros de texto gratuito del próximo ciclo escolar, luego de que el nuevo compadre del presidente, Miguel Rincón, se quedara con la subasta para vender el papel al gobierno. Se revocó la compra a causa de ese nuevo compadrazgo y el riesgo es que el próximo ciclo escolar inicie sin libros de texto.

La de Germán Martínez no es la única disputa conocida hasta ahora. Apenas hace dos semanas se insistió en la supuesta renuncia del jefe de Oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo Garza, por conflictos también con la secretaría de Hacienda. Romo y el propio presidente desmintieron la versión.

El gobierno de López Obrador temía apenas unas cuantas semanas cuando se insistió en la renuncia de la secretaria de Gobernación, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, por sus alegadas confrontaciones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Como los cargos de elección popular son irrenunciables, Germán Martínez tendrá que regresar a su escaño en el Senado, que ahora ocupa su suplente, Pedro Haces Barba, uno de los dirigentes sindicales de la 4T con su Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

 

 

Mujeres Cautivas

Como dijo Taina Bien Aimé en su artículo publicado en el Portal de We News del pasado 8 de mayo pasado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz Toni Morrison en su discurso al recibir el galardón, habló de una mujer esclavizada que estaba embarazada y que su amo decidió castigarla. Él decidió cavar un hoyo en la tierra, lo suficientemente grande para que cupiera su vientre embarazado. De esa manera, él podía golpearla en la espalda, hacerla que tragara tierra, sin poner en riesgo sus ganancias financieras futuras.

En la obscura historia de la confusión de la 4T, que generalmente sucede cuando se mezclan en un solo proyecto político los de derecha, los de pseudoizquierda, la derecha y los “liberales”, encontramos quienes promueven la legalización de los vientres de alquiler, desde el centro del poder, en Bucareli, como la legislación de la prostitución, desde San Lázaro y por otro lado nos hablan de valores, principios, Derechos Humanos y de Dios.

Nos hablan de paridad y transversalizar la perspectiva de género, pero al mismo tiempo están proponiendo dos leyes para preservar el legado del patriarcado que permite perpetuar la definición de las mujeres como vasijas para producir ganancias económicas. No puedo creer que la 4T sean promotores del turismo reproductivo y del turismo sexual, la trata y la prostitución, promotores de la muerte, del dolor y del daño de las mujeres y niñas pobres y más necesitadas. ¿No decían que “por el bien de todos primero los pobres?”.

La primera de estas leyes, la que intenta legalizar los vientres de alquiler, ni siquiera toma en cuenta que para este comercio, cualquiera puede contratar un vientre de alquiler o adquirir un óvulo, porque la poderosa industria de los vientres de alquiler usa dos mujeres, a la primera que es la donadora de óvulos, se le sobre estimula con grandes cantidades de hormonas, típicamente una estudiante de preparatoria que busca poder pagar sus estudios universitarios, para producir suficientes óvulos, en una proporción que puede generar cuatro años de producción de óvulos en un mes, ocasionándole daños en su sistema reproductivo y la segunda que es a la que se le implantan los óvulos fecundados, tantas veces como lo resista, mal nutrida, con poca atención médica y además teniendo que asumir las consecuencias de un producto defectuoso o doble, recibiendo una mínima porción de las ganancias en proporción con las que se lleva la industria de la reproducción, una modalidad más de trata y explotación, ahora la explotación reproductiva de las mujeres.

La otra ley perversa, como cada seis años, es la que intenta, otra vez, legalizar la prostitución con la venia del Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Nuestros representantes populares no dejan de sorprenderme por su ignorancia y su machismo, como dicen ahora, “se tenía que decir y se dijo”. El Artículo 6 de la CEDAW claramente establece que:

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer…”

Nuestros políticos y políticas liberales de la 4T, bajo la premisa de que son políticos progresistas, están impulsando leyes profundamente regresivas que ponen en peligro los derechos de las mujeres, derecho a la salud, a la seguridad, la integridad corporal, a la dignidad, los derechos sexuales y reproductivos y cualquier esfuerzo para alcanzar la igualdad sustantiva, abusando de la necesidad de las mujeres más pobres.

Se ha presumido a nivel nacional e internacional nuestro congreso y nuestro gobierno paritario, pero eso no ha logrado que se erradiquen las concepciones machistas y misóginas, por un lado se reivindican los derechos sexuales y reproductivos, se habla de hacer leyes contra el acoso callejero y en el lugar de trabajo y para el trato igualitario a las mujeres. Y ambas iniciativas de ley son antiéticas y contradictorias a esos postulados.

En primer lugar, el alquiler de vientres no ofrece ninguna protección de los abusos de la salvaje y ambiciosa industria de la “reproducción asistida”, como le dice a la iniciativa para legalizarla, no ofrece ninguna garantía para las mujeres, lo que permitiría a cualquiera, incluso a los tratantes, reclutar mujeres de cualquier parte del mundo y traerlas a México para implantarles embriones y rentar sus vientres para embarazarlas. En la industria de la “Reproducción Asistida” o de los vientres de alquiler, así como a la mujer esclavizada y contrario a lo que establece la propuesta de Ley, que propicia comercio clandestino, ni el feto, ni el bebé pertenece a la madre que da a luz.

Como las románticas falacias que nos presenta Hollywood en películas como “Mujer Bonita” o “The Girlfriend Experience,” el alquiler de vientres usa imágenes como las que usa Hallmark con frases como “baja una estrella del cielo” o agencias clandestinas que funcionan, aunque esto no sea legal. Quitémonos esos lentes color de rosa, y démonos cuenta de las oscuras realidades y veámoslas en toda su dimensión y con todas sus consecuencias.

Estas mujeres pueden sufrir dolor extremo y contraer enfermedades como el síndrome de la hiperestimulación ovárica, que puede provocar accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos. Aún no se han investigado todos los riesgos para la salud a largo plazo para las donantes de óvulos, incluidos los cánceres reproductivos e incluso la muerte. Una mujer tres veces madre sustituta comercial, Brooke Brown, murió a causa de una ruptura placentaria, al igual que los gemelos que llevaba en su vientre.

Ahora, por cuanto hace a la iniciativa para legalizar la prostitución, convertirá a los tratantes y proxenetas en hombres de negocio y propiciará el aumento de estos fenómenos y no permitirá que respondan ante la ley ni los burdeles, ni las casas de citas, así como las páginas web que promueven a las escorts para su comercialización, lo que los convertiría de inmediato en lugar de delincuentes en reconocidos empresarios al servicio del patriarcado y un estado proxeneta, que no tiene idea del gran número de mujeres que han sido víctimas de feminicidio en la industria del sexo de paga. Más aún, muchos delincuentes como el “Sony”, lograrían su libertad.

Tanto la explotación sexual como la reproductiva son industrias -impulsadas– una por las agencias de alquiler de vientres o “reproducción asistida” y el otro por una industria sexual multimillonaria y su lobby. Ambas se fundan en la explotación de las vulnerabilidades de las personas en mayor grado de pobreza y exclusión social, especialmente mujeres indígenas, rurales o en pobreza extrema. Ambos convierten sus beneficios en la creciente demanda de los cuerpos de las mujeres como mercancías, y ambos abren una puerta amplia para el sexo y la trata reproductiva.

El control de las mujeres sobre sus cuerpos, sobre su reproductividad y su sexualidad deben estar en el centro de sus derechos. Hay que entender que la voluntad individual nunca puede estar por encima del concepto de bien común y que en ambas actividades se perpetúan estereotipos que reducen a las mujeres en mercancía. En nuestra sociedad donde más de la mitad de la población vive en pobreza, En una sociedad donde las poblaciones marginadas viven sin oportunidades, el Estado no debe promover el argumento engañoso de la “elección personal”, dictado por el patriarcado, el poder y el control de los consumidores de explotación sexual y reproductiva, y los especuladores de las empresas que comercializan los cuerpos de las mujeres, las niñas y niños.

El Parlamento Europeo y muchos países han condenado y prohibido la reproducción subrogada porque socava la dignidad humana de las mujeres. Después de miles de muertes y otros resultados devastadores derivados del turismo de la renta de vientres, la India, Tailandia, Nepal y Camboya lo han prohibido.

Paralelamente a estos esfuerzos que reconocen el daño, un número cada vez mayor de gobiernos en todo el mundo están promulgando legislaciones que reconocen la prostitución como violencia sistemática contra las mujeres, perpetrada por consumidores de sexo de paga y redes de delincuencia organizada. Estas leyes, conocidas como el Modelo Nórdico o Modelo de la Igualdad, solamente descriminalizan a las personas en situación de prostitución y les ofrecen opciones de salida digna.

México debe reconocer que la explotación sexual y reproductiva de las mujeres están unidos con ese mismo hilo perverso. Un campo donde los cuerpos indígenas y de mujeres más vulnerables son sembrados en la historia para el beneficio de los demás, desdeñando la idea de que las mujeres son humanas. ¿No nos merecemos las mexicanas algo mejor?

Me siento fuera de lugar. ¿Cómo me verán estos elegantes y despreocupados joggers de domingo? Como un oso que no deja de sorber mocos, que se toma la nariz y la oreja en cada sílaba. Traigo una mancha de mostaza en la camiseta que no tiene logotipo ni marca y que, como la de ellos, seguro fue hilada por un niño vietnamita que come una vez al día. Pero, ¿qué tenemos justo aquí? Una manta blanca que, en las letras negras, dice: “Peje… Los que tenemos cerebro no votamos por ti” y, en letras rojas (la referencia a los colores de las huelgas obreras me desconcierta): “No te burles?”. El uso de la interrogación es lo único misterioso del mensaje. Una señora trae un muñeco del presidente colgado de una soga y su cartel se pregunta “¿Cuándo te truenan?”. Otra grita:

–Que se vaya y que se lleve a sus mugrosos migrantes.

Generalmente el acto crítico más importante no es la acción sino pensar. Aquí no hay ningún pensamiento, sólo la demostración de ira. Cuando queremos que el otro desaparezca es cuando entramos en la lógica de la guerra. Puede que uno no tenga odio contra el otro de inicio, pero es la lógica de pensar que, con su desaparición, uno estaría mejor, más feliz, más satisfecho, cuando comienza la suspensión de toda reflexión. Es, pues, curiosamente aburrida la contradicción: diciendo que la mayoría no tiene cerebro, dejas de usar el tuyo para dejarte ir en una corriente de odio. Mandar pintar una manta que insulta a 30 millones de votantes dice mucho de estos uniformados de Nike: los demás ciudadanos no sólo no son iguales a mí en derechos, sino que no llegan a ser lo “humanos” que somos nosotros. Sin cerebro son los zombis. Los pobres son biológicamente inferiores, lo que justifica su pobreza. Son los esclavos de Dubai, fuera de las murallas de los hoteles de rascacielos con albercas en los techos. Una democracia liberal que les permite votar, no debiera existir. No son seres racionales, sino manipulables, comprables, que sólo votan con las vísceras, sin medir consecuencias, sin pensar en que no es posible vivir en una sociedad menos desigual porque eso no funciona –lo dicen los expertos– y es una demagogia que pagaremos todos. La ideología conservadora es así de aburrida.

Pero, ¿qué tenemos más de fondo en el doblez, en el pliegue del deseo de esa ideología? Es el acto. No el de los fifís, que han salido desde hace una década, porque así de gelatinosa es la “tolerancia con los intolerantes”, a mostrar su identidad política como simple pasión para que los demás desaparezcan. Me refiero al acontecimiento mexicano de los últimos setenta años, la revolución electoral de su democracia restringida. El acto no ha sido entendido por los opositores ni por quienes lo llevaron a cabo. Se planteó como “imposible” y su aparición tendría que cambiar incluso las condiciones de su propia imposibilidad. Parece que no se entiende todavía que existe la posibilidad, no de elegir entre dos o tres opciones en determinadas coordenadas, sino de cambiar las coordenadas mismas. No era imposible que ocurriera la victoria electoral de izquierda, sino que, para muchos, era imposible pensarla.

En el acto, en la irrupción de lo imposible, lo que falla es el pensar que ese acontecimiento inédito fue un resultado de la necesidad histórica o de un “nosotros” oculto que, de pronto, se manifestó. No, de ninguna manera: el sujeto de ese acto es su propia manifestación. Nos dice tanto el recuento de las “causas” del triunfo de López Obrador para explicar la ruptura electoral, tanto como la descripción de los clavos y los tablones para referirse a una mesa. Es como el asesinato de un archiduque en Sarajevo explicando la Primera Guerra Mundial. En el acto no hay causas exteriores a su propia materialidad. No hay forma de predecirlo porque, si fuera predecible, sería parte de un “proceso” o consecuencia de la historia, no un acto de libertad. El acontecimiento ilumina su pasado, pero no puede ser deducido de él.

Ante el acto, la reacción defensiva de los que no participaron de él es decir que proviene de la decisión de “no humanos”, de los “sin cerebro”. Es la reacción de miedo a ser afectado después de haber afectado tanto y de maneras tan perniciosas a los otros. Es el preguntarse por qué los que están para servirme ahora me quieren gobernar. Por qué, ahora, me tengo que preocupar y escuchar a los que debieran permanecer callados, sin boca, sin palabras. Por qué, ahora, tengo que escuchar el delirio de los “sin cerebro”, no como un padecimiento mental, sino como una nueva fábula mexicana, la Cuarta Transformación.

Por supuesto que el acto excede a sus representantes. Eso hay que darlo por descontado. Mi colega Alain Badiou lo ha dicho mejor que nadie: “La política no es la ciencia de lo posible, sino el arte de lo imposible”. Como con los artistas plásticos, la política no es la aburrida asignación de presupuestos siempre exiguos, sino la irrupción de lo impensable. O debiera ser así. Es cierto, lo imposible es una categoría del sujeto –los votantes–, no de las instituciones. La prohibición es lo típico del Estado. La imposibilidad es un régimen de lo real.

Y dice: “Sin la intervención de los ciudadanos no hay imposibilidad histórica alguna. La estructura normal de las cosas es la de las prohibiciones. Sólo el sujeto puede desbloquear lo imposible y poner en circulación una nueva verdad para la situación en su conjunto”. Curioso que diga “conjunto” porque Badiou sólo sabe de teoría matemática, pero aun así lo que excede es mayor al recuento de los subconjuntos contenidos. Siempre hay un número indefinido, siempre la materia será un efecto de su propia curvatura en el tiempo. El acontecimiento será sólo la curvatura del ser.

Los propios ciudadanos que votaron por López Obrador no saben en qué medida exceden su propia representación. Haber desbloqueado lo imposible los paralizó. No basta con que reivindiquen su derecho a que se transforme la escucha social –que estos sordos que marchan con sus lentes oscuros, bloqueadores de sol en espray, tenis Adidas con el sobreprecio de los comerciantes nativos, aprendan a oír antes de desacreditar– sino a irrumpir en la fantasía que subyace al capitalismo, a la ideología de que todo está bien si cada quien se conforma con la casta que la ha sido asignada, que los esperpentos detrás de los aparadores no cuentan más historia que la del consumidor que satisface lo que él cree que es su deseo por unos días, que la novedad es desechar.

Un acto sólo es un acto en relación con el campo simbólico. Hay que asumir que la fantasía subyacente debe ser interrumpida para pasar a la promesa de la emancipación. ¿Qué es eso? Es “la violencia divina”, la simbólica, frente a la violencia del sistema. Cuando estos opositores se quejan de que se les diga “fifís”, dicen que eso es “violencia”, cuando el propio sistema ha desaparecido y ejecutado a treinta veces más seres humanos que los que aquí se quejan del sol. Cuando se les dice “fifís” dicen que eso “divide” al país cuando la mexicana es, desde el siglo XVI, una sociedad de castas, donde la fantasía subyacente es que todo estaría mejor si cada quien permanece en su lugar asignado por el color de piel, el apellido y sus relaciones cortesanas. Ahora se reivindican “fifís” sin darse cuenta de que eso los denigra porque, entonces, sólo son humanos con respecto a su posición o a su aspiración social. Su reacción es defensiva ante la posibilidad que irrumpió. No van a dejar de vivir en su fantasía, pero, al menos, sabrán que es una fantasía. Que lo que los mantiene en su posición social, en su nivel de ingreso, en sus gastos, no es sólo la fantasía del “trabajo” sino la pobreza de los más, las desigualdades heredadas y acentuadas durante treinta años, los arreglos ilegales, la riqueza ilegítima, el que otros mueran para yo seguir viviendo.

La Democracia Realmente Existente quiere eliminar toda imposibilidad dentro de lo real. Ha creado individuos asépticos cuyo dudoso orgullo es que no son militantes. Somos “apartidistas” es el mantra de una supuesta pureza de lo neutral. La democracia liberal ha invisibilizado la política sobre la fantasía de que los problemas de una sociedad tienen soluciones “técnicas”, que sólo los expertos saben, que sólo los economistas tienen acceso al lenguaje del futuro. Buena parte de lo que excede a los representantes del “cambio verdadero” es no alcanzar a desfondar las fantasías que lo negaron. Una de ellas es que existe un marco indisputable que lo circunscribe. Las coordenadas pueden cambiarse retrospectivamente para comenzar el porvenir habitable aquí y ahora. El acto de lo imposible está ahí, se realizó, no puede continuar porque esa es la naturaleza de un acontecimiento. La clave es cómo se piensa y cambia las coordenadas que lo negaron.

Pero, lo he dicho siempre: no tengo soluciones, no es mi papel, porque estaría contribuyendo a generar más fantasías. Sólo vine aquí a hablar del cambio en la escucha social que vive México en estos días. ¡Ah!, y a comerme un par de hot dogs de carrito.

 

 

 

 

 

 

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A espaldas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas algunos funcionarios de la denominada “Cuarta Transformación” en Chiapas siguen realizando las mismas prácticas de corrupción que antes. Ahora los señalamientos sobre presuntas irregularidades ha caído sobre el actual Director de Patrimonio del Gobierno del Estado, Juan Morales Valdez, a quien se le acusa de hacer uso de propiedad estatal para beneficios personales.

De acuerdo a testigos, el más reciente ejemplo de las arbitrariedades cometidas por Morales Valdez sucedió el pasado viernes 17 de mayo cuando el funcionario estatal sustrajo de manera ilegal ganado inventariado por la Dirección de Patrimonio Estatal para elaboración del banquete de una fiesta que se ofreció a más de cien personas, con abundante dispendio de bebidas alcohólicas, en el rancho “Mi Lupita”, propiedad del empresario Enoch Santos.

La irregular maniobra estuvo a cargo del jefe de almacén, Daniel Alejandro López Sánchez, quien se encargó de sustraer e intentar eliminar las evidencias del inventario. Según los testigos del hecho, no se trata de la primera vez que Juan Morales Valdez realiza este tipo de procedimientos anómalos durante su aún breve estancia por la Dirección de Patrimonio.

Este tipo de maniobras no abonan en nada a las intenciones de cambio y combate a la corrupción que ha prometido la cuarta transformación de México. Resulta evidente que funcionarios como Morales Valdez están traicionando la confianza de quienes le confiaron el cargo público, convirtiéndose en un elevado riesgo de descrédito y señalamientos para el aún recién iniciado gobierno de Escandón Cadenas.

Después de 12 años de lucha por la defensa del territorio, el Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla alcanzó acuerdos con el gobierno del Estado de México y la empresa TEYA, filial del Grupo HIGA, en la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

En conferencia de prensa, el Consejo Supremo recordó que la lucha que emprendieron contra el proyecto carretero, para el que no fueron consultados, terminó en una estela de abusos, amenazas e invasión de terrenos, ante un avance del 93.7% de la obra, por lo que a partir de abril de 2016 decidió sentarse a negociar para dar una salida “alternativa al conflicto”.

Como resultado de las negociaciones, con el respaldo de un equipo multidisciplinario de expertos y la observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), los indígenas de Xochicuautla lograron garantizar “la relación ancestral con nuestras montañas, así con nuestros lugares sagrados”.

Uno de los principales logros de las negociaciones fue alcanzar “una alternativa técnicamente superior a la del gobierno y la empresa” constructora de la autopista, que tiene 39. 9 kilómetros de longitud, de los cuales a Xochicuautla, municipio de Lerma, sólo le afectan 2 mil 300, el 6.3% del total.

Los integrantes del Consejo resaltaron que los restantes 37 kilómetros ya construidos atraviesan a otros 10 pueblos o comunidades, donde “la estrategia de intimidación, represión y hostigamiento hizo que estos pueblos desistieran de la lucha, y en algunos casos no hubo resistencia al paso de la autopista”.

De igual manera, explicaron que gracias a la negociación arrancaron a la empresa la construcción de 10 pasos vehiculares y peatonales hacia la región boscosa, que en el proyecto original mantenía a la comunidad indígena prácticamente aislada, con sólo dos pasos hacia sus sitios sagrados.

Durante dos años de negociaciones alcanzaron un “Plan de Desarrollo Integral” para toda la comunidad en materia de educación, cultura, salud, deporte, productiva, forestal y de infraestructura.

En el pronunciamiento leído en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, también hablaron de las dificultades que tuvieron que pasar para mantener su lucha por la defensa de la tierra.

“Nos golpearon, nos reprimieron y dividieron a nuestra comunidad. Perdimos 12 años preciosos de compartir con nuestras familias, recorrimos todo el país y parte del mundo difundiendo nuestra lucha. No nos sentamos a esperar a que otras y otros pelearan lo que nos toca hacer. No nos vencieron”, puntualiza el documento leído por el Consejo Supremo.

Armando García Salazar, integrante de ese cuerpo indígena, señaló que después de dos años de negociaciones con la empresa y el gobierno del Estado de México, la comunidad de San Francisco Xochicuautla, con más de 7 mil habitantes, logró las 10 conexiones al bosque, “le arrebatamos más de mil millones de pesos de su proyecto original, preservación de nuestras rutas de peregrinaje y nuestros sitios sagrados”.

García Salazar recordó que el saldo de la lucha de 12 años fueron 22 personas detenidas, entre ellas él, así como la destrucción de viviendas, la suya incluida, en abril de 2016.

Destacó que durante este tiempo los comunitarios indígenas interpusieron siete amparos, de los cuales tres siguen su curso y “son nuestra garantía de que la empresa y el gobierno del Estado de México van a cumplir los acuerdos”.

En entrevista con Apro, agregó que el Consejo Supremo decidió sentarse a dialogar después de las dos embestidas en mayo y noviembre de 2014, y el derribo de casas en 2016.

“La lectura que vimos que el gobierno hacía era levantar a los líderes que movían a la comunidad, desaparecerlos o sembrarles un delito y meterlos a la cárcel. Ya nos perseguían judiciales ya sabíamos que había órdenes de aprehensión. La presión era enorme y dejar la lucha a esa altura y sin hacer nada, no nos convenía”, explicó.

García Salazar destacó que el sentarse a negociar les permitió mantener la relación con el bosque y sus centros ceremoniales otomíes, y detener “la intención de aislar a San Francisco Xochicuautla e irnos comprando poco a poquito nuestros terrenos para construir una zona residencial campestre, pero en la parte alta están nuestros manantiales y estamos sobre el río San Lorenzo, que alimenta al río Cutzamala”.

Finalmente, resaltó que los acuerdos con el gobierno estatal y la empresa incluyeron la creación de un órgano de contraloría en el que se encuentran integrantes de la comunidad, en tanto que la ONU-DH y la CNDH se mantendrán al tanto del cumplimiento.

 

 

 

 

Periódico impreso edición No. 1642 del día 23 de Mayo del 2019  . [Leer completo].

Amnistía Internacional (AI) alertó sobre los riesgos de que leyes secundarias de la Guardia Nacional no contemplen de forma plena estándares internacionales de derechos humanos, por lo que hizo un llamado a la Cámara de Diputados a corregir el error antes de que se formalicen.

Luego de que el Senado de la República aprobara  la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza,  la Ley Nacional del Registro de Detenciones y modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la directora ejecutiva de AI en México, Tania Reneaum, reprobó la falta de transparencia del proceso legislativo.

“Lamentamos la prisa y la opacidad con que el Senado aprobó estas leyes sin hacer públicos sus borradores, lo que impidió que recibiera contribuciones puntuales de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, de los organismos internacionales de derechos humanos y de otras personas expertas”, dijo la defensora tras puntualizar que los diputados tienen “posibilidad de enmendar para asegurar la mayor protección a los derechos humanos”.

Al poner a disposición de los legisladores los “insumos técnicos”, la defensora advirtió que tal como están algunos de los lineamientos de las iniciativas aprobadas por el Senado, “pondrían en riesgo los derechos humanos de la población y socavarían así la estrategia de seguridad del nuevo gobierno”.

En un comunicado, la organización internacional manifestó su preocupación por “la ausencia de mecanismos independientes de control del actuar de las policías y de la Guardia Nacional, y la falta de salvaguardas para limitar el uso de la fuerza durante manifestaciones”, toda vez que la ley autoriza el uso de la fuerza cuando las movilizaciones sociales no tengan un “objeto lícito”, lo que quedaría al arbitrio de las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional.

“Si el Congreso aprueba esta legislación, la Guardia Nacional se constituirá en un todopoderoso cuerpo de seguridad, sin supervisión independiente, con perniciosas facultades como detener personas migrantes y permitir el uso de la fuerza si consideran que las manifestaciones públicas no son legítimas”, puntualizó Reneaum.

Sobre la ley de uso de la fuerza, la organización identificó “desde definiciones erróneas de uso de la fuerza y de tipos de armas, hasta requisitos insuficientes para autorizar el uso legal de la fuerza letal”, sin que se incluyan “mayores controles y sin exigir una decisión que tome en cuenta las circunstancias de cada caso”.

Aunque la legislación incluyó los principios rectores del uso de la fuerza, que son legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, Amnistía Internacional consideró preocupante que “su definición se aleja de los estándares internacionales y su uso es problemático y contradictorio, pues algunos artículos de la ley parecen establecer un menor grado de protección de los derechos humanos”.

Si bien la organización reconoció algunos avances en la protección de derechos humanos, las leyes secundarias “cuentan también con una serie de retos y graves errores que podrían provocar más abusos en un país asolado por más de una década de crisis de seguridad y de violaciones a derechos humanos”.

Tania Reneaum reprochó que integrantes del Senado sostuvieron que recomendaciones de Amnistía Internacional habían sido consideradas en la elaboración de las propuestas legislativas, que se mantuvieron en secreto hasta que fueron votadas, observándose deficiencias “que la organización pudo haber señalado si el Senado hubiese permitido la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil”.

La organización reconoció, por otra parte, que la creación de un registro de detenciones “podría ser un paso importante para prevenir las detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos como la tortura y las desapariciones forzadas”, y  se comprometió a estar atenta a su implementación y a la creación de un registro de detenciones de personas  migrantes “que deberá responder a las normas internacionales de protección internacionales sobre estas poblaciones”.