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A las casi mil personas que ya ingresaron a México y otras tres mil que esperan ingresar a territorio nacional, el gobierno mexicano les ha dicho que, si quieren trabajo, se los darán en el marco de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, pero sólo en sus respectivos países de origen.

A casi 48 horas horas de la llegada del éxodo de migrantes a la frontera sur mexicana, decenas de organizaciones civiles defensoras de los derechos de los migrantes denunciaron la falta de claridad por parte del gobierno mexicano, lo que ha generado tensión e incertidumbre entre los miles de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar en la frontera sur mexicana.

“No hay claridad por parte del gobierno mexicano sobre los procedimientos migratorios que están realizando, nos preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país y que las personas integrantes de las caravanas tienen necesidades humanitarias que no están atendiendo las autoridades responsables de los países implicados en este fenómeno social”, dijo el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano.

El colectivo conformado por el American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA y Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes, reactivaron el monitoreo de Derechos Humanos frente a la llegada de la Caravana del Éxodo Centroamericano.

Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrieron la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán desde diferentes puntos. De igual manera se mantienen en contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.

En este contexto, han identificado la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertaron de la presencia de personal de seguridad privada.

Denunciaron que elementos de la GN y Policía Federal vestidos de civiles estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integran la misión de monitoreo durante el día sábado.

Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos.

Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y que durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y sólo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano.

Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández.

En todo momento, el mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron nunca las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.

Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas, especialmente hombres jóvenes, intentaron cruzar por el río.

Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso.

Lo más grave es que algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares que se encontraban dentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.

En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas.

Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses, las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen.

Hacia las 16:00 horas, ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.

Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conforman el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano se dijeron preocupados por la ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional; por la falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar.

Denunciaron la ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM.

Destacaron que hubo un protagonismo de la GN durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso, del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes o personas en condición de discapacidad.

El Colectivo dijo que hay un aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco y aumentaron también las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufren las personas y organizaciones defensoras de  derechos humanos.

Pero les preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.

 

Los cuestionamientos a las reformas al sistema de justicia penal propuestas por la Fiscalía General de la República (FGR) continuaron este jueves y se enfocaron en los efectos sobre el sistema penitenciario.

De acuerdo con el análisis de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), las iniciativas del fiscal Alejandro Gertz Manero reflejan “retrocesos graves”, dejando sin efecto los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, mientras que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se introduce el “trabajo forzado” y se convierte a las personas privadas de libertad en objetos de estudio, además de que se “busca perpetuar el encarcelamiento masivo”.

Asilegal consideró que el paquete de reformas entregadas al Senado de la República va en contra de lineamientos recientemente planteados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que urgió a México a “seguir en el camino de eliminar el arraigo del sistema de justicia”, lo que no fue tomado en cuenta en la iniciativa, y más bien plantea el arraigo como “una nueva herramienta de abuso de derechos humanos, pues ya no se restringirá únicamente al crimen organizado, sino que aplicará como medida cautelar para cualquier otro tipo de delito”.

Es “alarmante” que el fiscal Alejandro Gertz Manero haga semejante propuesta, no sólo en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también en la reforma constitucional al artículo 16.

“Lo que más preocupa, puntualmente, es la gravísima intención de dar un retroceso en materia de derechos humanos, dejar sin utilidad o sin efecto los tratados internacionales que se han ratificado por nuestro país”, dejando a la población en general “en un estado de vulnerabilidad acrecentado ante los atropellos sistemáticos del aparato de justicia y las autoridades que lo componen”, alertó Asilegal.

En cuanto a las reformas a la actual Ley Nacional de Ejecución Penal, que al menos buscaba dejar “atrás las políticas punitivas y de encarcelamiento masivo”, la organización civil destacó que las personas sujetas a privación de la libertad serán sometidas a “test de personalidad y peligrosidad”, que ya había sido superado al no tener cabida en un modelo de reinserción social, como el que actualmente existe.

Destacó que la reforma respectiva incluye en sus conceptos la “industria penitenciaria”, que obligaría a las personas privadas de libertad a “que adquieran hábito del trabajo” como mecanismo de tratamiento.

Con la propuesta, abundó, las personas privadas de libertad “quedan reducidas estrictamente a mano de obra, cuya aportación y valor único a la sociedad es solamente correspondiente a los frutos económicos de su trabajo, el cual además sería forzado”.

También consideró preocupante la supresión de facultades de los jueces de ejecución, “que son vitales para la debida garantía de los derechos de las personas privadas de libertad y se trasladan a la autoridad penitenciara, quitando el control judicial efectivo de los actos que se realicen al interior de los centros penitenciarios”.

La propuesta de Gertz Manero establece que los jueces de ejecución ya no participen “en la determinación de los traslados voluntarios, dejando únicamente a la discrecionalidad de las autoridades penitenciarias la movilidad de los centros; por otro lado, a la autoridad penitenciaria se le dan facultades muy amplias para determinar si una persona es peligrosa o que exista un riesgo, sin un judicial de por medio”.

Según Asilegal, es “alarmante” que se pongan obstáculos para acceder a beneficios preliberacionales y a medidas no privativas de libertad, extendiendo de 70 a 75% el porcentaje necesario de la pena para poder tramitar una libertad anticipada, “abonando a una política criminal que busca perpetuar el encarcelamiento masivo”.

Al calificar de positivas las propuestas de delimitar el campo de actuación de las autoridades en materia de reinserción social, entre ellas la creación de servicios postpenitenciarios, la organización exhortó al Congreso de la Unión a que “se comprometa a cumplir con las obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de derechos humanos, pero sobre todo que se abstenga de llevar al país por un camino de retrocesos que terminan por afectar profundamente los derechos que ya estaban reconocidos”.

El senador Ricardo Monreal aplazó hasta el primero de febrero, la presentación de una reforma constitucional “profunda” y “compleja” al sistema de justicia penal en México, luego de que este martes fueran filtrados nueve supuestos borradores.

“Nosotros queremos actuar con mucha seriedad. Por el momento como coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas que, según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el primero de febrero o los primeros días de febrero”, dijo.

Además adelantó que, como se ha resultado en otros procesos –por ejemplo con las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional– el Senado realizará foros ciudadanos a fin de consensuar con todas las fuerzas políticas y la sociedad civil, las reformas constitucionales que modificarían los artículos 5º, 16, 18, 19, 20 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102,116 y 122.

En dicho proceso Monreal expresó su deseo de que sean aprobadas, si no de manera unánime, sí “con una amplia mayoría”.

Comparecen Cordero, Gertz y Scherer

Esta mañana compareció el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante senadores y miembros de la Jucopo para presentar un resumen de las propuestas.

El fiscal Gertz Manero, señaló que en el mes de junio se reunió con integrantes del senado en donde trató la “crisis de seguridad que había en el país”, y prometió “ir generando un proyecto que realmente generara una respuesta global a un problema que tiene la misma dimensión”.

“Se han hecho esfuerzos durante los últimos veinte años generando respuestas parciales que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución, que no solamente contenga, sino que deje que siga creciendo esta situación que es la más aflictiva de nuestro país”, señaló durante la reunión.

Año récord en homicidios

Hasta el pasado mes de noviembre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se habían registrado 31 mil 688 homicidios por lo que se prevé que el 2019 termine como el año más violento desde que hay estos registros.

Ante ello, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial de la Federación y el aval de los gobernadores, han trabajado un proyecto de reforma constitucional “profunda” y “compleja” al sistema de justicia que iniciaría de cero “todo lo que no ha podido resolver” la actual, señaló el fiscal.

Violación de la presunción de inocencia

Frente a la propuesta, esta mañana el senador Samuel García, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, convocó a conferencia de prensa, previa a la presentación de Gertz Manero ante la cámara alta, en la que señaló “que el paquete de reformas del Ejecutivo presenta una serie de retrocesos al sistema de justicia penal que violan la presunción de inocencia”.

“Muchas figuras del nuevo sistema acusatorio se van a quitar y otras del sistema inquisitorio se van agregar, por ejemplo se está solicitando desde la Constitución volver al arraigo, arraigo de 40 días para todos los delitos. Es un tema que no podemos definitivamente aceptar, es una figura caduca que la misma ONU está pidiendo a nivel mundial quitar porque viola completamente la presunción de inocencia” dijo.

“Se vuelven a aprobar los cateos sin un procedimiento, se vuelve a aprobar la intervención de comunicaciones que estaba prohibida por la Constitución, se vuelve a tolerar y permitir que las autoridades violen nuestra comunicación, nuestra correspondencia, nuestros correos, nuestros celulares nuestro WhatsApp y eso también es inaceptable”, añadió.

Polémicas “reformas”.

Entre las medidas que fueron filtradas y que no fueron corroboradas, destacan: modificaciones que buscarían permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios y restringir el uso de amparos para evitar dilatar las extradiciones, entre otras, según las versiones que circularon este martes.

A decir de la agencia de comunicaciones Reuters, La fracción IX del artículo 20 de la Constitución mexicana dispone la “nulidad” de “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales” como las intervenciones de comunicaciones privadas sin autorización de un juez.

Sin embargo, una de las reformas propuestas a la Carta Magna permitiría su uso buscando que “ante la existencia de una actuación ilegal en la investigación ello no suponga automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley”.

“Las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas podrán, en su caso, ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa”, señala uno de los documentos a los que también tuvo acceso este semanario.

Ampliar el arraigo, una de las propuestas

Otra de las polémicas medidas, plantea ampliar la figura del arraigo para todos los delitos, eliminándose la restricción de su aplicación a delitos de delincuencia organizada, se lee en la modificación al artículo 16 de la Constitución de un borrador al que tuvo acceso Proceso.

El proyecto de iniciativa también modifica el plazo máximo en el que la autoridad judicial o el Ministerio Público pueden decretar el arraigo de una persona, reduciéndolo de 80 a 40 días.

Por otro lado, plantea cambiar otro párrafo del artículo 16 para que la autoridad judicial federal pueda consentir la intervención de cualquier comunicación privada en materias de carácter fiscal y electoral, pese a que en la actualidad está prohibido igual que en materias de carácter mercantil, civil, laboral y administrativo.

Además, se prevé una ampliación de los plazos en los que un indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público, es decir más de 48 horas, para que se ordene su libertad o se le ponga a disposición de la autoridad judicial, para los delitos de corrupción o “aquellos que por sus características o circunstancias de ejecución o relevancia social impliquen una cantidad significativa de actos de investigación”.

Actualmente, esto solo aplica en el delito de delincuencia organizada.

Eliminar la vinculación a proceso,

Además, se eliminaría el auto de vinculación a proceso del artículo 19, que establece que “ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso.

En lugar de esto, se plantea que una vez que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial se cite a audiencia inicial y se determine de inmediato si el imputado será o no sometido a una medida cautelar.

Por último, con las supuestas modificaciones constitucionales, se pretende reformar la Ley de Amparo, la ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el Código Penal Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de la Fiscalía General de la República.

El programa “Mochila Segura” aplicado en escuelas de educación básica en México es “violatorio al derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes”, aseguraron expertos que formaron parte del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y cuestionaron su efectividad para prevenir la violencia en los centros de enseñanza.

En una conferencia virtual titulada: “Infancia y Juventud frente a la crisis y el conflicto social en América Latina y el Caribe. Balance y perspectivas”, los expertos Norberto Liwski, Jorge Cardona y Sara Oviedo reflexionaron sobre la respuesta del Estado mexicano a casos como el ocurrido en Torreón, Coahuila, la semana pasada, cuando un menor de 11 años ingresó armado a su escuela y mató a una maestra, lesionó a otro profesor y a cinco alumnos, y posteriormente se suicidó.

También hablaron del contexto de violencia en que vive la infancia y adolescencia mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, al que algunos menores han sido incorporados, muchas veces a partir del reclutamiento forzado.

La conferencia virtual fue mediada por Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien recordó que la política de “Mochila Segura” había tenido observaciones negativas por parte del Comité y había recomendado al país modificar la política de combate al narcotráfico para garantizar los derechos de la infancia y evitar el reclutamiento forzado.

Sara Oviedo, de Ecuador, resaltó que la participación de menores en actividades delictivas como el narcotráfico se origina muchas veces en sus propias familias, “en las que son incorporados completamente todos los miembros en actos delictivos, como venta de droga en pequeñas proporciones en las calles”.

Al reconocer que los defensores de derechos de los niños no han visibilizado suficientemente el problema, en el caso de Torreón llamó a “analizar la situación concreta de seguridad del establecimiento educativo”, aunque puntualizó que el programa de “Mochila Segura” es una forma de “criminalizar a los niños, de ir endureciendo sus libertades en respuesta a un hecho dramático”.

A su vez, el experto argentino Norberto Liwski lamentó la criminalización de niñas, niños y adolescentes, “para darle una satisfacción a la sociedad de que se avanza en la lucha contra el narcotráfico”, por lo que convocó a los Estados a “incluir la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera imprescindible en la agenda de la lucha contra el narcotráfico”.

Tras recordar que en Argentina se suscitó hace años un hecho “dramático” como el de Torreón, “un hecho doloroso triste que genera enorme conmoción”, dijo que frente a la tragedia “es un error considerar a las escuelas como ámbito generador de violencia”.

Añadió: “Cuando se instala el concepto de la inseguridad escolar, se agravia a la escuela, a la comunidad educativa, y se crea un falso escenario de tranquilidad social y familiar respecto a posibles hechos de violencia”.

Para el experto, “la historia de ‘Mochila Segura’ es una manifiesta privación de privacidad de los niños”, además de un elemento “anti pedagógico y anti social que está violando derechos”.

El también asesor del Instituto Interamericano del Niño (IIN), organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA), dio cuenta de cifras sobre la situación de pobreza y pobreza extrema en América Latina, donde los menores son las principales víctimas del deterioro económico y social.

Liwski resaltó que los datos duros sobre la situación de pobreza en el continente --de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)-- advierten que ha habido un retroceso en los países de la región en los últimos cinco años, reflejado en “un aumento de la desigualdad” social y económica de la población.

Partiendo de 2002, cuando 45% de la población de la región (230 millones de personas) estaba en niveles de pobreza y 12.2% (62 millones) en pobreza extrema, la Cepal establece que entre 2012 y 2014 hubo una leve mejoría al reducirse los niveles de pobreza en 27.8% y la extrema a 7%.

Sin embargo, apuntó Liwski, en 2019 los niveles de desigualdad y pobreza se dispararon nuevamente, con 31% de la población (191 millones) en condiciones de pobreza y 12% (72 millones) en extrema pobreza.

El experto apuntó que entre la población menor de 18 años la desigualdad tiene efectos devastadores, pues mientras entre los marginados 77% no terminaron la escuela secundaria, para los provenientes de familias de ingresos medios el porcentaje fue de 10%.

De igual manera, resaltó que, a 30 años de la aprobación de la Convención Internacional del Niño, otras violencias que les ha tocado sufrir a los menores en América Latina tienen que ver con la “violencia política”, derivada de la protesta social en diversos países en los que los adolescentes han sido protagonistas, como en Chile.

En este contexto, el experto hizo referencia a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como un asunto que “se mantiene en la impunidad, sin que hasta la fecha haya certeza de su destino”.

Jorge Cardona, abogado español y catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia, resaltó que siendo diversas las causas de la violencia, en todos los casos “las niñas, niños y adolescentes implicados en ella son víctimas y no victimarios”.

Tras señalar que no sólo la exclusión social, sino los medios de comunicación tienen una “enorme responsabilidad en la criminalización de la adolescencia” en contextos de violencia, Cardona destacó que en América Latina el acceso a la educación de calidad “sólo es para una élite”, de ahí que “si el sistema educativo expulsa a los más marginados y éstos terminan sin nada qué hacer, quedan a merced de bandas organizadas que los utilizan”.

El involucramiento de la infancia o la adolescencia en temas de violencia, abundó, “son efectos de otras causas”, a las que los Estados deberían enfocarse en lugar de criminalizar.

En ese sentido, llamó a combatir “la inequidad, exclusión, desigualdad económica, exclusión social, mala calidad de la educación y la falta de acceso de oportunidades”, detonadores de distintas problemáticas que estarían afectando a la infancia y a la adolescencia.

En cuanto a la reacción del gobierno mexicano ante la tragedia en Torreón, Cardona puntualizó que la solución “no es el Estado policial”, y el programa “Mochila Segura”, dijo, “es un atentado a la intimidad de los niños”.

Señaló que el programa de distribución de recursos públicos encaminado a tener entre los adolescentes a “becarios y no sicarios” es una “buena decisión, lástima que no se haga para luchar contra la inequidad y por el acceso a la educación con independencia de su nivel económico”.

Como medida desesperada docentes de diferentes niveles y sectores de Chiapas realizaron una protesta en Tuxtla Gutiérrez, para exigir una demanda común que los aqueja desde hace años: la falta de pagos

Desde temprano, los maestros interinos de las Escuelas Secundarias Técnicas 156 y 134 de Real del Bosque y El Refugio en Chiapa de Corzo, arribaron al centro de la ciudad para exigier el pago de salarios que devengaron durante el ciclo escolar 2018-2019.

Rodolfo Cruz Ocaña vocero y coordinador académico de la ESTI 156, explicó que unos 20 docentes se encuentran en esta situación; y el adeudo por cada plantel es de un millón 800 mil pesos.

“Debido a que tenemos un año sin recibir sueldo, hemos solicitado préstamos para poder sostener a nuestras familias, mismos que esperamos poder liquidar con el dinero que les debe la Secretaría de Educación”, expresó.

En este caso los docentes pidieron la intervención del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, porque la respuesta que les han dado siempre es la misma: que la Secretaría de Hacienda no tiene recursos.

De la misma manera un segundo grupo, de interinos del nivel indígena arribaron al centro de Tuxtla para iniciar a partir de este lunes un plantón indefinido en la entrada del palacio de gobierno del estado en demanda de los pagos correspondientes al 2019.

Estos docentes dieron a conocer que debido a la modalidad en la que trabajan que es por interinato y la modalidad de “costeo” son enviados a comunidades de la Zona Altos de la entidad y otras de alto grado de marginación.

A este sector se le adeuda cerca de 18 millones de pesos, correspondiente al año 2019 por es por ello que amenazan con suspender el ciclo escolar en caso de no obtener respuesta en este caso.

 “Ayúdame con el tema de la verdad y la justicia”, dijo Andrés Manuel López Obrador como presidente electo la última vez que se reunió con Javier Sicilia. La plática, recuerda el poeta, fue para pedirle que se comprometiera a dar justicia a las familias de miles de asesinados, desaparecidos y desplazados por la guerra contra el narcotráfico y dejar la estrategia militar aplicada por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero entonces, como ahora, el tabasqueño no ha dado respuesta a la demanda.

“Cuando asumió la Presidencia cambió, no cumplió; nos dio la espalda”, afirma Sicilia, quien le ha escrito tres cartas al presidente pidiéndole justicia; la última, anunciándole que hará una caminata de 100 kilómetros por la paz, “como un deber ético frente al dolor y la muerte que no cesan, que crecen, que amenazan con destruir todo”, precisa el escritor, cuyo hijo Juan fue asesinado en 2011.

La relación de López Obrador con los familiares de las víctimas de la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico ha sido ríspida, difícil y hasta de confrontaciones.

En la reunión con ellas, que se realizó en el Castillo de Chapultepec en 2012, el entonces candidato presidencial tuvo poca empatía, recuerda Sicilia. Seis años después, ya como presidente electo, los gritos de reclamo de “ni perdón ni olvido”, cuando López Obrador propuso la amnistía, llenaron el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde se llevó a cabo el segundo diálogo con los colectivos.

Entonces se programaron 20 foros a escala nacional para recoger las voces y propuestas de los familiares de las víctimas. El 7 de agosto López Obrador inauguró el primero, en Ciudad Juárez, y ahí se repitió el reclamo de “ni perdón ni olvido”. Los foros no concluyeron, se suspendieron cuando se iba a realizar el número 16. El 8 de octubre de 2018 Loretta Ortiz, coordinadora de la consulta de pacificación, y Alfonso Durazo, designado para ser secretario de Seguridad Pública, confirmaron la cancelación, aunque dijeron que las propuestas para la pacificación seguirían siendo recibidas por internet.

Sin embargo, los reclamos siguieron llegando a López Obrador, quien se comprometió a dar una respuesta satisfactoria.

“Es algo que no entendemos. Me remonto a 2102, cuando hubo ese encuentro ríspido y no fue empático con las víctimas. Siempre lo he admirado y reconocido, porque ningún político ha recorrido el país como él pero, como parte de la clase política, no entendió la dimensión de la tragedia. Por eso yo hice campaña por el voto blanco y eso le molestó”, recuerda Sicilia enentrevista.

Cuando empezaron las campañas electorales de 2018, señala Sicilia, se buscó a López Obrador y a los otros candidatos a la Presidencia para establecer una agenda pública sobre la atención a los familiares de las víctimas y un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado. La reunión pública se dio el 8 de mayo en el Museo de la Memoria y Tolerancia, pero antes hubo un encuentro privado con López Obrador y Alfonso Romo.

“Las palabras de Andrés Manuel fueron éstas: ‘Ya se cómo enfrentar el problema del país, sé cómo hacerlo, pero no sé cómo hacerlo con las víctimas, ayúdenme con el tema de la verdad y la justicia’”.

En dicho encuentro, efectuado a mediados de agosto de 2018 en la casa de transición, López Obrador invitó a Sicilia a trabajar en el equipo de gobierno que estaba preparando. “Yo no soy el adecuado, soy mejor afuera, no soy un hombre disciplinado con las instituciones”, le respondió el poeta.

Sin embargo, se pactó trazar la ruta de la elaboración de la política de Estado para combatir la inseguridad. Se llevaron a cabo reuniones y los foros. Participaron expertos nacionales y extranjeros, familiares de víctimas y especialistas en justicia transicional.

Con todo ello se redactó un documento de propuestas. En él se planteaba la creación de un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad en México –a fin de contrarrestar la debilidad sistemática del sistema judicial mexicano–, el cual estaría coordinado por la ONU para contar con investigaciones independientes e impulsar la autonomía de la Fiscalía General ante el poder y los intereses económicos.

El escritor afirma que se le entregaron al equipo de López Obrador las propuestas de una justicia transicional que empieza por buscar la verdad, dar justicia y reparación del daño, para finalmente terminar con el perdón. No obstante, no las tomaron en cuenta.

“El pasado 6 de enero, cuando le hacen la pregunta al presidente de qué pasó con esa agenda que reclamamos nosotros, no dice nada y la remite a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esa es una señal clara de que no tomaron en cuenta esas propuestas, que desecharon esos documentos. Y por habernos dado la espalda ha habido un costo.”

El jueves 9 un grupo de activistas, encabezados por Sicilia, el agricultor mormón Julián LeBarón, la defensora de derechos humanos Mariclaire Acosta, el exsacerdote Alberto Athié –quien denunció los abusos sexuales de Marcial Maciel– y Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos humanos, anunció que realizaría una caminata por la paz de Cuernavaca a la Ciudad de México.

El poeta precisa que no hay enemistad con el jefe del Ejecutivo: “A la mejor no le cae bien mi persona, pero no se trata de mí, sino que escuche el contenido de la caminata. Porque decir ‘me da flojera, me quiere sentar en el banquillo’, es no haber entendido que soy sólo la voz de una exigencia y demanda social.

“Si no me quiere recibir está bien, pero que escuche la voz, el reclamo social de una propuesta de justicia y de un llamado a que unifique a la nación. No es tiempo de los megaproyectos, no nos sirven, nos están violentando más, no es tiempo de una discusión de esa naturaleza mientras no haya verdad y justicia, una ruta de paz.”

Aclara que tampoco se trata de “sentarlo en el banquillo de los acusados”, “vilipendiarlo” ni “decirle sus verdades”, sino de llamarlo a retomar la agenda sobre verdad, justicia y paz.

No habrá jamás justicia ni paz ni seguridad, mucho menos reconciliación ni la amnistía con la que sueña el presidente: sin verdad ni justicia la amnistía sólo puede ser solidaria de la impunidad y el crimen. No habrá tampoco transformación, no habrá vida política. Lo que habrá es más violencia, más dolor, más olvido, más impunidad, más muerte y más fosas”, advierte Sicilia en víspera de la caminata por la paz.

Nombramientos en Chiapas anuncian regresión

Morales Urbina y Sarmiento Tovilla incapacitados política y moralmente

El pasado 14 de enero, el secretario de Gobierno del estado de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, dio posesión al licenciado Marco Antonio Sarmiento Tovilla como subsecretario de Servicios y Gobernanza Política, y a la doctora María de Lourdes Morales Urbina como directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

La pésima nota redactada por el prófugo de Blanca Nieves destaca que “por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, los nuevos funcionarios fueron nombrados por sus méritos y trayectorias”.

Así lo manifestó Brito Mazariegos al exhortarlos a cumplir con su encargo.

“Solicito su decidida colaboración, basada en la legalidad, para fortalecer las actividades correspondientes con ética, profesionalismo y responsabilidad en el trabajo que realiza la institución”. Y, ya encarrerado, Brito Mazariegos resaltó la formación profesional, capacidades y trayectoria de María de Lourdes y Marco Antonio.

Ni lo uno ni lo otro. Si de algo carecen los hoy espurios funcionarios es, precisamente, de los méritos de ficción con que el secretario Brito Mazariegos pretende presentarlos ante la comunidad política, la ciudadanía y el electorado.

María de Lourdes Morales es de larga data en la administración pública, en la administración de justicia y en el ejercicio de funciones electorales. Cobró relevancia y notoriedad por su marcada propensión a la violación de los derechos humanos y a su intromisión en los órganos autónomos del Estado mexicano.

Proclive y entrenada para la represión, Morales Urbina se estrenó, durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, como asesora de la Secretaría de Gobierno en materia de derechos humanos, al mando de Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la reclusa Rosario Robles.

Ahí, Morales Urbina tenía una sola encomienda: Vigilar al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, para evitar recomendaciones incómodas a los órganos represivos del Estado que dañaran la imagen y el bueno nombre del gobernador Pablo Salazar.

María de Lourdes cumplió a plenitud la deleznable encomienda. Sin ningún recato pedía a López Hernández cada recomendación emitida al Procurador  Mariano Herrán Salvatti y a los secretarios de Seguridad Pública, Mauricio Gándara Gallardo y Horacio Schroeder Bejarano.

La intención era evidente, conocer con anticipación cada recomendación para proceder a su modificación y redactarla en los términos más tersos posibles. Durante su encargo, María de Lourdes conoció  a César Chávez Castillo, el célebre “Barba Sucia”, bautizado así por el grande del periodismo en Chiapas, Pepe Figueroa, en su prestigiosa columna Café Avenida.

Desde el principio, “Barba Sucia” y Morales Urbina formaron una pareja infernal. En su calidad de coordinador de asesores, Chávez Castillo protagonizó gran parte de la represión institucionalizada en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con su brazo armado, María de Lourdes Morales. Como López Hernández jamás se doblegó, en un exceso por intimidarlo, el fatídico César Chávez revivió la famosa frase de las tres erres autoría del ex gobernador Patrocinio González. Si no te alineas ¿qué quieres?: Destierro, encierro o entierro.

Se llegó, incluso, al extremo de querer desaparecer a López Hernández.  Así consta cuando al salir de su casa, y dirigirse a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se perpetró un intento de homicidio contra su persona. De este episodio fue testigo la Embajadora del Reino Unido en México cuando lo esperaba en la Comisión y López Hernández llegó golpeado y sangrando.  Además, en otro intento intimidatorio, la recámara de una de sus hijas fue baleada desde fuera del domicilio.

Imposibilitados, ambos, para controlar a López Hernández, Morales Urbina fue nombrada directora de Capacitación del Instituto Estatal Electoral con la encomienda de apuntalar la candidatura del vicioso  Juan Sabines Guerrero. Desde ahí impartía cursos a quienes serían funcionarios electorales en los municipios, pero siempre con la amenaza y la recomendación de operar a favor de Juan Sabines Guerrero, el mayor ladrón en la historia de Chiapas, tal vez hoy superado por Manuel “La Cuija” Velasco.

Gracias a esos favores electorales, de un cargo secundario en el Instituto Electoral pasó a magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Y como recompensa suprema por sus méritos en campaña, el bandido de Sabines nombró a Morales Urbina magistrada del Tribunal Constitucional a pesar de su escasa reputación y honorabilidad para juzgar el cumplimiento de la Constitución.

Sus buenos oficios le permitieron incorporarse como presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Sólo que ahí salió por la puerta de atrás. Acostumbrada a violar la ley no observó los principios rectores de la equidad de género en la integración de las candidaturas a diputados locales y presidentes municipales, por lo cual, vergonzosamente, fue defenestrada del cargo y con orden de aprehensión en su contra.

Así, María de Lourdes Morales Urbina debe su “brillante trayectoria” a César Chávez y a su probada falta de escrúpulos para acomodarse al gobernante en turno.

Marco Antonio Sarmiento Tovilla, de reciente adquisición, es otra de las pifias rutilistas. Con graves complejos y severos problemas de personalidad, desquitaba sus frustraciones con los alumnos que tuvieron la mala fortuna de pasar por su “cátedra” de derecho civil y derecho administrativo en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas.

Pésimo en la exposición, poco le ayudaba su siniestra personalidad y esa voz tipluda que hacía de la clase un calvario para los alumnos.   Mitómano consumado, inventaba escenarios para hostilizar a los estudiantes. En una ocasión –de otras muchas tantas- acudió a la materia de derecho fiscal del décimo semestre para amenazar con repetir el examen bajo el insostenible argumento  de que se había entregado dinero al maestro para aprobar al grupo completo.

Cuando se le inquirió sobre cuál era esa evidencia, con todo desparpajo contestó que había una serie de grabaciones en poder del Rector en el que se escuchaba la negociación de calificaciones entre maestro y alumnos. Uno de los estudiantes bajó a la rectoría para pedir la escucha de esas grabaciones, a lo que el dirigente universitario contestó que no había ninguna grabación ni tampoco queja alguna.

Llamado Sarmiento Tovilla a la rectoría, no pudo sostener su infame falacia y de ahí fue despedido por su proclividad a inventar escenarios fuera de la ética,  de la docencia y la decencia que debe de acompañar a todo buen maestro.

Incorporado como asesor jurídico en la Secretaría de Transportes en el año 2015, se volvió famoso por su grado de holgazanería. Era común escuchar que el asesor Sarmiento Tovilla utilizaba las instalaciones de la institución para cubrir el sueño que le había quedado pendiente de la noche anterior. Ese comportamiento le valió el mote de “El Haragán de la Lomita”, en alusión a que la Secretaría de Transportes se encontraba ubicada en esa colonia.

Llamado después a colaborar en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, poco hubo de aportar a la administración de justicia. Su desconocimiento del derecho le impedía transitar por mejores formas de colaboración en el ejercicio y aplicación del derecho, y el mejoramiento de la administración de justicia.

Así, esas dos nuevas adquisiciones en el gobierno de Rutilio Escandón evidencian la poca disposición para una cuarta transformación.  Ampliaremos…

 

 

 

 

La venta del avión, una estafa de López Obrador

Rector de la UNICH, es corrupto y realiza tráfico de influencias

Por golpear a su esposa, delegado de Hacienda en Tapachula va al bote

El pasado viernes en su demagógica conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa cinco opciones para deshacerse del avión presidencial: desde rifarlo mediante seis millones de “cachitos” de Lotería, cuyo costo  rondaría alrededor de los 500 pesos en la Lotería hasta rentarlo por 15 mil dólares por hora.

Según López los recursos obtenidos por cualquiera de las alternativas serán destinados a infraestructura médica.

Todo esto huele a estafa, engaño, que López pretende embaucar de  nueva cuenta al pueblo, pues no será ni la primera vez ni la última maniobra para salirse con la suya.

Seguramente la venta de los cachitos de lotería serán todo un éxito, pues no hay que olvidar que aún existen 30 millones de mexicanos que votaron por él, y siguen siendo sus bebeantes seguidores, o pueden ser menos, pero de que el tabasqueño se llevará una buena tajada del dinero por la venta del avión, que finalmente no podrá ser vendido.

Porqué, el gobierno quien tiene la potestad de la nave, no la pueden vender porque no les pertenece, pues está bajo el mecanismo de arrendamiento, de tal suerte que no tienen la propiedad de ese bien.

Es más ni pueden rentar el avión, porque la propiedad la tiene Boeing, por eso fue la razón que no pudo ser vendido cuando fue llevado a los Estados Unidos para ser expuesto y que los compradores lo visitaran, lo conocieran y finalmente venderlo, pero ni una ni otra cosa, solo dinero tirado a la basura, es decir a los mexicanos nos costó 30 millones de pesos mantener el avión presidencial “José María Morelos y Pavón” TP01, en San Bernardo, California.

Un error más de López Obrador por no analizar las cosas antes de llevarlas a cabo, de ahí la crisis de todo tipo de se vive en México, sobre todo la crisis de los mexicanos, quienes hemos sido los más afectados por tantas improvisaciones tanto del tabasqueño como de su equipo de trabajo.

Por eso decimos a los interesados en comprar cachitos de lotería “aguas” porque esto huele mal, podría ser una nueva estafa del presidente, pues si sabe a ciencia cierta que el avión no se puede vender, porque este solo esta rentado y vuelvo a insistir son propietarios es la empresa Boeing y por lo tanto, seguir con esa idea, será como de cometer un fraude.

El Boeing 787-8 de la serie Dreamliner se encuentra desde este momento resguardo por la Sedena, el mismo que en la gestión de Peña Nieto por el uso del avión presidencial implicaba un gasto promedio anual de 17 millones de pesos en vuelos nacionales.

En contraste, el gobierno de López ha pagado en promedio un millón 328 mil pesos mensuales, solo por guardar el avión, lo que es claro que con la absurda decisión del de Macuspana le ha salido “más caro el caldo que las albóndigas”, es decir que el gobierno federal está pagando lo mismo y algo extra en el resguardo del avión al que con el solo hecho de utilizarlo le podría dar utilidades, pero su aberración hace que no esté llevando al abismo.

Zuart debe ser denunciado ante la CONAPRED por racista

El clasismo es un fenómeno heredero del racismo; el origen de la discriminación no se basa en este caso en diferencias étnicas, sino en la pertenencia a diferentes clases sociales, debido a las condiciones socioeconómicas del individuo o grupo social.

Cuando hablamos del racismo estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento.

El este mundo absurdo o bizarro encasillaremos al rector de la Universidad Intercultural (UNICH), Jorge Luis Zuart Macías que además de ser obtuso, intransigente y discriminador se ha confabulado con el corrupto, servil y bueno para nada del que cobra como presidente de la CEDH, Juan José Zepeda Bermúdez para ignorar a Fabián de Jesús Sántiz Arias, aspirante aprobado para la licenciatura en Médico Cirujano, discriminado por ser humilde, por ambas sabandijas.

Pienso que Jorge Ruiz Zuart vive en el error, ha de pensar que es rector de la Ibero o de la Universidad de Anáhuac y no que trabaja en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), una institución que busca formar profesionales comprometidos con la diversidad, los pueblos y lenguas originarias.

El ofendido Fabián de Jesús denunció ser ente ser víctima de discriminación, racismo por el clasista que tienen como rector, aspirante aprobado para la licenciatura en Médico Cirujano de la Unich.

Sántiz Arias fue sobajado por Zuart Macías, al haberle negado el ingreso a la licenciatura en Médico Cirujano, pese a haber aprobado las evaluaciones teóricas y haber logrado la posición 21 de 320 estudiantes durante el curso preuniversitario.

De manera injusta, lo dejaron fuera, mientras que estudiantes con menor calificación podrán iniciar su curso este lunes 20 de enero.

Durante nueve días Fabián Sántiz se puso en huelga de hambre, pero de acuerdo a una revisión médica que le fue realizada, el joven presentaba alteraciones gástricas, metabólicas y de la presión sanguínea, por lo que su familia pidió desistir de este acto heroico, sin poner en riesgo su vida.

El mal funcionario el pasado jueves 16 de enero, acudió al plantón que mantenía afuera de la sede central de la CEDH para exigirle sin ningún derecho que se fuera ya que su protesta era ilegítima.

Afortunadamente para Fabián de Jesús la sociedad está con él, varias organizaciones lo apoyan, entre ellos Diego Cadenas, defensor de derechos humanos, pero este caso debe ser atraído por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para que el remedo de rector Jorge Luis Zuart no solo ser retirado de sus funciones por inoperante al estar creando conflictos sociales al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien también debe tomar cartas en el asunto contra quienes se dice además recomendado por el “florero” de Brito Mazariegos.

Para concluir este tema solo agregar que Jorge Luis Zuart, tiene fama de prácticas de tráfico de influencias, corrupción, impunidad  y de otros males que tienen hundida y desprestigiada a la UNICH.

Reyero debe ser separado del cargo, es una vergüenza para la 4t

El pasado jueves 16 de enero por la noche fue detenido Mariano Reyero Molina, Delegado de Hacienda del Estado en Tapachula, por presunto maltrato a su mujer.

El abuso de su fuerza bruta por parte del funcionario estatal es reprobable, indignante, bochornoso, imagínese usted ver al presidente López Obrador golpeado a su mujer, no va con la 4T.

Lo peor de todo es que Mariano Reyero como cobarde que es trate de protegerse con su cargo de delegado

La actual administración estatal debe predicar con el ejemplo, y que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el secretario “florero” de Ismael Brito Mazariegos, castiguen con severidad estos actos de violencia intrafamiliar.

Es necesario que se tome cartas en el asunto, ya que no es la primera vez que este personaje hace este tipo de acciones y en estado de ebriedad. O la cuarta transformación brindara apoyo a este tipo de funcionarios.

Cabe recordar que el gobierno de Chiapas desde un principio ha condenado estas agresiones y ha aplicado todo el peso de la ley a los responsables.

Por lo tanto, el delegado de Hacienda de Tapachula, debe de ser investigado, porque también hay denuncias de su mal desempeño en ese encargo.

Si se investiga el caso y resulta ser golpeador de mujeres, sin miramientos Reyero debe de ser separado de su cargo y enjuiciado por ese delito. Algunos vecinos aseguran que no es la primera vez que sucede.

Del Montón

Resultado del Encuentro Estatal por la Unidad de Las Izquierdas celebrado este fin de semana, se acordó convocar al Encuentro Estatal Por la Unidad de las Izquierdas en Chiapas, a desarrollarse el próximo 28 de marzo del presente año. Gabriel Gutiérrez Ávila en su calidad de vocero apuntó que  los trabajos que se vienen realizando en Chiapas a nivel nacional ya existen previos y por los resolutivos acordados se resolvió ser parte del Consejo Nacional Por la Unidad de Las Izquierdas y por ello en el encuentro estatal a celebrarse a finales de marzo también habrán de nombrarse a los Delegados al Congreso Nacional. El otrora dirigente perredista en Chiapas, sostuvo que los representantes que se nombren en el estado tendrán representación ante el Consejo Nacional y en forma ampliada con dos representantes por cada municipio y uno por cada organización social, así como del sector indígena, por lo que habrá de calendarizarse actividades regionales con este fin. Uno de los puntos más sustanciales de este encuentro es la de expresar nuestro apoyo a los gobiernos que favorezcan las acciones sustantivas de la cuarta transformación: Exhortó mantenerse firmes en la convicción de que son servidores del pueblo, mandato que deben ejercer con lealtad, humildad, honradez y transparencia, comprometidos con la justicia y no solo con la legalidad, caso contrario la estructura estatal de la unidad por las izquierdas. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

 

 

 

 

Discriminación universitaria

La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) atraviesa tiempos aciagos. El actuar de su rector Jorge Luis Zuart Macías ha dejado de manifiesto que la rancia costumbre de condicionar espacios y el tráfico de influencias en las universidades públicas —vicio denunciado años atrás— sigue siendo un problema vigente.

Al menos eso quedó asentado tras la denuncia del joven Fabián de Jesús Sántiz Arias, a quien le ofrecieron la entrada directa al primer semestre de la carrera en la licenciatura para médico cirujano sí, y sólo sí, se retractaba y se desmentía ante los medios de comunicación.

Es decir, la entrada a la universidad a cambio de su palabra, de su honor como persona, de su verdad, al haber denunciado un acto más de corrupción e impunidad en esa institución que se suma a los señalamientos que han surgido desde el mismo Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas y de otro alumno, Aníbal de León, a quien también rechazaron en la misma institución en el área de derecho este mismo mes.

El tema del joven que levantó la huelga de hambre el día sábado —luego de que su salud se agravara y que aún no encuentra eco más que de activistas y normalistas— es apenas la punta del iceberg de la descomposición con la que se han estado haciendo las cosas desde el sexenio pasado en esa casa de estudios, que parece más un espacio de favores políticos que una institución preocupada por formar a los jóvenes.

Atrás quedaron los años gloriosos y los sueños de que esa casa educativa sería una propuesta diferente e inclusiva, como en los tiempos del doctor Andrés Fábregas Puig, por poner el más claro ejemplo del que muchos fuimos testigos.

Hoy, en el tema del estudiante indígena que obtuvo uno de los promedios más altos del examen Ceneval, lo que queda claro es el sesgo clasista, racista y de favoritismo que cobija el rector, junto a su manera frívola de actuar y su déspota forma de dirigirse a quienes mira con desdén y que también desborda su xenofobia.

Es inadmisible que la figura de un rector se preste al chantaje, a las amenazas, a la discriminación y al juego de querer condicionar el ingreso de quien tiene los mismos derechos que todos y, ojo, que han sido vulnerados por intereses particulares o económicos.

No es nuevo que los espacios se cedan a los amigos de los conocidos o a quienes paguen mejor. Muchos casos de estos se han ventilado a lo largo y ancho de todo el país, y en la entidad en años anteriores el tema ha alcanzado a las universidades Autónoma de Chiapas y a la misma de Ciencias y Artes de Chiapas.

Celebro que Fabián de Jesús Sántiz Arias se haya negado a recibir ese canje vergonzoso del ingreso directo a primer semestre de la carrera a cambio de la mentira, a cambio de buscar limpiar una imagen por demás desgastada de un hombre al que el cargo de rector le ha quedado bastante grande y, por “ética”, debería entregar a quien sí tenga interés en sacar adelante ese espacio educativo.

Es una costumbre por demás perversa la de algunos funcionarios, como el rector de la Unich a quien seguramente le asesoraron actuara de esa forma, la de jugar a Poncio Pilato y lavarse las manos para curarse en salud y fingir que todo marcha con normalidad.

No es secreto a voces que la Unich requiere un saneamiento interno en el que se depuren a todos aquellos espacios que se han encargado de estancar el crecimiento de la universidad. Esto es urgente y las autoridades competentes seguro lo entienden. Por eso preocupa que no se haga nada al respecto.

A la par de ello sigue siendo lamentable que Juan José Zepeda Bermúdez, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), se mantenga displicente ante cualquier situación y no emita las medidas precautorias correspondientes, tomando en cuenta que el estudiante puso en riesgo su vida.

El ombudsperson simplemente no figura en nada que choque contra otros intereses que seguro protege y, por ende, se niega a fiscalizar la actuación del Estado en la protección de los derechos humanos.

En este tema, 14 jóvenes han sido agraviados y a no le importó que se posicionaran en los primeros 80 espacios que ofertó la universidad para este año. Vergonzoso hecho este que ha sido revelado ya.

Me pregunto, ¿qué favores le deben a Zuart Macías para que hagan oídos sordos al tema cuando los llamados del gobernador Rutilio Escandón ha sido los de la unidad y el respeto, y sobre todo el del respaldo y apoyo a los jóvenes?, ¿qué intereses llevaron al rector a ocupar un espacio que usa solamente de forma política?

Es lamentable, en verdad, que en pleno siglo XXI se sigan dando eventos discriminatorios y que sean los jóvenes de los pueblos originarios que anhelan superarse, para retribuir con su trabajo a la entidad, los más afectados. Más lamentable que, pese a las denuncias, las autoridades educativas sigan durmiendo el sueño de los justos y fingiendo como que nada pasa.

#Manjar Alfonso Estrada Pérez, presidente municipal de Ocozocoautla, trae una supuesta jugada que alguien le vendió y quiere capitalizar, según su propia “gente”, en 2021. Ahora cuentan que coquetea con el Partido Mover a Chiapas y con Morena. Con el primero quiere poner de candidata a su esposa Estrella Hernández, la señora quiere ser la mandamás y en el segundo partido colocar a su cuñado Rosemberg Hernández, actual tesorero y quien ya siente que ni el piso toca. Dos alfiles que ni juntos hacen uno. De reelección, ni hablar. A Alfonso se le fue la oportunidad de hacer un buen trabajo, de estar cercano al pueblo, de entregar cuentas limpias y por ello el PRD seguramente no le va a dar cobijo. Sus errores y su soberbia hicieron que, incluso, aquellos que otrora lo ayudaban y que pudieron ser sus aliados, se deslinden de todo el desastre que trae en el pueblo. No es para menos. Alfonso Estrada será uno de los candidatos para mostrar que la corrupción sí se castiga en Chiapas. No hay forma de cubrir todo el cataclismo que dejará en dichas arcas. Como todo presidente municipal, con ínfulas de todopoderoso, se ha dedicado al dispendio. Cree que el Ayuntamiento es su caja chica. Nadie le ha dicho que debe entregar cuentas y que cada peso le va a ser fiscalizado por la Auditoría Superior del Estado. A ver si esos que le ponen flores, que le guindan collares y lo adulan, le llevaran cigarros a El Amate. Dicho está. #ElQueNacePaTamalDelCieloLeCaenLasHojas // “Gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución mantener a la población en vilo”. Ezra Pound. #LaFrase // La recomendación de hoy: el libro Al pie del paisaje de Elva Macías y el disco An Alternate All Things Must Pass de George Harrison. // Recuerde no comprar mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

Fotos cortesía del fotoperiodista Marco Rangel.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

* Delegado en Chiapas del Sindicato Nacional de Redactores  de la Prensa.

 

 

 

 

 

Guillermo J. R. Garduño Valero

El poder es una facultad de ejercer mandatos bajo la condición de una obediencia que bajo la presión de la coerción conduce a que la resistencia al mandato  ceda ante la presión de las probables consecuencias. Pero ¿quién puede afirmar que está preparado para tal ejercicio de poder? En si nadie, sin embargo Platón afirmaba que el liderazgo es propicio para quien no lo desea, pues aquel cuya ambición central de manera manifiesta sea el poder puede quedar marginado por el riesgo que representan los hombres  que desean perpetuarse en él.

Pero ¿cuáles son los atributos del poder y que se extiende aquellos que lo tienen?

Para comenzar el poder es temporal, primero porque la vida misma lo es, además de que la temporalidad de su ejercicio no puede extenderse más allá de las condiciones que lo propiciaron, pues aun aquellos que alcanzaron décadas en su ejercicio nunca lo pudieron ejercer de la misma forma, ni bajo las mismas condiciones. Por ejemplo Fidel Castro fue uno cuando tuvo que compartir el mando de la revolución con el comando que llego al poder, después tendrá que deshacerse de cada uno de los hombres que contribuyeron al triunfo de al revolución cubana. Comenzaría con la figura más carismática que era Camilo Cienfuegos al que asesinó y lo disfrazó como un accidente aéreo, pero el avión jamás fue encontrado. Seguiría con el Che Guevara al que enviaría a Bolivia y ahí lo abandonaría a su suerte, que concluiría en su desaparición. Al resto le correspondería una muerte bajo el disfraz de suicidio, finalmente su hermano Raúl, el más odiado, terminaría siendo su sucesor y hoy con una burocracia senil Cuba mira después de 61 años un panorama incierto y sin futuro pues su proceso la lleva a reproducir un pasado bajo ideologías en extinción.

El poder es mítico pues se fundamenta en premisas, creencias y atributos no demostrables pues son cualidades supra humanas, de esta manera el poder es semejante a colocar a un enano al que se le pone un reflector potente a sus pies y lo hace aparecer como si fuera un gigante. De esta forma sus palabras serán mitificadas, elogiadas de manera desproporcionada, mientras las fuerzas que le otorgaron el poder permanezcan a su lado y caerán en desgracia como discurso cuando ya no respondan al bloque del poder que lo impulsó.

El poder es fantasioso pues acude a toda treta para justificarse, inventa a cada momento sus excusas, elude la responsabilidad de sus errores, deposita la responsabilidad de sus actos en la acusación al pasado, inventa futuros fantásticos y llega afirmaciones temerarias, venera la estupidez en cotidiano y se escapa de la realidad en todo momento, pues está contrasta con su discurso e intenciones. En una palabra no establece la diferencia entre intención y hecho.

El poder seduce pues envuelve al sujeto en cualidades que no tiene y el riesgo mayor es cuando el seductor queda prendado de su propia invención, es ahí cuando el poder no llega a reconocer sus propios limites, pues en el afán de su exaltación no advierte el terreno pantanoso en que se hunde. De hecho no conozco poder cuyo sistema de inteligencia le haya advertido los signos inequívocos de su agonía. El caso más patético, pero no único fue la desaparición de la Unión Soviética, en diciembre de 1991, donde una gerontocracia que murió en el ejercicio del poder y  fue sustituida por otra emergente pero carente del oficio de gobernar y cuyo destino fue la destrucción del aparato político autoritario que los había llevado al poder.

El poder es destructivo y su primera victima es la figura central que queda elevada temporalmente en la posición más elevada de la jerarquía. Pues al igual que el rey Midas, fue victima de su magia al convertir en oro todo cuanto tocara, así se cumple aquella frase lapidaria de Don Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México de 1952 a 1958, cuando afirmó: “la política es borrachera de un día y cruda de toda la vida” De esta manera como si fuera una maldición hombres que comenzaron su elevación al poder en medio de vítores, elogios, amigos y familia, concluyeron su periodo en la soledad  y el desengaño, pues como dijo Gustavo Díaz Ordaz (1964 a 1970) al renunciar al cargo de embajador de México en España por las presiones de la prensa en 1977 “que más puede uno llegar a ser, despues de ser presidente de México”

El poder es traicionero, pues se fundamenta en pactos de imposible consolidación pues las circunstancias y la temporalidad los circunscriben; las palabras que emite son juramentos en falso; las promesas en que se funda son irrealizables; la amistad más profunda la derriba ante los intereses poderosos que representa, lo que hace que la circunstancialidad una a hombres cuya enemistad es profunda y separe a personas que en otro tiempo y circunstancias se habían mantenido unidos.

El poder es corrupto, pues aunque se encuentra sometido a la ley para acceder a él, su visión no la reconoce en su ejercicio y la rebasa por su propia arbitrariedad, tal como lo reconociera la frase lapidaria de Lord Acton cuando afirmó: “el poder corrompe pero el poder absoluto, corrompe absolutamente”

El poder enloquece al no distinguir limites entre realidad y ficción, comienza con ideas descabelladas que en lugar de ser corregidas, terminan siendo elogiadas por serviles como el caso del rey que va desnudo. Prosiguen con visiones interesadas y corruptas de propuestas fantasiosas como irreales en las cuales se comprometen recursos públicos; se le envuelve en una telaraña de relaciones e intereses que obnubilan la razón y finalmente el contexto les impide distinguir los limites entre la ficción y lo posible. De ahí que el paso hacia la locura solo lo decide el tiempo y su particular circunstancia.

Finalmente, ¿en el poder quién decide? Las condiciones o el sujeto, si la decisión se convirtiera en hecho tangible y la voluntad humana pudiera imponerse encontraría como respuesta que tanto el poder puede. Pero, la decisión enfrenta obstáculos insalvables y la más importante es la resistencia humana, lo que conduce a la exigencia de constantes negociaciones entre él que dirige y los que ejecutan lo que impide el desarrollo de un proceso lineal. Por lo que, sí los que hoy viven en el poder reconocieran que confunden el momento con el movimiento y que al final la decepción, la locura y el desprecio serán su destino, tal vez intentarían hoy despertar antes de que al sueño le siga la pesadilla, pero nadie hasta ahora conozco que frente a la Medusa del poder no haya quedado prendado y su ojos no podrán apartarse jamás como en aquella frase de Fausto al vender su alma al maldito “detente momento eres tan hermoso”.

 

 

 

Cúmulo de acusaciones contra el ombudsman chiapaneco

Nada bueno se advertía desde su anómala elección en marzo de 2018. La estancia de Juan José Zepeda Bermúdez al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha estado bañada de acusaciones sobre corrupción, abusos contra los empleados del organismo y graves omisiones cometidas contra las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Su designación fue impugnada por anomalías en el proceso. Bastaron menos de 48 horas desde el cierre de la convocatoria para que su ilegal designación se concertara. En menos de 24 horas la comisión legislativa de Derechos Humanos había descartado a cinco de los ocho aspirantes postulados para presidir la CEDH. No hubo siquiera explicación clara de las razones por la cuales habían sido eliminados del proceso.

La lista se había cerrado a una terna conformada por Delia Estrada Sánchez, Diego Cadenas Gordillo y Juan José Zepeda Bermúdez. Y los temores sobre advertencias inevitables se fortalecieron aún más. El nombre de Zepeda Bermúdez había circulado desde una semana antes como el presunto elegido de Manuel Velasco para ser impuesto en la Comisión de Derechos Humanos.

Y así fue. Juan José Zepeda preparó desde las primeras semanas del mes de marzo de 2018 su llegada a la CEDH. Había comenzado a tener reuniones privadas con algunos oscuros personajes de la política y figuras ligadas a la defensa de los Derechos Humanos para informar lo que sucedería y preparar el camino. “El gobernador ya dio la instrucción y voy a ser el nuevo presidente de la Comisión. Lo demás es mero trámite”, fue su frase recurrente.

Su llegada a la CEDH no sólo estuvo empañada por las acusaciones e impugnaciones contra su elección. También se desataron, casi de manera inmediata, las primeras denuncias de inconformidad por parte de la plantilla laboral. El hostigamiento contra personal para conseguir las renuncias e imponer a su recomendados fueron los primeros señalamientos en su contra, ya en funciones.

Apenas en septiembre del año pasado el propio director general de Quejas y Orientación de la CEDH, Leopoldo Abel Esquinca Sarmiento, en representación de un grupo de trabajadores del organismo, salió a medios de comunicación para denunciar el hostigamiento y violencia laboral que se ejercía contra al menos el 80 por ciento del personal.

El caso, que llegó a manos del Tribunal de Justicia Administrativa, incluía señalamientos relacionados con discriminación, procedimientos anómalos y hostigamiento. Las autoridades judiciales terminaron emitiendo ordenes de suspensión provisional contra los actos imputados, desatando así una confrontación permanente entre el ombudsman y el personal  de la institución.

Hace apenas unos días nuevas acusaciones contra Zepeda Bermúdez salieron a la luz. Los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas llegaron a medios de comunicación nacionales. Se acusó a Juan José Zepeda de anómalos manejos con el presupuesto para el pago de nómina que, según denuncias de los propios trabajadores, terminaron provocando el incumplimiento en la entrega de los salarios durante la primera quincena de enero de 2020.

A lo anterior súmele usted las denuncias recurrentes de organismos defensores de derechos humanos sobre dilaciones y omisiones en la atención de casos. Lo que sucede hoy con el ombudsman estatal es un asunto que ha regresado los reflectores al dicho personaje y su desempeño dentro de la CHED. Se trata pues de irregularidades que deberán ser investigadas y seguramente darán mucho más material de que hablar durante las siguientes semanas… así las cosas.

 

 

 

** La participación de las mujeres en la transformación de Chiapas **

( Primera parte )

Una sociedad que desea mejorar, tiene que partir de una de sus grandes fortalezas: sus mujeres.

La transformación de Chiapas no se puede entender sin la participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida social, que van desde la educación, la actividad productiva, la creación artística y cultural y por supuesto la política.

No es necesario usar fechas especiales para honrar a las mujeres chiapanecas, sino hacerlo día a día y todos los días, porque sin ellas simplemente no se pueden alcanzar los objetivos de bienestar y desarrollo planteados por la actual administración estatal.

Sin la mujer, es imposible concebir la vida y la transformación del niño a hombre y nos encontraríamos desvalidos todos.

Es por ello que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha impulsado que exista un equilibrio de género dentro de su administración, y en las reuniones quincenales con su gabinete de gobierno el mandatario  ha sido enfático al subrayar que las mujeres son un ejemplo de trabajo y de compromiso social.

Mañana, la segunda parte de esta serie de textos enfocados al registro y análisis de los  avances que hay en los programas gubernamentales enfocados a beneficiar a las mujeres chiapanecas.

BALCON. Del repertorio de grabaciones telefónicas privadas que documentan el motivo del cese fulminante del ex Subsecretario de Servicios y Gobernanza, Giovvany Campos Amaya, sobresale una en especial en la que el propio #Gio le dice al titular de una Notaría Público que si quiere “arreglar” el problema de la patente de su Notaria, tiene que “mocharse” con tres millones de pesos. Si de entrada la suma de dinero que le exige #Gio al Notario Público para “arreglar” el problema de su Notaría se antoja exagerada, eso no es lo más grave y alarmante de dicha conversación, sino que además #Gio recalca que esa lana es para el gobernador y no para él mismo. Una copia del audio de esa grabación telefónica está en poder del autor de #ElDiván y se difundirá completita, sin censuras, aquí mismo en unos días más...Eso es todo.

 

 

 

 

Grid List

Las autoridades mexicanas cerraron el sábado un paso fronterizo en el sur del país luego que miles de centroamericanos trataron de cruzar un puente sobre el río Suchiate, en la zona limítrofe con Guatemala, no obstante, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que ha recibido a mil 87 migrantes centroamericanos a través de la frontera de Tabasco y Chiapas en apego a la Ley de Migración, por lo que los esfuerzos por parte de personas migrantes de entrar a territorio nacional de modo desordenado fueron infructuosos.

La Secretaría de Gobernación, informó lo anterior, tras la primera caravana del 2020 que salió de Honduras el pasado 15 de enero, al asegurar que hicieron cumplir la legislación mexicana, al garantizar en todo momento que los flujos migratorios que se reciben desde la frontera sur sean seguros, ordenados y regulares.

El pasado sábado, agentes migratorios e integrantes de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad y cerraron el acceso en el puente fronterizo entre México y Guatemala, en Ciudad Hidalgo, luego de que migrantes de la nueva caravana intentaran cruzar hacia territorio mexicano.

Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) | Twitter

Los últimos Tweets de Guardia Nacional (@GN_MEXICO_). La Guardia Nacional es una institución de seguridad públic...

Alrededor de las de las 08:00 horas de ayer, los migrantes arribaron al puente y al grito de “queremos trabajar” avanzaron hasta topar con el cerco que formaron las fuerzas armadas.

Cientos de migrantes, originarios de Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala, hombres y mujeres de todas las edades, entre los que se incluyen niños, buscan ingresar al país y solicitan atención de las autoridades mexicanas, en su intento de llegar a Estados Unidos.

Aunque la intención de los migrantes –según dicen-, es cruzar de forma pacífica durante la noche del sábado y domingo algunos intentaron cruzar por el Río Suchiate, pero fueron detenidos o regresados por los agentes fronterizos, quienes les ofrecieron realizar un trámite migratorio en una estancia, en caso de no contar con una visa mexicana.

Las autoridades guatemaltecas calcularon que en el momento más álgido de la confrontación cerca de 2.500 migrantes se hallaban en el puente o trataban de llegar a él.

Elementos de la Guardia Nacional mexicana cerraron una valla de metal para impedir el ingreso de los migrantes.

Se escuchaban los llantos de bebés y los ánimos se caldearon cuando la multitud aumentó. En medio de empujones, funcionarios mexicanos permitieron que unos cuantos migrantes ingresaran al país en grupos de 20 personas, al tiempo que por un megáfono los migrantes eran exhortados a no tratar de entrar a México sin pasar por los filtros de inmigración.

Gradualmente, más de 150 migrantes pudieron presentar una solicitud de asilo u otro tipo de permiso para permanecer en México a lo largo del día. Pero muchos prefieren transitar tierras mexicanas rumbo a la frontera con Estados Unidos.

Los esfuerzos por parte de personas migrantes de entrar a territorio nacional de modo desordenado fueron infructuosos, por el contrario, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) recibió ayer de manera organizada a grupos de personas extranjeras.

Y en apego a la Ley de Migración y Reglamento en la materia, se lleva a cabo la revisión de su situación migratoria para ofrecer distintas oportunidades de acuerdo con sus condiciones específicas.

Respecto a la entrada de mil 87 personas, el INM indicó que la mayoría provienen de Honduras, 424 entraron por El Ceibo en Tabasco y 663 por Ciudad Hidalgo, en la frontera de Chiapas. A todos ellos se les dio información acerca de los programas gubernamentales “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” que se aplican en esta región, incluidos en sus países de origen.

El INM sostuvo que agentes federales de migración, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, mantienen los operativos de contención a lo largo de los Ríos Suchiate, Hondo y Usumacinta, así como tareas de supervisión en los puentes fronterizos de Ciudad Hidalgo y Talismán.

Además, se mantienen operativos en las comunidades de la frontera sur de México, como El Ceibo, Tenosique, El Triunfo, Reforma, Escárcega, “a fin de mantener una migración segura, ordenada y regular, en cumplimiento a la ley”.

Por su parte, organizaciones no gubernamentales que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, dieron a conocer que el acceso a los programas sociales que está ofreciendo el gobierno es sólo en sus países de origen, con lo que prácticamente se les está exigiendo que regresen a Honduras.

Estas acciones forman parte de un trabajo coordinado entre instancias federales y locales, como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional  (GN), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría del Bienestar, Protección Civil, Policía Estatal y Municipal, y el INM.

Igualmente dan seguimiento a estas tareas la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

 

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se lanzó contra el Seguro Popular, pues aseguró que quienes defendían ese programa de salud -reemplazado ya por el Insabi- querían que el pueblo de México “aceptara lo menos peor”.

“Que quede claro. Por ahí dicen que en mundo de ciegos el tuerto es rey, por eso varios decían que el Seguro Popular servía, porque quieren que el pueblo de México acepte lo menos peor”, declaró el oaxaqueño durante un acto en el que acompañó al presidente López Obrador en Santa María Tepantlali para la inauguración de un camino rural.

Tras acusar que a su llegada al gobierno -en diciembre de 2016- hacían falta centros de salud y medicinas, así como el abandono de más de 40 hospitales, Murat mostró su apoyo al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual inició operaciones en medio de críticas.

“[…] un gran científico, Albert Einstein, decía que si no queremos que las cosas sean igual hay que hacerlas de manera diferente, y el Insabi es una propuesta de hacer la salud de manera diferente y es la salud que quiere el todo el pueblo de Oaxaca, señor presidente. Estamos listos para seguir la transformación”, agregó.

Ya en su intervención, el presidente López Obrador reiteró que, pese a las resistencias y corrupción que hay en el sistema de salud, su gobierno trabaja para “poner orden” para que no falten los médicos, servicios y medicamentos totalmente gratuitos.

“[…]  vamos a mejorar el sistema de salud, lo que aquí se mencionaba, lo que decía aquí el gobernador Alejandro Murat. Eso que llamaban Seguro Popular ni era seguro ni era popular”.

En días pasados, el gobierno federal había dado a conocer que sólo 13 de las 32 entidades se habían adherido al Insabi.

Las entidades adscritas actualmente son: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Tabasco y Veracruz, todas gobernadas por Morena; Colima, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora, del PRI; y Quintana Roo y Yucatán, del PAN.

 

 

Periódico impreso edición No. 1812 del día 20 de Enero del 2020   .[Leer completo].

Por su incapacidad para afrontar los flujos de migrantes que llegan a territorio mexicano, el Instituto Nacional de Migración (INM) tuvo que recurrir al apoyo del pastor Arturo Farela Gutiérrez, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y líder de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), quien en la frontera sur ya empezó a habilitar sus templos en albergues para migrantes, donde les está dando techo, alimentación y asesoría legal a estos extranjeros provenientes de distintos países.

Pese a los señalamientos de que su alianza con el gobierno de la Cuarta Transformación violenta la laicidad del Estado, el polémico pastor ahora proyecta ampliar su ayuda al INM en la frontera norte, abriendo albergues en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros.

Entusiasmado por su creciente participación en política migratoria, Farela asegura categórico: “El Instituto Nacional de Migración no tiene la capacidad para atender a tantísimos migrantes. Pero nosotros sí la tenemos. Por eso lo estamos apoyando”.

Comenta que, por lo pronto, en Tapachula, principal punto de entrada de los migrantes a México, Confraternice ya habilitó como albergues 50 templos evangélicos, aparte de que muchos fieles de su Iglesia hospedan a migrantes en sus casas.

En entrevista en sus oficinas de la Ciudad de México, dice Farela:

“Según nuestro conteo, sólo de septiembre a diciembre del año pasado en Tapachula hemos atendido a 20 mil migrantes. Imagínese lo que implica dar 20 mil raciones de alimentos. Con qué personal podría hacer eso el Instituto Nacional de Migración.”

–¿Y de dónde sacan ustedes recursos para atender a tanta gente?

–De los donativos, de las aportaciones económicas o en especie de nuestros fieles y pastores, que son muchísimos en todo el país. Aparte de nuestros templos, aportamos colchonetas, víveres, tiendas de campaña, ropa, lo que sea con tal de ayudar. Nos rige el mandamiento bíblico de ayudar al extranjero y al necesitado.

–¿Y solamente están en Tapachula?

–Sí. Por lo pronto apoyamos al Instituto Nacional de Migración sólo en Tapachula, porque es la puerta principal de la frontera sur por donde entran los migrantes para luego dispersarse por el territorio nacional. Ahí estamos ayudando no sólo a nuestros hermanos centroamericanos, también a muchos africanos y haitianos.

Refiere Farela que los apoyan de tres maneras: dándoles albergue, alimentación y asesoría jurídica. Esta última –dice– la realizan en estrecha coordinación con personal del INM y básicamente consiste en asesorar a los migrantes para que entren legalmente tanto a México como a Estados Unidos.

“Estamos combatiendo la internación ilegal, los flujos migratorios irregulares. Nuestro trabajo consiste en ayudar a los migrantes para que, de manera ordenada, se introduzcan legalmente en México y después a Estados Unidos.”

Los voluntarios de Confraternice

Farela saca su celular y muestra fotografías y mensajes de texto que le envió una familia africana de nueve miembros, a la que ayudó a sacar visas humanitarias para entrar a Estados Unidos.

“Es la familia de Priscila. Todos sus miembros vivieron en nuestros albergues de Tapachula. Hoy están en la ciudad de Portland, Estados Unidos... Es un ejemplo de lo que estamos haciendo”, dice satisfecho.

–¿Desde cuándo colabora usted con el Instituto Nacional de Migración? –se le pregunta.

El líder religioso –amigo de López Obrador desde hace varios años–, se acomoda en su asiento, entrecruza los dedos y empieza a relatar:

“Mire, todo comenzó a mediados del año pasado, a raíz de que el presidente estadunidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos si nuestro gobierno no contenía a los migrantes que pasan por nuestro territorio rumbo a Estados Unidos.

“Y López Obrador, que había iniciado su gobierno con una política migratoria de puertas abiertas, de ‘vénganse todos’, se vio en la necesidad de controlar los flujos de migrantes. Fue entonces que el presidente me telefoneó para que pronunciara un discurso en un evento que se realizó en la ciudad fronteriza de Tijuana, el 8 de junio. El objetivo de ese acto fue mostrar unidad nacional ante las amenazas de Trump. Andrés Manuel también invitó al sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien igualmente trabaja con migrantes.

“En mi discurso mencioné una cita bíblica, del libro del Deuteronomio, en la que yo creo profundamente: si no ayudamos al migrante y al necesitado, se nos viene una maldición encima. Hay que evitar, pues, la maldición a toda costa. Había que ayudar a nuestros hermanos migrantes de manera distinta; a entrar al país legalmente, colaborando con el Instituto Nacional de Migración. Así empezó todo.”

Refiere que uno de los primeros trabajos que le solicitó el INM fue descongestionar su Estación Migratoria Siglo XXI, de Tapachula, donde se apiñaban migrantes de distintos países.

Cuenta: “Ahí los migrantes vivían en condiciones infrahumanas, no tenían ni siquiera dónde hacer sus necesidades fisiológicas. Hacían donde se podía. Pero Confraternice dejó entonces limpia la Estación Siglo XXI, a muchísimos migrantes los pasamos a nuestros albergues.

“Inicialmente me habían dicho que además había que ayudar a unos 400 migrantes que andaban dispersos en Tapachula. Pero cuando llego allá me doy cuenta de que eran como 10 mil, muchísimos de ellos africanos y haitianos… Y comenzamos a ayudar en lo que se podía.”