El administrador diocesano de Tapachula, presbítero Agripino Méndez Victorio, convocó a los tapachultecos a participar o en su caso a orar y promover la peregrinación que como Provincia Eclesiástica conformada por las tres diócesis de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula organizan para el próximo 13 de septiembre en la capital del estado para manifestar la necesidad de la paz en la entidad.

El motivo es porque existe una gran preocupación por la situación de violencia creciente que se vive en todo Chiapas, consecuencia de la disputa de territorio entre los cárteles de la droga, las desapariciones, las muertes, el reclutamiento de niños y jóvenes, además por el aumento exponencial de la inseguridad, entre algunos rostros de la violencia, explicó el padre Agripino Méndez.

Como Provincia Eclesiástica de Chiapas han organizado una peregrinación por la Paz en Tuxtla Gutiérrez, como signo visible de que todos necesitamos la paz; a realizar el próximo viernes 13 de septiembre, a partir de las 9:30 de la mañana del santuario San Juan Pablo Il (Pumpushuti-Poliforum) y que culminará en el parque central, informó el prelado.

De esta manera y a nombre de la Diócesis de Tapachula hizo se convocatorias a todos aquellos que deseen participar en esta peregrinación por la paz o hacer oraciones y promoverla para que las autoridades atiendan este clamor de la población.

Se trata, explicó, de un evento pacífico en la que los participantes podrán llevar cartulinas con leyendas alusivas a la paz, vestir preferentemente de blanco, ya que cuanto más se noten los signos, serán más significativos y además se tiene programado que durante el recorrido se rezará santo rosario y cantos que inviten a la paz.

Detalló que cuando se haya llegado al Parque Central de la ciudad capital, donde se ubica la Catedral de San Marcos, los presentes harán un momento ecuménico de oración y concluirán con la lectura de un comunicado general a nombre de las tres Diócesis de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula.

El encargado de la diócesis de Tapachula pidió a la ciudadanía en general hacer un esfuerzo grande para organizarse en participar y seguir orando para que regrese pronto la paz a las comunidades de la sierra.

El administrador diocesano de Tapachula, Agripino Méndez Victorio se refirió al problema de violencia que sufren los hermanos de las comunidades, por muchas razones: al ser usados como escudos humanos en los enfrentamientos de los carteles, viven en situación de esclavitud al no poder transitar libremente por sus comunidades, son obligados para estar en los retenes -denominados filtros- que los carteles mantienen en las comunidades.

Aquí en Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Luis Mendoza Corzo solicitó hoy la intervención divina, a través de una misa en la Catedral de San Marcos, a favor de “la paz en México, por su democracia y por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”.

El obispo auxiliar de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, aseguró que la Iglesia Católica en el país ha sido una acérrima opositora de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto debido a la eliminación de privilegios de ese poder fáctico, la cual se agravó cuando AMLO criticó a la Iglesia Católica luego de que obispos mexicanos y la comunidad jesuita le pidieran cambiar la estrategia de seguridad.

El presidente, cuestionó el prelado, su “hipocresía”, al señalar que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) no dijeron nada sobre las masacres ocurridas.

El sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de la Arquidiócesis de Tuxtla, Miguel Cardona Valdivia, está envuelto en una polémica, primero porque se hizo viral un video de su homilía en la que lanza fuertes críticas a la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos”, y luego porque este jueves circuló la versión de que había sido secuestrado y desaparecido.

“Quiero agradecer a Dios y a ustedes sus muestras de solidaridad por mi integridad. Es totalmente falso que alguien me haya hecho alguna llamada para amedrentarme y mucho menos que me hayan secuestrado”, dijo en un video difundido a la prensa por la Arquidiócesis.

“El padre Miguel se encuentra bien, en sus actividades cotidianas en la parroquia que tiene a su cargo, y agradece la preocupación por su bienestar”, enfatizó en un comunicado la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Tuxtla, que subrayó que nada le había ocurrido al sacerdote después de lo dicho en su homilía.

El religioso, en su más reciente eucaristía, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, por minimizar la violencia en la entidad, que ha dejado el desplazamiento forzado de familias. Les reprochó que señalen que la difusión de los casos de violencia se trate de una propaganda en contra de su gobierno.

“Yo quiero que en esta oración del Padre Nuestro pidamos por nuestras autoridades de los tres niveles. Se manifiesta esta necesidad (violencia) allá a nivel federal con el presidente de la República y dice que él tiene otros datos, que no es cierto, se va con el gobernador de aquí y dice que es propaganda de los medios de comunicación que le traen mala voluntad”, comentó con los fieles.

“Si no pueden gobernar, pues que digan, pero que por lo menos acepten que no pudieron, salgan con un poco más de dignidad”, increpó.

Aseguró que son los sacerdotes que trabajan en las comunidades azotadas por la violencia, donde se registran los enfrentamientos armados entre las dos organizaciones criminales, los que sufren la violencia.

“Si no ve un montón de muertos que están cayendo por donde quiera, ¿cuál propaganda Rutilio? No inventes, nosotros vivimos en las comunidades, nuestros sacerdotes están en las comunidades rurales y ellos están viviendo y sufriendo esto”.

Señaló que, ante la guerra que mantienen organizaciones criminales, el Ejército parece estar de “manos cruzadas”, sin que intervenga para detener la ola de violencia. “Va a venir ahora el 16 y son vedettes desfilando con sus metralletas. ¿Para qué?, ¿Para qué les sirve sus metralletas y sus riflitos?, Para decirle si el pueblo se levanta: miren lo que les va pasar”.

El sacerdote Cardona también cuestionó a la Guardia Nacional. “Guardia Nacional: ¿qué guardas?, ¿qué proteges?; es que son las órdenes… ¿Órdenes de quién?, De veras preocupa y nosotros (la iglesia) no estamos de acuerdo con esa situación”, dijo.

Sin temor, dijo a los feligreses que asistieron a la misa que, si querían una copia de lo que había dicho, que lo pidieran. “No hijos. Vamos a pedir por ellos. Que se hable con un poco más de dignidad”.

Desde hace tres años, Chiapas vive una crisis de seguridad provocada por la confrontación de cárteles de la droga que se disputan el territorio, lo que ha dejado ejecuciones, miles de desaparecidos, secuestros, bloqueos, enfrentamientos, extorsiones y miles de familias que han abandonado sus hogares, sobre todo de las regiones fronteriza, sierra y frailesca.

Peregrinación por la paz el próximo 13 de septiembre

Ante la violencia, la iglesia católica, a través de sus tres diócesis, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, ha invitado a los fieles a una movilización por la paz en la capital chiapaneca.

El encargado de la Arquidiócesis, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, ha venido denunciando en conferencias de prensa “el silencio, el disimulo o el contubernio de las autoridades que no se han expresado frente a este sufrimiento de miles de personas que han tenido que desplazarse por la violencia, además que los varones son secuestrados para obligarlos a ponerse al servicio de los grupos criminales.

La reforma judicial está causando múltiples preocupaciones en el sector empresarial, pues, entre otras cosas, ven riesgos en caso de que los jueces sean elegidos por voto popular, advierte Michael Stott, editor de América Latina del Financial Times.

Señala que casos donde una empresa extranjera se enfrenta a un competidor estatal que compite de forma desleal y es respaldado por un juez aliado del partido gobernante, además de ser amenazado por la autoridad fiscal, pueden ocurrir en países como Rusia, “pero no en una nación norteamericana que es el mayor socio comercial de Estados Unidos“.

De ahí la alarma entre los líderes empresariales ante los planes del país para reescribir la Constitución a fin de que mediante el voto popular sea la elección de jueces, incluyendo la Suprema Corte, abolir los reguladores autónomos y otras medidas que incluye la reforma judicial.

Este miércoles, luego de sesión maratónica, la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados son mayoría, validó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial y la turnó al Senado para su análisis y eventual aprobación.

Michael Stott, editor de América Latina del Financial Times, señala que las reformas, de acuerdo con el plan del presidente, impulsarán la democracia y arreglarán un Poder Judicial corrupto que ha sido tomado por una élite adinerada.

Sin embargo, indica que si bien el sistema jurídico en México necesita un cambio, ya que varios delitos quedan impunes y la corrupción es un gran problema, el temor entre los empresarios es que los ajustes planteados por López Obrador empeoren las cosas al politizar la justicia.

Sectores más afectados por la reforma judicial

Agrega que un alto ejecutivo de una multinacional afirmó que para los sectores regulados es un problema particular y que la minería, la energía y las telecomunicaciones serán los más afectados porque requieren grandes inversiones a largo plazo que dependen del estado de derecho”.

En riesgo las garantías de protección al comercio en México

En el texto, menciona que muchas empresas se han mostrado reticentes a hablar por temor a las represalias, pero la Cámara de Comercio de Estados Unidos está molesta.

Dice que las reformas judiciales “corren el riesgo de socavar el Estado de Derecho y las garantías de protección para las operaciones comerciales en México”.

En cuanto a los mercados financieros, apunta que también han mostrado tensión y el peso ha resentido las consecuencias de las reformas en los últimos días.

La divisa mexicana cayó casi 12% desde las elecciones presidenciales de México.

Reforma judicial afecta acuerdos del T-MEC

Abunda que los inversionistas se encuentran preocupados porque estos cambios afecten directamente los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como con la Unión Europea y Asia.

Amenazando los posibles acuerdos de construcción de fábricas de empresas chinas en el país.

“Estamos siguiendo un camino de potencial conflicto, de fricción con Estados Unidos que afectará a los mercados, creará incertidumbre y podría socavar la inversión”, aseguró Alberto Ramos, economista de Goldman Sachs.

Riesgo de la supermayoría en el Congreso

En el artículo del Financial Times se indica que los seguidores de AMLO aseguran que el presidente dio a conocer sus intenciones desde comienzos de año y en las elecciones de junio respaldaron su decisión dándole la supermayoría a Morena en el Congreso.

Aunque la mayoría de los inversionistas extranjeros esperaban que Morena no lograra la supermayoría o que la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, científica climática, demostrara ser una tecnócrata pragmática, ella tiene la intención de llevar a cabo los planes de AMLO.

Relatores de Naciones Unidas sobre derecho a la privacidad y sobre la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión a “reconsiderar”  la decisión de eliminar el el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección e Datos Personales (INAI), ya que su desaparición y la de órganos similares en los estados podría “socavar el derecho a la privacidad en el país,

En una comunicación fechada el 28 de agosto, las responsables de las relatorías especiales, Ana Brian Nougreres, sobre derecho a la privacidad, e Irene Khan, sobre la promoción y protección a la libertad de opinión y de expresión, consideraron que la desaparición de la institución como una situación “especialmente preocupante ya que es notable la contribución internacional del INAI en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales”, para robustecer la democracia.

Del análisis de la propuesta presidencial del 5 de febrero pasado, y del dictamen aprobado en Cámara de Diputados, las relatoras coincidieron en que “la supresión del INAI sin establecer mecanismos alternativos integrales y comprehensivos podría debilitar la rendición de cuentas y la posibilidad de participar en la vida pública que la creación de esta entidad perseguía”.

En la comunicación las relatoras hacen una solicitud de información al gobierno de López Obrador, para que explique “cómo se garantizará la protección de datos personales”, y así como la manera en que se evitará debilitar “los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia”, en caso de aprobar la reforma “sin un órgano autónomo como el INAI”.

Al cuestionar que mecanismos “se implementarán para asegurar que los ciudadanos sigan teniendo acceso a la información necesaria para participar activamente en la vida pública”, las relatoras preguntaron también sobre cómo es que esta reforma va a atender las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, específicamente en relación con la privacidad y la protección de datos.

De la misma manera, se pidió “proporcionar información sobre qué entidad asumirá la responsabilidad de revisar y resolver los recursos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales” y cómo garantizar que “esta entidad sea autónoma y no esté sujeta a influencias políticas”.

Al recordar que, en su visita oficial de la Relatoría especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, en conjunto con la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ambas relatorías alentaron a darle carácter autónomo y constitucional al INAI, aplaudiendo sus resultados, las relatoras destacaron los avances del organismo.

“A través de su actividad desde el 2002, el Instituto ha empoderado a la ciudadanía mexicana para que conozca cómo controlar su información personal en una era en la que las tecnologías disruptivas rodean toda nuestra actividad humana”, reconocieron los relatores.

Tras señalar que el INAI “es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales” de los mexicanos, los especialistas hicieron un recuento del dictamen desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reformas constitucionales, el pasado 5 de febrero, incluyendo la desaparición del INAI en el proyecto de “simplificación orgánica”, por el que se pretende la reasignación de funciones que ahora corresponden a diversos órganos autónomos.

Del análisis de la propuesta presidencial, las relatorías alertaron que no sólo se pretende eliminar la facultad del Senado para nombrar a los comisionados o la del presidente para vetar los nombramientos, sino que al INAI y a sus contrapartes se les pretende suprimir de la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad y eliminar al INAI del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el plano federal, las relatorías señalaron que “la iniciativa no es explícita respecto de dónde recaen las competencias del INAI”,  en tanto que apunta que los sujetos obligados se regirán por la ley de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales “en los términos en que esta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio e este derecho”.

Para las relatorías, lo anterior significaría que, “por un lado, se responsabilizaría directamente a cada sujeto obligado a ‘promover, respetar, proteger y garantizar’ los dos derechos, y por el otro, a las secretarías de la Función Pública y los órganos internos de control a resolver los recursos que se presenten en ambas materias. Sobre todas las demás funciones del INAI, la iniciativa no se pronuncia”.

La comunicación cuestiona que se transfiera a una institución que no ha sido creada, como lo es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el acceso a la información y protección de datos personales de partidos políticos, en tanto que en casos relacionados con sindicatos, las competencias se traslada a autoridades laborales y a los tribunales federales de conciliación y arbitraje.

Al señalar que “las diversas facultades del INAI se diluirían en varias entidades como consecuencia de la reforma”, entre ellas a la Secretaría de la Función Pública y sus equivalentes en otros poderes, así como en los órganos internos de control y las entidades federativas, en tanto que no hay claridad sobre la protección de datos personales.

Las relatorías de la ONU apuntan que el dictamen genera “incertidumbre”, porque al fragmentar las funciones del INAI,  se merma “la esencia de la transparencia como un mecanismo de democratización en el ejercicio del poder público”, en tanto que dejar en manos de instituciones dependientes del poder publico garantizar los derechos que defiende el INAI, “nulificaría el potencia que tiene como mecanismo de democratización del poder público”.

Se insiste que “la desaparición del INAI y la fragmentación de sus competencias podría debilitar la protección de la privacidad, ya que la fragmentación de responsabilidades puede conducir a una falta de coherencia y eficacia en la aplicación de las leyes de protección de datos personales”, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México el 23 de marzo de 1981.

“La fragmentación de las competencias del INAI podría resultar en injerencias arbitrarias o ilegales en la privacidad de los ciudadanos, ya que la falta de un órgano garante autónomo podría llevar a una aplicación inconsistente de estos principios a una debilitación de su implementación”, así como a una “mayor vulnerabilidad de los datos personales y una disminución en la protección de la privacidad de los ciudadanos”, sostienen las relatorías.

En Chicomuselo, en la región Sierra de Chiapas y limítrofe con Guatemala, se han registrado en los últimos días enfrentamientos armados entre presuntos los carteles de la droga, que se disputan tomar el control del territorio.

Los más afectados, son los habitantes, mismos que durante todo este tiempo han denunciado que ola de violencia persiste a una semana de las elecciones extraordinarias, para las autoridades federales y estatales como si no existieran, porque sus llamados de auxilio no han tenido eco, el silencio ha sido su única respuesta.

No obstante a la inacción de la Guardia Nacional, la Policía del estado y de el Ejército Mexicano que se resisten a acudir en el auxilio de los habitantes de la zona cundo piden salir en su defensa y estos se desentienden argumentando que no tienen ordenes de proceder de manera violenta para inhibir la agresión de las bandas criminales, este sábado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desplegó sus tropas al municipio de Chicomuselo, como advertimos, en los últimos días se ha convertido en la zona de “guerra”, entre los delincuentes.

Fueron los propios pobladores los que informaron que fueron al menos 400 elementos del Ejército Mexicano los que llegaron a esta zona, luego que el convoy pasó por el puente atirantado, recién inaugurado por el presidente López Obrador, mientras que otros atravesaron por medio de e un “chalán” o panga.

Hasta el momento la 7a región militar en Chiapas no ha emitido ningún comunicado sobre el número de elementos que fueron enviados al Chicomuselo ni las acciones a realizar en esta zona.

Sin embargo, uno de los pobladores que por temor a represalias pidió la omisión de su nombre, afirmó que de nada sirve que llegue elementos castrenses si no hacen nada para salvaguardar la integridad de la población que se ha visto afectada por la presencia de los grupos delincuenciales.

Dijo que además las autoridades envían elementos del ejército cuando en el municipio de Chicomuselo ya no hay gente, por la población ha tenido que desplazarse a otros municipios para salvaguardar sus vidas y de sus familias.

“Esto lo hubieran hecho antes, pero ahora ya no sirve de nada si la mayoría de los compañeros han tenido que salir de sus comunidades en busca de refugio en otros municipios porque están siendo obligados a participar en los bloqueos”, abundó.

Asimismo, indicó que pese a la llegada de elementos el día de ayer se reportó otro ataque con drones en la cabecera municipal de Chicomuselo por parte de unos de los grupos delincuenciales que se disputa la plaza.

Puntualizó que la situación sigue siendo crítica, por ello muchas personas más han tenido que desplazarse a otros municipios en busca de ayuda, por lo que Chicomuselo permanece como un pueblo fantasma.

Sin embargo, hasta este domingo 1 de septiembre, la 7a región militar en Chiapas no ha emitido ninguna información al respecto y del número de elementos que fueron enviados al Chicomuselo ni los operativos a realizar en la región.

Empero, uno de los habitantes de Chicomuselo que pidió que se protegieran sus generales, por temor a represalias, sostuvo que de nada sirve que lleguen elementos del Ejército Mexicano, si no hacen nada para salvaguardar la integridad de la población que se ha visto afectada por la presencia de los grupos delincuenciales.

Además, reveló que en este momento de nada sirve que las autoridades envié a los soldados al municipio de Chicomuselo, cuando ellos saben que el pueblo ya ha sido abandonado casi en su totalidad, y demasiado saben las autoridades que los pobladores ya han huido, unos en lugares más seguros de Chiapas, a otros estados, incluso, Estados Unidos y Canadá, y otros ya viven con tranquilidad y paz en Guatemala.

Las autoridades reaccionaron demasiado tarde, hubieran actuado antes, ahora de nada sirve, porque la mayoría de los pobladores, ya emigraron a otras partes más seguras., lamentan.

Ya la presencia de elementos del Ejército Mexicano, ya no infunden respeto, pues luego de su llegada, lo pobladores comentan que ayer mismo se reportó otro ataque con drones en la cabecera municipal de Chicomuselo, realizado por unos de los grupos delincuenciales que se disputa la plaza.

Lo peor de todo, aseguran. Es que la situación está más crítica que antes y que seguirá poniéndose peor, dado que Claudia Sheinbaum, le dará continuación a la misma política implementada por este gobierno de la 4T y de López Obrador, que a todas luces ha sido un fracaso. Los “abrazos y no balazos”.

La gente no está de acuerdo con la violencia, por ello muchas personas siguen abandonando sus comunidades y siguen desplazándose a otros municipios en busca de ayuda, y Chicomuselo se ha convertido en un pueblo fantasma.

Momentos de terror vivieron docentes, niñas, niños y personal de un kínder en Chiapas, luego de quedar atrapados en medio de una balacera.

El hecho ocurrió en el plantel educativo Josefa Ortiz de Domínguez del municipio de Benemérito de Las Américas, ubicado en los límites con Guatemala.

De acuerdo con los reportes, los hombres armados llegaron a bordo de varias camionetas para disparar directamente a la clínica donde estaba uno de sus rivales.

Enseguida abrieron fuego contra la fachada de la clínica Samher’z que se encuentra justo frente al kínder. El ataque lo perpetraron por varios minutos. Ante el ruido de las metralletas las y los docentes pidieron a los menores tirarse al suelo para evitar ser alcanzados por las balas.

“No lloren”: intentan calmar a niños de kínder durante una balacera

En vídeos captados por cámaras de seguridad se ve a hombres encapuchados y vestidos con prendas de color negro llegar al lugar antes mencionado para realizar el ataque. Además, el personal que estaba en la institución educativa también compartió en redes sociales vídeos de lo ocurrido.

En uno de los vídeos, se ve a un grupo de niñas y niños dentro de un salón de clases, mientras la maestra les pide mantener la calma y resguardarse. De fondo se escucha una ráfaga de disparos.

“Tírense al piso”, “No lloren”, se escucha decir a una mujer en medio de la lluvia de balas.

Otro vídeo muestra los momentos después del ataque armado, la fachada de la clínica se ve dañada por los impactos de bala y una parte de la calle quedó cubierta con decenas de casquillos percutidos.

Hasta ahora se desconoce si hay víctimas, ya que ninguna autoridad del gobierno ha informado sobre los hechos.

Benemérito de las Américas, es otro de los pueblos de la frontera sur, secuestrado por bandas del crimen organizado que de acuerdo a testimonios de los pobladores desde hace cuatro días mantienen enfrentamientos afectando la vida cotidiana. Con información Grupo Megamedia.

Los morenistas se dan “golpes de pecho”

Cuando el hilo se rompe por lo más delgado, según el refrán quiere decir que, en general, el poderoso vence al desvalido, el fuerte al débil.

Es el caso Norma Otilia Hernández Martínez, alcaldesa de Chilpancingo desde el 2021, por parte del partido Morena, que en este año generó polémica por diversas situaciones que incluso la relacionaron con ‘Los Ardillos’, uno de los grupos de crimen organizado que opera en Guerrero.        

Norma Otilia puede ser tomada por su partido Morena como un “chivo expiatorio”, porque comulgar con los criminales es un requisito para los políticos morenistas puedan ascender en los cargos públicos y ser defendido -si el caso lo amerita- por el presidente López Obrador, de quien es un secreto a voces que es amigo y socio del Cártel de Sinaloa, sino pregúntenselo al “chapito Guzmán.

Pero en el estado de Guerrero, el mandamás es nada menos y nada más el senador Félix Salgado Macedonio, y que por su excelente relación con el presidente López Obrador, pudo imponer a su hija Evelyn Salgado Pineda en el gobierno de Guerrero y también ella en cuestión de narcopolítica, no canta mal las rancheras.

El caso fue que Morena decidió expulsar a su militantes Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, a escasos 25 días de culminar su administración, luego que la Comisión Nacional de “Honestidad” y “Justicia” del partido anunció la cancelación de su “membresía”, por incumplir con sus responsabilidades “morales” tras sostener una reunión con el supuesto líder del grupo criminal Los Ardillos.

No pues sí, seguramente los Morenistas, pudiera ser su actual líder, Mario Delgado (a) el “rey del huachicol”, la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, también ex influencer y muy posible próxima líder de Morena, la alcaldesa de Chilpancingo les hirió el orgullo propio con su relación con los narcos. ¡oh pues que tanto es tantito!

Pero como decía en un principio que la gran mayoría de los políticos que militan en es cosa que se llama Morena, no están libres de culpa y su ascenso en cargos públicos en la actual administración los denuncia que si están como diputados federales, locales, senadores y gobernadores, es porque tuvieron financiamiento en su campañas, no de hoy, sino de hace años y el presidente lo sabe y por eso los defiende como gato panza arriba.

La presunta relación entre el Cártel de Sinaloa y Morena sacudió a la clase política mexicana, luego de varias revelaciones que se hicieron en diversos medios de comunicación, -claro de los independientes, no de los que simpatizan con las mañaneras-, denuncias de vínculos entre ambas fuerzas (política y criminal), que como decía, no son nuevas y van desde el financiamiento de campañas electorales hasta operadores del crimen organizado involucrados en las altas esferas de la 4T.

Pero no solo en México se sabe que tenemos un narco presidente, lo saben los norteamericanos, los canadienses, los europeos, incluso aquellos que se dicen pertenecer al mundo del populismo del Foro de Sao Paulo, por mencionar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, en donde sus presidentes se llevan a cuartos con los narcotraficantes.

En el caso de México, el presidnte López Obrador si está bien embarrado y no creo que se salva, aun queriéndose reelegir en el cargo o siendo la sombra de la actual “presirvienta Carlota Claudia 1ª”, luego que  funcionarios de la ley estadounidenses han indagado durante años afirmaciones de que aliados del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de sostener reuniones -no en lo oscurito-, sino de manera descarada y cínica con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares, antes y después de asumir el cargo, según consta en registros de EE. UU. y de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema.

Entonces lo de Norma Otilia es otra “cortina de humo” que lanza el inquilino de Palacio Nacional, ahora que esta muy fuerte el rumor que la reforma al Poder Judicial la pueden parar en seco los 43 senadores de oposición y eso trae a lopitos que no lo calienta ni el son.

A otro chino con  ese cuento. Pero el día decía el vecino, cosas peores veremos antes que se vaya a la chingada el viejo guango.

Uno de los principales oradores de la marcha en protesta contra la iniciativa de reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el Ministro en retiro José Ramón Cossío que ante una multitud de aproximadamente 15 mil almas, al advertir la instauración de un nuevo Maximato nacional y hasta una guerra civil podría producirse con la aberración del tabasqueño.

Además, alertó que con la reforma las indebidas influencias que ya existen en las elecciones políticas también se presentarán en las judiciales.

Lo grave del caso es que el nuevo Congreso de México: Morena y comparsas pueden cambiar la Constitución sin el voto opositor, porque un gobierno mexicano con supermayorías legislativas es una fase sin precedentes en el siglo XXI. La última vez que ocurrió una situación similar fue en la década de 1990. Pero eso es otra historia que puede ser revertida por los 43 senadores de oposición para votar en contra de la mal llamada reforma judicial.

Mientras tanto, los legisladores de oposición recibieron un fuerte apoyo cuando trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), estudiantes de diversas universidades e integrantes de la llamada Marea Rosa y del Frente Cívico Nacional, realizaron nuevas concentraciones y marchas en contra de la reforma judicial, previo a que iniciara su discusión este domingo en comisiones del Senado de la República.

Los legisladores que integran las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales fueron convocados este domingo para avanzar la minuta que aprobó la Cámara de Diputados el 4 de septiembre.

Las movilizaciones comenzaron en distintos puntos de Paseo de la Reforma y se dirigieron a la sede de la Cámara Alta en la Ciudad de México (CDMX).

En las protestas hay manifestantes de Nuevo León, Sonora, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Estado de México, Durango y Guerrero, y también participan la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

Del Montón

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, presentó dos documentos de análisis para un sistema integral de seguridad pública y justicia en México, como “propuestas concretas” ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo dictamen se discute este domingo en comisiones del Senado de la República. Piña Hernández consideró que “la demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”. Entonces, sentenció: “Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

Pretende la 4T liberarla de la corrupción

Democratizar la elección de funcionarios

Se acerca el día, la hora, el momento cuando el Senado Mexicano valide la decisión de la Cámara de Diputados de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de democratizar la nominación, mediante la elección popular, de magistrada o magistrado de Circuito, jueza o juez de Distrito, así como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea el Plan C del presidente López Obrador.  Este Plan C incluye, además: La reducción de 11 a nueve el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027,

Prevé también la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México. También sustituiría el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte. La oposición, el pri, el mc, el pan (por qué votará el sonorense de todas las batallas tricolores, Manlio Fabio Beltrones, ahora que Vandalito materialmente lo echó del pri, porque, obviamente, es un peligro para su “¿liderazgo?” en ese fétido negocio en plena decadencia. Y que no se ilusionen Norma Piña Hernández y su séquito porque, otra vez, perderán, como perdieron el 2 de junio pasado, cuando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo hizo papilla a doña señora x y a su cauda de seguidores.

No cabe ninguna duda al respecto. Lo mejor para los mexicanos es la reforma al Poder Judicial. Hasta este momento, la filosofía de los miembros del Judicial es la corrupción, la impunidad, el cinismo y la hipocresía. Un botón de muestra: el altísimo grado de nepotismo que existe entre el personal del órgano encargado de impartir justicia, el Consejo de la Judicatura Federal. El alto grado de corrupción en el manejo de las multimillonarias deudas de multimillonarios al fisco, la liberación de importantes capos de la delincuencia organizada, los llamados sabadazos, o liberación de importante miembros de la delincuencia en sábado Pero la Cámara de Diputados ya votó y elaboró un Dictamen para realizar la reforma al Poder Judicial que ahora tiene que analizar, discutir y aprobar el Senado de la República a fin de fijar su posición y aprobar una reforma que acabe con la corrupción en el seno de los órganos jurisdiccionales autorizados a impartir justicia.

Este domingo, poco después del mediodía, a eso de las 13 horas, se reunieron en las salas 5 y 6 de la planta baja del Hemiciclo a Juárez, en el Senado (Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes norte), las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, cuyas presidentas son Ernestina Godoy y Citlalli Hernández (abiertamente defensoras de la reforma al Poder Judicial), para analizar el Dictamen susodicho. Los senadores ya tenían conocimiento del texto del Dictamen aprobado por los diputados. El aparente problema en el Senado es que a la mayoría legislativa le hacía falta un voto para presentar mayoría calificada y aprobar el Dictamen… Un solo voto para para presentar mayoría calificada. Pero pues eso era fácil de resolver, o con un voto de un panista mal visto por su bancada, o con el voto de un senador rechazado por su bancada, como Manlio Fabio Beltrones, quien prácticamente fue echado del pri por su actual dirigente espurio, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, bajo terribles acusaciones de actuar en contra del partido.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos prácticamente concluyeron muy rápido el análisis y la discusión del contenido del dictamen, pues este texto era ya prácticamente conocido por toda la bancada de Morena, el PT y el PVEM. El proyecto de dictamen de 414 cuartillas, avalado sin problemas en las citadas comisiones, pasó a primera lectura en la sesión ordinaria de mañana martes para ir al debate y votación en la sesión del miércoles venidero, sin ningún cambio respecto a lo avalado en la Cámara de Diputados. Al debate, por lo pronto, el bloque mayoritario sólo dispone de 85 votos a favor y le falta uno para hacer mayoría y quedarse con el triunfo y la reforma al poder judicial en las manos. Ahora sí, amiga, con 86 votos se acabaría la oposición.

Sin embargo, dolida por la aplastante derrota del 2 de julio, la oposición, particularmente el PAN, está haciendo hasta lo imposible por quebrar a los partidos oficialistas. Los panistas y, en menor medida. el pri y mc quieren sacar fuerzas de flaqueza, Únicamente cuentan con 43 votos y con estos quieren dar la pelea al oficialismo. La lógica indicaría que quien lleva todas las ventajas y las posibilidades de imponerse es Morena con el PVEM y el PT. Pero bueno, eso es lo que dice la lógica. Faltaría ver qué senador se apunta para darle su voto a los senadores lopezobradoristas…

Adicionalmente, los partidos de oposición, particularmente en PAN, atizan al fuego de grupúsculos de seudo o sedicentes estudiantes de Derecho y trabajadores del poder judicial que presionan a los senadores desde las calles del vecindario de la Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma en el intento de no permitir la entrada a nadie y menos a senadores, a las instalaciones del Senado de la República, tal como lo hicieron en la Cámara de Diputados.

· Una nota sobre literatura centroamericana

Uno

Dice el historiador Eric van Young que las regiones son hipótesis a comprobar. Como hipótesis, se puede pensar una región según sus características, los elementos que se supone se articulan en un todo más bien heterogéneo. De este modo, podemos hablar de regiones históricas, simbólicas, literarias, etcétera.

Esto de la región como hipótesis subyace en algunas reflexiones que cuestionan la unidad centroamericana y, de paso, la existencia de la región. Me parece que sus argumentos, si lo seguimos a pie juntillas, pulverizan cualquier posibilidad de construir una región, cualquiera que esta sea. Desde esa perspectiva la región no tiene posibilidades.

Dos

Prefiero lo que los historiadores de las regiones plantean como ruta para abordar la hipótesis: la articulación entre condiciones físicas (regionalidad) y sus apropiaciones de quienes las habitan (regionalismo). El ensamble más o menos coherente, no por ello homogéneo, permite hablar de las regiones.

Ahora bien, mi pregunta sería: ¿cuándo hay región en Centroamérica? ¿Cuántas regiones se pueden construir en Centroamérica? ¿Entre ellas, es la literatura la que vehicula alguna región centroamericana?

Tres

En lo tocante a las literaturas centroamericanas cabe la pregunta, además, con base en qué elementos se puede abordar como una región. Pienso, por ejemplo, en sus temáticas. Me asaltan dos: la historia y la selva. Al menos en el pasado reciente en Centroamérica algo les es común: la guerra. La literatura centroamericana llamada de la posguerra es un elemento para pensarla como región, pues esa violencia provocada, entre otras cosas, por la injerencia norteamericana para detener el comunismo, recorrió prácticamente a todos los países, en mayor o menor medida.

Otro elemento es la selva y la misma ruralidad, como temáticas que se repiten, discursos de apropiación y creación del espacio centroamericano, al menos el guatemalteco y su desbordamiento hacia el sur de México que, dicho sea de paso, reclama un lugar en la región centroamericana.

Cuatro

Entonces, considero pertinente sostener tantas regiones centroamericanas según sus articulaciones entre la regionalidad y el regionalismo, así como tantas regiones literarias en Centroamérica a partir de sus discursos, representaciones, hacedores, temáticas y prácticas.

Estamos a punto de cerrar el sexenio que más daños ha dejado en la articulación del movimiento feminista. La dicotomía reduccionista de “a favor o en contra”, cerró la posibilidad de diálogo para pactar la ruta política en defensa de los derechos de las mujeres; como resultado: la fuerza política del movimiento feminista se debilitó.

El patriarcado ganó al enfrentarnos internamente, así cómodamente eligió a quien invitar a su mesa, siempre es más fácil con quien piensa y coincide conmigo, y eso hizo, dialogó, no públicamente, con las elegidas, las cercanas.

El principio divide y vencerás se llevó a la perfección. En seis años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los espacios de diálogo político del Movimiento Feminista se fueron secando ante la imposibilidad de superar el a “favor o en contra”, o estas con él o eres la alimentadora del conservadurismo, tanto unas como otras fuimos incapaces de poner sobre la mesa la agenda feminista por encima del presidente y su movimiento.

Una práctica que por años nos funcionó para avanzar, se resquebrajó por completo. El puente de pacto político estaba fracturado y con el paso de los años del sexenio se abandonó y ya ni siquiera buscamos la forma de encontrarnos.

Lejos quedó la Asamblea Nacional de Mujeres, las redes plurales como la de la Salud de las Mujeres, etc., espacios de confluencia política de los más diversos enfoques de la política feminista mexicana, nos encapsulamos en los temas de experiencia para sobrevivir y avanzar mucho más lento o de plano buscar detener los retrocesos.

Un arte ha sido que la Red de Mujeres en Plural siga adelante, el foco no se ha perdido, los derechos políticos de las mujeres y la paridad sustantiva las une, hasta en los momentos más difíciles de la política nacional.

Rompernos fue el acto más antifeminista que pudo darse en este sexenio, seguro las sufragistas tendrían mucho que decirnos de la pérdida del momento histórico vivido.

Atizar el fuego de la división fue, sin querer o queriendo, lo que el discurso estigmatizante hacia el movimiento feminista generó el presidente. El resultado es que las represiones estatales ocurren sin que el movimiento feminista se pronunciara contra ello.

Si el 9N de 2020 (donde la policía estatal y municipal disparó contra las manifestantes) hubiera ocurrido en un gobierno distinto, nos hubiéramos volcado, pero no lo hicimos porque aparecer junto a las no invitadas a las mesas del poder o con el poder, lleva a perder el supuesto espacio ganado, este año en Zacatecas nuevamente la represión se hizo presente, sin mayor cobijo.

A lo largo de los años el Movimiento Feminista ha pactado las diferencias internas, las sabemos y no la alimentamos, trabajamos en las coincidencias para avanzar por la vida y la libertad de mujeres y niñas. Insisto esto nos ayudó a seguir adelante, lograr lo que hasta hoy tenemos.

Es momento de hacer el corte de caja del sexenio que termina, para ver dónde estamos paradas, resarcir los daños y priorizar la agenda feminista. Porque lo que tenemos enfrente no es cualquier cosa.

Cuál es la relación que quiere el movimiento con la próxima presidenta y cómo la quiere, ¿sí con todas y no con unas cuantas? Para ello es necesario abrir el espacio de diálogo, sin ello, imposible.

¿Será posible?

El aumento de la polarización que atraviesa el país ha alcanzado niveles sin precedentes y no parece haber indicios de un cambio en el corto plazo. El proceso de reforma constitucional sobre el Poder Judicial no ha sido la excepción; al contrario, se ha sumado a la lucha por una radicalización aún mayor. La intervención jurídica del Poder Judicial de la Federación en dicho proceso de reforma constitucional obliga a realizar algunas precisiones, independientemente del contenido de la iniciativa presidencial –sobre la cual he manifestado mis acuerdos y mis desacuerdos en distintos aspectos– que sigue en desarrollo.

Primero. El artículo 61, fracción I de la Ley de Amparo es muy claro al precisar: “El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. En este sentido, debe quedar claro que las suspensiones otorgadas por juzgadores federales para que el Poder Reformador de la Constitución, o Constituyente Permanente, pueda ejercer las atribuciones que le otorga la propia Constitución en el artículo 135 están viciadas de nulidad absoluta; es decir, carecen de validez jurídica, ya que no cumplen con los requisitos mínimos del principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, que estipula que la actuación de las autoridades (incluidas, con mayor razón, las judiciales) debe llevarse a cabo mediante “mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Esto es comprensible, ya que la misma Carta Magna establece, en el citado artículo 135, el procedimiento para su propia reforma: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”. Como se observa, la reforma constitucional es una atribución exclusiva del Poder Reformador de la Constitución, no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni del Poder Judicial de la Federación en general.

Segundo. Si la regla anterior debe aplicarse a cualquier reforma constitucional, con mayor razón lo debe hacer tratándose de una que afecte la estructura de la SCJN. Esto se basa en las siguientes razones: a) La SCJN está obligada a cumplir con lo previsto en la Constitución, ya que es un tribunal de legalidad y, sobre todo, de constitucionalidad, como lo establece el artículo 105 constitucional, que enumera y delimita el ámbito de sus atribuciones (incluso tampoco procedería, a mi juicio, la acción de inconstitucionalidad, ya que no se trata de dirimir si una ley es conforme a la Constitución, sino de si una parte de la Constitución puede ser inconstitucional, y, en todo caso, sería una acción ex post, no ex ante); b) Los integrantes de la SCJN son directamente afectados por cualquier reforma que modifique su estructura y/o condiciones laborales. Permitirles revisar dichas reformas pone en riesgo la imparcialidad y daña la legitimidad de sus decisiones. Por principio, las decisiones judiciales deben estar libres de intereses personales. (El propio Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, de 2004, que obliga a la SCJN, dispone en su capítulo I que la independencia judicial “consiste en juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses ajenos a él”. ¿Acaso las marchas y paros de la judicatura no constituyen “presiones o intereses ajenos al derecho”?); c) Se vulnera el principio de objetividad, que, según el mismo Código, “consiste en emitir fallos por las razones que el Derecho suministra, y no por las que se derivan de su modo personal de pensar o sentir”. ¿La división interna de la SCJN y la participación de ciertos grupos en actividades impropias de sus atribuciones no es una muestra clara de la imposibilidad de dejar de lado “su modo personal de pensar o de sentir”?

Tercero. En un Estado de derecho no puede existir la atribución de que el Poder Reformador de la Constitución reforme o adicione la Constitución, salvo en lo que respecta al Poder Judicial, debido a que: a) La atribución de legislar, incluyendo las reformas y adiciones a la Constitución, corresponde única y exclusivamente al Congreso (tratándose de reformas constitucionales, como ya mencioné en el punto primero, al Poder Reformador de la Constitución, que incluye una mayoría calificada de ambas Cámaras del Congreso y la mitad más una de las legislaturas locales). En consecuencia, no existe en ningún país democrático una salvaguarda que limite o restrinja la división de poderes. b) Un sistema de autoevaluación judicial daría lugar a un régimen en el que los jueces serían árbitros de sus propias causas, con la facultad de legislar sobre los preceptos constitucionales. (De nuevo, en relación con la objetividad, el Código de Ética del PJF establece que “El juzgador, al tomar sus decisiones en forma individual o colegiada, buscará siempre la realización del derecho frente a cualquier beneficio o ventaja personal”. ¿Alguien con un mínimo de sentido común podría pensar que una resolución de la SCJN en este tema no implicaría “un beneficio o ventaja personal”?). Y c) La implicación de la SCJN en su propia reforma genera un sesgo interpretativo que debilitaría, paradójicamente, los principios constitucionales que está encargada de proteger. En resumen, la SCJN no puede, conforme a la Constitución, vulnerar la soberanía legislativa, restringir el principio de supremacía constitucional ni intervenir en el modelo de nación que la sociedad, a través de sus representantes en el Poder Legislativo, decida plasmar siguiendo escrupulosamente las reglas previstas en el artículo 135 constitucional.

Hace mucho que no te escribo. Hace mucho también que no recibo misiva tuya. Pero cada vez que aparece un comunicado zapatista o un escrito con la rúbrica de El Capitán, no dejo de leerlos con la misma atención y la misma emoción con las que lo he hecho desde que el 1 de enero de 1994 los zapatistas irrumpieron como un relámpago en la noche. Aún la siguen iluminando, pero ya muy pocos lo ven. 

Es como si a fuerza de acostumbrarse a la oscuridad la gente hubiese perdido la capacidad de mirar lo que los relámpagos revelan. Las víctimas no sólo lo vemos, lo padecemos y, como ustedes, que también son víctimas, lo decimos: la noche no es algo que surgió de repente, la creó el poder y su putrefacción. Pero la gente se aferra a ella. Algunos creen que podría ser un poco menos densa si el viejito pendenciero que dice gobernarnos y la flaquita que lleva de la mano por todas partes como a una niña, reinaran absolutamente. 

Otros dicen que la noche estaba mejor antes de que el viejito que se metió en Palacio llegara a descomponerla y que si hubiese ganado Xóchitl o Bertha, que es su primer nombre, la noche sería más cómoda. Cuando leí que te referías a ella de esa manera, recordé que en 2012, cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cruzaba el puente de Selma en memoria de los masacrados durante el Domingo Sangriento de 1965, me volví hacia uno de los viejos sobrevivientes que esa tarde nos acompañaban y le dije: “Estarán contentos de tener a Obama como presidente”. “No me hables de Obama –me respondió molesto–; es una galletita Oreo, blanco por dentro, negro por fuera”. 

Más allá de los recuerdos, Capitán, y mientras encontramos el nombre de la galleta o de la gelatina que corresponde a Bertha Xóchitl, en uno y otro caso se trata de la noche y de quienes han administrado y administran su horror; se trata también de quienes, situados en uno u otro bando, se acomodan con alegría o enojo a la oscuridad. 

Hay en ello, Capitán, una espantosa semejanza con el partido de futbol que Micloz Nilsy, uno de los sobrevivientes del último Sonderkommando –prisioneros que, obligados a procesar los cadáveres salidos de la cámara de gas, las SS ejecutaban cada tres meses y sustituían por otros– narró a Primo Levi, un partido entre miembros del Sonderkommando y SS que se jugó en 1945, al lado de los hornos crematorios, montones de muertos y una nutrida porra de prisioneros y guardias. He usado varias veces esa analogía que habla de la normalización del infierno o de la noche –es lo mismo; en el averno siempre es de noche– con resultados semejantes a los que desde hace ya tiempo tus comunicados o los del comandante Moisés suscitan, el del silencio del bullicio.