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El asesinato del niño Dante Emiliano en Paraíso, Tabasco, responde a que “la violencia armada se ha generalizado en todo el país”, y que ha cobrado la vida de más de 12 mil personas entre 0 y 17 años en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe,

En entrevista con Proceso, el defensor de los derechos de la infancia apuntó que la violencia extendida en todo el país y que se expresa de forma cruenta en el caso del niño Dante Emiliano quien murió después de recibir tres impactos de bala en el abdomen, tiene como contexto “la militarización del país y obviamente la circulación de más de 16 millones de armas ilegales” que ha tenido entre sus víctimas a la infancia mexicana por la llamada “guerra contra el crimen organizado”, lanzada en 2007 por el expresidente Felipe Calderón.

“Llevamos 17 años de entregar la vida y la sangre de niñas, niños  y personas jóvenes, cada día hay 7 homicidios de esta población, y se han acumulado 22 mil personas de cero a 17 años asesinados, y sólo en lo que va de esta administración más de 12 mil”, dijo el director ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia.

Pérez García fundamentó las cifras en la sistematización que hizo la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) de información recabada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESSP)  desde 2015.

Redim informó que de 2015 a diciembre de 2023, fueron asesinadas 22 mil 839 personas de entre cero y 17 años, de las cuales 5 mil 628 era mujeres y 17 mil 211 hombres.

De esa cifra, la organización precisa que 12 mil 368 homicidios de menores de edad se cometieron durante la administración de López Obrador, “el equivalente a 6.7 homicidios de niñas, niños y adolescentes al día”, precisó Redim.

De la totalidad de asesinatos ocurridos de diciembre de 2018 a diciembre de 2023, “uno de cada cuatro han correspondido a mujeres (2 mil 907 en total), y tres de cada cuatro a hombres (9 mil 461 en total)”,  resaltando entre las circunstancias, 5 mil 451 murieron en accidentes de tránsito; 3 mil 933 por arma de fuego y 408 por arma blanca.

Los estados en los que mayor prevalencia de homicidios de personas de cero a 17 años han ocurrido en esta administración son Guanajuato con mil 499 casos, Michoacán con mil 119 y Estado de México con 842 homicidios de infantes.

Para Juan Martín Pérez García los datos oficiales arrojan que la política de seguridad “como se está haciendo, claramente es equivocada y  está  teniendo algos costos contra niñas, niños y adolescentes que tienen derecho a una vida libre de violencia”.

El defensor puntualizó que “el negocio de la guerra es multimillonaria y beneficia a todas las partes; al ejército, a las autoridades -municipales, estatales y del gobierno federal- y por supuesto a los grupos criminales”.

Sobre el caso específico del niño Dante Emiliano, Pérez García alertó que todavía hay temas que las autoridades de Tabasco deben precisar, como la circunstancia en que recibió los impactos de bala o si su muerte se asoció con la falta e medicamentos, “lo que sería muy grave”.

Consideró muy preocupante que hasta ahora “no se tiene ningún tipo de información si se tiene identificado a los presuntos responsables, o qué está sucediendo, en todo caso, estamos hablando de violencia armada y tratándose de muertes de niños y niñas los datos arrojan que la impunidad está garantizada”.

El defensor resaltó que “de cada cien carpetas de investigación que se abren en las que los niño y niñas son víctimas, 97 quedan impunes y sólo 3 carpetas llegan a algún tipo de sentencia y casi siempre resoluciones favorables a los agresores”.  

Tras recordar que “toda impunidad es una invitación a lastimar a niños y niñas”,  el director ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia, considera que la violencia contra la infancia  que representa la tercer parte de la población es de tal magnitud que “parece que es una decisión,  por omisión, por negligencia o por aquiescencia, en todo caso es una decisión política,  dejar que los niños y niñas mueran a manos de grupos criminales, que niños y niñas no puedan tener una vida libre de violencia”.

Abundó que prevalece en México una política  pública “adultocentrista, que considera que lo único importante es lo que pasa a los adultos, ignorando a las infancias y a los jóvenes”, la situación se agrava para esta población “permitiendo la impunidad, por la falta de investigación, manteniendo este negocio multimillonario de la guerra que sabemos no está cambiando nada todos los indicadores si los comparamos con 2006 y 2007”.

Al insistir en que la política de seguridad militarizada que se mantiene desde hace 17 años, ha causado “claramente un daño para el país y para la población  enorme”, Juan Martín Pérez García condenó también los mensajes de políticos publicados en redes sociales en los que se toca el asesinato de Dante Emiliano.

“Es positiva la indignación, pero creo que hay una ética política y es no lucrar con los dramas humanos de cualquier tipo, lamentablemente en la contienda electoral los actores políticos, de todos los colores, están lucrando con el dolor, lo cual es muy reprobable”, sentencia

El periódico estadunidense The Washington Post, advirtió que las fuerzas armadas por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, infringen a la democracia de México y pide al gobierno de Estados Unidos influir para detener la militarización.

“Los militares se ha convertido en una herramienta invaluable para cumplir los deseos del presidente López Obrador en todo el territorio, centralizando el poder y haciendo a un lado a los gobiernos estatales y municipales democráticamente electos”, indica el rotativo.

En el principal editorial de su versión impresa de este miércoles, titulado “Las fuerzas militares están infringiendo a la democracia de México”, el influyente diario de la capital estadunidense destaca el enorme papel e influencia que López Obrador ha cedido al Ejército y la Marina.

“Estados Unidos puede influir en la situación en su papel como socio comercial más grande de México y como proveedor de armas y equipo a las fuerzas militares mexicanas”, recomienda la junta editorial de The Washington Post.

Para contextualizar su argumento, el periódico anota que fue el ex presidente Felipe Calderón en que arrancó el proceso de militarización de México al involucrarlos en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Pero AMLO fue mucho más allá, presionando por medio de enmiendas constitucionales para cederles responsabilidad a las fuerzas armadas en la seguridad pública del país hasta el 2028, haciéndolas responsables de la migración, aduanas, manejo de dos aeropuertos”, resalta.

En la historia moderna de América Latina, el editorial enfatiza que la democracia de México se ha mantenido libre de golpes de Estado y de ser gobernador por juntas militares, y que el Ejército y la Marina del país se han mantenido bajo la subordinación de un mando civil.

“Aunque AMLO considera que unas fuerzas armadas más fuertes son una institución de lealtad incuestionable con la que se debe contar en lo que él considera el estado profundo construido por gobiernos anteriores; no está claro cómo ese tipo de fidelidad será transferida a la próxima presidenta; ya sea a su ungida, Claudia Sheinbaum, que encabeza las encuestas o la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez”, apunta.

A la Secretaría de las Defensa Nacional (Sedena) que incluye a la Secretaría de la Marina y Armadas de México (Semar), AMLO con la venía del Congreso les duplicó el presupuesto en su gobierno, respecto a lo que recibían en 2019, que ahora es de 316 mil millones de pesos.

El Post añade que a la Guardia Nacional con la que AMLO reemplazó a la Policía Federal le concedió un presupuesto de 4 mil millones de pesos, y ha incumplido con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que dicha institución debe estar bajo mando civil.

“AMLO argumenta que el Ejército constituye un baluarte contra la corrupción que infectó a los gobiernos anteriores al de él y que las fuerzas armadas están haciendo un buen trabajo combatiendo al crimen.

“Ambos clamores son implausibles, especialmente el segundo, bajo su mando han ocurrido más de 170 mil homicidios; muchos más que durante las pasadas tres presidencias”, matiza el Washington Post.

La militarización de México propiciada y permitida por AMLO, de acuerdo al punto de vista del editorial del diario, socava también a los gobiernos civiles, instituciones judiciales como el INE y al INAI.

“Durante la Guerra Fría, Estados Unidos con frecuencia toleró y apoyó regímenes militares, no obstante su inversión tuvo cierto éxito en la democratización y desmilitarización de América Latina. Mucho mayor razón para resistir el asentamiento de militarismo donde nunca antes existió; junto en la puerta de al lado (México)”, concluye el editorial.

Organizaciones de derechos denunciaron la impunidad en la que permanece la ilegal persecución hacia las defensoras Mercedes Doretti, Ana Lorena Delgadillo y la periodista Marcela Turati, contra quienes en 2016 la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) abrió una investigación por delincuencia organizada y secuestro que la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, mantiene vigente hasta ahora.

Durante la presentación del informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, realizado por Amnistía Internacional, se alertó sobre el uso en México del “sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que las investigan y acompañan a esas víctimas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño”.

El evento de presentación, encabezado por la directora en México de la organización internacional, Edith Olivares Ferreto, contó con la presencia de las tres mujeres sometidas a investigación ilegítima, así como del representante de Amnistía en España, Esteban Beltrán, una de las responsables de la investigación, Belem Barrera y la periodista Carmen Aristegui.

Sin autorización judicial

De acuerdo con el informe, el 29 de enero 2016  la  Seido integró a Delgadillo, Doretti y Turati, como personas a investigar en la averiguación previa que se sigue por el hallazgo en 2011, de 196 cuerpos de personas migrantes en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, abierta por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Lo anterior implicó que las tres “fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano”, pues sus comunicaciones fueron intervenidas, sus ubicaciones geolocalizadas, su escritura sometida a peritajes grafoscópicos a partir de documentos en posesión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), todo sin autorización judicial y sin informar a las defensoras y la periodista.

La información que formaba parte del tomo 221 de la investigación fue conocida por las víctimas hasta 2021, a partir de solicitudes de amparo que tramitó la entonces directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo, representante de familiares de víctimas de las masacres de migrantes en San Fernando, de 72 en 2010 y de 196 un año después.

El reporte de Amnistía Internacional narra que la forma en que la entonces Seido justificó su actuación ilegal fue a partir de la supuesta denuncia de la familiar de una de las víctimas, quien negó haber autorizado a Turati a publicar en la revista Proceso su testimonio sobre los obstáculos para recuperar los restos de su familiar y que había sido extorsionada, además de que la acusó de haberle dado los datos de Delgadillo en un papel, pero que ella no autorizó a la defensora a ser su  representante en el proceso judicial.

En el caso de Doretti, cabeza del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien tenía un convenio con la PGR continuado con la FGR, para identificar los restos de los migrantes, no parecería haber más justificación que la hipótesis de que mantenía comunicación con Turati y Delgadillo, y que la experta forense les habría filtrado información.

La investigación de las masacres, que pasó de la Seido a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), fue concentrada en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (Femdh), junto con las abiertas por otras cinco masacres de migrantes, pero la inclusión en la investigación de las tres mujeres en el tomo 221, se mantiene hasta ahora.

De acuerdo con Ana Lorena Delgadillo, enterada de lo que ocurrido acudió a la oficina de Asuntos Internos de la FGR, para denunciar a los agentes del Ministerio Público que habían actuado ilegalmente contra las tres mujeres, sin que hasta el momento haya resultados.

Las afectadas tuvieron que litigar incluso contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que en dos ocasiones cerró sus quejas, al considerar que no había violaciones a derechos humanos por haber sido sometidas a espionaje y a la invasión de su privacidad de forma ilegal.  Actualmente, se reabrió la queja ante la insistencia de las defensoras y la periodista.

“En cualquier momento nos pueden detener”.

Durante la presentación, Delgadillo, Doretti y Turati explicaron que han decidido mantener vivas sus denuncias en las distintas instancias en México y que continuarán a nivel internacional si es necesario, ante su convicción de que lo que lo que les ocurrió a ellas no debe repetirse.

Tras señalar que la FJEDD representa a más de 300 familiares de migrantes de Centroamérica y Sudamérica, víctimas de masacres y desapariciones en México, Delgadillo alertó que sin que hasta el momento hayan sido notificadas de estar siendo investigadas, “que se nos incluya en una investigación, que sigue en la impunidad, por delitos de delincuencia organizada y secuestro, que son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, implica que en cualquier momento nos pueden detener”.

Delgadillo, quien también ha representado a familiares de víctimas y sobrevivientes del incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas, consideró preocupante que se someta a una investigación ilegal e ilegítima a personas como ella cuya labor ha sido desnudar al sistema “criminal y corrupto del Instituto Nacional de Migración (INM) y a la impunidad que lo rodea, así como la actuación de la FGR y de las fiscalías, que forman parte de una maquinaria de impunidad y corrupción, que no tienen la mínima intención de corregir esta situación para acabar con la delincuencia”.

Para la defensora resulta reprobable también que en este esquema participe también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que actúa con “crueldad y que discrimina a las familias de personas migrantes, más si los representamos nosotros”-

Delgadillo lamentó que “todo el poder de la ley para combatir la delincuencia organiza se desvió en contra de nosotras tres, que lo único que intentamos es que se diera respuesta a las familias de las víctimas”.

Reflexionó que “no fue fácil denunciar al aparato criminal de la FGR encargado de investigar la delincuencia organizada, una investigación que está parada”. Advertir que las familias de migrantes recorren el país buscando a los suyos las convenció de que “luchar por nosotras es también luchar por esas víctimas”.

Que no se repita

La periodista Marcela Turati coincidió con Delgadillo en que la intención de denunciar es que no se repita en otros colegas lo que ella ha padecido, más aún cuando México sigue siendo uno de los países más mortíferos para ejercer el periodismo.

“Un país sin guerra declarada, se compara con Irak, con Ucrania o ahora en Gaza, México está en la lista de países más peligrosos pero además donde prevalece la impunidad, y hay más de 30 periodistas desaparecidos que nadie cuenta”.

La periodista narró que se acercó a la masacre de los 196 migrantes en 2011, como parte de la cobertura que hacía en la revista Proceso; que en 2013 atestiguó el operativo oficial para “desaparecer a los desaparecidos”, por medio del cual 120 cuerpos fueron trasladados de Tamaulipas a la Ciudad de México; y que dos años después tuvo acceso a “120 fichas forenses de los cuerpos forenses” que correspondía a esos cuerpos trasladados a la capital del país.

En su cobertura del tema de desaparecidos para Proceso, Turati contó que se le acercó una mujer que le contó que estaba buscando a su hijo desaparecido a su paso por San Fernando y que le han “sacado 250 mil pesos” en extorsión, además de que las actividades de la PGR consistían sólo en llamarla cada semana para preguntarle si sabía algo de su hijo.  Al revisar las fichas forenses, pudo advertir que el hijo de esa mujer había sido identificado desde el primer momento, porque llevaba su identificación en su pantalón, pero que fue depositado en una fosa común.

De acuerdo con la periodista, haber publicado en Proceso los testimonios de los familiares de las víctimas así como las fallas de las autoridades de la PGR y la estrategia para desaparecer a los desaparecidos, causó mucho enojo a las autoridades, tanto que en la respuesta que dio la FGR a la CNDH sobre las razones por las que se espió a Turati, fue porque publicó “cinco reportajes en 14 páginas de la revista en los que según ellos ridiculizaba la actuación de la FGR”.

Riesgo personal

Mercedes Doretti, a través de un enlace remoto, recordó que como cabeza del EAAF le correspondió firmar convenios de colaboración con la PGR para la identificación de restos en Tamaulipas, pero también para ser parte de la representación de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, además de que su organización ya tenía un convenio previo con la institución para trabajar en la identificación de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez

Por esa relación constante con la entonces PGR, Doretti dice que le costó trabajo entender cómo era posible que se le incluyera en una investigación por delincuencia organizada y secuestro advirtiendo que en esa investigación “no hay sustento; el ministerio público coloca mi nombre arbitrariamente”.

Tras asegurar que ni el EAAF ni ella filtró en algún momento información de los casos en los que intervenían, Doretti agregó que el asunto no tendría para ella mayor trascendencia si se pensara que “con una nueva administración se hubiera cerrado esa investigación, se hubiera sancionado al personal que incurrió en las irregularidades, esa parte del expediente sobre las tres se hubiera removido del expediente y se nos hubiera ofrecido disculpas públicas”.

Sin embargo, advirtió, “eso no sólo no sucedió sino que la causa sigue abierta, no hay ningún tipo de apoyo, ni explicación ni sanción a los responsables ni disculpas por parte de la FGR”.

Para la defensora, el mensaje que la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero es: “podemos actuar arbitrariamente, afectar tu vida privada, criminalizarte acusándote de cualquiera de los delitos graves, sin pruebas”, en un intento por coaccionar a los profesionales comprometidos con su labor.

“Los peritos del EAAF y otros independientes de sociedad civil o incluso dentro del aparato de justicia que están comprometido con su trabajo, laboran bajo un riesgo personal”, dijo Doretti al recordar que de primera mano supo que en Ciudad Juárez fue asesinado el director general de Servicios Periciales de Chihuahua, y otros de sus colaboradores, “y nunca se supo quién lo mató o qué pasó”-

Convencida de que “la ciencia forense es cada vez más una herramienta para hacer justicia”, tratar de intimidar a través de la criminalización es “atacar y atentar contra la posibilidad de hacer justicia para miles de familias y afecta al Estado de Derecho”.

Situación endémica

La directora de Amnistía Internacional resaltó que antes de presentar el informe, su organización trató de contactar al fiscal Alejandro Gertz Manero, en espera de entregarle personalmente el documento, sin éxito.

“La invitación al diálogo, esperamos que si se da el encuentro sea para mostrarnos que la investigación contra Ana Lorena, Mercedes y Marcela ya fue cerrada, que la información personal de las tres fue eliminada, que se está en proceso de sancionar a los responsables y que habrá una disculpa pública, así como un resarcimiento del daño”, dijo Edith Olivares Ferreto.

En su intervención, el representante de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, reprobó lo ocurrido, y sostuvo que por la situación que vive México, “debe dejar de hablarse de una crisis de derechos humanos, porque las crisis son temporales, pasajeras, lo que aquí hay es una situación endémica de violaciones a derechos humanos que lleva décadas”.

La conductora Carmen Aristegui hizo un llamado a la “solidaridad, el reconocimiento y la exigencia de que cese la criminalización contra periodistas y defensores de derechos humanos”.

En el informe la organización internacional consideró que se violaron los derechos de Delgadillo, Doratti y Turati, a su vida privada familiar, a la defensa de derechos humanos, de información y no discriminación.

Expuso que en la integración de la investigación contra las tres mujeres “no hubo un fin legítimo ni se cumple con la sospecha razonable” para haber sometido a las defensoras y a la periodista a la intervención de sus comunicaciones, “violando el debido proceso porque no fueron solicitadas a las empresas telefónicas por una autoridad competente e imparcial, sino por la Seido, una autoridad cuya competencia era investigar la delincuencia organizada”.

Esto, sostuvo la organización, implicó la criminalización de las mujeres, generado daños psicológicos, interpersonales y laborales, así como “efectos nocivos en el país, un efecto amedrentador entre las defensoras de derechos humanos, los periodistas y desincentiva que las víctimas manifiesten sus reclamos”.

Además, “la criminalización que el Estado genera, limita a las víctimas la capacidad de decidir quién las defienda, sin contar con que hay un desvío de recursos, al investigar a defensoras y periodistas cuando deberían ser usados para investigar los delitos que realmente se cometen”.

Entre las recomendaciones que la organización formuló a las autoridades están el cierre de las investigaciones contra la periodista y las defensoras, la eliminación de los datos personales de ellas en la carpeta de investigación, el esclarecimiento de los hechos, castigo a los funcionarios responsables, resarcimiento del daño y una disculpa pública.

A unas horas del tercer y último debate presidencial, el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, comenzó la conferencia matutina con la frase “Vamos iniciando la semana bien y de buenas”. De nuevo defendió que no tiene vínculos con el narcotráfico y sus hijos no son corruptos.

Al ser consultados sobre lo que vio en el encuentro entre las candidatas afirmó que “en lo interno muy bien, hasta diría requetebién porque estamos a 15 días, menos, de la elección presidencial” y detalló logros de su gobierno.

“Vamos muy bien, requetebién. No estoy hablando de lo económico, ahí pues no solo es de dominio público, se advierte, se percibe, se siente en la economía popular familiar. Esto la mayoría de los mexicanos sabe y las cifras no mienten: Se ha incrementado el salario mínimo y promedio en México como nunca en medio siglo. Hay oportunidad de trabajo como no sucedía”, también habló de la inversión pública.

“En lo social les puedo garantizar al 100% que no hay un país que tenga un plan de bienestar a la mayoría de  las familias como el que se está aplicando en México desde hace seis años, no hay en el mundo algo así, ningún país proporcionalmente a nuestras posibilidades, a nuestra población. Entonces estamos bastante bien y en lo político libertades plenas, democracia auténtica, no simulada”, señaló.

Reiteró que su gobierno va “bastante bien” y agradeció a todos los que simpatizan con su partido y consideró que “los que no simpatizan porque no pasan de insultos y enojos y difamaciones”.

De todas las que, afirma, son difamaciones, con las que buscan afectarlos en lo político, “tiene un efecto de búmeran porque si se dedican a calumniar con un pueblo consciente como está el pueblo de México pues pierden credibilidad y caen en el ridículo”.

De nuevo respondió a los señalamientos en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico y por los presuntos negocios de sus hijos.

“Nada porque el pueblo tiene un instinto certero, sabe y no se deja manipular y puede venir el New York times como vinieron, la DEA, la señora Anabel Hernández y decir que me dieron una maleta de dinero, nunca prueban nada, nada, calumnian, pero no tienen ningun efecto”, dijo.

Acerca de la acusación de corrupción de sus hijos, pidió “pruebas, ¿dónde están? Mis hijos no son corruptos y demuéstrenme lo contrario, los desafío porque si no y además ya lo doy por asentado son unos viles calumniadores nuestros adversarios del bloque conservador, porque así es la derecha en todo el mundo. Son muy falsarios hipócritas, clasistas racistas”.

Aseguró que su honestidad lo protege, le da un blindaje en su misión de transformar al país y es lo que le permite que no lo destruyan. “La autoridad moral es la que da autoridad política”, también llamó a los jóvenes a que resistan las tentaciones del dinero, del poder por el poder y de llegar a toda costa porque de lo contrario cuando lleguen a un cargo serán manipulados y chantajeados.

“Imagínense una autoridad que representa a un pueblo convertido en un pelele”, dijo.

Docentes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), impidieron a empujones, con palos, toletes, tubos y cohetones la llegada a la plaza central, de los participantes de la marcha “la marea rosa”.

“No pueden pasar, fuera, fuera, la plancha es nuestra, fuera de aquí, ¡fuera!”, gritaban los profesores que se instalaron dos cuadras antes del centro, sobre la segunda poniente con barricadas, enfrentándose a gritos, con empujones y forcejeos.

“No pueden pasar, retírense de aquí, váyanse, estamos aquí protestando contra la mal llamada reforma educativa aprobada por Peña Nieto”, dijo uno de los maestros.

Los integrantes de la “marea rosa”, tuvieron que retroceder ante la actitud violenta de los profesores. “Nuestra intención era llegar al parque y realizar el mitin como en otras plazas del país, pero al ver la actitud agresiva de los maestros nos replegamos para no caer en provocaciones”, dijo una de las participantes.

El contingente se dirigió al parque Jardín de la Marimba, a siete cuadras del plantón, donde concluyeron la actividad con un mitin. Vestidos de rosa en su mayoría, con mantas y cartulinas se pronunciaron por la defensa de la democracia, la libertad, la seguridad, la paz y el equilibrio de poderes en México.

Uno de los participantes alzó la voz en contra del autoritarismo “del gobierno de López Obrador”; ratificaron su respaldo a la candidata Xóchitl Gálvez. Otro de los participantes se refirió a la ola de violencia que azota a Chiapas, repudió la omisión y la negligencia gubernamental ante la violencia criminal y política que dijo, se vive en todos los municipios de la entidad.

Por su parte, el dirigente magisterial, Isael González, declaró que rechazaron la llegada de la “marea rosa”, porque la plaza la mantiene ocupada la CNTE, y muchos de los participantes, apoyaron a gobiernos del PRI y del PAN que golpearon mucho al magisterio.

“Muchos de los que vienen en esa ‘marea’ nos han golpeado mucho; muchos compañeros fueron asesinados en manos de gobiernos emanados del PRI y del PAN con Felipe Calderón y Vicente Fox; aunque en su mayoría fueron asesinados en la etapa del priismo”, dijo.

Nosotros agregó, “estamos pidiendo la abrogación de la reforma del ISSSTE de 2007 de gobiernos que hoy ellos vienen a apoyar, que nos quitaron la posibilidad de jubilarnos a los 28 y 30 años, pensión solidaria, la reforma laboral y las reformas estructurales que Peña Nieto promulgó y que este gobierno no tuvo la capacidad de abrogar, esa es nuestra lucha”.

En San Cristóbal de las Casas y Tapachula, la marcha de la “marea rosa”, se desarrolló de manera pacífica con la participación de cientos de personas.

La candidata a la presidencia municipal de La Concordia, por el Partido Popular Chiapaneco, Lucero López Maza, de 28 años, fue asesinada a balazos junto con otras cinco personas, entre ellas una menor, durante “un enfrentamiento entre civiles armados”, en un acto de campaña política, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

“De acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados durante un acto de campaña política con la presencia de la candidata”, explicó en un escueto boletín de prensa la dependencia.

De acuerdo a testimonios de habitantes de la localidad localizada en la región de la Fraylesca de Chiapas, la comitiva de la candidata fue interceptada en una gasolinera ubicada sobre la carretera de la comunidad La Independencia a la cabecera municipal, cuando regresaba de un evento político.

La Fiscalía señaló que “tuvo conocimiento de la noticia criminal por medio del Centro de Emergencia 911 de Villaflores, que reportó un enfrentamiento entre civiles armados en el crucero de la colonia La Independencia, de La Concordia”.

Afirmó que dos personas resultaron lesionadas, todas por impacto de proyectil de arma de fuego, y que “de acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados durante un acto de campaña política con la presencia de la candidata” del Partido Popular Chiapaneco, de registro local.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, como primeros respondientes, confirmaron el deceso de seis personas: tres del sexo femenino, una de las cuales era menor de edad, y tres del sexo masculino, agregó la Fiscalía. La dependencia no dio a conocer los nombres de las víctimas.

Informó que a través de la Fiscalía de Distrito Fraylesca, inició investigación “en contra de quién o quiénes resulten responsables de los hechos de violencia en los que perdieron la vida seis personas en La Concordia”.

La Concordia se localiza en la región de la Fraylesca, colindante con Chicomuselo, donde el pasado lunes se registró la masacre de 11 personas, entre ellos dos catequistas de la iglesia católica, en sus domicilios, en el contexto de enfrentamientos entre dos bandas del crimen organizado que se disputan el territorio de la frontera con Guatemala.

En la región de la Fraylesca también se han presentado diversos eventos de confrontación entre grupos delincuenciales; que han dejado ejecuciones, los pobladores se han quejado del cobro de piso, sobre todo ganaderos y agricultores. 

En Chiapas la guerra territorial entre los cárteles de Sinaloa y de CJNG

 

Según AMLO, su gobierno viven en la austeridad republicana, sus gustos son las mansiones

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana reveló que hay 515 renuncias a las candidaturas, los motivos no son ajenos para nadie.

Los porqués para claudicar a un puesto de elección popular, es que los candidatos quieren salvar el “pellejo” y el de sus familias, no quieren formar parte de las estadísticas, porque en Chiapas además te matan gratis.

Muchos de ellos renuncian a sabiendas que de por medio renuncian también a las “mieles del poder” y a la satisfacción de ganar dinero fácil y sin esfuerzo.

Es muy difícil renunciar a las prebendas que les da ser parte del poder, pero tienen razón, más vale decir a que aquí corrió que aquí murió, pues se sienten solos, abandonados por sus partidos y mucho peor por los órganos electorales, que en este momento están enfocados en salir en la foto para que digan que están trabajando.

No hay garantías de salir vivos de esta contienda electoral y las experiencias las tienen cuando se saben de la amenaza criminal que si no se someten a las exigencias de las bandas criminales, pus lo más probable es que sufran un atentados y de esas aquí en el estado hay muchas fatídicas experiencias.

Sobre advertencia no hay engaño, cuando la Iglesia Católica denunció que 11 personas, entre ellas un menor de edad, que fueron asesinadas él hace una semana en un municipio fronterizo con Guatemala, civiles que fueron masacrados por resistirse a trabajar para cárteles del narcotráfico.

Chiapas, de población mayoritariamente indígena, está arrasado por la violencia “generada por el control del territorio y el interés latente de continuar con la explotación minera y el tráfico de todo lo que les haga ganar dinero a grupos criminales operado en total impunidad, a la vista de las autoridades federales, estatales y municipales que disimular no ver nada aunque al pueblo los estén matando.

En Chiapas los grupos de la delincuencia organizada están trabajando a marchas forzadas pues están metidos de lleno en el proceso electoral pues con el “salvo conducto” que les extendió su socio el presidente López Obrador de los “abrazos y no balazos”, se metieron hasta la cocina, incluso imponiendo a candidatos a modo en los municipios chiapanecos.

Razón por la que los 515 renuncias de candidaturas por las que el Instituto Electoral de Chiapas no les puede garantizar la seguridad necesaria para realizar sus campañas y el gobierno menos, es porque en un lapso de cinco días, 16 personas relacionadas con la contienda electoral fueron asesinadas.

Cabe señalar que desde hace tres años, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen una férrea lucha por el control de las rutas del tráfico de migrantes, drogas y armas procedentes de Centroamérica que son introducidas por esta zona con dirección a Estados Unidos, así de sencillo, un jugoso negocio hasta el presidente que está enamorado del dinero.

En municipios como Comalapa, Chicomuselo, Pantelhó y podemos agregar a Chenalhó  no hay condiciones para que se puedan llevar a cabo los comicios, advertencia hecha por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Son los intereses de una disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación que provocan el desplazamientos de comunidades enteras de esas regiones, atemorizadas por la artillería pesada con que cuentan los delincuentes como el uso de artefactos explosivos, drones artillados, armas de alto poder y demás explosivos que utilizan para incendias humildes casas y vehículos.

Es el asedio a la vida cotidiana, de terror para el control del territorio que conlleva a graves violaciones a los derechos humanos, y a esos delincuentes nadie los frena porque van con la continuidad de la cuarta transformación o deformación dirían los liberales.  

Los gustos onerosos de funcionarios de la 4T

Los príncipes del poder bajo el signo de la 4T en la era obradorista tienen gustos y caprichos extremadamente caros, tan exquisitos como los de la etapa neoliberal a la hora de elegir sus refugios.

Cuando López Obrador buscaba llegar a la presidencia de la república, criticaba a la otrora mafia del poder con la canción de su paisano Chico Che: “quen pompo.

Pero hoy la chequera alcanza para que los excelentísimos miembros del gabinete de Morena les alcanza para adquirir con dinero robado al pueblo, palacetes citadinos, fincas de descanso, playas privadas, ranchos, mansiones en la patria chica, quintas provincianas, reservas tropicales privadas, plantaciones fortificadas, pisos y mansiones en Houston, Nueva York o París, Miami o San Antonio Texas, figuran en las propiedades de la casta política “la nueva mafia del poder”, que encabeza el mesías tropical, que llegó al poder al grito de “primero los pobres”.

Aunque lo nieguen pero la realidad es que los gobernantes de la austeridad sienten debilidad por las finas duelas de maderas pulidas, las cornisas pronunciadas, las canteras rosadas o blanquecinas, las grandes albercas, los ventanales que asoman al mar. El único problema es que son adquiridas con dinero mal habido o sencillamente sustraído del presupuesto.

Son unos verdaderos sinvergüenzas, pero suman más de 20 mansiones adquiridas con presupuesto federal por funcionarios obradoristas, que han marcado un alto contraste con el discurso de López Obrador, quien pronunció un discurso ridículo que nunca pudo cumplir por su ambición por el dinero ajeno el primer día de su gobierno: “No puede haber gobierno rico y pueblo pobre”. 

Entre esos sinvergüenzas se encuentran secretarios, otros miembros o ex miembros del gabinete, como Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores; Manuel Bartlett, director de la CFE; Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública; Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación; Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Santiago Nieto Castillo, extitular de la UIF, entre otros, sin mencionar a los “trivagos”, que también “no cantan mal las rancheras”.

Pero la que no se midió para adquirir propiedades con dinero ajeno, es la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, denunciada por presunto enriquecimiento ilícito, de residencias que se ubican en las zonas más exclusivas de Veracruz, el lugar más lujoso de la zona, incluso del país.

Pero eso no es todo, además cuenta con más propiedades en Nuevo León, Zacate4cas, Ciudad de México y Nueva York y con todo que no justifica, quen pompo, su jefe López asegura que es una mujer “incorruptible”.

Pero hay más, luego que diputados federales del PAN denunciaron que el secretario de Turismo de López Obrador, Miguel Torruco Marqués, omitió declarar dentro de su patrimonio una lujosa mansión en San Antonio, Texas, Estados Unidos, con un valor aproximado de un millón de dólares, además de una empresa cuyo domicilio es su propia mansión, así de honestos son los de Morena.

Del Montón

La Frontera Sur de México se industrializará y el desarrollo de la Costa-Soconusco será una realidad, aseguró Eduardo Ramírez Aguilar, candidato al gobierno del estado por Morena, durante su visita a los municipios de Acacoyagua, Escuintla, Acapetahua, Villa Comaltitlán y Tuzantán. “Nos vamos a poner a trabajar, para que nuestra Frontera Sur Industrial, ya lo anunció Claudia Sheinbaum, sea una frontera donde vengan las inversiones del mundo, para que haya trabajo, porque van a tener estímulos fiscales con tasa cero de IVA, con tasa cero en Impuesto Sobre la Renta”, destacó. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.

Hay que tomar en cuenta que Ecuador es patiño de EU

 

Aparece la Corte más como Amicus Curiae que como juez

La Corte Internacional de Justicia se hizo guaje en el caso de la agresión armada perpetrada por el gobierno de Ecuador en contra de la soberanía mexicana, en su embajada diplomática en Quito, ocurrido el pasado 5 de abril, y únicamente se refirió a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas establecida en la Convención de Viena. Pero no castigó. Sin Embargo, esa violación de la soberanía mexicana en territorio ecuatoriano requería de un castigo ejemplar de parte de la CIJ, como lo solicitó el gobierno de México. Pareciera que los ministros fueron obligados por el gobierno de Estados Unidos, ya que el gobierno ecuatoriano es uno de los patiños del Departamento de Estado a cargo de Antony J. Blinken, en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La Cancillería mexicana informó que la CIJ sí confirmó que Ecuador tiene la obligación de garantizar el respeto y protección de la embajada mexicana, así como de sus bienes y archivos, pero esta declaración de los ministros no es suficiente. El gobierno de Ecuador cometió varios delitos en contra de México. Delitos y graves: El allanamiento perpetrado por la policía ecuatoriana no fue cariñoso y tierno. La policía rompió con violencia la entrada al edificio donde, por derecho de la embajada, estaba asilado el vicepresidente progresista de Ecuador, el ingeniero Jorge Glas, a quien prácticamente secuestraron, violando el derecho de asilo diplomático. Simultáneamente, los policías ecuatorianos agredieron al personal mexicano y especialmente al jefe de la cancillería, Roberto Canseco Martínez, a quien violentaron con lujo de fuerza bruta.

Y de ninguna manera es suficiente la decisión de la CIJ. Los ministros no se dieron cuenta, o no quisieron darse cuenta, de que la agresión del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana fue violenta, con las armas listas para disparar. El allanamiento fue como declararle la guerra A México, a través de los diplomáticos mexicanos. Además, los policías no podían sacar del asilo a Glas, estando bajo la protección de las leyes mexicanas. México le había concedido el asilo diplomático. Muchos recordarán cuando el golpe de estado perpetrado por el general Augusto Pinochet en Santiago, República de Chile, la embajada mexicana se llenó de perseguidos políticos chilenos. Y siendo tan criminal el golpista Pinochet, respetó la soberanía mexicana en su embajada. Pero esto no lo vieron los ministros de la CIJ.

Debido a que Ecuador ofreció a México garantías, tanto por escrito como durante las audiencias públicas en la CIJ, de asegurar el respeto y protección de los locales diplomáticos, sus bienes y archivos, en la ciudad de Quito, como lo solicitó México, la Corte determinó que las garantías ofrecidas, de manera incondicional y reiterada, son jurídicamente vinculantes. ¿Y? Todo este proceso de agresiones ecuatorianas es jurídicamente vinculante. No tiene ningún sentido ni valor que la Corte haya concluido que Ecuador está obligado a conceder a México:

Plena protección y seguridad de las instalaciones, bienes y archivos de la misión diplomática mexicana en Quito para prevenir cualquier forma de intrusión. Permitir desalojar las instalaciones del local diplomático y las residencias privadas de sus agentes diplomáticos. Abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o ampliar la disputa ante la Corte y, en su lugar, buscar la solución pacífica de controversias. Estas acciones son las que cualquier país tiene la obligación de cumplir con las misiones diplomáticas que existen en Ecuador.

La decisión de la Corte dada a conocer el 22 de mayo no representa avance en la protección de los intereses de México, “porque se reconoce la inviolabilidad de locales como uno de los principios fundamentales del derecho internacional para la adecuada relación entre Estados.” Tampoco la solicitud de México de medidas provisionales ha obligado a Ecuador a asumir el compromiso ante la CIJ de proteger los locales diplomáticos mexicanos; si no se hubieran solicitado las citadas medidas, Ecuador no se habría comprometido ante la Corte.

La verdad, no hay confianza en que, al final, la CIJ actúe de manera legal y legítima y su fallo sea a favor de México. Como en todo poder judicial, en las decisiones de la CIJ se imponen los intereses mezquinos de quienes controla tales mecanismos, con la Corte.

AMLO debe de estar preocupado. No es para menos; a la candidata que impuso, y en la que tiene puestas sus esperanzas de estar a salvo, o bien la traiciona el subconsciente o no sabe lo que dice. Ni una ni otra opción lo tranquiliza. 

Debe ser preocupante para AMLO ver que, a su candidata, la misma en cuyas manos puso su porvenir, el de su familia y el de sus amigos, la traiciona el subconsciente o no ha podido vencer el pánico escénico. 

Lo más grave pudiera ser la posibilidad de que Claudia Sheinbaum, en el fondo, considere que es la ambición de poder lo que mueve a su jefe AMLO; que sea ese vicio el que lo ha llevado a aspirar y a alcanzar las diferentes posiciones políticas y partidistas que ha ocupado. Ella, que ha estado cerca de él, debe de haber llegado a esa conclusión desde hace mucho tiempo. Todos coincidimos en que esa apreciación es cierta, pero no creo que ese fuera el momento para que ella lo dijera y La Paz, Baja California Sur, un buen lugar para reconocerlo. 

En esta etapa del proceso electoral lo podía haber dicho en el baño de su casa o en privado; una vez que pase el 2 de junio lo podrá decir en silencio en cualquier lugar, y fuerte, si se le reconoce el triunfo. 

Me cuesta trabajo aceptar que la señora Sheinbaum no se haya percatado de lo que dijo y que, como si nada, siguiera hablando y que, con posterioridad, haya sido advertida de su traslape. Lo mismo puede decirse de su declaración: “Para que siga la corrupción”.

AMLO debe estar decepcionado de ella y de ver que su candidatura, por sí, no levanta; también de que, cuando en el tercer debate la candidata opositora Xóchitl Gálvez le reclamó que, siendo incrédula, usó la imagen de la Virgen de Guadalupe con fines electorales, se limitó a decir que sus asesores le darían respuestas; que cuando su jefe es acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada, no lo defienda; y que, cuando el jefe de su partido, Mario Delgado, es señalado de ser buscado por autoridades extranjeras, por estar inmerso en el delito de “huachicoleo”, no saque la cara por él. 

No está seguro de que, llegado el caso, ella lo defenderá; de que la campaña le garantice una victoria y, mucho menos, que sea contundente y general, como él lo desea.

Para el caso de que Claudia Sheinbaum se levante con la victoria, avizoro un sexenio opaco, sin control del Congreso de la Unión, sin la cooperación de algunos gobiernos de estados importantes y, desde luego, con un Poder Judicial independiente y fuera del control. Nada que ver con la Corte de Arturo Zaldívar.

Muchos coinciden en que AMLO no va a reconocer una eventual derrota de su candidata. Su familia, allegados y partidarios han sido señalados de haber incurrido en graves ilícitos. No puede correr el riesgo de que sea destapada la cloaca en la que convirtió la Cuarta Transformación y su gestión gubernativa.

¿Será necesario que AMLO deje en el camino el poco crédito que aún conserva para imponer, a como dé lugar, a Claudia en la Presidencia de la República? 

Ahora sí, como dice el papa Francisco: “Quién soy yo para juzgarla”, pero a mí me da la impresión de que lo dicho por la señora Sheinbaum en La Paz fue un susurro, no un grito de independencia que emitió anunciando lo que viene. No me gustaría estar en el lugar de AMLO.

Vuelvo a recordar la conseja que circulaba en mi tierra hace muchos años: un niño llegó a su casa corriendo y desesperado: mamá, mamá, se acercan los revolucionarios y me dijeron que vienen matando a las mujeres que son locas. La madre, para calmarlo, le dijo: no te preocupes, hijo, yo no soy loca; a lo que éste le contestó: mamá yo que tú me escondía por sí o por si no. 

Don AMLO, por sí o por si no, si él o los suyos incurrieron en ilícitos, yo pondría mis barbas a remojar. La tragedia de ellos es que las opciones que tienen a su disposición son mínimas y nada recomendables: asilarse en Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte. 

AMLO, habiéndose peleado con todo mundo: Estados Unidos, Ecuador, Argentina y otros países, e incluso difamado a Dinamarca, no veo muchos lugares agradables a donde pueda salir corriendo. España, país de asilo de nuestros expresidentes, evidentemente lo tiene vedado. De manera irresponsable se puso a hablar mal de sus autoridades e, incluso, de sus habitantes. Además, la vida en la Península Ibérica es muy cara y AMLO no nos puede salir con que tiene ahorritos y una pensión que le permiten una vida cómoda en ese país. Lo veo en Cuba o Corea del Norte, pero nunca en España. Nació para hablar; morirá hablando y, sobre todo, mintiendo.  

Tampoco lo veo como un catedrático invitado en alguna universidad extranjera. No tengo noticia de que exista una facultad o escuela en la que se enseñen trampas, mentiras y malas mañas, materias en la que ha mostrado ser especialista.

Será a partir de septiembre cuando le comiencen a llegar las cuentas y a vencer los pagarés que suscribió. No hay de otra: AMLO y su camarilla tendrán que comenzar a pagar las que deben. Incluso, no hay que descartar una eventual investigación en Estados Unidos.

Recordando lo que dijo en La Paz, no creo que Claudia Sheinbaum, en ese momento, salga en defensa de AMLO o de los suyos con la entereza con la que la administración morenista actuó en defensa del general Salvador Cienfuegos.

De acuerdo con la Constitución y con la ley sí es posible, hipotéticamente, declarar la nulidad de una elección presidencial, como ocurre con cualquier otra elección a un cargo de elección popular.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la única competente para hacer esa declaración si llegaran a cumplirse un conjunto muy robusto, verdaderamente extraordinario, de condiciones y de requisitos constitucionales y legales para ese efecto.

Respecto de la histórica elección presidencial que tendremos el próximo 2 de junio de 2024, no es posible adelantar o siquiera pronosticar que llegue a darse un acto jurídico tan complejo como es la nulidad. Sin embargo, vale la pena recordar a la ciudadanía las reglas aplicables.

¿Por qué esto es así? Veamos cuál es el procedimiento al respecto.

El miércoles siguiente al día de la elección del 2 de junio, cada uno de los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) hará la sumatoria de los votos a partir de las actas de escrutinio y cómputo. En los casos en que proceda, se podrá hacer el recuento correspondiente. 

Una vez concluido cada cómputo distrital, los partidos políticos o coaliciones cuentan con cuatro días para promover juicios de inconformidad, en su caso, contra los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético (arts. 50.1 a) y 55.1 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral).

Asimismo después de la presentación del informe por la Secretaría Ejecutiva del INE, los partidos o coaliciones pueden impugnar la validez, en su caso, de toda la elección presidencial, también a través de un juicio de inconformidad (art. 50.1 b) y 55.2 de la Ley de Medios).

De acuerdo con la ley, existen causas de nulidad de la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos en tres casos específicos: 

a) cuando sean nulas las votaciones recibidas en por lo menos 25% de las casillas instaladas en todo el territorio nacional, y no se hayan corregido en un recuento de votos; b) Cuando no se instale el 25% o más de las casillas en el territorio nacional y, consecuentemente, la votación no hubiere sido recibida; o c) cuando la candidata o candidato ganador de la elección presidencial resulte inelegible (art. 77 bis de la Ley de Medios).

Ahora bien, para la elección de la Presidencia de la República, está también la causa genérica de nulidad prevista en la ley, que puede consistir en la existencia de irregularidades graves plenamente acreditadas, que no puedan repararse durante el día de la elección o en las actas de escrutinio y cómputo, de tal forma que pongan en duda la certeza de la votación.

La Constitución establece tres supuestos por los cuales una elección puede decretarse nula: que alguna candidatura exceda el gasto de campaña en 5% al monto autorizado; que se adquiera o compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de la ley, y por recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas (art. 41, base VI de la Constitución federal).

Todas estas violaciones deben acreditarse de manera objetiva y material. Además, en todos los casos, los hechos probados tienen que ser determinantes para el resultado de la elección.

Para esas causales, la propia Constitución establece que deben presumirse que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% (art. 41, base VI).

La propia Sala Superior debe realizar el cómputo final de la elección de la Presidencia después de que haya resuelto las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma. En ese caso, procederá a formular la declaración de validez de la elección y la de presidenta o presidente electo respecto de la candidatura que hubiese obtenido el mayor número de votos.

La nulidad de una elección (también de la elección presidencial) es verdaderamente excepcional. No es común en la práctica de la justicia electoral. Toda elección tiene en su favor la presunción de validez, en términos de la jurisprudencia. De hecho, nunca en la historia se ha declarado la invalidez de una elección presidencial.

En relación con otros cargos de elección popular, la Sala Superior, desde 1996 hasta la fecha, ha decretado la nulidad de una elección en sólo 73 sentencias, esto es, un equivalente a .027% de las 266 mil 408 que ha emitido en su historia. De estas sentencias, destacan 57 sobre la renovación de ayuntamientos, cuatro de diputaciones federales, tres de gubernaturas y una de una diputación local.

En conclusión, debe tomarse en cuenta que, en principio, los votos de todas las ciudadanas mexicanas y los mexicanos deben presumirse válidos, los cuales deben definir a la ganadora o el ganador de la elección presidencial y que solamente eventos realmente extraordinarios, absolutamente probados y que colmen lo establecido por la ley, podrían generar argumentos de nulidad.

Que nadie lo dude: el Tribunal Electoral está listo para cumplir su función democrática y constitucional en un evento histórico tan glorioso como lo será la jornada del próximo 2 de junio.

*Magistrado electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Este miércoles 22 de mayo de la periodista Lucía Lagunes Huerta, durante su emisión semanal de Análisis Feminista se revelaron contradicciones entre las autoridades de Jalisco en el caso de la niña Rocío (nombre ficticio) quien solicitó su derecho a interrumpir su embarazo tras vivir violencia sexual y le fue negado el derecho, lo que expuso la forma en cómo no siguen un protocolo de actuación en esos casos y prefieren no generar registro.

No olvidemos que desde el 2017 en Jalisco existe el Programa de Interrupción del Embarazo (PILE), creado para realizar abortos a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación o solicitantes bajo la causal de riesgo a la salud física o mente; en el programa no hay límite de semanas de gestación, por lo que las solicitantes pueden acudir en cualquier momento y su atención debe ser inmediata, de acuerdo con el protocolo oficial publicado por la Secretaría de Salud.

Entre las contradicciones evidenciadas, se dio a conocer que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinoza Licón, hizo referencia a la falta de acción institucional, «por la falta de especialistas para realizar el procedimiento», tanto de Rocío como de las otras víctimas, sin embargo, en la mayoría de los casos acusaron defensoras, también tiene responsabilidad el personal médico jalisciense porque no respeta el derecho de las mujeres y niñas a estos procedimientos, cuestionando sus decisiones o exponiéndolas ante familiares.

El caso de Rocío, hizo público lo que pueden vivir 6.4 millones de mujeres de 15 años y quienes han manifestado ser víctimas de algún tipo de abuso sexual durante la infancia, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, en la mayoría de los casos, los principales agresores se encuentran dentro de la familia: son los tíos y primos quienes ejercen estas violencias de forma mayoritaria.

Según los resultados del ejercicio estadístico organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 20.8 por ciento de los casos de violencia sexual contra niñas, los agresores son los tíos o las tías. A ellos les siguen las y los primos, quienes son responsables del 17.4 por ciento de las agresiones, y personas ajenas a la familia –como vecinos o conocidos–, culpables del 15.8 por ciento de estos delitos.

En la lista siguen hermanos o hermanas, con el 7.1 por ciento; los padres, con el 5.2 por ciento y las madres, con el 0.6 por ciento; es decir: prevalecen los crímenes perpetrados por la familia nuclear de las víctimas. Entre los responsables también se incluyen los abuelos, padrastros o madrastras, “otros familiares” y desconocidos.

Paulina y Rocío, casos emblemáticos

El caso de Rocío, remite a lo sucedido por Paulina, durante julio de 1999, el cual sacudió a Mexicali, Baja California, y al país, por la denuncia ante el Ministerio Público por la violación sexual que la niña de entonces 13 años había sufrido, motivo por el cual enfrentaba un embarazo que no deseado.

Paulina fue víctima no solo de sus agresores, sino de las personas que trabajaban en el Hospital General de Mexicali, como su director Ismael Ávila Iñiguez, e incluso el procurador de Justicia del estado, Manuel Salazar Pimentel, quienes se vieron involucrados en este caso en el que la menor fue presionada e intimidada para obligarla a renunciar a la idea de abortar, organismos próvida e incluso un sacerdote, pusieron sus creencias anteponiendo la ley y la agresión que sufrió.

Debido a esta situación Paulina tuvo a su hijo, el cual fue un producto de una violación, el caso dio lugar a una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Baja California en donde se emitió una recomendación asumiendo que estaba frente a un caso de violación de los derechos elementales de la niña.

Bajo esa premisa y para evitar que las niñas fueran víctimas no solo de violencia sexual, sino en pro de sus derechos, el 8 de marzo de 2006, durante el 124 período ordinario de sesiones de la CIDH, el Estado mexicano y las peticionarias suscribieron un acuerdo de solución amistosa 161/02 en el que la Secretaría de Salud (SS) Federal en el cual se comprometió a actualizar la NOM 190-SSA1-1999 relativa a la atención médica de la violencia familiar, para ampliar e incluir la violencia sexual que ocurre fuera del contexto familiar.

Lo que generó que el 3 de marzo de 2008, se publicara el proyecto de modificación en el Diario Oficial de la Federación de la norma NOM 190-SSA1-1999 Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar; para quedar como NOM- 046-SSA2-2005.

25 años después de Paulina

Ahora 25 años después, se vuelve a dar otra situación similar, una niña de 12 años en Jalisco de una comunidad wixárika fue violada por su papá, cuando solicitó la interrupción tenía entre 25 y 27 semanas de gestación, sumado a esto permaneció once días más internada en las instalaciones de la Secretaria de Salud del estado sin poder acceder al procedimiento, lo que nos vuelve a revelar que México aún continúa sin otorgar este derechos a mujeres, niñas y adolescentes de forma efectiva, rápida y apegada a derechos.

Durante ese tiempo, recibió visitas del personal médico, los cuales trataban de convencer a la niña Rocío (como la bautizamos para evitar la revictimización) de escuchar “los latidos del corazón del bebé”, o de “tenerlo y darlo en adopción”, así lo denunció Patricia Ortega, durante la entrevista en el programa Análisis Feminista quien es integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), organización que acompaña el caso.

Ortega durante la entrevista radiofónica con Lagunes este 22 de mayo de 2024, aseguró que en Jalisco hay 397 menores de 12, 13 y 14 años las cuales han tenido que parir puesto que no hay denuncias o acompañamiento de los medios.

Tras darse a conocer el caso de Rocío, colectivas de todo el país manifestaron su indignación por las múltiples violencias sociales e institucionales y emitieron un pronunciamiento dirigido principalmente al gobernador de la entidad, Enrique Alfaro.

En el documento denunciaron la intención de los servicios de salud de la entidad por hacer desistir a la niña de su solicitud original de interrupción de un embarazo por violación sexual, que ponía en riesgo su salud física y mental.

Las autoridades del servicio de salud pública de Jalisco estaban obligadas a garantizarle el derecho del Código Penal estatal y la Norma Oficial 046 a Rocío, pero fue hasta el 23 de abril cuando Roció fue trasladada a la Ciudad de México, en donde le fue practicado el procedimiento tras varios días de espera en un hospital de Guadalajara, donde solo se encontraba sentada en la cama, además de la falta de entendimiento del español, puesto que pertenece a una comunidad wixárika.

Por su parte, la Secretaría de Salud Jalisco informó que el procedimiento se efectuó y Rocío fue reportada fuera de peligro.

Aunque el Código Penal de Jalisco no permite la interrupción del embarazo, todas las entidades del país están obligadas a proteger la integridad física y psicológica de las víctimas de violencia sexual, bajo la Norma Oficial 046. Esto significa que en México el aborto es un derecho para todas las mujeres, niñas y adolescentes embarazadas a causa de una violación. 

Ante el caso de Rocío, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Jalisco emitió un Plan de Restitución de Derechos en su favor para restituir de manera integral sus derechos vulnerados y restringidos.

Según las autoridades, este Plan de Restitución, buscará asegurar y garantizar los derechos de Rocío, teniendo en cuenta que el ejercicio y la ejecución de las acciones no deberán limitar su desarrollo integral.

Sin embargo, el pasado 25 de abril, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito otorgó un amparo que declaró inconstitucionales los artículos que penalizan el aborto en el Código Penal de Jalisco y ordenó al Congreso estatal derogarlos.

Recordemos que, hasta el momento las únicas entidades del país en donde las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal sin importar las causas son: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes. En cada uno de los demás estados existen causales para poder acceder a este proceso.

En Jalisco, como en el resto del país, el aborto ya no se castiga con cárcel desde que, en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que criminalizar el aborto de manera absoluta es inconstitucional, obligando a todo juez federal y local a apegarse a este criterio.

En un país como México se siguen registrando muertes de mujeres por abortar, por complicaciones en sus embarazos, durante el parto, puerperio o simplemente por una hemorragia obstétrica, esto de acuerdo con el Observatorio de Muerte Materna. Durante este año suman 130 mujeres que han muerto por estas causas en todo el país.

Un desplegado más, ahora llamando a votar por Xóchitl

 

Los mismos del grupo de los firmantes del chayote perdido

Sedicentes “intelectuales” domesticados por Carlos Salinas de Gortari, cuando este mentecato inició su sexenio, y que giran, cual veletas sin rumbo, alrededor de la revista Nexos, acaban de divulgar un desplegado, con la firma de 250 que se hacen llamar Intelectuales, por medio del cual llaman a votar por Xóchitl Gálvez, a la que califican como la “opción democrática”. Qué pena, primeramente, que una mujer ignorante y sin razones, sin sentido, sin conciencia, sin sentido de la responsabilidad y únicamente reaccionaria, sólo iluminada por la corrupción, como muchos de esos “intelectuales” que la apoyan, sea su paradigma para regir los destinos de la patria. Si no sabe regir su destino propio, imagine si va a dirigir los destinos de la Patria.

Pero los tales intelectuales lo que buscan, no es apoyar a Xóchitl por Xóchitl, sino enfocar sus baterías en contra de la Transformación de la Vida Pública Nacional, en contra del presidente López Obrador, quien los ha hecho papilla como garantes de la corrupción nacional,  y en contra de la doctora Sheinbaum, Premio Nobel compartido, quien, es obvio, lleva las de imponerse por sobre esa podredumbre de partidos políticos que son el PAN, el PRI y lo que queda del PRD, que se están confabulando con el propósito de volver a encabezar el gobierno de México, que sólo fue fuente de corrupción durante treinta y tantos años en los que pretendieron dejar establecido el modelo neoliberal de capitalismo salvaje, en donde el Estado diera paso a la confabulación de la gran empresa detentadora de los grandes medios de producción en contra de la multimillonaria fuerza de trabajo que vivía en la inopia.

Pero llegó López Obrador y la fiesta, la piñata, se acabó y eso no les gustó absolutamente nada a los jilgueros de la parranda de los neoliberales, que salieron volando a España a refugiarse bajo el mando del Partido Popular y las fuerzas de Vox.

Mientras, los abajo firmantes no les quedó más que firmar desplegados en defensa de la democracia, que en realidad fue rescatada por los sectores populares que votaron por el cambio de modelo en hace ya casi seis años y que, no lo dudes usted, votarán el 2 de junio venidero, que está ya a la vuelta de la esquina, por continuar impulsando el cambio definitivo de las conciencias del pueblo y de los amigos del pueblo. Xóchitl Gálvez es sólo una banderita de tales “intelectuales”, que buscan recuperar sus privilegios, los millones de pesos que dejaron de embolsarse con el cambio de rumbo de la nación en el 2018.

“Creemos que la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez”, aseguran en el desplegado publicado este 21 de mayo, en las redes de la revista Nexos. Lo lamentable es que unos pocos que creí que eran verdaderos intelectuales, conscientes, respetables estén ahora defendiendo los corruptos privilegios de los derechistas, entre los cuales están varios amigos periodistas. Y otros a quienes no lamento no haberlos conocido ni tratado, como Agustín Basave, Consuelo Sisar, Enrique Krause y Jorge Castañeda. algunos de los nombres que aparecen firmando el desplegado en el que se pide votar por Xóchitl Gálvez…Se ve en ellos el espíritu de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, las voces más intensas del neoliberalismo, que hicieron trizas de México y depauperaron a los más pobres, enriqueciendo a los más ricos y llenando sus bolsillos de dólares. Eso no puede volver…

Grid List

De nueva cuenta Jaime Ramírez Maza, coordinador de municipios de la Secretaría de gobierno intenta desestabilizar la paz que hay en Oxchuc, llevando, presuntamente simpatizantes de Claudia Sheinbaum a la localidad de Mesbilja.

Habitantes del lugar explicaron a medios de comunicación, que desde hace más de cinco años Jaime Ramírez Maza, junto a Leonel Reyes y el entonces Secretario de Gobierno Ismael Brito Mazariegos, han pretendido adueñarse d ela obra pública y los recursos del ayuntamiento mediante el uso de grupos de choque como es el Frente Comunitario que lidera Enrique Gómez.

Según el testimonio, la tarde de ayer jueves, simpatizantes de partidos políticos ligados antes al PRD y ahora sumados a Morena, por órdenes de Jaime Ramírez Maza, decidieron hacer un evento en la comunidad de Mesbilja, donde hace algunos meses retuvieron a integrantes de la Guardia Nacional.

Explicaron que resulta muy sospechoso que este mismo funcionario estatal (Jaime Ramírez Maza) haya sido el negociador y haya entregado supuestamente más de un millón de pesos para la liberación de los elementos de la Guardia Nacional.

También indicaron que la violencia que está siendo combatida con trabajo y obras se puede ver interrumpida por el grupo armado del Frente Comunitario y sus aliados desde palacio de gobierno como es Jaime Ramírez Maza, ya que están decidiendo que en lugar de obras se entregue dinero en efectivo, alambres y láminas.

Los pobladores cansados de estas acciones del grupo radical y del funcionario de marras, advierten que, si se da un brote de violencia en la zona, responsabilizan completamente a Jaime Ramírez Maza de estar tras las acciones y ante tal situación analizarán en breve poner una denuncia ante la FGE.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue señalado por la compra de un terreno de 17.7 hectáreas por un valor estimado en más de 700 millones de pesos, 18 meses después de asumir su cargo, en Mesa de la Corona, una zona acaudalada de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo con una investigación de Reforma.

En el predio, de acuerdo con la publicación, García Sepúlveda busca construir una residencia de dos mil 800 metros cuadrados. En su última declaración patrimonial, de 2023, García no informó de la adquisición de esta propiedad.

La investigación señala que la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles encabezada por el emecista y su padre Samuel García Mascorro, pagó el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) con valor de 9 millones de pesos.

Este impuesto equivale al 3% del valor catastral del inmueble lo que indica que el predio tiene un valor se al menos 300 millones de pesos.

Sin embargo, especialistas inmobiliarios comentaron al diario que este tipo de terrenos en esa zona pueden alcanzar hasta los 700 millones de pesos.

Ante esto, el gobernador neoleonés declaró “Yo no compré ningún terreno, si lo prueban, mañana mismo renuncio.

“Estamos a una semana de la elección y no es casualidad que saquen este tipo de notas. Van a empezar a inventar de todo, pero a diferencia de ellos, yo sí puedo dar la cara, porque no tengo nada que ocultar”, abundó.

Nuevo León, no compré ningún terreno, y si alguien demuestra lo contrario, renuncio.

Dedica 5 minutos a ver este video en el que explico y demuestro que no hay nada ilegal y que SEGUIMOS INCORRUPTIBLES.

Es por demás decir que estamos a una semana de la elección y que no es… pic.twitter.com/k2zbgF6xDr

— Samuel García (@samuel_garcias) May 22, 2024

Explicó que el terreno está a nombre de la empresa familiar debido a un pago por servicios legales que el Grupo Gentor le hizo a su padre por un caso ganado en 2020.

Mediante un video publicado en su red social X (twitter) hizo públicas las escrituras, las cuales enviará a quien “tenga el interés” y citó “Grupo Gentor le da en dación de pago a  Firma Jurídica Fiscal el terreno que sale en las jornadas de El Norte”.

Periódico impreso edición No. 2880 del día 24 DE MAYO del 2024. [Leer completo].

Ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la adopción de medidas cautelares contra Ecuador para resguardar la embajada mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no confía en el gobierno de Daniel Noboa, pero sí en el pueblo ecuatoriano.

“No tenemos mucha confianza, pero creo que el mismo pueblo hermano de Ecuador va a ayudar a cuidar los bienes de México en ese país. No le tenemos confianza al gobierno pero sí al pueblo ecuatoriano porque somos pueblos hermanos”.

El mandatario mexicano agregó que “esto no es un asunto de diferencias con el pueblo de Ecuador, es un asunto con un gobierno autoritario, desconocedor del derecho internacional, irrespetuoso con nuestra soberanía”.

También aclaró que la decisión de las últimas horas es sólo en cuanto a las medidas cautelares, “todavía no termina el juicio, lo que se pedía en las medidas cautelares es que se protegiera a la embajada”.

Dijo que confía en que la resolución general y de fondo podría ser favorable para México, pero es un proceso que llevará tiempo y lo importante es que quede un precedente “para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país y vamos a continuar con esa postura”.

Otra postura que se mantiene es que no habrá diálogo directo con el gobierno de Noboa porque “no respetó la soberanía de nuestro país, eso ya está en la corte internacional y allá se va a resolver, todo a través de la corte”.

También refirió el asilo político al exvicepresidente Jorge Glas que, dijo, es acompañado por otros gobiernos y dirigentes que han planteado que le den la libertad y que además ya se le había concedido asilo “y no les ha importado”.

Ante la respuesta de Ecuador de no tener contemplada la situación de Glas, el presidente López Obrador también envió un mensaje:

“Si, pues tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones si no ofrecen una disculpa pública , primero; segundo, que respeten el derecho de asilo; tercero, que se comprometan a la no repetición; y cuarto que es lo que estamos planteando en la corte, que cualquier gobierno que actúe como le hicieron en Ecuador se le expulse de Naciones Unidas. Así de claro”.

Recordó que elementos de seguridad agredieron a los representantes diplomáticos mexicanos cuando asaltaron la embajada para detener al exvicepresidente Jorge Glas. “Y ya no es el tiempo de antes en que se permitía que se humillara a México o a su gobierno”.