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Wed, Apr
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Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal desplegaron un operativo especial para desarticular una caravana de migrantes que hoy partió de Mapastepec y estaba a pocos kilómetros de llegar a esta ciudad.

Aproximadamente a las tres de la mañana de este lunes, unos 3 mil migrantes caminaron sobre la carretera 200, en la Costa chiapaneca. Antes de llegar a su destino, Pijijiapan, fueron interceptados por los agentes en un punto conocido como Echegaray.

Tras corretearlos, las autoridades capturaron a mujeres y niños, principalmente, a quienes subieron a autobuses y camionetas del INM. Algunos lograron escapar entre los matorrales.

Otro grupo de aproximadamente 700 migrantes continuó su camino, pero fue alcanzado. Sin embargo, esta vez los agentes no la tuvieron fácil porque aquellos llevaban palos y piedras para hacerles frente.

Pocos kilómetros antes de llegar a Pijijiapan, las fuerzas federales y los agentes del INM iban atrás del contingente de migrantes, hasta que finalmente se colocaron frente a ellos para hacer un corte a la caminata y evitar que avanzaran. En total fueron aprehendidos 2 mil migrantes. Los otros mil escaparon del operativo.

Las personas detenidas fueron llevadas de regreso a Tapachula, a la Feria Mesoamericana, de donde serán repatriados a sus países de origen.

Hasta la tarde de este lunes, ni el INM ni la Policía Federal habían dado información oficial sobre el operativo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hizo un exhorto al Instituto Nacional de Migración (INM) a realizar un censo de los migrantes que se encuentran albergados en Chiapas y están en situación de vulnerabilidad.

La Comisión expuso que el INM no cuenta con un registro adecuado de los migrantes, en particular de los menores de edad.

La CNDH realizó un conteo preliminar en la que reveló que al menos mil 676 niños y adolescentes y 87 mujeres embarazadas se encuentran en centros del INM en Chiapas.

“Exhorta al INM a llevar a cabo un registro adecuado de personas migrantes menores de edad en recintos migratorios ante el riesgo que enfrentan de vulneración a sus derechos fundamentales”, urgió.

“El no contar con un censo de grupos en situación de vulnerabilidad impide tomar en cuenta sus necesidades para la entrega de sus satisfactores básicos”.

De igual forma, explicó que la estación Siglo 21 en Tapachula, Chiapas, no pudo determinar cuántos menores se encuentran ahí.

La Comisión advirtió que esa estación también tiene sobrepoblación, ya que alberga a mil 709 personas y tiene capacidad sólo para 960, por lo que dará seguimiento a las medidas cautelares ya emitidas por hacinamiento para evitar que esa situación se prolongue.

 

Ante la oleada migratoria en la frontera sur del país, que ha rebasado ya a las instituciones mexicanas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversas autoridades federales y del estado de Chiapas medidas cautelares para que se garantice la integridad de cientos de personas extranjeras que se encuentran en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Para ampliar las medidas cautelares solicitadas con antelación, el organismo detectó “situaciones contrarias al respeto de las personas extranjeras” ubicadas en el Puente Internacional Rodolfo Robles, en la Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI), y en el albergue instalado en el municipio de Masatepec, Chiapas.

La llamada de atención de la CNDH surgió de las observaciones que hizo personal del organismo desplegado en la frontera sur, el cual pudo advertir situaciones de hacinamiento, retrasos en la tramitación de los registros de ingreso al país y falta de servicios básicos en las instalaciones del INM.

En un comunicado, el organismo informó que su personal detectó que en la EMSXXI “se reportó una población superior a 2 mil personas, lo que representa más del 200% de su capacidad, que es de 960 personas”.

En tanto, en el parque central de Tapachula había cerca de 2 mil migrantes que se movieron rumbo a Huixtla, mientras que en Mapastepec la unidad deportiva del municipio se habilitó como albergue para mil 700 personas, y en un terreno aledaño habría mil 500 centroamericanos.

En el último municipio, personal de la CNDH advirtió que los primeros mil 700 migrantes fueron registrados, pero sus trámites migratorios no habían terminado, “lo que provocó el enojo en algunos de ellos, quienes indicaron haber sido engañados por agentes migratorios que les informaron que los trámites pueden durar entre15 días, dos o incluso seis meses”. La falta de información concreta motivó una protesta violenta teniendo que intervenir la Policía Federal.

Como parte del trabajo de supervisión de medidas cautelares emitidas el pasado miércoles 10, la CNDH confirmó que personas en condición de migración fueron llevadas a la EMSXXI y después a la estación de Acayucan, Veracruz, donde se determinará su situación legal.

Sobre la situación de personas originarias de Cuba, la CNDH observó que la mayoría ha tramitado amparos a través de abogados y gestores, para evitar la deportación, pero ese trámite “no tiene efectos que permitan transitar por territorio mexicano”, de ahí que al tratar de moverse hacia Estados Unidos con amparo en mano, “fueron aseguradas por agentes migratorios y conducidos a diversos recintos migratorios, entre ellos a la propia EMSXXI”.

Los visitadores del organismo detectaron a personas de origen cubano que “manifestaron su deseo de desistirse del amparo y solicitar a México el reconocimiento de condición de refugiado”.

El personal de la CNDH también acudió al Puente Rodolfo Robles, donde constató que las mil 600 personas migrantes que se ubicaron ahí “fueron registradas rápidamente, se les proporciona ayuda humanitaria y atención médica, habiéndoles indicado la autoridad migratoria que se les otorgará la tarjeta de visitante regional con posibilidad de trabajo, o bien visa de trabajador fronterizo”.

En su comunicado el organismo explicó que, tras la verificación del trabajo de las autoridades con los migrantes, solicitó al INM “proporcionar atención y asistencia urgente a las personas alojadas en la EMSXXI para garantizarles estancia digna con pleno respeto a sus derechos humanos”.

La CNDH pidió al INM destinar “personal médico suficiente en todos los horarios, y especialistas en pediatría ante el elevado número de personas menores de edad, que conjuntamente con la Secretaría de Salud del estado de Chiapas realicen brigadas de asistencia médica con suficiente dotación de medicamentos y personal de psicología para brindar atención adecuada a la salud emocional y mental”

De igual manera, sugirió establecer “criterios operativos rápidos y ágiles, acorde con sus capacidades de alojamiento y con los servicios de atención que otorga; que sean aplicados también en las entradas y salidas de personas detenidas, y en aquellas donde ya están resueltos sus procedimientos migratorios”.

La CNDH recomendó canalizar a los migrantes “a distintas estaciones migratorias para disminuir la sobrepoblación, agilizar procedimientos administrativos de las personas alojadas, explorar alternativas en la detención, principalmente de personas en situación de vulnerabilidad y de solicitantes de la condición de refugiado en tanto se determina el procedimiento”.

El organismo también pidió al INM dar “información clara, precisa y suficiente sobre plazos y posibles resoluciones a quienes iniciaron trámites migratorios, así como el lugar donde se les dará a conocer dicha determinación, con la finalidad de que tengan certeza jurídica y conocimiento de las etapas del trámite migratorio, y que el lugar en que lo iniciaron sea el mismo en que se resuelva y se notifique”.

Además, “asignar personal de guardia para fines de semana y días festivos en el Puente Adolfo Robles, para dar continuidad a los trámites y evitar aglomeraciones de personas migrantes, lo que también abonará a generar confianza y certeza sobre su registro migratorio”.

Se instruyó a la Coordinación Nacional de Protección Civil a realizar las acciones procedentes para efectuar el pago a las personas extrajeras contratadas en Mapastepec por la prestación de sus servicios dentro del programa de empleo temporal de la Secretaría de Bienestar, coordinado por dicha instancia nacional de protección civil.

Las medidas cautelares van dirigidas también a las procuradurías Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la del estado de Chiapas. Se les pide que “ante la situación de urgencia por hacinamiento y sobrepoblación en la EMSXXI, se protejan los derechos de las personas menores de edad, de acuerdo con la determinación de su interés superior, y se dicten medidas que se requieran para la restitución de derechos, en atención a la situación específica de cada uno de ellos y la unidad familiar”.

Los funcionarios a los que el quinto visitador general, Edgar Corzo, dirigió las medidas cautelares son: el titular del INM, Tonatiuh Guillén López; el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, David León Romero; la procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Martha Yolanda López Bravo, y su contraparte en Chiapas, Claudia Guadalupe Castellanos Galdámez, así como el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos.

La CNDH resaltó que en la frontera sur tiene “desplegado un equipo de visitadores adjuntos y personal médico para efecto de continuar con el monitoreo y atención de las condiciones de vida digna de las personas migrantes en los recintos migratorios, así como para observar la ayuda humanitaria y respeto irrestricto de sus derechos humanos a los integrantes de los grupos que transitan en caravana”, de forma especial de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Este lunes 15 de abril a las siete de la mañana comienza la Asamblea Académica de Médicos Residentes de 68 hospitales e institutos de salud de 24 estados del país, debido a que a algunos aún les adeudan el pago de las quincenas atrasadas, informó la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR).

Advirtieron que de no tener una respuesta satisfactoria para este lunes 15 de abril, el martes 16, se unirán a la Asamblea Permanente de hospitales de la Ciudad de México como el Rubén Leñero, Xoco y Balbuena.

Desde el pasado viernes 11, la ANMR fijó un nuevo plazo de 48 horas a la Secretaría de Salud (SSA) para recibir el pago retrasado de tres quincenas y el reembolso de un bono sexenal, o a partir de las siete horas de este 15 de abril, 68 hospitales de 24 entidades federativas iniciarían una Asamblea Permanente.

Dicha asamblea, consiste en atender sólo áreas críticas como urgencias y obstetricia.

Ese día, en conferencia de prensa, Erika Orozco, Eva García y Karen Arteaga, integrantes del Comité de Comunicación de la ANMR explicaron que hasta el momento sólo se habían depositado los pagos retrasados a 10% de un promedio de 6 mil residentes.

Eva García residente del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, recordó que los médicos llevan trabajando 43 días sin goce de sueldo con jornadas que van de 8 a 30 horas.

Detalló que médicos de 12 hospitales no han recibido el pago de las quincenas previas, entre los que se encuentran el Hospital Materno de Durango, el de Alta Especialidad de Veracruz, el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de Oaxaca y el Hospital Central de San Luis Potosí.

Al participar en la Asablea, los médicos residentes se dedicarán a actividades académicas sin descuidar los quirófanos y pacientes graves.

Para realizar esta protesta cuentan con el apoyo de directores de institutos y de médicos de enseñanza, puesto que conocen las condiciones en las que trabajamos porque ellos fueron residentes.

La conformación de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, integrada por un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), uno de la Secretaría de Marina (Semar) y otro más Policía Federal (PF), tendrá en el perfil de sus nuevos jefes la marca de la “guerra contra el narcotráfico” y sus secuelas.

Dentro de los funcionarios presentados esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como por el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, destacan dos militares en proceso de retiro, uno más alejado de las funciones castrenses y una doctora especializada en medicina forense.

Se trata del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, en proceso de retiro según Durazo Montaño, y quien fue presentado como director del nuevo organismo de seguridad pública permanente.

Como miembros del Estado Mayor, se designó al general de brigada Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, como representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); también al contraalmirante Gabriel García Chávez, como representante de la Secretaría de Marina (Semar) y la doctora Patricia Rosalinda Trujillo, como representante de la Policía Federal (PF).

Antes de ocupar esas carteras, los cuatro mandos estuvieron adscritos operaciones contra el narcotráfico, la vigilancia de zonas militares azotadas por el robo de combustibles, la coordinación de labores de espionaje en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la intervención científica policiaca.

La mayoría cuenta con especialización en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, análisis de datos y la prevención de amenazas locales con influencia regional, como como la migración y el tráfico de personas.

General Rodríguez Bucio

Antes de ser designado por el presidente de la república como director de la Guardia Nacional, Rodríguez Bucio se desempeñó como agregado militar en la Junta Interamericana de Defensa (JCI) adscrita a la Organización de Estados Americanos.

En diciembre pasado, solicitó su baja del Ejército, misma que será válida hasta julio del presente año cuando ya ocupe el puesto de comandante de la Guardia. Su ascenso en el escalafón militar despuntó en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Especialmente, tras sus operaciones de campo en regiones controladas por el cártel de Los Zetas.

En sus inicios dentro de las Fuerzas Armadas, Rodríguez Bucio fue enviado a Fort Gulick, en la zona del canal de Panamá, donde hizo el curso de operaciones de patrullas en la Escuela de las Américas del ejército estadunidense.

De 1993 a 1994 fue adscrito como subjefe en la 19/a. Zona Militar, en Tuxpan, Veracruz y Subjefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Marte XXII, en Badiraguato, Sinaloa, cuya función principal fue la erradicación de enervantes en el llamado Triángulo Durado de las Drogas.

De 1994 al año 2000, se desempeñó como coordinador de grupos interinstitucionales en trabajo de campo en el CISEN, cuya experiencia, le valió posteriores ascensos en áreas de análisis de datos e inteligencia.

De agosto del 2003 a septiembre del 2004, fue Comandante del Segundo Batallón de Fuerzas Especiales, con sede en Temamatla, México, periodo en el que participó al Mando del Batallón en Operaciones contra el narcotráfico en regiones controladas por el Cártel de Sinaloa.

Tras ser nombrado por el gobierno de Vicente Fox agregado militar y aéreo en la embajada de México ante la República Federal de Alemania, y jefe de Estado Mayor en el Cuartel General de la 14/a Zona Militar de Aguascalientes, el gobierno de Felipe Calderón lo nombró primero subjefe, y posteriormente jefe del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico de la Sedena. Dicho cargo lo ocupó entre los años 2004 a 2010.

Posteriormente, entre 2010 a 2011, fue adscrito a la Comandante de la Guarnición Militar de Cancún, Quintana Roo. De ahí pasó a la jefatura de Cuartel General de la IV Región Militar como Coordinador de Operaciones, en Monterrey, para atender las actividades de los grupos delincuenciales en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ocupó dos carteras: la primera, Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos entre 20, y posteriormente, en agregaduría militar y área en la Embajada de México en Washington, hasta que alcanzó la jefatura de la JID.

Cabe destacar que en el último puesto, su función coordinó la agenda regional de lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y las amenazas locales con influencia subregional, como la migración y el tráfico de personas.

Doctora Rosalinda Trujillo

Antes de su nombramiento como representante de la Policía Federal en la Guardia Nacional, la doctora Patricia Rosalinda Trujillo se desempeñó como titular de la División científica en dicho cuerpo de seguridad. Incluso, en junio de 2018, la revista Forbes la incluyó en el listado de las 100 Mujeres más Poderosas de México.

Es médico cirujano por la Universidad Veracruzana. Cuenta con un total de doce doctorados, nueve de los cuales son Honoris Causa, así como dos estancias posdoctorales; una de ellas, en criminología por la Universidad Castilla de la Mancha.

Tras ocupar la dirección del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana en 2005 y grado ocupar el grado de investigadora nivel I, en 2009 Trujillo fue reclutada por la Policía Federal donde fue adscrita a la División Científica. Siete años después, fue nombrada como titular de dicha división.

En el 2017, alcanzó la Comisaria General Policía Federal mediante el concurso de promoción de grados.

General Núñez Márquez

Maestro de administración militar, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, se desempeñó como comandante de dos regiones militares, previo a su nombramiento como miembro del Estado Mayor de la Guardia Nacional.

También estuvo al frente de la V Zona Militar con sede en Chihuahua, Chihuahua, entre 2014 y 2017. En dicho estado, ya se había desempeñado como comandante del Primer Batallón de Infantería según datos difundidos por presidencia de la república.

Posteriormente, el general Salvador Cienfuegos lo nombró comandante de la XVIII Zona Militar con sede Pachucha, Hidalgo, entre los años 2017 y 2018. Cargo que posteriormente fue ocupado por el general brigadier Jaime González Ávalos.

Su administración al frente de la XVIII Zona Militar estuvo enmarcada por el incremento de robo de combustibles en Hidalgo. Según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), se reportó un incremento del 61 por ciento en el robo de combustibles y el estado se situó como el segundo con mayor incidencia a nivel nacional de este delito.

A decir de una ficha difundida por presidencia, el general Núñez Márquez fue jefe de operaciones contra el narcotráfico del Estado Mayor y la Sedena, respectivamente. Actualmente se encuentra en proceso de baja de la última institución.

Contraalmirante García Chávez

Antes de su nombramiento como representante de la Semar en la Guardia Nacional, el contraalmirante de Infantería Diplomado de Estado Mayor Gabriel García Chávez, se desempeñó como director de la Policía Ministerial de Baja California Sur.

Cargo que abandonó el pasado 31 de julio.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2016 y 2017, dos ciudades a su cargo, La Paz y Los Cabos, aparecieron en la lista de municipios más peligrosos del país. Un año después ambas localidades abandonaron dicha lista.

En su paso por la Semar, se desempeñó como comandante de Tercera Compañía del Batallón de Infantería de Marina – 1, Batallón de Servicios del Golfo, Batallón de Infantería de Marina Número Once, Batallón de Infantería de Marina Número Catorce y Batallón de Infantería de Marina Número 26.

Así mismo posee formación académica en inteligencia, efectuado en Escuela de Inteligencia de Guatemala, Curso Operaciones Especiales de Comandos, efectuado en la Fuerza Naval del Golfo y maestría en seguridad nacional, efectuada en Centro de Estudios Superiores Navales.

Walter León Montoya y Horacio Culebro Borrayas incriminados en el asesinato del dirigente antiminera, Mariano Abarca, encarcelados, acosados y sicológicamente torturados en el sexenio de Juan José Sabines Guerrero, nuevamente denunciaron al ex funcionario Sabinistas, Nemecio Ponce Sánchez como autor intelectual de dicho asesinato, también demandaron justicia, reparación de daños y una disculpa pública.

En conferencia de prensa los dos opositores a la administración de Sabines Guerrero lo que les ocasionó una serie de represiones articulada desde el Gobierno del Estado, ejecutada por el propio Ponce Sánchez, pidieron una real investigación del asesinato del líder minero registrado el 27 de noviembre de 2009 en el cual, ambos fueron involucrados y tras demostrar su inocencia, liberados sin cargo alguno.

León Montoya encarcelado 18 meses, fue trasladado a diferentes penales de la entidad como parte de la tortura de la que fue sujeto, hoy sufre las secuelas de 2 infartos cerebrales, diabetes, hipertensión y cáncer en uno de los riñones que no es operable y que lo tiene al borde de la muerte.

Por su parte Horacio Culebro Borrayas, quien reiteradamente ha señalado a Ponce Sánchez como el autor intelectual del asesinado del desaparecido líder antiminero, fue encarcelado por igual de tiempo que León Montoya, y a su liberación estuvo un mes prácticamente ciego y a más de 8 años de su liberación aún sigue en proceso de recuperación.

Pese a no existir prueba que involucrara a alguno de los dos, la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, los consignó ante un Juez del fuero común, luego de un largo litigio, lograron su libertad absoluta y hoy al igual que la familia del asesinado líder, exigen una clara investigación y aplicación de la justicia, aunado a la reparación de los daños y la respectiva disculpa pública por parte del estado.

Los afectados dijeron que ellos deberán ser beneficiarios para la reparación de los daños cometidos en su contra al ser privados de su libertad durante la administración de Juan José Sabines Guerrero, y en este sentido el abogado defensor Roberto Domínguez Cortes, dijo que por ser violaciones a los derechos humanos que sufrieron sus representados, las violaciones a sus garantías individuales no han prescrito y que aún se está en tiempo y forma de que se castigue a los responsables implicados en la privación ilegal de la libertad.

“El veintisiete de noviembre del año dos mil nueve fue asesinado en el municipio de Chicomuselo Chiapas, el líder anti minero Mariano Abarca Roblero, derivado de ese homicidio fue incriminado injustamente entre otras personas el licenciado Walter León Montoya, y el licenciado; Horacio Culebro Borrayas y digo que fueron incriminados injustamente porque luego de haber permanecido en prisión algo así como dieciocho meses se demostró que no habían cometido ningún delito y salieron libres.

Incluso en el caso del licenciado Horacio Culebro Borrayas, una vez que obtuvo su libertad por ese homicidio en el que supuestamente había participado, volvió a ser detenido por el supuesto delito de ecocidio, porque la idea era mantenerlos privados de su libertad y es que en ambos casos fueron severos críticos de la administración de Juan Sabines Guerrero, e inclusive unos días antes de su detención, Walter León Montoya le había iniciado a Juan Sabines Guerrero ante el Congreso de la Unión un juicio político  y Horacio Culebro había sido un severo crítico denunciando las atrocidades del gobierno de Juan Sabines”

Domínguez Cortés explicó que el proceso penal de sus representados estuvo plagado de diversas irregularidades e incluso testimoniales que en ningún momento implicaban a ambos y que por la serie de vicios e irregularidades puede decirse que este caso es único en la historia jurídica de Chiapas, toda vez que en la selección del proceso penal  en una de sus partes donde sobresale la persona de Orlando Velázquez Rodríguez quien en su momento fuera el testigo presencial de la muerte de Mariano Abarca.

Toda vez que el líder antiminero se encontraba enfrente de una cenaduría llamada Garibaldi  cuando una persona le disparó, y Orlando fue herido en la pierna y cuando el declara jamás incrimina ni a León Montoya, ni a Culebro Borrayas, he incluso en su momento tal y como aparece asentado en el expediente penal, quedó señalado que fue obligado a declarar como se lo habían indicado caso contrario quedaría privado de su libertad.

Por su parte Walter León Montoya y Horacio Culebro Borrayas, coincidieron en señalar que frente a los agravios y violaciones a los derechos humanos que fueron sometidos injustificadamente, ahora buscan que dichos actos no permanezcan impunes, y que para el caso consideran que el actual gobierno debiera transparentar sus acciones en materia de justicia y castigar a los responsables.

León Montoya en el uso de la palabra señaló: “a mí se me amenazaba constantemente y me decían que si no me portaba bien me pasarían con los Maras, ahí tienen una zona especial para ellos, lo tortura psicológica a la cual fui sometido fue terrible, e incluso a eso se deben los derrames cerebrales que me han dado”.

A la pregunta de un reportero si tuviera en estos momentos a Juan Sabines Guerrero, que le diría, a lo que inmediato contesto que le reclamaría la infamia a la cual fue sometido porque únicamente tanto él como Culebro Borrayas fueron víctimas de delitos inventados, “porque lo único que querían de nosotros era mantenernos encerrados y callados”.

Esta casa editorial le cuestionó a León Montoya si tenía confianza en la presente administración para encontrar justicia y esto fue lo que respondió: “pues todos los días hemos leído las declaraciones del gobernador que su gobierno es un gobierno de justicia y tenemos confianza en que habrá justicia, y que se realizará una investigación para que se dé con los verdaderos culpables y que se investigue sin que haya más chivos expiatorios y se castigue a los culpables de dicho asesinato”.

De la misma manera el abogado; Horacio Culebro Borrayas al ser interrogado si tiene confianza para encontrar justicia, señalo: “mira de las autoridades se debe tener desconfianza, siempre debe de desconfiarse, lo veo bastante difícil y creo que en determinado momento se beneficiaría a los agraviados en el hecho de hacer justicia, como bien dijeron en el caso de Walter derivado de su detención hasta presenta daños cerebrales, entonces no es posible que algunos los hayan indemnizado y a quienes sufrieron las consecuencias de estar mal de salud como Walter y tu servidor pues yo quede mal de la vista, y fue hasta que me hicieron una operación, pero me falta otra en el ojo derecho.

Por lo que debe de hacerse justicia y en este caso Walter fue uno de los más afectados y por cuestiones humanitarias en este caso el gobernador del estado debería tomar cartas en el asunto”, finalizó.

Y sigue… tan campante

Estamos a días de que el gobierno de la Cuarta Transformación ofertado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumpla  cinco escasos meses y para muchos ya, me refiero a personas y grupos que inicialmente manifestaban su beneplácito por el cambio logrado en las urnas, de plano ya se les acabó el gas cuando no y es fácil advertirlo, la convicción y hasta la fe. Es cierto que mientras el combate al llamado “huachicol” que llegó a representar pérdidas al erario por cerca de 65 mil millones anuales, a poco menos de cuatro meses de implementada la estrategia  al robo de combustibles en el país, de 81 mil barriles diarios que se robaban incluso todavía en diciembre pasado, según las últimas cifras presentadas por el propio presidente, esta actividad ha reducido su impacto situándose en lo que va del mes de abril en 2 mil barriles diarios de sustracción de gasolinas. Es decir, que mientras en rubros sensibles de combate a la corrupción y algunos delitos relacionados las cifras muestran avances en ese sentido, el número de asesinatos enfocados en estados ya identificados con anterioridad, siguen mostrando cifras alarmantes que alcanzan en el primer trimestre de 2019 una cifra cercana a los 7 mil homicidios. Y vaya que nada se puede argumentar en contrario cuando eventos como los ocurridos en Minatitlán Veracruz y Comalcalco en Tabasco, arrojan un ataque contra civiles que departían en una fiesta de menos 11 muertos entre de esos menores de edad, en tanto en Tabasco una familia que viajaba en su vehículo, fueron igualmente cobardemente atacados registrando dos mujeres muertas y un bebé de escaso un año de edad herido y otro más menor aparentemente ileso.

Cierto ante lo evidente, las buenas intenciones no bastan. Sin embargo el mandatario nacional insiste y recuerda, que este es el país que nos dejaron; pobreza y marginación, impunidad e injusticias. Gobiernos que por décadas se dedicaron a saquear al país y se desentendieron de los más necesitados. Los jóvenes fueron abandonados a su suerte haciéndolos presas fáciles de la delincuencia organizada. Todo ello como signo distintivo de gobiernos corruptos que hicieron de la acumulación de riquezas y la extracción de recursos naturales, la fuente de inspiración de sus propuestas ideológicas traducidas en políticas de gobierno. Así la desigualdad en el país fue creciendo inversamente proporcional al enriquecimiento de unos cuantos. Y créamelo que nada tiene que ver esta reflexión propia, con política marxista o maoísta ni nada que se le parezca. Sin embargo no reconocer que el fondo que explica la situación de crisis que vive el país en todos los ámbitos y órdenes de gobierno, provienen de esa política y llámele usted como guste neoliberal o capitalismo salvaje, en la que los presidentes hasta el último de los burócratas de rango, sin olvidar la complicidad del sector privado nacional y extranjero, hicieron de este país un verdadero paraíso fiscal a la par uno con los más escandalosos niveles de corrupción e impunidad, y en el que lo más fácil para los políticos era robar insisto, ante el alto grado de impunidad cuyas cifras de terror y horror indicaban, que sólo se denunciaban el 5 por ciento de los delitos; aún peor, del total de delitos solo el 1 por ciento era castigado. Y si todo ello no explica el alto grado de violencia desatada en el país incluso ya en el nuevo gobierno, entonces es no entender y no querer reconocer que a tan solo cinco meses de gobierno, las viejas prácticas y la inercia delictiva se han desatado sobre todo ahora que existe la voluntad política de combatirla, es renunciar como sociedad a luchar por un cambio que nos incluye a todos por igual. Porque la verdad y dicho con todo respeto, lo que empieza a sobrar hoy es cobardía. Incluso aún entre los que siempre gritaron en voz baja la existencia de corrupción, impunidad, injusticia y desigualdad, que ahora se erigen, con  “sobradas” razones, en férreos críticos del nuevo régimen y por supuesto del presidente López Obrador.

No omito manifestar que no todo lo hecho por el presidente merece el aplauso, no. incluso y coincido con la visión presidencial, hasta resulta estimulante escuchar las voces en contrario. La libertad de expresión se garantiza reitera cada mañana, pero también insiste que tiene derecho de réplica. Con respeto eso sí les espeta a sus críticos. Es bueno el debate admite porque si no, confiesa, esto sería muy aburrido. Al parecer y con esto cierro, es que muchos de los que se consideran a sí mismos fifís o simplemente les cae en la punta el discurso vehemente y casi clerical del presidente, la forma incluso de lo pausado en sus mensajes, pudiera obnubilarles la verdadera esencia del contenido y fondo de sus acciones y propuestas. Pero de ahí a que consideren, aunque no lo digan abiertamente porque les faltan…argumentos de peso, que estábamos mejor cuando estábamos peor, es de lo más pusilánime que pueden mostrar al pueblo quienes se creen dueños de la verdad. Los que están en contra de la transformación para mí la primera de su tipo, cuando proviene de grupos de intereses económicos poderosos que ven cómo se les diluyen las posibilidades de seguirnos chingando, bueno pues, hasta están en su papel y no se entendería de otro modo. Pero de ahí a que decenas de periodistas lugareños incluso que han vivido siempre ninguneados por los gobiernos y sus áreas de comunicación social expresen su malestar por los modos del presidente, ¡carajo!, pos nomás no me cuadra. Mientras tanto y con el pesar de unos cuantos o de cientos ¡miles! si usted estima, la 4T va y el presidente; ¡Sigue tan campante! Me queda claro.

Ya de salida

Pues, nomás porque lo está uno viendo se cree y me refiero por supuesto, a la reaparición triunfal y hasta apoteósica de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, mujer que ostentó en su momento, largo momento agregaría, uno de los poderes sindicales más importantes del país como el del magisterio nacional representado por el SNTE que es el ala oficial. Sin embargo para la comiteca, la vida y la realidad política le descubriría los velos del poder presidencial y ante la negativa rotunda de concebir y apoyar la reforma educativa de Peña Nieto al inicio de su sexenio, al pronunciar lapidaria sentencia de que dicha reforma “sobre su cadáver pasaría”, le agarraron la palabra y así la poderosa dirigente sindical, firmó de puño y letra su epitafio pues como solía ocurrir cuando los beneficiarios del sistema se querían brincar las trancas, de manera súbita aunque secreto a voces, el gobierno le encontró una larga lista de delitos cometidos contra del propio magisterio que dirigía como al fisco federal. Así el presidente contando con el aparato mediático a su servicio, a la maestra poco le faltó para convertirla en la criminal más buscada incluso por encima del Chapo Guzmán. Millonarias cuentas en dólares, propiedades por doquier incluso mansiones en los más exclusivos suburbios de ciudades en los Estados Unidos. Se le acusó de desviación de recursos, delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita y por supuesto ¡un auto!, de formal prisión. Sin embargo a raíz de su excarcelación primero por problemas de salud y edad y una vez desechada las acusaciones por lo endeble de su procedimiento y pruebas, la maestra salió libre como gaviota. No contenta con ello, su primer mensaje fue retador respecto a recuperar el liderazgo magisterial que le fue injustamente arrebatado. Ya formó un nuevo partido familiar Redes Progresistas o algo así; es más ya salió a decirle al presidente que su propuesta de reforma de la reforma educativa es, una reformita. Ahora resulta según corre versión, que le serán devueltos todos sus bienes y cuentas bancarias, es decir, todo lo que en principio le habían incautado y señalado eran producto de la corrupción valió para puras vergüenzas. Qué es lo que viene para la profesora y para el propio magisterio nacional, la verdad es una incógnita abierta. Pero igual que harán los de la CNTE opositores históricos de doña Elba, igual difícil responder, aún. Pero la pregunta de mayor relieve creo sería; qué va hacer ahora el presidente Andrés Manuel con ese monstruo político revivido. Verdadero galimatías…// ¡Me queda claro! salu2

Asociación de Columnistas Chiapanecos A.C

 

CRUDA REALIDAD DE LOS ALCALDES MORENOS…

Frustración en Tapachula, San Cristóbal y Tuxtla…

Carlos, Gerónima y Gurría, en la mira…

Comentarios al Margen…

DE LA IMPOSICIÓN A LA INEFICIENCIA…

Dice el dicho, lo que se ve no se juzga y la opinión cuando es generalizada asemeja mucho a la realidad. Es lo que estamos viendo en cada uno de los presidentes municipales de las principales ciudades del Estado: Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. La percepción es de ineficiencia e ineficacia; de bandazos ante la incapacidad y falta de conocimiento de la administración pública.

Tal pareciera, y eso es lo que aducen en su defensa los alcaldes de estas tres importantes municipalidades de Chiapas, que los ataques son orquestados por los “perdedores” que se han visto afectados en sus intereses, privilegios y canonjías que tenían con los gobiernos de la llamada “mafia del poder”.

En parte puede ser cierta esa premisa, porque en Tuxtla los hay que se han dedicado a señalar al punto de ofender con sus opiniones al edil, CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ. No le quieren reconocer  algunos logros al presidente de la comuna tuxtleca, habiendo acciones que se lo merecen.  También se tiene que puntualizar –a favor del MORALES Presidente-- que no cayó en un lecho de flores; por el contrario, sí en una administración que se extra polarizó en la corrupción desde el año 2006 a la fecha, que dejó al Ayuntamiento en condiciones deplorables, en todos órdenes.

Pero CARLOS MORALES no se puede apartar de la responsabilidad que tiene en la administración pública municipal, los yerros, omisiones, imposiciones, caprichos y simulaciones como en el caso del pago a PROACTIVA-VEOLIA que representa muchos millones de peso que no defendió; la falta de mantenimiento e instalación del sistema de alumbrado en la mayor parte de la Ciudad como el libramiento norte oriente y el boulevard “Fidel Velázquez” en la colonia Infonavit Grijalva, por ejemplo.

No puede otorgar “perdón y olvido” al pasado inmediato y anterior al que acusó de corrupción de manera mediática y a la fecha no ha actuado en consecuencia contra JAIME VALLS ESPONDA, SETH YASSIR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO y, por supuesto, su antecesor, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR.

En Tuxtla persiste la inseguridad; el ambulantaje, el abuso de los fiscales y policías en contra de vendedores que deben ser retirados bajo un protocolo de respeto a los derechos humanos. No se ha resuelto el problema de la pestilencia que producen los drenajes y que es responsabilidad del director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, RENÉ LEÓN FARRERA, resolver, pues ahora los malos olores sale hasta por las alcantarillas y los lavabos de las casas.

Son muchos los pendientes que CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ tiene con los tuxtlecos y uno de ellos es resarcir los daños provocados por las anteriores administraciones que él mismo prometió creando muchas o falsas expectativas…

SAN CRISTÓBAL ES UN POLVORÍN…  

Igual que el alcalde de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, la Presidenta Municipal de San Cristóbal de las Casas, GERÓNIMA TOLEDO VILLALOBOS, está pagando la osadía de su imposición con el desprecio que le manifiestan sus gobernados coletos. No hay que soslayar que la alcaldesa y su Síndico, MIGUEL ÁNGEL DE LOS SANTOS CRUZ, han hecho todo lo posible por agradar, atender y mantener una buena relación con sus gobernados, solo que sus orígenes y antecedentes políticos han servido a sus “enemigos” detractores para unir a los coletos, “en su contra”.

No hay que olvidar que, para la elección de los candidatos de Morena al Ayuntamiento de San Cristóbal se llevó a efecto una encuesta (patito como todas las del Peje-Partido), donde la planilla ganadora fue la de ERIKA DORANTES CORZO para Presidenta y ALBERTO RAMOS MOLINA, Síndico, con 38 votos; en tanto GERÓNIMA TOLEDO obtuvo solo un voto, superada inclusive por LUPITA RAMÍREZ que sumó tres. Hoy la alcaldesa paga las consecuencias.

Decía que GERÓNIMA ha unido a todos los coletos “pero en su contra”, lo que demuestra que no fue su popularidad lo que la llevó al cargo de Presidenta del Ayuntamiento de San Cristóbal, sino el “efecto PEJE-AMLO” y su “6D6”. Ahora los habitantes de las diversas comunidades se han organizado en un movimiento llamado “Ciudadanos en Acción” que se consideran apartidistas, sin comunión religiosa o patrocinio político alguno, para pedir la revocación del mandato de la alcaldesa. Y ya han acopiado  una cantidad considerable de   firmas, que dan sustento a la petición.

Un asunto que pareciera nimiedad en el enfrentamiento de la sociedad sancristobalense con la alcaldesa GERÓMINA TOLEDO es la elección de la reina de la “Feria de la Primavera y la Paz 2019” que desde la oficialidad se nombró a la hija del ex diputado local y candidato perdedor de la alcaldía en la pasada elección, HUGO PÉREZ MORENO y la actual regidora y ex síndica del anterior ayuntamiento presidido por MARCO ANTONIO CANCINO GONZÁLEZ, LINDA HIGUERAS. Pues resulta que la jovencita ALEJANDRA PÉREZ HIGUERAS no fue aceptada –por ser hija de quien es—y a su vez la sociedad “nombró a su reina”, desconociendo a la elegida por el Ayuntamiento.

Las cosas en San Cristóbal de las Casas están “color de hormiga” y la alcaldesa GERÓMINA TOLEDO sentada en un polvorín que puede hacer erupción en cualquier momento, pues se sabe que por naturaleza la población indígenas y los “Auténticos Coletos”, no se conforman con nada, pues como buenos chiapanecos, “todo les puede; feo sus modos y solo encabronados están contentos”…

GURRÍA, NO VE LO DURO SINO LO TUPIDO…  

La promesa de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR había sido que en Tuxtla, San Cristóbal y Tapachula, fueran mujeres las candidatas a la Presidencia Municipal. Pero no se cumplió y fueron impuestos los ahora alcaldes CARLOS, GERÓNIMA y OSCAR GURRÍA PENAGOS que como se dice coloquialmente, “están pariendo cuates”.

Se entiende que GERÓNIMA y GURRÍA estén en esas condiciones de ineficiencia porque son unos “primerizos” e “improvisados” en la política y la administración pública, más no CARLOS MORALES VÁZQUEZ que le tiró tres veces a la alcaldía y “la tercera fue la vencida”. Ahora los tres “feligreses” de AMLO, están en el escrutinio público y en boca viperina de todos sus gobernados.

El doctor OSCAR GURRÍA PENAGOS “ve la tormenta y no se hinca”. Le están acusando hasta de negociar con su antecesor NEFTALÍ DEL TORO GUZMÁN su blindaje e impunidad por un tanto de 10 millones de pesos; la inseguridad en la Ciudad y el municipio  –que no es de su total incumbencia—y el desorden en su administración que no ha podido controlar.

Lo cierto es que don OSCAR GURRÍA tiene en sus manos una papa caliente que le puede hacer ampollas u obligarlo a dejar el cargo antes de lo previsto, “porque nada es para siempre ni está amarrado a la presidencias”. En resumen, tanto CARLOS MORALES como GERÓNIMA TOLEDO y OSCAR GURRÍA, están en la mira de la sociedad que “NO” los eligió, sino que fueron producto de un hartazgo social, el “Efecto PEJE-AMLO” y las condiciones de fraude electoral que fraguó el gobernador interino “de sí mismo”, MANUEL VELASCO COELLO a favor de los candidatos de MORENA…

COMENTARIOS AL MARGEN… 

LOS PARQUES NO SON TIANGUIS…

Nunca antes se había visto que los parques recreativos fueran autorizados para convertirse en tianguis y en Tuxtla Gutiérrez parece ser la constante con la venia o no del Ayuntamiento. Cuando menos eso es lo que se aprecia cuando el “Parque de la Libertad”, donde están algunas estatuas de “excelsos” periodistas acompañando a la de don BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA, en pleno centro de la ciudad en Calle Central y Primera Sur.

Lo mismo es el “Parque 5 de Mayo” en la 11ª Oriente y Avenida Central; el parque “Benito Juárez”, frente al edificio del PRI y al lado de la Iglesia de Santo Domingo en la Primera Poniente y Segunda Norte. Eso también es responsabilidad del Ayuntamiento y el Presidente Municipal, CARLOS ORZOÉ MORALEZ VÁZQUEZ y su camarilla integrantes del gabinete.

Por cierto, el tianguis que el entonces alcalde LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR les había instalado contra esquina del PRI estatal para combatir el ambulantaje y ubicarlos en ese lugar que costó más de 2 millones de pesos el terreno y un buen tanto la obra, está abandonado. Otro proyecto fallido. Hay que tomar cartas en este asunto, porque, como dijo una vez el líder locatario de la 4ª Norte, NACHO RAMÍREZ “El Coyote”: “Tuxtla es el mercado más grande del mundo”. Tuvo y sigue teniendo razón, desgraciadamente… 

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

 

 

 

 

 

Tucán peripatético

Los ideales con los que se fundó el Partido Verde Mexicano en 1991, antecedente histórico del hoy corrompido Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quedaron en el limbo discursivo que aún sigue siendo empleado por sus legisladores pese a que la realidad es otra.

Las denuncias por contaminación, la defensa de bosques y selvas, los señalamientos contra Pemex, las protestas por la destrucción de ecosistemas y hasta la contratación de laboratorios ambientales extranjeros para comprobar la alta contaminación atmosférica de la zona metropolitana de la Ciudad de México, acciones que desde el 86 hacían, quedan hoy como un recuerdo de las buenas intenciones que terminaron trastocadas por el poder político.

Chiapas, como referente obligatorio tras un gobierno bajo esas siglas, es muestra del fracaso del proyecto verde al que usaron como bandera electorera y plataforma política. Nada más.

Los casos de corrupción que han derivado en la contaminación y destrucción de recursos hídricos, en los que el tucán ha sido omiso, son varios. Todos documentados por los diferentes medios de comunicación y guardados en archivos muertos por intereses aviesos que están por sobre el cuidado del medio ambiente y la misma salud pública.

Proactiva, Cales y Morteros, los desechos de los rastros vertidos en afluentes, la tala clandestina de maderas en la Lacandona, la extracción de agua por la empresa Femsa, la devastación de áreas naturales protegidas, los daños a los humedales, entre otros, exhiben la complicidad de un partido que en seis años mostró sus nulos principios morales.

Si como dice Antonio Gramsci, en su libro La política y el Estado moderno, los partidos se deben considerar como escuelas de la vida estatal heredando carácter, honor y dignidad, al tucán —en todo el país— lo han reducido a un instituto infecto de donde han emanado un cúmulo de políticos cuya bandera es el arribismo y el oportunismo per se.

El Verde subyugó sus ideales a un concepto simple y peyorativo que tomó la ambición política. La muestra es la traición a sus principios y la premura por ocupar el poder sin importa si están calificados para tales puestos o no.

Al tucán, pues, se le debe que las instituciones terminaran siendo rebasadas. Si bien esto comenzó en el último trienio del sabinato, pero con la llegada de Velasco se torcieron más las normas y se puso al frente de muchos espacios de suma importancia a algunos improvisados. El resultado está a la vista.

Hoy, el tucán sigue ondeando la bandera ecologista. Y deje le cuento que le ha funcionado más que a medias y han logrado, tras la mediación del exgobernador de Chiapas (un pésimo administrador, pero hábil estratega) mostrar la no tan lejana alianza Morena-PVEM para la entidad: clímax de esta historia que empieza apenas a escribirse, ya lo verá.

Ya veremos cómo mueve el pico y las alas el tucán rumbo el 2021. Es importante mantenerlo en vista. Pues, aunque no guste, muerto no está. Y si el presidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de la Cuarta Transformación, ha visto algo ahí, diría el abuelo, es que algo hay.

#ESTRATEGIA.- A quien se le vio movido el fin de semana fue al subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, con su ya característica campaña que puso en marcha tras su paso por el Senado de la República y que hasta hoy ha mantenido firme.

El proyecto que presentó hace tres años y que permitió bajar recursos para recuperar las playas es loable porque conlleva a la concientización y pugna por el turismo responsable, que poco a poco permitirá ir cambiando esa falta de cultura de dejar un tiradero por donde pasamos.

Por si fuera poco, a Zoé le funciona bien esta estrategia. No sólo suma puntos a su favor, sino que suma adeptos a lo que será en seis años la oportunidad de buscar la gubernatura. Estar en el centro del país y caminar al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre tendrá sus ventajas.

Por ahora, el subsecretario camina con perfil bajo. Le ocupa, según me han dicho algunos de sus allegados, sacar adelante las tareas apremiantes que le han asignado y que conforman la agenda del presidente.

Zoé sabe cómo se mueven los hilos en política y entiende desde dónde se toman las decisiones. Indispensable es para sus aspiraciones la construcción de alianzas que seguro ya empieza a tejer. La medición con sus declaraciones en la prensa nacional, que causaron escozor a más de uno, era necesaria. Aunque pocos lo vean así. Aún falta para la sucesión, lo sé. Pero para cosechar, se siembra siempre con tiempo.

#MANJAR.- Cuando era niño el abuelo regalaba la fruta de la huerta: chinkuyas, guanábanas, naranjas, mandarinas, tamarindo, cajeras, cojonicuil y mango. Se tomaba lo que la naturaleza regalaba: una parte para la familia y lo otro a los vecinos o a quienes pasaran a saludar. Siempre fue así. Era un pecado dejar que se pudrieran en el piso si podían dárselos a alguien más. Ayer leí el caso de los mangos en Caña Hueca y me da pena ver que le llaman ladrón a quien tomó lo que otros dejamos que ahí se pudra. A eso nos hemos reducido. Ni hablar. #EgoísmoPuro // “Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se puede vivir unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. El amor es la fuerza más grande del universo, y si en el planeta hay un caos medioambiental es también porque falta amor por él. Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia”. Mahatma Gandhi #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Historia de la sexualidad de Michel Foucault y el disco Apostrophe de Frank Zappa. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

 

 

También se robaron el dinero del Procafé para entidades como Chiapas

En medio de la absoluta impunidad, las irregularidades cometidas durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello siguen saliendo a la luz. Esta vez los señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) están relacionados con la entrega de apoyos duplicados, subsidios a fallecidos y pagos indebidos por presuntas asesorías del programa Procafé en entidades como Chiapas durante 2017.

De acuerdo a la investigación hecha por el portal Voltairenet.org, “el dictamen elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que, en total, el programa ejerció un presupuesto de 919 millones 587 mil 100 pesos. En ese año, al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) –ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural– se encontraba José Calzada Rovirosa.

La Auditoría Forense 1593-DE señala que el programa entregó indebidamente 653 millones 138 mil 300 pesos, debido a que se efectuaron pagos duplicados a 11 mil 828 beneficiarios de organizaciones pertenecientes a las delegaciones de la Sagarpa en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Nayarit. Además de apoyos a 26 productores fallecidos.

Según el informe de fiscalización, se realizó la entrega de otros 94 millones 23 mil 500 pesos a la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, AC (Amecafé), “de los que no se presentó documentación que justificara y comprobara el ejercicio total de los recursos públicos federales”. Los conceptos por los cuales se erogaron estos recursos fueron: capacitación, asistencia técnica especializada y gestión de proyectos para productores de café.

La lista de anomalías incluye otros 11 millones 38 mil 800 pesos de los que la Sagarpa no acreditó debidamente el reintegro de los recursos no ejercidos. Se trata de 9 millones 954 mil 550.84 pesos correspondientes al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA), y 1 millón 84 mil 239 en supuestos gastos de operación.

En la auditoría forense se muestra que la misma Amecafé recibió recursos por 10 millones 704 mil 671 pesos, de los cuales asignó injustificadamente a esta instancia 9 millones 809 mil 100 pesos. Además, no presentó comprobante de ejecución por 895 mil 500. La organización no presentó evidencia documental o los conceptos del gasto en que ejerció los recursos otorgados presentan diversas irregularidades.

Los probables hechos de corrupción son sólo una parte del gran problema que enfrenta este sector. En 2017 –cuando se habría consumado el fraude por más de 770 millones de pesos del erario– fue justo uno de los años con más baja producción, pues se redujo en más del 31 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En México, los cafetaleros viven en situación de pobreza, y se ubican en 14 entidades del país. De acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasida), la superficie destinada a esta producción ascienden a 730 mil 11 hectáreas. El 90 por ciento de ese territorio se concentra entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz”.

El fraude cometido contra cientos de cafetales en el sur-sureste de México es la estocada final a un sector que no sólo tiene que enfrentar el embate de plagas, la proliferación de intermediarios o “coyotes” y los efectos de cambio climático en los cultivos, también tiene que resistir a la corrupción rapaz que se roba los pocos recursos destinados al supuesto rescate o fomento de la producción anual.

En la entidad chiapaneca el presunto fraude vincula de manera directa a dependencias como el Instituto del Café de Chiapas (ICAFECH), responsable de realizar el padrón de beneficiarios y participar en la entrega de recursos. Las investigaciones tendrán que deslindar responsabilidades en torno a toda la cadena de posibles complicidades que resultan evidentes.

Sin embargo, el panorama de justicia no parece tan alentador. Pese al constante flujo de información comprometedora en contra Enrique Peña y Velasco Coello no parecen haber indicios para llamarlos a rendir cuentas. Las vinculaciones personales entre Obrador y Velasco han vuelto al exgobernador chiapaneco prácticamente intocable, con una coraza de inmunidad que hoy contradice en mucho las promesas de la tan alardeada cuarta transformación nacional… así las cosas.

 

 

 

 

Algunos, los conservadores, no se han dado cuenta de que la manera de hacer política está cambiando en aras de que cambie el contenido de la misma, el fondo. No se trata de que ese cambio sea bueno nomás por serlo, pero de que hay cambio, lo hay.

El presidente ha firmado un documento insólito: un memorándum público dirigido a una secretaria y dos secretarios de Estado, recordándoles la política administrativa que se habrá de aplicar en lo referente a la educación básica. Como eso es desusado, luego se ha señalado como “inconstitucional” por varios opositores y algunos críticos. Un exministro de la Suprema Corte dijo que era recurrible: lo es todo acto conocido de la autoridad.

Los presidentes mexicanos no tenían costumbre de recordar a sus subordinados el contenido de la política de manera pública más que cuando declaraban: “he dado instrucciones para…”, pero, ¿sus órdenes estaban por escrito?

El memorándum de AMLO está firmado y es público porque es parte de una difícil negociación, en varias bandas, para abrogar la reforma educativa de Peña Nieto, tal como lo dice el texto presidencial. Ese es el fondo.

Las oposiciones tienen una iniciativa conjunta. El SNTE, que no se movilizó contra aquella reforma, nunca ha estado de acuerdo con la misma. Se encuentran de manera relevante los maestros (CNTE) que lucharon arduamente contra ella y fueron víctimas de represalias administrativas y penales. Finalmente, está el bloque parlamentario mayoritario y el gobierno de López Obrador que buscan la manera de construir el acuerdo conveniente.

La iniciativa original enviada por el Ejecutivo ha sido modificada en un proceso enredado, pero el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados no es del todo el texto que se requiere.

El memorándum expresa algunos aspectos que no podrían ir tan claramente en un decreto de reforma constitucional, tales como actos de política administrativa que son necesarios: revocar ceses, tratar de cancelar procesos penales, dejar de pagar a los “aviadores”, centralizar la nómina, contratar prioritariamente a los egresados de las normales, entre otros aspectos.

El actual gobierno busca, como todo mundo sabe, la abrogación de la reforma educativa. Mientras tanto, hay que tomar algunas orientaciones, pero, sobre todo, advertir que, después de la aprobación del nuevo texto constitucional, la cauda dañina de la reforma va a quedar subsanada.

Políticos y juristas acartonados parecen no entender el contexto político. No existe en el memorándum ningún acto de gobierno contrario a la Carta Magna porque, para empezar, no se trata de un decreto, sino de un recordatorio interno sobre la orientación política del Ejecutivo en el tema.

Si esos “especialistas” escandalizados quieren defender la reforma de Peña Nieto, tal como parece, que lo digan y veremos cuál es el contenido del debate. Si defienden el método de la política en lo oscurito, como era antes, que lo señalen también. Si lo que molesta es que el Ejecutivo pueda dar a conocer públicamente orientaciones internas dirigidas a su gabinete y no sólo actos concretos, pues están viviendo en otra época.

Si en lugar de memorándum ese texto hubiera sido el de un discurso, los objetores no habrían podido decir nada por falta de firma, es decir, de formalidad. Pero entonces no tendría el alcance que se le ha dado en el marco de las negociaciones entre bandos que no se tienen confianza entre sí.

Ya no son tiempos de aquella hipocresía bajo la cual las decisiones del presidente eran grises, de tal forma que, si acaso generaban rechazo, la culpa era del secretario de Estado del ramo. “Reservar instancia”, se decía, cuando se ejecutaba algo que podría luego ser rectificado por el superior, aunque éste lo hubiera decidido desde un principio. Pura forma.

En cuanto a motivar y fundar los textos oficiales, eso opera para las órdenes, decretos, resoluciones, contestaciones y cosas por el estilo, con el propósito de hacer valer los principios de legalidad y certeza. Pero no se puede estar hablando de la misma manera para todo memorándum interno del gobierno. Cuando alguno de los secretarios que recibieron el memorándum dicte alguna resolución, entonces de seguro dirá bajo qué norma está actuando: así podrán los juristas acartonados tomarse la molestia de ir con los jueces.

Otros han dicho que el memorándum no tiene importancia ni trascendencia porque no es una figura jurídica. Entonces, ¿por qué lo cuestionan?

Gracias al ruido desatado sobre el dichoso memorándum, éste ha tenido mayor resonancia. Como la discusión sobre su legitimidad es algo que no puede conducir a ningún acuerdo, entonces se ha convertido en un instrumento político de mayor alcance. La discusión es algo que a México le había hecho falta durante décadas. Ahora se discute casi todo lo formal, hasta el tiempo que duran las conferencias mañaneras del nuevo presidente.

Sin embargo, en política la forma no es fondo; sólo el fondo lo es. Lo trascendente no es la forma de memorándum sino el contenido del texto firmado y, especialmente, lo que se va a hacer.  

 

En semanas recientes algunos diputados locales en los estados de Hidalgo y Baja California Sur han presentado iniciativas de reforma a las leyes orgánicas de sus universidades públicas estatales que parecieran tener buenas intenciones. En principio, buscan fortalecer la transparencia, la institucionalidad y la participación democrática de las casas de estudio.

Sin embargo, estas iniciativas carecen de legitimidad, al ser presentadas de manera unilateral por un puñado de representantes populares al margen de las comunidades universitarias correspondientes. Las leyes orgánicas de las universidades públicas tienen un carácter especial ya que regulan el funcionamiento interno de espacios académicos de enorme riqueza, pluralidad y diversidad cuyas coordenadas no corresponden necesariamente a las de la política electoral.

La lucha partidista por el poder gubernamental es perfectamente legítima y las mayorías legislativas cuentan desde luego con un mandato popular para actuar y cumplir con sus promesas y compromisos.

Sin embargo, las universidades también cuentan con sus propios procesos deliberativos y de participación que deben ser respetados. Es un sinsentido, para decir lo menos, intentar imponer una particular visión de democracia universitaria de manera unilateral, desde fuera y a partir de la visión de una sola expresión política.

Este tipo de acciones de intervencionismo se parece a la promoción de la “democracia” en Venezuela por Donald Trump a partir del reconocimiento de un líder espurio y golpista como Juan Guaidó. Cuando una comunidad política impone su idea de democracia a otra el resultado es casi siempre un desastre. Los procesos de democratización deben ser internos, participativos y orgánicos o simplemente no son procesos democratizadores sino de intervención.

Haría falta entonces una especie de “Doctrina Estrada” de los poderes legislativos hacia las universidades autónomas en todo el país.

Las relaciones entre las naciones evidentemente tienen un carácter diferente a las relaciones entre los poderes legislativos y las universidades públicas. Por ejemplo, los poderes legislativos deben autorizar los presupuestos para los centros educativos. Sin embargo, es un grave error confundir esta facultad constitucional con un poder de autoridad jerárquica de los congresos sobre las universidades.

Así como los poderes ejecutivos deben respetar plenamente la autonomía universitaria, evitando, por ejemplo, el ingreso de policías al campus o la intromisión en los planes de estudio, los poderes legislativos también deben respetar esta misma autonomía evitando el chantaje presupuestal. El respeto al derecho ajeno es la paz.

La autonomía universitaria no se debe confundir con la autarquía. Sin embargo, la profunda diferencia entre las polis del poder legislativo por un lado y de una universidad autónoma por el otro, requiere que cualquier reforma a una ley orgánica universitaria debe ser primero avalada y consensuada por la comunidad universitaria y solamente después sometida para su valoración, debate y eventual aprobación por el poder legislativo correspondiente.

Es cierto que casos como la Estafa Maestra han revelado la existencia de malos manejos en algunas universidades públicas. Sin embargo, en la mayoría de los casos documentados las universidades fueron víctimas de un sistema corrupto hasta la médula, no los instigadores de las tramas de corrupción. El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizaba algunas universidades públicas para triangular recursos hacia sus socios privados y aliados políticos, a veces bajo amenazas de total estrangulamiento financiero de las instituciones educativas correspondientes.

Pero hoy nos encontramos en una coyuntura política radicalmente distinta. El espíritu democrático y honesto del nuevo gobierno federal genera un contexto ideal para que florezca hoy más que nunca la autonomía, la pluralidad y la unidad de las comunidades universitarias.

Exijamos cuentas, austeridad, efectividad y transparencia a las autoridades universitarias, pero no tiremos al bebé junto con el agua sucia. Recordemos que la figura de las universidades públicas autónomas es una de las grandes contribuciones al derecho moderno y a la práctica social democrática.

 

 

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Diferentes grupos de maestro de varios municipios de la entidad se manifestaron este lunes con el mismo objetivo: solicitar pagos atrasados desde el 2014, ya que desde la pasada administración es un tema que no se ha resuelto.

En un primer momento un grupo de maestros idóneos del ciclo 2017 arribó la  Unidad Administrativa para dar  a conocer que se les adeuda un año de salarios, a cada uno  se le debe   cerca de 100 mil pesos.

Jaqueline Hernandez Cortés vocera de los manifestantes dijo que son un grupo relativamente nuevo, llevan un año de servicio  el cual ya se les adeuda.

En este sentido remarcó que: “Somos docentes del nivel preparatoria, que fuimos idóneos tras concursar en la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Federal, aprobamos y nos dieron nuestro lugar en las escuelas donde había lugar. Al ser contratados por la Secretaría estamos esperando por nuestro pago”.

Expuso que Existen muchos casos en que los maestros se han visto en la necesidad de prestar para cubrir las dos o tres horas que se les asignó en diferentes zonas del estado.

En este escenario hicieron un llamado al gobierno del estado para que atienda este tema.

Por otra parte maestros que pertenecen al grupo denominado Asociación de Maestros  Interinos de Chiapas (AMICH) realizaron una marcha de la Secretaría de Educación al centro de Tuxtla exigir se salde el adeudo que mantienen desde el año 2014.

Son 400 maestros que no son de base, pero han impartido por varios años clases en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y telebachillerato, los cuales han firmado diferentes minutas con la Secretaría de Educación sobre este tema.

En este problema que se ha vuelto añejo, los interinos advierten  que en breve “activarán” una serie de acciones en la capital chiapaneca que contemplan bloqueos y jornada de acciones ante ello pidieron  una disculpa pública a la comunidad tuxtleca.

 

 

 

 

Debido a que 172 incendios, de los cuales 14 están activos, han consumido nueve mil 196 hectáreas, el gobierno estatal solicitará a la Secretaría de Gobernación (Segob) realice una declaratoria de emergencia.

Según el titular de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), Alfredo Aarón Juárez Cruz, la entidad se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional con el mayor número de incendios registrados en lo que va del año, y el tercero en hectáreas afectadas.

Detalló que hasta el 21 de abril se tienen registrados 14 incendios activos en distintas regiones de Oaxaca, siendo el más severo el de la zona de los Chimalapas en la región del Istmo de Tehuantepec, que ha afectado más de mil hectáreas.

A su vez, la diputada local Elisa Zepeda Lagunas urgió a la Coesfo, a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) y a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a implementar acciones efectivas para sofocar el fuego en la región mazateca.

Detalló que el incendio en territorio de San José Tenango y Huautla de Jiménez ya consumió más de 200 hectáreas de bosque y corren peligro los hogares de familias en las comunidades indígenas.

Los incendios que se encuentran activos están en las siguientes regiones: Tilantongo, San Fernando Matamoros, Chazumba, Huautla de Jiménez, Huamelula, Teozacoalco, Santiago Tenango, San Pedro el Alto, Temaxcaltepec, San Miguel Chimalapa, San Pedro Quiatoni y San Pedro Teutila

Periódico impreso edición No. 1618 del día 23 de Abril del 2019  . [Leer completo].

Integrantes del Parlamento Europeo calificaron como “alarmante” que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, periodistas y defensores de derechos humanos continúen enfrentando “violencia e intimidación” como ocurrió durante el sexenio de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que dejó una estela de 161 personas defensoras y 40 periodistas asesinados.

En una carta dirigida a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a los responsables del proteger a esos sectores, el subsecretario Alejandro Encinas y el encargado de la Unidad de Derechos Humanos, Aarón Mastache Mondragón, los eurodiputados Francisco Assis, originario de Portugal, y Javier Couso, de España, lamentaron que “la situación de violencia extrema para personas defensoras y periodistas en México continúa: desde la toma de posesión del gobierno federal el pasado 1 de diciembre, han sido asesinadas 17 personas defensoras y periodistas, entre ellas dos beneficiarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Tras valorar el reconocimiento que el gobierno federal ha hecho de las carencias del Mecanismo y de comprometerse a revisarlo a fondo, los eurodiputados urgieron al gobierno de López Obrador a emprender una política pública para acabar con la impunidad y reconocer la labor de ambos sectores en la vida democrática del país.

“Dado el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras y periodistas en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, y ante la grave situación de riesgo que viven estos colectivos debido a su valiosa labor, consideramos urgente enviar un mensaje claro de respaldo a quienes ejercen el derecho a defender los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión”, consideraron Assis y Causo en la carta fechada el 18 de abril en Bruselas, sede del Parlamento Europeo.

Para los parlamentarios, por el papel que juega el Mecanismo de Protección es “imprescindible dotarlo de los recursos económicos y el personal suficiente y capacitado en derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad a fin de proporcional a las personas en situación de riesgo, acceso inmediato a la protección y garantizar la atención a las personas beneficiarias de manera profesional y efectiva”.

Agregaron que, al ser la impunidad “el gran obstáculo que viven y sufren las personas defensoras y periodistas en México”, están convencidos de que “la manera más efectiva de combatir las agresiones y amenazas contra periodistas y defensores es investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos delitos”.

En el documento, los eurodiputados apuntaron que “el fortalecimiento del Mecanismo de Protección debe venir acompañado de una política pública integral que atienda las causas estructurales de la violencia desde los ejes de respeto, prevención, protección e investigación, sanción, reparación del daño y garantías de no repetición”.

Hacen recomendaciones a Chihuahua

Dirigida también al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y al fiscal general de la entidad, César Peniche, la carta hizo referencia al “relanzamiento del Plan de Contingencia” que tiene como objetivo abordar las “causas estructurales de la violencia”, acompañado de “estrategias sobre cómo fortalecer las instituciones de justicia y el marco legal” de la entidad para esclarecer las indagatorias sobre agravios cometidos contra periodistas y defensores.

Para que el Plan de Contingencia Chihuahua pueda tomarse como modelo a nivel nacional, los eurodiputados recomendaron al gobernador y al fiscal “que las discusiones se lleven a cabo con la periodicidad acordada y con presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno con poder de decisión, así como con los tres poderes del estado de Chihuahua con el fin de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad”.

Los parlamentarios europeos recomendaron a las autoridades a los que va dirigida la carta “realizar una campaña pública de reconocimiento de personas defensoras y periodistas y su legítima labor, que tenga un alcance hacia los diferentes estados y municipios de la República, e incluya una declaración de cero tolerancia ante los ataques” en contra de esos colectivos.

Pidieron emprender “investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas e imparciales, con el fin de identificar y juzgar tanto a los autores materiales como intelectuales de los ataques, amenazas y asesinatos para acabar con la impunidad”, así como establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil, defensores y periodistas de todo el país “para la discusión y construcción de una política pública integral de protección”.

En tanto, a las autoridades de Chihuahua, los eurodiputados hicieron un llamado a “garantizar la cabal implementación del Plan de Contingencia y realizar una evaluación que retome las mejores prácticas y, así, este método preventivo pueda ser aplicado en otros estados de la República”.

Los diputados Assis, del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), y Couso, del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde (GUE/NGL), giraron copia del documento al jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser, y al responsable de la Misión de México ante la Unión Europea, Mauricio Escanero Figueroa.