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Tue, Feb
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Distintos centros de derechos humanos de la entidad se pronunciaron en apoyo a las agresiones que sufrieran familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes de la Normal Mactumatzá durante la mañana del domingo 16 de febrero cuando fueron desalojados cuando realizaban un bloqueo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de Las Casas asegura que según información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Comité de Padres y Madres de los 43 de Ayotzinapa, Guerrero y estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, fueron víctimas de agresiones durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como resultado de la agresión se encuentran heridas varias personas: las madres Hilda Legideño Vargas y María Martínez Zeferino; una niña de tres años; Isael Rosales Sierra, defensor de derechos humanos del Centro Tlachinollan; y estudiantes, entre ellos Daniel López Bernal y Alex Alberto Álvarez Hernández.

Asimismo, el Frayba informó mediante un comunicado de prensa que Juan Antonio Flores García, normalista de Ayotzinapa, está hospitalizado, ya que sufrió una herida a consecuencia de un proyectil de gas lacrimógeno,

Juan Antonio Flores García, normalista de Ayotzinapa, está hospitalizado a consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno: “Un policía a  una distancia aproximada de un metro disparó un escopetín el proyectil impactó en el cráneo de Juan Antonio desvaneciéndose al instante”.

“Sus compañeros lo auxiliaron llevándolo al Hospital Rojas en Tuxtla Gutiérrez. Al momento su vida pende de un hilo. Los médicos han informado que tiene fractura de cráneo y en unas horas será operado para ver si salva la vida.”

Por su parte, el l Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) expresó su rechazo al actuar de las autoridades y ofreció todo el respaldo a los padres de familia de los 43 desaparecidos y se pronuncia a favor de la remoción del cargo de ciertos funcionarios de gobierno.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” denunció que padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron agredidos con gas lacrimógeno cuando se reunían en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para encabezar una marcha.

“Alrededor de las 8:30 horas los policías sin ningún protocolo empezaron a tirar los proyectiles de gas lacrimógeno hacia los padres y madres; la represión duró por espacio de una hora con un saldo de tres alumnos heridos, dos madres y una menor de tres años de edad”, reportó la organización en un comunicado.

Agregó que dos alumnos fueron impactados con un proyectil en la cabeza, uno de ellos estudiante de Ayotzinapa; ambos, aseguró, se reportan como graves en la policlínica ubicada en la avenida quinta Norte.

Mientras, las madres se encuentran en la escuela normal sin poder salir para recibir atención médica porque el lugar sigue sitiado por la Policía Estatal.

“Las madres y padres de familia de los 43 condenamos la represión desplegada y exigimos pronta atención médica a los lesionados, que se abran los procesos penales y administrativos para establecer responsabilidad a los servidores públicos que incurrieron en uso excesivo de la fuerza”, expresaron los afectados.

Además, exigieron que se permita la realización de los actos de información, difusión y protesta pacífica.

“La denuncia y exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes pretende ser silenciada por el gobierno del estado. Es inconcebible la actitud autoritaria que evidencian las autoridades de este lugar pisoteando todos los derechos constitucionales y las libertades”, sostuvieron.

En tanto, en un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas señaló que presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá lanzaron piedras, bombas molotov y cohetones a elementos de esta dependencia.

Como resultado, un suboficial y un subinspector resultaron lesionados con golpes en el cráneo y policontundidos, por lo cual se pidió la atención prehospitalaria.

“La SSyPC reitera su misión de proteger y servir, garantizando la seguridad, el libre tránsito y la atención de la denuncia ciudadana, al tiempo de reconocer el valor, la lealtad y apego a los derechos humanos por parte de los policías estatales y de condenar la agresión de los manifestantes”, señaló.

Por otro lado, la Fiscalía estatal informó que investiga los hechos ocurridos esta mañana en el Libramiento Norte y bulevar Vicente Fox, donde un grupo de personas realizaba actos de protesta y al arribo de policías se suscitaron acciones de violencia.

Agregó que a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y con la ayuda de cámaras, policías especializados encabezados por Ministerios Públicos iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

En tanto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, exigió al gobierno de Chiapas brindar atención médica especializada a los tres estudiantes que resultaron heridos. “Exijo la atención médica inmediata y especializada a los jóvenes agredidos por la policía estatal. José Antonio Flores, Javier López Bernal, Alex Álvarez. Urge la investigación y castigo a los responsables de dar la orden de reprimir a la caravana de #Ayotzinapa”.

Alejandro Encinas condenó la agresión de la que fue objeto la Caravana de padres de los 43 normalistas desaparecidos de #Ayotzinapa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Solicitó al gobierno del estado la atención inmediata de las personas lesionadas y la investigación de estos lamentables hechos.

Además, demandó investigar y castigar a los responsables de, “dar la orden de reprimir a la caravana de Ayotzinapa”.

Desalojan a normalistas que bloqueaban carretera en Tuxtla Gutiérrez

Policías estatales de Chiapas desalojaron a normalistas que mantenían bloqueado el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, a la altura del bulevar Vicente Fox.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que restableció el tránsito.

“Elementos antimotines actuaron bajo el protocolo de desalojo con respeto a los derechos humanos y restablecieron el orden al desalojar a estudiantes normalistas que mantenían bloqueo carretero sobre el libramiento norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, afectando el derecho de libre tránsito a terceros”, reportó.

Agregó que los elementos establecieron una mesa de diálogo con los manifestantes y escucharon sus demandas, sin embargo, los estudiantes, aseguró, agredieron a dos elementos de la Unidad 026 de la Policía Estatal y vandalizaron la patrulla.

Además, informó que los estudiantes lanzaron bombas molotov, piedras y cohetones a los policías, por lo que un elemento fue herido en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un hospital.

En redes empezaron a circular videos que muestran enfrentamientos entre los inconformes y los policías:

Garantizado en todo momento el libre tránsito en Chiapas

El Gobierno de Chiapas que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, refrendó el compromiso ante la sociedad de no permitir bloqueos viales que afecten el libre tránsito.

En otro comunicado y después de los hechos ocurridos en la capital chiapaneca, donde se desalojaron a estudiantes normalistas que mantenían bloqueado el Libramiento Norte, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, afirmó que en Chiapas existe la libre manifestación, sin embargo, los actos violentos y la afectación a los derechos de terceros no se permitirá.

Agregó que en esta administración nadie está por encima de la ley, y es el mismo gobernador quien coordina todas las acciones para garantizar la tranquilidad de las y los chiapanecos, por lo que existe un firme compromiso por hacer valer el Estado de derecho.

Finalmente, Ismael Brito indicó que, hasta la fecha, se han atendido a las y los alumnos de la Normal Rural Mactumactzá en múltiples ocasiones, con el acompañamiento de las instituciones federales y estatales, en donde se han logrado acuerdos muy favorables que responden a sus demandas.

Demanda Sánchez Cordero castigo por agresión a padres de normalistas

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exigió al Gobierno de Chiapas que tome todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y castigar a los responsables del desalojo a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes les ofreció todo su respaldo.

En su cuenta de Twitter @M_OlgaSCordero, la responsable de la política interna del país exigió una investigación exhaustiva de tales hechos en los que, de acuerdo con Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, dos madres resultaron heridas y cuatro estudiantes normalistas, dos de ellos de gravedad.

“Lo sucedido hoy en Chiapas demanda una investigación exhaustiva. Desde la @SEGOB_mx exigimos al @ChiapasGobierno que tome todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y castigar a los responsables.

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa cuentan con mi respaldo, anoto la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Diego Cadenas Gordillo, responsabilizó al gobierno estatal de la agresión

El Centro de Derechos Humanos Ku’ Untic, que dirige Diego Cadenas Gordillo, responsabilizó al gobierno estatal de esta agresión que sufrieron los integrantes de la Caravana de Madres y Padres de Familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa a su paso por Chiapas.

Este organismo no gubernamental señaló que “de manera traidora mientras se daba un diálogo entre las Madres y Padres de Ayotzinapa con el comandante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, vinieron por detrás elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y dispararon a quema ropa a las personas que realizaban una actividad informativa sobre el caso de Ayotzinapa”.

El arribo de la Caravana de Madres y Padres de Familia a Chiapas se había hecho pública desde días atrás como parte de una campaña nacional informativa, acompañados por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá.

Como resultado de la agresión por parte de la policía antimotines de Chiapas a la caravana, el saldo hasta este momento hay cuatro personas hospitalizadas, entre ellas una menor, hermana de uno del 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

La Fiscalía General del estado (FGE) dio a conocer este jueves la captura de cinco exservidores públicos por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades, entre ellos el exsubsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría General de Gobierno, Geovanni Alexander Campos Amaya.

En el marco del combate a los actos de corrupción, y después de realizarse las respectivas diligencias de investigación –coordinadas por la FGE y la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP)–, además de Campos Anaya, de 42 años, fue detenida una mujer identificada como Lorena “N”, de 32 años, ambos posiblemente responsables del delito de tráfico de Influencia, así como Ramiro “N”, de 62 años; Diego Alberto “N”, de 36, y Marcelo Ernesto “N”, de 37 años.

Los cinco exservidores públicos son presuntamente responsables de la comisión de actos de corrupción.

Geovanni Alexander fungió hasta hace poco como subsecretario de Servicios y Gobernanza Política. Su jefe inmediato era el actual titular de la Secretaría General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, uno de sus mejores amigos. Otros de los detenidos eran empleados de la Secretaría de Obras Públicas.

Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional respectivo, mientras continúan las diligencias de investigación, ante la posibilidad de que haya más personas involucradas en conductas ilícitas relacionadas con su gestión pública.

El artículo 432 del Código Penal del Estado de Chiapas establece, entre otros puntos, que a quien cometa el delito de uso Ilícito de atribuciones y facultades se le impondrán de tres meses a nueve años de prisión y de 30 a 100 días multa.

En tanto, el artículo 433 puntualiza que a quien cometa el delito de tráfico de influencia se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de 50 a 300 días.

Familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en México exigieron a autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer los casos y abatir la impunidad en que se encuentran los crímenes.

Acompañados por representantes de Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica e Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, familiares de periodistas desaparecidos y asesinados de Michoacán y Chiapas se reunieron el viernes 7 con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y con Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La reunión en Segob, promovida por la viuda de Javier Valdez, Griselda Triana, permitió a los familiares de las víctimas detallar las circunstancias judiciales en que se encuentran los casos y los impactos psicosocial y familiar que han tenido los crímenes, ocurridos en un lapso de 10 a 14 años.

Familiares y defensores de derechos humanos insistieron “en la falta de avances en las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes”.

En el encuentro estuvo presente el Comisionado Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Aarón Mastache Mondragón, así como representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

De acuerdo con un comunicado difundido por RSF, Encinas Rodríguez se comprometió con las familias a brindarles apoyo, como gestionar becas a los hijos de los periodistas ante la CEAV y solicitar a la CNB ponerse en contacto con los familiares para revisar los casos, y pidió a Mastache Mondragón instrumentar medidas de protección.

RSF destacó que, a petición suya, “se acordó establecer un enlace en la Segob para dar seguimiento a los acuerdos, además de realizar otra reunión para verificar que se cumplan”.

En cuanto a la reunión con el titular de la FEADLE, la organización de defensa de periodistas resaltó que el funcionario se comprometió a realizar “reuniones periódicas para revisar el estado de cada caso e informar al respecto, así como establecer nuevos planes de investigación que se presentarán en marzo próximo”.

Asimismo, Sánchez Pérez del Pozo ofreció convocar a la CNB a una reunión con los familiares de los periodistas y sus representantes legales para realizar búsquedas conjuntas.

La organización internacional reiteró su apoyo a las familias de los periodistas víctimas de desaparición y homicidio, en espera de que “las autoridades mexicanas cumplan efectivamente con estos compromisos para poner fin a la impunidad que prevalece en México en los asesinatos y desapariciones de periodistas”.

Cabe destacar que en el registro de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, México se encuentra en el lugar 144 de 180, por debajo de Pakistán y Camboya, y por encima de República Centroafricana y Honduras.

La violencia contra periodistas en México también se refleja en los ataques contra medios de comunicación, tal como ocurrió este miércoles en Toluca, donde personas armadas ingresaron a las instalaciones de Alfa Diario.

De acuerdo con la información divulgada por medios de comunicación, alrededor de las 13:30 horas un hombre armado amagó al guardia de seguridad para ingresar a las instalaciones del diario local, y llamó a sus cómplices para despojar a los trabajadores de sus pertenencias y del equipo de cómputo y fotográfico.

Ante ese hecho, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero condenó los “actos de intimidación y violencia contra periodistas y medios de comunicación”.

En un comunicado, la presidenta de la organización no gubernamental, Fabiola Vite Torres, exigió garantías para la libertad de prensa, así como para los defensores de derechos humanos.

También solicitó medidas de seguridad para “garantizar la vida de los periodistas de Alfa Diario”, luego de lamentar que en la entidad se vive “una situación de violencia inédita contra pueblos originarios, comunidades indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos”, en tanto que en el país “se recrudece” el ambiente de impunidad e inseguridad.

Con 24 votos a favor y siete en contra, el pleno del Congreso local aprobó modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), que entre otras cosas eleva la jubilación de 52 a 60 años de edad y la cuota de aportación de los trabajadores de 8% a 13% del salario recibido.

De los 40 legisladores, sólo 31 asistieron a la sesión extraordinaria de este martes, donde se aprobó la nueva Ley del ISSSTECH, que además establece: “La pensión por jubilación se otorgará cuando el afiliado cuente con al menos 35 años de cotización a la cuenta institucional y 65 años de edad”.

El afiliado que haya cumplido con al menos 60 años de edad y 35 años de cotización a la cuenta institucional tendrá derecho a solicitar la pensión por retiro anticipado, añade.

Asimismo, podrá gozar de la pensión por vejez habiendo cumplido al menos 20 años de cotización y 65 años de edad.

La ley actual establecía el derecho de seguro de pensión por vejez a quienes, habiendo cumplido 55 años de edad, tuviesen como mínimo 15 años de servicios e igual tiempo de contribución al Instituto.

Los diputados que votaron a favor de la nueva ley destacaron que el sistema de pensiones vigente fue diseñado tomando en cuenta una esperanza de vida de 55 a 60 años de edad, por lo en la actualidad muchos funcionarios públicos se jubilan a una edad productiva temprana.

Atendiendo a dichas consideraciones y a que las expectativas de vida se han incrementado sustancialmente con el devenir de los años, destacaron la necesidad de modificar la edad de retiro, así como los años de servicio, a efecto de ajustar el tiempo durante el cual se estará pagando a un pensionado por su contribución al trabajo.

En el pleno se dijo que esta nueva ley beneficia de manera sustancial la viabilidad del sistema y se vuelve más eficaz. Y también se mencionó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hoy la esperanza de vida es de 75 años para los hombres y 78 para las mujeres.

Por tanto, “se propuso la modificación de la edad para ajustarla a la realidad, estableciendo para las jubilaciones un máximo de 65 años de edad y 35 años de servicio, aplicable a los servidores públicos que se incorporarán con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley”.

La norma vigente señala que tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicio y las trabajadoras con 28 años o más de servicio, ambos con igual tiempo de cotización al Instituto.

Para los servidores públicos que se encuentren en activo, esta obligación se implementaría gradualmente, de acuerdo con disposiciones transitorias así previstas. En tal sentido, los años de servicio quedarían igual, 30 años los hombres y 28 las mujeres.

Esto no gustó a diputados priistas, quienes votaron en contra de la iniciativa. Si bien celebró algunos de los beneficios de la nueva ley, Mario Santis Gómez expuso que el respiro económico que pretenden dar al ISSTECH no debe basarse en un detrimento de los derechos de los trabajadores del estado, ganados a través de luchas sociales que se dieron por una remuneración y un reconocimiento justo al trabajo.

La nueva la nueva ley, subrayó, modifica el requisito de la edad para poder alcanzar la jubilación, por lo que resulta inadmisible esta propuesta, además de que establece una edad límite mayor para las jubilaciones y años de servicio.

Como si los avances en materia de salud pública y mejores indicadores de bienestar fuesen una invitación a incrementar la carga de trabajo para los adultos mayores, esto aun cuando muchos de ellos estén en condiciones de ser productivos, y aun cuando muchos lo son por necesidad y no por elección, dijo, luego de mencionar que la esperanza de vida en México superó los 70 años de edad.

Sostuvo que esta nueva ley también propone aumentar gradualmente las cuotas y aportaciones para el fondo de pensiones, de manera exponencial, iniciando con el 3% actual, a partir de 2022, hasta llegar a 13% en 2031, es decir, más de 300% en menos de 10 años, bajo el argumento de que es necesario fortalecer este sistema a largo plazo.

En el mismo sentido se pronunciaron las diputadas priista Luz María Palacios Farrera y perredista Olga Luz Espinosa Morales.

Al dar su voto a favor, el legislador morenista Marcelo Toledo Cruz manifestó que revisar el tema de jubilaciones y pensiones es complejo. Este sistema está colapsado en diversas partes del mundo y en Chiapas no es la excepción, soltó.

En defensa de la nueva Ley del ISSSTECH, el gobierno chiapaneco señaló que el primer acierto es mantener el sistema de beneficio definido, cumpliendo en primer lugar el compromiso con trabajadores y pensionados de mantener el actual régimen de pensiones.

Aseguró que se respetarán los derechos adquiridos de quienes ya cumplieron los requisitos para acceder a una pensión por jubilación, por lo que no se alterará una sola de las condiciones que le dieron origen. Esta actualización –apuntó-- no modifica las condiciones de las actuales pensiones y jubilaciones a cargo del Instituto.

El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo sostuvo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “no tiene por qué hacerle caso” a Donald Trump en el sentido de sellar la frontera sur mexicana y consideró que México está obligado, por la Constitución y tratados internacionales, a permitir el paso migratorio con debido registro.

“México no tiene por qué hacerles caso (a Estados Unido); es un asunto muy delicado. Nosotros estamos obligados por la Constitución del país, artículos y por tratados internacionales a dejar pasar a los migrantes mediante registro, verificando que no sean criminales o no estén sometidos a un juicio. Y a eso vengo, a defender mi tesis”, lanzó Muñoz Ledo en Tapachula.

De hecho, en su propia cuenta oficial de Twitter, el legislador fijó su postura migratoria luego que semanas atrás criticó las acciones del gobierno federal al señalar que la Guardia Nacional operó de manera sistemática contra los migrantes.

Porfirio Muñoz Ledo

@PMunozLedo

México no tiene por qué hacer caso a Donald Trump, la migración es un asunto muy delicado. Nosotros estamos obligados por la Constitución y tratados internacionales a permitir el paso migratorio previo registro.

Muñoz Ledo y una comisión legislativa llegó este lunes a Tapachula para sostener una reunión con las autoridades migratorias y visitar la Estación Migratoria Siglo XXI, un albergue para niños y adolescentes, y para dialogar con autoridades locales, activistas y defensores de derechos humanos de diversas organizaciones civiles.

Para reforzar su tesis, el impulsor de la autollamada “cuarta transformación” indicó que ya presentó un proyecto de reforma constitucional.

“El artículo 110 de la Constitución es claro, dice que todas las personas tendrán derecho a salir, moverse o entrar al territorio nacional, con toda claridad”, dijo.

Muñoz Ledo lamentó que haya “una hipocresía” en la frontera sur de México, pues siempre “les hemos hecho el favor a los americanos, pero bajita la mano.

“Ahora Trump, tiro por viaje, nos ordena que no los dejemos pasar. Su última declaración es terrible, porque hay un acertijo: dice que México le está haciendo el favor, pero no dice cómo, eso es lo que vamos a descubrir aquí. Yo sostengo que es una hipocresía lo que está haciendo las autoridades mexicanas”, indicó.

Destacó que la Guardia Nacional no se creó para perseguir migrantes, sino delincuentes.

Cámara de Diputados

@Mx_Diputados

Esta mañana inició el recorrido que diputadas y diputados realizan en Tapachula, Chiapas, con el fin de conocer de primera mano la situación migratoria en esa zona del país. #RecorridoTapachula

En esta misma comisión participan Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la diputada federal Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“El motivo de nuestra visita es evaluar la situación acá, en la frontera. Queremos ver, de manera directa, el trabajo que ha hecho el gobierno mexicano, distintas instituciones, ante las distintas oleadas de migrantes que hemos tenido, desde principio de año con mayor intensidad, desde el año pasado. Queremos ver cómo se ha venido trabajando, dijo Delgado.

Agregó que México es un país donde se respeta la ley, se protegen los derechos humanos y se quiere tener una migración ordenada.

Y, contrario a la opinión de Muñoz Ledo, Delgado dijo que el trato a la última caravana de migrantes “fue una disposición del gobierno mexicano a tratar con respeto a todos los migrantes y a que se cumpla la ley, porque luego hay mucha confusión”.

“Se piensa que la ley dice que todo mundo pase como si no hubiera nada. No. Tiene que haber un registro, tiene que haber orden en la migración para que, precisamente se les pueda dar un trato respetuoso”, soltó el diputado.

Cámara de Diputados

@Mx_Diputados

En respuesta a @Mx_Diputados

Las y los legisladores también acuden a la Estación Migratoria Siglo XXI y más tarde al Centro de Registro de Refugiados y al albergue municipal. #RecorridoTapachula

Cámara de Diputados

@Mx_Diputados

En México se respeta la ley

El éxodo que viene

Pues, a como están las cosas en el estado de Chiapas muy en particular, digo a decir de voces de opinión las que un día sí y con copia al otro, insisten en señalar que la entidad ante una serie de agravios a la población e igual de actos de corrupciones que también señalan, o ya de menos de innegable falta de capacidad de altos funcionarios de gobierno, no queda más que anticipar insisto ante la convulso de la entidad, no es aventurado aventurar que muchos de esos indignados que señalan una serie de desaciertos del actual gobierno, un éxodo masivo de opinadores y luchadores sociales empiece a darse ante el riesgo que corren sus haciendas, patrimonios y familia.

Me explico; sin necesidad de ponerle nombre a los agoreros del mal, bueno salvo voces que por su seriedad y contundencia en el análisis la crítica no es un elemento nuevo ni mucho menos coyuntural menos aún tiene que ver con un asunto de pesos y centavos; pero lejos de ésas contadas excepciones que se cuentas con los dedos de una mano, están decía, otras que con una gran facilidad y acostumbrados al chantaje aunque suene fuerte pero no dejan posibilidades de lecturas diferentes, cuando los mismos en su larga trayectoria o incluso moderna incursión digital en medios, este tipo de acciones “informativas” por no desgastar el precepto de periodísticas, a cada acción que realiza el gobierno como el caso del operativo policial de desalojo de estudiantes normalistas que realizaban un bloqueo en el libramiento norte poniente, del enfrentamiento evidenciado del que salieron algunos civiles lesionados así como elementos de seguridad estatal, voces se han levantado con gritos destemplados a condenar los hechos y en el trasfondo, pidiendo que los convenios con los medios se reactiven o de menos sean más generosos y en una suerte de presión sutil (ajá), ya salieron a pedir el cese de los secretarios de gobierno y la de seguridad pública estatal y ya encarrerados, algunos dejan deslizar en sus comentarios que debe ser el propio gobernador quien renuncie renunciar. Tirar arriba para ver que cae.

Así entonces y que mejor oportunidad para acercarle leña al fuego, ante eventos como el del pasado domingo a la altura de la rural Matumactzá y en la que se encontraban, se supo de manera desafortunada, algunos padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en la refriega en la que los elementos de seguridad repelieron las agresiones de los jóvenes (estudiantes) usando gases lacrimógenos, el evento ha escalado a nivel nacional e incluso, se han reportado ya reacciones en el ámbito internacional. Pero decía, con independencia que el hecho sea recriminado socialmente, se deberán como lo han informado el propio secretario de gobierno Ismael Brito y la secretaria de seguridad estatal Gabriela Zepeda,  realizar las investigaciones respectivas y en su caso,  aplicar las medidas disciplinarias a que sean sujetos, insisto en caso que así se desprenda de las investigaciones.

Pero ese triste y lamentable hecho sin duda reprobable de parte de ambas partes en conflicto, según los acuciosos analistas por cierto coincidentemente los mismos que aborrecen al señor presidente López Obrador, se lanzan a la cargada contra del gobernador y su gabinete que con todo respeto, es claro el mensaje que nos hace revivir los viejos tiempos en el que la consigna que operaba y valía era; ¡si no me pagas te pego! Aunque, es cálculo personal, el tiro les puede salir por la culata. Porque ya a nadie engañan. Ya pasó el tiempo en dónde los periódicos escritos incluso la tele y la radio, eran el factor a considerar si lo que se buscaba era ponderar acciones de los personajes de gobierno o caso contrario, igual acabar, decía, con honras y haciendas. Hoy ya con las redes sociales ¡benditas!, ya se pueden desgañitar y muy pocos encontraran el plauso fácil y gráciles incluso a sus  humorísticos comentarios y memes. En las redes se insiste, cada voz encuentra sus contrapesos aunque en Chiapas chéquelo y verá, muy pocos son los que de forma sistemática traen el tema de señalamientos al gobierno del estado, sin embargo no quiere decir que no los haya porque sería injusto generalizar, pero son personajes “ muy” conocidos en el gremio que de toda la vida, se han caracterizado por jugarle vencidas al gobierno en turno y muchas de las veces (por no decir que siempre) se salían con la suya. Digo habida cuenta que muchos de los personajes encumbrados en el gobierno y la política, tenían mucha cola que les pisaran, ¿o no? Y no es que ahora no los haya de cola larga, lo que pasa es que ya no hay tanta paga. Dicen.

Pero finalmente volviendo al quid del comentario, para estos agoreros del mal que gimen a diario de que Chiapas se incendia, a los más les faltan argumentos sólidos y sustentables por lo que se quedan en lugares comunes y enunciativos como violencia, inseguridad, corrupción, deslealtad, represión, ineficacia, complicidad, traición y un etcétera, etcétera. Lo que he de estimar, insisto en buena lid, que en breve veremos un éxodo de comunicadores que ante la violencia física, económica como patrimonial imperante, emprenderán camino rumbo a estados con estadios mejores donde la consigna “sino me pagas te pego”, aún reine para todos. Así entonces; El éxodo que viene. ¡Me queda claro!

¡Viva la Libertad de Expresión!

 

 

 

 

 

ISMAEL BRITO VS LLAVEN ABARCA.

Filtración de información y zancadillas…

El amigo del gobernador en la mira…

Está de Dios que algo grave va a suceder…

¿QUIÉN MÁS VA A CAER?...

En el mundo de la política y la gobernanza, siempre se han dado las disputas entre quienes creen tener más derecho al poder que otros. En la administración del General ABASALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ fue muy sonado el pleito entre el Secretario General de Gobierno que había sido mandado por el Presidente MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, el afamado ex Fiscal de Hierro, JAVIER COELLO TREJO y el que fuera coordinador de la campaña y después Secretario de Educación, JAVIER LÓPEZ MORENO. Al final, los dos terminaron fuera de la jugada.

¿A qué viene esto? Bueno, es que hay la percepción con mucha certeza, que en el seno del gobierno morenista de la 4T en Chiapas, que encabeza RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, se esgrime una disputa encarnizada por el poder entre el Secretario General de Gobierno ISMAEL BRITO MAZARIEGOS y el Fiscal General de Justicia, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, quien hasta hoy lleva mano en la partida, con la detención de seis funcionarios cercanos al famoso “Ceja Güera” que despacha en el segundo piso de Palacio de Gobierno. La lucha es por la supremacía en el ánimo del Gobernador y la posibilidad de acercarse a la lejana candidatura para suceder a RUTILIO ESCANDÓN en el cargo.   

Para los que están enterados de la política y la “cosa pública”, no es un secreto que el Fiscal LLAVEN ABARCA el popular “Comandante Condorito”, tiene las cartas sobre la mesa y que sus presuntos padrinos –MANUEL VELASCO COELLO y EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, entre otros—son los que le “echan gasolina a la hoguera” y prenden todos los días un horno para que el mapa de la geografía chiapaneca se vea con muchos “focos rojos”. En ese sentido, siempre he creído que al Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS le están poniendo zancadillas, “un día sí, y el otro también” y que ya debe tomar la decisión de deshacerse de estos perniciosos colaboradores.

En el entendido que los seis funcionarios detenidos la semana pasada por la Fiscalía General de Justicia y la mano ahorcadora de JORGE LUIS LLAVEN ABARCA son gentes muy ligadas al Secretario General de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, lleva a la lectura de que lo están evidenciando y “poniéndole una camita”. Claro que LLAVEN ABARCA lleva todas las de ganar porque tiene más información que BRITO MAZARIEGOS y, es más perverso, como se ha constatado muchas veces.

En la confrontación –que ya no es un secreto—entre LLAVEN y BRITO, se filtran informaciones donde se acusan mutuamente, de manera anónima. El fin de semana y este lunes, se dieron a conocer más de cuatro “comunicados” que tienen que ver con la detención de los seis funcionarios de Secretaria General de Gobierno, pero también el reparto de culpas en la agresión policiaca a padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá, el pasado domingo 16 de febrero.

El asunto de la intervención policiaca en el “crucero de la Coca y el boulevard Vicente Fox” este pasado domingo, llegó a nivel nacional e internacional y las declaratorias del Presidente AMLO, y la Secretaria de Gobernación, OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO “porque se investigue a los responsables”, así como el Gobernador de Guerrero, HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES quien ofreció todo su apoyo a los manifestantes y heridos. Esta operación policiaca “que pudo ser un cuatro” a la integridad política del “IBM”, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, seguramente va a tener consecuencias y renuncias. 

Precisamente, la semana pasada se filtró en los medios de comunicación y las redes sociales una información, que sé supone viene desde dentro de la oficialidad, que liga mucho a ISMAEL BRITO MAZARIEGOS con los actos de corrupción de sus “ex colaboradores”, y que textualmente dice:

“ISMAEL BRITO MAZARIESGOS ¿Bajo investigación?.

La detención de Giovanny Alexander Campos, ex Subsecretario de Gobierno, es un claro mensaje del gobernador hacia Ismael Brito Mazariegos. El Secretario General de Gobierno es la punta del iceberg de una trama de corrupción que podría llevarlo a la cárcel si su mejor amigo comprueba el grado de deslealtad, traición y corrupción con que ha ido “construyendo alianzas”, incluso con gente ligada al crimen organizado.

Al gobierno de Chiapas le han estallado conflictos sociales por la frivolidad de José Juan Ulloa e Ismael Brito, quienes después de un conflicto social condicionan a alcaldes con millonarios  acuerdos para resolver los problemas que desde la misma Secretaría General de Gobierno son creados. Giovanny Campos actuaba como “dueño de empresas constructoras” creadas por su padrino político Jorge Morales Messner, amigo personal y socio del Secretario General de Gobierno.

En Berriozábal se construye un complejo habitacional  de más de 2000 viviendas en terrenos que le pertenecen a Morales Messner y en el que Hugo Limberg Narcía López ‘finge’ ser el verdadero dueño. Este “empresario chiapaneco” tiene contratos millonarios de obra pública en el INIFECH por órdenes de Brito Mazariegos quien ha ordenado a Jorge Luis Llaven Abarca proteger a Narcía López de una demanda judicial instaurada en su contra de la cual daré detalles más adelante. (sic)

¿Investigarán y castigarán con cárcel a Ismael Brito Mazariegos si salen a la luz evidencias de su enriquecimiento?

Un dato más. Alejandra Paulina Zenteno Chacón, ex candidata de Movimiento Ciudadano a la diputación local por el distrito de Bochil detenida por actos de corrupción por la Fiscalía General del Estado, es prima de Erick Zenteno Cruz, actual director de Atención Municipal de la Secretaría General de Gobierno.

Todos estos funcionarios son subordinados del responsable de generarle conflictos sociales al Gobernador, razón por la cual el Secretario General de Gobierno está en la cuerda floja por mano larga en distintos actos de corrupción”.

Hasta aquí el texto que se hizo circular sin el crédito de quien lo escribe; pero parece ser una “filtración desde dentro” porque los datos que se señalan lleva el tufo de una dependencia oficial que tiene como fin “dejarle caer la macana” al Secretario General de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, en un afán de desaparecerlo y crearle conflictos con el mismo Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, de ser posible ponerlo  en las manos de la justicia y hacerse de todo el poder –de quien filtró el comunicado-- sin que nadie le haga sombra. 

Hay que reconocer a BRITO MAZARIEGOS como el hombres de más confianza y cercano al Gobernador, con quien ha marchado junto en las lides políticas desde las trincheras del PRD que catapultó a RUTILIO ESCANDÓN a la diputación federal y la senaduría de la república y ahora, a la primera magistratura del Estado de Chiapas con las siglas de Morena. BRITO se destacó como secretario particular de RUTILIO cuando este fue Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con todo el poder y todas las atribuciones y canonjías administrativas y políticas, de las que ya comentaré posteriormente.

Tampoco es un secreto que el Fiscal General de Justicia en el Estado, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA se esté esmerando en ejercer y presumir todo su poder en esta administración, como se ha observado en últimas fechas, por ejemplo, cuando se hace acompañar de un séquito de más de diez guaruras y otros tantos apostados alrededor de las instalaciones del Parque Oriente, cuando va a entrenar por las tardes. 

También, lo mismo ha sido señalado el Fiscal LLAVEN ABARCA por muchos casos de corrupción desde que fue Ministerio Público del Fuero Común, delegado de la PGR y en la pasada administración que fungió como Secretario de Seguridad Pública, donde se presume impuso cuotas millonarias a los altos mandos policiacos, inclusive a patrulleros y hasta el robo del presupuesto para la compra de las tortas de los policías.

Y si bien a JOVANY ALEXANDER CAMPOS que se supone era una especie de “colaborador consentido” de BRITO MAZARIEGOS y los cinco más que  fueron detenidos la semana pasada acusados de los delitos de “tráfico de influencias” y “Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades” los ventanearon sin una resolución del juez, lo cierto es que deja una sensación de que, la “aplicación de la justicia” y el “combate a la corrupción” va en serio, por parte el Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS.

Ante este escenario de confrontación y lucha por el poder entre los “segundones” del gabinete de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, hay la percepción social y los augurios de los “oraculeros de la TV” (Torta Vaquera), que en unos días más, rodarán cabezas, entre otras, la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO y no está lejos que llamen a cuenta –si no es que los descabezan-- al Fiscal JORGE LUIS LLAVEN ABARCA y el Secretario de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS. Esperamos noticias…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

 

 

 

 

 

Dice el refrán: “Si quieres que Dios se ría de ti, platícale tus proyectos”. En efecto nada más lleno de incertidumbre que el futuro y nada más fatuo que los que creen tener el porvenir en sus manos. Bajo esta idea las dimensiones del tiempo nos ofrece la dimensión del pasado que ya se ha producido y que por su naturaleza es inmodificable. El presente que es el vinculo del instante entre el pasado y el futuro y este último como una intencionalidad que aún no se ha construido.

El punto central es el vínculo entre la política y el porvenir, es el plano donde se dan cita la marrullería, lo fantasioso, la simpleza, la superstición  y lo especulativo con la finalidad de crear un discurso que se asuma como representación de un futuro utópico que sirva de base para alcanzar el poder. Sin embargo hay que reconocer que entre intencionalidad y el hecho siempre habrá una brecha insalvable y que todo discurso que implique al futuro tendrá que enfrentarse a los resultados que terminan por agotar las promesas.

Pero veamos a través de la historia cada una de estas visiones de futuro y reconozcamos que la más antigua es la profecía que supone la emergencia de un liderazgo que se presenta como un elegido divino encargado de dar solución a una compleja situación a la que él le atribuye ser producto de un castigo divino, por lo que el profeta invariablemente planteara un retorno necesario a la tradición y al uso de las figuras del pasado de las cuales él se siente punto de continuidad y ruptura con respecto al presente y al futuro y donde el presidencialismo despótico es lo primero que hay que recuperar.

En su visión del poder confunde el papel de la ideología y en cambio se asume bajo un discurso moralista que ofrece la impresión de ser un líder moral que es ajeno al pasado de donde surgió. Por tanto crea decálogos bajo los valores que busca imponer y a partir de lo anterior confunde su visión mágico religiosa con la visión institucional fundada en una racionalidad institucional, lo que se traduce necesariamente  en la reiteración de una promesa que se mueve entre las expectativas discursivas de los demandantes con quienes dice coincidir en intención, pero se rompe en las prácticas de hecho.

Un caso de esta naturaleza fue el del monje Savonarola que durante el Renacimiento y ante al corrupción del Papado y de las grandes familias de la oligarquía Florentina generó un discurso incendiario que llevo a la “purificación” mediante el asesinato y la ejecución de sus enemigos, hasta que la ola de violencia lo envolvió y terminó en la hoguera. Donde el discurso quedó tan solo como una falsa ilusión que terminó en pesadilla.

En el momento actual la figura que encarna esta propuesta es sin lugar a dudas Andrés Manuel el hombre que transitó del viejo PRI que no pudo satisfacer su anhelo de llegar a la gubernatura de su natal Tabasco y encarnó el discurso de la aspiración democrática que nunca había tenido antecedente en su entidad, pues el mito del poder no era otro que la visión caciquil, autoritaria y fanática antirreligiosa de un sujeto como Tomás Garrido Canabal quien se constituyó en el personaje de horca y cuchillo a raíz de la revolución y bajo una contradictoria visión del socialismo.

En sí el discurso de López Obrador parte de visiones elementales generadas en las representaciones colectivas a las cuales se adhiere y reitera como una manera de que la gente piense que él coincide con esas concepciones simplistas que dividen al mundo entre los pobres buenos y los ricos malvados; entre los honestos que coinciden con su discurso y los corruptos que lo combaten, en una palabra entre quienes dividen el mundo como chairos y fifís y donde el futuro les pertenece puesto que la palabra y el hecho tendrán que encontrase necesariamente en un futuro, donde la felicidad se identifica con la perpetuación indefinida de la promesa y la realización con la permanencia de su liderazgo.

A partir de ahí los propagadores de la nueva fe serán llamados siervos de la nación y no pueden ser otros que los seguidores de su creencia como evangélicos, quienes asumen las nuevas representaciones a partir de sus denuncias y estas se convierten en las prioridades a combatir. Mientras que los fondos y el patrimonio de la Nación son utilizados para satisfacción de la “caridad” para remediar lo inmediato. En cuanto al líder se le identifica con figuras religiosas y es la emulación de Cristo en la Tierra y se confunde la redistribución de la riqueza con el control clientelar a cambio de su apoyo a su régimen.     

En cuanto a proyecto de gobierno rompe con toda la racionalidad programática y se excluyen todos los procesos de control, argumentando que son instrumentos tecnocráticos y se asumen por tanto bajo la sospecha, nunca probada en evidencia de ser corruptos. De esta manera la asistencia medica, la atención a los ancianos, las becas para estudiantes operan bajo una selectividad de sus particulares criterios y de la adhesión a su proyecto.   

Pero quizá lo más grave es la ruptura que se ahonda cada día entre las fuerzas que permitieron a AMLO llegar al poder  y las demandas crecientes de los partidarios que sumó para su ascenso. El punto critico son hoy las organizaciones radicales femeninas, que hoy lo cuestionan por su incapacidad para contener la violencia contra las mujeres y cuyos signos inequívocos son la ola de feminicidios y la ausencia de políticas públicas eficaces para combatirlo y darles protección a las mujeres frente a las amenazas de sus parejas, pues fueron cerrados por el actual régimen todos los centros de apoyo, además de la nula protección de ellas por parte de la autoridad.

Frente a ello el presidente minimiza los problemas, coloca como enemigos declarados de su régimen a quienes lo cuestionan, pretende reorientar al agenda hacia las futilidades como las rifas, lo que lo coloca como un cura pueblerino que considera que los problemas de su parroquia se resuelven con sorteos y kermeses, y que los pecados de su feligresía se resuelven con decálogos morales y no con la intervención decidida de las instituciones.

Esta visión profética propia de un futuro manifiesto concluye como farsa y lo más grave concluye en tragedia, puesto que en el momento en que la Fe en que se sustentaba la creencia, que se representa en popularidad, cede y se desarma frente a la incapacidad de crear las condiciones que hagan avanzar la economía hacia el crecimiento; muestren la eficacia y la eficiencia de un aparato administrativo profesional y capaz para enfrentar problemas. Transité de echar la culpa al pasado al hecho de asumir con todo rigor el presente y lo más importante cuando la visión del futuro requiere que encuentre en la viabilidad y no en el discurso las acciones que conduzcan hacia la resolución de problemas, donde no hay magia posible, sino reconocimiento que al remontar un problema estamos abriendo la puerta a una nueva problemática cada vez más compleja que la anterior.  Es ahí  cuando entendemos que el destino de todo profeta será ser lapidado.

 

 

 

 

 

** La caída de Giovvany Campos Amaya **

( Ultima parte )

Giovvany Campos Amaya ( #Gio, en adelante) detectó que algunos Notarios Públicos estaban haciendo transas con facturas falsas de pagos de derechos, y el entonces sub-Secretario de Servicios y Gobernanza los fue llamando  a cada uno de ellos, para  extorsionarlos con fuertes sumas de dinero, a cambio de no dar parte a la justicia de las anomalías.

Llamadas telefónicas y mensajes de texto enviados por #Gio para exigir dinero a los Notarios Públicos que andaban chuecos, fueron grabadas y fotografiados por las víctimas propiciatorias del corrupto ex funcionario.

Hasta ahí, #Gio parecía que iba a salirse con la suya y que, igual que sucedió cuando colaboró con Jorge Morales Messner en la Secretaría de Gobierno -donde le hicieron un boquete de 60 millones de pesos al erario- en el sexenio de Juan Sabines Guerrero , saldría impune.

Sin embargo,  #Gio tuvo el mal tino de pretender bajarle una lana a un Notario Público que no andaba chueco y quien tiene una relación de amistad con Ernesto Gutiérrez Borges, a la sazón Sub-Secretario de Gobierno.

El Notario Público en cuestión se quejó con Ernesto Gutiérrez Borges. y lo puso al tanto de las maniobras sucias de #Gio.

En una reunión sostenida en palacio de gobierno,  Ernesto Gutiérrez Borges. le expuso al   mandatario chiapaneco lo que andaba haciendo #Gio con los Notarios Públicos.

Rutilio Escandón Cadenas montó en cólera al enterarse de que #Gio no sólo extorsionaba a los Notario Públicos, sino que incluso alegaba que seguía “instrucciones del Número Uno”.

Al término de esa reunión, el gobernador ordenó el cese fulminante de #Gio y de inmediato se dio parte a la Fiscalía General del Estado, cuyo titular Jorge Llaven Abarca no se anda por las ramas a la hora de aplicar la Ley a los corruptos, y se inició una carpeta de investigación.

#Gio fue  entonces dado de baja sin explicaciones públicas ni privadas, y  la suerte del pariente de Jorge Morales Messner quedó echada: #Gio sería detenido y encarcelado poco tiempo despúes.

En fin.

BALCON. Cuando al Secretario General de Gobierno  le informaron de las marrullerías que andaba haciendo Giovvany Campos Amaya, Ismael  Brito Mazariegos - cual Poncio Pilatos pos moderno- simplemente se lavó las manos y dijo: “No es mi gente, yo no lo puse en el cargo, a mí me lo impusieron y no tengo nada que ver con sus porquerías.” Y tranquilamente se sacudió el problema de encima...Eso es todo.

 

 

 

 

Emergencia Nacional ante feminicidios sin freno.

Feminicidio termino que incomoda.

Prohibir imágenes cuarta libertad de expresión.

Pareciera que lejos de indignarse por el asesinato de mujeres y niñas algunos hombres les está causando mucha molestia el tema de los feminicidios, pareciera que en sus casas no existen las mujeres o sencillamente si existen no significan nada, su machismo ha sido más que evidente y se exhiben, como fue el caso del reportero Carlos Domínguez,  de Nación 14, quien callo la voz de la activista Frida Guerra, cuando toco el tema de los feminicidios.

Pero en esa sala de conferencias de Palacio Nacional, no era el único que estaba molesto, con el tema de los feminicidios, también el Presidente López Obrador, se notaba irritado, porque quizás piensa o cree que las mujeres no estamos entendiendo que su gobierno está haciendo algo, y cuestiono bastante molesto a la Periodista Frida Guerra, “que no es suficiente con lo que estoy haciendo”.

Después del cuestionamiento hacia la periodista lanzo un decálogo, donde dice: 1.- que está en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, 2.- se debe de proteger la vida de hombres y mujeres, 3.- es cobardía agredir a una mujer, 4.- es un anacronismo el machismo, 5.- se tiene que respetar a las mujeres, pero no las están respetando, nos están matando, 6.- no agresiones a mujeres, las violan, las desollan y las golpean hasta matarlas. 

Sigue el decálogo Presidencial: 7.- no a crímenes de odio contra mujeres, los feminicidios  son la expresión más brutal de odio de un hombre hacia una mujer, el feminicidio es la suma de todas las violencias,  250 feminicidios  en lo que va del 2020, sin contar los de este fin de semana, 8.- Castigo a los responsables de violencia contra las mujeres: como fue el caso de Juan Carlos García, empleado de Amazon, prófugo de la justicia.

Como fue el caso de Ingrid, quien a su feminicida es internado en un siquiátrico por órdenes de un Juez, quien sin ningún estudio especializado da la orden  de recluirlo en un centro para enfermos mentales y como esos casos muchos casos más de injusticia e impunidad, de indiferencia, de ignorancia, donde el único recurso con que cuenta una mujer para hacerse visible es, gritar su rabia, su coraje, su dolor y frustración, porque les han matado a sus hijas.

9.- El gobierno que represento se va a ocupar de garantizar  siempre la seguridad de las mujeres, ¿#Pero Cuándo Señor Presidente?, nos están matando de manera impune y brutal, después del decálogo, este domingo 16 de febrero fue hallado  el cuerpo de la pequeña Fátima de tan solo 7 años de edad, en una bolsa de plástico, tras ser asesinada, violada y torturada, la madre de la menor solo se retrasó un poco, el colegio hecho a la calle a la menor. 

10.- Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México, ¿#Pero Cuándo Señor Presidente?, aun año de su gobierno los feminicidios han crecido de manera alarmante y no tiene nada que ver con su gobierno, ni con su lucha de más de 40 años, gracias a esa lucha hoy es Presidente de México, si se hubiera creído que era insensible y simulador, hoy la historia sería otra, deseo que se reduzca la violencia dice el mandatario, pero pasemos de los deseos a los hechos, pasemos a una emergencia nacional, para que se actué de manera inmediata. 

Cuando el Presidente de la cuarta transformación Andrés Manuel López Obrador, le dijo a la Periodista y activista Frida Guerra, “¿no basta con lo que estoy haciendo?”,  ¡#No Basta Señor Presidente!, nos siguen matando,  en la conferencia del viernes 14 de febrero de Palacio Nacional, usted ofreció un decálogo de protección y para el domingo 16 ya habían violado y torturado,  a la pequeña Fátima, de tan solo 7 años de edad.

Es inaudito que después de minimizar la lucha de las mujeres por tantos feminicidios, todo quede en ustedes disculpen, ¡eso no basta!, porque se estaría ignorando lo grave que resulta el machismo y la misoginia, esto sale a colación por lo desafortunado que resulto el comentario del reportero Carlos Domínguez, donde solo se concretó a decir “me falto sensibilidad”, quizás su expresión fue porque está harto del tema, seguramente en su familia no hay mujeres. 

Cuando el sábado 15 de febrero el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunía con miembros de la Guardia Nacional, en Tepatitlán, Jalisco, decía: se deben de respetar los límites del uso de la fuerza contra los delincuentes porque “son seres humanos que merecen respeto”, tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos, el uso de la fuerza tiene límites, básicamente es para la legitima defensa.

Un delincuente, generalizando las conductas (homicida, feminicida, asaltante, tratante de blancas, secuestrador, violador), ¿usted cree querido lector, que merecen respeto, que son seres humanos?, si en ellos existiera un mínimo de humanidad, no tuvieran conductas delictivas, a la hora de llevar a cabo sus fechorías no sienten ningún remordimiento por arrebatarle la vida a otra persona de una manera brutal y violenta.

No es a nosotros a quién se nos debe de convencer de respetar los derechos humanos de los delincuentes, de no hacer uso excesivo de la fuerza, sino a los mandos policiacos, porque aunque sean: asesinos, asaltantes, violadores, secuestradores, etc. etc., desgraciadamente si tienen derechos humanos y un error en su detención y los jueces los ponen inmediatamente en libertad, como ha sido el caso de “el lunares”, detenido tres veces y liberado en dos ocasiones, una acción por demás vergonzante y poniendo en evidencia la falta de capacidad de los jueces.

Mutilan libertad de expresión 

Se respira en el país tanto dolor, coraje, sangre y muerte, que ante cualquier acción, viene una reacción, solo que estas están siendo de manera apresurada sin ningún cuidado, tal es el caso de la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, de manera intempestiva entrego al Congreso una iniciativa de Reforma al Código Penal, donde propone castigar al medio de comunicación que: difunda, entregue, revele, publique, trasmita, exponga, reproduzca o comparta, intercambie imágenes, videos, audios, documentos donde ocurra un delito.

Con esta propuesta de manera apresurada, la Fiscal pretende modificar el artículo 293 del Código Penal, para que se adicionen aspectos que permitan actuar con mayor rigidez en contra de quienes ventilen datos públicamente, con esta iniciativa se está mutilando la libertad de expresión, ya que el reportero por ningún motivo podrá revelar absolutamente nada de lo que haya ocurrido en el lugar de los hechos.

Lo que menos necesitan los medios de comunicación es una mutilación a su trabajo, sino una reconciliación, una relación armoniosa y no de confrontación, la relación prensa gobierno esta fracturada, por eso las conferencias de prensa en Palacio Nacional se han convertido en un ring y de seguir así las cosas en las mañaneras, quizás hasta estén pensando en quitarlas. 

La situación que actualmente estamos viviendo en nuestro país, ha evidenciado gravemente a quienes ejercen las leyes, que dicho sea de paso, ni siquiera han necesitado una ayudita,  otro caso de impunidad e inaudito fue el caso de Brenda, una mujer que fue encarcelada en el reclusorio penal varonil de Caleras Zacatecas, el 21 de agosto del 2018, por los delitos de secuestro agravado.

Brenda “N”, fue encarcelada en una cárcel varonil por un supuesto “error” y ahí fue violada por un custodio, mismo que está prófugo, entre el Secretario de Gobierno y el Director de Readaptación y Resercion Social Adán Jiménez, se echan culpas, pero como podemos ver este es otro caso de negligencia e impunidad, ya que no se respetaron los derechos humanos a una mujer, y dos años después fue trasladada a una penitenciaria femenil.

Ya no es tiempo de andar buscando culpables, no cabe en este momento de alerta nacional por tantos feminicidios, decir que fue culpa de la degradación progresiva que tuvo que ver con el modelo neoliberal, ellos, ya están donde debieron estar desde hace mucho tiempo, ahora el poder y la gloria la tiene en sus manos y a parir de ahí es de donde se debió de dar esa transformación verdadera que el país pedía a gritos, en cuanto a feminicidios se refiere. 

Ya llevamos un año de gobierno y esperamos mucho de este gobierno, exigimos, gritamos, pintamos, rompemos, porque sabemos que este gobierno nos prometió un cambio y queremos verlo, pero es tiempo de actuar con dureza, sin contemplaciones, los feminicidas, es cierto son seres humanos, pero seres humanos, sin entrañas, no tienen valores, no tienen remordimientos, no conocen el mas mínimo temor a que sus fechorías se castiguen.  

Merecen respetarse sus derechos humanos por supuesto, eso debería ser lo primordial a la hora de aprehenderlos, que el respeto sea parejo ya sea mujer o hombre, para que ¡jamás! vuelva a pasar otro caso como el de Brenda “N”, quien fuera encarcelada en una prisión varonil,  se debe de analizar a profundidad todo lo que está pasando en nuestro país, pero sin excesos, sin ocurrencias, que se hagan los cambios que se tengan que hacer pero de manera urgente.

Dolió, molesto, indigno, mucho la muerte de Ingrid, por supuesto que sí, la gente está enardecida y ahora también por el caso de la menor Fátima de tan solo 7 años  de edad, pero las fotos y si lo vemos de una manera fría, visibilizo la forma tan brutal e inhumana de cómo se mata a una mujer, por supuesto que las marchas son otra forma de visibilización, desgraciadamente estamos cambiando la historia de nuestro país con sangre y muerte.  

Que se hagan los cambios que se tengan que hacer pero no callando a la libertad de expresión, no mutilándola, sino que sea una herramienta que se utilice para contribuir  a la visibilización de los feminicidios,  las muertas de Juárez en 1993, marcaron el precedente en la visibilización de este delito cruel e inhumanos, México  fue el primer país que propuso la tipificación del delito de feminicidio y en el 2012 fue incorporado a nuestro Código Penal Federal.

Nos leemos el próximo lunes.

 

 

 

 

 

 

 

Entre excesos policiales, vandalismo y víctimas convenientes

El equilibrio entre el mantenimiento del Estado de Derecho y la garantía de respeto a los Derechos Humanos está delimitado por una delgada frontera que quedó rota el pasado domingo cuando integrantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, acompañados por familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se enfrentaron a elementos de la fuerza pública sobre el Libramiento Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Lo sucedido la mañana del 16 de febrero no es un hecho que se pueda explicar tan a la ligera como algunos medios, ajenos a la realidad local, lo expusieron. El añejo conflicto con los grupos de choque formados al interior de la Rural Mactumactzá tiene contextos y antecedentes que los chiapanecos conocen de sobra.

Y tampoco se trata de fijar posturas de “defensa oficialista” o “apoyo militante” sobre lo sucedido y los bandos confrontados, si es que así se les pudiera denominar. Se debe reconocer que se cometieron errores en el operativo, que hubieron excesos en el uso de la fuerza pública y la implementación de los proyectiles lacrimógenos, e innegablemente de se violentaron Derechos Humanos en materia de procedimientos.

Pero también se debe reconocer que desde hace mucho tiempo los “normalistas” de la Mactumactzá dejaron de representar intereses estudiantiles para convertirse en grupos de choque violentos, que la mayoría de sus “volanteos informativos” terminan en actos vandálicos o enfrentamientos y que, en el caso particular del pasado domingo, se expuso de manera irresponsable a niños, padres y madres de familia para ser colocados -como carne de cañón- a la vanguardia de un presunto bloqueo carretero de alto riesgo.

Según el programa de actividades difundido por los propios organizadores, la marcha de “los padres y madres de los 43” en Tuxtla Gutiérrez estaba programada para las 5 de la tarde. Se realizaría un desayuno en las instalaciones de la Mactumactzá de ocho a nueve de la mañana y una reunión con la base estudiantil de las 10 a 11 horas; pero las cosas se salieron de lo programado.

La presencia de la policía estatal para presuntamente evitar un bloqueo sobre el Libramiento Norte y el careo impetuoso de los normalistas chiapanecos para pedir el retiro de la fuerza pública encendieron los ánimos. Al saber del inicio de la confrontación los padres y madres de los 43, que se encontraban dentro de la escuela, salieron en apoyo de los normalistas chiapanecos que no disminuyeron su ímpetu y, entre manoteos, golpes y jaloneos, el enfrentamiento violento se desató.

Las imágenes de los padres y madres de familias, con niños en sus brazos, que fueron enviados a la vanguardia del enfrentamiento para replegar a los policías se viralizaron de manera inmediata, corriendo tras las primeras detonaciones de gases lacrimógenos. Ante la provocación, la fuerza pública estatal se salió del protocolo, perdiendo el control de la situación. Y el escándalo se desató.

Se debe precisar que la presencia en Chiapas de normalistas y familiares de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no era reciente. Desde que se endurecieron las amenazas del Gobierno de Chiapas para cerrar la Rural Mactumactzá una comitiva se trasladó de Guerrero a Tuxtla Gutiérrez para endurecer la presión política y sumarse a las movilizaciones de sus grupos afines en Chiapas. Están de manera itinerante al interior de la escuela al menos desde a finales del mes de octubre.

En noviembre pasado otro enfrentamiento, bajo condiciones similares a la de este domingo, terminó con la irrupción de las fuerzas policiacas en la escuela y la quema del autobús donde supuestamente se había trasladado la comitiva de Ayotizinapa hacia la capital chiapaneca... Los normalistas de la Rural Mactumactzá sabían perfectamente del riesgo y aún así, tal vez de manera conveniente, permitieron que los niños, padres y madres de familias se expusieran.

Hay que decirlo con absoluta claridad, ese se ha convertido en el modus operandi de la red de escuelas rurales a nivel nacional: hacer uso de la violencia y el chantaje para mantener el control (financiero y operativo) de las normales a fin de perpetuar el funcionamiento de dichas instituciones como formadoras y centros de manutención para grupos de choque “antisistema”, aún a costa de causas como la de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

La policía y las autoridades estatales mordieron un “anzuelo” bastante costoso ante la opinión pública, que resultó muy provechoso para varios de sus opositores políticos. Si se cometieron errores de procedimiento y se perpetraron violaciones a Derechos Humanos se debe castigar a los responsables, pero también se debe aplicar todo el peso de la ley contra quien delinca y violente el derecho de terceros aunque se esconda bajo la falsa careta de un movimiento estudiantil… así las cosas.

 

 

 

 

 

Grid List

La mañana de este lunes unas 36 palapas de restauranteros ubicadas en Puerto Madero, cerca de Tapachula, fueron incendiadas por un grupo de hombres que huyó de la zona.

Los hechos se suscitaron esta mañana cuando algunos vecinos avistaron a unas personas prendiéndoles fuego a las palapas y huyeron rápido de la comunidad San Benito como también es conocido Puerto Madero.

Las altas temperaturas de esta temporada en esa región facilitaron que el fuego avanzará rápido y redujera a cenizas unas 36 palapas donde había restaurantes de mariscos y era muy concurrida por los pobladores de esta región.

Las 36 palapas se encuentran ubicadas en la plaza Madero sobre la carretera principal rumbo a las escolleras las que, según los empresarios locales, tuvieron una inversión del gobierno federal de 57 millones de pesos y fueron inauguradas hace apenas tres años.

Algunos vecinos del lugar pudieron constatar que fueron dos personas desconocidos las que llegaron y les prendieron fuego a las palapas.

Bomberos, Protección Civil, la Marina y otras corporaciones, así como lancheros y los parapetos quisieron sofocar el incendio, pero ya era tarde. Todo se había quemado.

 

 

El Juzgado Primero de Distrito en el estado concedió una suspensión de plano a la comunidad indígena de San Pedro Quiatoni contra las empresas Don David Gold, Minerales El Prado y Desarrollos Mineros San Luis, subsidiarias de la empresa minera estadunidense Gold Resource Corp (GRC).

Con la suspensión concedida por el Poder Judicial Federal, las mineras no podrán realizar trabajos de excavación, barrenación, apertura de túneles y explotación de los recursos minerales en la superficie y subsuelo propiedad de San Pedro Quiatoni.

Se trata concretamente de la mina El Águila o El Águila III, cuya entrada se encuentra en la localidad de San José de Gracia, municipio de San Pedro Totolapa.

Horas antes de la determinación judicial, el pasado jueves 13, los comuneros de San Pedro Quiatoni realizaron una marcha y un mitin frente al palacio de gobierno de esta capital para exigir la cancelación de las concesiones mineras que otorgó Enrique Peña Nieto y que comprenden 11 mil 623 hectáreas de su territorio.

Señalaron ese día como una fecha histórica porque, recalcaron, el pueblo de Pedro Quiatoni “despertó para iniciar una lucha contra el gigante y en defensa de sus derechos de pueblos originarios y de sus recursos naturales”.

Subrayaron: “Sabemos que nos enfrentamos a un monstruo empresarial transnacional, pero haremos valer nuestros derechos con toda la dignidad y valentía que nos caracteriza como pueblos originarios”.

Lo anterior, tomando en cuenta que la Secretaría de Economía y la Dirección General de Minas autorizó 10 concesiones a tres empresas mineras que han acaparado el 25% de tierras para explotar el oro, la plata, el plomo y el zinc, sin hacer una consulta previa, libre e informada.

 

 

 

 

 

 

Periódico impreso edición No. 1832 del día 18 de Febrero del 2020  .[Leer completo].

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en 14 meses de gobierno se lograra aumentar el salario mínimo en 35%.

No obstante, aclaró que ese incremento lo propuso el sector empresarial, avalado por el sindicalismo nacional y apoyado por el gobierno de México.

Durante la celebración del décimo congreso nacional ordinario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), liderada por Pedro Haces Barba, el presidente agradeció a los empresarios “por comprender estos nuevos tiempos y entender la necesidad de los reacomodos”.

Agregó: “Ya no se puede aplicar la misma política, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Necesitamos cambiar, y esto lo celebro. Celebro que los empresarios estén tomando conciencia y actuando con mucha responsabilidad social. Que los empresarios de México tengan esa dimensión social”.

Sobre el aumento al salario, puntualizó: “Fue un acuerdo que logramos, y la iniciativa, aunque parezca increíble, fue de los empresarios de México. Esta propuesta fue secundada por los dirigentes sindicales y apoyada por el gobierno, por eso es un orgullo gobernar al país en estos tiempos en que millones de mexicanos actúan de manera consciente, que están contribuyendo en la transformación de nuestro país.

“Hemos logrado en 14 meses un aumento al salario mínimo, en términos reales, de 35% ¿Cuándo se había visto eso?”.

También habló de la reforma laboral aprobada el 1 de mayo de 2019, donde –detalló-- se avala la participación de los trabajadores en la elección de sus dirigentes sindicales mediante el voto libre, directo y secreto, y estar informados sobre el contenido de los contratos colectivos, firmados por las dirigencias sindicales y los patrones.

Asimismo, explicó que se tiene contemplado mejorar los servicios de salud del IMSS, para que los trabajadores sean atendidos como se merecen, que haya cobertura suficiente de clínicas, hospitales y que no tengan que esperar meses para ser atendidos.

“Este es otro compromiso que hemos hecho para cuidar la salud y el bienestar de los trabajadores”, sentenció.

Finalmente se comprometió a enfrentar, junto con empresarios y con los dirigentes de los sindicatos y el sector laboral, el problema grave de las pensiones.