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El arzobispo de Tuxtla Fabio Martínez Castilla expuso que en el tema de la ejecución de los megaproyectos como el Tren Maya y el Gasoducto, deben de realizarse estudios sobre su impacto ambiental y los beneficios, antes de realizar una consulta

Esto, dijo, dará certidumbre a las comunidades y no mentirá como puede hacerse con una consulta popular que puede ser amañada, ya que nada puede determinarse mejor que con la opinión de los expertos en estos temas.

Lamentó que el tema de las consultas populares no resuelven nada en concreto al menos eso ha quedado demostrado en las que se han realizado en temas de desarrollo de proyectos de gran magnitud.

Reconoció que a diferencia de la zona centro del país o del Norte, en el Sur y por supuesto en el estado de Chiapas existen un gran número de comunidades y habitantes indígenas, por ello estas obras deben hacerse para un beneficio común.

Pasando a otro tema de gran relevancia para el estado y las comunidades informó que los conflictos religiosos en Chiapas han disminuido al menos en este 2019, y los que se han presentado en realidad han tenido  un trasfondo político.

Esta situación ha sido generada principalmente en las comunidades indígenas por los partidos  ya que dijo “se siembra división, discordia y esto genera disputas que han derivado en tragedias, pero todo tiene relación con el tema político”.

Sin embargo reconoció que “muchos de estos conflictos se originan porque en la población se tiene a personas que se han adueñado de los pueblos o comunidades muchas veces desde la política, desde las presidencias municipales donde gobiernan familias poderosas”.

Por ello aseguró que desde la iglesia se redoblan esfuerzos para coadyuvar en este tema para evitar que surjan estos problemas mediante el Consejo Interreligioso.

El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU rechazó la reciente política migratoria adoptada por el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo urgió a frenar la detención administrativa, así como poner alto a tratos crueles contra migrantes.

“Al Comité le preocupa, asimismo, la reciente política migratoria implementada en el Estado, en que se recurre al uso generalizado de la detención y, muchas veces, al uso de la fuerza por parte de agentes estatales’’, afirmaron los expertos de la ONU.

El CDH dio a conocer sus conclusiones y recomendaciones sobre el examen realizado a México entre el 16 y 17 de octubre pasados con respecto a su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Remarca que pese las medidas adoptadas, “el Comité está preocupado con las recurrentes denuncias de violaciones sufridas por las personas migrantes, sobre todo en situación irregular, incluyendo casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, extorsión, trata, asesinatos y otros delitos’’.

Observó que la política de contención orilla a las personas migrantes hacia rutas más peligrosas que aumentan el riesgo de sufrir un delito.

De igual forma rechazó los denominados “Migrant Protection Protocols” puestos en marcha en 2019 que obligan a que los solicitantes de asilo en Estados Unidos permanezcan en territorio mexicano durante el periodo del trámite de asilo, lo cual ha expuesto a dichas personas a diferentes violaciones, incluyendo casos de secuestros y extorsión’’.

Además, remarca, “el Comité también está alarmado por la impunidad y falta de acceso a la justicia que se registra en el Estado”.

De igual forma, al Comité le preocupa la información relativa a la detención de niños y niñas y la falta de protección y asistencia adecuadas, especialmente a los niños y niñas migrantes no acompañados.

En este contexto, el Comité integrado por 18 expertos independientes recomendó al gobierno de Palacio Nacional “garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo sean investigadas de manera rápida, imparcial y exhaustiva, que los autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sean castigados con penas adecuadas’’.

“Le insta a evitar la detención administrativa de solicitantes de asilo y migrantes, privilegiar alternativas a la detención, asegurando que la detención se utilice solo como último recurso y por un período de tiempo lo más corto posible, y abstenerse de privar de la libertad a niñas y niños migrantes o solicitantes de asilo, así como evitar la separación de familias migrantes’’.

Además, urge al gobierno de la autodenominada “Cuarta transformación” a “garantizar protección y asistencia a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, particularmente a los niños y niñas, en condiciones adecuadas, así como el acceso a los servicios básicos’’.

El Comité de la ONU le exhorta intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas y asegurar que las medidas adoptadas por el Estado sean implementadas eficazmente.

Por último, recomienda “asegurar que los solicitantes de asilo tengan acceso a asistencia jurídica y derecho a procedimientos de recurso.

El Comité de la ONU recalcó la obligación del estado con respecto a la implementación de programas de formación acordes al Pacto, especialmente sobre estándares internacionales de asilo y derechos humanos para el personal de las instituciones migratorias y para los que trabajan en las fronteras.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los menores ante la violencia desatada por el crimen organizado.

Además, criticó la ausencia o ineficacia de políticas públicas para atender a la población infantil que en los últimos tres gobiernos federales se ha convertido en víctima.

A unos días del ataque armado contra miembros de la familia LeBarón, donde seis menores perdieron la vida y seis más resultaron lesionados, el primer visitador general Ismael Eslava presentó el “Estudio sobre niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México”, que da cuenta del incremento de homicidios y desapariciones entre ese sector poblacional.

“Sin importar su modo de vida, niñas, niños y adolescentes serán siempre víctimas cuando se incorporan a modos de vida de alto riesgo; cuando viven en su entorno familiar la violencia de las instituciones; cuando son objeto de violencia o simplemente la negligencia de las autoridades”, destacó Eslava al presentar el reporte, realizado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dicho estudio presenta cinco historias de vida de jóvenes de Tamaulipas, Estado de México, Michoacán y Baja California, así como de un migrante, en las que “se aprecia el difícil tránsito de las y los protagonistas para hacerse de un lugar en las vidas trastocadas por la violencia, las cuales son a menudo objeto de la incomprensión y la estigmatización, sólo por su aparente relación con la actividad delictiva”.

Tras recordar que la CNDH emitió medidas cautelares a los gobiernos de Chihuahua y Sonora por el ataque armado a la familia LeBarón, Eslava apuntó que “la gravedad y la saña del ataque denota el nivel de riesgo en que se encuentran muchas regiones del país, donde miles de personas están expuestas a la violencia criminal que parece no tener fin y que requiere de la intervención de los tres niveles de gobierno para lograr la pacificación por la vía del derecho”.

Tomando como referencia indicadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el primer visitador general resaltó como evidencias de la vulnerabilidad en que se encuentra la niñez mexicana, que entre 2007 y 2017 se triplicó el número de víctimas de homicidio entre personas de cero a 19 años, al pasar de mil dos a dos mil 858.

En un análisis detallado, destacó que el aumento fue mayor entre 2016 y 2017, de 22.5%, en tanto que entre 2015 y 2018 las cinco entidades con mayores registros de homicidios de menores de 19 años fueron Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California.

Por otro lado, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, a abril de 2018, precisa que de 36 mil 265 menores desaparecidos, en el fuero común 18% tienen entre uno y 17 años, y 92.7% de los casos ocurrieron entre 2010 y 2018, siendo los estados más afectados Colima (54.3%), Sonora (48.2%), Puebla (34.7%) y Baja California (32.6%).

Respecto del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, Eslava señaló que “en México no existen datos precisos”, pero que es posible tener una estimación a partir de las cifras de personas desaparecidas, “pues la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (de la ONU) ha documentado casos sobre reclutamiento forzoso y desaparición de niños y jóvenes por parte del crimen organizado en los estados de Chihuahua y Guerrero, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido informada de casos sobre secuestros de personas menores de edad en contexto de movilidad”.

De igual manera, sostuvo que el estudio reveló que “la existencia y el incremento de la victimización en personas menores de 18 años es consecuencia de políticas y acciones de Estado para garantizar su protección y ejercicio de sus derechos”, empezando porque apenas con el gobierno de Enrique Peña Nieto se crearon los Sistemas Nacional y Locales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), por lo que “las acciones aún son limitadas e insuficientes, considerando las dinámicas actuales de violencia y los niveles de victimización del país”.

Además, se estableció que no hay programas dedicados a abatir la violencia contra la población infantil; incluso en la última reunión del SIPINNA, el pasado 30 de abril, se acordaron siete acciones dirigidas a los menores “víctimas de violencia asociada con el crimen organizado durante la presente administración, entre las que se encuentran la creación de una ruta para la búsqueda de personas menores de edad desaparecidas y la prevención y desvinculación de grupos de delincuencia organizada, sin embargo, no han sido definidas las metas y objetivos de las políticas”.

La falta de atención es grave, señaló el visitador, si se considera el impacto sufrido por la desaparición o asesinato de familiares progenitores, familiares consanguíneos y cercanos a miles de niños que no tiene registro oficial, siendo el más cercano el establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): unos 30 mil menores huérfanos derivados de la violencia del crimen organizado, entre 2006 y 2010.

Al abandono institucional, Eslava enlistó a los 6 mil 891 adolescentes que hasta 2017 estaban sometidos al Sistema de Justicia Penal, de los cuales 2.5% fueron procesados por delincuencia organizada, y los delitos más frecuentes por los que fueron sometidos a prisión son: secuestro (34.9%), acopio de armas (23.6), venta de droga (17.4), homicidio (17.2), robo (14.7) y extorsión (1.4%).

“No son eficientes los programas dirigidos a menores afectados por el crimen organizado, ante la falta de compresión de las distintas formas de violencia a que están expuestas, para lo que se requiere un tratamiento integral”, abundó.

Y, tras señalar que se requiere investigaciones más profundas sobre la situación de la niñez y la adolescencia en el contexto del crimen organizado, advirtió que “la resiliencia frente a la violencia cotidiana de niñas, niños y adolescentes se asume como un problema privado con el que cada persona y su familia deben lidiar”, sin tomar en cuenta que “detrás de cada evento violento (…) se encuentra la responsabilidad de autoridades y personas adultas que debían tomar medidas de prevención y atención”.

Ismael Eslava enlistó 20 recomendaciones dirigidas a diversas autoridades, y puntualizó que para la CNDH “la manera más adecuada de hacer frente a la violencia e inseguridad en México que afecta a las niñas, niños y adolescentes, es el diseño e instrumentación de políticas públicas de carácter integral que tomen en consideración las causas estructurales que originan esos problemas, el trabajo directo sobre los factores de riesgo, así como el refuerzo en la protección ciudadana desde un enfoque que considere la centralidad de los derechos humanos” .

CNDH en México

@CNDH

 · 9h

En respuesta a @CNDH

Es urgente plantear medidas concretas para prevenir la victimización de #NNyA e incorporar una perspectiva de derechos y protección que incorpore necesariamente su opinión y la participación de los sectores público, privado y social.

CNDH en México

@CNDH

Consulta el #EstudioCNDH

Sólo 12 de los 117 programas sociales impulsados este año por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gozaron de un nivel de desempeño “óptimo”, sin embargo, se plantea recortarles 46 mil millones de pesos el próximo año, equivalentes a una quinta parte de su presupuesto en 2019, alertó la organización GESOC.

En contraste, abundó, 43 programas sociales tuvieron un desempeño escaso este año, pero se les dotará de un presupuesto de 169 mil 701 millones de pesos en 2020, y el gobierno mantendrá en operación cinco programas totalmente opacos, considerados como “caja negra”, a los que asignará mil 416 millones de pesos.

En su informe Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) 2019, la organización precisó que ocho de cada 10 programas sociales operados este año no pueden resolver el problema público que les dio origen, ya sea porque no están bien diseñados, se manejan de manera opaca o son dispersos.

GESOC también centró su atención sobre los cinco programas de entrega de apoyos económicos más destacados del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”: Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensiones para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida y Becas Benito Juárez, que en general tendrán mayores recursos.

Sobre el primero, que consiste en otorgar un subsidio de 3 mil 600 pesos mensuales durante un año a jóvenes, para que se capaciten en centros de trabajo, la organización observó que se plantea una reducción de su presupuesto el próximo año: pasará de 44 mil 320 millones de pesos a 25 mil 614 millones de pesos, más 7 mil 776 millones para su componente de becas.

Por su parte, el programa de pensiones para adultos mayores tendrá un incremento presupuestario de 26 mil 650 millones --27% más que este año--, pero no contempla un aumento en el monto de la pensión, actualmente de mil 275 pesos mensuales, y el programa destinado a personas con discapacidad crecerá 40%.

Sobre la amputación a programas sociales con buen desempeño, GESOC tomó como ejemplo Prospera, renombrado por el gobierno de López Obrador como Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.

La administración quitó al programa sus componentes de salud y alimentación, y le reducirá sus fondos en 55% el próximo año, de manera que su presupuesto pasará de 68 mil 540 millones de pesos a 30 mil 475 millones.

Entre las medidas anunciadas por la presente administración destaca la ambición de dotar a todos los mexicanos –incluidos los más vulnerables-- de servicios integrales de salud, mediante la transferencia del Seguro Popular al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), cuya creación fue aprobada el pasado 24 de octubre.

Según la organización, el Insabi deberá atender a los 53 millones de personas actualmente afiliadas al Seguro Popular, más otros 20 millones de connacionales que a la fecha no cuentan con algún programa de atención médica.

Si bien el padrón de beneficiarios creció 30% --de 53 millones a 73 millones--, el gobierno federal apenas planteó un incremento de 1.86% al presupuesto del Seguro Popular, lo que según GESOC “refleja un presupuesto insuficiente con respecto a la población objetivo”.

Tanto Prospera como el Seguro Popular –añadió-- “mostraron de forma histórica un buen desempeño”, pero “a pesar de que la evidencia apunta a que estaban contribuyendo a resolver el problema público que les dio origen, el nuevo gobierno ha decidido sustituir dichos programas y no se cuenta con evidencia que muestre que las intervenciones sustitutas atienden de forma más integral los problemas públicos”.

Por ello, exhortó el gobierno federal a evaluar si la eliminación de programas como Protección a Jornaleros Agrícolas o Prospera no dejará sin apoyo a las poblaciones que atendían.

“Será necesario publicar y conglomerar los padrones de beneficiarios, así como los medios de acceso y verificación a los que están sujetos (como el Censo de Bienestar, realizado durante la transición de gobierno)”, concluyó.

 

La opacidad sobre el número y situación jurídica de miles de niñas, niños y adolescentes ingresados en los Centros de Asistencia Social (CAS) y en los albergues públicos y privados mantiene a esa población en estado de alta vulnerabilidad, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con el Informe Especial sobre Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana, existen 877 establecimientos donde “prevalece la ausencia de políticas públicas e integrales para la atención de la población menor de edad, y se carece de información precisa y desagregada que permita identificar cuántos son, dónde están y cuál es la situación jurídica” de esas personas.

De los 877 establecimientos, 119 son públicos y 562 privados, registrándose la mayor concentración de CAS y albergues en Chihuahua (193), Baja California (96) y Tamaulipas (55).

Sobre la falta de información, la CNDH señaló que del periodo del 1 de enero al 10 de febrero de 2016 --actualizados los datos al 31 de enero de 2019-- “los sistemas DIF de Chihuahua, Jalisco y Colima no refirieron la naturaleza jurídica de 196 (instalaciones), 21 sistemas DIF no remitieron información de los CAS, y el DIF nacional informó que en 2019 cuenta con información de 95 CAS a nivel nacional, reportados sólo en nueve entidades federativas.

“Los estados de Hidalgo, Michoacán y Yucatán no informaron si cuentan con base de datos de las personas menores de edad residentes en sus centros, y sólo 15 entidades aportaron información sobre los motivos de ingreso a los CAS, en tanto que Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán no proporcionaron datos sobre denuncias por delitos contra personas menores de edad albergadas”.

Según la información a la que tuvo acceso la CNDH, a través de solicitudes explícitas a gobiernos de las 32 entidades federativas y el gobierno federal, habría en el país 26 mil 372 niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo de los CAS y albergues, de los cuales sólo se tendría información de 16 mil 620 menores (7 mil 988 son varones y 8 mil 682 mujeres).

El documento agrega que se desconoce la situación jurídica de 19 mil 126 niñas, niños y adolescentes, siendo los únicos datos obtenidos de “mil 959 personas con posibilidades de reintegración familiar, 627 candidatas a adopción, mil 858 con necesidad de regulación de su situación jurídica y cero candidatos de acogimiento familiar”.

Presentado por el primer visitador general, Ismael Eslava Pérez, el texto advierte sobre la inexistencia de una política de “prevención de las causas de los ingresos de niñas, niños y adolescentes a los CAS”, en tanto que las instancias de procuración de justicia “no cuentan con registros adecuados sobre la incidencia de delitos cometidos contra la población residente en CAS y albergues, ni de las personas menores de edad que se canalizan a ellos”.

El organismo resaltó que de las solicitudes de información que formuló sobre los motivos de ingreso a los CAS y a los albergues, sólo 15 entidades respondieron, siendo la causa más frecuente la de “protección y resguardo” con 2 mil 451; migración, mil 837; ser víctima de violencia, abandono, abuso sexual o violación, mil 699; por omisión de cuidados, mil 673; ingreso voluntario, 792, y por carecer de cuidados parentales, dos.

“La falta de información sobre los CAS y albergues públicos y privados es obstáculo para la toma de decisiones de las autoridades, y para realizar un seguimiento efectivo de la situación de cada niña, niño o adolescente que se canaliza a ellos, así como origen de varias recomendaciones emitidas por este organismo nacional” --al menos siete--, entre las que resalta la 18/2018 sobre el albergue “La Gran Familia” en Michoacán, abundó.

Entre los temas de preocupación, la CNDH sostiene que “son frecuentes las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes que residen en esos lugares, donde falta personal especializado, suficiente y con capacitación periódica e idónea”, de ahí la urgencia de que se destinen presupuestos que cubran los requerimientos de su operación, que varía según la entidad federativa.

El documento precisa que, aun cuando la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a todas las autoridades a actuar en favor de la infancia, “sólo los sistemas DIF están encargados de los programas para la población en CAS y albergues, sin embargo, no se enfocan a las causas de ingreso a los mismos, sino que brindan cuidados básicos, lo que ocurre de forma fragmentada y no transversal”.

Durante la presentación del informe, el primer visitador de la CNDH consideró que el Estado mexicano “debe transitar hacia un esquema integral de protección de derechos de la niñez y adolescencia” en las instalaciones señaladas, ya que “la política pública dirigida a esa población debe incluir acciones de prevención de violencia, la mejora de los procesos de atención, la restitución de sus derechos, la reparación de daño, garantías de no repetición, y propiciar que quienes se encuentran en ellos tengan la oportunidad de reintegrarse con su familia o integrarse a un nuevo grupo familiar en el menor tiempo posible”.

La recomendación está dirigida a las secretarías de Gobernación, de Salud, de Educación Pública, de Cultura y de Bienestar, así como a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores de las entidades federativas y a los secretarios ejecutivos del Sistema Nacional y estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

A las secretarías federales, la CNDH recomendó “incorporar en sus planes, programas y estrategias a la población menor de edad residente en CAS y albergues públicos y privados del país, adoptando medidas diferenciadas para garantizar el acceso a todos sus derechos en condición de igualdad respecto de otros grupos de la población menor de edad”.

A los gobiernos estatales y sus congresos se les requirió “destinar recursos suficientes para fortalecer las instalaciones de procuración de justicia y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando la necesidad de atención especializada por personal experto y contar con infraestructura material y técnica de calidad para garantizar la seguridad, integridad y cumplimiento de sus derechos”.

A los secretarios ejecutivos del Sistema Nacional y Locales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se les urgió a “recopilar datos a nivel federal, estatal y municipal sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en CAS y albergues; incorporar en sus planes de trabajo acciones, programas y políticas públicas para su protección; identificar, prevenir y atender las causas  que generan la separación familiar de las personas menores de edad, e implementar políticas de desinstitucionalización progresiva, someter a discusión de integrantes de los SIPINNA federal y locales la situación de macroinstituciones operadas por el sector privado, fundaciones y organizaciones civiles, y diseñar políticas públicas para que su personal respete y cumpla los derechos de la niñez y adolescencia, y existan mecanismos de denuncia amigables y se privilegie la comunicación permanente con sus familias y comunidades para asegurarles un desarrollo integral”.   

La CNDH también solicitó al Congreso de la Unión reformar el artículo 107 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de “ampliar las atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la vigilancia y supervisión de centros de asistencia social y/o albergues en que los menores están bajo modalidad de internamiento y no necesariamente carecen de cuidados parentales, modificar dicha ley para establecer la prohibición expresa del castigo corporal y armonizar leyes en la materia relacionadas con el cuidado temporal a la población menor de edad”.

El documento también hace recomendaciones a los congresos locales para que impulsen “que leyes y normas regulen la autorización, registro y supervisión de los CAS y albergues públicos y privados que atienden a población menor de edad”, así como a fiscalías y procuradurías locales, que “deberán establecer lineamientos para regular la canalización de personas menores de edad a CAS y albergues públicos o privados autorizados por las Procuradurías federal y locales de Protección”.

El informe pide al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática  (Inegi) mantener actualizado su Censo de Alojamientos; al Sistema DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se les requirió realizar acciones para que los CAS y los albergues “presten servicios en condiciones seguras y dignas, consoliden y actualicen el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y proporcionen orientación a las Procuradurías de Protección locales en materia de recopilación de datos”.

A los sistemas DIF estatales y municipales y las procuradurías de protección se les solicita capacitar y evaluar a su personal en materia de derechos humanos y derechos de niñez y adolescencia, así como elaborar protocoles de prevención y atención en casos de violencia.

Por último, a los titulares de las procuradurías y fiscalías se les recomienda mejorar los sistemas de registros sobre denuncias y delitos contra la población infantil, y capacitar a su personal en derechos humanos y derechos de menores de edad y adolescencia.

Las detonaciones de arma de fuego en el sector Santa Martha, Chenalhó, continúan y provienen de los límites con el municipio de Aldama, pero afortunadamente no ha dejado muertos ni heridos, informaron habitantes de dicha comunidad.

Los denunciantes narran que fue alrededor de las 10:30 horas que se escucharon por lo menos cinco detonaciones, y hacia las 15:20 horas otras cuatro detonaciones, que ha puesto en alerta a los habitantes cercanos a los límites con Aldama, que han optado con desplazarse a casa de familiares para evitar ser agredidos.

Los informantes pidieron el anonimato por cuestiones de seguridad, e informaron que quienes lideran el grupo armado del municipio de Aldama son Cristóbal López Lunes, Lorenzo Vázquez Jiménez, Florentino Vázquez Santiz, Mateo Jiménez López, Mariano Sántiz Jiménez y Lorenzo Jiménez Sántiz, uno de ellos papá del presidente de aquel municipio.

Por lo anterior, pidieron la presencia en la zona de elementos de la Bases de Operaciones Mixtas (BOM) y de la Guardia Nacional, además de miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para deslindarse de responsabilidades, ya que se han enterado intentan culparlos a ellos de los hechos.

Resurgen los intentos de imposición priísta en elección de presidente

De la Escuela Nacional de Economía a la Federación de Colegios Estatales

Dice Edmund Burke, padre del liberalismo conservador británico: La edad de la caballería ha pasado, y a esta ha sucedido la edad de los sofistas, los economistas y lo matemáticos.  Bajo esa premisa se fundó, en el año de 1929, la carrera de Licenciado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ese entonces era director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el licenciado Narciso Bassols, de donde surge, originalmente, la Sección de Economía.

Fue así como, el 20 de febrero de 1929,  118 alumnos dieron vida a la Sección de Economía dentro de la Facultad de Derecho. El primer director fue el ilustre politólogo don Daniel Cosío Villegas, el visionario hombre que en 1972 vaticinó y expresó en su obra “El sistema político mexicano” la forma para la caída del régimen priísta.

Para formalizar la impartición y el conocimiento de la nueva Ciencia económica, entre 1935 y 1938 se designó como primer director y fundador de la Escuela Nacional de Economía al licenciado Enrique González Aparicio.  Bajo su sólida formación académica y capacidad de conducción pasaron por las aulas y la academia  personajes ilustres, de la talla de Jesús Silva Herzog, Antonio Espinoza de los Monteros, Manuel Gómez Marín y Francisco Zamora, entre otros destacados economistas,  y se creó el Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas.

Faltaba, sin embargo, un organismo que agrupara a la cada vez más creciente demanda estudiantil por la joven Ciencia económica. Para organizar al gremio, en el año de 1952 surge el Colegio Nacional de Economistas y en 1953 se nombra a su primer presidente: Diego López Rosado.  Lo malo fue que el Colegio nació partidizado, y como parte del sistema político mexicano, en vez de ser un órgano plural, científico y académico.

Sustentan el aserto anterior la abierta intromisión del poder presidencial para nombrar a cada Presidente del Colegio Nacional de Economistas.  La trayectoria y los cargos ocupados por estos personajes así lo evidencian. Guillermo Martínez Domínguez ocupó el cargo de director de Nacional Financiera.  Octaviano Campos Salas, secretario de Industria y Comercio.  Carlos Torres Manzo, primero fue secretario de Industria y Comercio, y después gobernador de Michoacán. Jorge de la Vega Domínguez cursó como gobernador de Chiapas y después secretario de Comercio.  Y Manuel Aguilera Gómez, quien más adelante sería jefe del Departamento del Distrito Federal.

Con la caída del régimen priísta, en el año 2000, se tuvo la oportunidad de hacer el primer ensayo de elección democrática del Presidente del Colegio Nacional de Economistas. De ese proceso electoral surgieron David Colmenares Páramo en el 2000 y Fernando Butler Silva en el 2006, electos mediante el sistema de sufragio universal, libre, secreto y directo.

Dentro del gremio hubo celebración de la primera elección al margen de la voluntad presidencial. Poco duró el gusto de lo que parecía un ejemplo definitivo para las futuras designaciones del presidente de la hoy Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana.

Lamentablemente, en el 2017 se volvió al arcaico priísmo redivivo con la práctica de la imposición para “elegir” al Presidente Nacional de los Economistas.  En ese proceso se apuntaron para participar, entre otros, el actual candidato, Juan Carlos Sierra Boche, con la promesa, a los colegios estatales, de no declinar a favor de nadie y llegar hasta el final de sus aspiraciones.

Más de un colegio de los estados le dio su voto de confianza para inscribirse. Lo malo fue que simultáneamente a su registro dejó pasar y apoyó al actual presidente de la Federación de Colegios de Economistas, Luis Eduardo Lara Gutiérrez. El débil y fútil argumento fue que había de abonar a la unidad del gremio y Luis Eduardo Lara cumplía con esa expectativa.

Salvo en situaciones excepcionales, las candidaturas de unidad, generalmente, son burdas imposiciones sin consenso y sin escuchar la opinión de los integrantes de la organización de que se trate. El mayor activo pregonado para presentar a Lara Gutiérrez como candidato único fue que se trataba de una propuesta de José Antonio Meade, secretario de Hacienda, y que esa circunstancia traería beneficios a la Federación.

Ante esa imposición, el Colegio de Economistas del Estado de Chiapas se abstuvo de participar en un proceso de designación, que llevaba abierta dedicatoria en beneficio de un favorito del desacreditado régimen peñista. Así se lo hicieron saber a los directivos de la Federación de Colegios de Economistas: “Si Luis Eduardo Lara Gutiérrez es el candidato de Meade, precisamente por eso no apoyamos esa candidatura”.

Hoy,  las prácticas impositivas e intimidatorias se multiplican para boicotear al economista con maestría, y doctorado en Administración Pública, José Ricardo Ramírez Brun. Entre las irregularidades y los intentos golpistas de la planilla opositora, con el apoyo de Lara Gutiérrez, se avizoran ya graves intromisiones.

Juan Carlos Sierra Boche está impedido de origen para participar como candidato a la presidencia de la Federación. Ello es así porque no cuenta con los cinco años de actividad gremial exigidos por disposición expresa de la convocatoria.

Participa como vicepresidenta de la planilla de Sierra Boche la maestra Alicia Téllez Sánchez bajo una doble función anormal y caprichosa al continuar como parte de la Comisión Electoral y constituirse en juez y parte.

En el exceso, Luis Eduardo Lara Gutiérrez protagonizó el despido del maestro Juan José Dávalos López como integrante de la comisión electoral bajo el único argumento de apoyar la candidatura de Ramírez Brun cuando Lara Gutiérrez carece de facultades para despedir a cualquier miembro registrado legalmente. Y va de anécdota. En una reunión, Sierra Boche, desde una posición primitiva y fuera de toda urbanidad personal y gremial, retó a golpes a Dávalos López por el solo hecho de no coincidir en opiniones. Esa sería la tónica de la presidencia de Sierra Boche: La agresión y la descalificación en sustitución del debate y el diálogo.

Por todos esos excesos, no compatibles con los principios de la Federación de Economistas, el candidato Ramírez Brun ha planteado dos cuestiones transcendentales:

1.- La participación del doctor Eduardo Andrade Sánchez, director General de Profesiones, para vigilar el proceso electoral y evitar el fraude anunciado. Desde luego, a la planilla “libertad para elegir y opinar” ha causado azoro porque con ello se dificultan maniobras tramposas.

2.- Emplazar a Luis Eduardo Lara Gutiérrez a que renuncie a la presidencia de la Federación y que un presidente interino se convierta en árbitro imparcial y dé certeza a los resultados electorales del próximo 20 de noviembre.

Por lo pronto, el desayuno del 6 de noviembre anterior evidenció la capacidad de convocatoria de José Ricardo Ramírez Brun; 15 de los 27 colegios de la Federación le concedieron su apoyo, entre ellos el del estado de Guerrero, el más grande y numeroso de la República. Ampliaremos…

 

 

 

 

 

 

LA SANTA MAFIA DEL PODER MORENA.

Dime con quién andas y te diré quién eres…

Los corruptos “favoritos” del “Pastor”…

Ya se desnudaron en menos de un año…

Comentarios al Margen…

NO ES IGUAL, PERO ES LO MISMO…

Argumenta el “Pastor”, para que le crean sus “Feligreses”, que “no somos iguales”, pero en la realidad son lo mismo que han criticado siempre desde que estuvieron en la oposición y hoy no entienden estando en el empoderamiento presidencial. No, no son iguales, salieron peores que los PriAnistas,  negando sus fechorías.

Lo comenté hace unos días, que este gobierno de Morena que trae el “encantamiento de serpientes” de la “4ª Transformación”, es una hiena disfrazada de corderito. Por eso le dicen “el Cordero de Dios que quita todos los pecados”, pues en los pocos meses que viene detentando el poder, ha sacralizado a más de una docena de “pecadores políticos”, mismos a los que llamaba “mafia del poder” que habían sido bautizados por lucifer en las entrañas del infierno de los gobiernos del PRI y del PAN.

Las ínfulas de “honestidad valiente” del “Mesías del Trópico”, nada tienen que ver con la realidad de sus acciones. Los vicios, las inmoralidades, perversiones, desenfrenos, corrupción y libertinaje del pasado, los han hecho suyos estos nuevos integrantes de la nueva “Mafia Morena del Poder”, pues “dime con quién andas, y te diré quién eres”…

LOS ANTICRISTO SANTIFICADOS…

Si quieren saber quién es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, solo chequen con quien se junta y a quienes ha santiguado o canonizado después de que fueron esos quienes sacrificaron las aspiraciones de los reformadores democráticos izquierdistas como el caso de MANUEL BARTLETT DÍAZ a quien se le achaca la autoría del fraude electoral –la caída del sistema— en 1988 en contra de CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO y el triunfo a CARLOS SALINAS DE GORTARI.

BARTLETT es hoy uno de los “santones” del Presidente. Funge como director general de la Comisión Federal de Electricidad, pero fue “mano dura” de los maestros en la Secretaría de Educación; de los partidos políticos y los mexicanos en la Secretaría de Gobernación y Vocal Ejecutivo de la Comisión Electoral cuando los procesos los controlaba el mismo gobierno. A ese mismo, San ANDRÉS MANUEL le otorgó la bendición.

No es menos diabólico y corrupto el llamado “Napito”, NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, entonces líder de los mineros a los que “presuntamente” defraudó por más de 52 millones de dólares, siendo perseguido hasta sus refugios de Canadá, donde vivió por más de cinco años, sin saber de qué y cómo sufragaba gastos de sobrevivencia. A este personaje de la imagen de “San Juan Diego”, también le dio su bendita comunión el Peje.

El Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR dice que no tiene propiedades a no ser aquel rancho de “La Chingada” en Palenque; pero es muy sintomática su afición por el dinero o cuando menos por quienes lo poseen en grado sumo.  GÓMEZ URRUTIA y BARTLETT DÍAZ son millonarios como lo es el ex gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, el mismo que le financió su campaña en la entidad y con quien presuntamente negoció –a millonario costo-- las senadurías para sus protegidos: SASIL DORA LUZ DE LEON VILLARD y OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR; así como las diputaciones para “El Sirenito”, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS y la “Chapulina”, LETICIA ARLETT AGUILAR MOLINA, como su propia senaduría fraudulenta por el Verde Ecologista. No hay que excluir a JUAN SABINES –ratificado Cónsul en Orlando-- como otro de sus “preferidos”, por el caudal de dinero que posee.

Hay que reconocer que la familia DE LEÓN VILLAR y la misma SASIL DORA LUZ están hinchadas de dinero proveniente del erario público estatal que obtuvieron durante las administraciones de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y particularmente de la que encabezó “La Cuija”, MANUEL VELASCO COELLO. También EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR “está forrado” en billetes y eso le ha valido para escalar los peldaños políticos y sociales que lo han llevado a una simbiosis –de particular amistad, negocios y corrupción-- con el Coordinador de los Senadores de Morena y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA.

No son menos potentados, el coordinador de los diputados de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO y el de los senadores RICARDO MONREAL ÁVILA, quienes se han constituido en los “testaferros y personeros” del Presidente AMLO, cumpliéndoles sus caprichos aún por encima de las normas, reglamentos y leyes que rigen al Congreso de la Unión, el gobierno y la sociedad. Farsantes, mentirosos e impositivos. Son hoy, lo mismo que criticaron ayer a sus antecesores…

IMPOSICIÓN Y AUTORITARISMO…

De la forma más descarada se han mostrado los integrantes de la nueva “Santa Mafia Morena del Poder”, cuando están negando lo que es visible y los desmiente la realidad que estamos viendo y viviendo. El primer acto de imposición fue la suspensión de la obra del aeropuerto de Texcoco, donde una ocurrencia y capricho hizo que se perdieran más de cien mil millones de pesos ejercidos en casi el 30 por ciento de la construcción, más los cientos de millones de dólares que se tuvieron que pagar de indemnización a las empresas constructoras afectadas. Si la suspensión de la obra fue debido a los daños ecológicos, estos ya estaban hechos por las millones de toneladas de cemento fraguado en lo que llevaban de avance los trabajos. También la construcción del aeropuerto de “Santa Lucía” es un capricho y ocurrencia del “Pastor de Macuspana”, cuando especialistas en el ramo aeronáutico le ha asegurado que es una barbaridad.  

Ya lo había dicho antes, que el gobierno de la “4T va por todo el control” de las instituciones como lo vimos con el Congreso de la Unión, donde diputados y senadores están cooptados por el Ejecutivo, y en actos descarados y cínicos,  si no ganan las votaciones, arrebatan sin ningún escrúpulo, pues ni MARIO DELGADO y menos RICARDO MONREAL ÁVILA, tienen tantita vergüenza.

Entre ellos mismos se ponen zancadillas y lo vimos en el caso de MARTI BATRES GUADARRAMA que quiso reelegirse, pero MONREAL no se lo permitió mediante trampas y artimañas legaloides a la vista de todo mundo. Se dio la imposición en el senado, en el caso de la aprobación de la Ministra de la SCJN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA DE RIOBOÓ, esposa de JOSÉ MARÍA RIOBOÓ, principal asesor y “constructor favorito” del Presidente LÓPEZ OBRADOR desde que fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación “ya está controlada” por el Ejecutivo Federal con el concurso de la Ministra YASMÍN ESQUIVEL MOSSA  y la genuflexión del Ministro JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA, el mismo que fue Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Gobierno del otrora Distrito Federal en la administración de AMLO, quienes, como el propio Presidente del Poder Judicial, ARTURO SALDIVAR LELO DE LARREA “no esconde su afinidad con la 4T”, como seguramente sucederá con la imposición de quien sustituya al defenestrado y renunciado Ministro EDUARDO MEDINA MORA. Con esto se consolida el círculo del poder omnímodo y omnipresente del “Pastor de Macuspana”.

El acto impositivo que ejerce el Presidente AMLO se “contagia” a sus “testaferros” aliados y “feligreses” que le acompañan en las funciones de gobernar. Así se fueron contra el Presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la de Competencia, el CONEVAL y el Instituto de Acceso a la Información Pública, a los que la “4T” les ha negado su autonomía.

Van contra el Instituto Nacional Electoral  (INE) que les urge someter antes de las elecciones intermedias del año 2021 para asegurar el triunfo como en los mejores tiempos del PRI, la otrora aplanadora electoral de México. Le están buscando “peros” a una institución que nació para “ciudadanizar las elecciones” que antes estaban bajo el control del Estado, que es lo que pretende el nuevo gobiernos de la “Santa Mafia Morena del Poder”, que encabeza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Pero la gota que derramó el vaso fue el proceso interno del Senado para elegir a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ROSARIO PIEDRA IBARRA, mediante una farsa que manipuló el nefasto RICARDO MONREAL ÁVILA, donde se impuso el juego perverso en la votación de 116 senadores que solo contaron 114, para encuadrar el porcentaje necesario de 2/3 partes con 76 votos, que no se lograría con la suma de los dos votos escamoteados. Se robaron dos votos, dijo la Senadora panista, KENIA LÓPEZ RABADÁN y el Senador independiente, EMILIO ÁLVAREZ ICAZA.

“Han matado a la CNDH que nació para defender a los ciudadanos de los atropellos que comete el gobierno al elegir  a una militante de Morena, ROSARIO IBARRA PIEDRA, con lo que pierde    su independencia y autonomía que había ganado”, dijo el Senador panista, DAMIÁN ZEPEDA VIDALES con respecto a este fraudulento y bochornoso caso.

Todo ese compendio de transas, manipulaciones, imposiciones, soberbia, engaños, mentiras, corrupción e impunidad que la realidad les desmiente, son las formas que están minando la credibilidad del gobierno de la 4ª Transformación. Así mismo, la “esperanza morena” está construyendo en corto tiempo el mismo hartazgo social que llevó a la caída del PRI y que será la tumba del proyecto de LÓPEZ OBRADOR, como lo fueron (y son ahora) las inmoralidades, perversiones, libertinaje, abuso del poder,  desenfreno político y administrativo –que tanto criticaron-- que los “encuera” tal cual son. Esa es mi percepción que creo hay muchos ya, que coinciden que LÓPEZ OBRADOR no sabe ni de política, ni de administración; que ya está estresado, molesto y mortificado porque las cosas no le salen como él quiere…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

 

 

 

 

 

 

 

México y Chiapas a la deriva

A mi me queda muy claro que a nuestro presidente de la república ya le tomaron la medida los grupos que integran los cárteles de las drogas en el país, especialmente el de Sinaloa, que vuelve a declarar la guerra y ahora sí con todo, a Andrés Manuel López Obrador, al matar a nueve miembros de la población menonita de Chihuahua.

Otra vez la burla a quien con todo y sus soldados, marinos y Guardia Nacional, no ha podido con los maleantes, que hacen y deshacen a su antojo en todo un México sumido en el miedo y la inseguridad, sabedor que sus policías son cómplices de los dueños del país.

Chiapas no se queda atrás, con un gobierno estatal que no se atreve ir más allá de lo que le dicta el primer mandatario federal, para evitar resbalones que hagan caer de la gracia del Mesías a don Rutilio Escandón Cadenas.

Nada que ver con lo que nos dicen las encuestas pagadas por la 4T, para que nos restrieguen en la cara de que somos uno de los estados más seguro de la república mexicana, mientras todos los días somos testigos de asaltos a transeúntes, cuentahabientes de bancos, atracos a casas habitación, violaciones sexuales, asesinatos, pandillerismo de las maras 13 y barrio 18, que se mantienen en su macho de intocables al “mocharse” con las autoridades que solapan sus ilícitos.

Dudas sobre la llamada “austeridad republicana” en un estado en el que la Cuarta Transformación, se contradice en Chiapas con el despilfarro de recursos presupuestales por parte del fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, que como parte de su estrategia de querer ser sucesor de la silla principal de Palacio, incurre en el despilfarro, al grado de llevar a cabo con dineros del erario el Congreso Nacional de Derecho Penal, en Tuxtla Gutiérrez.

Demasiado dinero para satisfacer las desbocadas ambiciones futuristas del fiscal que a cinco años un mes de distancia, está que se muerde por dar rienda suelta a su egocentrismo, sin importar que se lleve entre las patas a su jefe el gobernador.

Lo que los chiapanecos no acabamos de entender, es  por qué don Rutilio permite semejante dispendio, en una época llena de carencias, al cancelarse la Cruzada Nacional contra el Hambre, que mantiene en situación de gravedad la alimentación de niños y adultos de las zonas indígenas.

No hay dinero para las medicinas en los hospitales, que obligan  a los jodidos a ver cómo le hacen para comprarlas por su cuenta, ya que de no hacerlo sus familiares enfermos se mueren.

No se vale, que el gobernador no ponga fin a las locas ocurrencias de Jorge Luis Llaven Abarca, que dispone de los dineros del erario a su antojo, mientras los miles de pacientes de cáncer en la entidad, están condenados a muerte por los costos elevadísimos de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, imposibles de pagar, más si se encuentran desempleados por la 4T.

El fiscal ha perdido la brújula. Está desubicado, enmarañado por los cantos de sirena de sus más cercanos colaboradores, que ya lo ven como el sucesor idóneo, el más capaz, el de mayor sensibilidad, el más honesto, el más popular, el del gran carisma, el que debe ser.

El gober está en entredicho, más cuando su tabasqueño secretario de salud José Manuel Cruz Castellanos, se mantiene en el limbo de los cinco minutos de gloria y poder, que le hacen olvidar el grave problema de salud que siguen representando los 60 mil migrantes de todo el mundo, que están sin ningún control sanitario arrinconados en Tapachula y municipios fronterizos con Guatemala, poniendo en riesgo a la población chiapaneca.

Y ni se diga del secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, que desde su búnker inexpugnable de Palacio de Gobierno, mueve sus hilos para promocionarse en los medios de comunicación, como el más viable para la sucesión en 2024. Toda una figura sin la menor experiencia política que está a cargo de la segunda posición más relevante de un gobierno que parece replica del de Andrés Manuel López Obrador.

Otro que ni cacha ni picha y está dejando pasar muchas bolas de inconformidad en San Juan  Chamula, Chenalhó, Chalchihuitán, Bochil, Oxchuc y Zinacantán, por citar algunas de las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, donde están al tentar y bastará solamente una chispa para que se incendien los ánimos que lleven a un derramamiento de sangre, que será atribuido al valemadrismo de la autoridad directamente responsable, al mando de Brito Mazariegos y su contraparte a cargo de Llaven Abarca.

Malos signos de la 4T en Chiapas, entidad en que los alcaldes oportunistas del Verde transformados al vapor como morenistas, son una muestra nada recomendable en cuanto a la “honestidad valiente” pregonada por su jefe máximo Andrés Manuel López Obrador.

Demasiados los ejemplos de no solamente pésimos ediles, sino corruptos que han convertido su primer año en áreas de rapiña, como es posible constatar en Tapachula, municipio en el que Oscar Gurría Penagos, hace de las suyas, asesorado por su asesor principal en mañas, Yumaltik de León.

Sí usted lo pensó, acertó. Se trata del hermano de la senadora Sasil, la misma sobre la que pesa una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación por un manejo nada transparente de más de 680 millones de pesos, manejados a su antojo cuando tuvo a su cargo las tareas del empoderamiento de la mujer con Manuel Velasco Coello, quien no solamente la hizo legisladora de la cámara alta, lo mismo que al “zanja negra” de Eduardo Ramírez, sino que ha ordenado a su sucesor le de carpetazo a este acto de deshonestidad, amparado por Andrés Manuel López Obrador.

Todo un experto en negocios truculentos el tal Yumaltik, que ni siquiera es tapachulteco y por segunda vez en cosa de tres trienios, como si no hubieran huacaleros capaces, es miembro del ayuntamiento, con rango de regidor, que sigue acarreando negocios altamente redituables a Gurría Penagos, como la renta súper millonaria de camiones de basura supuestamente nuevos.

La rapiña en serio, en nombre de la Cuarta Transformación que de cambio no tiene más que el nombre, porque en los hechos está demostrando lo contrario.

Tenemos en Rutilio Escandón Cadenas, no a un gobernador, sino a un candidato en campaña, como en su momento lo hiciera “el güero”, que andaba de pueblo en pueblo y de fiesta en fiesta, sin que en su caso se puedan constatar acciones concretas que saquen de su letargo prolongado a los chiapanecos, que ya no sienten lo duro, sino tupido con tanto desempleo, cero inversión y por lo mismo ningún crecimiento y desarrollo, junto con ineptitud y corrupción como en este espacio lo estamos señalando.

No hay liquidez. El presupuesto estatal tiene subejercicio y lo poco que se maneja está etiquetado para los cuates del secretario de Obras Públicas, que en el segundo trimestre del año sería denunciado por estar involucrado en negocios irregulares de su subsecretario y director de obras, que llegaron a pedir hasta un 25 por ciento de comisión a los ya de por sí quebrados constructores. Tan grave fue el problema, que desde las aturas le ordenaron renunciara a sus dos colaboradores de mayor confianza y así salvar su cabeza.

No creo que las cosas cambien en Chiapas y en México, porque no se siente que haya gobierno y por eso todo está a la deriva.

Si no es así, que se demuestre lo contrario…

 

 

 

 

El término seguridad procede del latin “securitas” que significa sin problema, sin embargo este concepto hoy sería en ese significado una idea vacía de contenido, por la problemática que afrontamos, por lo que sería mejor definirlo como la capacidad para encarar los problemas y enfrentarlos bajo su debida dimensión. En el caso de la seguridad del binomio Estado y Sociedad, la idea de la seguridad tiene que enfrentar de manera constante el asedio de múltiples problemas de gran complejidad, por lo que a lo anterior se suma la creciente incertidumbre en torno al futuro, por lo que afrontarlo bajo la idea de la simpleza representa la mayor irresponsabilidad que un jefe de Estado pueda asumir frente a hechos que se constituyen en grandes obstáculos, que no deben verse como que son sus adversarios los que les ponen rocas frente a él, sino que es la misma dinámica de la realidad la que se le impone.

Los instrumentos del hombre de Estado parten de cuatro grandes categorías: legitimidad, legalidad, gobernabilidad y gobernanza. La primera es el punto de partida pues representa el reconocimiento de la autoridad como fuente de poder y como vía de acceso al mismo. Desde este ángulo la democracia supone elecciones, pero no se agota en ellas, cada dia hay que jugarse el pacto y esto es algo más que la medición de opinión pública hoy tan deteriorada por la mercadotecnia política, que manipula de manera irresponsable la imagen del candidato y después la del gobernante a un precio elevadísimo, pero no exento de tremendas fallas. 

El segundo es la legalidad sustentada en un Estado de Derecho donde el poder se limita ante la acción ciudadana y se alimenta del diálogo, no de la ilusoria imagen de medios que terminará tarde o temprano desvaneciéndose ante crueles realidades. La gobernabilidad como capacidad de gestión proviene no sólo de la honradez de los funcionarios, sino debe también ir acompañada de eficacia para el logro de los objetivos y eficiencia para alcanzarlos al menor costo, pues nada hiere tanto a la ciudadanía como el desperdicio de recursos, la corrupción y la ignorancia de los que de modo irresponsable encabezaran la gestión de la cual derivan decisiones erráticas. Finalmente, la gobernanza representa la identificación del rumbo y la precisión del sentido de las acciones, condición indispensable para reconocer lo que se pretende alcanzar.

Ahora identifiquemos qué estamos viviendo en términos de la seguridad o inseguridad. Para comenzar, la seguridad comienza en el plano de los derechos humanos pues reconoce en la ciudadanía la capacidad de discernimiento y la posibilidad de apelación ante actos de la autoridad contrarios a la ley. Continua con la seguridad pública que supone no sólo el resguardo de las vidas y patrimonio de los ciudadanos, sino algo más importante que es la capacidad de fiscalización ciudadana de los recursos, las acciones y de los resultados obtenidos por la acción policiaca.

El otro nivel lo representa la seguridad interna que se concibe como la acción tanto de ciudadanía como del gobierno para establecer la coordinación y buen manejo de los tres niveles y tres instancias de gobierno. El remate de lo anterior lo constituye la seguridad nacional que es la defensa de las instituciones y la sociedad en su conjunto para enfrentar amenazas externas, riesgos internos teniendo como plataforma de apoyo nuestras fortalezas internas y oportunidades externas, donde la participación ciudadana es vital para fundamentar con los otros niveles gobierno y dentro de las competencias de la división de poderes el logro de las metas y objetivos del Proyecto Nacional, que representan no solo los grandes fines de la nación mexicana, sino su preservación territorial, la garantía de  su crecimiento y desarrollo para evitar la polarización de la sociedad y la garantía de amparo en casos de desastres.

Sin embargo, es obvio que lo que vivimos en la némesis de estas intenciones y eso tiene un nombre inseguridad nacional y por tanto un destino: el estado fallido. Lo anterior se complementa con los acontecimientos pasados y recientes. De hecho tenemos que reconocer en la situación del presente graves anomalías que proceden del pasado, lo que no disculpa lo actual pues cada fracción política ha contribuido tanto por acción como por omisión a generar esta situación, que sin duda al llegar a estos últimos acontecimientos los agrava y coloca como una situación de desastre.

Comencemos por la legitimidad, el régimen actual que logró la votación del 30 millones con el 53% del electorado que votó no se ha respondido a estas  preguntas: ¿se votó por AMLO o como rechazo a la  situación existente?; ¿a partir de las acciones del actual régimen este era el proyecto por el cual votaron? Pues incluía baja de las gasolinas, no del suministro; depuración de los contratos de obra pública, no suspensión, abandono, sin responsabilidades públicas y pago extraordinario a las empresas contratadas. Tampoco se votó por el tren Maya o Dos Bocas, sobre todo sin estimación del daño ecológico y la reacción de los núcleos de población afectados a los cuales se da la respuesta de la ley garrote de Tabasco o la pretensión de desconocimiento del EZLN y de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, lo que significaría volver a las armas.

Tampoco se votó por tolerancia al narcotráfico, ni por la salida de que las madres corrijan a sus hijos, los problemas son de una gran magnitud y los intereses no se resuelven con tolerancia al crimen organizado, sino con inteligencia que se ha destrozado y bajo una coordinación con gentes responsables y conocedoras, no con la militarización que de origen habían descartado. De hecho la legitimidad no es un cheque en blanco permanente hacia una voluntad única, sino un esfuerzo nacional que actualice el marco de legalidad no del mayoriteo manipulado a mano alzada que no responde a la voluntad general.

La ingobernanza tiene que atenderse con prioridad, la designación de funcionarios no es a capricho y con complicidad, ésta es resultado de un personal apto, capacitado, honrado cuya confianza no deriva del servilismo a quien lo designó, sino del ejercicio de las tareas de gobierno donde el subejercicio no es lo aconsejable, sino que conduce a la parálisis de la actividad del sector público.

Hay tareas sin resolver y que son las que marcan el escenario del futuro de México y del mundo. Como son el cambio del patrón de energía que hoy se sustenta en los hidrocarburos y cuyo futuro esta en las energías alternas; asumir el cambio tecnológico cuyas consecuencias no son predictibles ni en el corto plazo. Prever el cambio organizacional que remodelará las instituciones nacionales donde los sistemas de cómputo serán los pioneros. Finalmente la propuesta de cambio debe descansar en el diseño de una estrategia que de resultados, que sería la base de la gobernanza como capacidad de dirección bajo proyecto, que no debe confundirse con buenas intenciones, sino con una mezcla de imaginación, recursos, participación social y propuestas realistas. De otra forma la escalada de la violencia será el riesgo y la amenaza a encarar y que de no escuchar las voces de la razón se inventarán golpes de Estado imaginarios.

 

 

 

Se desmorona el Grupo de Río o Foro de Sao Paulo

El Tren Maya pasará a mejor vida, no hay dinero

La UNAM a salvo, pero ahora AMLO va contra el INE

Si la memoria no me falla los países más representativos en lo que se refiere la doctrina socialista y comunista son: China, Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam del norte, pero también se encuentran los que una vez formaron parte de la otrora Unión Soviética, entre ellos Alemania oriental, Yugoeslavia, Rumania, por mencionar algunas, pero estas poco a poco han sido devoradas por el mundo capitalista.

De manera somera, baste decir que en el comunismo es importante terminar con el sistema capitalista y la propiedad privada, en tanto que en el socialismo es aquella corriente que puede socializar o convivir con diferentes formas de gobierno mientras que el comunismo busca que el gobierno sea directamente de los proletarios, lo que en realidad es una utopía.

En América tenemos países en donde fue instaurado gobiernos comunistas como es el caso de Cuba, que llegó a la isla a través de una revolución; luego tenemos a Chile, con Salvador Allende que llegó por la vía democrática, pero fue derrocado por los militares.

También tenemos a Nicaragua, Granada, Venezuela, Brasil con Lula, otras ves Chile y Argentina.

Antes de rematar mi comentario, en América se fundó el Foro de Sao Paulo, un grupo de partidos y grupos de izquierda y ultra izquierda latinoamericanos, que con sueños guajiros pensaron unificar a los países a través del pensamiento de izquierda.

Desde reformistas hasta colectividades políticas de izquierda revolucionaria, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990.

Según el Foro se constituyó para reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda y ultra izquierda, para debatir sobre el escenario internacional después de la caída del Muro de Berlín y las consecuencias del neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe, pero que en la práctica funciona como “think tank”, es decir, un “laboratorio de ideas”.

Sin embargo, con estas corrientes del pensamiento las ideas también se prostituyen como sus líderes que al cabo de un tiempo se enferman de poder, se corrompen y se convierten en tiranos o dictadores, que someten al pueblo a través de mentiras y engaños.

He ahí a extinto Hugo Chávez en Venezuela que le heredó la presidencia a su fiel lacayo Nicolás Maduro y finalmente Evo Morales en Bolivia que acaba de ser echado del poder por el pueblo.

El Foro de Sao Paulo al que pertenece el presidente de México, López Obrador quien también tiene sueños guajiros de perpetuarse en el poder envió el 28 de octubre pasado felicitaciones y a la ves un reconocimiento por sus triunfos electorales en la reelección de Evo Morales, como mandatario de Bolivia, así como la victoria electoral de Alberto Fernández, como nuevo presidente de Argentina.

Ester domingo cayó uno de ellos, Evo Morales y citando a López: “el pueblo te pone, el pueblo te quita”. Es decir, a partir de este momento el de Macuspana le debe “medir el agua a los camotes”, porque el pueblo ya no quiere ser “conejillo de indias”, ser parte de experimentos políticos arcaicos, retrógradas, perversos para perpetuarse en el poder.

El pasado sábado 9 de noviembre se cumplieron 30 años de la caída del Muro de Berlín, que para millones de personas significó, no solo la reunificación de Alemania, sino el fin de la guerra fría y un triunfo para la libertad, tolerancia y la unión entre familias y vecinos. No es poca cosa. 

Regresando al pasado, al estilo de López Obrador, pero recordando aquellos que le hicieron mucho daño a la sociedad, como a criminales de la talla de Benito Mussolini –padre del fascismo–, el tirano Adolfo Hitler, en Alemania y Franco, en España, pero también en Latinoamérica hace aire, con los gobiernos golpistas de Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Cuba y Bolivia, dictaduras ejemplares que siguieron un patrón para someter, adoctrinar y perpetuarse en el poder.

En ese casillero podemos colocar a Andrés Manuel López, a quien vemos como peligrosamente se ha adueñado de los poderes legislativo y judicial, aprendiz de dictador que lo quiere todo.

López ya no tiene contrapeso, con los legisladores de Morena para perpetuarse en el poder, ya solo fala adueñarse del INE, para asegurar el triunfo electoral en el 2021.

Podrá lograrlo? el pueblo tiene la palabra, pero es un aliciente para los mexicanos que haya caído Evo Morales, porque el pueblo lo puso de “patitas en la calle y el pueblo de México puede poner a López en su lugar quien pretende violar la constitución para perpetuarse en el poder y mandas más allá de los seis años a los que única y exclusivamente tiene derecho a gobernar. Es así o no.

El megaproyecto del sureste se viene abajo

Finalmente el presidente López Obrador reconoce, aunque no lo dice con pelos y señales, la obra del Tren Maya, un “megaproyecto”, que invade y destruye comunidades indígenas y reservas naturales, selvas y zonas arqueológicas, en una extensión comparable de la Ciudad de México a Houstón, Texas, en Calakmul, Campeche que el proyecto no pretende dañar el ambiente, acusó de realizar una campaña de desinformación por parte de “conservadores corruptos”.

Luego dijo que su gobierno no impondrá “absolutamente nada”, sino que la realización o no será sometida a consulta indígena en diciembre próximo que, en su derrotero de mil 500 kilómetros, afectará a numerosas comunidades autóctonas de la península, así como de Tabasco y Chiapas.

Sin embargo, como mentiroso que es López volvió a mentir al pueblo, porque como cobarde que es no se atrevió a decir que el proyecto casi esta cancelado, pues no hay dinero para su realización.

Ya vendrán tiempos mejores, pero lo oportuno decir es que en este momento no hay dinero para las ocurrencias del tabasqueño que ya está casi aceptando que el Tren Maya y sus megaproyectos, simplemente se fueron a la basura.

Cuando me digo que se fueron a la basura es porque no solo el Tren será cancelado, sino que también dos bocas y el aeropuerto de Santa Lucia, por lo que a regañadientes tendrá que reactivarse la obra de Texcoco.

La realidad está tocando la conciencia del presidente, pero este reacio, testarudo y necio  a decirle la verdad al pueblo se niega hablar al pueblo con la verdad, y reconocer que se equivocó porque los tres proyectos mencionados no tienen soporte financieros y menos técnicos, por lo que debe anunciar su cancelación y ese dinero que no se canalizó destinarlo a otras obras prioritarias.

No lo va a hacer pero en la práctica ya reconoce que no habrá dinero, así de sencillo, pero queda demostrado que el tabasqueño es mitómano, mentiroso, cobarde y por ende debe renunciar antes que el pueblo lo eche del cargo como lo hizo Bolivia con Evo Morales.

López también quiere mandar en el INE

El 8 de noviembre pasado la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reeligió Enrique Luis Graue Wieches, como rector de la Máxima Casa de Estudios del país para otro periodo de cuatro años, es decir 2019–2023.

La noticia anterior fue recibida con agrado por la población estudiantil, académica, y de una y otra forma de aquellos que tuvimos el orgullo de nuestra alma mater y sobre todo por la amenaza que se cernía en contra de ella, pues López Obrador pensaba meter las manos en la institución para acomodar a uno de sus lacayos.

No sabemos porque causas del destino Obrador no actuó como aprendiz de dictador e imponer su ley.

Lamentablemente López esta al acechó de otra institución más, el Instituto Nacional Electoral (INE), una perversidad más del tabasqueño, pues estamos enterados que la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados busca reformar la Constitución para que la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sea rotativa cada tres años y no cada nueve como actualmente se establece.

Con dicha iniciativa, la cual ya fue presentada, Morena pretende modificar el artículo 41 de la Constitución y hacer efectivo el cambio para 2020, por lo que también removería al actual presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

Dicha propuesta llega justo luego de que Córdova criticó la consulta de Morena en Baja California para validar la ampliación de mandato de 2 a 5 años del gobernador Jaime Bonilla y después de que el INE presentó un recurso para impugnar la llamada “ley Bonilla”.

Lo que quiere López es ganar a como dé lugar las elecciones del 2021 y así seguir con sus sueños reeleccionistas y convertirse en el nuevo dictador de América.

Del Montón

Para la fracción legislativa del PAN en el Senado de la República no existe ninguna duda respecto del fraude cometido en el recuento de los votos para la designación de María del Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo cual debe reponerse el procedimiento, aseveró Kenia López Rabadán. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, afirmó que existe la evidencia suficiente con documentos oficiales, incluidos los videos del Canal del Congreso para demostrar que en la sesión del jueves 7 de noviembre se violó la ley, al tomar en cuenta sólo 114 de los 116 votos que se emitieron. Por tal motivo, los integrantes de la bancada panista solicitaron formalmente a la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, que no se cite a la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra a tomar posesión del cargo, tal como se había programado la semana pasada. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

 

 

 

** Carlos Morales Vázquez y el caso Veolia:  “Al toro por los cuernos “ **

Ante los litigios mercantiles derivados de conflictos financieros con la empresa recolectora de la basura en la capital de Chiapas, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, vio una oportunidad en donde anteriores ediles sólo encontraron excusas y repartición  de culpas al pasado.

Cuando Carlos Morales Vázquez tomó las riendas del Ayuntamiento tuxtleco se le debía a la empresa recolectora de basura la cantidad de 335 millones de pesos.Cabe recordar que debido a la falta de pago durante la anterior administración, el consorcio Veolia dejó de prestar el servicio en repetidas ocasiones, dejando las calles como verdaderos muladares.

Así como es su  estilo - de hablar pausado y de talante poco sonriente -, Carlos Morales Vázquez no perdió tiempo en agarrar por los cuernos  al toro llamado Veolia y se las arregló para cumplir uno de sus compromisos de campaña: encontrar una salida satisfactoria al problema de la deuda con dicha empresa.

Carlos Morales Vázquez consiguió que la deuda con Veolia se redujera a 196 millones y se comprometió a que ese adeudo se liquidará durante su administración. Según cifras de su primer Informe de Gobierno, el edil tuxtleco ya pagó 56 millones de pesos, quedando la deuda en 140 millones de pesos al día de hoy.

Esos  datos indican que el saneamiento de las finanzas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez emprendido por el edil Morales Vázquez, está dando  frutos en beneficio de  la población de la principal urbe del estado de Chiapas.

En fin.

BALCON. Mi solidaridad al colega Vinicio Portela Hernández, quien sufrió un terrible acto de censura en la red social del Facebook. Al parecer, ciertos ignotos ( por ejemplo: #Manolo y su abuelito #Fernando ) se vieron afectados por  publicaciones de Vinicio en dicha red social, y respondieron con una maniobra de censura brutal, al grado de que a Vinicio le inhabilitaron su cuenta personal y/o Fanpage y literalmente lo borraron de la faz virtual del Facebook...Eso es todo.

 

 

 

 

 

 

 

Grid List

Como parte de las estrategias de fomento de la Donación de Órganos en el país, las dependencias adscritas al Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) como el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, realizaron el Concurso de Dibujo Infantil donde participaron 356 alumnos de nivel básico y dejar la información no solo para las nuevas generaciones, sino para padres de familia y profesores que puedan ser coadyuvantes a la cultura de donación de órganos.

La Coordinadores de Donación y Trasplantes de “Ciudad Salud”, Diana Lizeth Alfaro Silva informó que una de las estrategias para fomentar la cultura de donación es trabajar con los alumnos del nivel básico, para darles a conocer información acorde a la edad y generar conciencia sobre lo importante que es salvar vidas a través de la donación.

La entrevistada comentó que fue muy satisfactorio ver la participación de los estudiantes de primaria al inscribirse 356 pequeños con igual número de dibujos, por lo que se premió a los primeros lugares de las categorías anunciadas en la convocatoria, al tiempo de entregar 10 menciones honoríficas, entre ellas la de la alumna del Instituto Tapachula Vania Jolie Maldonado Carreño que estuvo acompañada de su maestra María Guadalupe López Guzmán.

Alfaro Silva enfatizó que la donación es el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud. En el proceso de donación se involucran aspectos médicos, sociales, psicológicos, éticos y legales: donde Ciudad Salud está en trabajo constante para fomentar la cultura que pueda prolongar vidas.

Por otra parte, los resultados de la Encuesta realizada por el Cenatra indican que el 94 por ciento de la población sí ha escuchado acerca de la donación, donde el 86 por ciento dijo estar de acuerdo con la donación de órganos o tejidos al fallecer, pero el 87 por ciento de los encuestados no están registradas como donadores, por lo que hace falta trabajar más en que la gente se registre para hacer oficial y legal la decisión de donar a la muerte de los individuos.

Dentro de la información publicada por el mismo Cenatra, los órganos y tejidos más solicitados son riñón, hígado, corazón, córnea, pulmón y páncreas donde existe una lista de espera en aumento, por lo que se hace muy necesario el fomento de la donación de órganos.

En Chiapas, además de las instituciones del Sector Salud que estánabiertas a la labor informativa, los Hospitales de Alta Especialidad tanto Pediátrica en Tuxtla Gutiérrez, como Ciudad Salud en Tapachula, están con las condiciones y certificaciones para llevar de la mano a los donadores a una tarea de salvar vidas. (iM-rrc).

 

 

 

La minera Penmont, propiedad de Fresnillo PLC, admitió que fue víctima de un hurto millonario mediante un asalto a un transporte de valores que les ofrece el servicio de traslado de minerales preciosos.

En un comunicado precisa que el ataque fue perpetrado cerca de las 19:45 horas, cuando el vehículo de la empresa SEPSA fue interceptado y asaltado por un grupo de personas desconocidas.

“Presumiblemente fue un comando que se trasladaba en seis vehículos en el camino a la mina para conectar con la carretera federal número 2, que va de Caborca a Sonoyta”, dice la empresa.

Y luego puntualiza: “Del asalto resultaron lesionados los tres empleados de la empresa de transportación de valores, que presentaron lesiones menores y fueron atendidos por personal médico de Minera Penmont, quienes fueron dados de alta tras atención y valoración”.

El consorcio minero, bajo el mando de Alberto Baillères y que presume ser “el más grande productor de oro en México y el líder mundial en plata”, demanda que las investigaciones “los lleven a conocer a los autores materiales e intelectuales del asalto encabezado, presumiblemente, por un comando armado”.

También advierte que Fresnillo PLC dará seguimiento a las investigaciones y las pesquisas que se realicen; coadyuvará con las autoridades y “estará pendiente para que esta investigación sea pronta y expedita”.

Los hampones se llevaron 47 lingotes de oro con un valor aproximado de unos 524 millones de pesos, de acuerdo con el precio estándar de este metal áureo el viernes.

En abril de 2015, en la mina El Gallo 1, de Sinaloa, ocurrió el robo de 7 mil onzas de oro valuadas en 130 millones de pesos y, según la consultora The Real Asset Co., este asalto significó el cuarto golpe más grande de la historia en su tipo.

Robo anterior

Proceso.com.mx publicó el 11 de agosto de 2015 que esta misma empresa sufrió otro asalto con un modus operandi similar.

En aquella ocasión, el comando se desplazaba a bordo de tres vehículos y le cerró el paso a un carro de valores que transportaba 4 kilogramos de oro y 100 onzas de plata en bruto (precipitado) con un valor superior a los 4.3 millones de pesos.

De este último ilícito nunca se reportaron detenciones o aseguramientos.

 

Periódico impreso edición No. 1772 del día 11 de Noviembre del 2019 .[Leer completo].

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que habrá consultar indígena en las comunidades que afectará el proyecto del Tren Maya y aseguró que su gobierno no impondrá “absolutamente nada”.

En el Diálogo con el Pueblo Maya Peninsular que encabezó en el marco de la gira que realiza por Yucatán, Quintana Roo y Campeche, el mandatario recibió de los lugareños la petición de que se someta a consulta indígena dicho proyecto que, en su derrotero de mil 500 kilómetros, afectará a numerosas comunidades autóctonas de la península, así como de Tabasco y Chiapas.

“Queremos llamarle la atención de contar con amplio apoyo para que nuestros territorios y la propiedad de nuestros ejidos y tierras no se vean afectados por la reciente presencia de despojadores de tierras, inmobiliarias que pretenden despojarnos de nuestras tierras”, expuso Rosalía Pool Pat.

Habitante del municipio de Chemax y primera oradora del evento, demandó también “la participación y la consulta con relación al Tren Maya y que tengamos un beneficio justo y equitativo para todos”.

La mujer pidió que se tome en cuenta la participación de la comunidad indígena y se les explique el beneficio que el proyecto del Tren Maya tendría para ellos.

“Desde hace mucho tiempo se ha venido manejando que los campesinos son los dueños de la tierra, pero vienen los de dinero, los empresarios, quieren comprar la tierra” cuando saben que habrá algún proyecto y los ejidatarios “venden en ingenuamente” y el único que se beneficia es el comprador.

En su turno, López Obrador respondió que “se está realizando la consulta, se va a seguir haciendo. No se va a imponer absolutamente nada. Lo que decía el presidente Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Reiteró que en diciembre se licitará la obra que generará una considerable derrama económica y miles de empleos en los estados del sureste sin provocar daño ambiental.

López Obrador también anunció la inminente creación de una empresa social que captará la producción de apicultura de los tres estados de la península, que son los principales productores del país, y se fijará un precio de garantía al producto.

“Había antes, según la información que nos dio el gobernador (Mauricio Vila Dosal), una empresa que compraba la miel y había un precio de garantía; entonces, le fue mal a esa empresa y ya no hay precio de garantía en la miel y, por eso se comete la injusticia de que Yucatán es el estado que más miel produce y, sin embargo, es donde pagan menos por la miel en todo el país, porque hay mucho acaparamiento, mucho coyotaje”, señaló.

Dijo que por ello, su gobierno creará “una empresa social, que va a comprar la miel a precio justo, precio de garantía, toda la miel de Yucatán, y vamos a buscar lo mismo para Campeche y Quintana Roo, todo lo que es la Península de Yucatán, que se tenga un centro de acopio para la miel”.

Una vez más, el mandatario dio el espaldarazo al gobernador, con quien aseguró tener una buena relación.

“Es un hombre responsable, honesto, que defiende los intereses del pueblo, no está ahí pensando en hacer negocio, cómo se quedan con las playas, como era antes, tener sus ranchos, sus mansiones, es una gente honrada, por eso nos llevamos bien”.

A su llegada a la Macro Terraza de la Expoferia de Temozón, López Obrador fue recibido por la comunidad con música prehispánica y por segunda vez en esta gira fue un ungido por un x’men (sacedorte maya) en una ceremonia tradicional.

Instantes antes, López Obrador y Vila Dosal fueron interceptados por manifestantes que exigieron justicia para los extrabajadores recién despedidos del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay). Simultáneamente otro contingente se plantó con la misma exigencia frente al Palacio de Gobierno en la capital del estado.