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Wed, Sep
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Periodistas y familiares del reportero Mario Leonel Gómez Sánchez, asesinado hace dos años, exi-gieron hoy a la Fiscalía General del estado (FGE) avanzar en las investigaciones y no encubrir a los autores intelectuales del crimen.

Henry y Nancy Gómez Sánchez, hermanos del reportero acribillado a tiros a las puertas de su casa, el 21 de septiembre de 2018, denunciaron que no confían en las investigaciones de la FGE y temen que el caso quede en la impunidad, porque el defensor de los criminales, Jorge Segis-mundo Rotter Díaz, es ahora fiscal de procedimientos penales.

Desde muy temprano, reporteros chiapanecos colgaron una manta en un puente peatonal, donde exigieron castigo para los autores materiales e intelectuales.

Hasta ahora están presos Juan David Martínez Trujillo, ‘El Machaca’, así como Pablo Pinto Gutiérrez y Leyver Acosta González, pero falta aprehender a otras cuatro personas que partici-paron en el crimen de Mario Gómez, aseguró Nancy.

Señaló que ‘El Machaca’ era el jefe del grupo, otro manejó la motocicleta y un tercero accionó el gatillo para ejecutar al periodista, mientras otros hicieron la labor de halconeo para vigilar los movimientos de su hermano días antes de su muerte.

Ellos, dijo, no actuaron por iniciativa propia, sino que cometieron el crimen a petición de uno o más autores intelectuales, y la FGE no ha querido llegar hasta el autor intelectual, pues ha deja-do las investigaciones sólo hasta los ejecutores del asesinato.

Nancy Gómez pidió a la FGE no solapar a quien mandó a matar a su hermano, que todos en su pueblo saben quién es y porqué lo hizo, pero es la FGE la que debe llegar hasta el autor de ese crimen y no dejar que todo quede en vox populi.

Los hermanos Gómez Sánchez también pidieron la declaración de las personas que nunca fue-ron citadas y manejan información previa a la muerte de Mario.

Y manifestaron que tienen miedo de que los autores materiales del crimen de su hermano que-den libres, pues están advertidos que si sucede, a los primeros que llegarán a matar es a ellos, “aunque mi familia ya está muerta desde que mataron a Mario”, remató Nancy.

Más allá de un cambio de la narrativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, la expectativa de padres y madres de las víctimas es que se lleven a cabo detenciones clave que conduzcan a conocer el destino final de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace seis años, y que permitan sancionar a responsables de la manipulación de la indagatoria, alerta Santiago Aguirre Espinosa, representante de los familiares de los normalistas y director del Centro de De-rechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

En víspera de cumplirse seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, Aguirre Espinosa hace un balance sobre los avances, pendientes y preocupaciones que subsisten alrededor del caso, cuyo abordaje por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que ser tomado como ejemplo para atender las más de 75 mil desapariciones de personas que prevalecen en el país.

La entrevista con el director del Centro Prodh ocurre días después de que el presidente López Obrador se reunió con familiares de los jóvenes desaparecidos en Palacio Nacional, el viernes 11, encuentro en el que se anunció que el sábado 26 el mandatario dará un mensaje sobre el caso.

“Algunas voces dentro del gobierno federal han estado diciendo que se necesita una nueva narrativa del caso. Eso no les gusta a las familias, no es su expectativa; quieren verdad y justicia. Pero si una nueva narrativa es hacer un recuento de las diferencias entre la verdad histórica y lo que hoy sabemos, enumerar las actuaciones realizadas puede ser útil y relevante para la sociedad mexicana”, destaca Aguirre Espinosa.

Sin embargo, alerta que madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos no quieren que se pretenda construir una nueva narrativa “a partir de fuentes no consolidadas y dudosas, que pueden abonar a la incerti-dumbre y a la zozobra de las familias”.

Explica que la preocupación de que se construya una “nueva verdad histórica” se deriva de la filtración de la declaración de un testigo de identidad reservada, que aún no ha sido corroborada, aunque forma parte del ex-pediente.

“El hecho de que se filtrara esa declaración lo interpretamos como que había una intencionalidad de decir que aquí hay un relato de cierre del caso, cuando todavía estaba madurándose”, agrega el defensor.

En la reunión del viernes 11, los padres y madres de los desaparecidos reiteraron al presidente esa inquietud, la misma que ya le habían manifestado en julio. López Obrador se comprometió con los familiares de las víctimas a no precipitar el cierre del caso.

La versión, que aún no ha sido corroborada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, es la de un presunto integrante de Guerreros Unidos, quien dijo que la noche del 26 de septiembre de 2014, integrantes de un grupo rival al suyo se habrían infiltrado entre los estudiantes; que la detención la operaron militares, policías municipales, estatales y federales; que los jóvenes fueron asesinados, “destazados” e incinerados en el crematorio de una funeraria; que los restos fueron esparcidos cerca de Iguala y Taxco y que quien coordinó el operativo había sido asesinado en 2018 (Proceso 2280).

Para el abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos, la forma tan desaseada como se llevó a cabo la investigación por parte de la extinta Procuraduría General de la República, “no permite reconstruir con precisión momento a momento qué es lo que ocurrió; ante esos huecos que todavía hoy tenemos, lo peor sería forzar una narrativa para llenarlos”.

Agrega que, como representantes de padres y madres, han coincidido con los expertos independientes en re-comendar a López Obrador no permitir que las investigaciones sean “susceptibles a presiones que lleven a ver-siones de cierre y conclusivas cuando todavía no es tiempo”.

Aguirre admite que el confinamiento declarado por la pandemia ha afectado desde procedimientos como el envío a la Universidad de Innsbruck de otros restos localizados en la Barranca de la Carnicería, donde se localiza-ron los de Christian Alfonso, ante la imposibilidad de volar a Austria, o el acercamiento de la Comisión para la Verdad con personas que están privadas de la libertad y podrían tener información sobre el paradero de los mu-chachos, ante las restricciones de visitas a los penales federales; de la misma manera, se ha convertido en una limitante para que los padres de los 43 normalistas lleven a cabo las manifestaciones que solían realizar cada mes.

A seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el abogado reconoce que la gravedad del caso significó un punto de inflexión para la sociedad, algo que no necesariamente ocurre con las autoridades.

“Falta todavía alinear más las voluntades de los distintos niveles de gobierno y de las propias ins-tituciones del gobierno federal hacia la priorización que requiere la crisis de desapariciones que tenemos en México, crisis que se mantiene porque las cifras de la Comisión Nacional de Búsque-da dan cuenta de que en estos dos años han seguido ocurriendo las desa­pariciones. El fenó-meno ahí está, no ha acabado ni ha cambiado. Las violaciones de derechos humanos no pueden acabar por decreto”, concluye.

Amigos y familiares de Lenin Eliovet Alejandro Cruz Solís, el joven de 23 años que desapareció en esta capital y posteriormente fue hallado muerto, sin órganos, participaron hoy en una protesta para exigir que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables.

La víctima estudiaba radiología en una escuela privada y daba su servicio social en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en esta ciudad.

La tarde del 29 de agosto, Lenín Eliovet le dijo a su madre que saldría con dos amigos, compa-ñeros del servicio social en el IMSS, pero nunca más volvió a su casa, localizada en el Barrio Gua-dalupe. 

Sandra Luz Solís Aguilar inició la búsqueda de su hijo, junto con familiares, preguntando en-tre los amigos, en la escuela, en el IMSS y en todos los sitios que el joven frecuentaba. Nadie dio alguna pista. Luego la madre presentó una denuncia ante la Fiscalía de Desaparecidos, que emi-tió la ficha de búsqueda.

El cuerpo sin vida de Lenin Eliovet fue hallado el 2 de septiembre a orillas del Río Sabinal, junto a un afluente con descargas de aguas residuales, a la altura de la colonia Patria Nueva, al norte-oriente de la capital del estado.

Pero lo que más sorprendió a las autoridades y a su propia familia es que Lenin Eliovet Ale-jandro no tenía algunos órganos internos.

De acuerdo con la madre, para poder tener esas pruebas solicitó al Servicio Médico Forense una copia certificada de la necropsia de ley, pero nunca se la quisieron dar.

En entrevista, refiere que su hijo no tenía vicios, hacía crossfit y se divertía sanamente.

No ha sido fácil enfrentar este dolor, dice, y lo peor es que la Fiscalía General del Estado pre-tende dar el carpetazo al asunto, pues ya no quiere seguir con las investigaciones. Por eso tuvo que salir a marchar y a exigir justicia por el crimen de su hijo.

Hasta ahora –subraya-- la FGE no ha citado a declarar a nadie, o al menos a ella no le han in-formado nada de las investigaciones, por lo que teme que el crimen de su hijo quede en la impu-nidad.

Tras la marcha de este jueves, Sandra Luz fue llamada a la FGE, y asegura que hay dos sospe-chosos que niegan haber estado con su hijo el día de la desaparición.

Finalmente señala que Eliovet Alejandro pudo haber sido víctima de una red de traficantes de órganos, por la forma en que apareció su cuerpo.

El día lunes 14 de septiembre miembros de 9 colonias del sur de la ciudad de San Cristobal de las Casas, Chiapas decidieron realizar una acción directa para llamar la atención de las autoridades ante la problemática de la escasez de agua en sus colonias, y   las invasiones y destrucción que se realizan en los humedales de Montaña María Eugenia que son una reserva ecológica.

Producto de las más de 16 horas de movilización, se firmó una minuta en la que el día de hoy 16 de septiembre del 2020 a las 11 hrs se tendría una reunión en el teatro de la ciudad Hermanos Dominguez con el secretario de gobierno Ismael Brito y el fiscal general Llaven Abarca.

Los ambientalistas esperaron por más de tres horas a las funcionarios , los cuales se encontraban con el gobernador Rutilio Escandon inaugurando las futuras instalaciones  de la guardia nacional y del palacio de Justicia.

En lugar de llegar a la reunión con los ecologistas , los funcionarios del gobierno de Chiapas decidieron ir a comer a un restaurante de lujo en la salida a Tuxtla Gutiérrez.

Manifestamos que es una falta de sensibilidad ante la población y los habitantes de la ciudad Del Valle de Jovel .. y contradice profundamente la política que ha impulsado el presidente  Lopez Obrador de la austeridad republicana..  las colonias y barrios de la ciudad ..  se organizarán para defender su Agua  y su territorio.. y queda claro que al gobierno del estado de Chiapas no le interesa el sufrimiento de los habitantes de las colonias.. ni la conservación de las áreas naturales protegidas .

Seguiremos defendiendo la Madre tierra !

El choque entre “ejidatarios autónomos” y pobladores de Tila ha dejado cinco personas muertas hasta ahora. Este lunes, los primeros bloquearon el camino con piedras y árboles caídos para evitar la incursión de policías estata-les.

El pasado viernes 11, los indígenas choles autodenominados “ejidatarios autónomos” llegaron desde diversas comunidades y, a punta de balazos, machetes y palos, tomaron el control del pueblo que, según dijeron, fue to-mado por miembros de un presunto grupo paramilitar llamado Paz y Justicia, y personas ligadas al ayuntamiento municipal, expulsadas hace tres años.

Desde hace algunos años los “ejidatarios autónomos” alegan que “Tila es un núcleo de población ejidal” y el caserío está asentado en terrenos ejidales, por lo que decidieron recuperarlo del ayuntamiento, que ya se había apoderado de sus tierras.

Los indígenas choles derribaron la presidencia y la Biblioteca Municipal, junto con otras oficinas de servicios públicos municipales y estatales, por lo que el ayuntamiento y su cabildo se trasladaron a la comunidad más cer-cana, Petalcingo.

Aquellos se propusieron modificar la forma de gobierno y recuperar la soberanía de su núcleo de población ejidal, y fue así que empezaron a construir su propia “autonomía y autogobierno ejidal”.

“Es por ello que, si este grupito de pobladores y avecindados conflictivos no están de acuerdo con nuestra au-tonomía, está libre la salida para que reconozcan su origen de donde vinieron y se pueden retirar, pero aquellas personas que desean tener la convivencia, tranquilidad, armonía y paz social, serán respetadas, así lo hemos he-cho hasta ahora”, advirtieron.

Asimismo, señalaron que Arturo Sánchez Sánchez, hermano de Samuel Sánchez Sánchez, fundador del grupo paramilitar Paz y Justicia y preso en el penal de El Amate, es quien encabeza al grupo de pobladores para ata-carlos.

Sin embargo, éstos aseguran que ellos están desarmados, y manifestaron que el pasado viernes 11 se vio a los choles bajar de las comunidades con palos, piedras, machete en mano y hasta armas de fuego, para atacar a los que ya no quieren el autogobierno de los “autónomos”.

En el ataque fueron asesinados Pablo Pérez Vázquez, de 47 años, y Elmar Martínez López, de 65. Al día si-guiente fueron hallados muertos y desollados Luis Aparicio Parcero Martínez, de 42 años, y Elidio Isaías de Zen-teno Trujillo, de 22, mientras que ayer fue encontrada muerto en el basurero una persona más del sexo mascu-lino de nombre Asunción “N”.

La Fiscalía General del estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) movilizaron desde el viernes y el sábado a cientos de policías estatales para intentar ingresar a Tila. Sin embargo, se queda-ron en el municipio más cercano, Yajalón.

Los “ejidatarios autónomos” tiraron decenas de árboles para obstruir el camino, así como piedras en varios tramos antes de llegar a Tila y, según los pobladores, se han asentado en los cerros con armas de fuego para es-perar a los uniformados.

Los ejidatarios alegan que ellos fueron los atacados primero cuando se trasladaron al lugar a desbloquear las entradas y fueron recibidos a balazos por personas armadas, dejando sin vida a Pedro Alejandro Jiménez Pérez y causando heridas a Ángel Darinel Vázquez Martínez, quien fue trasladado de urgencia a la ciudad de Vi-llahermosa, así como a Medardo Pérez Jiménez, Jaime Lugo Pérez e Isaías López Gómez entre otros.

“Quien provocó toda esta violencia es Eleazin Bárcenas, quien asesinó al joven, mientras que los jóvenes que comandaba este señor empezaron a dispararles a los ejidatarios que se tuvieron que replegar al monte; sin em-bargo, los seguían persiguiendo y disparando y por eso se dieron los hechos lamentables”, dijeron hoy los “autó-nomos”.

Señalaron a Arturo Sánchez Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez como “líderes paramilita-res de Paz y Justicia, expresos que todo el tiempo incitan a la violencia, entre otros ya mencionados en publica-ciones anteriores, que son personas provenientes de otros municipios y ejidos que han venido pisoteando los derechos de los ejidatarios”.

Uno de los pobladores inconforme con los “autónomos” señaló que rechazan el autogobierno porque cobran derechos de piso para todo, encarcelan injustamente a pobladores y cobran hasta para enterrar a los difuntos, cosas que antes no se hacían.

“Con el tema de la pandemia, a éstos se les ocurrió instalar portones en los accesos al pueblo. Pero con el puro objetivo de cobrar el paso al pueblo, incluso con los camiones que transportan materias de primera necesidad (medicamentos, alimentos, gas, agua). Sus autoridades han sido arbitrarias, déspotas y tajantes cuando se les cuestiona”, señaló.

El abandono del pueblo ha provocado cerros de basura en las calles, así como el cobro a todos los camiones proveedores de todos los negocios.

De acuerdo con el testimonio del poblador, quien pidió no dar su nombre por temor a ser asesinado, como las otras cinco personas, la gota que derramó el vaso fue el reinicio de la reconstrucción de un tramo carretero entre Tila y Yajalón, por el que los ejidatarios estaban cobrando dos millones de pesos a la empresa contratista para que lo hiciera.

Es un proyecto de envergadura federal y un convenio con los municipios de Ocosingo, Chilón, Yajalón, Tila y Salto de Agua, para que se rehabilitara todo ese tramo. Todo iba bien, hasta que toca este tramo correspondiente al municipio, donde a los señores se les ocurrió la idea de cobrarle a la empresa constructora dos mil pesos por dejarlos construir”, indicó.

Tila ahora vive horas de tensión, y los pobladores confrontados con los “ejidatarios” exigen el ingreso de la Guardia Nacional, pero han pasado ya cuatro días de esos ataques y el fiscal general Jorge Luiz Llaven Abarca dice que antes se agotará el diálogo y la negociación, y eso conlleva no dejar impune los crímenes perpetrados por cualquiera de los grupos.

El obispo de la Diócesis de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, negó que los tres sacerdotes señalados en el conflicto de Tila, tengan alguna culpa, ya que son otras las causas del conflicto que lamentablemente se ha provo-cado, por lo que reiteró que el papel de la Iglesia es únicamente ayudar a encontrar una solución.

“Que se actué con la verdad, que se haga justicia para estar en paz, no creo que los sacerdotes que están ahí en Tila sean los culpables, no creo sean ellos los que estén provocando esta situa-ción, son otras las causas del conflicto.  Si son culpables, hay que asumirlo pero no hay culpa en ellos, y no soy yo quien señale la causa, la raíz principal del problema”.

Aguilar Martínez aclaró que el papel de los sacerdotes y en este caso la Diócesis se limita a su-gerir que se tome en cuenta la parte de verdad que tiene cada grupo y que se ayude a caminar en un solo sentido y en unidad. “No tratar de ver de las dos partes quién tiene la verdad y quien tie-ne la culpa, porque eso es cuento de nunca acabar y ya van décadas con ese problema”.

“Se han entre mezclado soluciones parciales que no han sido adecuadas, revanchas, más bien sería buscar qué parte de verdad tiene cada grupo y también una invitación, como está el espíritu del Evangelio de este domingo, a perdonar de corazón, que pobladores y ejidatarios perdonen a la otra parte, que busquen caminar juntos, que busquen ayudarse unos a otros”, insistió.

Sobre el cambio de parroquia que había solicitado un sacerdote de Tila, comentó que el movi-miento se dará el día jueves, “es saludable el cambio de los sacerdotes, él mismo ya lo había pe-dido varias veces por su salud, estuvo delicado anteriormente, se ha recuperado, ya no quería estar al frente de la parroquia, nosotros solo estamos ayudando a que haya diálogo a escucharse”.

Asimismo, envió un mensaje a quienes mantienen bloqueado el acceso a Tila, para evitar in-gresen elementos de seguridad, “que sepan bajar la guardia y escucharse mutuamente, todos podemos aportar al crecimiento de la comunidad”.

Finalmente, confirmó que la Diócesis ha sido invitada por el Gobierno a formar parte de una me-sa de diálogo, “la Diócesis está insertada en la realidad humana y social, hay cientos de problemas y cientos de caminos de solución, los sacerdotes son parte de la realidad y de la colaboración para ayudar a destrabar problemas, somos parte de la búsqueda de una solución”.

La supuesta honradez de AMLO en tela de duda.

Empezando porque no se le conoce como se dice coloquialmente, ni oficio ni beneficio, pues que yo sepa nunca ha tenido algún trabajo, ni creo que haya pagado impuestos, salvo cuando tuvo algún cargo públi-co y sin embargo, pudo recorrer el país convocando reuniones y mítines que ya sabemos cuestan dinero; el aduce que sus ingresos los obtiene de las canonjías que le producen  la venta de sus libros que muy poca gente lee.

No explica a dónde fue a parar el dinero que recibió Bejarano de manos del empresario argentino Car-los Ahumada y más recientemente del dinero que su hermano Pillo López Obrador recibió miles de pesos de manos del Sr., David León funcionario del gobierno del ex gobernador Manuel Velasco Coello.

Por otra parte en su familia además de Pillo López Obrador, se encuentra su cuñada, miembro del Ayuntamiento de Macuspana que tuvo que renunciar al cabildo de ese pueblo por un faltante de más de 200 millones de pesos que fue reportado por el diario Reforma, lo que despertó la ira del Presidente califi-cando a este periódico, uno de los más importantes de México, como pasquín inmundo.

Tampoco es muy parejo en la repartición de fondos federales, pues a su pueblo natal le otorga más di-nero federal que a otros municipios del país con número semejante de población; a su estado le condonó la deuda que tenían sus pobladores con la CFE, que no produce ni un kilowatt de energía eléctrica, mien-tras que a Chiapas, un estado tanto o más pobre  que Tabasco y que produce grandes cantidades de ener-gía hidroeléctrica, no quiso condonar las deudas que su población tiene con la CFE y ahora que se aveci-nan las elecciones del año entrante, le da más dinero a los estados gobernados por Morena y a los estados en donde habrán elecciones para gobernador.

Así pues que además de terco, ignorante, paranoico, rencoroso y vengativo, no es parejo en la distribu-ción de los dineros del erario federal.

Digo   que es ignorante porque tardó muchos años en la Universidad para obtener su título, por lo que viendo la tardanza en la Universidad, unas personas le preguntaron ¿y cuándo vas a terminar tu carrera? Y el Peje le contestó: si no es carrera de velocidad.

La verdad es que no entiendo cómo es posible que todavía mucha gente lo apoya y por ello, yo me atrevería a preguntarle a sus fieles seguidores si su situación económica ahora es mejor que en años anteriores.

 

El avión presidencial que AMLO no quiso utilizar y ofreció desde su campaña venderlo, es un verdade-ro dolor de cabeza para él, pues no sabe qué hacer con él, ofreció primero venderlo y para ello, lo tuvo en un hangar en Estados Unidos con la esperanza de encontrar un comprador y cuando vio que no apareció ninguno, lo regresó a México sin utilizarlo y depreciándose cada día que pasa y como aquí tampoco ha encontrado comprador, decidió rifarlo y como eso tampoco podía hacerlo ideó una rifa del avión sin el avión y a cambio del avión se organizó una rifa de dinero en efectivo con premios de 20 millones de pesos por cada cachito de la lotería.

Como no se vendían los famosos cachitos, organizó una cena con empresarios a los que detesta, para casi obligarlos a comprar miles de cachitos y como todavía había muchos boletos sin vender, el mismo go-bierno a través de algunas instituciones como el INSABI o los sindicatos, compró cachitos que los repartió a escuelas y hospitales resultando ganadores varios de ellos; al final, fue el gobierno mismo quien compró buena parte de los cachitos y yo creo que allí se cometió un delito, pues ¿de qué partida se tomó el dinero para comprar cachitos?, triste realidad es que la rifa fue una verdadera farsa, pero el, en su mundo idílico en el que vive, lo considera un triunfo y ya se prepara para organizar otras rifas de carros, yates, obras de arte y joyería.

 

El coronavirus sigue haciendo estragos en México a pesar de las cuentas alegres de AMLO y de su voce-ro oficial, Dr. Hugo López Gatell, que al igual que su jefe, se burla de todas las críticas que recibe; por ejemplo la prestigiada revista médica The Lancet, publicó que el número de personal sanitario que ha muerto en México, es el mayor del mundo debido a las pésimas condiciones del equipo de protección con-tra los contagios del virus COVID-19, que reciben por parte de las autoridades sanitarias, López Gatell, respondió inmediatamente alegando que la revista médica tenía datos erróneos.

 

AMLO es enemigo de la libertad de expresión y desde su púlpito descalifica e insulta a los periodistas y críticos de su gestión, por ejemplo al diario Reforma lo llama pasquín inmundo y ataca a las revistas Nexos y letras Libres a la primera le impuso una desproporcionada multa de un millón de pesos por una supues-ta falla de 70 mil pesos y a la revista letras Libres, cuyo director es el historiador y escritor Enrique Krause y en voz de su aliado, Paco Ignacio Talibán II, lo conmina a quedarse callado o abandonar el país.

En vista de tantos ataques, un grupo de 650 intelectuales, artistas, periodistas, cineastas y libre pensado-res, publicaron un desplegado de prensa en el que le piden más mesura en sus declaraciones y dicen que ellos no son el enemigo a combatir y que los graves problemas que quieren ocultar con esta estrategia auto-ritaria, se deben cambiar o más bien se deban a una absoluta falta de claridad política.

Como de costumbre, AMLO descalificó de inmediato a los firmantes de este desplegado comparándo-los a los intelectuales que apoyaban a Porfirio Díaz; está visto que AMLO no acepta ninguna crítica a su gobierno y todos las califica como insultos.

 

El problema del agua es un verdadero problema para AMLO que no sabe cómo resolverlo y como de costumbre, tacha de un complot en su contra por parte del gobierno de Chihuahua Javier Corral y de otros personajes.

Este tratado se firmó en 1944 y la verdad es que es ventajoso para México, pues recibe más agua de la que aporta a los Estados Unidos.

Ya hace algún tiempo dije que las próximas guerras no serán por petróleo sino por agua y ya está suce-diendo en todo el mundo y aquí en nuestro estado ya se han suscitado enfrentamientos en varias comuni-dades por un manantial.

México ha pagado a Estados Unidos más del 80% del agua que debe y el resto pretendía pagarlo con aguas extraídas de la presa La Boquilla, pero los agricultores de esa zona, se oponen ferozmente a esa en-trega porque alegan que la presa está al 40% de su capacidad y sacar agua de ella, los dejaría sin la necesa-ria para sus cultivos, así que armados de valor se enfrentaron a la Guardia Nacional, obligándolos a aban-donar las instalaciones de dicha presa que quedó en manos de los agricultores.

¿Cómo respondió el gobierno federal? En lugar de tratar de convencer y dialogar con los agricultores, decidió enviar a mil elementos de la guardia nacional para mantener rodeados a los agricultores, matar a una mujer y dejar malherido a su esposo y luego la IUF comandada por Salvador Nieto, congelar las cuen-tas bancarias de algunos de los dirigentes supuestamente organizadores de las protestas incluyendo las cuentas de la Presidencia Municipal de Delicias; ya Nieto descongeló algunas cuentas pero no todas y se considera que es una forma del gobierno federal de amedrentar a los que protestan por este gran proble-ma.

Por el momento ya hay un franco enfrentamiento entre AMLO y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral que defiende a sus agricultores; con este torpe manejo de esta grave situación, lo que está logrando AMLO, es echarse más enemigos en todo el norte del país.

 

Es increíble la apatía y desinterés del gobierno estatal para resolver el problema en la población de Tila que ya ha dejado 4 muertos y mantiene en tensión a los habitantes de  ese municipio que han organizado protestas aquí frente al Congreso local y también en la Ciudad de México y lo único que piden es que el gobierno restablezca la paz en ese municipio, pero al gobierno local parece no importarle lo que están su-friendo  los pobladores de Tila.

Los seguidores de AMLO, descalifican a todos los que critican las políticas populistas de López Habla-dor tachándolos de fifís, conservadores y de no haber criticado la corrupción presente en la pasada admi-nistración.

Yo me considero un fifí, pues no puedo menos que criticar las pésimas decisiones y caprichos del ejecutivo, pero no recibo ni un centavo de nadie por mis críticas, pues lo único que busco es que cambie de actitud y programas, y que deje de insultar a la prensa y a los que critican su pésima administración y también les aclaro que yo sí critiqué a los gobiernos federales, estatales y municipales en las pasadas administraciones y a cambio de ellas, recibí algunas represalias como bloqueo de mi  computadora, la pintarrajeada de mi camioneta y por último el robo a mano armada por presuntos miembros de la judicial.

 

 

 

 

La lucha contra la pandemia del #COVID19 es cotidiana

Aunque los bajos índices de contagio del #COVID19  en Chiapas inducen al optimismo, la realidad es que no se puede relajar ni mucho menos  abandonar la lucha contra la pan-demia ni hacer a un lado las recomendaciones de los expertos.

La experiencia de  otras partes indica que donde se han confiado,  hay un repunte o re-brote de casos.

A eso se debe que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas -desde la mesa de seguri-dad que él encabeza cada mañana-  hace un  llamado a las autoridades municipales y a la ciudadanía para mantener en la práctica todas las recomendaciones- y entre más estrictas mejor-porque se están reduciendo el número de contagios y también de decesos.

La responsabilidad social que han mostrado los chiapanecos, es motivo de reconoci-miento de las autoridades federales.

Y a pesar de la emergencia sanitaria, la administración estatal  sigue trabajando para brindarle a todos un mejor desarrollo humano, principalmente a los menos favorecidos, porque al  colocarlos cuando menos en la media estatal de progreso y bienestar, se  dan pasos firmes en la construcción de un mejor Chiapas para todos. 

Pero, además de enfrentar la pandemia del #COVID19, el gobierno local tiene que combatir los padecimientos transmitidos por vectores -como por ejemplo,  zancudos o mosquitos- que  son el paludismo, el dengue, el zica, entre otras enfermedades, por lo que se está fumigando para evitar la proliferación de esos insectos.

La población puede hacer mucho al erradicar en sus domicilios los hospederos donde se crían esos bichos, y evitar así ser  blanco de otras enfermedades, que asociadas al #CO-VID19 se convierten en un peligro, incluso hasta mortal.

Mantener la pandemia controlada es una lucha de todos en Chiapas.

Nadie puede abandonar las medidas preventivas, porque  el virus del #COVID19  pue-de contagiar a las personas y   enlutecer más hogares.

Y como lo señala el gobernador: “Vamos bien, pero si participamos más, podemos estar mejor”.

En fin.

BALCON. El robo perpetrado ayer por una sofisticada banda de ladrones en un domicilio ubicado en la colonia La Salle, es una muestra de que la delincuencia está desatada en Tuxtla Gutiérrez y también pone de manifiesto la incompetencia del gobierno municipal en el rubro de la seguridad . La víctima es una dama muy conocida por su trayectoria en la administración pública y ayer mis-mo ella presentó su denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Asi que ahora le toca a los “ sherifes” que comanda el Maestro Jorge Llaven Abarca investigar el caso, dar con los ladrones y llevarlos ante la justicia...Eso es todo.

 

 

 

 

 

 

 

Dos años sin saber quién mandó a asesinar a Mario Gómez

Dos años se han cumplido desde el cobarde asesinato del reportero chiapaneco Mario Gó-mez y los autores intelectuales de su crimen permanecen en la absoluta impunidad. Las autoridades parecen apostarle al olvido de un hecho cuya justicia ha llegado “a medias”, entre viejas sospechas de complicidades evidentes y beneficios de inmunidad para asesi-nos aparentemente influyentes.

Mario fue asesinado la tarde del 21 de septiembre de 2018 a las afueras de su hogar, en el municipio de Yajalón, frente a su propio hijo. Dos personas sobre una motocicleta se aproximaron hacia donde se encontraba y tiraron a matar. Fue una ejecución captada por cámaras de seguridad que registraron el aterrador momento.

Entre la desolación de su familia y el escándalo de la ejecución pública, Mario fue tras-ladado en una ambulancia al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. Las balas de los ejecutores habían cumplido su encomienda. Poco se pudo hacer. El joven corres-ponsal del Heraldo de Chiapas se había sumado a la lista de 66 periodistas asesinados en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Según publicaciones del mismo Mario Gómez, documentadas por Artículo 19, el 15 de junio de ese mismo año el corresponsal del Heraldo de Chiapas recibió las primeras ame-nazas contra su integridad y la de su familia. Sólo un día después, el 16 de junio fue aler-tado por personas de la localidad sobre un grupo de al menos 7 personas esperándolo pa-ra privarlo de su libertad en cuanto apareciera en el centro de la cabecera municipal.

Después de la denuncia pública y penal, tras la presión realizada por organizaciones no gubernamentales, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), entonces a cargo de Raciel López Salazar, decidió asignarle protección especial que con el paso de las semanas terminó por diluirse. El día de su asesinato Mario y su familia estaban prácticamente in-defensos; y las amenazas se hicieron efectivas.

El 24 de septiembre la Fiscalía General anunció la detención del primero de los autores materiales, Juan Pablo N. Sólo unos cuantos días después se informó sobre la captura de Óscar Leyver N, alias “El Zapatudo”, y a Juan David N, “El Machaca”, este último, líder de una banda de narcomenudistas que operaba en Yajalón. Sin embargo, desde entonces un silencio sepulcral por parte de la Fiscalía envolvió el caso.

Bastaron tres días para detener a los autores materiales, pero han pasado dos años y los autores intelectuales siguen “sin ser identificados”. El proceso indagatorio se ha sumido en un letargo profundo. Esa es la precepción expresada por la familia de Mario mediante una entrevista realizada por la periodista Itzel Grajales a principios de año. De la supuesta pensión prometida por Manuel Velasco a los hijos del periodista tampoco ha habido nada.

Este lunes la familia de Mario nuevamente se manifestó en la capital de Chiapas para exigir justicia. Sin embargo, esta vez llegaron con nuevos temores. Los detenidos podrían ser liberados ante la falta de elementos y sentencias definitivas para mantenerlos tras las rejas y han amenazado con vengarse de la familia, aseguró la hermana durante una entre-vista otorgada a medios de comunicación.

Los hermanos del periodista además advirtieron un posible conflicto de intereses, pues denunciaron que -según documentos ministeriales- uno de los abogados que asumió la representación legal de los acusados en 2018, Jorge Segismundo Rotter Diaz, actualmente se desempeña como fiscal de Procedimientos Penales y eso, temen, podría estar interfi-riendo en el expediente.

Mario es el ejemplo claro de lo que sucede con la mayoría de los asesinatos a periodistas y acti-vistas en México, donde la justicia se reduce a la detención de chivos expiatorios o autores mate-riales para permitir que los verdaderos orquestadores de tan cobardes crímenes permanezcan en total impunidad. El caso de lo sucedido en Yajalón no estará cerrado hasta que todos los invo-lucrados sean identificados y finalmente se sepa ¿quién mandó matar a Mario Gómez?... así las cosas.

 

 

 

 

 

 

 

El 8 de septiembre de 2020, la Mesa de Trabajo sobre la reforma judicial, organizada por el Senado de la República, tuvo su primera sesión. Con ella inició formalmente la discusión en torno a distintas iniciativas presentadas por parte de senadores, diputados y otros acto-res, las cuales, si atendemos a su exposición de motivos, pretenden mejorar el acceso a la justicia. El resultado de este proceso legislativo, sin duda, tendrá un impacto en la manera en la que, como integrantes de la sociedad, ejercemos este derecho[1]. Sin embargo, es justo esta voz, la de la sociedad, la que ha permanecido marginada en los espacios de dis-cusión sobre las reformas que el Senado ha previsto hasta ahora.

Que quede bien claro: es muy positivo que los legisladores quieran mejorar la impartición de justicia y el acceso a ella en nuestro país. Es, en realidad, una tarea urgente. Muestra de ello es que, si lo enfocamos desde la materia penal —que suele ser la más observada—, la gran mayoría de los delitos queda impune. Y desde el lado del funcionamiento de los poderes judiciales, son patentes los problemas de ineficiencia y de falta de disponibilidad de los servicios, sobre todo a nivel local. A ello se le suman los casos de corrupción y el hecho de que, tradicionalmente, los poderes fácticos han buscado capturar al Poder Judicial para hacer un uso político de la justicia. El reto, como ven, es enorme.

Para atender estos problemas, desde el inicio del sexenio se ha hablado de la necesidad de una “reforma judicial”. Para ello, los legisladores federales y el mismo Poder Judicial de la Federación, mediante el Ejecu-tivo[2], han presentado alrededor de 80 iniciativas, que versan sobre muy distintos temas —esto sin con-tar las cerca de 200 iniciativas que también han presentado en materia de justicia penal[3], y que se suelen echar en el mismo saco de la reforma judicial—.

Si lo que queremos es motivar el interés ciudadano sobre el tema, lo primero es fomentar la compren-sión de lo que está en juego. Hagamos, pues, un primer deslinde en el conjunto de iniciativas. Una gran cantidad de ellas tiene que ver con los procesos de designación, el diseño y funcionamiento del Poder Ju-dicial Federal. Abarcan materias tan diversas como los cambios de adscripción de juzgadores, el combate al nepotismo, la competencia de la Suprema Corte para revisar resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la presentación de iniciativas de ley por parte del Consejo de la Judicatura, pari-dad de género, el establecimiento de evaluaciones de control de confianza a los aspirantes al ingreso y promoción de la carrera judicial o el desarrollo de un modelo de elección popular de los ministros de la Suprema Corte.

Varias iniciativas buscan reformar la justicia estatal. Entre ellas, destaca la iniciativa que un grupo de se-nadores de Morena presentó bajo el liderazgo de la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, y que busca fortalecer a los poderes judiciales locales mediante la selección de los magistrados por concurso de oposi-ción y fijar en la Constitución una garantía para que los poderes judiciales locales cuenten con un presu-puesto no menor al 2% del presupuesto general del estado. También se ha presentado una propuesta de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que regularía esta labor a nivel lo-cal. Asimismo, existe una iniciativa que pretende establecer como requisitos de elegibilidad para el cargo de presidente de un Tribunal de Justicia local la demostración de experiencia previa en el Poder Judicial y no haber sido miembro del gabinete del gobernador.

También se han presentado varias propuestas para fomentar la justicia digital, como es la iniciativa del senador Ricardo Monreal. Plantea una reforma al artículo 17 de la Constitución federal que sienta las bases del uso de tecnologías de la información en el desarrollo de la labor de impartición de justicia en todas las materias. Por su parte, la Diputada Pilar Ortega lideró una iniciativa de Código Nacional de Procedimien-tos Civiles y Familiares que busca promover el uso de nuevas tecnologías en ciertas etapas procesales.

Dos de cal...

Algunas de esas iniciativas, o facetas de ellas, son positivas. Ahí están, por ejemplo, la que se enfoca en el fortalecimiento de los poderes judiciales locales; la parte de la reforma de Zaldívar que tiene que ver con fortalecer la carrera judicial —aunque pudiera mejorarse— y con la apertura de más espacios para las mujeres, la erradicación del acoso sexual y la consolidación de la defensoría pública; las reformas que bus-can mejorar los procesos de selección de los consejeros de la Judicatura y de los ministros de la Suprema Corte, al establecer ciertos requisitos y prohibiciones. También es apreciable la propuesta de comparecen-cias públicas en la selección de magistrados locales, pues representaría un avance en términos de transpa-rencia y participación ciudadana. Asimismo, van en el sentido correcto las diversas iniciativas dirigidas, tanto al ámbito local como federal, para el establecimiento de la paridad de género como principio de se-lección de funcionarios del Poder Judicial en todos los niveles. Finalmente, las iniciativas en materia de justicia digital son de gran relevancia, aunque es muy importante analizarlas a detalle para que tomen en cuenta los diversos grados de avance que tienen los poderes judiciales en la materia y se fomente la imple-mentación de soluciones tecnológicas que garanticen el debido proceso y la transparencia en todo mo-mento.

Por otra parte, consideramos que otras iniciativas ponen en riesgo la independencia ju-dicial. Es el caso de la que propone crear una tercera sala en la Suprema Corte, que per-mitiría el nombramiento de cinco ministros adicionales en un solo sexenio, lo cual abriría la puerta a la selección de perfiles cercanos al Gobierno, expondría a la Corte a intereses políticos particulares o simplemente facilitaría la alteración de su equilibrio ideológico. La que propone suprimir los Consejos de la Judicatura estatales es, quizá, la más frontal en sus propósitos, pero no se quedan atrás las que proponen modificar los procesos de nom-bramiento de consejeros de la judicatura y ministros mediante el voto popular o procesos que solamente involucren al Legislativo. Y es por el costado de la pérdida de equilibrios que también algunos aspectos de la reforma de Zaldívar son cuestionables; como lo han comentado Hugo Concha o Julio Ríos, la reforma plantea una excesiva concentración de poder en la cúpula del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura. De acuerdo con estos investigadores, esta concentración amenaza la independencia del órgano a su interior, pero también lo hace vulnerable a in-jerencias externas. Finalmente, esta gran concentración implica, asimismo, un riesgo al ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia

El contexto importa

Es importante señalar que, si el anuncio de Ricardo Monreal se cumple, estas reformas se van a discutir en un contexto muy especial. Primero, el de un proceso electoral donde el Poder Judicial de la Federación, a través de su Tribunal Electoral, interviene. Dada la concentración de poder en una mayoría legislativa formada por el partido que llevó al presidente al poder, no es descabellado pensar que los legisladores po-drían tener la tentación de aprovechar las reformas para capturar o amenazar al Poder Judicial. Por otra parte, en el contexto de la contingencia por covid-19 —que ha detenido la prestación de la mayoría de los servicios de los poderes judiciales, lo que redunda en un rezago importante en muchos poderes locales—, la justicia digital, tema que no estaba inicialmente contemplado en la discusión, se ha vuelto urgente.

Para discutir reformas tan importantes, se necesita una visión integral, una reflexión profunda y una re-forma sin prisas. También se necesita un Parlamento abierto, donde jueces, magistrados estatales y federa-les, expertos académicos y de la sociedad civil puedan intervenir, compartir sus conocimientos y recomen-daciones.

En este sentido, desde México Evalúa impulsamos un Foro el año pasado para dar voz a los poderes judiciales —que entonces no la habían tenido—, así como a integrantes de sociedad civil y academia, para discutir la reforma judicial que merecemos.

Ahora, durante la inauguración de los trabajos sobre la reforma judicial, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Julio Menchaca, refirió que de hecho ya había iniciado el Parlamento abierto, y añadió que “las universidades, los colegios, las barras de abogados, los litigantes y la sociedad en general” podrán ser parte de la discusión. Pero al 15 de septiembre no se había dado a conocer alguna convocatoria que abriera el registro para los interesados. Cabe remarcar: solamente se puede considerar Parlamento abierto un proceso basado en la transparencia y que incluya a una pluralidad de voces de expertos de la sociedad civil y de la academia, así como de los poderes judiciales de todos los niveles.

La decisión de abrir o no este espacio dejará en claro si la verdadera intención de los legisladores consis-te efectivamente en mejorar y ampliar el acceso a la justicia o, por el contrario, lo único que pretenden es fortalecer el control político sobre los poderes judiciales. En particular, se podrá saber si la 4T iba en serio cuando dijo que quería hacer las cosas de maneras distintas o si quiere dejar una huella más en la tradición del uso político de la justicia.

Esto está en juego, nada más ni nada menos.

Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa y Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) es investigadora del mismo. Las autoras agradecen las revisio-nes de Pablo García.

El proceso legislativo sobre la reforma judicial tendrá un impacto en la manera en la que, como inte-grantes de la sociedad, ejercemos este derecho. Sin embargo, es justo esta voz, la de la sociedad, la que ha permanecido marginada en los espacios de discusión.

[1] Es preciso señalar que la modificación de las leyes no es la única vía para mejorar la impartición de justicia De hecho, ésta depende también, y en gran parte, de la voluntad política de los tomadores de deci-sión en los poderes judiciales, los cuales pueden implementar muchos cambios desde adentro. En cierta medida, estos cambios pueden depender de la disponibilidad presupuestal con la que se cuenta, sobre todo a nivel estatal, donde muchos poderes judiciales han tenido restricciones que les han impedido desa-rrollarse de manera adecuada. Esta disponibilidad, a su vez, depende de la voluntad de los poderes ejecu-tivo y legislativo, pues son los que intervienen en la discusión y aprobación presupuestal. El tema de los recursos es tan importante que algunas de las iniciativas de reforma planteadas lo incluyen.

[2] Dado que el Poder Judicial de la Federación no tiene la atribución para presentar iniciativas legisla-tivas, el Ejecutivo aceptó presentar la “Reforma Judicial con y para el Poder Judicial” que propuso el pre-sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldí-var.

[3] Algunos de los temas abordados por estas iniciativas son la ampliación o limitación de la prisión preventiva, creación de fiscalías en materia de feminicidios, supuestos de flagrancia o presentación de medios de prueba durante la audiencia inicial en materia de prisión preventiva oficiosa, para mencionar solamente algunas. Tam-bién se espera que el propio Fiscal General de la República presente sus tan anunciadas propuestas de refor-ma, después de la salida en falso que dio al respecto a inicio del año. Si bien los senadores parecen querer discutir estas reformas y las que tienen que ver con la “reforma judicial” en un mismo momento, se trata de temas muy distintos y ponerlos todos en la misma canasta puede dificultar su discusión, confundir al público y quizás generar incentivos perversos.

 

 

 

La semana pasada el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, llevó a la Cámara de Diputados el segundo Informe de Labores que Claudia Sheinbaum presentará este jueves 17. Lugar importante en dicho informe tendrá su expli-cación sobre cómo la pandemia la obligó a concentrarse en dos áreas de atención priorita-ria: 1. el reforzamiento a los servicios de salud, y 2. La generación de apoyos económicos para la población y las empresas (créditos, seguro de desempleo, vales de alimentos, etc.). Esto implicó adecuaciones y gastos extraordinarios que llegaron, durante el segundo tri-mestre, a 4 mil 900 millones de pesos.

Junto a esas dos áreas prioritarias, el Gobierno de la CDMX ha seguido trabajando en otras seis: a) igualdad de derechos, b) ciudad sustentable, c) más y mejor movilidad, d) CDMX capital cultural, e) cero agresión y más seguridad y f) ciencia, innovación y trans-parencia.

Al día siguiente de la entrega, el miércoles 2, Sheinbaum dio a conocer su Plan de Reactivación Económica para el Bienestar de la Ciudad. Nuestra gobernadora señaló que ante la pérdida de empleos provocada por la pandemia de covid (calculados en alrededor de 220 mil) este plan aspira a generar 330 mil empleos de aquí a 2021. Con ellos se tratará de fortalecer proyectos estratégicos, no sólo para la economía sino, sobre todo, para lo que ella calificó como “el bienestar de las familias”, que implica seguridad, mejor movilidad y calidad de vida.

Este plan tiene 10 ejes estratégicos que enumeraré brevemente.

El primero es el relativo a los derechos sociales e incluye las becas, las pensiones y otros apoyos sociales, así como la apertura de una línea de microcréditos; el segundo es el de la inversión pública que se destinará a la reconstrucción de viviendas, a obras de infraestruc-tura educativa y social, así como instalaciones sanitarias y parques, con la consiguiente generación de empleos; el tercero implica 580 proyectos de construcción a cargo de la iniciativa privada, con lo cual se espera generar más de medio millón de empleos; el cuar-to es la revitalización del centro histórico, con una meta en la redensificación de viviendas y una inversión de 270 millones de pesos; el quinto es un proyecto de “reindustrializa-ción” de Vallejo, que incluye un Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica junto con un programa de desarrollo urbano.

El sexto consiste en convertir a la CDMX en una meca del turismo, para lo cual se promoverán museos, restaurantes, hoteles y otros servicios turísticos y se buscará la certi-ficación de safe (segura) que da el Consejo Mundial de Viajes y Turismo; el séptimo eje beneficia a quienes tienen que hacer trámites y consiste en su simplificación, además de la digitalización de los documentos personales que siempre piden en las oficinas guberna-mentales (acta de nacimiento, CURP, etc,); el octavo es un proyecto estratégico con obras para el mejoramiento de la movilidad en la zona oriente de la CDMX, y con la conexión con el nuevo aeropuerto, que incluye un tramo de viaducto elevado. También en este eje se encuentra la renovación de la feria de Chapultepec; el noveno trata acerca del aprove-chamiento de los residuos urbanos, entre ellos los de la construcción, y el objetivo es no sólo un ahorro que mitigue costos sino también el uso sustentable y ecológico de los resi-duos; finalmente, el décimo eje consta de 15 mil empleos temporales, que se enfocarán a limpieza del espacio público y cuidado de las áreas verdes.

No es poca cosa que en la presentación de su Plan de Reactivación Económica Shein-baum estuviera acompañada del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín; del presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Enri-que Téllez, y del presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Si bien la presencia de estos personajes fue un mensaje potente, el hecho de que todos los puntos de dicho plan se articulen a partir de sus dos principios guía –la innovación y los derechos– fortalece su “estilo de gobierno”.

En relación con este “estilo”, Natalie Kitroeff, de The New York Times, publicó un re-portaje el sábado 5, donde destaca “el delicado equilibrio” que la jefa de Gobierno ha mantenido con AMLO.

Según Kitroeff, la estrategia de Sheinbaum ha sido “seguir los preceptos de la ciencia, mientras se niega a criticar al presidente”. La periodista recoge las palabras de la jefa de Gobierno: “Voy a cumplir con lo que yo creo” al mismo tiempo que señala que AMLO le dijo: “Siempre ponte de acuerdo con Hugo”.

Aunque la tarea no ha sido fácil, pues sus perspectivas difieren, Sheinbaum reconoce que se han tratado de coordinar, puesto que aunque exista “una diferencia particular del uso del cubrebocas o no, de si hacer más pruebas en determinado momento o no, eso es menor frente al fondo de la transformación de nuestro país”. Y Sheinbaum dice: “Yo no voy a entrar en contradicción con el gobierno de México”.

 

 

 

 

 

 

 

Los economistas agoreros del desastre de una crisis económica que no lo es, sino de un pa-rón decretado por los gobiernos de casi todo el mundo, se encuentran en situación com-prometida porque ninguno acertó en el momento adecuado. Nos han engañado y nos han hecho sufrir de más en un momento de gran tribulación.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dijo en junio que el PIB de 2020 se iba a reducir en un -6.5%. Ahora corrige y asegura que la disminución será de -3.7%, casi la mitad, mas entre aquel primer pronóstico y el día de hoy no hay más de 75 días. Esa insti-tución dijo también en ese mismo mes de junio que la tasa de desempleo anual (2020) llegaría a 9.3%, pero ahora considera que será de 7.6%.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que agrupa a casi tres de-cenas de países, entre ellos los más ricos, había calculado una disminución del PIB de Es-tados Unidos en el -7.3% para el año 2020 y ahora la estima en -3.8%, casi la mitad. Esa misma OCDE había calculado que en 2020 China iba a ver disminuido su PIB en -2.6% y ahora habla de un crecimiento de 1.8%, es decir, el gigante asiático iba a tener recesión, pero hoy se considera que tendrá crecimiento.

La OCDE acaba de anunciar que la caída mundial de la economía será “menor que lo esperado” (por ese mismo organismo). Ahora considera que la economía global va a de-crecer en -4.5% y que en 2021 habrá crecimiento de 4.6%, es decir, que de un año para el otro se compensará la disminución del valor de lo producido para igualarse el siguiente, 2022. ¿De qué crisis estamos hablando?

La tasa de desempleo de Estados Unidos, calculada hacia abril en 14.7 y en junio en 9.3%, en realidad será, se dice, de 7.6%. En cuanto a la inflación, originalmente estimada para este año en 0.8%, se va a ubicar en 1.2% para todo el año de 2020 y el objetivo de la Fed de alcanzar el 2% se logrará en 2023.

Dice ahora la OCDE que la contracción de la economía mexicana en 2020 será de -10.2% y que en 2021 crecerá a tasa de 3%. El gobierno mexicano calcula una disminución del PIB de -8.2% y un crecimiento de un 4% en 2021. Aquí las cifras ya no son tan grose-ramente dispares, pero sigue la competencia. Al menos, no se está, como en los casos de España e Italia, presagiando una disminución de más del 12.8% frente a una bajada mun-dial de sólo -4.5%.

Si en cualquier crisis económica con fuerte recesión los pronósticos suelen ser poco firmes, en el parón económico todo resulta un tanto caótico porque la economía no habla por sí misma sino al son que le toque la autoridad sanitaria de acuerdo con indicadores de contagio.

Lo peor es que se ha desatado una especie de tétrica competencia sobre qué economías sufren más decrecimiento, desempleo y pobreza incrementada.

Como economistas de todos los países, fieles a su profesión y, naturalmente, a lo que aprendieron en sus escuelas, empezaron a adivinar el futuro inmediato, hemos recibido una lección más: si bien el cálculo económico tradicional nunca ha sido lo mejor, ahora es lo peor.

Las calificadoras de riesgos financieros y los bancos también han hecho su festín de predicciones equivocadas y han inundado con éxito las crédulas redacciones de periódi-cos con toda clase de cálculos inexactos y abusivos que se han publicado con evidentes fines amarillistas. Si a esas fuéramos, cualquiera podría hacer pronóstico económico y lo-grar su divulgación. Lo más vergonzoso es que esos economistas jamás se autocritican ni explican el origen de sus errores.

Se ataca al gobierno mexicano por resistirse a usar el crédito para subsidios fiscales o cobertura de préstamos privados. Sin embargo, en una u otra medida, en casi todas partes se ha hecho lo mismo. En Europa se ha sustituido débito por adelantos de aportaciones presupuestales, con lo cual se han beneficiado los países más atrasados y endeudados. En Estados Unidos se cerró pronto la llave del déficit porque no hay acuerdo en el Capitolio sobre a quién subsidiar y en que cuantía.

Casi todas las personas o empresas han perdido algo en la pandemia del covid-19, con la excepción de los procesos de concentración de capital que se han profundizado. Nego-cios y Estado han recibido menos ingresos, así como también los trabajadores lanzados al desempleo y muchos pequeños comerciantes.

Estamos a mediados de septiembre y no sabemos cómo terminará el año. La incorpora-ción a la actividad de más unidades económicas, así como la reposición de consumos inte-rrumpidos, no está totalmente clara, pero no por motivos económicos sino sanitarios, es decir, el curso de la pandemia y sus posibles rebrotes. ¿Se puede eso calcular?

No estamos en crisis económica sino en parón por decreto. Esto debemos entenderlo para no hacer el papelón de la OCDE y ni siquiera de la Fed, para ya no mencionar al FMI que ha estado peor. Los economistas corporativos se han equivocado de fea forma por la necedad de repetir fórmulas tradicionales, propias de otra clase de fenómenos.

Así como en el Decamerón de Bocaccio algunos se reúnen para narrar cuentos durante la epide-mia con el fin de distraerse en un momento de enorme tribulación general, con el fin de contra-rrestar su miedo, economistas de casi todo el mundo se han estado reuniendo telemáticamente para hacer apocalípticas predicciones que generen más miedo. Lo enigmático de la narración ac-tual estriba en que no se conoce aún lo que en el fondo se pretende. Al final, habría que ajustar cuentas intelectuales por tamaño despropósito.

 

 

 

 

 

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El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa reconoció que hay voluntad por parte de las autoridades y comuneros de Chenalhó para resolver el conflicto limítrofe con Aldama y se encuentran analizando que 32.5 hectáreas queden para el vecino municipio  y 27 hectáreas para Santa Martha.

En un comunicado de prensa, aseguran que una representación del Comité Digna Ochoa acu-dió a la asamblea celebrada en la comunidad de Saclum, a donde se dieron cita alrededor de mil personas, entre comuneros e integrantes de los Bienes Comunales del Sector Santa Martha.

“En la asamblea manifestaron que el día anterior y durante la mañana antes de la asamblea se reportaron disparos provenientes del lado de Aldama. Por supuesto que esta Asamblea se reali-zó en la lengua tsotsil totalmente y las personas participaron de acuerdo a sus formas tradiciona-les”, dicta el informe de Digna Ochoa.

Asimismo, cita que como asistentes estuvieron representantes de las 124 comunidades de Chenalhó, el presidente municipal y el delegado de gobierno de la región, donde se buscó reto-mar los acuerdos que las 59.5 hectáreas se quedaban del lado de Aldama y se establecía una in-demnización a los bienes comunales de Sector Santa Martha.

“Se presentó a consideración de la asamblea la información en donde se narró que del lado de Aldama rechazan la propuesta de comuneros de Santa Martha de que para solucionar el conflicto agrario se repartan por igual las 59.5 hectáreas en disputa, es decir del 50 y 50 por ciento. Y se presentó otra propuesta para ser analizada y presentada en la mesa de diálogo con el Gobierno de Chiapas”.

Por último, Digna Ochoa informa que acordaron realizar una nueva Asamblea para dar una res-puesta a las autoridades, ya que los representantes consideraron necesario informar a sus co-munidades y que las mujeres también puedan opinar y dar su palabra.

 

Bajo el argumento de que son imprecisas las facultades del nuevo funcionario, la Universidad Au-tónoma del Estado de México (UAEMex) se amparó contra la designación de Victorino Barrios como titular del Órgano Interno de Control (OIC).

Además, el rector Alfredo Barrera se negó a asignar una oficina a Barrios Dávalos --sobre quien aún pesan señalamientos por la llamada “Estafa Maestra”–, por lo que eventualmente despacha desde un restaurante ubicado frente al edificio administrativo de Rectoría.

La designación del contralor de la UAEMex por parte de la Legislatura mexiquense, el pasado jueves 10, tenía un retraso de casi tres años, pues la Universidad se había amparado en contra de esta facultad, como parte de los contrapesos del sistema estatal anticorrupción.

Al resolver el amparo en revisión 1050/2018, el año pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó otorgar la protección de la justicia a la UAEMex, que además se había inconformado contra el artículo 130 de la Constitución local, que reconoce a los integrantes de los organismos públicos autónomos como servidores públicos sujetos de respon-sabilidad administrativa, patrimonial, del sistema estatal anticorrupción y de juicio político.

Esta norma también les obliga a la presentación, bajo protesta de decir verdad, de la declara-ción patrimonial, de intereses y fiscal, ante las autoridades competentes, y en primera instancia fue impugnada durante el rectorado de Jorge Olvera, hoy titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhem).

Barrera Baca reconoció que hace un par de semanas la Universidad entabló un nuevo amparo, pues “no hay claridad sobre lo que esta nueva figura va a hacer”.

Si bien los artículos 61 y 130 constitucionales establecen que un contralor debe prevenir, in-vestigar y sancionar actos de responsabilidad administrativa o actos de corrupción relativos al ejercicio de los recursos públicos, el rector afirmó que hay un vacío jurídico que debe clarificarse.

Es necesario, indicó, reformar la Ley, el Estatuto y el Reglamento universitarios, pues actual-mente reconocen el nombramiento como atribución del rector. Hasta que eso ocurra, dijo, podrá asumir el cargo el titular del OIC.

Por su parte, Victorino Barrios advirtió que, a pesar de la falta de voluntad del rector, ya ejer-ce sus funciones, de manera que esta misma tarde se reunió con Santiago Nieto, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), y tentativamente el viernes 25 lo hará con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en busca de clarificar la supuesta participación de la UAEMex en la triangulación de recursos entre Sedesol y empresas fantasma.

En tanto, Anuar Azar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), anticipó que impugnará la negativa del rector, y si bien no se ha definido la figura jurídi-ca correcta para promover el recurso, ésta podría ser el “desacato”, pues la decisión no debe cuestionarse porque la SCJN ya determinó que el nombramiento es facultad de la Legislatura.

El panista no descartó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tome alguna decisión sobre el tema y decida entablar alguna denuncia y/o realizar algún extrañamiento. “Exigimos que el nombramiento se respete, con todos los derechos y obligaciones que implica”, de otra ma-nera, dijo, el rector dará la impresión de que algo oculta.

Además de legal, abundó, la designación de Barrios Dávalos es legítima, pues fue avalada por unanimidad, sin cuestionamiento de ninguna de las bancadas.

 

 

 

 

Periódico impreso edición No. 1979 del día 22 de Septiembre del 2020    .[Leer completo].

Casi un año después de la muerte del niño Evan Omar Polina, de dos años, a causa del cáncer, sus padres, y la litigante del movimiento #YoTeDefiendo organizado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunciaron por homicidio al presidente Andrés Manuel López Obrador, al director del IMSS, Zoé Robledo, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En un video de 01:26 minutos, grabado cerca del plantón instalado por los miembros de FRENAAA, quienes exigen la renuncia de López Obrador, Andrea Rocha Ramírez, abogada de las causas del PRD, explicó el por qué se les acusa de homicidio a estos políticos en funciones.

“El pequeño Evan se atendía en la Clínica 25 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León. El día 26 de mayo del 2019 fue diagnosticado con cáncer. A partir de ahí sus padres decidieron llevarlo a la clínica para que iniciara su tratamiento, pero muchas veces le negaban las quimioterapias y eso fue deteriorando su tratamiento.

“En una ocasión, Evan tuvo una recaída, lo que ocasionó una metástasis y, pues, lamentable-mente el 16 de diciembre del año 2019 el pequeño perdió la vida, y el día de hoy está aquí su mamá para presentar la denuncia del presidente”, indicó, de acuerdo con la grabación difundida por Youtube.

En respuesta, una usuaria de ese canal, Martha Alicia, comentó: “Padres de niños con cáncer, les recomiendo unirse al movimiento FRENAAA. La unión hace la fuerza, debemos obligar al demente López Obrador a que presente su renuncia por inepto, por omiso, corrupto, cuyas ac-ciones han dañado enormemente a México en todos los aspectos: salud, seguridad, economía, educación, etcétera. Nuestra solidaridad y cariño para ustedes”.

Trascendió que la denuncia fue interpuesta a nombre de los padres de Evan, Lorena Aguilar y Morar Misael Polina Torres. Rocha Ramírez detalló que la culpa del deceso del infante fue la falta de medicamentos para el neuroblastoma fase 4 que padecía.

“Queremos que esta situación de la falta de medicamentos en el sistema de salud pública de México se judicialice a fin de evitar más decesos de nuestros niños por negligencia de estas auto-ridades”, añadió Rocha Ramírez.

Adelantó que la semana próxima presentarán otra denuncia similar por el fallecimiento de otro menor a causa de la escasez de medicamentos en el sector salud.

El IMSS rechazó que la muerte de Evan fue ocasionada por la falta de medicamentos, pues “desde que Evan fue diagnosticado con la enfermedad, se le proporcionaron los medicamentos y servicios médicos que requirió durante su tratamiento” y ofreció los informes médicos de la jefa de Servicios de Pediatría en Nuevo León, la doctora Sayda Fuerte Olvera.

En entrevista radiofónica, la cofundadora de Apadrina un Niño, Verónica González, comentó que siguen a la espera de una respuesta final respecto al desabasto de medicamentos para niños con cáncer, porque los padres tienen que firmar un documento para responsabilizarse por ingre-sar al hospital los medicamentos para sus hijos que adquirieron en otro sitio.

“Pese a amparos que han interpuesto los padres de familia, solo reciben respuestas a corto plazo. Solo uno o dos meses reciben medicamentos y luego enfrentan un nuevo problema de des-abasto”, añadió.

El 12 de septiembre, la asociación Manitas Pintando Arcoiris informó que la escasez de medi-camentos contra el cáncer en el IMSS en Nuevo León y su encarecimiento por la pandemia de covid-19 provocó la muerte de seis niños con esta enfermedad durante lo que va de este mes.

Por eso, y si la sentencia de la FGR no les favorece, acudirán a la Corte Interamericana de De-rechos Humanos (CIDH).

Los amparos

El 18 de febrero pasado, la dirigencia estatal del PRD, junto con Rocha Ramírez, presentaron un amparo intermedio ante los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) contra la omisión de entrega de medicamentos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para respetar el derecho a la salud, informó el presidente del perredismo hidalguense, Héctor Chávez Ruiz.

“Acudimos a este Poder Judicial para que se haga una denuncia por la falta de entrega de me-dicamentos por parte del Insabi. Con ello arrancamos esta campaña de ‘Yo te Defiendo’ que consta de brindar asesoría jurídica a todos aquellos pacientes que se han visto afectados por la falta de entrega de medicamentos”, añadió.

Rocha Ramírez, la abogada encargada de interponer este amparo, responsabilizó a la Secreta-ría de Salud de Hidalgo; al director del IMSS, Zoé Robledo; del Instituto de Seguridad y Servi-cios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, y el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.

Explicó entonces que este era el octavo amparo interpuesto a nivel nacional y tenían cerca de 67 casos a los cuales le está dando seguimiento. Además, exhortó a las cámaras de Diputados y Senadores a emitir un decreto para definir las operaciones del Insabi.

El 18 de septiembre, director del IMSS, Zoé Robledo, encabezó la sesión semanal del grupo de trabajo para la atención de pacientes oncológicos, donde se acordó, de manera conjunta, que en caso de haber faltante de algún medicamento en farmacia, se avise a las Oficinas de Representa-ción del IMSS en los estados, unidades médicas u hospitales para que se resuelva de manera oportuna, indicó en un comunicado.

La sesión trabajo es entre autoridades del IMSS y madres de niños con cáncer. En este caso fue para la atención de pacientes pediátricos bajo tratamiento oncológico, a la que asistieron sie-te madres de familia que representan a familiares de diversas entidades, y participaron directo-res normativos y de áreas médicas.

“En la sesión se acordó de manera conjunta, madres y autoridades, que en el caso de haber fal-tante de algún medicamento que se indica en la receta y no se tenga en la farmacia, se avise a las Oficinas de Representación del IMSS en los estados, Unidades Médicas de Alta Especialidad u hospitales para que se resuelva de manera oportuna”, añadió.

Destacó que se instruyó al director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja Aburto, y al coordinador de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), Efraín Arizmendi Uribe, a rea-lizar reuniones para sensibilizar al personal médico, incluyendo a los delegados sindicales, e in-formar de los acuerdos y decisiones que se alcanzan en estas reuniones, a fin de mejorar la co-municación y calidad en la atención.

Además, se informó que en la sesión estuvo presente el director general de la Asociación Me-xicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP (AMANC), José Carlos Gutiérrez-Niño, quien dio a conocer el Registro Único de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, proyecto que tiene por objeti-vo contabilizar el número de niños con cáncer infantil con información epidemiológica y clínica, y que permitirá complementar los esfuerzos que realiza el Seguro Social en el desarrollo de su propia plataforma.

Al respecto, la directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Claudia Vázquez Espinoza, in-formó que se avanza en la plataforma para la atención de pacientes pediátricos oncológicos del IMSS, en la capacitación de los médicos para el uso de esta herramienta y dotarlos de la tecnolo-gía necesaria a fin de realizar el registro y calendarización de citas para los tratamientos.