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Sun, May
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La candidata a la presidencia municipal de La Concordia, por el Partido Popular Chiapaneco, Lucero López Maza, de 28 años, fue asesinada a balazos junto con otras cinco personas, entre ellas una menor, durante “un enfrentamiento entre civiles armados”, en un acto de campaña política, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

“De acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados durante un acto de campaña política con la presencia de la candidata”, explicó en un escueto boletín de prensa la dependencia.

De acuerdo a testimonios de habitantes de la localidad localizada en la región de la Fraylesca de Chiapas, la comitiva de la candidata fue interceptada en una gasolinera ubicada sobre la carretera de la comunidad La Independencia a la cabecera municipal, cuando regresaba de un evento político.

La Fiscalía señaló que “tuvo conocimiento de la noticia criminal por medio del Centro de Emergencia 911 de Villaflores, que reportó un enfrentamiento entre civiles armados en el crucero de la colonia La Independencia, de La Concordia”.

Afirmó que dos personas resultaron lesionadas, todas por impacto de proyectil de arma de fuego, y que “de acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados durante un acto de campaña política con la presencia de la candidata” del Partido Popular Chiapaneco, de registro local.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, como primeros respondientes, confirmaron el deceso de seis personas: tres del sexo femenino, una de las cuales era menor de edad, y tres del sexo masculino, agregó la Fiscalía. La dependencia no dio a conocer los nombres de las víctimas.

Informó que a través de la Fiscalía de Distrito Fraylesca, inició investigación “en contra de quién o quiénes resulten responsables de los hechos de violencia en los que perdieron la vida seis personas en La Concordia”.

La Concordia se localiza en la región de la Fraylesca, colindante con Chicomuselo, donde el pasado lunes se registró la masacre de 11 personas, entre ellos dos catequistas de la iglesia católica, en sus domicilios, en el contexto de enfrentamientos entre dos bandas del crimen organizado que se disputan el territorio de la frontera con Guatemala.

En la región de la Fraylesca también se han presentado diversos eventos de confrontación entre grupos delincuenciales; que han dejado ejecuciones, los pobladores se han quejado del cobro de piso, sobre todo ganaderos y agricultores. 

Miles de maestros y maestras de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon este miércoles e iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido para exigir la abrogación de la reforma educativa y el cumplimiento de otras demandas de carácter educativo, laboral, económico, sindical y de justicia social.

De manera simultánea, cientos de maestros de la Sección 7 de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas del Nivel de Educación Indígena (NEI), que no participarán en el paro de labores por considerar que “no existen condiciones”, iniciaron un bloqueo en la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, informó el dirigente suplente, Alfonso López Entzín.

El cierre de la vía comenzó alrededor de las 10 horas a la altura del kilómetro 46, ubicado en la entrada a San Cristóbal, y el objetivo es exigir a las autoridades educativas la solución de varias demandas.

Otro grupo de profesores de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 protestó y colocó mantas en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

En un comunicado, señaló que “la situación actual del gremio magisterial es precaria y hundida en la pérdida de las conquistas sindicales y los derechos laborales, mismos que son violados de manera sistemática a través de las imposiciones y modificaciones a la ley que atestiguan el carácter antipopular de la junta administrativa.

“Desde la llegada del partido Morena a la Presidencia de la República y las gubernaturas de algunos estados, se han concretado políticas que en otros sexenios no se habían podido lograr; y es que, gran parte del pueblo que optó por la táctica de la coyuntura burguesa, da testimonio a casi el final del sexenio de la atroz realidad”.

Agregaron: “En el magisterio no fue la excepción y muchas de las bases magisteriales fueron crédulas y confiaron en un cambio ante las elecciones del 2018; sin embargo, se encuentran anegadas en la pérdida de sus derechos y arrastrados por el reflujo político, situación que es imprescindible romper.

Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, dijo en rueda de prensa que las demandas del magisterio son añejas y están sin resolver, “como el incremento salarial; la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que nos quitó la posibilidad de que las mujeres se jubilen a los 28 años y los hombres a los 30; de tener una pensión solidaria. Es un derecho que se ganó con sangre de los compañeros. Es una conquista que nos arrebató el gobierno en 2007”.

Aseguró que “en 2012 nos arrebataron la bilateralidad con la reforma laboral y educativa de Enrique Peña Nieto, pero este gobierno tampoco ha abrogado la mal llamada reforma educativa. Por eso exigimos la abrogación de la nueva mal llamada reforma educativa, ya que no han regresado el verdadero papel de sindicato para la defensa de los derechos de los trabajadores”.

El dirigente magisterial advirtió que “mientras no veamos un nuevo decreto y una ley en la que regrese la bilateralidad, la lucha no cesará”.

Durante la marcha, los maestros exigieron que se reparen los daños ocasionados por la reforma, como son las plazas omitidas, “ya que han sido afectados muchos compañeros; hay plazas canceladas en Chiapas y hace falta crear más de cinco mil plazas, de las cuales más de tres mil corresponden al sector indígena”.

González Vázquez aseguró que a los maestros interinos se le paga 3 mil 200 pesos a la quincena sin derecho al ISSSTE, además de que siempre les pagan al año y ya existe un adeudo.

Otras de las demandas de la Sección 7 son que “funcionen la Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro y Beneficio Social (Fabes) como se originaron: que la recuperación de los préstamos se haga vía nómina. No le estamos pidiendo al gobierno inyección de recursos, sino que respete la funcionalidad de esos organismos como se crearon por los trabajadores. Por lo tanto, no es un asunto de presupuesto, sino de voluntad política”.

Después de la marcha, los docentes instalaron un plantón en la plaza central, al tiempo que se instaló la asamblea estatal para definir las acciones que realzarán los profesores en los próximos días si el gobierno federal y estatal no les da respuesta a sus demandas.

En los enfrentamientos que desde el pasado viernes sostienen integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CS) en el municipio de Chicomuselo en la región de la Sierra de Chiapas, 11 personas han sido asesinadas en el ejido Nuevo Morelia, entre ellas dos servidoras de la Iglesia Católica, informaron fuentes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

La Fiscalía General del Estado confirmó en un comunicado muy escueto el homicidio de las 11 personas; asesinatos que aseguró se registraron en las últimas horas en la comunidad Morelia.

La dependencia afirmó que el Grupo Interinstitucional (Ejército, Guardia Nacional), encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través del Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo realizaron el levantamiento de los cuerpos haciendo un reconocimiento médico de los mismos y efectuando la diligencia de identificación de cadáveres con los familiares.

Señaló que para garantizar la paz en la zona se realiza las investigaciones por lo que el Grupo Interinstitucional compuesto por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías, llevan a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades.

La diócesis de San Cristóbal de las Casas informó que está recopilando la información y probablemente emita un comunicado, aunque “cuesta la comunicación con la zona y además hoy se está en atender las exequias” de los pobladores asesinados”.

La fuente que pidió el anonimato dijo desconocer cómo ocurrieron los hechos, debido a que existe poca comunicación con la zona, en parte, de que uno de los grupos dañó la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y varias comunidades se encuentran sin el servicio de energía eléctrica.

Habitantes de Chicomuselo informaron el domingo que desde el viernes se han registrado enfrentamientos entre integrantes de bandas del crimen organizado, y que han escuchado versiones de que ha habido varios muertos, pero hasta ahora ninguna dependencia del gobierno lo ha confirmado.

Desde hace tres años, carteles de narcotráfico se disputan las regiones Sierra y fronteriza de Chiapas, colindante con Guatemala, provocando ejecuciones, enfrentamientos, desapariciones, desplazamiento forzado, cobro de derecho de piso, quema de vehículos, suspensión del transporte público y bloqueos carreteros constantemente.

Estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa lanzaron este lunes artefactos explosivos contra la fachada de Palacio Nacional de Ciudad de México durante una protesta por la excarcelación de ocho militares supuestamente implicados en la desaparición de 34 de sus compañeros en 2014.

La Policía Militar que resguarda el recinto histórico ha recurrido a los escudos y a extintores en el interior, según recoge el diario mexicano ‘El Universal’. Los estudiantes subieron a camiones para retirarse tras el lanzamiento de los artefactos.

El pasado jueves ocho militares acusados de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa fueron excarcelados de la prisión del Campo Militar 1-A.

Los 34 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.

Durante años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defendió que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, pero los normalistas denuncian que se trata de un crimen de Estado.

México es el país con el índice de terror político más alto de toda la región de Latinoamérica y el Caribe, con un nivel cuatro de cinco en la escala, de acuerdo con datos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Dicho nivel, apunta la agencia estadounidense, responde a “violaciones de los derechos civiles y políticos que se extienden a gran parte de la población. Los asesinatos, las desapariciones y la tortura son algo común en la vida diaria. El terror en este nivel afecta principalmente a aquellos que se interesan por la política”.

La USAID define la Escala de Terror Político (ETP) como las violaciones a los derechos humanos básicos y a la integridad física de una persona por parte de agentes del Estado dentro de los límites territoriales del país en cuestión. La agencia advierte que esta clasificación “ofrece información sobre el comportamiento de los gobiernos en relación con el autoritarismo, los derechos humanos y la corrupción, que tiene importantes ramificaciones contextuales para el desarrollo”.

A finales de febrero de 2023, siete jóvenes regresaban a sus casas en Nuevo Laredo tras una noche de antro. Al pasar por la colonia Cavazos Lerma, patrullas militares comenzaron a seguirlos y, finalmente, decidieron chocar la camioneta de los jóvenes por detrás para detenerlos.

Uno de los sobrevivientes narró que, tras el impacto, militares abrieron fuego contra los civiles. Como resultado, cinco de ellos perdieron la vida en una ejecución extrajudicial admitida por el mismo presidente López Obrador días después.

Pese a testimonios de los sobrevivientes, el militar a cargo de aquellas patrullas señaló que abrieron fuego debido a que escucharon disparos; sin embargo, la misma Sedena informó que en la camioneta de los civiles no se encontraron armas.

A la fecha, dos militares involucrados en las supuestas ejecuciones están presos.

De acuerdo con la información de la agencia estadounidense, la escala cuatro que se le asignó a México responde a información de tres organismos diferentes: el Departamento de Estado de Estados Unidos, y las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El resultado lo determinaron programadores de la Universidad de Carolina del Norte en Asheville. Según la información, se analizaron y estudiaron los informes de derechos humanos de 2023 de las dos organizaciones y del Departamento de Estado de EU, y a partir de ello se asignó una puntuación entre uno y cinco.

Además, el Instituto Legalium sitúo a México con una calificación de 0.25 sobre 1 en terror político. Esta institución basa su indicador en las escalas de terror político de Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de EU, enfocándose principalmente en subíndices como violencia política, represión del Estado, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, uso de tortura, encarcelamientos políticos y muertes de civiles a manos de elementos gubernamentales.

Desde 2016, México se ha mantenido en la escala cuatro de terror político, y según el ranking de la USAID, nuestro país es el número uno en toda la región y el número 17 a nivel mundial.

Otros países que se encuentran en la misma escala son Brasil y Venezuela. México está a un escalón del nivel cinco que, de acuerdo con la USAID, indica que “el terror se ha extendido a toda la población. Los líderes de la sociedad no ponen límites a los medios ni a la minuciosidad con la que persiguen objetivos personales o ideológicos”. Con información El Sol de México.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están en el centro de la crisis de estupefacientes más peligrosa y mortal que Estados Unidos haya enfrentado jamás, aseveró la DEA.

La Agencia Antidrogas Estadunidense dio a conocer este jueves la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, (NDTA, por sus siglas en inglés) de 2024, que incluye un mapa que documenta la presencia de ambas organizaciones criminales en los 50 estados de la Unión Americana.

De acuerdo con la evaluación estratégica integral de ese organismo sobre las amenazas y tendencias del narcotráfico que ponen en peligro a Estados Unidos, la principal prioridad es reducir la oferta de drogas mortales en el vecino país y derrotar a los dos cárteles responsables de la gran mayoría del tráfico de drogas en Estados Unidos.

De acuerdo con Anne Milgram, administradora de la DEA, la crisis de intoxicación por drogas sigue siendo un problema de seguridad pública, salud pública y seguridad nacional que requiere un nuevo enfoque.

“El cambio de drogas de origen vegetal, como la heroína y la cocaína, a drogas sintéticas de origen químico, como el fentanilo y la metanfetamina, ha resultado en la crisis de drogas más peligrosa y mortal que Estados Unidos haya enfrentado jamás”, aseveró Milgram, y añadió:

“En el centro de la crisis de las drogas sintéticas están los cárteles de Sinaloa y Jalisco y sus asociados, a quienes la DEA está rastreando en todo el mundo. Los proveedores, fabricantes, distribuidores y blanqueadores de dinero desempeñan un papel en la red de traición deliberada y calculada orquestada por estos cárteles. La DEA seguirá utilizando todos los recursos disponibles para atacar estas redes y salvar vidas estadounidenses”.

En el comunicado que acompaña el informe se menciona que las muertes relacionadas con las drogas cobraron 107 mil 941 vidas estadunidenses en 2022, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El fentanilo y otros opioides sintéticos son responsables de aproximadamente el 70% de las vidas perdidas, mientras que la metanfetamina y otros estimulantes sintéticos son responsables de aproximadamente el 30% de las muertes.

El fentanilo, remarca, es la mayor y más urgente amenaza de las drogas en el país.

La DEA señala que las plataformas de redes sociales y las aplicaciones cifradas extienden el alcance de los cárteles a todas las comunidades de Estados Unidos y a casi 50 países de todo el mundo.

“Los narcotraficantes y sus asociados utilizan la tecnología para publicitar y vender sus productos, cobrar, reclutar y capacitar mensajeros y entregar drogas a los clientes sin tener que reunirse cara a cara. Esta nueva era del tráfico digital de drogas ha empujado el tráfico de drogas de las calles de Estados Unidos a nuestros bolsillos y carteras”, alertó la agencia.

Asimismo consigna que los cárteles han creado asociaciones mutuamente rentables con empresas de precursores químicos con sede en China para obtener los ingredientes necesarios para fabricar drogas sintéticas.

“También trabajan en asociación con organizaciones chinas de lavado de dinero para blanquear los ingresos de las drogas y utilizan cada vez más criptomonedas”, sostiene.

Fabricadas en México

Casi todas las metanfetaminas que se venden hoy en Estados Unidos se fabrican en México y son más puras y potentes que en años pasados, sostene la DEA.

“El cambio hacia la metanfetamina fabricada en México se evidencia en la dramática disminución de las incautaciones de laboratorios clandestinos nacionales. En 2023, el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) de la DEA documentó 60 incautaciones de laboratorios clandestinos de metanfetamina nacionales, lo que supone una cruda comparación con 2004, cuando se incautaron 23 mil 700 laboratorios clandestinos de metanfetamina en Estados Unidos”, asegura la DEA.

En el informe, la agencia detalla que los cárteles de Sinaloa y Jalisco controlan redes criminales organizadas en todo el mundo que desempeñan un papel en la producción y distribución de fentanilo, metanfetamina y otras drogas ilícitas por toneladas.

“Operan extensas cadenas de suministro globales, desde precursores químicos hasta instalaciones de producción, y dirigen una compleja red de conspiradores que incluye transportistas internacionales, transportistas transfronterizos, funcionarios corruptos, constructores de túneles, empresas fantasma, blanqueadores de dinero y otros.

“El alcance del control de los cárteles de Sinaloa y Jalisco sobre cada segmento del tráfico criminal de drogas ha eliminado efectivamente cualquier competencia en los mercados estadunidenses y ha permitido a los miembros de los cárteles establecer una presencia en todos los estados de Estados Unidos”.

En este punto el informe adjunta un mapa en el que, con distintos grados de intensidad, se muestra qué tan fuerte es la presencia de los cárteles en cada uno de los estados de la Unión Americana.

De acuerdo con el gráfico, los estados con mayor presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa son California, Arizona, Texas, Florida, Illinois, Nueva York y Massachusetts. Le siguen Nuevo México, Colorado, Georgia y Carolina del Norte.

“Juntos, los cárteles de Sinaloa y Jalisco han causado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos. Ellos dictan el flujo de casi todas las drogas ilícitas hacia Estados Unidos, y su dominio sobre el comercio de drogas sintéticas en particular es evidente en el incesante flujo de fentanilo y metanfetamina ilícitos que cruzan la frontera hacia los mercados estadounidenses”, asevera el reporte.

“La facilidad y el bajo costo de producir estos medicamentos a gran escala en México los hace altamente rentables. La metanfetamina cristalina que venden los cárteles es más potente y más barata que en cualquier otro momento de la última década.

“Además, los cárteles comercializan deliberadamente fentanilo ilícito en forma de pastillas para imitar los medicamentos recetados de marca registrada; como resultado, muchos estadounidenses están comprando y consumiendo drogas ilegales que creen que son medicamentos recetados legítimos.

“La venta de drogas se hace posible mediante aplicaciones de mensajería encriptadas y abiertas y redes sociales, utilizadas tanto por miembros de cárteles como por traficantes callejeros para anunciar, organizar entregas y recibir pagos rápidamente, todo en un solo dispositivo y con una exposición mínima. Combinados, estos factores dificultan la detección y alimentan los envenenamientos por drogas en Estados Unidos a manos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco”, expone el documento.

Expansión global

Según la DEA, el Cártel de Sinaloa opera en al menos 47 países alrededor del mundo. En lugares como China, obtiene precursores químicos, trafica metanfetamina y refuerza los contactos con grupos de ese país.

También suministra metanfetamina a otros países asiáticos, como Tailandia, y a países como Australia y Nueva Zelanda, donde el costo de la metanfetamina es muchas veces mayor que en Estados Unidos.

En América del Sur, agrega, el Cártel de Sinaloa negocia envíos de miles de kilogramos de cocaína a México con destino al mercado estadounidense, o a Europa, Australia y Nueva Zelanda, donde la cocaína genera hasta diez veces más ganancias que su venta en Estados Unidos.

Países de Centro y Sudamérica albergan contingentes permanentes de miembros del Cártel de Sinaloa que coordinan los envíos de cocaína o la importación de precursores químicos para su traslado hacia México, ocultando el verdadero origen del envío.

Históricamente, agrega, los cárteles mexicanos han utilizado lugares del continente africano como puntos de transbordo de cocaína con destino a Europa.

En tanto, el CJNG está activo en más de 40 países de América del Sur, Asia, Europa y África.

“Se han vuelto competitivos en estos mercados rentables muy rápidamente, dada la ventaja de más de 30 años de su rival, el Cártel de Sinaloa, como organización de narcotráfico. El CJNG estableció centros de distribución en España a principios de 2023, como parte de su plan en curso para expandirse a los mercados europeos de drogas”, sostiene el informe.

Venta con emojis

De acuerdo con la DEA, las redes sociales extienden el alcance de los cárteles de Sinaloa y Jalisco directamente a los teléfonos de los consumidores de drogas, con consecuencias potencialmente fatales.

“Los grupos de narcotráfico utilizan las redes sociales para publicitar y realizar ventas de drogas ilícitas. Los distribuidores y compradores suelen utilizar emojis, códigos numéricos o lenguaje codificado para comunicar la disponibilidad y el interés en los medicamentos.

“Las redes sociales permiten a los traficantes publicar fotografías y precios de los medicamentos disponibles para la compra, compartir ubicaciones de venta mediante pines de ubicación en mapas, entregar medicamentos a los clientes a través de aplicaciones de viajes compartidos y comunicarse con sus socios criminales y clientes a través de aplicaciones de mensajería abiertas o cifradas”, detalla el informe.

La agencia destaca además que las redes sociales sacan gran parte del tráfico de drogas de las calles, protegiendo a los traficantes de la atención de las autoridades.

“Las cuadrillas callejeras y los pandilleros también reclutan nuevos miembros utilizando las plataformas de redes sociales. Estas plataformas y aplicaciones también se utilizan para alardear de viajes, dinero, automóviles, armas y ropa; e intimidar a grupos criminales rivales blandiendo armas, alardeando de los crímenes cometidos o amenazando con actos de violencia”.

Ahora, hace roncha con los cabecillas el frente opositor

 

Urgente, una reforma radical que lo ponga en su lugar 

El gobierno de México descansa en tres poderes, como nos lo enseñaron en la desaparecida, en tiempos neoliberales, materia de Civismo. Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se regulan entre sí, pero el judicial se está convirtiendo por azahares de la prepotencia, en el máximo poder conservador que trata de imponerse sobre los otros poderes, principalmente por medio del amparo y los juicios de inconstitucionalidad. Todo lo que legisla el poder Legislativo y no gusta al bloque conservador, a las derechas, a los reaccionarios, el Judicial lo echa por la borda, o actúa oponiéndose, o asumiendo posturas que no le corresponden, como por ejemplo el estar constituyéndose, en ministerio público, juez, jurado y verdugo, por obra y gracia del capricho de la Presidencia de la Corte, en manos de la ministra ultra conservadora, Norma Piña.

Esta semana, los conservadores del llamado Fuerza y Corazón por México, que aglutina a derechas de chile y manteca, especialmente el tal Alito Moreno del digamos que ya desaparecido Partido Revolucionario Institucional, conspiraron con Piña y obviamente que en contra del presidente López Obrador, gratuitamente odiado por muchos mexicanos, sobre todo los que perdieron sus privilegios y sus chayotes con la llegada a la Presidencia de la República del tabasqueño, quien continúa siendo el objeto del odio no obstante que solamente le quedan cuatro meses para entregar la banda presidencial a la triunfadora en las elecciones del ya cercano 2 de junio. (Afortunadamente para los morenistas, cada vez que sus enemigos (AMLO asegura que no tiene enemigos sino adversarios) defecan odio, sus puntos en las más importantes encuestas se incrementan y se mantiene en los primerísimos lugares de los mandatarios más populares del mundo.

Este jueves 16 de mayo, el doctor Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría en el Senado, y presidente de la Junta de Coordinación Política de la misma instancia legislativa, salió a la defensa de López Obrador, quien es víctima de la postura facciosa de la Corte, con la cual este Poder Judicial pone en riesgo su función, al generar una mayor confrontación ante el actual proceso electoral.

En ese sentido, el doctor en Derecho, y catedrático en la Facultad respectiva de la UNAM, calificó de preocupante que el ministro Juan Luis González Alcántara, propuesto por el presidente López Obrador, haya convocado a una reunión de funcionarios judiciales con el PRI y el PAN, afectando así la imparcialidad y objetividad del órgano de justicia.

Por otro lado, el coordinador de los senadores de Morena señaló la pretensión de la Corte de invalidar el artículo 19 constitucional y de eliminar la prisión preventiva oficiosa de facto, “como una muestra clara del atentado contra la división de Poderes”. A esos hechos se suma que Norma Lucía Piña se desempeñe como coordinadora de la campaña de la facción integrada por PRI-PAN-PRD.

De acuerdo con Monreal, un Poder Judicial así no genera confianza y no le sirve al país, ya que decidió ser parte del proceso: Cuando los gobiernos progresistas ganan elecciones y asumen el Poder, casi de manera invariable se presentan dificultades para ejercerlo plenamente en base a sus constituciones y leyes. Los órganos judiciales actúan como órganos retardatarios y en franca oposición a quienes son electos popularmente. Ante esta realidad es muy necesario que el poder legislativo inicie, en la primerísima oportunidad, el análisis y la discusión de una Reforma Judicial profunda para democratizar la función de ministros, magistrados, jueces y toda la estructura del Poder Judicial de la Federación.

FORTALEZA DE 10 PARTIDOS

En la recta final de las campañas políticas, donde la carrera por la presidencia ocupa la atención de la sociedad porque es donde se definirá el rumbo del país y por el morbo acendrado alimentado por la virulencia de las redes sociales.

En menor grado, pero no de menor importancia para los chiapanecos, es la ruta a la gubernatura, la cual está prácticamente decantada a favor del “Jaguar Negro” quien marcha solo y sin contrincantes de peso.

Y así, sin color y peso transitan cansinamente varios candidatos a los que se les conoce solo por el color de los partidos que los respaldan pero que no maduraron en el trayecto.

El electorado ve con desconfianza a los que no conoce, a los que solo ve por posters, afiches o espectaculares.

Las campañas en cada municipio podrían subir de tono, hay inconformidad por candidatos que llegaron de “golondrinos” y el esfuerzo de Morena es avanzando a full.

Morena en Chiapas tiene varios frentes, varios grupos le permitieron la entrada de Priistas, panistas y hoy buscan hacer equipos.

La fortaleza política de Eduardo Ramírez Aguilar al representar a “10” partidos políticos (incluyo al PRD porque su líder ha dicho abiertamente que apoyan al “Jaguar Negro”) lo ponen como una bandera segura de triunfo y es por ello se observa a candidatos bajar guardias y caminar sus municipios con discursos débiles, repetitivos y que se apoyan en AMLO Sheinbaum y Ramírez Aguilar para su imagen.

La ruta del “Jaguar Negro” rumbo al palacio es segura, y es de dominio público, considero es el momento de apretar tuercas a la maquinaria morenistas, cada candidato debe entender que de llegar a su objetivo tiene que trabajar mucho y en equipo, el comiteco ya tiene esa información, quienes han callado y quienes están trabajando fuerte porque quieren servir igual que el candidato de los “10” partidos.

Políticamente en campaña podrían ser cobijados con el “manto negro” pero eso no sucederá ya en la administración felina.

Puntos Suspensivos…

Poco le ha importado a la candidata del distrito 6 de Chiapa de Corzo, Flor Esponda el que haya grupos en los municipios que manifiesten su inconformidad en contra de la ex alumna universidad del ITESM, la finísima dama sigue despachando como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y en sus ratos libres hace campaña ¿Cuál es la seguridad que tiene la diputada local?  Me indican que la ex alumna del Tecnológico de Monterrey ante una posición, buscando espacio al Congreso federal no está obligada a renunciar, pero ¿Por qué no inicio por respetar a la sociedad? recibe recursos para campaña y al mismo tiempo cobra una dieta con representatividad de 6 comisiones que representan más dinero.

México cuenta hoy con un gobierno que se autodenomina de izquierdas y que plantea una narrativa electoral en la clave del enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, entre los progresistas y los conservadores, los honestos y los corruptos, aquellos que transforman y aquellos que son reaccionarios. ¿Es realmente así? ¿Qué significa hoy ser de izquierda o ser de derecha?

Históricamente la división del espectro político entre la derecha e izquierda se basaba en las posiciones económicas y de justicia social de los partidos o personas que los sostenían. 

La izquierda pugnaba entonces por una distribución justa de los recursos y oportunidades para todos los miembros de la sociedad, la igualdad de derechos y oportunidades para todos y un papel activo del Estado en la regulación de la economía y la provisión de servicios públicos como educación, salud y seguridad social. 

La derecha, a su vez, defiende el derecho a la propiedad privada y la idea de que los individuos deben ser recompensados por su esfuerzo y éxito, sosteniendo que cada individuo es responsable de su propio bienestar y éxito, y promueve un sistema económico basado en la libre competencia y la mínima intervención estatal.  

En términos de los valores sociales, la izquierda –por definición– se asociaba con las ideas progresistas, mientras que la derecha con las posiciones conservadoras. La izquierda apostaba por la búsqueda del cambio social y político para mejorar las condiciones de vida de las personas y construir una sociedad más justa e inclusiva, mientras que la derecha defendía los valores tradicionales y las instituciones establecidas, como la familia, la religión y la nación. 

Esta manera de organizar o entender el espectro político no ha dejado de ser del todo vigente –los partidos políticos, analistas y ciudadanía la siguen utilizando–, aunque ante los fenómenos recientes resulta ser cada vez menos clara y, quizá, menos útil. ¿Qué ha cambiado? 

En las últimas décadas, especialmente a partir de la caída de la Unión Soviética, se ha dado una convergencia de políticas económicas entre partidos y líderes de izquierda y de derecha: todos se han recorrido hacia posiciones más céntricas. Con ello muchos partidos socialdemócratas y laboristas tradicionalmente asociados con la izquierda han adoptado políticas económicas más centristas, como la promoción del libre comercio, la reducción de la regulación empresarial y la reforma del estado de bienestar (como el Partido Laborista del Reino Unido bajo el liderazgo de Tony Blair o el PSOE, de José Luis Rodríguez Zapatero). 

Al mismo tiempo algunos partidos conservadores y liberales tradicionalmente asociados con la derecha han abrazado políticas que antes se consideraban de izquierda, como la inversión en infraestructura y la intervención estatal para estimular el crecimiento económico (por ejemplo, la CDU de Angela Merkel o el Partido Conservador británico de Boris Johnson).

A la par, han cambiado las preocupaciones y los intereses de los votantes. Los temas como la identidad (con un enfoque creciente en cuestiones como la raza, la etnia, el género, la orientación sexual y la religión), la cultura (con debates sobre temas como la inmigración, la integración, la globalización y el multiculturalismo) y la seguridad han adquirido una mayor importancia en el debate político, llevado a realineamientos políticos en muchos países, con nuevas coaliciones y divisiones que trascienden la dicotomía izquierda-derecha.

Por ejemplo, algunos partidos de izquierda han perdido el apoyo de los votantes de la clase trabajadora que se sienten más atraídos por los llamamientos culturales y de seguridad de los partidos populistas de derecha. Este fenómeno lo experimentó el Partido Socialista francés, perdiendo votantes en favor del Frente Nacional, o el Partido Demócrata estadunidense que ha visto una erosión del apoyo entre los votantes blancos de la clase trabajadora en estados del Medio Oeste que en 2016 votaron por Donald Trump. 

Finalmente, en las últimas décadas han surgido movimientos políticos que desafían la clasificación tradicional de izquierda y derecha, en particular el populismo y el nacionalismo. No es extraño ya encontrar a populistas de izquierda que pueden combinar políticas económicas redistributivas con una retórica antiestablishment (como el partido griego Syriza, liderado por Alexis Tsipras, o Podemos en España), mientras que algunos movimientos populistas de derecha pueden combinar políticas nacionalistas y anti-inmigrantes con críticas al libre comercio y la globalización (es el caso de los republicanos bajo el liderazgo de Trump o el partido húngaro Fidesz de Viktor Orban). 

El nacionalismo de izquierda, a su vez, puede combinarse con políticas económicas proteccionistas y redistributivas (Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia), mientras que el nacionalismo de derecha puede enfatizar la preservación de la identidad cultural y la restricción de la inmigración (Frente Nacional en Francia o el partido Ley y Justicia en Polonia).

Lo que complica aún más la clasificación de estos movimientos en la dicotomía izquierda-derecha es que a menudo combinan elementos de ambas tradiciones ideológicas. Por ejemplo, algunos movimientos populistas y nacionalistas pueden abogar por políticas económicas tradicionalmente asociadas con la izquierda, como el proteccionismo y la redistribución de la riqueza, al mismo tiempo que adoptan posiciones sociales y culturales más conservadoras.

El surgimiento de estos movimientos desafía la noción de que todas las posiciones políticas pueden clasificarse de manera clara y coherente como de izquierda o de derecha. Esto sugiere que la dicotomía tradicional puede no capturar adecuadamente la complejidad del panorama político contemporáneo y que se necesitan nuevas formas de entender y analizar estos movimientos.

La complejidad de las posiciones ideológicas y sus evoluciones recientes obligan a cuestionar la utilidad de la dicotomía derecha-izquierda, especialmente en cuanto a la asociación de las posiciones sobre la economía y justicia social con aquellas sobre los valores, identidades y cultura. 

Existen derechas autoritarias e izquierdas autoritarias, conjugando las posiciones económicas opuestas con el mismo rechazo a las autonomías, diversidades y cambios sociales. También existen derechas e izquierdas democráticas que, aunque se distinguen en las posiciones relativas a la intervención social y visiones de una sociedad justa, reconocen los valores democráticos de la participación política, limitaciones al poder y la pluralidad. 

Ante este galimatías, es cada vez más complejo distinguir las derechas e izquierdas, especialmente si tomamos en cuenta los dos aspectos, el económico y el de valores. En estas situaciones llega a ser, a veces, más sencillo pensar en términos de las exclusiones, preguntándonos ¿qué ideas no corresponden a la visión de la izquierda y de la derecha? 

La derecha no está en favor del progresismo social, del intervencionismo estatal en la economía, del ambientalismo, de la secularización y del relativismo moral, de los procesos de integración, de las acciones afirmativas y políticas de identidad. 

La izquierda ciertamente rechaza el conservadurismo social (los valores tradicionales, las jerarquías sociales establecidas y las instituciones como la familia tradicional, la religión y la nación), el neoliberalismo económico (la desregulación y la reducción de los servicios públicos y las redes de seguridad social, la oposición a las políticas redistributivas y a la intervención del Estado en la economía), el nacionalismo excluyente (políticas de exclusión, discriminación o xenofobia e ideas de superioridad de una nación o grupo étnico sobre otros), el militarismo, el negacionismo del cambio climático.

MOVIMIENTO DE DERECHA EN ALEMANIA

La dicotomía izquierda-derecha, aunque sigue siendo una referencia común, parece haber perdido gran parte de su capacidad para capturar la complejidad del panorama político actual que necesita nuevas formas de entender y nombrar las identidades y proyectos políticos. 

Quizás lo más sensato sea reconocer los límites de las etiquetas y categorías heredadas, y estar abiertos a pensar y dialogar más allá de ellas. También sería conveniente reconocer que los discursos y los proyectos políticos que materializan las personas y los partidos políticos no siempre vienen de la mano y las etiquetas que utilizan no sirven más que para legitimar (o deslegitimar) a las opciones políticas y conseguir los votos.

Hoy traigo para compartir los resultados de una investigación que hizo la Comisión Interamericana de Mujeres, sobre el financiamiento de las campañas electorales de las mujeres en la región.

Me pareció más que oportuno, ya que estamos en la recta final de la contienda electoral, donde por lo menos 10 mil cargos los están disputando las mujeres, y pocas veces nos detenemos a pensar cómo financian sus campañas las mujeres.

El estudio denominado ¿Dónde está el dinero para las campañas electorales de las mujeres? dado a conocer recientemente por la Comisión, nos deja claro que el sexo y el género de la candidata sigue siendo un obstáculo para tener un piso parejo al momento de la competencia electoral.

Porque después de lograr superar los sexismos internos partidarios y lograr por fin ser candidata, la siguiente piedra en el camino es lograr financiamientos para sus campañas.

Si bien en cada elección se gasta muchísimo dinero en la promoción de candidaturas, y en este proceso electoral de nuestro país no ha sido la excepción, no siempre son las candidatas quienes lo hacen a manos llenas; más bien, la tendencia es que ellas lo hagan contando pesos y centavos.

Pues de acuerdo con las experiencias de mil 500 políticas acompañadas por la comisión a lo largo de cinco años, las candidatas latinoamericanas y del Caribe, incluidas por supuesto las mexicanas, no tienen dinero para hacer sus campañas, debido a que los partidos políticos no las apoyan, pese a tener los recursos económicos y la obligación de hacerlo, porque a decir de las políticas cuyos testimonios enriquecen este informe, se siguen privilegiando las candidaturas masculinas como las ganadoras y las mujeres siguen siendo la “lista de relleno”, según sus propias experiencias.

En esta contienda electoral tan larga, con dos candidatas a la presidencia me pregunto cuántas negociaciones han tenido que hacer para que la partidocracia masculina les suelte el dinero, no sé si algún día lo sabremos, pero fácil, estoy segura no ha sido.

Por lo que las mujeres que ingresan a procesos electorales se ven obligadas a echar mano de sus recursos personales, sus ahorros, si cuentan con ellos o endeudarse a través de préstamos para sacar adelante sus campañas electorales, para ellas ingresar a la política en muchas ocasiones es perder patrimonio y recursos.

Este es uno de los muchos factores por los cuales las mujeres históricamente habían llegado a los congresos a través de las candidaturas plurinominales, porque hacer campaña es muy caro y ellas no siempre tienen con qué pagarla.

En este caso la frase una candidata pobre es una pobre candidata, más que un dicho es una descripción de lo que las mujeres políticas enfrentan, porque refleja las inequidades de la competencia electoral entre ellas y los hombres.

Solo México y Brasil tienen reglamentación para la financiación de las campañas de las políticas como mecanismo para la igualdad de las mujeres en la contienda electoral, revela el informe.

Sin embargo se enfrentan dos problemas, uno que ya ocurrió en Brasil, que cuando así lo decidan las mayorías en los congresos, esta regla se puede suspender, o como en el caso mexicano, que pese a la regla que señala que las candidatas tienen derecho a recibir por lo menos el 40 por ciento de la financiación general de las campañas electorales, no hay un verdadero mecanismo que permita la fiscalización que garantice que el recurso, realmente, llegó a las candidatas, pues los ingresos entran a la cuenta general de los partidos y ellos reportan en general gastos de campaña.

Parte de las lecciones aprendidas que señala el informe es que, por supuesto debe existir la norma legal para garantizar un piso parejo de financiación de las mujeres en relación con sus pares y segundo, deben existir mecanismos claros de fiscalización de estos recursos para romper el control partidario de los recursos que es usado como vía de chantaje y subordinación de las mujeres.

El informe cae en muy buen tiempo, porque nos coloca, precisamente, los retos que aún se mantienen a los que debemos buscarle salidas para garantizar que la paridad no sea solo una declaración de buena voluntad, sino que se generen las condiciones para que este derecho sea realmente accesible todas las mujeres.

A 18 de los hechos de la represión social en San Salvador Atenco, en el estado de México, donde se cometieron graves violaciones a Derechos Humanos contra mujeres de esa comunidad, al ser sometidas a tortura sexual por parte de agentes de seguridad estatal y federal, hoy no hay ni un solo detenido en toda la cadena de mando que planeó y ejecutó el operativo, así lo reveló María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Esta información la dio a conocer la defensora de Derechos Humanos en una entrevista durante el programa radiofónico de Análisis Feminista, de la periodista Lucía Lagunes Huerta, donde dio detalles de los nulos avances en la investigación a pesar de la sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por este caso.

En 2006, San Salvador Atenco fue el escenario de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. El conflicto escaló.

Fue el 3 de mayo cuando inició una disputa entre vendedores de flores de San Salvador Atenco y policías municipales. El conflicto escaló hasta la ejecución de un operativo conformado por mil 815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes enviados por el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, buscaban ponerle fin al movimiento de protesta. Durante el operativo se detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas

De las mujeres aprehendidas declararon haber sido torturadas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado; 11 de ellas iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.

El caso de Atenco, consolida a México como un país que tortura mujeres privadas de su libertad, a través de agentes del Estado, por ejemplo, a nivel internacional, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han emitido tres sentencias condenatorias por los casos de: Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México en 2018; Valentina Rosendo Cantú en 2010 e Inés Fernández Ortega en 2010.

Y en el sistema nacional de Derechos Humanos no es la excepción, se reciben denuncias con respecto de este tipo de violación, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de 2014 al 2022 hay más de 607 quejas por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y esta organización ha conocido más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México. A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela que siete de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.

Se debe recalcar que este Diagnóstico forma parte del resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México.

En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia, incluida la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.

¿Con qué más no ha cumplido el Estado mexicano en este caso?

María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también denunció que el Estado mexicano, recalcó que a lo largo de estos 18 años, el Estado mexicano no ha cumplido con la creación del observatorio para monitorear y fiscalizar el uso de la fuerza de la Policía federal, ahora Guardia Nacional, como se estableció en la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y tampoco avanzó el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual.

Aguilar, resaltó que las autoridades mexicanas han fallado también en incluir a las sobrevivientes en las investigaciones y en llevar a cabo estas investigaciones de acuerdo con las directrices establecidas por la Corte Interamericana.

En este contexto, se reitera la exigencia de las 11 mujeres sobrevivientes para que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos y garantice que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando involucrada en los eventos de mayo de 2006, sean debidamente juzgados y sancionados.

Ante los resultados del caso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas ha limitado su acción y se presume no ha investigado los hechos en su totalidad ni establecido responsabilidades de la cadena de mando, mientras que el Estado no ha otorgado una ruta efectiva de rehabilitación para atender las necesidades de salud de las mujeres.

Las 11 mujeres

En este contexto, María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, durante la entrevista recordó que solo fueron 11 mujeres, quienes decidieron emprender acción legal por los hechos y al agotar instancias en el país, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ellas son parte de un grupo de alrededor de 50 mujeres quienes fueron detenidas y la mayoría sujetas a prácticas de tortura sexuales, pero se animaron a denunciar estos hechos, en un contexto de mucho estigma por parte de las instituciones, así como del propio movimiento social.

Dijo que cuando vayan desarrollándose los temas pendientes alrededor del cumplimiento de la sentencia de la Corte, también se encontrarán cuáles han sido los grandes temas de decepción para ellas.

Expresó que ellas son muy conscientes de que su lucha ha tenido un significado que no se puede medir alrededor de los temas particulares de una reparación, sino que tiene que ser entendido más desde un nivel estructural.

Abundó, para este erradicar esta estructura se requiere también el fortalecimiento del Mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual, creado justo a petición de las mujeres y que cree un diagnóstico sobre la práctica de torturas sexual en México.

Incluso, precisó que estas mujeres lograron ponerle nombre a algo que muchas mujeres viven en México o en la región que atraviesan un contexto de represión y de protesta, y de decir

“Nuestros cuerpos son utilizados como un arma para socavar movimientos, nuestros cuerpos son utilizados como una propia arma en contra de nosotras mismas en contextos de detención, a eso se llama torturas sexuales y lo practican el Estado mexicano y los estados de la región”.

Cuestionada sobre qué es lo que falta y no ha cumplido el Estado mexicano en estos graves hechos, María Luisa Aguilar precisó la sentencia de la Corte Interamericana, como en muchas otras, ordena una serie de medidas de reparación en distintos niveles, primero es en lo individual, es decir, algunas medidas para cada una de ellas.

Además, detalló que el Estado tiene que garantizar atención médica y psicológica y rehabilitación, porque en algunos de los casos mujeres habían interrumpido sus estudios por los hechos, se deben otorgar becas de educación, para algunas otras las reparaciones pecuniarias.

Mencionó que la otra deuda es la creación de un Observatorio independiente que regule prácticas de la Guardia Nacional y Policía del estado de México, porque de acuerdo con la defensora, en este tema en particular el Estado se ha negado a dar cualquier paso.

Dijo que esto «es muy importante», pues la creación de un observatorio de este tipo permitiría generar controles adicionales a las prácticas de las fuerzas de seguridad, en particular de una fuerza de seguridad recién creada, como es la Guardia Nacional.

Dijo que la actitud del Estado mexicano frente a esta medida en particular ha sido la negación absoluta.

Cabe aquí hacer una acotación por lo interesante, porque precisamente son estos elementos quienes están llevando las tareas de seguridad en el país y la puntera en las encuestas de la próxima elección presidencial, Claudia Sheinbaum, ha señalado que continuará con el proyecto de la Guardia Nacional en labores de seguridad.

En busca de justicia

En julio de 2020, las mujeres sobrevivientes acompañadas por el Centro Prodh iniciaron un proceso legal sin precedentes en el país, contra las autoridades del estado de México para que éstas cumplieran con lo ordenado por el Tribunal interamericano.

Cabe recordar que, durante estos 18 años, las autoridades locales han sido  las encargadas de investigar los actos de tortura y represión en Atenco; sin embargo, hasta hoy ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres.

Por el contrario la FGJEM ha obstaculizado, desde el 2006 e incluso después de la emisión de la Sentencia de la Corte IDH, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia.

La exigencia de las mujeres sobrevivientes por alcanzar justicia es de relevancia para el Estado, no solo es poner fin a 18 años de impunidad, sino porque una adecuada investigación y sanción de los responsables puede fungir como una verdadera medida de no repetición, en un país donde la práctica de la tortura sexual persiste.

Al continuar con las observaciones sobre las reparaciones, la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expresó que «es una gran oportunidad perdida por parte del Estado mexicano», porque podría construir de la mano de las organizaciones civiles y de otros expertos, y cumplir las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.

Enfatizó  que esas son oportunidades que se abren para resolver lo estructural, pero solo cuando este tipo de litigios son bien recibidos por el Estado, no obstante, en ese tema no se ha avanzado.

Recordó que se creó una campaña llamada Rompiendo el Silencio Todas Juntas contra la Tortura Sexual, que acompañaron desde algunas organizaciones y tiene el objetivo de decir que esta práctica no fue un tema aislado y ponerle rostros a las mujeres que son víctimas de esto.

Y el gobierno federal sigue negando los acontecimientos. 

 

“No sólo fueron 11, son más muertos”, aseguran los campesinos que huyeron de sus comunidades.

PERFIL FRONTERIZO. 

Aún cuándo el parte oficial emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas dice que fueron once los muertos en el enfrentamiento armado entre miembros de los  carteles de narcotraficantes que se disputan la plaza de Chicomuselo y alrededores, los lugareños afirman que fueron como 20 los muertos. 

Desde el pasado sábado, domingo y lunes,  el CJNG y el CdeS protagonizaron un nuevo enfrentamiento en por lo menos tres o cuatro comunidades de los municipios de Chicomuselo y Bellavista, resaltando los hechos en el ejido Nueva Morelia, de Chicomuselo, en donde habrían asesinado a 11 personas quienes, al parecer, eran ajenos al conflicto entre bandas de narcos que se vive y se recrudece cada día en esa zona.

Los datos filtrados por diversas fuentes, reportaron que el Cartel de Sinaloa habría incendiado dos o tres vehículos de los llamados “monstruos” del bando contrario, y que eso provocó una durísima  y cruda balacera que se prolongó dos o tres días a lo largo y ancho de comunidades como Lázaro Cárdenas, Piedra Labrada, Nuevo Morelia y otras más, en cuyos caminos y parajes habrían quedado tirados los caídos de ambos bandos, aparte de las 11 personas muertas en Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo. 

A raíz de estos enfrentamientos los cuáles han sido casi contínuos en esa zona desde ya más de un año, comunidades o ejidos enteros lucen vacíos, sin gente y completamente abandonados porque sus habitantes huyeron a otros pueblos o ciudades de Chiapas o de México, dejando todo abandonado.

Sin embargo y a pesar de que la propia Fiscalía General de Justicia de Chiapas da fé de los hechos, levanta los muertos e inicia las carpetas de investigación correspondientes, el gobierno federal encabezado por el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, sigue negando estos sangrientos y lamentables acontecimientos. En sus “mañaneras” sigue sosteniendo que es mentira y que “el pueblo está feliz, muy feliz”.

Es de señalar que ya  pocos medios dan a conocer estos hechos por cuestiones de seguridad de ellos mismos. Por lo que, esos pueblos y sus habitantes,  sobre todo los que nada tiene que ver en esa disputa de las plazas chiapanecas del narco, se quedan totalmente abandonadas sin que nadie alce la voz por ellos o se siga dando a conocer lo que realmente está sucediendo en esa parte de Chiapas y de México. 

Ese girón de la geografía chiapaneca parece estar ya olvidado por el gobierno mexicano. 

Ya abundaremos, y mucho, muchísimo. He dicho.

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Maestros de la Sección 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) tomaron de manera simbólica este jueves las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, (IEPC), como parte de las protestas y el paro indefinido de labores.

Los docentes tomaron las instalaciones de los órganos electorales, como una medida de presión para que las autoridades resuelvan sus demandas.

En su segundo día de paro indefinido, el magisterio chiapaneco inició actividades desde las 9:00 horas de manera paralela con la mesa nacional, quienes se encuentran reunidos con las autoridades federales.

El pliego petitorio del magisterio chiapaneco se centra en la abrogación total de la mal llamada Reforma Educativa, debido a que uno de sus elementos perjudica a los trabajadores de la educación.

Alberto Mirón Vázquez, integrante de la dirección política del sindicato que está integrado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que la toma simbólica de las sedes de los órganos electorales corresponden a la segunda jornada del paro nacional de labores que mantienen por tiempo indefinido. Esto, para exigir a los gobiernos federal y estatal solución a sus demandas, entre éstas, la abrogación de la reforma educativa.

Las acciones de este jueves se enmarcan en torno a la mesa de diálogo programada este jueves entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE.

El magisterio chiapaneco continúa en las calles porque no ha tenido ninguna respuesta que beneficie a los trabajadores de la educación

Esta mañana tomamos simbólicamente oficinas del IEPC y el INE porque las elecciones del 2 de junio serán “una farsa electoral”, agregó Mirón. Aclaró que es una toma simbólica porque no hay ningún trabajador retenido, y que otros contingentes permanecen en “ el plantón” de la plaza central.

Mirón dijo que la exigencia es instalar la mesa Chiapas y se pide que sea encabezada por el presidente de la República y se resuelva la problemática planteada al gobierno estatal.

Otras de las demandas del magisterio son la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la laboral y la reinstalación de los docentes cesados. En Chiapas, puntualizó que se tienen 13 cesados; eso no fue en el período neoliberal, sino en el actual de López Obrador.

El inmueble del Instituto Nacional Electoral localizado sobre la 16 poniente de Tuxtla Gutiérrez, fue tomado por maestros de las regiones Frontera sur, Sierra, Tojolabal y Frailesca, mientras que en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ubicada en el periférico sur poniente de la ciudad, acudieron docentes de las regiones Maya, Sierra Norte y Chol.

Finalmente los maestros manifestaron que dejarán libre los edificios electorales hasta el término de la mesa de negociación que se lleva a cabo en la Ciudad de México, donde esperan que sus peticiones sean escuchadas y resueltas.

El comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, señaló que en Huitzilac, Morelos, operan seis bandas del crimen organizado con representación regional y algunos grupos locales que se pelean “la plaza” y que también pretenden influir en la elección del 2 de junio para elegir a alguien que les sea favorable.

En entrevista con los medios de comunicación, al término de la Mesa para la Construcción de Paz, que ahora se realiza semanalmente en la entidad, aseguró que, en Huitzilac, municipio donde han ocurrido varios ataques armados y la masacre del sábado 11 de mayo, operan grupos criminales con presencia nacional y regional y algunas bandas locales.

Según el funcionario, operan las bandas “grandes” conocidas como los Colombianos, los Maya, los Linos, la Familia Michoacana, la Unión Guerrerense y la Oficina; además de grupos locales que se identifican como las Chuchas y los Purinas, “que tiempo atrás ya han tenido problemas fuertes y que ahorita se están recrudeciendo”, sostuvo.

El jefe de la policía de @cuauhtemocb10, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que en #Huitzilac operan seis grandes grupos del #crimen y unas bandas locales. Además, aseguró que pretenden influir en las #elecciones para que gane alguien que les sea favorable. pic.twitter.com/alfjPBui9B

— Jaime Luis Brito ???? (@Patrio74) May 16, 2024

Aseguró que estos grupos quieren influenciar los resultados de la próxima elección: “habíamos dicho que iba a haber un incremento de homicidios, y eso lo aprovechan los grupos delincuenciales para provocar temor entre los pobladores y que voten en favor de ciertos grupos que son favorables para ellos”, aseguró Ortiz Guarneros.

Admitió que se ha registrado un incremento de 30.1 por ciento de homicidios en toda la entidad, pues el año pasado se tenía a esta fecha 532 asesinatos dolosos y a la fecha en 2024, ya suman 693 homicidios intencionales en la entidad. Morelos se colocó, de hecho, como una de las cinco entidades más violentas del país, según el Índice de Paz México 2024, dado a conocer en estos días.

En relación con la masacre ocurrida en Huitzilac el pasado sábado, cuando desde dos vehículos se acribilló a ocho personas que departían en una cervecería en Huitzilac, Ortiz Guarneros sostuvo que las armas que se utilizan son “armas largas”, por ello es la federación la que está reaccionando ante esos crímenes, además de reforzar la presencia de fuerzas federales en la zona.

Periódico impreso edición No. 2875 del día 17 DE MAYO del 2024. [Leer completo].

A casi un año del ingreso de familiares de desaparecidos y víctimas de violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia al Campo Militar Número 1, para anunciar la apertura de los archivos militares, la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de defensa a las Fuerzas Armadas se mantiene inalterable, “lo que evidencia que seguirá sin rendir cuentas sobre los abusos cometidos hace casi cinco décadas”, coincidieron Alicia de los Ríos Merino y María de Vecchi Gerli.

Coautoras de libro Las luchas por la memoria contra las violencias en México, coordinado por Alexandra Délano Alonso y publicado por el Colegio de México, ambas participaron en la presentación de su obra, moderadas por el investigador, académico y escritor Sergio Aguayo. 

Durante su participación en el evento en línea, la historiadora e hija de la miliciana de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecida en 1978, recordó su experiencia durante el ingreso al Campo Militar 1 el 22 de junio de 2022, fecha en que pronunció un discurso en nombre de los familiares de desaparecidos, mismo que fue incluido como preámbulo en el libro comentado este jueves.

De los Ríos Merino recordó que, mientras compartía el podio con el presidente y altos funcionarios del gobierno federal, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, advirtió de la presencia de militares retirados y familiares de soldados fallecidos durante la estrategia de exterminio de los grupos guerrilleros de la época.

Al señalar que los familiares de víctimas y sobrevivientes de los abusos no fueron advertidos por el personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de que compartirían espacio con perpetradores y sus familiares, la historiadora y académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua recordó que fueron los familiares provenientes de Guerrero quienes empezaron a sacar pancartas y a inconformarse por el discurso de Luis Cresencio Sandoval, exculpando al Ejército de las violaciones a derechos humanos cometidos durante la Guerra Sucia.

“No me sorprendió el discurso del general, que es antagónico a las víctimas, lo que me sorprendió fue el discurso del presidente, para mí fue evidente, y lo comenté a otros, que el presidente venía iba a deslindar de cualquier investigación de violencia al Ejército y empezó desde ahí nuestro distanciamiento de los familiares y de la Comisión para la Verdad”, explicó De los Ríos Merino.

Para la investigadora, “el presidente no se ha movido de esa posición del 22 de junio, de que el Ejército sólo obedeció ordenes de presidentes malos, corruptos y autoritarios, posición que mantiene hasta hoy; abarca no sólo la contrainsurgencia, sino también (la desaparición de 43 estudiantes de) Ayotzinapa y de otros casos en el ámbito de la macrocriminalidad”.  

De los Ríos Merino destacó que el momento es relevante para la memoria histórica porque “eso es justo de lo que trata el libro, de una disputa viva”, en los que “si no hay elementos clave, o por lo menos un diálogo respetuoso, en el que no se pongan de frente concepciones tan ingenuas como fueron las del presidente, no vamos a poder llegar a un trabajo serio de rendición cuentas, de ver otros proyectos a futuro”. 

María de Vecchi Gerli, responsable del programa de Verdad y Memoria de la organización Artículo 19, consideró que el ingreso de familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la Guerra Sucia es un momento que “en 30 años vamos a seguir analizando”.

Tras recordar que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia denunció el desacato del Ejército a resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sobre la estrategia de desaparición de personas realizada por el Ejército, conocida como Los vuelos de la muerte, De Vecchi Gerli apuntó que en este sexenio se tuvo claridad sobre la influencia castrense. 

Por lo pronto, “es muy clara la posición: el Ejército es un poder fáctico al que no se le va a exigir rendición de cuentas y esto es fundamental en términos de cómo entendemos el país que tenemos, con más de116 mil desaparecidos, y que, pese a solicitudes de información con resoluciones del Inai, el Ejército no va a dar información sobre lo que pasó en los años setenta y sobre quiénes fueron los responsables de violaciones a derechos humanos”.

La defensora, hija de exiliados argentinos, dijo que, ante la reiterada defensa del presidente López Obrador a los militares, ante la próxima presentación del informe de la Comisión de la Verdad, “vamos a ver qué se va a presentar, cuál va a ser la versión oficial después de que el informe pase por los ojos del presidente”. 

María de Vecchi reconoció a los comisionados Abel Barrera, Eugenia Allier, Carlos Pérez Ricart y David Fernández como profesionales que no permitirán que su informe sea mutilado o censurado, por lo que confió que, de ser así, estarían dispuestos a presentar la versión original de su investigación sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Cerrazón verde olivo

A pregunta expresa del investigador Sergio Aguayo, De Vecchi se refirió al trabajo de Alejandro Encinas, quien fuera subsecretario de Derechos Humanos y ahora integra la campaña de Clara Brugada por el gobierno de la Ciudad de México. 

De acuerdo a la activista, de entrevistas a familiares de víctimas, para la presentación del informe anual de Artículo 19, advirtió que Encinas “jugó un papel de transmitirle a las colectividades de víctimas el compromiso del Estado en la búsqueda por la justicia, de reivindicar a las víctimas “.

Sin embargo, reconoció que la buena voluntad de un funcionario no fue suficiente para “avanzar en el caso Ayotzinapa, también dijo como la Comisión de la Verdad se enfrentó a un Estado que no está dispuesto a dar verdad y justicia, a no decir lo que pasó”. 

El más claro ejemplo de la cerrazón militar –expuso De Vecchi– es el caso Ayotzinapa, al que el presidente dedicó su primer acto de gobierno, emitiendo un decreto para la creación de la Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990 y una fiscalía especializada.

“En este momento, cerrando el sexenio, no sabemos que pasó a los 43, se manda a militares involucrados a prisión domiciliaria, lo que me hace pensar en la figura Encinas como un personaje que, con toda buena voluntad, no puede mover las estructuras del Estado acostumbradas a la opacidad y a la impunidad”, dijo la activista.

Al considerar que Encinas fue “una figura fundamental”, De Vecchi agregó que lo que prevaleció para las víctimas fue “una oportunidad perdida”, ante la falta de resultados.

Encinas “se encargó de hablar con familiares de víctimas del supuesto compromiso el presidente por transparentar, (pero) en el camino advierte que con el Ejército no se puede”, puntualizó María de Vecchi. 

La coordinadora del libro, Alexandra Délano, dijo que en Las luchas por la memoria contra las violencias en México hay diversas expresiones de los esfuerzos por preservar la memora, “en un contexto en que las violaciones continúan, con un aumento en las desapariciones de personas a partir de 2006 y un incremento de las violencias”.

Cresencio Sandoval. Discurso antagónico a las víctimas. Foto: Octavio Gómez

El libro de 20 capítulos reúne ensayos de investigadores, activistas, arquitectos, curadores, artistas y familiares de desaparecidos que exponen lo “vivido históricamente, la violencia de Estado detrás del contexto y cómo se organizan las comunidades para luchar los espacios de memoria”, concluyó la investigadora del Colegio de México.