JA Teline V - шаблон joomla Форекс
05
Sun, Dec
121 New Articles

Organizaciones civiles y colectivos en defensa del territorio, alertaron que el Acuerdo presidencial que considera de “interés público y seguridad nacional” las obras de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va a “acelerar el despojo a los pueblos”, cancela las posibilidades de defensa legal y estigmatiza a los opositores de las mega obras.

Como parte de la campaña “Luces de las Resistencias”, en conferencia de prensa para fijar posición frente a la Reforma Constitucional en materia eléctrica, dada a conocer por el gobierno federal el 30 de septiembre, así como sobre la Conferencia de Naciones unidas sobre Cambio Climático, activistas coincidieron en que el Acuerdo presidencial, es una “amenaza” para los pueblos que se oponen a la devastación de sus tierras, de los bosques y selvas, y de la contaminación de sus aguas.

Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), dijo que el Acuerdo presidencial es una “preocupación” para los pueblos que se oponen a proyectos extractivistas, así como de almacenaje, transmisión y generación de energía, porque “en el corredor interoceánico los proyectos que son considerados como prioritarios, van a tener las facilidades para realizar los trámites y avanzar en el despojo de los pueblos”.

Apuntó que al ser consideradas de seguridad nacional todas las obras y proyectos gubernamentales, se “genera el temor o la incertidumbre que esto (el acuerdo) va a servir para quitar los bloqueos ir contra las resistencias de los pueblos en los territorios”.

Myriam Vargas, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTA), consideró que el Acuerdo “frena las herramientas legales”, que tienen los pueblos para oponerse a proyectos que consideren son dañinos para las comunidades.

“Si antes teníamos al menos 15 días para interponer amparos e inconformarnos legalmente en contra de alguna arbitrariedad, ahora se les están dando a las instituciones facilidades a los constructores de los proyectos para que, en cinco días, sino tienen respuesta de las autoridades, realizar sus obras”, dijo Vargas.

La integrante del FDTA destacó que a quienes beneficia la medida, es a empresarios concesionarios en las construcciones de las obras insignia y de aquellas contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y a quienes “los pueblos les tienen paradas las obras por los amparos que se han promovido”.

En el caso de la región colindante con el volcán Popocatepetl, donde tiene influencia el FDTA, “al menos hay 11 amparos que tienen detenidas las obras, está construida la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, pero no puede operar”, apuntó Vargas.

Rodrigo Patiño de Articulación Yucatán, agregó que decisiones como el acuerdo presidencial “evitan los diálogos  y  genera un discurso de odio contra quienes defendemos el medio ambiente o los derechos humanos y nos tildan de ser de derecha o pertenecer al ‘cartel de los onegeros’, discursos que no abonan en nada y van en contra de un ejercicio democrático y de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones”.

Patino agregó que si hay conflictos sociales en contra de las obras insignias del presidente es porque “no se escucha a las personas de los territorios, se toman decisiones sin considerar los impactos ambiental ni social que afectan un territorio, y todos estos trámites que quiere saltarse la autoridad”.

Recordó que estudios de impacto ambiental o los dictámenes del Instituto Nacional de  Antropología e Historia (INAH) sobre las afectaciones que tendrá el Tren Maya, por ejemplo “no son consideraciones que se hacen en cinco días, porque son autorizaciones que tienen que revisar afectaciones a nivel ambiental o socioambiental o bien al patrimonio cultural de nuestro país”.

Expropiaciones sin diálogo

Sobre la Reforma Energética, las organizaciones, colectivos y comunidades, puntualizaron que al considerar los actuales megaproyectos como estratégicos para el Estado, “seguirá abierta la puerta a las expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército”.

Consideraron que “el despojo podría agudizarse mediante la nueva Reforma Eléctrica, como hemos viso en los proyectos prioritarios de la 4T: el mal llamado Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, la continuidad del Proyecto Integral Morelos y el Corredor Interoceánico, que pretenden ser el nudo que articule toda la infraestructura energética para interconectar éstas y más obras, satisfaciendo el consumo energético de las grandes industrias y mercados nacionales e internacionales a costa del despojo, la destrucción del medio ambiente e incluso con hostigamiento, persecución y amenazas a la vida de quienes defendemos nuestros territorios”.

Avalaron que se limite “la participación en la generación eléctrica de las grandes empresas privadas”, que en los hechos “hacen negocios sin preocuparse por el bienestar de los pueblos” donde asientan sus plantas de energía eólicas, solares o hidroeléctricas, lo que se ha observado en Yucatán, Puebla, Veracruz, Baja California, Oaxaca, entre otras entidades.

Al señalar que, en la generación de energía, CFE “también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas”, los firmantes del posicionamiento pusieron como ejemplos de ello “los intentos de la imposición de la termoeléctrica en Huexca, Morelos el tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y la hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca, entre otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecuciones, criminalización y asesinatos”.

Contra el fracking

Sobre la propuesta de extracción del litio, los firmantes recordaron que “la industria minera del litio, de cualquier otro mineral, implica una fuerte carga de devastación ambiental y consumo de agua para su extracción”, por lo que se oponen al modelo extractivo minero.

Se pronunciaron en contra del fracking, como una medida para atender los compromisos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento del planeta en 1.5º, por lo que reprocharon que el fracking persista en México a pesar del compromiso del presidente López Obrador de erradicarlo.

“Año con año, el presupuesto asignado para el fracking ha ido creciendo. Para el 2022, se asignó 15 mil millones de pesos, lo cual significa un aumento de 219% respecto a 2021”, datos que se suman a la confirmación de que en México “64% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del sector energético, principalmente por el consumo de combustibles fósiles, incluyendo al mal llamado gas natural”, en tanto que el uso del gas para la generación de energía eléctrica tuvo un incremento de 1031% entre 1990 y 2015”.

Los activistas firmantes consideraron que la reforma energética debe contener de manera explícita que el derecho humano a la energía eléctrica está asociado a “una tarifa social justa que plantee el acceso a este bien común como un tema de derechos humanos, y no de mercado de precios”, por lo que es necesario “contemplar la tarifa social dentro del tabulador y profundizar las reformas a la Constitución en materia de derechos y su aplicación en leyes secundarias”.

Sugirieron “programas amplios de financiamiento que procuren la investigación científica y tecnológica” para garantizar la soberanía tecnológica y “no depender ni de políticas ni de tecnología del Norte global”.

Asimismo, consideraron relevante que “la propuesta de reforma contemple con claridad las formas en que las comunidades y la ciudadanía puedan participar activamente del debate energético, sin reducirlo a un debate sobre la electricidad, en atención al derecho humano a la energía y de formas más justas y democráticas de gestión, como es la generación distribuida”.

Firman el posicionamiento Alianza Mexicana contra el Fracking, Articulación Yucatán, Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xiínbal (Yucatán y Quintana Roo), Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (Oaxaca), Colectivo Geocomunes, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (Ciudad de México), Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totnacapan, Corason, Ensenada Resiste (Baja California), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (Morelos, Puebla y Tlaxcala).

También se sumaron el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Energía y Crisis Civilizatorias, La Sandía Digital, Masehual Siuamej Mosenyolchicauani (Puebla), Ostula en Defensa del Territorio (Michoacán), Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Otros Mundos (Chiapas), Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta (Veracruz), Red de Resistencia Civil, Servicios para una Educación Alternativa (Oaxaca), y la Sociedad Cooperativa de Trabajadores en Energías Alternativas y Estudios Sociales Onergia (Puebla).

El candidato a la presidencia de la república en tres ocasiones, Cuauhtémoc Cárdenas, consideró que a tres años que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, el crecimiento económico es bajo, existe inseguridad por todo el país y el sistema educativo continúa con fuertes deficiencias.

“En el aspecto económico, no hemos logrado revertir esta tendencia que traíamos de casi cuatro décadas, tenemos un crecimiento económico muy bajo (…) todavía estaríamos por debajo de objetivos que habíamos alcanzado en años anteriores”, refirió.

Destacó que la violencia y la inseguridad están presentes en todo México. “No tenemos paz interna actualmente en el país, sabemos bien la presencia de la delincuencia organizada”, y a pesar que en las últimas décadas se han puesto en práctica diferentes estrategias, no hay resultados satisfactorios.

Estimó que para lograr la paz y erradicar la delincuencia no solo debe estar involucrado el Estado por medio de las Fuerzas Armadas, sino que falta involucrar cada sector de la sociedad.

Detalló que hace falta “la presencia del Estado” a través de proyectos productivos, de obras públicas, de escuelas, hospitales, de programas culturales y de capacitación para el trabajo.

De esta forma, dijo, es como “el Estado va erradicar a los delincuentes de los territorios que controla la delincuencia organizada”.

Además, mencionó que existe un alto índice de desempleo, y cuestionó la política de subsidiar “carencias de distintos sectores de la población”.

El también exgobernador de Michoacán comentó que faltan propuestas, “empezando por el gobierno”, y también de la oposición.

“Me preocupa que no haya propuestas de los partidos políticos, tenemos una vida política centrada en la confrontación. La oposición es todo contra el presidente”, y viceversa, sin buscar el diálogo.

Su opinión surgió durante su participación del evento Encuentro de Gobierno y Sociedad Civil bajo el tema Igualdad frente a libertad, libertad frente a igualdad: ¿es posible resolver la tensión perenne?, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL).

En ese mismo encuentro estuvo presente el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien Cuauhtémoc Cárdenas coincidió en que debe existir paz para poder construir la democracia y garantizar “el ejercicio de las libertades” y la expansión de las mismas.

A la vez, concordaron en que es necesaria la integración política y económica de Latinoamérica y El Caribe.

Cárdenas lamentó que el gobierno federal no tenga una “política activa de acercamiento con América Latina que pudiera representar un intento de avanzar en la integración de las naciones latinoamericanas, al menos como iniciativa”.

El Observatorio Nacional Ciudadano, de Seguridad, Justicia y Le­galidad (ONC) consideró que las condiciones de gobernabilidad en México se han deteriorado durante los últimos tres años, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un estudio denominado “Tres años sin gobernabilidad, resultados, ni rumbo fijo en seguridad”, advierte que de las promesas de López Obrador de conseguir la paz, terminar con la guerra contra el narco y regresar el Ejército a sus cuarteles, “ahora tenemos más violencia, más impunidad, menos instituciones para enfrentar la crisis de seguridad y tres veces más efectivos de las Fuerzas Fede­rales en las calles”.

El análisis de los 36 meses de la presente administración federal revela que hay un auténtico deterioro de las condiciones de go­bernabilidad, que es evidente no solo en se­guridad, sino en las facultades legislativas ejercidas por el presi­dente, en la gestión de la crisis migratoria por parte de la Guardia Nacional, en la atención a las víctimas, en la criminalización que se ha hecho de los jóvenes y de los pobres, entre otros.

El director del ONC, Francisco Rivas, lamentó que el presidente de la República no aproveche la mayoría que tiene en el Poder Legislativo como un instrumento de gobernabilidad. Los Po­deres de la Unión, sostuvo, deberían actuar en conjunto para que el combate a la delincuencia se rija por la justicia; se enmarque en leyes eficientes y se refleje en políticas públicas efectivas.

El estudio destaca que el titular del Ejecutivo federal ha presentado 41 iniciativas ante el Congreso de la Unión, pero solo 6 son las que están relacionadas con asuntos de seguridad pública y nacional.

Dicha agenda legislativa no se orienta al fortalecimiento de las instituciones, sino a dotar de mayor respaldo a la labor de las se­cretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina Armada de México (Semar), en las diversas encomiendas que han recibido desde la Presiden­cia de la República.

Rivas señaló que, con la creación la Guardia Nacional y su distri­bución en 266 coordinaciones regionales, se planteó atender la violencia a partir de algunos criterios locales. Luego, el gobierno optó por atender 17 municipios prioritarios y posteriormente am­plió la lista a 50, tal como ocurrió en el sexenio pasado, desde una visión central y alejada de los actores sociales locales.

“Esta regionalización es altamente reactiva y cortoplacista. Este mes asignaron personal adicional en Quintana Roo y Zacatecas. Las autoridades están ensimismadas con la operación diaria y no ven lo que puede suceder a largo plazo”, indicó.

El informe profundiza en el análisis de las acciones contra delitos específicos como el tráfico de armas, la producción y trasiego de fentanilo, el secuestro, la piratería marítima, el robo de hidrocar­buros y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este sentido, Francisco Rivas destacó la efectividad de las me­didas contra la piratería marítima, pero señaló que, ante el se­cuestro, esta administración ha recortado 31.3% los recursos de la Coordinación Nacional Antisecuestro respecto a lo asignado en su origen.

También alertó sobre el uso de la Lista de Personas Bloqueadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Es de suma im­portancia, dijo, evaluar los alcances de esta disposición, pues a la fecha se desconoce si esta medida temporal ha resultado en más decomisos definitivos derivado de los procesos penales federales por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El análisis examina las acciones para proteger los derechos humanos, la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la atención a víctimas y la política so­cial. De acuerdo con este informe, no hay evidencia de que exista una aten­ción efectiva a las poco más de 270 mil víctimas de desplazamien­to forzado interno a causa de la violencia.

Según el documento, el programa “Jóvenes Cons­truyendo el Futuro” recibió 40 mil millones de pesos en 2019, 24 mil 958 millones en 2020, 20 mil 600 millones en 2021, y para 2022 se proyecta que recibirá 21 mil 196 millones, lo que representa el mayor recorte presupuestal que ha tenido, a pesar de ser uno de los pro­yectos prioritarios de esta administración.

Francisco Rivas recordó que el discurso presidencial es reiterati­vo sobre el efecto de este programa en la paz, al asegurar que de esta manera evitan que los jóvenes sean reclutados por el crimen, sin embargo, aclaró, la política social no es política de seguridad. Refirió que este programa cambia constantemente de población objetivo lo que dificulta una evaluación rigurosa de su impacto en términos de seguridad.

“Asegurar que la pobreza o la falta de oportunidades llevan ne­cesariamente a los jóvenes a delinquir es una visión incompleta del problema”, señala.

Los factores para que jóvenes se unan al crimen organizado

En el estudio: “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Acercamiento a un problema complejo”, señalamos que son varios factores a nivel individual, relacional, comunitario y social los que van sumando vulnerabilidades que orillan a los jóvenes a involucrarse en activi­dades delictivas desde edades muy tempranas”, indicó.

Y fue más allá, al destacar que no se vislumbra un cambio de abor­daje en torno al combate a la pobreza como medida que condi­cione el descenso de la criminalidad. Se entrevé, en todo caso, seguir incrementando el subsidio social revictimizando a la población que vive en condiciones de pobreza, haciendo eco de añejos argumentos de que los pobres por necesidad pueden convertirse en delincuentes, advirtió.

Escasas transformaciones en la FGR

Respecto al desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Rivas condenó que a la fecha haya rendido solo 7 informes en los que se advierten escasas transformaciones de fondo, y más que avances, se han hecho notorios los retrocesos en la arquitectura normativa de la nueva institución.

El presidente asegura que “hay gobernabilidad en nuestro país”, porque “no se ha registrado un desbordamiento social”; que no hay “violencia política”; que “no es lo mismo que pasaba antes y lo puedo probar”, y que “se atiende al pueblo”.

Pese a las afirmaciones del presidente, indica que “en estos tres años, el ONC identificó que la gobernabilidad tendió hacia la centralización con tintes antidemocráticos en la ejecución de po­líticas públicas. Esto debería encender las alertas de todos pues el escenario para 2024 no tiene un pronóstico favorable”, concluyó Francisco Rivas.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adheridos al Consejo Central de Lucha (CCL) anunciaron nuevas movilizaciones para la instalación de nuevas mesas de diálogo con autoridades de educación del gobierno federal, los días 13 y 14 de diciembre en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, Stalin Hernández Arrazate, Javier Vidal Díaz y Adalberto Hernández Rabanales, manifestaron postura por “El asesinato” del periodista Fredy López Arévalo y de Roberto López a quien le incendiaron su vehículo ya que sabe “es parte de la descomposición social del estado, la misma política de estado de sembrar el terror lo que está haciendo ahora con el gremio periodístico”. 

“Como magisterio en asamblea nacional se acordó trazar una ruta que busque la interlocución al más alto nivel con el presidente de la República, y no con los Secretarios de Estados que han estado atendiendo, ya que desde diciembre del 2019 se rompió el diálogo y desde esa fecha se encuentran a la expensas de reanudarla y poder hacer saber toda la problemática que enfrenta el magisterio chiapaneco y eso solo será a través de la presión social”, dijo Javier Vidal. 

Por lo que indicó ayer jueves 25, como sección 7, se estableció una plan de acción que conlleve al cambio seccional, el cual debe hacerse el 8 de diciembre junto a organizaciones sociales y estudiantiles, se van a estar manifestando en diversos puntos, así como los días 13 y 14 de diciembre se trasladarán a la ciudad de México para realizar una gran movilización nacional demandando que se entable las pláticas con carácter resolutivo. 

“En Chiapas la problemática magistral va en aumento ya que en marzo del 2020 derivado de la pandemia mucho de nuestros compañeros fallecieron, otros se jubilaron y algunos simplemente renunciaron, sin embargo todos esos espacios quedaron descubierto no hubieron contrataciones y la situación se ha hecho insostenible para muchas comunidades”, señaló. 

Por último indicó que hay mucha escuela desmantelada ya que no se pagaron los recursos, la sección 7 como gestora de estas incidencia se han visto obstaculizados por la secretaría de educación al solicitar la presentación de nuevos maestros.

Dos caravanas de migrantes, de las tres que partieron hace dos días de la ciudad de Tapachula, Chiapas, se disolvieron este domingo luego de que los migrantes, en su mayoría haitianos, se entregara a las autoridades mexicanas.

Previamente, la tercera caravana tomó la misma decisión el sábado cuando aceptaron un acuerdo con los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de esta forma se puso fin a las tres caravanas que salieron el pasado 26 de noviembre desde Tapachula.

Este grupo de unos mil 100 migrantes salió durante madrugada del municipio de Escuintla para continuar con su recorrido por las carreteras del estado rumbo a Ciudad de México.

Los migrantes caminaron desde las primeras horas de la madrugada unos siete kilómetros y llegaron a una estación de la Guardia Nacional donde instalaron un bloqueo de unos 20 minutos.

Para evitar que siguieran bloqueando la circulación en la carretera, hasta el lugar llegó el subdelegado federal zona sur del INM, Hugo Salvador Cuéllar, con quien dialogaron y acordaba levantar el cierre de la carretera a cambio de autobuses.

El funcionario dijo a medios que se estableció un diálogo para llegar a una solución y apoyar a los migrantes como se hizo con la tercera caravana, el sábado.

“No vamos a aceptar a nadie más, ya hemos dado una lista de mil 100 personas, porque puede haber desorden por lo que si vienen más tendrán que esperar otro día”, expresó Jimmy, uno de los portavoces de los migrantes haitianos.

En tanto, Milourse, una mujer haitiana, enfermera de profesión y con seis meses de embarazo, relató que se integró a la caravana porque busca obtener su visa humanitaria para ella y su familia.

La mujer ayuda en las labores de atención médica para curar a las personas que tienen lesiones en los pies.

Las autoridades indicaron que para este grupo no habrá autobuses extras, ya que únicamente se han contabilizado a personas adultas, sin tomar en cuenta a los niños aunque también serán traslados en núcleo familiar.

En total fueron unos 80 kilómetro los que recorrieron las dos caravanas para alcanzar una negociación con las autoridades y lograr su traslado a otros estados de México donde buscan que autoridades de migración atienda sus peticiones ya que en Tapachula existe una saturación de extranjeros.

Otro grupo de migrantes instaló un bloqueo carretero en ambos carriles de la carretera Mapastepec-Pijijiapan para demandar su traslado en autobuses y también lo consiguieron, pero será hasta el lunes que cuando sean atendidos.

Agilizan los traslados

En un comunicado, el INM dijo que con el fin de desahogar la concentración masiva de personas extranjeras que se localizan en Chiapas, se ha agiliza el traslado de los procesos de regularización a otros estados del país, esto con el objetivo de emitir y entregar visas humanitarias de manera expedita y ordenada.

El INM señaló que tendrán prioridad los grupos vulnerables, como: mujeres, personas menores de edad, adultos mayores, con alguna enfermedad o discapacidad, y su respectivo núcleo familiar, además de quienes tienen un trámite resuelto por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) “encontró” más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Los migrantes se han puesto de nuevo en marcha después de que en los primeros días de septiembre las autoridades mexicanas frustraran el avance de cuatro caravanas que partieron precisamente desde Tapachula.

 México ha detectado más de 190 mil migrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74 mil 300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

INM pide “comprensión” a migrantes que exigen salir rápidamente de Chiapas

El Instituto Nacional de Migración (INM) pidió a los migrantes que recurren “a acciones violentas para exigir salir el mismo día” de Tapachula, Chiapas, mayor comprensión para que se pueda continuar dando un seguimiento ágil a la entrega de sus tarjetas humanitarias.

“El Instituto apela a la comprensión de las personas extranjeras en condición de tránsito en el estado, para mantener el orden y atender las recomendaciones que establezca la autoridad migratoria, con auxilio de la Guardia Nacional, a fin de continuar con la recepción y desahogo de las solicitudes de tarjetas migratorias”, dijo en un comunicado.

El INM explicó que debido a que en los últimos días varios grupos de migrantes bloquean avenidas y calles en Tapachula, la llegada de autobuses, que los llevarán a otras entidades a continuar sus trámites migratorios, se ha visto impedida.

Además, agregó que han ocasionado que los procedimientos iniciados por la dependencia para atender la situación legal de los migrantes hayan sido lentos.

Por ello, el INM afirmó que se cuenta con personal y unidades de transporte suficiente para el traslado ordenado y seguro a otros estados del país de los migrantes que buscan regularizar su estancia en México.

“Tendrán prioridad los grupos vulnerables, como: mujeres, personas menores de edad, adultas mayores, con alguna enfermedad o discapacidad, y su respectivo núcleo familiar, además de quienes tienen un trámite resuelto por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)”, aseguró. Con información de Latinus (EFE) y La Razón

Organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes denunciaron el incremento de la violencia de género en Chiapas y exigieron liberar a mujeres encarceladas injustamente, así como justicia para las madres y familiares de las víctimas de feminicidios.

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra Las Mujeres, organizaciones civiles dieron a conocer el arranque de la campaña “No basta la rabia, queremos justicia. Violencias contra niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas” para visibilizar los casos y exigir que se respeten los derechos de los familiares y las víctimas.

La Colectiva Cereza, Colectiva Tsatsal Ontonal y Melel Xojobal A.C se sumaron a la exigencia de acabar con la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

Las madres de víctimas de feminicidio y sobrevivientes de violencia feminicida alzaron hoy su voz para exigir justicia y denunciaron el sistema de justicia de Chiapas por las múltiples irregularidades en las carpetas de investigación.

Pidieron que la Fiscalía del Estado investigue debidamente las muertes violentas de mujeres y niñas, a pesar de que así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del caso de feminicidio de Mariana Lima.

Denunciaron también que “tampoco se ha investigado conforme a los protocolos, ni con perspectiva de género, ni con la debida diligencia como se ordena en esa resolución que debería ser observada por todas las autoridades que atienden estos casos. Sufrimos violencia institucional, el personal de la Fiscalía y de los juzgados nos maltrata, en lugar de investigar al asesino nos investigan a nosotras, a nuestras familias, no nos reciben en las oficinas, atacan a nuestras hijas las culpabilizan a ellas de sus feminicidios”.

Con esas resoluciones “nos matan otra vez, nos dañan moral y psicológicamente y nos desgastan económicamente”, expresó una madre de víctima de feminicidio.

Por su parte, víctimas de violencia institucional exigieron llegar a la verdad de los hechos en la causa de la familia de Chictón y la participación independiente del Poder Judicial de la Federación para reponer la etapa de investigación que se cerró de forma corrupta; demandaron la inmediata resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la pronta reparación del daño para toda la familia criminalizada injustamente y cuyo padre fue asesinado en prisión.

Representantes de la organización Melel Xojobal advirtieron su preocupación sobre el incremento de las violencias y su gravedad contra niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Señalaron que del 2011 al 2021, 70 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio y que la mayoría de los casos están en la impunidad.

Mencionaron que Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, y Tapachula son los municipios donde se registran los mayores porcentajes y que el 43% de los casos se trataba de niñas y adolescentes indígenas.

Asimismo, apuntaron que otras víctimas de feminicidio son las niñas y niños que se quedan huérfanos por el asesinato de sus madres y no cuentan con ningún apoyo del Estado.

Mencionaron que el promedio de hijos que pierden a su madre por ser víctimas de feminicidio es de 2.4 y que, en este año, 36 niñas y niños se encuentran en esta situación.

Para terminar, señalaron su preocupación por el alarmante incremento en la desaparición de niñas, niños y adolescentes en 2021, con una cifra récord de 574 donde las niñas y adolescentes mujeres representan el 72% del total.

Sobre las mujeres privadas de libertad, la Colectiva Cereza denunció que el Sistema de Justicia Penal reproduce la violencia contra las mujeres y el racismo y no garantiza condiciones de seguridad para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia y, en cambio, se les criminaliza injustamente.

Aseguraron que las mujeres en prisión reciben malos tratos y con la pandemia se ha obstaculizado el de por sí precario acceso a la justicia, por lo que se encuentran en un estado de absoluto abandono jurídico.

Exigieron que se agilicen los trámites en los procedimientos jurídicos, que se juzgue con perspectiva de género y que las autoridades investiguen a los verdaderos responsables y dejen de fabricar carpetas de investigación.

Demandaron a la Fiscalía General del Estado la libertad de Marisela López Bautista,  Marleni Villatoro González, y María López Pérez quienes han sido en privadas de la libertad y condenadas injustamente y se cumpla el derecho a la preliberación de Arely Domínguez Méndez.

LAS CHICANADAS DEL CARLANGAS.

Usos y abusos de poder del “Modosito”…

Golpe al bolsillo de los Adultos Mayores…

Alcalde se apunta para la gubernatura...

 

Los cómplices de Carlos Morales Vázquez…

LA MEDIOCRIDAD POLÍTICA…

De unas décadas a la fecha, Chiapas se ha convertido en el “paraíso de la mediocridad política-administrativa”. Ahora cualquier pelafustán puede llegar a los más altos cargos de representación popular y puestos de primer nivel federal, estatal y municipal, sin tener ningún mérito o conocimiento de la materia encargada, asegurando magros resultados.

Me estoy refiriendo concretamente al “Modosito” Presidente Municipal de la comuna tuxtleca, CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ, el que solo piensa en la próxima elección, cargo y el dinero; no en el desarrollo de la capital chiapaneca y los tuxtlecos a los que presuntamente gobierna. Ahora se cree con los méritos suficientes para ser candidato a gobernador por encima de las aspiraciones de su hermano PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ.

Se tienen que analizar cuáles son los pendientes que atiende sin que sean prioritarios, sino solo aquellos que le sirven para promocionarse con destino a la elección del 2024 y la gubernatura de Chiapas, donde ya se apuntó por su relevante reelección, sospechosa y fraudulenta que le hace sentirse con derecho a esa importante posición de oportunista.

Claro que la llegada de CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ a la Alcaldía de Tuxtla se debió más a la inercia “López-Obradorista” en su primera incursión y a la imposición desde el poder en su reelección, que a sus méritos. De eso se ha valido el “Zopi de Coita” para el uso y abuso del poder en beneficio  propio y enriquecimiento ilícito, remedando a su “Guía Espiritual”, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, como en el otorgamiento de compras y obras, sin el requisito legal de las licitaciones.

Abusando del poder, de él y su hermano PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ, “El Carlangas” revirtió ante el TEPJF la sentencia del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) con respecto al delito de “Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género” de que le acusó la Regidora priísta, ADRIANA GUILLÉN HERNÁNDEZ, por lo que no era candidateable ni elegible.

Es este particular caso, operaron desde la 4T  para proteger al Edil con respecto a la acusación en materia de corrupción que el entonces Diputado Local, JUAN SALVADOR CAMACHO hizo ante la Comisión de Vigilancia de la LXVII Legislatura que presidía ANA LAURA ROMERO BASURTO y que fuera remitida a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas que jefatura JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ, quienes a simple vista se convirtieron en cómplices al servicio de CARLOS MORALES. Por eso no se confía en la autoridad.

Los hechos de corrupción que las autoridades de procuración de justicia o la investigación a los presuntos ilícitos del Presidente Municipal y su cofradía de testaferros, supongo que están a la vista de todos, como la compra de los 3 mil 834 contenedores de basura por un monto de 28 millones de pesos, que otorgó sin licitación y    de manera directa a su empresa favorita PROACTIVA-VEOLIA, con quien tiene contratos y negocios sospechosos y posiblemente muy sucios.

Pero, como el dinero es la principal ruta de CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ en su aspiración a ser el sucesor de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS en la “Silla de Morena”, pues necesita hacer su cochinito de ahorros, por lo que inventó una nueva chicanadas para acopiar recursos, en detrimento económico de  los Adultos Mayores, usuarios del servicio de agua potable que gozan de un descuento por esa condición de edad.

Para cumplir la amenaza, en las oficinas de pago de SMAPA hay un letrero que dice: “Descuento Amanecer. Nuevo Reglamento de Consumo de 0 a 25M3 para que proceda el descuento”, perooo, en la ventanilla la empleada hace la advertencia que: “para que proceda su descuento tiene que cambiar su medidor; si no lo hace, se le va a suspender su beneficio”. Pensando con malicia, en el medidor puede estar la trampa de incrementar el consumo medido para no hacer efectivo el descuento, además de que el costo del medidor, 750 pesos, lo tiene que pagar el usuario, más el pago por la instalación.  

Visto desde mi perspectiva, este es otro de los abusos de autoridad y sentido de corrupción del Presidente Municipal CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ, con la perversa intención de obtener recursos, como lo hace también con los “giros negros” de bares, cantinas, piqueras, burdeles e inclusive la zona roja llamada “La Galáctica”, de la que presumiblemente no ingresan los cobros. No es menos redituable para el “Zopi de Coita” el flujo de casi 4 mil  ambulantes que pagan una cuota con derechos, pues gozan de un tarjetón expedido por el Ayuntamiento que los legaliza.

En fin, son innumerables los actos de soberbia, uso y abuso de autoridad; casos de corrupción, donde el mismo poder federal y estatal protege las chicanadas de CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ, ofendiendo y perjudicando a quienes por ley exigen sus derechos, como en este caso los Adultos Mayores a quienes está vulnerando sus beneficios del descuento “Amanecer” mediante un cambio de reglamento al respecto.

Estaremos pendientes para ver hasta donde la 4T, Morena, la nueva Comisión de Vigilancia de la LXVIII Legislatura que preside la diputada PAOLA VILLAMONTE PÉREZ y la de Hacienda a cargo de FELIPE DE JESÚS GRANDA PASTRANA, actúan en consecuencia o archivan el expediente de corrupción de CARLOS MORALES VÁZQUEZ como lo hizo el Auditor Superior del Estado, JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ y la ex diputada LAURA ROMERO BASURTO, que sin lugar a dudas, actuaron bajo consigna, de manera sospechosa y se hicieron cómplices de un acto ilícito…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CIRCO: MONÓLOGO PERMANENTE

De niño, mi padre me llevaba al circo, yo creo que a veces por agradar a la familia, y otras para agradar solo a mi madre. Pero ver a los malabaristas y hasta los perros bailando y recogiendo pelotas era alegría y olvidábamos nuestros problemas, yo era un niño (pero ya tenía problemas en la escuela con otros).

Esta introducción me lleva a comentarle que la palabra “circo” la inventaron los griegos. Con ella se referían a todo tipo de representaciones destinadas a la diversión popular y aptas para toda la familia. Eran grandes fiestas en aquella época romana, el “circo” es (era) el espacio destinado a los juegos públicos, como las luchas de gladiadores, las batallas navales (o las competiciones ecuestres y de carros en las que la sangre corría en abundancia para deleite de los espectadores. No había narcos ni zetas, pero corría sangre.

Sea pues, que el circo, ha sido tradicionalmente mucho más que disfrutar de un atractivo espectáculo. Actualmente es una ventana abierta a un mundo de fantasía, un camino mágico al entretenimiento de toda la familia, donde lo imposible se hace realidad. Y nos entretiene y nos hace olvidar la realidad, la pobreza y nos venden la idea de que somos la razón de nuestro gobierno.

Eso es exactamente lo que estamos viviendo en nuestro país, México, la función de un circo llamada transformación y Democracia, donde todos tienen butaca numerada y son parte del espectáculo.  

El dueño del circo con el afán desquiciado de querer sentirse aclamado, respetado y adorado lo ha conducido a inventarse otros datos; a crear y creer persecuciones; a arremeter contra la prensa y a fomentar la división entre los mexicanos. Mientras el país transita entre la inseguridad y la volatilidad económica ante una generación de más pobres.

Día a día está presente este exhorto para el gobierno federal y es “divide y vencerás” frase de dudoso origen atribuida al dictador y emperador romano Julio César, resume la estrategia con la que los gobernantes de nuestra nación y quienes aspiran a serlo nos dirigen y alientan. Su plan consiste en enfrentarnos los unos a los otros. Y se está viviendo cuando consiguen su objetivo enfrentando a distintos colectivos, o echando a la sociedad en general encima de algún grupo en particular.

Esto viene siendo de observancia general en la sociedad que sabe de la promoción para dividir hasta en las familias. Y es que, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llena el zócalo con acarreados del pueblo sabio, lucrando con la necesidad de las personas que, muchas de ellas han declarado que les dieron 500 pesos y momentáneamente le gritan y aplauden. así el zócalo como el país son una puesta en escena de un monólogo permanente.

Puntos Suspensivos…

La UNACH ha presentado una nueva oferta educativa que llama la atención, la han intitulado “Inclusión Social” con metodología a la vanguardia, la UNACH es la primera a nivel nacional en presentar 125 programas educativos de profesional superior. El plan es cuatrimestral. Excelente difusión que imagino está coordinando Rossemberg Maldonado considero nueva adquisición de la máxima casa de estudio de los chiapanecos… Son diferentes las áreas de la administración capitalina de Tuxtla Gutiérrez donde la corrupción está siendo evidenciada, los permisos de uso de suelo tienen un precio de acuerdo para que sean requisitadas, la secretaría de Desarrollo Municipal próximamente será llevada al juicio paralelo de la sociedad, las quejas se están acumulando. Aparte el tema de Protección Civil y el despacho del pariente acomodado en la administración que dirige Carlos Morales Vázquez… abordaremos el tema de la Ciclo Vía capitalina y las quejas…

Colaboré con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) hace muchos años. De la mano de la renombrada economista Trinidad Martínez Tarragó –que da su nombre a la biblioteca de la institución– creamos el Departamento de Estudios Internacionales. Convivíamos muy de cerca con el Programa de Estudio de los Estados Unidos, dirigido por los entrañables amigos chilenos, entonces en el exilio, Luis Maira y José Miguel Insulza. Fueron épocas de creatividad y entusiasmo que no olvido.

Eran los primeros años del decenio de los ochenta. Después, la vida prosiguió por otros caminos, pero nunca he dejado mi cercanía y cariño por la institución. La considero, por su trabajo de docencia e investigación, uno de los centros más importantes de México; la calidad de sus egresados y publicaciones hablan por si mismos.

En las últimas semanas el CIDE ha dado lugar a numerosas polémicas. Estas se encuadran dentro de un lamentable enfrentamiento entre el presidente López Obrador y grupos del mundo intelectual: académicos, formadores de opinión, periodistas, escritores. Algunos de esos intelectuales nos entusiasmamos con su triunfo electoral; muchos no coincidimos, ahora, con el rumbo que ha tomado su posición ante diversos problemas.

El nombramiento de un nuevo director para el CIDE ha sido necesario después que las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presionaron para la renuncia del doctor Sergio López Ayllón. Los debates sobre el nuevo nombramiento han dado lugar a una intensa reflexión sobre el papel que deben desempeñar los centros de investigación pública durante el gobierno de la 4T.

Las medidas tomadas por el director general interino, doctor José Romero Tellaeche, en los días que ha estado a cargo de la institución; el rumbo que ha tomado el proceso para la elección del nuevo director; las implicaciones que todo ello tiene para el futuro de los centros de docencia e investigación en el país han producido preocupación, enojo y desaliento en la comunidad del CIDE.

El descontento de los profesores tiene que ver, entre otros puntos, con el desconocimiento, de manera unilateral y arbitraria, de órganos colegiados como la Comisión de Dictaminación Académica; el despido de la secretaria académica por haber convocado a la misma, tal y como lo estipula el reglamento; y la indiferencia para dar solución al problema de fideicomisos integrados por financiamiento proveniente de fuentes extranjeras. A todo ello se aúna la disminución generalizada de prestaciones a los profesores e investigadores, cuyo ingreso se ha reducido significativamente.

Todo lo anterior desembocó en una nutrida manifestación de protesta ante las oficinas del Conacyt que tuvo lugar el mismo día que se reunió el Grupo de Auscultación Externa para pronunciarse sobre los planes de trabajo de los candidatos que se han presentado para la Dirección del CIDE: el propio director interino, doctor Romero Tellaeche, y el doctor Vidal Llerenas.

Ambos candidatos tienen buenas credenciales académicas, doctorados obtenidos en prestigiadas universidades extranjeras y diversas publicaciones, en mayor número el doctor Romero Tellaeche. Ambos son conocidos partidarios del gobierno de Morena. Ambos se pronuncian, con matices muy distintos, por una revisión a fondo de la forma de operación del CIDE. Sus programas de trabajo han circulado abiertamente entre quienes tengan interés en consultarlos.

Tres opiniones expresadas en el documento de trabajo de Romero Tellaeche así como por miembros del Grupo de Auscultación Externa me parecen dignos de una reflexión más amplia. La primera tiene que ver con el número limitado de estudiantes que acceden al CIDE; sólo 30% de quienes lo solicitan son admitidos. Ante esa situación, se considera que están dejando fuera estudiantes que no tuvieron el privilegio de tener una educación media de mayor calidad, lo cual merece calificarlo como un centro elitista, indiferente a necesidades nacionales que llaman a proporcionar educación de excelencia a grupos más numerosos.

Cierto que sería deseable tener mayor número de estudiantes en centros de excelencia, pero estos no pueden abrirse indiscriminadamente. Por su tamaño y presupuesto, el CIDE requiere de un examen de admisión para mantener la excelencia. Solucionar el problema de la baja calidad de la educación media no corresponde al CIDE. Corresponde, y ojalá se lograra, a las autoridades educativas del país.

La segunda opinión, un tanto sorprendente, es que el cuerpo de profesores ha obtenido sus doctorados en el extranjero, principalmente Estados Unidos y Europa. Utilizan, entonces, conceptos “neoliberales” que en mucho han contribuido a políticas públicas con resultados desastrosos para la mayoría de los mexicanos.

Semejante lectura es una interpretación engañosa que, llevada a su extremo, conduce a estigmatizar a la mayoría de cuadros profesionales de nuestro país. Propone aislar a México de las corrientes para la adquisición del conocimiento que resultan del encuentro con ideas, metodologías, descubrimientos que tienen lugar en los centros con mayores recursos financieros y humanos que, comprensiblemente, se encuentran en los países más avanzados.

Si algo es deseable rescatar del buen encuentro que tuvo recientemente el presidente López Obrador con el presidente Biden es el buen ánimo para incrementar la cooperación en materia educativa. Según la información proporcionada por la Casa Blanca sobre sus conversaciones, “ambos reconocieron la importancia del entendimiento educativo y cultural entre los habitantes de ambas naciones y ofrecieron fortalecer esos lazos”. Poco tienen que ver esas palabras con descalificar a quienes estudiaron en universidades estadunidenses.

Ahora bien, la crítica más discutible y peligrosa es aquella que pide alinear las actividades del CIDE con las prioridades que establezca el gobierno y asegurar que los principios de la 4T “se apliquen con todo rigor en los centros de educación superior”.

Llevar a cabo docencia e investigación en ciencias sociales teniendo en mente los problemas nacionales es, indiscutiblemente, necesario. Pero algo muy distinto es trabajar aceptando los lineamientos ideológicos y metodológicos que marque el gobierno en turno. El trabajo académico es útil para tener diagnósticos rigurosos a partir de las teorías más pertinentes, evaluar los resultados que se obtienen y llevar a cabo las rectificaciones que sean necesarias.

El problema del CIDE encapsula, de cierta manera, los argumentos y contraargumentos que tienen lugar entre los intelectuales y el gobierno. El desenlace será significativo para las posibilidades de ampliar, o reducir, espacios para un diálogo constructivo entre ambos. Ojalá dicho desenlace, que se conocerá los próximos días, no profundice la distancia. 

Tras 16 años como canciller de Alemania, y a una semana de ser sustituida en el cargo por Olaf Scholz, Angela Merkel, de 67 años, pidió a los alemanes evitar el odio durante su discurso de despedida en “Großer Zapfenstreich”, donde fue ovacionada de pie.

La también llamada ceremonia del Gran Tatuaje es una tradición que data del siglo XVI celebrada cuando dejan el cargo el presidente federal, un canciller o un ministro de defensa.

Este 2 de diciembre se celebró en la gran explanada del Ministerio de Defensa, en Berlín, a la que acudió casi toda la élite política alemana, a excepción de Alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha, que no fue invitada al evento.

“Nuestra democracia también vive del hecho de que donde quiera el odio y la violencia se considera un medio legítimo para perseguir los intereses de uno. Nuestra intolerancia como demócratas tiene que encontrar un límite”, reconoció.

“Nuestra democracia –siguió– vive de la capacidad de comprometerse críticamente con las ideas y corregir su camino, y vive de equilibrar el respeto que nos tenemos unos a otros y el interés que tenemos los unos por los otros, basada en la solidaridad y la confianza, y también en confiar en los hechos, en que ahí donde se niega el conocimiento científico y se persiguen las teorías de la conspiración y se persigue la incitación al odio”, declaró.

Respecto a la pandemia de covid-19, reconoció que ésta demostró la importancia que se debe tener en los políticos, la ciencia, el discurso público y la sociedad, pero también “cuán frágiles pueden ser todas esas cosas”.

La tradicional Großer Zapfenstreich incluyó un desfile de luces de antorchas, honores militares de la Bundeswehr, las fuerzas armadas federales y una selección de tres canciones elegidas por Merkel: un tema de la cantante punk Nina Hagen, de 1974; un himno cristiano y una balada de Hildegard Knef, así como el himno nacional.

En un breve discurso, Merkel se refirió a los desafíos enfrentados en estos 16 años en el cargo, como la Gran Recesión y la Crisis Migratoria de 2015. Consideró todos los retos de su gestión como “desafiantes”, pero también dio las gracias a los alemanes que confiaron en ella. “Lo agradezco de corazón”, fue su última frase.

Acompañada por su esposo, Joachim Sauer, no se realizó la celebración habitual al término de la ceremonia por la pandemia de covid-19. Por el contrario, se marcharon en un coche oficial mientras saludaban a la gente desde la ventanilla.

Después de su discurso, la banda de la Bundeswehr interpretó sus canciones elegidas, empezando por Du hast den Farbfilm vergessen (Has olvidado la película de color), de la cantante punk Nina Hagen, que fue famosa en 1974 y se considera una crítica al régimen comunista de la República Democrática Alemana (RDA), donde Merkel vivió su niñez y su adolescencia.

“La canción fue un capítulo culminante de mi juventud, que se sabe, tuvo lugar en la RDA. Por casualidad, también está ambientada en una región que estaba en mi antiguo distrito electoral, en el Mar Báltico. Como tal, todo encaja”, explicó.

Luego interpretaron Für mich soll’s rote Rosen regnen (Deberían lloverme rosas rojas), una balada de la cantante Hildegard Knef, mientras le regalaron un ramo de rosas rojas. Finalmente, el himno cristiano del siglo XVIII titulado Großer Gott, wir loben dich (Dios santo, alabamos tu nombre), pues fue educada como hija de un pastor protestante y como militante del partido democristiano alemán: la Unión Democrática Cristina (CDU).

Merkel dejará oficialmente la Cancillería dentro de una semana, cuando su sucesor, el socialdemócrata Olaf Scjolz, rinda juramento ante el Parlamento. La todavía canciller le deseó a él y a su nuevo gobierno de centro izquierda “todo lo mejor, buena suerte y mucho éxito”.

Además, envió un mensaje a los alemanes a ver el mundo a través de los ojos de los demás y a trabajar con alegría en el corazón, y agradeció a los trabajadores de la salud que estuvieron en la primera línea de batalla durante la pandemia de covid-19.

El pasado 25 de noviembre se conmemoró por vigesimoprimera ocasión el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Como cada año, es una oportunidad para hacer visible la violencia que viven mujeres y niñas en el mundo que de acuerdo con datos de ONUMujeres cobra la vida de137 mujeres; una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual pero menos del 40 por ciento de quienes han vivido violencia buscan algún tipo de ayuda. 

Este escenario lo conocen muy bien las migrantes y solicitantes de protección internacional. La violencia de género se ha convertido en una de las principales causas de desplazamiento de las centroamericanas.

De enero a octubre de este año, 108 mil 195 personas han solicitado asilo en México, 40.40 por ciento corresponden a solicitudes hechas por mujeres. Estas cifras son un indicador del recrudecimiento de la violencia y la desigualdad que viven en sus países. Violencia que las obliga a salir y que no termina con huir de su país, muchas de ellas son perseguidas más allá de las fronteras, o se enfrentan a la violencia -discriminación y rechazo- en el estado de acogida, siendo las policías municipales, elementos de la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración y población en general, quienes violentan a las mujeres en movilidad, según han reportado distintas organizaciones de la sociedad civil que brindan atención en México.

Aunque existe un robusto marco jurídico nacional e internacional para proteger a las mujeres de la violencia, no han sido suficientes para garantizarles una vida libre de violencia sin importar el país donde se encuentren. En materia de asilo, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político vigente, es considerada una ley modelo, ya que incorpora dos definiciones de la condición de persona refugiada: la que surge de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la de la Declaración de Cartagena de 1984. Además, reconoce el género como motivo para solicitar asilo en México.

Otros lineamientos complementarios son los del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los derivados de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres, que son vinculantes para México, que establecen que la persecución basada en género puede dar lugar al reconocimiento de la condición de refugiada. La protección es amplia pues abarca la violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, en la comunidad y aquella perpetrada e incluso tolerada por el Estado.

Aunque la ley es clara, las mujeres que han sido víctimas de violencia de género en sus países de origen y han tenido que salir en busca de protección en México no reciben el reconocimiento de la condición de refugiadas por esa causa, sino que se les “protege” bajo la figura de la protección complementaria, que en realidad es aplicable para aquellas personas que no pueden vivir en sus países por temor a ser sometidas a tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta figura es una limitante para que puedan ejercer el derecho a la reunificación familiar, por ejemplo.  

Reconocer a las mujeres como refugiadas a partir de la violencia de género supondría un importante avance para reconocer que es estructural y generar acciones afirmativas en los procesos de resolución de solicitudes de asilo que lleva a cabo la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Si bien las mujeres y las niñas representan el grupo más grande de personas afectadas por la violencia de género según los datos existentes, es importante reconocer que la violencia de género inflige daño a todas las personas y quienes pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ también enfrentan riesgos elevados de ser víctimas de ésta.

Aunque pareciera obvia la existencia de un protocolo diferenciado para atender estas solicitudes y se cuenta con un denso “cuerpo de derechos”, la realidad es que la COMAR carece de técnica y voluntad para mejorar su operación en favor de las mujeres sobrevivientes de violencia de género. A eso se suman otras problemáticas como la obligación de firmas semanales y de permanecer durante todo el proceso en el lugar donde se inició la solicitud, en algunos casos las mujeres son localizadas por su agente persecutor exponiéndolas nuevamente a la violencia.

En este contexto, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (Imumi) consideramos que es importante exigir a las autoridades competentes desarrollen el análisis técnico institucional (empático y sensible) de las causales de reconocimiento de la condición de refugiado con perspectiva de género, así como el uso de lineamientos públicos respecto del análisis y decisión de casos de mujeres sobrevivientes de violencia de género, en consonancia con las buenas prácticas internacionales.

Todo esto implica, también, una capacitación integral sobre la categoría de género para todo el persona involucrado en la atención de mujeres solicitantes de asilo en el país, pues el desconocimiento es un elemento importante que ha generado y reproducido patrones que violentan a las mujeres y las revictimiza, en un contexto en el que la violencia no culmina con el cruce de una frontera, sino que continúa presentándose de manera recurrente en los países de tránsito y destino, lo que llamamos violencia trasnacional.

Las mujeres y las niñas migrantes y solicitantes de protección internacional, como tú, merecen una vida libre de violencia. ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas Ya!

* Lizeth García, es la abogada de asilo en la Clínica Jurídica del Imumi. Diplomada en Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la UNAM y Derecho Internacional por la OEA.

**Francisco J. Landeros, investigador, doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investiga sobre migración, fronteras, desigualdad social y condiciones de vida de comunidades vulnerables.

VUELVE “EL DÍA DEL PRESIDENTE”.

Revive López de Santa Anna en AMLO…

Caldo de cultivo para el Covid-19…

Millonario costo de ególatra ocurrencia…

 

Los feligreses que no entienden el discurso…

APLAUSO Y PLEITESÍA A CIEGAS…

La lucha por terminar con las pleitesías, los aplausos y concentraciones que el PRI inventó para sus Presidentes de la República, fueron en vano. Con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR vuelve el “Día del Presidente” y los tiempos de “Su Serenísima”, ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA o los gobiernos postrevolucionarios cuando se recibía al mandatario con vallas, banderitas y porras por niños y jóvenes escolapios, inclusive adultos.

Creo que el último “virrey mexicano” al que se le vitoreó desde las ventanas de los departamentos tirando confetis y serpentinas, con las calles atiborradas de gentes para ver pasar al Presidente, fue CARLOS SALINAS DE GORTARI, a quien LÓPEZ OBRADOR odia, pero que mencionó cuando menos una vez en este su informe de tercer año de gobierno, que en suma, lleva con este de hoy miércoles 1 de diciembre, once, a la mitad de su sexenio.

Como lo había pronosticado –que era una bola cantada—y cualquiera lo hubiese previsto, el zócalo de la Ciudad de México estuvo atiborrado de gente que según el Prejimiente, “vinieron por su propio pie y convicción”; pero que de alguna manera los motivó a asistir al AMLO-FEST al ofrecerle un libro “a todos los que llegaran”, de una publicación de 2 millones de ejemplares de 21 temas. El derroche de dinero.

Será por mi animadversión a las políticas y también a la persona del Prejimiente LÓPEZ OBRADOR es que me pareció tedioso y sin sustento el discurso de 1 hora con 20 minutos, que también debió parecer un siglo a quienes estuvieron parados desde el mediodía en la plancha del zócalo capitalino, después de viajar miles de kilómetros para rendir pleitesías a su “Mesías”. Bueno, fue su gusto.

Me llamó la atención muchas de las afirmaciones que en su “Informe” hizo el “Tigre de Macuspana”, sobre todo porque ya la mayoría de ellas las conocemos y las ha repetido en innumerables ocasiones. Pero eso de que “en tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo; la revolución de la conciencia, lo más cercano a lo esencial, a lo irreversible. Porque podrán cambiar lo material, pero no la conciencia del pueblo de México”, es una  tesis de doctorado. ¡Hijole; eso está cabrón!.

Pero el Semi-Dios no se midió cuando dijo que en su gobierno “se respeta la Constitución; hay libertad de expresión y crítica… se fortalecen los valores culturales y espirituales… no hay fueros ni privilegios; se respeta a todos y por el bien de los pobres, primero los pobres”. ¿Mentiras, falacias, estupideces?; todo junto porque la realidad es otra cuando ellos solo viven en el país de “Pejelandia”.

Y como siempre, a nombre del “pueblo bueno y sabio”, el “Señor de Palacio” se refirió a la “Revocación de Mandato” que dijo, “nosotros lo inventamos porque queremos dejar un precedente donde el pueblo pone y el pueblo quita”. Entiendo su fantasía, porque en política el pueblo no existe ni decide; ni siquiera en las elecciones, porque, mientras el gobierno tenga el poder para decidir quién gana y quién pierde en un proceso electoral, ni siquiera el voto será democracia.

Un tema que LÓPEZ OBRADOR no excluye de su discurso y aprovecha toda oportunidad es la de enaltecer a las Fuerzas Armadas con quien se ha coludido de manera peligrosa para fines aviesos y perversos a corto plazo. Porque, dejarles para su administración y peculio las ganancias e impuestos que se recaben del aeropuerto “Felipe Ángeles”, el “Tren Maya”, el “Proyecto Transístmico”, los Puertos y Aduanas, es un cerco que los próximos Presidentes y administraciones federales no podrán revertir, sin un conflicto con los poderosos generales.

Eso no lo dijo don ANDRÉS MANUEL, porque sabe que está dejando una trampa a los próximos sexenios que pueden ser de otros partidos contrarios al suyo en un tiempo no muy lejano, igual que sucedió con el PAN como sucesorio del PRI. Pero volviendo al tema que nos ocupa del informe por el “Tercer Año de Gobierno” y la concentración “como caldo de cultivo del Covid-19” en el zócalo de la Ciudad de México, hay que señalar la irresponsabilidad del Prejimiente, quien expuso a sus feligreses a una masiva ola de contagios que en unas semanas más se va a ver.

De la misma manera, habría de preguntar –en aras de la transparencia y rendición de cuentas-- ¿cuánto costó la movilización-acarreo de ciento de miles de feligreses desde lejanos estados y municipios al zócalo de la Ciudad de México para aplaudir al “Mesías” en el “Día del Presidente” –como en los viejos tiempos del PRI—este primero de diciembre?.

Gobernadores y Alcaldes de extracción morenista de la 4T, saquearon el erario estatal y municipal para pagar el transporte, las tortas y refrescos (más algún pago extra por su participación) de quienes se rentaron para hacer el tumulto y llenar la plancha del zócalo de la capital de la república. También hubo que pagar los autobuses en los que se transportaron los contingentes, que no son de gratis y cobran por tiempo y distancia.

Nadie en su santo juicio, con sus propios recursos económicos y sin un estímulo monetario de por medio,  –y menos a como están las cosas con esta inflación del 7.5 por ciento—se arriesgaría a viajar mil kilómetros o más desde cualquier municipio de Chiapas, por ejemplo, hasta la Ciudad de México para ir a aplaudir un discurso vacío, intrascendente de 1 hora-20 minutos de un “Mesías” sin proyecto.  

Por supuesto que estas son prácticas muy viejas de acarreos que inventaron los llamados “neoliberales”, “conservadores” e integrantes de la otrora “mafia del poder” que ya está incrustada en el Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que ahora “Su Serenísima Deidad Olmeca” ha acogido y hecho suyas de la manera más vergonzosa y descarada. Porque, el que escupe al cielo, en la cara le cae el escupitajo…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Grid List

German y Abraham López Montejo, de la organización La Verdadera Voz del Amate denunciaron Amenazas, hostigamiento y discriminación por parte de las autoridades del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5 de San Cristóbal.

En un comunicado explican que tras recibir humillaciones y falta de atención por parte de la autoridad y ante el miedo de ser agredidos por otros presos que se encuentran en el Área Verde, declararon que a conocimiento de los directores anteriores, existe una certidumbre de que son personas pacíficas que respetan a las autoridades y sus elementos, y siempre en búsqueda del diálogo ante alguna anomalía.

“Nosotros valemos igual como la gente mestiza, y así como las autoridades, también tenemos derecho de recibir apoyo del centro penitenciario”, citaron en tanto que explican que por un malentendido con el encargado del centro, Giovani Ramos Morales, comenzaron a ser ignorados, “esto debido a que no le compran agua purificada a un particular, ya que le reprochaban que se trata de un derecho humano”.

Y tras el ingreso de un penitenciario de nombre Gerardo, miembro de una pandilla a quien señalaron como el iniciador de la riña del 19 de noviembre que culminó con dos fallecidos, solicitaron que por las faltas de respeto, robo de sus pertenencias y en búsqueda de su integridad, fueran trasladados a un área que cuenta con mayoría indígena.

“Fuimos a hablar con el alcalde Pablo Mendoza Morales y no nos hizo caso, le explicamos cómo está el problema y nos dijo que ‘hagan lo que quieran, pues no me perjudica en nada’. Que si nos quieren romper la madre, no le importa si pasa algo”, expusieron.

Denunciando que en el Área Verde sufren humillaciones debido a su condición, “le dijimos al director: ‘Nosotros queremos estar tranquilos con otros compañeros indígenas, nos entendemos por ser indígenas’”, puntualizan.

Finalmente dejaron en claro que sólo buscan tranquilidad y paz ante los atropellos de las autoridades y las demás personas privadas de su libertad.

Luego que el Congreso local aprobó esta madrugada el presupuesto estatal 2022, sin otorgar más recursos a la Universidad de Guadalajara (UdeG), el rector general Ricardo Villanueva reclamó la negativa de apoyo a la casa de estudios.

A través de Twitter, el rector publicó que la legislatura que apenas comienza, se sometió a los “caprichos de un solo hombre por encima del bien común”, en alusión al mandatario Enrique Alfaro.

El rector precisó que los únicos legisladores que no se sometieron fueron Mara Robles y Enrique Velázquez, pertenecientes al partido Hagamos, el cual está relacionado con la UdeG.

“Gracias a @EnriqueV01 y @MaraRoblesV por siempre mantenerse firmes y a la altura, por poner sobre la mesa una discusión basada en la razón y argumentos, ante un Congreso que votó a ojos cerrados”.

Villanueva advirtió que la UdeG “seguirá denunciando los abusos de poder y seguirá fiel a su lucha: defender lo que es justo”.

Ayer el rector encabezó una manifestación en la plaza Liberación para exigir al Congreso más presupuesto, y adelantó que en caso de no conseguirlo convocaría a recaudar firmas para presentar una iniciativa popular para que la UdeG tenga un presupuesto “constitucionalmente autónomo”.

Periódico impreso edición No. 2277 del día 3 DE DICIEMBRE del 2021 . [Leer completo].

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó ya la reanudación del muy criticado programa “Quédate en México”, una decisión polémica que justificó por “razones humanitarias” y porque el gobierno estadunidense de Joe Biden aceptó entregar “mayores recursos” a México para albergues y organizaciones internacionales.

“En virtud de que el gobierno de los Estados Unidos ha aceptado las preocupaciones de carácter humanitario del gobierno de México (…) el gobierno de México ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”, informó la Cancillería en un boletín emitido por la mañana.

Según la dependencia, Washington aceptó destinar “mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales”, pero también se comprometió a vacunar a las personas devueltas, proteger “grupos vulnerables” y tomar en cuenta “las condiciones locales de seguridad y de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración (INM)”.

El anuncio sobre la aceptación oficial de “Quédate en México” por parte de México se dio apenas un día después que ambos gobiernos lanzaron la iniciativa “Sembrando Oportunidades”, que pretende articular esfuerzos de ayuda para el desarrollo de ambos países en Honduras, Guatemala y El Salvador, con el fin de evitar que las personas huyan de las condiciones de pobreza y violencia que ahí imperan.

El programa “Quédate en México” fue implementado en los primeros días de la presidencia de López Obrador, como producto de negociaciones tras bambalinas llevadas a cabo por el equipo cercano de Marcelo Ebrard Casaubón y funcionarios de la administración de Donald Trump durante el periodo de transición; eso es, antes de que se volviera canciller.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han tachado el programa de “inhumano” y violatorio al derecho a la protección internacional, pues sirvió de pretexto a las autoridades estadunidenses para devolver a las peligrosas zonas fronterizas de México a más de 70 mil solicitantes de asilo extranjeros.

Esta devolución masiva colapsó las capacidades de alojamiento en los albergues de los municipios fronterizos, y obligó a miles de personas a amontonarse en campamentos improvisados, a la merced de las organizaciones criminales y los grupos armados que controlan estas zonas: la organización Human Rights First ha documentado más de mil 100 casos de asesinatos, violación, secuestro, tortura y agresión durante la implementación del programa.