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“La democracia o se le cuida y preserva o se nos acaba”, bajo esta premisa, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), alertó de los riesgos del llamado Plan B de reforma electoral e incitó a la ciudadanía a interponer una lluvia de amparos en contra la medida.

Durante la presentación del libro “La democracia no se toca”, de editorial Planeta, que escribió junto con el consejero Ciro Murayama, el funcionario llamó a la ciudadanía a presentar demandas en contra de las reformas a leyes secundarias en materia electoral, conocidas como “Plan B”.

“La democracia requiere de una defensa colectiva”, dijo Córdova. “La apatía o la indolencia ciudadana es el terreno fértil donde germinan los autoritarismos y con ello, las regresiones democráticas”, remató.

Córdova anunció que la próxima semana, el INE promoverá una controversia constitucional en contra de las reformas en materia de propaganda que limitan la veda electoral. También, dijo que harán lo propio en contra de toda la reforma, una vez aprobada en su totalidad en el Congreso, pues consideró que desde todas las trincheras, partidos de oposición, organismos autónomos y ciudadanos, de manera individual o colectiva, tienen el deber de salvaguardar el orden constitucional.

“Que los trabajadores defiendan sus derechos en las instancias judiciales frente a una reforma abusiva, que los sanciona por hacer bien su trabajo y que las y los ciudadanos, también recurran a las instancias jurídicas”, dijo el presidente del Instituto.

“Debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales para ponerle en la mesa, a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales, todos los elementos y argumentos que creamos convenientes para que ellos cumplan esa tarea de control”, manifestó.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama dijo, citando el libro “Vida y Muerte de La Democracia” de John Keane, que en muchos lugares del mundo la “democracia ha colapsado” y una de las características de ese colapso “es que no tuvo suficientes defensores”, en un llamado a las y los ciudadanos a no permanecer apáticos.

“Hubo quien miró hacia otro lado cuando las operaciones autoritarias estaban en curso. En ese sentido, dice Keane, pues los culpables de la destrucción son los autoritarios, pero hay muchos responsables, que son los que dejaron que eso pasara. Yo estoy seguro que en México hay una amplia ciudadanía que no quiere ser corresponsable de la involución autoritaria, mientras haya esa ciudadanía crítica y activa, la democracia seguirá viva”, comentó Murayama.

El consejero electoral dijo que el libro “La democracia no se toca” fue concebido antes de que existiera el Plan B y es un “manual de uso y defensa de la democracia”, ante el temor de que el avance electoral construido durante décadas, sea revertido. Además,comentó que tenemos un sistema electoral híper regulado debido a la historia de México.

“El Plan B atenta contra la Constitución y pone en riesgo el derecho de cada ciudadano de votar en elecciones libres y auténticas”, lanzó.

De acuerdo con Murayama, los daños del plan B se pueden identificar en tres tipos:

1.     El daño estructural al INE.

Esto, “porque desaparecen las 300 juntas distritales del Instituto, desde donde se coordina el trabajo diario, de actualización del padrón”, donde se “actualiza la cartografía electoral, no basta con que nuestro nombre esté en el padrón, tiene que estar perfectamente georreferenciado nuestro domicilio, porque de eso depende que podamos votar por quién nos corresponda”, explicó.

“No es un milagro que haya casillas, es porque hay una institución trabajando todos los días y esa institución y su presencia territorial es lo que el plan B desaparece”, alertó.

2.     Los procedimientos que nos dan certeza y la equidad.

“Hay cápsulas envenenadas contra la elección en el plan B. En vez de las 300 juntas distritales que tiene el país, van a despedir a los trabajadores, van a crear una oficina auxiliar. Dice el artículo 61, en las zonas metropolitanas donde haya más de un distrito, habrá una oficina auxiliar, ¿Saben cuántos distritos electorales, donde viven 420 mil personas en cada uno, hay en la zona metropolitana del Valle de México? 52 distritos, viven más de 20 millones de personas y esperan que las elecciones las haga una oficina con un funcionario. Es poner en riesgo la elección, ya no las elecciones auténticas, las elecciones a secas”, advirtió.

“Otra cápsula envenenada. Los partidos, el mismo día de la jornada, pueden sustituir a sus representantes en las casillas. Hay más de 165 mil casillas, 2 representantes por partido, hay 7 partidos, 14 por casilla, es decir hay más de 1 millón de ciudadanos que el INE debe saber quiénes son. Si sustituyen a los representantes ese mismo día, ¿cómo sabemos que son los representantes legítimos?”, cuestionó.

3.     La destrucción de los derechos laborales de los trabajadores.

“Por un capricho se van a la calle”, dijo sobre el despido masivo que representa la reducción de las juntas distritales.

En ese sentido, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, agregó que se recortarán el 85 por ciento de las plazas del servicio profesional electoral, que es el cuerpo civil de carrera más robusto que existe en el país y está integrado por 2 mil 571 integrantes.

“Dentro del servicio profesional, 792 son responsables de la función registral, es decir, son los que supervisan el funcionamiento de los módulos, depuran el padrón, hacen la cartografía, son responsables de imprimir la lista de los ciudadanos que pueden votar en cada casilla. La reforma reduce esas plazas a 32. ¡Estás hablando de 6 mil puestos de trabajo que la reforma desmantela!”, dijo.

Sobre las oficinas permanentes que se vuelven temporales, Córdova explicó que en muchos territorios el INE es la única instancia pública que puede entrar, como en “zonas controladas por la criminalidad organizada” y “zonas aquejadas por conflictividad social”.

“Esto es posible por la presencia permanente del INE en todo el territorio, porque eso nos permite, con nuestras oficinas, construir confianza con la propia ciudadanía, que no solamente va a ser fundamental para cuando los convoquemos a integrar las mesas directivas de casilla, sino que nos permite operar todo el tiempo. Si el INE se presenta cada 3 años en determinadas zonas del país, ni sabremos qué terrenos pisamos y no podremos eventualmente entrar”, argumentó.

Lorenzo Córdova ironizó, con preocupación, sobre el hecho de que con la reforma los módulos, “para ahorrar dinero”, van a estar en escuelas y en oficinas públicas, en oficinas de gobierno.

“¡Caray, si de ahí es de donde venimos! Precisamente para evitar que el funcionamiento de los módulos dependa de la generosidad de algún gobierno, el que sea, del signo político que sea. Ahora resulta que para que los ciudadanos obtengan la llave de entrada para el ejercicio de sus derechos políticos dependerá de los tiempos, de la generosidad y eventualmente de las condiciones de seguridad, porque hablamos de datos personales, que gobiernos de distinto signo, estén dispuestos a proporcionar”, acusó.

Por último, dijo que si bien el Plan B no implica que el padrón electoral lo controle una dependencia de gobierno, como insinuaba la reforma constitucional, si deja en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) las listas de los electores que pueden votar desde el extranjero.

“Es decir, será el gobierno quien va a decidir cuántos electores podrán votar desde fuera de las fronteras y para poder inscribirse y votar no se necesitará la credencial para votar, bastará con el pasaporte o matrícula consular, cuyo control depende del gobierno en turno”, dijo.

El consejero presidente del INE consideró que fue “importantísima” la movilización ciudadana del pasado 13 de noviembre, la llamada marcha “en defensa de la democracia”, pues fue clave para frenar la reforma constitucional en materia electoral, que tuvo en contra el voto de los partidos de oposición.

“(Ahora el Plan B) es una “auténtica constelación de inconstitucionalidades”, señaló y dijo que el INE y la ciudadanía no “dejarán de presentar un solo recurso” que permita controvertir la constelación de inconstitucionalidades.

A la pregunta de quién se beneficia con la reforma, manifestó que el “Plan B” es una “paradoja” porque la fuerza política que más se ha beneficiado del sistema electoral actual es el partido en el poder, Morena.

“La gran paradoja es ¿por qué dinamitan desde el poder las condiciones que le permitieron el acceso? No lo sé, no quiero imaginar que sea una vocación autoritaria de, pues, ‘de aquí no nos mueven’”, dijo.

“Esta elección abre la puerta a que las elecciones sean, por primera vez en 30 años, como lo eran a finales de los 80, un problema. El principal problema que teníamos, no el único, pero el principal era que no había elecciones confiables. Ese ya no es un problema, seguimos teniendo problemas graves: la pobreza, la corrupción, la impunidad, la violencia que está desbordada, pero el electoral ya no es un problema. ¿Para qué abrir un problema ahí?, bueno, no lo sé, o hay una paradoja alucinante o alguien está apostando a que haya caos, desorden y eventualmente violencia en la contienda por el poder, cosa que ya habíamos exorcizado”, alertó.

La presentación del libro estuvo a cargo de la periodista Carmen Aristegui y la exconsejera, Jacqueline Peschard y el expresidente del entonces Instituto Federal Electoral de México (IFE), José Woldenberg.

Mientras que entre el público asistente estuvieron algunos opositores del gobierno, como el excandidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo; el diputado Salomón Chertorivski; el perredista Guadalupe Acosta Naranjo y la alcaldesa panista de Álvaro Obregón, Lía Limón. Además del publicista Carlos Alazraki.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una iniciativa para convertir el organismo que encabeza en “defensoría del pueblo, en una procuraduría de los pobres”.

En el marco de su informe de labores que rindió hoy ante la Comisión Permanente, Piedra Ibarra dijo que, junto con su informe, entregó su propuesta a la Cámara de Diputados, y mañana lo hará en el Senado.

“Junto con el informe estoy entregando a la Cámara de Diputados y mañana lo haré la Senado, una propuesta de iniciativa de Ley para reformar a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos, y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista”, señaló.

Se trata, añadió, de “generar nuevos mecanismos de exigibilidad que aseguren la vigencia de los derechos humanos” y no se deje al arbitrio de las autoridades que estos se respeten, observen y reparen.

“Existe ya un programa de derechos humanos, es el primero en su tipo que tiene entre sus objetivos mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la autoridad federal, que es un gran avance, pero el problema está en las autoridades locales, principalmente que se niegan a hacerlo. Si en este país no son obligatorios los derechos humanos, ¿qué garantía tenemos de que imperen?”, aseguró.

Desde 2011, dijo, es obligatorio para toda autoridad del Estado respetar los derechos humanos por lo que nada justifica que decidan si aceptan o no una recomendación.

Refirió que la presidencia de Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH concluyó en 2019 con 508 recomendaciones sin cumplimiento.

“A la fecha, con las nuevas emitidas, suman 984 recomendaciones en trámite, lo que plantea que no han sido sancionados ni resarcidos los efectos de las violaciones de derechos que los motivaron”, subrayó.

Piedra Ibarra dijo a los diputados que se esos datos no mueven a la acción para revertir la tendencia “¿qué otra cosa podría plantearse para asumir que ha llegado la hora de hacer cambio en ese sentido?”

Por ello solicitó a las Cámaras de Diputados y Senadores impulsar una reforma para que la CNDH se convierta en defensoría del pueblo.

Las once consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) calificaron de regresivo e inconstitucional el llamado plan B de la reforma electoral, por lo cual adelantaron que interpondrán en su contra los recursos jurídicos correspondientes, como acciones de inconstitucionalidad, una vez que este plan sea aprobado por el Congreso de la Unión.

Lo anterior se señala en un informe sobre el impacto y los riesgos de dicha reforma electoral, y el cual fue presentado hoy durante la sesión del Consejo General del INE y fue elaborado por las y los consejeros de ese órgano electoral.

El informe indica que esta reforma está hecha desde el poder y solo busca beneficiar al gobierno de la “Cuarta Transformación”, mientras que debilita a la estructura del INE, por lo que se pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024.

Asimismo, la reforma vulnera la autonomía técnica del INE en materia de fiscalización; retrocede los avances ya alcanzados en el voto electrónico; modifica plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones; no pone las condiciones para una competencia electoral pareja ya que involucra indebidamente a servidores públicos, entre otros puntos.

Ante todo esto, los consejeros anticipan un incremento en los litigios poselectorales y potenciales nulidades de votación en casillas, con lo cual se pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad política.

Por ello, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que, de aprobarse el llamado plan B, en sus términos actuales, “debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios”.

Y en caso de que el Poder Legislativo apruebe dicho plan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país”, ya que deberá resolver los recursos jurídicos que se interpongan.

Por su lado, el consejero Jaime Rivera señaló que el concepto de propaganda electoral incluido ahora en la reforma, es “burdamente conveniente al gobierno”, puesto que los funcionarios públicos podrán expresarse sin ninguna restricción en tiempos electorales. 

Y al amputarse los órganos distritales y las juntas locales del INE –advirtió Rivera--, este órgano electoral ya no podrá cumplir con su obligación de organizar elecciones limpias, eficientes y transparentes, ni tampoco podrá dar certeza en los resultados de los comicios.

Mientras que el consejero Ciro Murayama afirmó que la reforma es “una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas, comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora, desde arriba, desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática”.

Y la consejera Dania Ravel señaló que la reforma estipula que sea el Congreso de la Unión el que emita las normas de proceso de postulación de candidaturas, con lo cual se le impedirá al INE garantizar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad a través de acciones afirmativas o, simplemente, se le impedirá hacer cumplir el principio de paridad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que las Fuerzas Armadas realicen detenciones de supuestos delincuentes y exhortó al Congreso de la Unión a corregir la ley y establecer protocolos de actuación ante posibles hackeos o vulneraciones del Registro Nacional de Detenciones (RND).

Durante la sesión de este martes, los ministros analizaron la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Ley Nacional del Registro de Detenciones en la que se añadió, en el año 2019, la facultad de que integrantes del Ejército, Marina y Guardia Nacional realicen detenciones.

Esta reforma es parte del grupo de modificaciones y legislaciones impulsadas por la presente administración para mantener al Ejército en labores de seguridad pública.

La CNDH consideraba que la forma en que está prevista en la ley esta facultad es ambigua, pues no establece expresamente si los elementos de las Fuerzas Armadas deben ingresar los datos del detenido de manera inmediata al Registro Nacional de Detenciones y esto genera incertidumbre jurídica.

La Corte estableció una interpretación en la que se debe entender que los elementos castrenses que realizan labores de apoyo a la seguridad pública, conforme al decreto de marzo de 2019, además de que pueden detener personas, tienen la obligación de realizar el alta de los capturados en el Registro Nacional de Detenciones.

“El artículo Quinto Transitorio en relación con el 19 de la Ley (Nacional del Registro de Detenciones), no vulnera ese derecho de seguridad jurídica, pero sobre todo no permite que las detenciones realizadas por las fuerzas armadas no se registren, cualquier interpretación en este sentido, conforme al proyecto, no sería válido llegar a una conclusión que permitiera que las fuerzas armadas no registren una detención.

“Aún cuando de una primera lectura podría sugerir que las fuerzas armadas no están obligadas a dar aviso de la detención a una autoridad para que ésta genere el registro, dicha lectura es incorrecta”, señaló el ministro Javier Laynez Potisek, quien realizó el proyecto de resolución.

El conflicto derivó de que el artículo 19 obliga a todas las autoridades que apoyen en labores de seguridad pública y que realicen detenciones, a avisar de manera inmediata a los cuerpos policiacos para que puedan realizar el registro correspondiente en el RND.

Pero el artículo Quinto Transitorio de la ley, que fue añadido luego de la creación de la Guardia Nacional en marzo de 2019, establece que las Fuerzas Armadas permanentes también pueden realizar detenciones y, por tanto, “no se aplica el artículo 19”.

Por eso, CNDH alegó que esta redacción se prestaba a muchas interpretaciones incluida que no estaban obligados a realizar el registro, pero el ministro Laynez difirió.

“La norma debe ser entendida en el sentido que la excepción a la obligación de aplicar el artículo 19 tiene como propósito que sea la propia fuerza armada quien realice el registro de la detención cuando está realizando funciones de seguridad pública.

“En primer lugar porque el Quinto Transitorio constitucional que permitió al ejecutivo utilizar las fuerzas armadas durante un tiempo específico en labores de seguridad pública; segundo, porque en el proceso legislativo se advirtió, se advierte, la preocupación del legislador porque la fuerza armada permanente estuviera sujeta al contenido de la Ley del Registro”, especificó el ministro ponente.

Asimismo, la Corte exhortó al Congreso para que en un máximo de dos periodos ordinarios de sesiones regule los protocolos que deberá seguir el personal para el caso de hackeos, vulneraciones o riesgos internos o externos que afecten la base de datos del RND.

A más de una semana de la desaparición de los defensores de derechos humanos y el territorio Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) emplazó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a informar sobre las medidas adoptadas para su búsqueda y localización, a más tardar el 2 de febrero próximo.

En conferencia de prensa para dar seguimiento al caso, organizaciones civiles y familiares de los activistas desaparecidos el 15 de enero en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán, dieron a conocer las movilizaciones emprendidas para exigir la presentación de Lagunes y Díaz, e insistieron en requerir la colaboración de la empresa minera Ternium, de capital ítalo-argentino pero con sede en Luxemburgo, contra la que los defensores han litigado por los impactos contra el medio ambiente generados por el complejo minero Las Encinas.

Michel Cervantes, abogado de la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, informó que luego de enviar una comunicación al CED, el organismo notificó el pasado 19 del emplazamiento al Estado mexicano sobre la ubicación de Lagunes y Díaz.

Tras indicar que la comunicación fue firmada además por Global Rights Advocacy, Asesoría y Defensa Legal del Sureste y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Cervantes explicó que en la Acción Urgente emitida por el CED, de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, se le requirió “establecer, de inmediato una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de los señores Lagunes Gasca y Díaz Valencia y, para la investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición”.

Al señalar que en la investigación deberá tomarse en cuenta el contexto de su desaparición, como lo es la “hipótesis relacionada con el trabajo por la defensa de los derechos humanos de los señores Lagunes Gasca y Díaz Valencia”, el CED instruyó a garantizar el derecho de los familiares en la búsqueda y a estar informada sobre los avances en las investigaciones.

Michel Cervantes destacó que al momento existen tres carpetas de investigación abiertas por las fiscalías General de la República, de Michoacán y de Colima, y que las organizaciones y familiares se han reunido con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento al caso, mismo que será revisado en próximos días.

En la conferencia de prensa, la esposa de Lagunes, María de Jesús Ramírez, y sus hermanos Ana Lucía y Antoine Lagunes Gasca, exigieron la participación activa de la empresa minera Ternium en la localización de los defensores desaparecidos.

Antoine Lagunes apeló a la empresa su “intervención para que aparezcan vivos, por su influencia y su poder usen todos sus recursos y poder a su alcance”, en tanto que María de Jesús Ramírez dijo que no necesita “una palmadita en la espalda de la empresa, sino una acción contundente para que (los activistas) regresen ya”.

Luego de informar que el complejo minero en Aquila fue cerrado a petición de los comuneros, quienes solicitaron al gobierno federal resguardar el material explosivo, Ana Cecilia recordó que por “la influencia de Ternium, tiene contacto con todos los actores de la región, por ello pedimos que utilice todo su poder para localizar a Ricardo y don Antonio”.

Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, explicó que se tiene información de que quienes secuestraron y desaparecieron a los defensores “son cercanos a la empresa, son incondicionales y respaldan la expansión de la mina, no se acusa a la mina de secuestro, pero no es posible que pretenda lavarse las manos, siendo extremadamente cercanos al grupo que efectuó la desaparición”.

Alejandra Gonza, directora de Global Rights Advocacy, sostuvo que desde el derecho internacional, la empresa tendría obligación de colaborar en la búsqueda de los defensores al tener responsabilidad en generar el ambiente de división entre la comunidad, por lo que el caso también será notificado ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

En comunicación telefónica, comuneros de Ostula y Aquila informaron que mantendrían sus movilizaciones como el bloqueo carretero entre Colima y Michoacán hasta que los defensores aparezcan con vida.

Justo después del atardecer del jueves 10 de febrero, dos hombres en una camioneta Dodge Ram blanca se detuvieron frente al pequeño estudio de radio de Heber López Vásquez, en el sur de México.

Un hombre salió, entró y mató a tiros al periodista de 42 años. Óscar, el hijo de 12 años de López, la única persona que estaba con él, se escondió, declaró el hermano de López a Reuters.

López fue uno de los 13 periodistas mexicanos asesinados en 2022, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización de defensa de derechos humanos con sede en Nueva York.

Fue el año más mortífero registrado para periodistas en México, ahora el país más peligroso para reporteros en el mundo fuera la Ucrania en guerra, donde el CPJ dice que 15 comunicadores fueron asesinados el año pasado.

Un día antes, López —quien dirigía dos sitios de noticias en línea en el sureño estado Oaxaca— había publicado un artículo en Facebook en el que acusaba a la política local Arminda Espinosa Cartas de corrupción relacionada con su campaña de reelección.

Mientras yacía muerto, una patrulla cercana respondió a una llamada de emergencia, interceptó la camioneta y detuvo a los dos hombres. Más tarde se supo que uno de ellos era hermano de Espinosa, la política de la historia de López.

 Espinosa no ha sido acusada en relación con el asesinato de López. No ha respondido a múltiples peticiones de comentarios y Reuters no ha podido encontrar ningún comentario suyo anterior sobre su papel en la posible corrupción o sobre la historia de López.

Su hermano y el otro hombre siguen detenidos, pero aún no han sido juzgados. Su abogado no respondió a las numerosas peticiones de comentarios.

“Dejé de cubrir narcotráfico y corrupción y la muerte de Heber todavía me da miedo”, dijo Hiram Moreno, un veterano periodista oaxaqueño que recibió tres disparos en 2019, sufriendo heridas en una pierna y la espalda, después de escribir sobre negocios de drogas de grupos criminales locales.

Su agresor nunca fue identificado. “No se puede contar con el gobierno. La autocensura es la única manera de mantenerte seguro”, lamentó.

Se trata de un patrón de miedo e intimidación que se repite en todo México, tras años de violencia e impunidad que han creado lo que los académicos denominan “zonas de silencio”, donde los asesinatos y la corrupción permanecen sin control ni son documentados.

“En las zonas de silencio la gente no tiene acceso a la información básica para conducir sus vidas”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.

“No saben por quién votar porque no hay investigaciones sobre corrupción. No saben qué áreas son violentas, qué pueden decir y qué no, así que se quedan callados”, añadió.

El portavoz del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no respondió a una solicitud de comentarios sobre los ataques a los periodistas.

Desde el inicio de la guerra contra las drogas en México en 2006, 133 periodistas han sido asesinados por motivos relacionados con su trabajo, determinó el CPJ, y otros 13 por razones indeterminadas. En ese tiempo México ha registrado más de 360 mil homicidios.

Las agresiones contra periodistas se han extendido en los últimos años a zonas antes menos hostiles —como Oaxaca y Chiapas—, amenazando con convertir más partes de México en zonas muertas para la información, afirman grupos de derechos como Reporteros sin Fronteras y 10 periodistas locales.

López fue el segundo periodista asesinado desde mediados del 2021 en Salina Cruz, en Oaxaca.

Se ubica en el Istmo de Tehuantepec, una franja de tierra que conecta el Golfo de México y el Pacífico y que se ha convertido en un punto de desembarco de precursores químicos para fabricar fentanilo y metanfetamina, según tres analistas de seguridad y una fuente de la DEA.

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La última historia de López, una de las varias que escribió sobre Espinosa, cubría los supuestos intentos de la política para conseguir que una empresa que construía un rompeolas en el puerto de Salina Cruz amenazara a los trabajadores para que votaran por ella o, de lo contrario, serían despedidos.

La infraestructura es parte del Corredor Interoceánico, uno de los proyectos de desarrollo emblemáticos de López Obrador en el sur de México.

José Ignacio Martínez, reportero de crímenes en el istmo, y nueve de los compañeros periodistas de López dicen que desde su asesinato tienen más miedo de publicar historias que profundicen en el proyecto del corredor, narcotráfico y la connivencia del Estado con el crimen organizado.

Un medio de comunicación con el que habló Reuters, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que había hecho una investigación sobre el corredor, pero que no se sentía seguro para publicar después de la muerte de López.

El portavoz de López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones de corrupción relacionadas con el corredor.

En 2012, el gobierno creó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Conocido simplemente como el Mecanismo, el organismo proporciona a periodistas botones de pánico, equipos de vigilancia, custodia policial a domicilio, guardias armados y reubicación.

Desde 2017, nueve reporteros protegidos por el Mecanismo han sido asesinados, descubrió el CPJ.

Periodistas y activistas pueden solicitar protección al Mecanismo, que evalúa su caso junto con un grupo de defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de organizaciones sin fines de lucro, así como funcionarios de agencias gubernamentales que conforman una junta de gobierno.

Según el análisis, no todos los que solicitan protección la reciben. Actualmente hay mil 600 personas inscritas en el Mecanismo, entre ellas 500 periodistas.

Uno de ellos era Gustavo Sánchez, periodista asesinado a quemarropa en junio del 2021 por dos sicarios en motocicleta. Sánchez, quien había escrito artículos críticos sobre políticos y grupos criminales, se inscribió en el Mecanismo por tercera vez tras sobrevivir a un intento de asesinato en 2020. La protección nunca llegó.

El fiscal de Oaxaca dijo entonces que la cobertura que Sánchez hacía de elecciones locales sería una de las principales líneas de investigación de su asesinato. Nadie ha sido acusado en el caso.

El homicidio de Sánchez llevó a la Comisión de Derechos Humanos de México a elaborar una investigación de 100 páginas sobre las fallas de las autoridades. Las pruebas “revelaron omisiones, retrasos, negligencia e incumplimiento de deberes por parte de al menos 15 servidores públicos”, según el informe.

Enrique Irazoque, jefe del departamento de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que el Mecanismo aceptaba las conclusiones, pero destacó el papel que desempeñaron las autoridades locales en la falta de protección.

Quince personas del gobierno y de la sociedad civil dijeron a Reuters que el Mecanismo carece de recursos suficientes para el tamaño del problema. Irazoque estuvo de acuerdo, aunque señaló que su equipo de 40 personas aumentó el año pasado a 70. Su presupuesto para 2023 aumentó a unos 28.8 millones de dólares, frente a los 20 millones de 2022.

Además del financiamiento insuficiente, Irazoque dijo que autoridades locales, gobiernos estatales y los tribunales deben hacer más, pero que faltaba voluntad política.

“El mecanismo está absorbiendo toda la problemática y los temas no son federales, son locales”, dijo a Reuters.

Irazoque cree que lo que más se necesita son más condenas, ya que la falta de repercusiones legales para los funcionarios públicos fomenta la corrupción.

La impunidad de los asesinatos de periodistas ronda el 89%, según un informe del 2021 de la Segob, que supervisa el Mecanismo. Según el informe, funcionarios públicos locales son la principal fuente de violencia contra periodistas, por delante del crimen organizado.

“Uno pensaría que el mayor enemigo serían los grupos armados y el crimen organizado”, afirmó la periodista Patricia Mayorga, quien huyó de México tras investigar la corrupción. “Pero en realidad son los lazos entre esos grupos y los funcionarios estatales los que son el problema”, subrayó.

Muchos periodistas mexicanos asesinados trabajaban para pequeños medios digitales independientes que a veces sólo publicaban en Facebook, señaló Irazoque, y afirmó que sus historias profundizaban en cuestiones políticas locales.

La Asociación Nacional de Alcaldes de México (Anac) y su Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no respondieron a solicitudes de comentarios sobre el papel de los gobiernos estatales y locales en los asesinatos de periodistas o las acusaciones de vínculos con grupos delictivos.

López Obrador arremete con frecuencia contra la prensa, llamando “mentirosos” a reporteros críticos de su administración y dedicando un segmento semanal de su rueda de prensa diaria a las “mentiras de la semana”. Condena los asesinatos, pero acusa a sus adversarios de hablar de la violencia para desacreditarlo.

Irazoque dice que no tiene pruebas de que los ataques verbales del presidente hayan resultado en violencia contra periodistas. El portavoz de López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios.

“¿Qué clase de vida es esta?”, dijo el periodista Rodolfo Montes, mirando imágenes de seguridad desde el interior de su casa, donde el Mecanismo, al que se inscribió por primera vez en 2017, había instalado cámaras en el estacionamiento, la calle y la entrada.

Años antes, un cártel pasó una bala por debajo de la puerta como amenaza y desde entonces está en vilo. En un rincón de su casa hay una caja de archivo llena de amenazas de más de una década. Mirando su teléfono después de que un cártel amenazara a su hija de 24 años unos días antes dijo: “Estoy viviendo, pero estoy muerto, ¿sabes?”. Con información de Latinus (Reuters)

Yasmín Esquivel y AMLO, cínicos y cómplices

 

Quien carece de vergüenza jamás podrá avergonzarse de nada * El cese de su directora de tesis es la expresión más clara y la aceptación de que el plagio sí se consumó, aunque hoy la ministra permanezca en la impunidad.

Con inusitado cinismo Yasmín Esquivel Mossa ha enfrentado a los medios y asegurando: “No voy a renunciar porque no tengo nada de qué avergonzarme”. Tiene razón la plagiaria.  Quien carece de vergüenza jamás podrá avergonzarse de nada, a pesar de tener todas las evidencias en contra al fusilarse una tesis profesional para convertirse en delincuente universitaria.

El rector Enrique Graue Wiechers, la voz más autorizada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio su veredicto. La tesis de la todavía alumna Yasmín Esquivel Mossa guarda una similitud del 90 por ciento, con la del pasante de derecho Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

Fue una acusación a medias porque no se atrevió a retirarle el reconocimiento profesional, bajo el inusitado argumento de que la UNAM no tiene facultades para el retiro de títulos profesionales. Sin embargo, fue severo en su apreciación respecto a Yasmín Esquivel cuando sentenció que “el plagio de una tesis no es asunto menor, es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos que ofende a la Universidad Nacional Autónoma de México”.

La afirmación de que no puede retirarse el título no tiene sustento. El derecho es un conjunto de leyes y cuando no existe ninguna aplicable a un caso particular procede la interpretación hermenéutica de la ley. Bajo esta denominación se previene que las disposiciones legales no se producen aisladamente, sí que se aplican en su conjunto, puesto que, al lado de cada mandato legal, todas las leyes se relacionan entre sí.

Bajo esta interpretación procede la aplicación supletoria de una o de diversas leyes, dentro del contexto de todo el ordenamiento jurídico constitucional y buscar la norma afín aplicable al caso específico de Yasmín Esquivel y proceder legalmente en contra de ella.

Lo malo es que el brazo ejecutor de la ley no mide a todos con el mismo rigor. La maestra Martha Rodríguez Ortiz ya fue retirada como catedrática de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. La sanción alcanza a Yasmín Esquivel. El cese de su directora de tesis es la expresión más clara y la aceptación de que el plagio sí se consumó, aunque hoy la ministra permanezca en la impunidad.

Pero el verdadero culpable de esas graves violaciones a la ley y a la constitucionalidad del Estado Mexicano es Andrés Manuel López Obrador.

Desde sus Mañaneras se ha encargado de amenazar a quienes atentan contra su protegida Esquivel Mossa, esposa de su amigo de transas José María Riobóo, beneficiario de obras sin licitar en el Departamento del Distrito Federal y ahora en el gobierno de López Obrador.

Del rector Enrique Graue, López Obrador ha dicho que no escurra el bulto y presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Una propuesta poco afortunada.  Recuérdese que Alejandro Gertz Manero es un empleado de López Obrador y ha sido también pillado en el plagio de un libro sobre la biografía de Guillermo Prieto. Denunciado por catedráticos del Conacyt, no procedió la denuncia bajo el inadmisible argumento de que Guillermo Prieto había muerto hace más de 150 años, cuando el tema no es legal sino ético y moral.

Ahora para distraer la atención y proteger a la ministra, el señor López vuelve a difamar y a ofender a quienes sí tienen méritos académicos y profesionales sin cuestionamientos.  Asegura que desde la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han aumentado los casos de corrupción entre jueces y magistrados. Y aquí lo vamos a documentar, diría el peleador callejero en funciones de Presidente de México.

De nuevo López Obrador usurpa funciones. Si algún juez o magistrado incurre en desacato judicial o dicta sentencias al margen de la ley, es el Consejo de la Judicatura Federal la instancia facultada para proceder a aplicar la sanción correspondiente. Sólo que López, como en el virreinato, ejerce funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Una democracia no a la mexicana sino a la lopezobradorista.

En un país de instituciones sólidas y de respeto a la ley, Yasmín Esquivel ya habría sido separada del cargo, sujeta a proceso penal y sentenciada con cárcel. En tanto el Congreso de la Unión habría intervenido para censurar al Presidente por los ataques a la ministra Piña Hernández, en un abierto atentado y a la soberanía de los Poderes de la Unión.

Los casos de plagio relevantes en el mundo han sido castigados severamente. En 1987 el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aspiraba a la denominación demócrata. Era un candidato carismático, de apenas 47 años, y con todas las posibilidades de ganar. Sólo que su intento se vio frustrado cuando se descubrió había plagiado parte de los discursos de Neil Kinnock, líder del partido Laborista Inglés, así como de Robert Kennedy, y Hubert Humphrey, vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Lyndon Johnson.

Así funciona un país demócrata al que tanto ha ofendido López Obrador con el desprecio de “al diablo con las instituciones y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Ese es el honesto demócrata que prometió acabar con la corrupción porque no somos iguales a los anteriores. Tiene razón. Son peores y más corruptos.

Para defender lo indefendible, los morenistas han invocado el plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto y de Vicente Fox. Se les olvida que con la trampossa Mossa hay diferencias fundamentales. Peña Nieto plagió el 29 por ciento de su tesis profesional y no el 90 por ciento sin que esto sea justificable.  Además, para ser presidente de México no es necesario alguna calidad profesional, en cambio para ser ministro se exige el título de licenciado en derecho.

De Vicente Fox su desacato académico fue haberse titulado después de 35 años de haber egresado de la licenciatura en administración de empresas. Ello no conlleva delito alguno, como el que a diario comete Yasmín Esquivel cada vez que participa en un Pleno y firma acuerdos, decretos o sentencias con lo que mantiene vigentes el delito o delitos cometidos.

Vuelven a tener razón los morenistas con su comportamiento.  Son peores que cualquier pasado. El diputado de Morena, Alejandro Robles, ha propuesto una modificación a la ley para que quien haya cometido plagio y usurpación de profesión como Yasmín Esquivel, el delito prescriba en cinco años, tiempo en que podrá retirarse al delincuente el título y la cédula profesional.

Es otro grave atentado a la constitucionalidad del Estado mexicano. El Artículo 13 de la Constitución Política establece: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”. El intento del diputado Robles lleva dedicatoria personalizada para la todavía ministra Yasmín Esquivel. Se trataría de una ley privativa para beneficiar a la plagiaria si llegara a aprobarse antes de sancionarla. La retroactividad propuesta por el diputado le favorecería y quedaría impune su delictivo proceder que actualiza todos los días mientras funge como ministra.

Una ley no puede ni debe estar dirigida a nadie en especial.  Todo ordenamiento jurídico es general y abstracto, porque quien comete una transgresión a la ley y se pone en la hipótesis que ésta previene, se aplica sin tener destinatario previo como pretende el diputado para beneficiar a quien sí delinquió como alumna, pasante y profesionista.

Y en el exceso de la arrogancia López Obrador vuelve a ofender a México y a sus instituciones: “Prefiero equivocarme con Yasmín Esquivel que darle la razón a Sheridan”.

Ampliaremos…

La “zopilotada” anda alborotada para el 2024

 

La alcaldesa de Tapachula hace proselitismo en Comitán

Para nadie es ajeno que la inmensa mayoría de los políticos mexicanos, pero sin temor a equivocarme, lo son todos, ambicionan ser parte del sistema para saciar su hambre de dinero y poder, que lo último que les importa es su aportación al desarrollo de la entidad y mucho menos de su pueblo.

Unos más cínicos, otros más discretos, pero todos están cortados con la misma tijera que al final son lo mismo por más que lo disfracen y quieran pasar por aves que no manchan su blanco plumaje, parafraseando a Salvador Díaz Mirón, así deambulen en el fango.

Pero veamos como es el proceso de transformación del político, pongamos el ejemplo de la oruga que pasa un tiempo dentro del capullo haciendo una metamorfosis que terminara transformando ese animal que se arrastraba por el suelo en una bonita mariposa de grandes alas, pero en lugar de alas le pondremos uñas largas.

El político nace, crece y se reproduce, es designado candidato, hace campaña y repite las tradicionales transas y agandalles propios de los funcionarios públicos. Funcionarios públicos que gobiernan con las patas, endeudan al estado, se roban todo lo que este a su alcance, violan las leyes, expropian bienes del estado y lo escrituran a favor de un prestanombre, ejemplos clásicos de Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, los exgobernadores más ratas que ha tenido Chiapas.

Y cuando son exhibidos en los medios de comunicación o redes sociales, los funcionarios públicos niegan todos, le echan la culpa al de atrás y se dicen ser víctimas porque ellos son unas madres de la caridad.

Pero cuando a esos personajes ser les pillan en sus transas, para entonces su poder económico es grande que pueden comprar impunidad comprando jueces y amigos en el poder.

Otros con menos suerte piden licencia, se dan a la fuga, se amparan o pagan unos meses en la cárcel de donde salen santificados, exonerados por los jueces.

Lamentablemente para Chiapas se repetirá el mismo ciclo con otros actores políticos, descendientes de los exgobernadores, junior que vienen a probar suerte, a terminar de llevarse lo que no pudieron robarse sus padres, la misma historia de siempre y los mismos políticos de siempre.

Esa política saqueadora, es el común denominador de los políticos chiapanecos, algunos han llegado con las mano atrás y otra por delante, políticos muertos de hambre, pero al final de su atraco –digo sexenio-, se convierten en multimillonarios, clásicos ejemplos, Pablo Salazar Mendiguchia, Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello.

Y sin temor a equivocarme, esa política saqueadora ha sido repetida en innumerables generaciones de políticos, políticos de carrera, empresarios metidos a la política, políticos resentidos con sus partidos y postulados por la oposición, parientes de estos políticos, entre otros que se convierten en parásitos del erario público.

Ninguno se queda afuera pues cumplen los requisitos para ocupar un  cargo de elección popular, buitres, zopilotes carroñeros, víboras, arañas peludas, corruptos y malandros.

Ejemplos de este tipo de políticos no cuesta trabajo encontrarlos, pues ya se dicen tener los dotes para el gobierno de Chiapas en el 2024, por ciertos ya andan en campaña descarada, pues como las autoridades electorales no dicen nada, menos éstos que siguen el ejemplo del dios macuspano que viola cuanta le se le pone enfrente.

Candidatos a gobernador, sobran de todos los partidos, de todos los colores, pero de donde abundan son los de Morena, igualitos todos, cínicos, sinvergüenzas, ratas, por lo que la zopilotada anda alborotada. O no.

Nombres, los conocen, mencionamos los que ya se creen en el cargo, el dadivoso y transa Zoé Roblero Aburto, junior de Eduardo Robledo que viene a terminar la obra que quedó truca porque su padre fue corrido, pero que hoy cuenta con el respaldo decidido de Juan Sabines Guerrero; Eduardo Ramírez, hijo putativo de Manuel Velasco que buscan el poder no para servir sino para servirse del cargo.

De aspirantes hay más, pero dejemos aquí con estos dos inútiles que se dicen merecer la gubernatura que por derecho de sangre. ¡Hágame el cabrón favor!

La alcaldesa de Tapachula, en campaña descarada por la gubernatura

Por ambiciosa y corrupta la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda puede correr la misma suerte que la “corcholata”, Claudia Sheinbaum, la preferida del inquilino de Palacio Nacional de quedarse fuera de la competencia, pues su apetito por la gubernatura es para esta inútil alcaldesa una obsesión, pues ahora ya se promociona fuera de su chiquero, en un afán de alcanzar notoriedad.

De esta forma y sin ningún empacho la Claudia Sheinbaum de “petatius”, llegó hasta Comitán de Domínguez, bajo el señuelo de promocionar la “máxima” fiesta del sur de Chiapas, acompañada por el presidente del patronato de la Expo Feria Tapachula (EFT) 2023, Antonio D´Amiano Gregonis a desarrollarse del 10 al 19 de marzo próximo.

En Comitán, la tapachulteca fue recibida por su alcahuete el lcalde de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, quien apoya de manera decidida a Rosa Irene, pues de llegar a ser gobernadora, ya tiene asegurado el cargo de Secretario General de Gobierno.

Ahora chile verde hay que darle sabor al caldo, dice un viejo refrán, pero de que Urbina Castañeda anda en campaña, no existe la menor duda, pues i antes no pudo explayarse en su intensiones por el Covid, ya sin el virus, pues anda a todo lo que da y con recursos del erario municipal, promocionado en otras localidades fuera de su terruño.

La alcaldesa del partido Morena cree poder llegar a sustituir en el 2024 al actual gobernador Rutilio Escandón, pues cree poder llegar más alto que Zoé Robledo el mismísimo Zanja Negra, ambos también en campaña descarada y utilizando recursos públicos, pues de weyes renuncian a sus cargos, pues si así lo hicieren, tendrían que sacar dinero de sus bolsillos para sus campañas.

Habrá que ver que dicen las autoridades del IEPC, en caso que lleven el caso a una investigación, pues esta visto que estos andan en campaña, y utilizando recursos públicos.

Además la Auditoria Superior del Estado (ASE), ahora que andan muy “sacalepuntas”, diciendo que los alcaldes tienen que entregar buenas cuentas, bueno, pues pónganse a trabajar e investigar con qué recursos se están promoviendo para otros cargos públicos.

Del Montón

Se acumulan montos por aclarar de la SEP en la cuenta pública de 2021, cuando Delfina Gómez estaba al frente: pagos excedentes en sueldos, en prestaciones y en estímulos a los autorizados, salarios de plazas o categorías no consideradas, trabajadores designados como deceso en nómina, bienes adquiridos no localizados o que no operan, servicios no realizados, falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto. Son apenas algunas irregularidades encontradas en los Centros de Estudios, Bachilleratos, Institutos, Universidades Tecnológicas y Politécnicas a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó un monto por aclarar de 830.7 millones de pesos derivado de irregularidades con un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal. En Apoyo Solidario las irregularidades suman 15.8 millones de pesos; Educación Media Superior 496.5 millones de pesos; Universidades Tecnológicas y Politécnicas 148.7 millones de pesos; Institutos Tecnológicos 49.9 millones de pesos; y Transferencias UPES 119.8 millones de pesos. La SEP no arranca bien este 2023 con las observaciones de la ASF, y su extitular Delfina Gómez –titular de la Secretaría durante estas observaciones–, ya se placea en el Estado de México en busca de la gubernatura para Morena. * * * Eso Es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

La comisión legislativa se reúne mañana martes por enésima vez, sin ton ni son

 

Entre tanto, pueblos y comunidades indígenas siguen debatiéndose en la pobreza

Casi tres décadas después de que el gobierno federal y el EZLN firmaran los ya casi olvidados Acuerdos de San Andrés, los pueblos y comunidades indígenas de México continúan viviendo como extranjeros en su propia tierra.

El 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larrainzar como producto de una amplia negociación entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estos acuerdos registraban -registran- una serie de compromisos entre las partes que se tenían que cumplir por el gobierno federal para elevar a rango constitucional los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero por su propia naturaleza no eran reclamables ni exigibles por las vías jurídicas tradicionales, y la vida inhumana de los indios continúa sin que mueva el corazón de las mayorías, que se mueven entre el desprecio social y el racismo.

Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena, 8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación.

En lo económico, en lo social, en lo educativo, los indígenas de México continúan como seres en la segregación y como símbolos vivientes de la profunda desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana. Desigualdad impulsada ferozmente por los gobiernos del neoliberalismo que abarca de los años 80 hasta los años de 1918.

En 2020, con base en los resultados de la medición de la pobreza en México que realizó el CONEVAL, alrededor de ocho de cada diez personas que declararon hablar alguna lengua indígena se encontraba en situación de pobreza (76.8%), cifra significativamente superior a la que presenta la población no hablante de alguna. Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad.

México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990, y en 1992 el país se reconoció como una nación pluricultural al modificarse el artículo 2 de su Constitución.

El 1 de enero del 2019, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplió 25 años del inicio de su levantamiento. Manifestó su oposición a los proyectos de infraestructura que la administración federal tenía programados, tal como el Tren Maya o el Corredor Transístmico. Con todo, la comandancia del EZLN rechazó un acercamiento con el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no obstante que el partido del presidente, el Movimiento de Regeneración Nacional, se ostentaba como un movimiento de izquierda nacionalista.

De los acuerdos de paz firmados en San Andrés Larrainzar en aquel febrero del 96, dos años después de haber estallado la confrontación de los indígenas chiapanecos con el Ejército Mexicano, que prácticamente duró 12 días, mientras el gobierno de Carlos Salinas celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el primero de diciembre de aquel año, día en que de manera simbólica, en rechazo, entre otras situaciones de explotación y marginación, los insurrectos condenaban la firma del acuerdo comercial con los otros dos países del área norteamericana.

A pesar de que, con el levantamiento zapatista, se logró por primera vez un diálogo entre representantes de los pueblos y comunidades indígenas, (el EZLN) con el Estado, no se ha superado la visión que impera desde la Colonia: que las decisiones en torno a los territorios y los pueblos indígenas se tomen sin tomarlos en cuenta, como le parece al abogado Francisco López Bárcenas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista del Colegio de San Luis y exintegrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

En la ocasión de los diálogos de San Andrés, el Congreso de la Unión creo la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) , integrada por legisladores del Congreso de la Unión que, como la mayoría de los mecanismos oficiales y oficialista que se instauran en favor de los pueblos y comunidades indígenas, la verdad es que, como lo dicen muchos dirigentes indígenas, no ha servido para mucho en el proceso de regeneración de las relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos federal y estatales, que no tienen como una prioridad el desarrollo con justicia y dignidad de los indígenas.

Reuniones de la COCOPA van y vienen y la situación de los indígenas no sólo no mejora, sino que empeora al ritmo de que se desarrollan las tecnologías de la información.

Para este martes 31 de enero la Cámara de Diputados convocó a la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, cuyos trabajos no pasan de la consabida “orden del día”, pero que de ninguna manera inciden en cambios, ni siquiera formales, en la política oficial de cara a la regeneración de la vida miserable que vive la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Las reuniones de la COCOPA son en realidad actos para llenar el espacio correspondiente al asunto indígena en la agenda del poder legislativo. Simplemente son para que la historia oficial registre que diputados y senadores se ocupan del asunto indígena, o indigenista.

Nuestro fiscal general, el abogado Alejandro Gertz Manero, por razón de las funciones que tiene encomendadas y por algunos milagritos que hizo en su paso por este mundo, tiene mala prensa. No goza de las simpatías de muchos. Últimamente no se había hablado de él. Ahora sabemos la razón: está enfermo.

Se está recuperando, para los medios y para las malas lenguas, de la operación a la que fue sometido en los Estados Unidos de América; esto dio mucho de qué hablar. Algunos llegaron a afirmar que había muerto; otros, los menos trágicos, hablaron de que estaría incapacitado mucho tiempo. AMLO se limitó a reconocer que había entrado a reparación; no habló de que hubiera entrado a servicio de mantenimiento o a un simple cambio de aceite. Finalmente se trata de un modelo que ya es clásico: un 39.

Ante su hipotética falta, absoluta o temporal, se apuntaron varios escenarios en torno a lo relativo a su suplencia; incluso se mencionó a sus posibles sustitutos. Circuló una lista de candidatos a sucederlo, supuestamente suscrita por el presidente de la República.

Por tratarse de un ser humano, es de desearse que el señor Gertz Manero se recupere bien y pronto. Se sostiene que, si lo hace, no estará en posibilidad de desempeñar las funciones que son inherentes al cargo que tiene confiado. Se anticipa su renuncia definitiva.

Ante lo incierto de la situación alguien quiso llevar agua a su molino: elaboró y puso en circulación una lista de 13 candidatos. No tenían idea de lo que se trataba: atribuyó la autoría al presidente de la República; la comunicación estaba dirigida a Pablo Gómez Álvarez, en su carácter de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nada que ver con el procedimiento que establece la Constitución.

Primer error: de acuerdo con ésta (art. 102), para que el Senado asuma la función de aprobar una lista de candidatos, se requiere que, efectivamente haya una falta absoluta del fiscal, que no es el caso.

Segundo error: el responsable de elaborar la lista de los candidatos es el Senado y no el presidente de la República. El Senado en estos días se halla en receso, por lo mismo no podía elaborar y aprobar una lista de candidatos. Tercer error.

El Senado debe aprobar la lista de candidatos por una mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros presentes y, hecho lo anterior, la lista debe ser enviada al presidente de la República para que, con base en ella, elabore una terna que debe ser sometida a la consideración del Senado. Es éste quien de esa terna elige a uno.

En estas notas aludo a temas concretos: quiénes no pueden ocupar el cargo y quiénes intervienen en la propuesta y elección.

Como el gobierno y su partido oficial todo lo politizan y lo hacen a su favor, si bien, por mandamiento constitucional la Fiscalía debe ser un órgano público autónomo, es previsible que intenten poner en esa posición a alguien incondicional; puestos en esta alternativa, se corre el riesgo de que quien ocupe el cargo sea alguien 99% honrado y un uno por ciento conocedor. Ello pudiera significar que si el Senado se descuida, se corre el riesgo de que ocupe esa posición el jefe de ayudantes en turno del presidente de la República. Eso sería muy grave.

En la lista que circuló y en los medios aparece en primer lugar don Arturo Zaldívar, actual ministro de la Suprema Corte; él está impedido para ocupar la titularidad de la Fiscalía, en razón a lo dispuesto por el artículo 101, párrafo segundo, en relación con la fracción VI del artículo 95 de la Constitución. Para que esté en posibilidad de ser fiscal se requiere que se retire del cargo de ministro cuando menos con dos años de anticipación a la fecha en que formule la lista de 10 posibles candidatos a que alude el artículo 102.

Ante esa limitante, se habla de confiarle la Fiscalía con el carácter de encargado del despacho. Hacerlo sería actuar en fraude a ley y atentar contra el principio jurídico que dispone: Prohibito aliquo, prohibetur itiam id per quod pervenitur ad illud (Cuando se prohíbe una cosa, se entienden prohibidos los medios para ella).

Es previsible que los senadores de Morena, al elaborar la lista de los 10 candidatos, siguiendo indicaciones de AMLO, se sientan tentados a incluir en ella a personas incondicionales a la supuesta 4T o a abogados militares. Vicente Fox tuvo a un procurador de origen militar: Rafael Macedo de la Concha. En las actuales circunstancias, si bien los senadores de la oposición e independientes no están en posibilidad de poner candidatos, sí cuentan con los votos para impedir la inclusión de candidatos indeseables.

Se menciona a Bernardo Bátiz como posible candidato. Bien hacen en proponerlo; es un jurista conocedor, serio, valiente y, sobre todo, independiente. El problema es su edad: anda por los 86 años; si el cargo es por nueve años, aunque no se quiera ser mal pensado, lo cierto es que un fiscal de 95 años como que no funcionaría adecuadamente.

También se menciona a la señora Olga Sánchez Cordero. Es abogada; además, por haber sido notaria, ministra de la Suprema Corte de Justicia, secretaria de Gobernación y actualmente senadora, es de presumirse que sabe derecho. Lo que estará en duda es su imparcialidad: su compromiso con AMLO y con Morena, que es de vieja data, haría dudar de su independencia; sus antecedentes hacen suponer que no sería una fiscal autónoma. Aparte de lo anterior, para ser fiscal no es suficiente con ser abogada, se requiere, sobre todo, que sepa derecho penal y procesal penal. Dudo que una exnotaria tenga la formación que requiere el puesto. Es inadmisible que el cargo sirva para aprender.

Se incluyó en la lista a otras abogadas: de las que echa mano AMLO para rellenar sus ternas: De Gyves y Ríos González.

“Por el bien de los mexicanos”

En un acto del PAN, el 21 de febrero de 2006, en plena campaña electoral, Aznar se manifestó en favor del candidato presidencial Felipe Calderón, violando así la Constitución mexicana, que prohíbe la intervención de extranjeros en procesos políticos, por lo que Acción Nacional fue multado.

“Espero que Felipe Calderón sea el presidente de México, por el bien de los mexicanos”, señaló ante un prolongado aplauso del público. México, añadió, “tiene una cita crucial”, que es elegir entre “una garantía, como es Felipe Calderón y como es el PAN, y la incertidumbre”; elegir entre “la estabilidad y la aventura, entre la seriedad política y la demagogia”, en una abierta crítica al entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

“Espero que los mexicanos acierten”, dijo, y aseguró que el populismo “es un viejo enemigo de la modernidad, que hoy aparece con nuevos ropajes”.

En aquel momento, explica Macías Tovar, es cuando tras abandonar el gobierno de España en 2004, Aznar ya estaba consiguiendo altas cotas de poder en el entramado de organismos ultraconservadores.

Pero lo consigue pese a haber incorporado a España al lado de Estados Unidos y el Reino Unido en la guerra de Irak, contra el criterio de más de 90% de los españoles, que rechazaban participar en ese conflicto. “Aznar no sólo apoyó esa guerra, sino repitió las mentiras sobre la posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen iraquí”, recuerda.

La otra fue la mayor mentira, “el mayor fake news español”, que fue cuando su gobierno aseguró que los atentados de Atocha, del 11 de marzo de 2004, los más grandes actos terroristas en suelo europeo en tiempos de paz, habían sido perpetrados por la banda ETA, cuando ya se sabía que “se trataba de un ataque yihadista, todo por un cálculo electoral ante las elecciones de esos días”.

Para Macías “la foto icónica” en la que Aznar, al lado de Bush y Tony Blair, tiene los pies reposando sobre la mesa, es “la escenificación del estatus de su cercanía con un presidente de Estados Unidos, como no había tenido ningún otro presidente español”, y es “la base del poder que ha ido acumulando en la derecha mundial tras dejar el gobierno”.

Precisamente, el entrevistado recuerda que en abril de 2020, Atlantic Council anuncio “un acuerdo de partnership (asociación) con Facebook para hacer un trabajo forense digital innovador para proteger la democracia y promover la verdad”. En aquel momento, el analista tuiteó la advertencia de que con ello Atlantic Council tendría acceso a datos de Facebook.

“Y si tienes en la fórmula que el máximo representante de Atlantic Council en Europa para América Latina es Aznar, que mantuvo la mentira de las armas de destrucción masiva y el atentado de Atocha a manos de ETA, es claro el sentido de su discurso hacia lo que considera los gobiernos ‘populistas’ o ‘bolivarianos’ y cómo se deben mantener en la región las políticas neoliberales”.

En 2006, el expresidente español es contratado como asesor independiente en News Corporation, el gigante de medios de comunicación a escala global, dueño de The Wall Street Journal o la editorial Harper Collins, del magnate australiano Rupert Murdoch. Su televisora Fox News, de tendencia conservadora, fue el medio que acompañó con más ahínco el discurso de las armas de destrucción masiva para justificar la guerra en Irak.

En el gigante mediático de Murdoch, Aznar ha cobrado alrededor de 4 millones de dólares, según reportó el 12 de enero Eldiario.es.

En 2011 Aznar fue fichado como asesor externo de la cúpula directiva de Endesa, el gigante energético español, como “asesor externo de la cúpula directiva” para que la orientara en la estrategia para su implantación en Latinoamérica, área en la que la eléctrica centraba su crecimiento. Su sueldo anual era de 200 mil euros.

En septiembre del mismo año se anunció su incorporación como miembro del consejo asesor internacional de la canadiense Barrick Gold Corporation, la multinacional minera más grande del mundo dedicada a la extracción de oro.

Macías recuerda que Aznar entró al Atlantic Council gracias a Rafael Bardají, quien se incorporó al think tank atlantista en 2004. Bardají era, además, responsable de relaciones internacionales de la FAES.

En 2018 Bardají entró en la directiva de Vox y es precisamente cuando se da el crecimiento exponencial de pasar de 40 mil votos a 3 millones, y tienen sus primeros vínculos con Steve Bannon. Vox presentó en México la llamada Carta de Madrid, para unificar a la ultraderecha en Iberoamérica, y lo hacen de la mano de personajes del PAN vinculados con la organización ultracatólica del Yunque. Y la Fundación Disenso, vinculada a Vox, participa en la Conferencia Política de Acción Conservadora, que se celebró en la Ciudad de México.

“Por todo este posicionamiento es que gente como Aznar y las empresas españolas están dispuestas a defender a los suyos, a los que les han hecho ganar mucho dinero –Repsol e Iberdrola–, como en este caso Felipe Calderón”.

Yasmín Esquivel Mossa –quien se encuentra en el ojo del huracán por el presunto plagio de su tesis de licenciatura– tiene un pasado cuestionable en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que encabezó durante siete años, pese a que no podía haberlo hecho durante más de dos. En esa instancia, la ministra tejió una complicada red de complicidades gracias a los nombramientos que autorizó… la mayor parte de ellos a amigos y familiares.

El paso de Yasmín Esquivel Mossa por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México se caracterizó no sólo por los nombramientos por compadrazgo que realizó, sino por la forma en la que logró presidir la institución siete años, pese a que desde 2015 el cargo de magistrado presidente de esa instancia dura dos años.

Antonio Padierna Luna, actual secretario de acuerdos encargado de despacho de la Ponencia 18 de la Sala Ordinaria Especializada en materia de Responsabilidad de Servidores Públicos en el TJA (Sala Anticorrupción), fue partícipe de la treta que sirvió para que Esquivel Mossa lograra mantener el control de la institución, incluso hasta ahora que ya no pertenece a ella.

Esquivel Mossa fue designada magistrada del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo capitalino en 2009 para un periodo de seis años, que concluyeron el 26 de noviembre de 2015.

En 2012 obtuvo el voto mayoritario de los integrantes del Pleno de la Sala Superior y se convirtió en magistrada presidenta del Tribunal.

En agosto de 2015 el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso ante la Asamblea Legislativa la ratificación de Esquivel Mossa como magistrada del Tribunal.

Esta propuesta llegó tres meses antes de que el nombramiento de Esquivel concluyera, pues la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, obligaba a los magistrados de los tribunales de lo contencioso administrativo, que se transformaron en tribunales de justicia administrativa, permanecer en su cargo sólo por el tiempo que habían sido nombrados, según el párrafo tercero del artículo Octavo Transitorio.

La reforma entró en vigor en septiembre de ese año, por lo que Esquivel necesitaba ser ratificada para lograr inamovilidad, lo que se consumó cuando Mancera se adelantó al proponer su ratificación en agosto de 2015.

Aunque la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México estaba obligada a rechazar el nombramiento, para no incumplir con el nuevo mandato constitucional, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la VI Legislatura, que concluyó en septiembre de 2015, presidida por Antonio Padierna Luna, aprobó la ratificación.

La Comisión de Gobierno terminó por avalar la propuesta de Mancera el 26 de agosto de 2015, a sólo cinco días de que el jefe de Gobierno la planteó, y fue así como Esquivel Mossa perpetuó su presidencia en el TJA hasta 2019, cuando fue nombrada ministra de la Corte.

En 2020 Padierna Luna ingresó a las filas del Tribunal, adscrito a la ponencia de la magistrada Estela Fuentes, actual presidenta de la institución y allegada a Esquivel Mossa.

En mayo de 2022, cuando Andrés Aguilera Martínez llegó de ser magistrado en la Sala Ordinaria Especializada en materia de Responsabilidades de Servidores Públicos a magistrado de Sala Superior, quedó una vacante en la ponencia que ocupaba.

Esa ponencia es donde Padierna Luna funge como secretario de acuerdos encargado y ahora espera que en el siguiente periodo de sesiones la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo proponga como magistrado, impulsado por Yasmín Esquivel, como parte del favor que le hizo cuando ella fue ratificada en 2015 para quedarse con la presidencia del Tribunal.

Tradiciones impuestas

A dos semanas de llegar a la presidencia del TJA, la magistrada Estela Fuentes Jiménez mantiene la tradición que implementó desde hace una década Esquivel Mossa cuando dirigió la institución.

Desde el pasado 18 de enero la administración de Fuentes Jiménez formalizó los nombramientos de titulares de las secretarías generales, Secretaría Técnica de junta de Gobierno y Administración, Dirección General de Administración y Dirección del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, que son las plazas más altas que hay dentro del Tribunal.

Pese a que se realizaron por acuerdo del Pleno, cada designación favoreció a personas cercanas a Estela Fuentes e incluso a Esquivel Mossa, mientras que los casos de nepotismo dentro del Tribunal prevalecen como una forma de administración.

Este semanario tuvo acceso al oficio TJA/SGA-08 (1) 59/2023 del 18 de enero pasado, en el que se comunicó de manera interna esta decisión en la que Joacim Barrientos Zamudio fue designado secretario general de Acuerdos I.

Barrientos Zamudio es hijo del exmagistrado Yulic Barrientos Solis, quien en los ochenta fue maestro de Esquivel Mossa en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y quien figuró en las dedicatorias que la jurista incluyó en su tesis de licenciatura, misma que actualmente está en investigación por posible plagio.

En sus inicios, Barrientos Zamudio fue secretario de estudio y cuenta en la ponencia de la ahora magistrada presidenta, Estela Fuentes.

Fue desde ahí que impulsó la entrada de su sobrino Erick Armando González Barrientos al TJA quien, de acuerdo con el directorio de la institución, está en la Sala Ordinaria Especializada, ponencia 16, como auxiliar jurisdiccional.

La plaza que ocupará a partir de esta administración, como secretario general de Acuerdos I, tuvo en 2022 una remuneración mensual bruta de 109 mil pesos, que tras impuestos se traducen en una ganancia neta de 78 mil 369.62 pesos al mes, según el tabulador público en el TJA.

Dentro del Tribunal, Joacim Barrientos tiene otro familiar: se trata de su medio hermano Alexis Eduardo Barrientos Gamborino, quien está adscrito a la Primera Sala Ordinaria, Ponencia Uno, como auxiliar general e ingresó como sindicalizado.

Como secretario general de Acuerdos II fue designado Luis César Olvera Bautista, quien llegó al Tribunal directamente a la ponencia donde estaba la magistrada Fuentes. Ocupaba la plaza de oficial jurisdiccional y mantiene una relación de amistad con Fernando Rodríguez Ochoa, uno de los más allegados a la magistrada presidenta.

Cuando Fuentes fue designada presidenta interina, en sustitución de Esquivel Mossa cuando ésta fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombró a Olvera Bautista secretario de acuerdos y fue adscrito a Sala Ordinaria.

Cuando terminó el mandato que Fuentes Jiménez cubrió en lugar de la ministra, Olvera Bautista la siguió a la Sala Superior, donde ahora es secretario general de Acuerdos II, con la tarea de encargarse de los amparos que se tramitan contra resoluciones del TJA. Su sueldo es igual al que recibirá Joacim Barrientos.

Fernando Rodríguez Ochoa, quien fue designado secretario general de Compilación y Difusión, es hijo de quien fue la mejor amiga de Estela Fuentes y ahijado de la magistrada presidenta.

También llegó al Tribunal de la mano de Estela Fuentes y durante la presidencia del magistrado Jesús Anlén Alemán (2020-2022), permaneció como secretario de estudio y cuenta.

Con su nuevo nombramiento su sueldo será el mismo que el de Joacim Barrientos y Luis César Olvera.

A su vez, Rodríguez Ochoa tiene a su prima Jacqueline Barbosa Rodríguez, quien llegó directamente a la ponencia de la magistrada Estela Fuentes y ahora está en Presidencia como abogada especializada en la Secretaría General de Acuerdos II, ahora encabezada por Luis César Olvera Bautista.

José Luis Verde Hernández, pareja sentimental de Jacqueline Barbosa, también forma parte de las filas del Tribunal, donde tiene plaza de secretario de estudio y cuenta adscrito a la Primera Sala Ordinaria, Ponencia 2.

Otra designación que llama la atención del documento en poder de Proceso, fue la de Silvia Guadalupe Bravo Sánchez como titular de la Secretaría General de Atención Ciudadana, quien fue secretaria de estudio y cuenta del magistrado decano Raúl Armida.

Esta casa editorial informó (Proceso 2411) que fue el magistrado Armida quien propuso a Fuentes para presidenta del TJA, pese a la oposición de tres integrantes del Pleno que argumentaron que, conforme a la ley aplicable a la institución, está impedida para presidir nuevamente el tribunal.

Armida fue el antecesor de Esquivel Mossa en la presidencia del TJA y uno de los firmantes del desplegado emitido el pasado 27 de diciembre por 20 integrantes del Tribunal para apoyar a la ministra contra las acusaciones de que supuestamente plagió su tesis de licenciatura.

Hasta ahora, ese ha sido el único grupo que abiertamente ha manifestado su apoyo en favor de la ministra.

En la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno y Administración fue designada Carmen Nelia Olivas, cercana al magistrado presidente de la Primera Sala Ordinaria, Benjamín Marina Martín, quien fue asesor de Esquivel Mossa cuando ella fue presidenta del TJA.

El magistrado Marina Martín llegó al Tribunal en 2016 con un historial parecido al de Fuentes, pues su experiencia profesional era en materia penal y no administrativa, como lo exige la ley.

Ese mismo año se unió a las filas de Jaime Rodríguez, El Bronco, entonces gobernador de Nuevo León, donde trabajó hasta 2017 para regresar a laborar con Esquivel Mossa en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el TJA.

En la Secretaría General de Acuerdos Adjunta de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas fue designada titular María Juana López Briones.

De todos los nombres que se informan en el oficio de las designaciones de la nueva magistrada presidenta del TJA, el de López Briones es uno que se ha mantenido en la institución desde hace 36 años y, dada la experiencia que ha tenido en diferentes puestos de la institución, es la que más conocimiento tiene sobre el trabajo del Tribunal.

Andrea del Carmen Roser Galván fue nombrada directora general de Administración del Tribunal, institución a la que entró a trabajar con la ayuda de la exmagistrada Victoria Eugenia Quiroz Pesquera, madre de su esposo, Julián Carrillo Quiroz.

Quiroz Pesquera fue quien mantuvo congelado durante 20 meses el expediente del litigio contra la Supervía Poniente, en el que Grupo Riobóo, empresa de José María Riobóo, esposo de la ministra Esquivel Mossa, tenía interés directo al participar con Controladora Vía Rápida Poetas en la construcción de un tramo de la obra impulsada por el entonces jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

Este semanario informó (Proceso 2411) que ese litigio concluyó en agosto de 2013 con una declaratoria de sobreseimiento propuesta por Quiroz Pesquera y avalada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal entonces encabezado por Esquivel Mossa, quien estaba impedida para votar el asunto pero no se excusó de hacerlo.

Otra familiar de Quiroz Pesquera que permanece en el Tribunal es Marisol Hernández Quiroz, sobrina de la exmagistrada, quien es secretaria de estudio y cuenta del magistrado Andrés Aguilera, quien votó en favor de Fuentes Jiménez para presidenta.

Andrés Aguilera también es hijo de Manuel Aguilera Gómez, expresidente del PRI en la Ciudad de México, quien en 2000 avaló la candidatura de Esquivel Mossa para diputada local por el tricolor, misma que perdió.

Cuando Esquivel presidía el Tribunal, Aguilera Martínez era su coordinador de asesores; en esa época la entonces magistrada presidenta creó el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal.

En 2019 Esquivel Mossa se fue a la Corte a sustituir a Margarita Luna Ramos, quien fue designada directora de dicho Instituto y ahora fue ratificada en el cargo por la administración de Estela Fuentes.

Al igual que sus allegados, la magistrada presidenta del TJA, Estela Fuentes Jiménez mantiene en la institución a su sobrina directa, Paulyna Monserrat Careaga Fuentes.

Cuando Fuentes Jiménez era presidenta interina, en 2019, firmó el nombramiento de su sobrina y ahora aparece en el directorio del Tribunal como abogada especializada adscrita a la Secretaría General de Atención Ciudadana de Presidencia.

Al mismo tiempo, la presidenta tolera casos como el de Luis Enrique Rico Soto, exsecretario de estudio y cuenta de Fuentes Jiménez, quien actualmente tiene a su hermano, Édgar Rico Soto, como auxiliar jurisdiccional en la Sala Superior, Sección Especial, Ponencia 7.

Farha es una niña de 14 años que en la Palestina de 1948 observa el movimiento militar que desembocó en la creación del Estado de Israel. Es lo que deja ver la promoción de la película de la directora jordana Darin J. Sallam, de 2021. Exhibida en la plataforma de Netflix; sin embargo es imposible verla en México y en algunos otros países. Por razones inexplicables, no puede accederse a la película para conocer el relato de lo que los palestinos llaman la Nakba, cuando fueron desplazados de las casas, ciudades y territorios en los que vivían. Todo eso ya se sabe, por lo que no parecen claras las razones por las que no puede verse en esa plataforma y, en cambio, se anuncia la tercera temporada de Fauda, del director Rotem Shamir y otros directores sobre la actuación de un cuerpo de élite de la policía israelí en el contexto de sus disputas con los palestinos, sin mayor problema.

Apenas el 1 de diciembre la ­película subió a la plataforma; en la historia, la adolescente es hija del alcalde de un pueblo palestino; allí ella es inscrita en un colegio, pero hay malos presagios cuando comienzan a escucharse disparos y llamados a la población para evitar un baño de sangre. Sin saber qué hacer, el padre encierra a su hija en una alacena con agua y alimentos, prometiéndole regresar a buscarla. No se sabe cuánto tiempo pasa, mientras ella observa todo lo que está sucediendo. Ve a los soldados israelíes patrullando y escenas que han sido descritas como muy fuertes. Exhibida en el Festival de Toronto, su directora dice que se apoya en la historia real de Radiyyé que, después de haberlo perdido todo, tomó la ruta del exilio hacia Siria.

Para el ministro de Finanzas saliente, Avigdor Lieberman, la película cuenta calumnias sobre los soldados israelíes; y para la ministra de Cultura, Hili Tropper, la difusión de la película en las salas de Israel muestra un tejido de mentiras y difamación. Tales opiniones, aunque se trate del gobierno anterior, marcan el camino que seguiría la película, aunque en Israel no se prohibió.

No tengo noticias de que en otras ocasiones se haya ejercido la censura de ese modo en esa plataforma, que ha alcanzado un éxito inusitado, sobre todo a partir del encierro que la epidemia de covid-19 impuso al mundo. Por lo tanto es difícil saber cuáles pueden ser los motivos que llevaron a dicha plataforma a bloquear esa película.

El asunto aflora en la coyuntura de transición del no tan nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu porque, electo en diciembre pasado, el primer ministro llegó por enésima ocasión, acompañado por el bloque político ultranacionalista y más conservador que pudiera imaginarse. Así lo demuestran hechos y acciones que ha emprendido el gobierno en este breve lapso y ya ha presentado a la Knesset (el Parlamento) el proyecto de Ley de Justicia que está provocando fuertes reacciones. La respuesta ha sido notable y apenas hace unos días en Tel Aviv, 70 mil israelíes se manifestaron en contra, y lo han hecho igualmente fuertes personalidades, como la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, quien expresó que se trata de “un ataque contra el sistema judicial como si representara el ataque a un enemigo hasta acabarlo”.

El asunto continúa escalando y el exministro de Justicia, Tzipi Livni, acusó a la coalición gubernamental de hacer la guerra contra las instituciones. Incluso el actual presidente, Isaac Herzog, ha declarado que el país se desgarra en una profunda división y se propuso: “Evitar una crisis constitucional histórica y poner término a la fractura persistente en el seno de nuestra nación”.

El poder presidencial, sin embargo, no debe hacerle mella al que ostenta el tantas veces electo primer ministro, que según él ha sido logrado con el apoyo de millones de votantes, lo cual es cierto, como también lo es que siguen abiertos juicios en su contra por corrupción. El gobierno se está definiendo bajo los parámetros más conservadores si apenas el 8 de enero el ministro palestino de Relaciones Exteriores fue retenido en el puesto fronterizo entre Jordania e Israel.

Se dice que se realizó en respuesta al voto de Palestina para llevar el asunto de la ocupación israelí a la Corte Internacional de Justicia, según resolución de la ONU del 30 de diciembre.

Dicha sanción fue acompañada por otras más graves, como la retención del presupuesto para operación y para la ­supervivencia de los palestinos en territorios ocupados, que provienen del pago de aduanas y de otros ingresos. El gobierno israelí desvió 37 millones de euros que correspondían a los palestinos para entregar a las familias israelíes en las que alguno de sus miembros haya sufrido agresión.

Una cuarentena de países ha expresado su desacuerdo con las sanciones impuestas por Israel a la Autoridad Palestina, porque “…cualquiera que sea la posición de cada país sobre las resoluciones, rechazamos medidas punitivas en respuesta…”. Y desde luego apoyaron esa posición los que votaron a favor de la medida de la CIJ, pero también se les unieron los que se habían abstenido, como Francia, Japón y Corea del Sur, o incluso los que habían votado en contra, como Alemania. Igualmente Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por las medidas tomadas por Israel.

El gobierno debía considerar que la votación a favor de la intervención de la CIJ se dio después de la presencia sorpresiva en la Explanada de las Mezquitas del ministro israelí de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben Gvir, acusado de racismo y de incitar los ánimos en contra de los palestinos Y seguramente recuerdan que una acción semejante de Ariel Sharon provocó en el año 2000 la primera y más mortal de las intifadas.

Si no tiene relación la coyuntura que se vive en Israel con la censura a la ­película Farha, pareciera como si la tuviera… si no, por qué sucede algo tan elemental para impedir que los que cuentan con esa plataforma tengan más información sobre Palestina. 

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“La palabra que nadie quiere mencionar es discriminación, y la discriminación sistemática por omisión y falta de conocimiento, cómo le quieran llamar existe, es muy fuerte, hemos intentando trabajar, no es un mero capricho, la Dirección de inclusión  Social, pretende  agudizar las leyes que a los ciudadanos nos compete”.

Así lo dijo Homer Luis Sevilla Flores, presidente de independencia e Inclusión “Si Podemos”, quien aseguró que en los trabajos del proyecto del llamado Reconstrucción del Tejido Social, fueron discriminados, ya que no les permitieron ingresar a un evento, “y por lo tanto no sabemos qué está pasando con ese proyecto, porque así lo digo, nos invitaron, nos presentamos por parte de una funcionaria federal, al final nos discriminaron, los de seguridad nos dijeron que no podíamos acceder por las rampas”.

Al final decidimos retirarnos, “nos dieron atole con el dedo”, ya que los de la oficina de gobierno nos dijeron que nos iban a atender pero les dieron vueltas y vueltas, para que al final les dijeran “no podemos, hay otras cosas más importantes como los problemas sociales”.

Sevilla Flores  dejó ver que el 15 por ciento de la población, por el lado que quieran ver a los problemas de discapacitadas, son discriminadas, porque los ven por su “discapacidad y no por su capacidad, no se si exista en Chiapas un diplomado”.

“Ninguna ley, construcción, está sobre el derecho humanos de la libre accesibilidad, ya nos hemos agarrado con el INAH, desgraciadamente a veces dejamos de hacer cosas por falta de recursos, somos una asociación para sacar adelante a los compañeros y sacara adelante las iniciativas, por eso estamos luchando por la Dirección de Inclusión para tener los recursos para luchar por las causas”, abundó.

Alertó que San Cristóbal, podría quedarse sin el turismo Europeo, donde la gran mayoría son población reducida o de la tercera edad, ya que están considerando a San Cristóbal como una comunidad agresiva, “eso nos va impactar, independientemente que en 10 años vamos a entrar en un bloque, una ciudad o país de viejos”.

Alejandra del Moral, precandidata de la alianza “Va por el Estado de México” a la gubernatura, advirtió que los priistas no caerán en juegos sucios ni descalificaciones, en alusión a las impugnaciones promovidas en su contra, la obstrucción de su propaganda en municipios gobernados por Morena y los retos públicos que le han lanzado.

La precandidata tricolor insistió en que el suyo es un proyecto que no divide; por el contrario, une:

“Esta precampaña para mí es muy importante porque nosotros no buscamos confrontaciones. No queremos dividir al Estado de México, todos los mexiquenses podemos vivir en esta tierra con diferencia de pensamiento”, destacó en reunión con militantes de Axapusco y Tepetlaoxtoc.

Lejos de responder a las descalificaciones, pidió a sus seguidores que la acompañen en el trabajo, “que me acompañen en la batalla, que me acompañen en el acercamiento con la gente”.

Del Moral Vela consideró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha demostrado que puede, quiere y tiene con qué; y destacó que los priistas mexiquenses siempre van hacia adelante y nunca se rajan, porque son mujeres y hombres valientes que saben enfrentar las dificultades y salen airosos de ellas.

Después, desde Tecámac y Ecatepec, municipios que han suspendido en el primer caso y prohibido en el segundo la colocación de sus espectaculares, aseguró que el priismo dará una propuesta ante cada descalificación, porque el PRI entendió que la gente no quiere más politiquería, sino acciones, hechos y políticos de altura.

“Por cada ataque de ellos, nosotros vamos a dar una propuesta y, ante cada descalificación, nosotros vamos a avanzar con paso firme… Estoy convencida de que ser valiente no es ser peleonero, ser valiente es no echarse para atrás, ser valiente es ganar a la buena”, dijo.

De esta manera, la priista respondió a las impugnaciones promovidas en su contra en lo que va del proceso electoral, como aquellas por los espectaculares de la revista Mundo Ejecutivo, contra la coalición “Va por el Estado de México”; a la obstaculización de sus espectaculares y a retos de morenistas como la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) aprovechando que se autodenomina “Valiente”.

Periódico impreso edición No. 2553 del día 30 DE ENERO del 2023 . [Leer completo].

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido la expulsión de 22 morenistas por su apoyo a Ricardo Mejía Berdeja, precandidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila.

Lo anterior, luego de considerar que su apoyo a un candidato distinto al de Morena contraviene la normatividad interna, ya que no buscan la unidad al interior del partido.

“Las personas denunciadas han demostrado su apoyo a una candidatura que competirá directamente en contra de la postulación emanada del proceso interno de selección de candidaturas organizado por Morena”, señaló en el documento.

“Las personas denunciadas no comulgan con los valores y principios de Morena”, añadió.

Por ello, pidió la separación inmediata de las personas denunciadas del cargo y las funciones que ostentan como miembros de los órganos internos de Morena, así como la suspensión provisional de sus derechos como militantes y simpatizantes.

Según la queja, se trata de Laila Yamile Mtanous Castaño, presidenta del Consejo Estatal de Morena en Coahuila; Lucia Inés Zorrilla Cépeda, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, y Luis Alberto Ortiz Zorrilla, secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo en el estado.

Además de Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal, y Francisco Javier Cortez Gómez y Laura Francisca Aguilar Tabares, diputados locales de Coahuila.

También Cinthya Gorethy Cerda González, Esthela Flores Herrera, Mayra Verastegui Gil, Karina Ramírez Levenant, regidoras de los municipios General Cepeda, Ramos Arizpe y Matamoros, respectivamente.

Así como Enrique Marcos Garza, Antonio Gutiérrez Wislar, Eduardo Hernández Carrizales, Griselda Treviño Jiménez, Luis Enrique Hernández Maldonado, Magda Liliana Flores Morales, María De La Luz Delgado Martínez, Raúl Abraham Sosa Vega, Francisco Humberto Martínez Salas y Leonardo Rodríguez Cruz, consejeras y consejeros estatales de Coahuila.

Por último, Miroslava Sánchez Galván, militante, exdiputada federal y expresidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila, y José Guadalupe Céspedes Casas, exsecretario general del partido en el estado.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena admitió el recurso de queja promovido por Delgado.

En un plazo máximo de 48 horas deberá pronunciarse al respecto, lo que podría derivar en el inicio del procedimiento sancionador.