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La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosamena, hizo entrega de un informe a la Unidad de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de “reconducir” la indagatoria para acelerar el proceso de esclarecimiento del caso.

Al término de la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, Arosamena resaltó que el encuentro de este jueves se llevó a cabo con la finalidad de atender “el clamor de padres de familia para impulsar las acciones necesarias para avanzar en investigaciones, para avanzar en la justicia, verdad y encontrar a los muchachos”.

En ese sentido, se hizo entrega de un documento elaborado por Ángela Buitrago, quien realizó “un cruce de declaraciones” contenidas en el expediente de cerca de 800 tomos, para coadyuvar con la Unidad de Investigación.

En esta nueva etapa, la CIDH mantiene como consultores expertos a Buitrago y a Francisco Cox, los dos exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), equipo al que próximamente se integrarán Claudia Paz y Paz y Carlos Beristáin, en distintas modalidades de contratación avaladas por la Comisión para la Verdad.

El documento, del que Arosamena se reservó su contenido, “debe ser utilizado por la fiscalía especial (Unidad), identificando casos activos; partimos no de cero, los expertos tienen conocimiento del asunto desde sus inicios, eso hace que toda información que se procese va a coadyuvar con la fiscalía que tiene la responsabilidad de la institución”.

Además, puntualizó que “los padres de familia insisten en acelerar el tema de la investigación en un proceso de impulso, y ellos sienten que los expertos pueden coadyuvar con la fiscalía”, tomando en cuenta lo que determinó el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, de que “había que reconducir la investigación”.

Sobre las recientes liberaciones de presuntos involucrados, Arosamena reconoció que hubo declaraciones y actuaciones realizadas ilegalmente, pero “ello no implica (…) que estas personas puedan quedar libres porque les da la gana”, sino que será indispensable la “reconducción de la investigación”.

Añadió: “Habrá caminos para reconducir las investigaciones de los hechos para asegurar que quienes estuvieron involucrados no queden libres de procesos”.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en la reunión estuvieron presentes padres y madres que forman parte de la Comisión para la Verdad, sus representantes legales, abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

También el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado; el responsable de la Unidad para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, así como Buitrago y Cox.

La próxima reunión ordinaria se realizará el próximo miércoles 16.

 

Tras documentar ataques armados y desplazamientos forzados internos entre enero y agosto de este año, por conflictos de tierras en comunidades indígenas de los municipios de Aldama y Chenalhó,  Chiapas, hechos que han cobrado al menos la vida de dos personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó la responsabilidad del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, “por la violación al derecho a la vida, integridad personal e interés superior de la niñez”.

Ante los hechos documentados, el organismo instruyó a Escandón Cadenas a proceder a “la reparación integral del daño a las víctimas y a las familias de las personas fallecidas; se les inscriba en el Registro Nacional de Víctima, el pago de una compensación y/o indemnización integral, se les brinde atención psicológica y se envíen a la CNDH las constancias con que se acredite su cumplimiento”.

De acuerdo a la Recomendación 71/2019, el organismo consideró pertinente que el gobierno de Chiapas se coordine con los municipios de Aldama y Chenalhó, así como con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), y “se elabore un diagnóstico que permita generar una estrategia para la resolución del conflicto agrario referido y, en su caso, se realicen los diversos programas de dicha Secretaría para que, a través de algunos de ellos, con visión diferencial y multicultural se pueda brindar solución”.

CNDH en México

@CNDH

Por violaciones a los #DerechosHumanos a la integridad personal, interés superior de la niñez y pérdida de la vida, en agravio de comunidades indígenas del municipio de Aldama, dirigimos #RecomendaciónCNDH al gobernador de #Chiapas, @rutilioescandon.

En su investigación, la CNDH acreditó una permanente situación de conflicto entre ambos municipios, por la disputa de 60 hectáreas, “por lo que, a partir del año 2015, durante las noches, comenzaron a suscitarse agresiones con armas de fuego, y dichos ataques se intensificaron en 2018”.

El organismo reconoció que algunas familias desplazadas retornaron a sus comunidades a partir del reforzamiento de patrullajes y la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como que el gobierno del estado “ha implementado algunas acciones para garantizar la seguridad interior del municipio de Aldama”.

Sin embargo, consideró que el gobierno de Rutilio Escandón, “debe evaluar, diseñar e implementar de forma urgente los trabajos para lograr un diálogo y conciliación entre las partes en conflicto, ya que los actos de violencia por diversos grupos armados no ha cesado, atentan contra la población indígena de la población indígena en la zona y ponen en riesgo la vida e integridad del personal de seguridad de quienes prestan diversos servicios en materia social como educación y salud, al impedir y/o dificultar el acceso a la población a servicios básicos”.

La CNDH abrió una investigación a partir de noticias difundidas por medios de comunicación sobre un ataque armado ocurrido la madrugada del 22 de enero de 2019 contra comunidades indígenas del municipio de Aldama, atribuido a pobladores de la localidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, con un saldo de un muerto y dos heridos, además del desplazamiento de familias que buscaron refugio en la selva, cuevas y sembradíos.

La CNDH registró disparos contra comunidades de Aldama, Xuxchen y Cocó, provenientes de Manuel Ugtrilla y Slumka, del municipio de Chenalhó, los días 9 y  10 de abril, agresiones que provocaron que elementos de la Policía Estatal abandonaran el destacamento en la comunidad de Cocó, “por la intensidad de los disparos (…) que dañaron una de sus unidades”, y que al menos nueve familias abandonaran la zona.

Otros hechos violentos se suscitaron el 27 de mayo, siendo atacadas las comunidades de Xuxchen, Cocó, Tabak, Cotzilnam, Yetón, Chivit, Tzelejpotobtik y la cabecera municipal de Aldama; en junio “una persona indígena de la comunidad de Tabak perdió la vida durante un ataque armado cuando velaba a un familiar en la misma comunidad”; el 31 de julio se registraron disparos de arma de fuego contra la comunidad de Xuxchen, Cocó, Tabak y San Pedro Cotzilnam, y el 16 de agosto una vez más se registraron dos ataques armados a Cocó.

Las agresiones ocurrieron pese a que en junio la CNDH emitió medidas cautelares a favor de los familiares de la víctima de Tabak, de los pobladores de esta comunidad y de Cocó, San Pedro Cotzilnam, Baletik y Xuxchen.

El organismo constató que “persiste una amenaza inminente contra las comunidades indígenas del municipio de Aldama que colindan con el municipio de Chenalhó, al permanecer bajo constantes ataques de arma de fuego”.

Este ambiente de violencia ha provocado que las y los niños no reciban educación, “los servicios de salud son insuficientes y el alimento que se les proporciona es escaso; características que suman a su ya precaria realidad y que es el resultado directo de la inseguridad que se vive en la zona”,

En Twitter, el gobernador Escandón anunció su disposición a atender la recomendación.

Rutilio Escandón

@rutilioescandon

Aceptamos con la mejor disposición la recomendación 71/2019 por parte de la @CNDH. Ya estamos trabajando en la situación y daremos debido cumplimiento.

El organismo Pueblo Sin Fronteras (PSF) denunció la situación crítica que viven cientos de migrantes africanos afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI, donde todos están pasando hambre, los niños migrantes no tienen acceso a servicios médicos ni a escuelas, hay mujeres embarazadas que han abortado ante la falta de atención y por lo menos dos migrantes enfermos están moribundos.

Irineo Mujica, vocero de PSF dijo que la intención del Instituto Nacional de Migración (INM) es distraer al pueblo mexicano y ofuscar su responsabilidad moral y ética en esta crisis migratoria en donde mantiene en cautiverio a cientos de personas migrantes africanas en Tapachula, violando distintos convenios internacionales así como las leyes mexicanas.

Dijo que el INM ha manipulado de manera fraudulenta el oficio de salida que está previsto en la ley para que personas migrantes y refugiadas salgan de nuestro territorio cuando expresan no tener interés de permanecer en él, como lo han hecho los africanos, y otorgar las salidas voluntarias por la frontera de su elección como lo marca la ley de migración.

Dijo que las amenazas de medidas arancelarias y el cierre de las oficinas de regularización en Tapachula fueron algunas de las razones que agravaron aún más la crisis migratoria, simbolizada en la retención en condiciones indignas a los migrantes en el sur de México. Y que dichas acciones fueron ejecutadas con la finalidad de cumplir los compromisos de Marcelo Ebrard con el gobierno estadunidense.

“Bajo la ley de migración, no se ha generado cambio alguno sino la manipulación de la misma para entregar resultados a Donald Trump y su agenda racista de odio y persecución hacia la población migrante”, dijo el activista.

“De acuerdo a nuestro seguimiento de la situación en estos días, los niños migrantes no tienen acceso a servicios médicos ni a escuelas, hay mujeres embarazadas que han abortado ante la falta de atención y por lo menos dos migrantes enfermos están moribundos. Repudiamos y exigimos un alto a estas políticas de muerte y al racismo del Estado mexicano”, indicó el activista que ha sido perseguido y encarcelado por su apoyo a los migrantes.

Mujica dijo que lo migrantes transcontinentales han marchado pacíficamente y han expresado no querer permanecer en México ni pedir refugio a un Estado que los ha engañado y sometido a un infierno.

Y contrario a los centroamericanos, las deportaciones a sus países de origen – viola el derecho humanitario internacional- con los cuales no hay vínculos diplomáticos estrechos, acentúan la condición de zozobra y de incertidumbre de los migrantes.

Dijo el activista que para muchos de los migrantes Estados Unidos no es su destino final, sino Canadá́. En sí, los migrantes africanos están en tránsito, por lo tanto, no están cometiendo delito alguno de acuerdo a la ley de migración.

En este contexto, condenó el papel servil por parte de ACNUR México, “que opera como un brazo del Estado neoliberal mexicano y cuyo objetivo es que los migrantes pidan refugio aquí a petición del gobierno de Estados Unidos, el cual financia una buena parte de ACNUR a nivel global”.

Con AMLO, lo mismo

Para Mujica, “el INM nunca ha sido reestructurado a pesar de ser un organismo reconocidamente corrupto. Solo ha demostrado ser un dinosaurio mutante en la migración ya que sus malas y corruptas prácticas sobreviven durante los gobiernos del PRI, el PAN y, por lo visto, de Morena”.

Dice que de nada ha servido que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria Olga Sánchez Codero y el subsecretario Alejandro Encinas manifiesten limpia y cambios en dicha institución sí la corrupción continua más fuerte que nunca y con los mismos actores.

Y que tan solo en las últimas semanas más de 50 personas han interpuesto demandas por corrupción, pero al gobierno mexicano solo les interesa cumplir con las exigencias racistas de Donald Trump, y su la forma como lo están haciendo es aplicando política de contención y de muertes.

Comunidades del municipio de Bochil sostuvieron este fin de semana para analizar los hechos violentos registrados en el municipio, en especial los del pasado 26 de septiembre donde un elementos de la Guardia Nacional resultara herido y luego muerto a manos de grupos delincuenciales.

Asimismo, acusaron al presidente municipal, Gildardo Zenteno Moreno como responsable de los hechos toda vez que constantemente se ha cerrado al dialogo y a la atención de la problemática reflejando incapacidad para atender a las demandas sociales del lugar.

A la reunión asistieron las comunidades de El Copal, Venustiano Carranza, Cañadas para urgir a las autoridades estatales y federales buscar los caminos y mecanismos necesarios para acabar con la violencia en la región, en bienestar de sus habitantes.

Por lo que solicitaron un dialogo con el gobierno federal a través de la Comisión Nacional para el Dialogo con los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como con el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, ya que consideraron que la criminalización de la protesta social se ha complicado y temen que la vida de mujeres, hombres y niños se encuentre en riesgo.

José Luis Díaz Pérez, del Paraje Venustiano Carranza, en uso de la palabra dijo: “Por lo que hoy, solicitamos de manera conjunta para solicitar medidas cautelares a todos los habitantes, mujeres hombres y niños que no han podido salir de esta comunidad de El Copal, porque han sido aterrorizados, porque han sido hostigados y solicitamos una reunión con la SEGOB para que se tomen cartas en el asunto.

Así como los compañeros viven atemorizados porque no pueden salir de esta comunidad, no pueden ir a comprar a la cabecera municipal de Bochil porque temen que sean reprimidos, por lo que es importante que se emitan medidas cautelares de manera conjunta, porque también le han negado el derecho a la salud, les han negado los derechos de los servicios necesarios que debe de dar el municipio”.

En tal virtud los representantes comunitarios solicitaron a las autoridades la emisión de medidas cautelares para salvaguardar la vida y se detengan los hostigamientos contra dichas comunidades.

“La gente quiere paz, la gente quiere tranquilidad y vivir en orden porque hay niños que no reciben clases, hay niños que no pueden ir a un centro médico para que sean atendidos y hay mujeres y ancianos que viven atemorizados”.

En un comunicado explica además que tras los hechos ocurridos el jueves veintiséis de septiembre en la cabecera municipal cuando una comisión de estas comunidades ingresaba caminando a la cabecera municipal para solicitar de manera pacífica la solución a sus demandas colectivas que ya eran compromisos del ciudadano Gildardo Zenteno Moreno, Presidente Municipal quien no los ha atendido y los ha venido engañando.

“Fuimos sorprendidos por la policía municipal, la policía estatal, la guardia nacional e infiltrados financiados por el presidente municipal, con disparos de armas de fuego y gases lacrimógenos, en donde resultamos tres de nosotros gravemente heridos y así como también resultó gravemente herido de un proyectil de arma de fuego un elemento de la guardia nacional, que posteriormente nos enteramos que perdió la vida.

Por lo anterior nos deslindamos de toda responsabilidad penal y civil, toda vez que nosotros fuimos a manifestarnos pacíficamente y ninguno de nosotros portábamos armas de fuego”.

Este comunicado está debidamente firmado y sellado por Jesús Orvelín Santos Girón del Patronato General del Proyecto Integral, Mario Díaz Sánchez, Agente Municipal de El Copal, Nestor Pérez Pérez, Patronato de El Copal, Oscar Pérez Pérez, Agente Municipal de Congregación Venustiano Carranza, Cesario Hernández Girón, Patronato La Cañada, Antonio Pérez Sánchez, Agente Municipal de Venustiano Carranza y Joaquín Sánchez Girón, Agente Municipal de la Cañada, entre otros.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, conformado por una veintena de organismos civiles, denunció hoy la crítica situación de cientos de migrantes centroamericanos, de África y Asia, en el albergue migratorio El Cupapé 2-La Mosca, quienes se encuentran sin acceso a servicios básicos, agua para beber, saneamiento, papel higiénico, alimentos y atención médica, y las condiciones generales del lugar son de total incomunicación, desinformación y aislamiento.

En el contexto de las acciones de vigilancia a los centros de detención migratoria en el estado de Chiapas, el Colectivo denunció que, tras visitar la estancia provisional entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, El Cupapé 2-La Mosca, se percataron de que el gobierno federal pasa por alto las condiciones mínimas para mantener personas migrantes y solicitantes de refugio detenidas.

Activistas y defensores de los derechos humanos de las diversas organizaciones civiles que conforman el colectivo, visitaron el pasado 2 de octubre ese espacio que el Instituto Nacional de Migración (INM) habilitó desde junio pasado, en donde anteriormente eran las instalaciones que servían como una planta productora de moscas estériles. Ahí documentaron una serie de condiciones que violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de refugio detenidas.

Indicaron que en el lugar hay aproximadamente 370 personas de diferentes nacionalidades de países de Centroamérica, África y Asia, que han permanecido detenidas, algunas desde hace más de dos meses, con precario acceso a servicios básicos de agua, saneamiento, papel higiénico, alimentos y atención médica.

Dijeron que les preocupa especialmente que han llegado a estar por más de tres días sin agua para beber y cuando les proporciona el INM agua son tan solo dos garrafones para toda la población detenida.

A esto se suman porciones escasas de alimentos e incluso no alcanza para todas las personas, afectando gravemente los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

También faltan medicamentos y existen condiciones insalubres en los sanitarios y la bodega habilitada como celda, es un espacio que comparten todas las personas sin hacer la diferenciación entre mujeres, hombres, familias, niñas, niños y adolescentes y población LGBT.

El informe señala que muchas personas han sido trasladadas de otras estaciones migratorias, como Cupapé 1 y Echegaray, a esta estancia provisional, sin proporcionarles información clara, precisa, fidedigna y, en otros casos, sin información alguna del porque las están cambiando de lugar.

Indicaron que hay personas que han presentado su solicitud de refugio sin haber recibido ningún documento y otras que permanecen detenidas a pesar de tener constancias de inicio del trámite ante la Comar, agravando la situación que muchas personas no cuentan con medios propios de comunicación satelital y el INM no les garantiza el acceso a llamadas telefónicas.

Esta situación, añadieron, muestra el completo aislamiento e incomunicación en la cual se encuentran todas las personas allí detenidas.

De igual forma, en la Estancia Provisional de Echegaray no les entregan kits de limpieza desde hace una semana. Según el personal del INM, esto se debe a la falta de presupuesto.

En ese lugar, las personas jóvenes detenidas allí refieren que las detenciones de quienes iban en el tren fueron con abuso de la fuerza y de forma violenta.

El colectivo dijo que de forma generalizada y sistemática están detenidas en las estancias migratorias de Chiapas personas con documentación que acredita que son solicitantes de la condición de refugiados, e incluso personas que ya cuentan con el reconocimiento.

El colectivo pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dé respuesta a esta situación con total respeto y garantía a los derechos humanos.

Exigió que se instalen capacidades de atención inmediata en las instituciones responsables a fin de garantizar y ser congruentes con una política migratoria y de refugio con un real y efectivo enfoque de derechos humanos y no de criminalización y represión hacia la población migrante.

El servidor público que intervenga en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena será despedido del gobierno federal y denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, dijo que las elecciones en el partido que él mismo fundó y con el que llegó a la Presidencia de la República, son un asunto que deben resolver sus militantes y dirigentes, sin injerencia del gobierno federal. Por eso, lanzó la alerta:

 “El servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos y en particular en el proceso de renovación de la dirección en Morena, va a ser despedido del gobierno”.

Y no sólo eso. Añadió:

“Voy a pedir, con todo respeto a la procuraduría electoral (sic) de la Fiscalía General que intervenga para que sea juzgado el servidor público que participe a favor de candidatos utilizando recursos del gobierno. El que quiera hacer trabajo, vida partidista, está en libertad, pero la función del gobierno es otra completamente distinta”.

Luego, recordó que cuando fue candidato enfrentó la “injerencia perversa en los partidos y en las elecciones. Eso debe descartarse por completo”.

El mismo mandatario federal reconoció que como “no va a ser suficiente” el exhorto, enviará una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal con el mismo mensaje, “porque no queremos vernos involucrados”.

Ello, consideró, “sería algo nefasto, nosotros que hemos luchado durante tantos años y padecimos de tantos fraudes y de tanta injerencia del gobierno en nuestros movimiento y organizaciones políticas, que repitiéramos esas mismas conductas”.

Según dijo, “ya no hay partido de Estado, eso ya se terminó…  No es de izquierda el que hace trampa, el oportunista, el corrupto, el acomodaticio, el trepador, el que no pone por delante los ideales y los principios”.

La crisis que viene

Sin duda el tema económico del país, sobre todo cuando las amenazas de una guerra comercial y arancelaria se asoma a las puertas del mundo, si bien por sí misma –la economía- resulta un aspecto fundamental de la política gubernamental, ante la inminente desaceleración y la sombra de estar al umbral de una recesión global, resulta prioritario que el gobierno federal con el concurso vital de la iniciativa privada y en conjunción de propósitos ah, e   independencia de posturas ideológicas, necesariamente deberán coincidir, considero, porque aún atendiendo a intereses distintos que por definición lo son, sí de menos por mínimas razones de sobrevivencia del gobierno como la de los hombres del dinero, les urge convenir.

Mucho se ha criticado y en cierto modo coincido, que el gobierno de la 4T se ha volcado, tal vez sin mesura, a la atención de grupos de población más desprotegidos, lo que en congruencia ha planteado como definición de gobierno que “primero los pobres”, y he de ahí los programas sociales y que por ende también ha establecido conforme a lo prometido en campaña, un programa nacional de austeridad que parte del principio de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Pero igual considero y es mi punto, que más allá de atender a grupos vulnerables y canalizar recursos multimillonarios del presupuesto en programas como la pensión a adultos mayores,  para discapacitados o del satanizado programa destinado a los “ninis” jóvenes construyendo futuro que fueron excluidos en el régimen anterior que suman millones de personas como millones de pesos, la inversión pública en infraestructura y apoyos a la producción padecen  rezagos, que si bien se han tratado de redistribuir por diversas dependencias y distintos programas, el magro crecimiento del 0.1 puntos porcentuales del PIB registrado de manera acumulada al mes de agosto pasado, sin duda prenden focos rojos que el gobierno,  por eso digo coincido, no puede seguir soslayando.

Porque y lo subrayo, ante una situación de posible recesión mundial sobre todo provocada por la sórdida guerra comercial entre las dos potencias económicas del mundo como China y Estados Unidos, México puede quedar atrapado en el fuego amigo y entonces sí, los malos augurios para que al presidente Andrés Manuel López Obrador de vaya mal, podrían cumplirse y de suceder, no importará ya quien;  conservador o liberal se desgarren las vestiduras porque en una crisis de las dimensiones vaticinadas, no sólo perdería el presidente o la llamada cuarta transformación, como tampoco los fifís o chairos, bueno ni siquiera los agnósticos o  católicos de domingo, sino que perderemos todos incluso los ricos, aunque ésos estando blindados  financieramente, podrán resurgir de las cenizas.

Por ello mismo y más allá del lado de la historia que se esté, más nos vale que, por ejemplo; el precio del petróleo no caiga a niveles que harían insostenible mantener el ritmo de inversión planeado por Pemex, porque entonces ni nueva ni modernización de las refinerías existentes. O que al loquito xenófobo del Trump, en un arranque de cólera, nos recete un “tuit” decretando unilateral y groseramente, el incremento en los aranceles de nuestras mercancías; o peor aún; que el congreso de Estados Unidos decida, finalmente, no ratificar el acuerdo comercial con México y Canadá. Y así por la misma ruta esperar que los conflictos globales y no solo comerciales sino incluso bélicos en países del Golfo Pérsico, o que decir si la situación comercial en la Unión Económica Europea siga con tendencia a la baja como se ha observado en los últimos meses. Pero igual en el área de Centroamérica sobre todo en Nicaragua o en Sudamérica como sucede en Venezuela y Brasil y más recientemente en Perú y Ecuador, entonces sí y siendo variables externas sobre las que no se tienen posibilidades de injerencia nacional, es decir una crisis global, poco importarán decía ya, las ideologías. Mucho menos importará si los regímenes son de derecha o de izquierda; autoritarios o demócratas, porque como sea el mundo estará perdido.

Aquí lo que hay que estimar, es que antes que la crisis que viene se cierna sobre la nación mexicana y en específico la economía del país, los empresarios nacionales primeramente, deben de empezar a invertir tal y como lo han anunciado y convenido con el gobierno federal, incluso ha trascendido, pactado directamente con el presidente de México. Ello para darle impulso a la economía generando empleos y de ser posible bien pagados. De igual manera quienes invierten en la Bolsa de Valores  en lugar de dedicarse sólo a la especulación de capitales y la exportación de utilidades incluso que están exentas de ISR, inviertan en bonos de la tesorería y mejor aún a través de las instituciones bancarias canalizar una importante derrama de recursos para la producción e infraestructura. A la par y ya lo mencioné, los banqueros del país que no hace mucho conversaron en Palacio con el presidente, habrían ofrecido poseer capacidad crediticia hasta por 500 mil millones de pesos pero que hasta hoy ésta, no ha empezado a fluir de manera significativa. Y claro de también, abrirles las puertas a los inversionistas extranjeros tal y como como ha trascendido estarse acordando, buscando una asociación lícita y transparente de capitales público-privados, para financiar proyectos de gran envergadura como son el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o el Tren Transístmico entre otros más. En fin, la crisis que viene, sólo puede enfrentarse con responsabilidad y honradez, solidaridad social y unidad nacional. Me queda claro.

 

 

 

 

 

Las mejores universidades para los hijos de MORENA

Funcionarios irresponsables

Le saben algo o le hablan al tanteo al presidente

Una de las propuestas anunciadas por el ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador en materia educativa es crear 100 universidades públicas en el país durante su mandato.

Aunque no se ha detallado la estrategia, en ningún país en Latinoamérica se ha logrado algo parecido.

En toda su campaña el presidente Obrador prometió la construcción de hasta cien universidades públicas durante su gobierno, con la idea de que ningún mexicano se quedara sin educación superior.

No vaya ser que el peje este desvariando, alucinando o le “patina el coco”, pero en 14 años de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, se crearon 14 universidades federales; en Argentina hubieron 20 más y en Venezuela 30 planteles entre 1999 y 2016.

López Obrador prometió mucho, pero al ver la realidad económica del país, ha tenido que recular en muchas de esas promesas, como es la de beneficiar a los adultos mayores con 65 años cumplidos, reculo y los incrementó a tres años más, es decir a los 68.

Andrés Manuel como presidente electo de México, anunció el programa que apoyará a 2.6 millones de jóvenes denominados ninis (que ni estudian, ni trabajan).

Este proyecto contemplaba capacitar a la juventud para el trabajo, así como otorgar becas para que pueda estudiar la universidad, para ello se destinarán 110 mil millones de pesos.

Lo que nunca prometió López Obrador fue regalar dinero del pueblo a los centroamericanos y eso si lo cumplió, ha regalado dinero a Guatemala, El Salvador y Honduras, a pesar que México está a punto de entrar en una recesión de las más graves.

Lo antes dicho, refuerza mi teoría que no existe una sola de esas universidades y, lo peor del caso, que para financiar tales centros de educación superior no existe ninguna partida presupuestal en el ejercicio previsto para 2020.

La teoría agarra más fuerza cuando sabemos que el tabasqueño detesta la ciencia y a los científicos, claro menos a los profesores, en particular a los de la CNTE, con quienes sostienen un tórrido romance.

De ahí su obsesión en tirar la reforma educativa de Peña Nieto; de ahí la regresión de la educación pública de primaria y secundaria al peor lastre de la educación en México, a la CNTE, que a la par de la cancelación de la nueva ley educativa los exámenes de evaluación del conocimiento de los maestros, el gobierno y esta mafia han condenado el futuro de la niñez.

Apenas ayer una treintena de universidades públicas de todo el país se revelaron y se declararon en paro por la falta de recursos económicos.

Aunque son más las que están en quiebra, solo una cuantas se armaron de valor y se encuentran en pie de luchan.

Mientras tanto, la reacción del presidente no se dejó esperar y no con un discurso conciliador a la altura de no un presidente, sino de un luchador social como lo fue en el pasado.

Sin más preámbulo, mandó al diablo a las universidades, en el entendido que no se chantajear, que no habrá más dinero y que le hagan como quieran.

El maestro del chantaje, no se dejará sorprender, por lo que la alternativa serán las universidades patito, como la Universidad de la Ciudad de México, en donde se inscribe aquel que lo desea sin presentar examen de admisión, pero que al final obtendrá su título “patito.

No hay de otra, porque las instituciones privadas como el Tec de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Ibero, ya son exclusivas para el gobierno de la 4T y de los diputados y senadores de MORENA  su militancia.

Lo que si es muy cierto es que en el gobierno de López Obrador hay dinero para el circo, maroma y teatro, como el show de José José, para “los ninis”, la oficina de la presidencia de la República para el béisbol, comprar estadios, peloteros y demás, con un presupuesto de tres mil millones de pesos,  para la farsa de “sembrando vida”, para comprar votos… pero no para las universidades.

Así de mal están las cosas en México, pero hay otras peores.

Llaven a lo único que puede aspirar es a la alcaldía de Suchiapa

Mientras la violencia se extiende a las comunidades más marginadas, las más pobres, las menos atendidas y las más olvidadas por los gobernadores como son los municipios de Amatán, Aldama, Chenalhó, Pijijiapan, Oxchuc, Bochil, San Juan Chamula y Las Margaritas, los responsables de brindar la seguridad, la paz y la tranquilidad en esas localidades, abandonan sus oficios para atender sus asuntos personales, de grupo, de partido, nada que ver con la solución de los diversos conflictos sociales.

Esa es la razón por el cual esta estado vive una ingobernabilidad porque pacificarlo a nadie le interesa, a los funcionarios sus prioridades son otras, menos la de servir al pueblo, que son quienes pagan, gracias al pueblo tienen trabajo y no a los que le viven eternamente agradecidos, como son aquellos que defraudaron la confianza como Juan Sabines y Manuel Velasco, a quienes llegan a visitar a la Ciudad de México cual si fueran a ver a la “Guadalupana”.

En Chiapas existen una infinidad de conflictos que a los funcionarios se les hace imposible identificar y atender por lo que son desatendidos y en lugar de ellos redacta boletines para justificar su incapacidad.

De ahí la violencia generalizada, y la mediocridad de los funcionarios de la secretaría de gobierno, de la fiscalía y de seguridad pública, que cuando recibieron el cargo, debieron de haber tomado un curso de capacitación para no estarla cagando a cada rato.

Por ejemplo el discurso del funcionario más represor, torturador y violador de los derechos humanos, Jorge Luis Llaven Abarca, es el de  haber recuperado unas siete mil hectáreas y restituidas a sus supuestos propietarios.

El Fiscal solo trabaja para la clase pudiente, para la gente adinerada y para sus amigos los políticos, al pueblo ni los pela, solo los reprime, los persigue y los encarcela.

Asi como recupera tierras, Llaven Abarca debe recuperar y restituir la confianza del pueblo, la paz y la completa tranquilidad en Chiapas, en los altos y frontera, norte, selva y pueblos indígenas de Chiapas.

Sin embargo, no es lo mismo Juan Domínguez que no me changues, es decir no es lo mismo desalojar a humildes mujeres, niños y hombre pobres a quienes desprevenidos los agarran durmiendo.

Tampoco es tonto Llaven, porque no se enfrenta al tú por tú con los indígenas que andan armados hasta los dientes con R-15 y cuernos de chivo, entre otros, de San Juan Chamula.

Mejor se agachan y se  van de lado y prefieren desocupar predios como si con eso le devolvieran la tranquilidad al estado.

Llaven Abarca el funcionario represor que anda en campaña por las gubernatura para el 2024 –con la anuencia no se de quien-, se olvida que quien da los votos son los pobres y ellos son también quienes les pagan sus sueldos, traslados y viáticos millonarios, por lo que a lo mucho que el triste fiscal puede aspirar serán su los surimbos lo dejan, es ser alcalde de Suchiapas.

Solicitan datos médicos y psiquiátricos de AMLO

Preocupado por todos los desaciertos que el presidente López Obrador ha tenido en su corto reinado, un ciudadano anónimo solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) una constancia médica y psiquiátrica, incluidos exámenes toxicológicos y de química sanguínea, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue el propio presidente que se balconeo en la mañanera del jueves, y por esta acción, como ya es costumbre acusó a “los conservadores” de ser quienes enviaron la solicitud.

Se “solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles, tales como: papel membretado, timbrado, del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía.

“La fotografía debe estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, tiempo que ha sido médico del paciente, dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sello y firma del médico”.

Al seguir la lectura, agregó:

El presidente se concretó a decir como siempre: “estos al 100”, sin embargo, sea broma o no, hay un ciudadano inquieto por conocer a ciencia cierta si López Obrador está apto para la toma de decisión como jefe del gobierno mexicano.

Es una sola solicitud, pero creo que existen más mexicanos por saber si el tabasqueño puede seguir gobernando este país, que al menos por algunas decisiones que ha tomado, muestran que al menos López Obrador tiene una enfermedad que se llama “reelección”.

Del Montón

Zoé Robledo, ex senador por Chiapas anunció que el 15 de octubre del 2015 sería la reapertura del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, joya arquitectónica del patrimonio artístico e histórico de la entidad. Ello con una inversión de 15 millones de pesos, los cuales fueron gestionados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se efectúe la reconstrucción que consistió en el techo, ventanas, puertas, fachada, escaleras e instalación eléctrica. 15 millones que creo que se fueron a la basura o no fueron bien invertido del todo, es decir que el hoy funcionario de la 4T, y director general del IMSS, se quedó con la mayor parte de los recursos. Hoy el alcalde Carlos Morales Vázquez, presentó ante autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la fundación protectora del Museo de la Ciudad, el proyecto que contempla tres propuestas para la restauración del museo, el cual forma parte de la identidad cultural de los capitalinos. El propósito de establecer las vías adecuadas, acceder al presupuesto que designa el FONDEN, así como recuperar el patrimonio histórico edificado de Tuxtla Gutiérrez. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo.

 

 

 

Municipios de Chiapas van por nuevo endeudamiento millonario

Lejos ya de las promesas de campaña sobre el “cero endeudamiento” y la supuesta austeridad republicana que se defendería desde todos los poderes del Estado, el Congreso de Chiapas finalmente autorizó este jueves la contratación de nueva deuda pública para los ayuntamientos de la entidad chiapaneca, con el que los municipios tienen ya vía libre para la gestión de nuevos créditos que podrían superar los 350 millones de pesos por gobierno municipal.

Con 28 votos a favor, cuatro abstenciones y tres votos en contra la 67 legislatura estatal validó el decreto por el que se autorizó a los 123 ayuntamientos la contratación de nuevos créditos ante las instituciones reconocidas por el país. Se trata de financiamientos que los ayuntamientos tendrán que pagar mediante Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), bajo condiciones específicas.

Dentro de los montos de contratación autorizados destacan los municipios de Ocosingo, con 370 millones 205 mil pesos; Chilón, con 286 millones 493 mil pesos; Tila, con 184 millones 479 mil pesos; Chamula con 159 millones 482 mil pesos; Palenque, con 144 millones 912 mil pesos; Tapachula, con 113 millones 838 mil pesos; y San Cristóbal de Las Casas, con 101 millones 976 mil pesos.

Y es que, aunque se establecieron supuestos “candados” como que el dinero sea utilizado única y exclusivamente para obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en situación de pobreza extrema y que los ayuntamientos estarán obligados a pagarlos en su totalidad antes de concluir su administración; en la realidad son “condiciones legislativas” que no garantizan nada.

Son intentos de “blindaje” que ya se han realizado en legislaturas pasadas y no han evitado los sobreendeudamientos heredados de administración en administración. Y los malos ejemplos en Chiapas sobran, con municipios que hasta ahora no pueden recuperarse de préstamos adquiridos desde hace seis o nueve años atrás.

Y es que, aunque es verdad que muchos de los municipios de Chiapas necesitan hoy de inyecciones de recursos extraordinarios urgentes, la situación financiera no resulta óptima para adquirir nuevos compromisos crediticios. Decisiones irresponsables, avaladas por un Congreso que debería ser vigilante el buen desempeño presupuestario de los ayuntamientos, podrían meter a los municipios de Chiapas en escenarios aún más complejos.

Antes de abrir nuevas posibilidades de endeudamiento a los ayuntamientos, las y los legisladores chiapanecos, como representantes populares de sus propios municipios, deberían impulsar auditorías a los gobierno municipales del pasado; exigir la reapertura de expedientes y reclamar el esclarecimiento de la maraña de corrupción e irregularidades que dejaron a Chiapas en el peor quebranto financiero del que se tenga memoria.

Pero lo anterior parece mucho pedir para una legislatura caracterizada todavía por las mismas prácticas del pasado, la falta de transparencia y, sobre todo, el silencio cómplice para garantizar impunidad a quienes hoy despachan desde otros cargos públicos, partidistas y de representación plurinominal como si nada hubiese pasado aquí… así las cosas.

 

 

 

 

Columna103

#MemoriaPública

Felipe Calderón Hinojosa era conocido en el partido que lo formó por su deslealtad, su carácter impulsivo y su gusto por departir el pan y el vino con sus amigos y cercanos colaboradores. Pero sobre todo por su carácter desconfiado y su falta de empatía con quienes lo han acompañado en sus proyectos.

Aun se recuerdan las palabras de Carlos Castillo Peraza en una carta de 1996 en la que da constancia de la naturaleza de Calderón, entonces dirigente nacional del PAN y que ha mantenido inmarcesible hasta ahora:

“Tu naturaleza, tu temperamento es ser desconfiado hasta de tu sombra. Si te dejas llevar por ése, entonces no te asustes de no contar ni con tu sombra: ella misma se dará cuenta que es sombra, pero que no es tuya; será sombra para sí, no contigo, no tuya”, le dijo Castillo Peraza que fuera su mentor político hasta que le dio la espalda.

La carta escrita por Castillo Peraza a Felipe Calderón, semanas después de que éste asumiera el cargo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, describe al expresidente de la República que hoy quiere resurgir a través de un nuevo partido desplazando a su esposa Margarita Zavala quien públicamente fue quien propuso la integración de “México Libre”.

Calderón se ha encargado de desempeñar un papel protagónico en las redes sociales criticando las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y encabezando las asambleas para la integración de “México Libre” como nuevo partido político.

En este protagonismo excesivo intenta resucitar políticamente y ponerse al frente como el líder opositor al lopezobradorismo, ante la ausencia o la debilidad del PAN, PRI y PRD.

Fiel a su naturaleza descrita por Castillo Peraza en esa misiva, Felipe Calderón no piensa en un movimiento social sino en sí mismo y trata de borrar su pasado que, como su sombra, lo persigue en cada paso que da.

El caso más reciente fue su reticencia a cancelar su participación en el Simposio Internacional de Derecho En Juicio, organizado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, prevista para este miércoles por la mañana.

A pesar de que parte del alumnado rechazaba su presencia responsabilizándolo de la muerte de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por soldados la madrugada del 19 de febrero del 2010, Calderón no cedió sino hasta un día antes de la conferencia programada.

Nuestra Constitución es clara, las renuncias de quienes integran la Suprema Corte de Justicia únicamente proceden por causas graves. Nada dice su artículo 98 acerca de si esas razones graves deben o no hacerse públicas. Por eso dice mucho de quienes han protagonizado este evento del mes, el modo en que se han comportado. Eduardo Medina Mora calla sus motivos en la carta al presidente en la que le somete su renuncia; Andrés Manuel López Obrador la acepta pero en público especula sobre esos motivos –lo que por lógica transmite el mensaje de que no conoció a ciencia cierta dichas razones–; y el Senado, la aprueba sin más.

Todos los actores involucrados en esta trama pueden pregonar que cumplieron con la ley constitucional, pero su interpretación de la misma les exhibe. Lo pienso así porque quisieron ignorar que entre los mandatos de nuestra Constitución, dos muy importantes para medir el comportamiento de las autoridades tienen que ver con transparentar sus decisiones y que su actuar necesariamente esté motivado y fundado. La opacidad en torno a esa renuncia, violenta ambos derechos humanos.

Si alguien quisiera asumir con seriedad que en este episodio se afecta en algo la independencia judicial, debería de pensar en una acción de litigio para defender la vertiente colectiva de nuestro derecho de acceso a la justicia. Sin duda que sería un juicio de amparo muy digno de atestiguar. Aunque lo más probable es que se encontrara con resistencias dentro del Poder Judicial que encabeza la Corte, y con la determinación de que las decisiones de Medina, del presidente y del Senado, no pueden someterse al control judicial. Esa probabilidad cierra el círculo, porque si fuera lo contrario, el comportamiento de todos los involucrados podría ser diverso.

Para mí, el problema de fondo es que quienes ejercen poder no suelen actuar teniendo en mente como primer referente y parámetro, el respeto por nuestros derechos humanos. En mi experiencia, son más proclives a justificar su proceder desde la órbita de sus facultades, pero sin asumir las cargas y responsabilidades que conllevan. Por eso hay quien puede tener la ocurrencia de que expresar las razones que podrían haber justificado la causa grave para separarse de la función de ministro de la Suprema Corte, quedaba al arbitrio de Medina Mora. En vez de exigirle cumplir su obligación de transparentar y motivar su decisión, se termina por atribuirle un derecho. Así, tanto una garantía de su puesto, como también dos aspectos fundamentales como la transparencia y rendición de cuentas, se relegan.

Todavía pudiera extenderse la crítica a Medina y sostener que este tipo de visión es consecuente con su carrera pública. A estas alturas, eso ya es intrascendente. Lo preocupante es lo que toca ahora al presidente de la República y al Senado. Nombrar a la persona que ocupe la vacante abierta en la Suprema Corte, como si fuera suya, o respetando que es de la Nación, esa es la disyuntiva. Si quisieran atender la Constitución, tendrían que comportarse de una manera “muy diferente”.

De entrada, deberá integrarse una terna con mujeres exclusivamente, y pase lo que pase, deberá ser una mujer la nueva integrante de la Corte. Cualquier cosa distinta a ello viola la Constitución, si no textualmente, sí en su esencia. El proceso de designación tiene que ser abierto. La Corte le sirve a las personas y colectivos, su función primordial es defenderles de las violaciones a sus derechos humanos. Por eso ya es hora de que se transformen en los hechos los nombramientos para conformarla y por primera vez se elijan a defensoras reales de derechos humanos.

Andrés Manuel López Obrador, te lo escribo directamente, con todo el respeto que te mereces y con todo el derecho que tengo para transmitirte una exigencia como nuestro servidor público. Declaras que gobiernas para todas y todos. Muy bien, la consecuencia es que debes consultar antes de enviar la terna, para que al final la integren tres defensoras de derechos humanos completamente independientes a cualquier grupo de poder, incluido el tuyo. Necesitamos no una, no dos, sino tres defensoras de nuestros derechos humanos en esa terna. Abogadas que piensen primero en nuestros derechos y luego en lo demás. Con eso ayudas para que se elija a una de ellas en un proceso abierto y participativo. No nos decepciones más.

 

 

 

 

 

Con promesas de cambio, de un gobierno diferente, de un gobierno progresista que defiende las causas del Pueblo y de aquellos (aquellas) que no han sido escuchados por “la mafia del poder”, llegó la 4T a México. En el caso de Puebla también prometieron no repetir las lógicas de los gobiernos anteriores, como el PRI y el PAN, de este último Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta se propondría erradicar sus prácticas dictatoriales, respetar la división de poderes y asumiría una postura contraria a la herencia conservadora que se supone enarboló el PAN.

Pero bastó poner en la mesa de discusión del congreso un paquete de reformas emanadas del gobierno del estado que en específico incluía temas como la despenalización del aborto y el reconocimiento del matrimonio igualitario, para desmoronar los dichos y la entereza de los principios revolucionarios, de izquierda y progresistas que tanto enarbolan en sus discursos las y los integrantes de la 4T del congreso local y el gobierno estatal.

Me refiero a la iniciativa de reforma que el 25 de septiembre en la sesión pública ordinaria del congreso del estado de Puebla se dio a conocer y que fue enviada por el gobernador constitucional del estado de Puebla con el objetivo de cumplir con las condiciones de la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Propuesta discutida en una larga jornada el pasado viernes 4 de octubre en Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género, hecho que dejó al movimiento feminista y LGBTTTI local, cuando menos, con una profunda frustración y una serie de cuestionamientos prácticos. ¿Y el cambio? ¿Y la agenda progresista? ¿Y la promesa de actuar distinto a los gobiernos anteriores, en específico respecto de estos temas?

Hagamos un breve repaso histórico de la situación, un poco de contraste al estilo juzgue usted misma.

Por cierto, antes de que lea los párrafos siguientes y me acusen de priista, panista o morenista, les diré que hablo como ciudadana de a pie, que ha seguido cautelosamente lo que corresponde a las discusiones de la despenalización del aborto en Puebla, con mi dosis de visión feminista.

Primer apunte

En 2009 se aprobó la reforma al artículo 18 para “la protección de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural“, propuesta impulsada por el diputado priista José Othón Bailleres – quien entonces se desempeñaba como presidente de la Gran Comisión de la LIII legislatura del congreso del estado de Puebla – bajo la encomienda del gobernador poblano, Mario Marín Torres.

En ese contexto, una fracción del PRI, encabezada principalmente por la diputada Rocío García Olmedo, se manifestó y confrontó a esa reforma. Sin reparos, las diputadas Malinalli García Ruíz, Barbara Ganime Bomne, Carolina O´Farril Tapia, señalaron la iniciativa de retrógrada y violatoria de los derechos de las mujeres. A este reclamo se le sumaron los diputados Luis Alberto Arriaga, Mario Méndez, Mauricio Hidalgo y Jorge Alfonso Ruíz Romero.

En aquel marzo del 2009 las diputadas del PRI opositoras a la propuesta que intentaba servir como candado para la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios y que era encabezada por su propio partido, consiguieron el apoyo del Organismo Nacional de Mujeres del PRI y de la entonces presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel, para posicionarse en contra de la propuesta. También sumaron las voces de más integrantes de este partido como Blanca Alcalá (quien era Presidenta Municipal de Puebla), Carlos Meza Viveros, Claudia Hernández (entonces Secretaria General del PRI), Silvia Tanus, Gudelia Tapia y Nancy de la Sierra, conformando así, un bloque opositor a la reforma que el propio gobernador e integrantes de su partido lanzaba. Aunque no fue suficiente, porque la iniciativa fue aprobada.

Pero la historia de este 4 de octubre de 2019 en el congreso poblano fue distinta, pese a los posicionamientos de organizaciones locales y de la ciudadanía en contra del abordaje del aborto y matrimonio igualitario que se propone en la iniciativa del actual gobernador poblano muy poco se dijo. No hubo contrastes que emanaran de la fracción de MORENA al interior del congreso, ni del exterior, ni mucho menos un bloque contundente para confrontar la oposición a lo considerado sobre estos temas. A lo mucho, un llamado emanado de la Presidenta Municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para que el Congreso poblano considere la despenalización del aborto.

Aquí las y los integrantes de MORENA que discutieron la reforma en comisiones unidas repetían a quienes les cuestionaban algo más o menos así: es una propuesta del gobernador en el marco de la Alerta de violencia de Género, es urgente aprobarla. No hay que entrar en temas que polarizan a la sociedad.

Y así fue, la oposición a los contenidos de la reforma que protagonizaron tanto la diputada Rocío García Olmedo e integrantes de la autodenominada “bancada independiente” no fueron suficientes ni tampoco tuvieron el respaldo de las y los legisladores del bloque de MORENA. En consecuencia, se aprobó un dictamen que dice que “el matrimonio es un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen…”, contraviniendo de esta manera la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre ese artículo. También se mantienen las sanciones punitivas en contra de mujeres que abortan.

Segundo apunte

En 2011 José Juan Espinoza, quien entonces tenía una curul en el LVIII legislatura del congreso local por el partido Convergencia, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, la cual también proponía las disminuciones de las sanciones en contra de quienes recurrieran a esta práctica después de las 12 semanas de gestación.

Por aquellas fechas el diputado en cuestión, lamentó que ese tema no fuera prioridad para la mayoría de sus compañeros legisladores y líderes políticos que formaban parte de la coalición Compromiso por Puebla (que encabezaba el PAN), ya que la propuesta de despenalización del aborto ni siquiera fue incluida en la agenda de trabajo de la LVIII Legislatura. Pero ahora, parece que ha cambiado de opinión e incluso ha declarado que “hay otros temas prioritarios”. Y por supuesto, en el contexto de las discusiones del pasado 4 de octubre del presente año, tampoco se manifestó en el sentido de la postura que enarbolaba en 2011.

Tercer apunte

Resulta que también en 2011 el entonces gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, presentó una iniciativa de reforma para modificar la pena por el delito de aborto. Se trataba de cambiar el encarcelamiento a “un tratamiento médico integral” en una institución de salud por un periodo no menor a 30 días. Esta versión “conservadora” de la despenalización del aborto, que en términos prácticos pretendía que las mujeres que abortan en lugar de ser tratadas como delincuentes, fueran tratadas como enfermas mentales, no prosperó.

Por aquellas fechas los diversos grupos feministas recriminamos la iniciativa que mantenía el delito de aborto de la siguiente manera:

“modificaba el Código de Defensa Social para eliminar la prisión de seis y hasta cinco años (para la pena mínima tienen que concurrir tres circunstancias: que no tenga mala fama; que haya logrado ocultar el embarazo; y que éste no sea fruto de matrimonio) a cambio del tratamiento psicológico a las mujeres que aborten o permitan que un tercero se los practique” (Lado B, 2011).

Bajo la lupa de diversas organizaciones feministas esa propuesta también fue una treta del gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle para simular la “disminución de las penas por aborto” pero mantener la criminalización penal y social, por ello, la exigencia se centraba en no olvidar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la obligación del Estado de garantizar esa decisión.

En la reciente propuesta que el 25 de septiembre de 2019 dio a conocer el congreso poblano emanada del gobierno del estado de Puebla se incluye la reforma al Artículo 342 respecto de las sanciones de aborto, para quedar de la siguiente manera:

“Se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”

Esta última propuesta también ha sido cuestionada por el movimiento feminista y organizaciones locales, sobre todo considerando que la actual legislatura, tiene desde mayo del presente año, una iniciativa para despenalizar el aborto que ni siquiera ha subido a pleno para ser discutida.

Además, a este tema se le suma la iniciativa para despenalizar el aborto que presentó la colectiva Coatlicue Siempre Viva a la LX legislatura el mismo 4 de octubre de 2014.

Ya para cerrar

Dicho lo anterior, esta LX legislatura con mayoría “progresista y/o de izquierda” nos queda a deber y mucho. Ni un solo argumento a favor de los derechos de las mujeres y los matrimonios igualitarios vertidos en la discusión del pasado 4 de octubre que sirvan como muestra contundente de la transformación que se supone estamos viviendo.

Sí, la propuesta emanada desde el actual gobierno del estado de Puebla respecto del aborto y matrimonio igualitario no dista mucho de la que han encabezado otros gobiernos. ¿No que muy diferentes?

Hasta ahora, la encomienda concentrada en la fracción de MORENA del congreso para evitar la discusión de la penalización del aborto y no reconocer el matrimonio igualitario se ha cumplido al pie de la letra y esto es un indicador importante de lo que podemos esperar en futuras actuaciones por parte del congreso local, de la lógica gubernamental o de las y los integrantes de MORENA en el estado de Puebla. ¡Cualquier parecido con otras legislaturas, mera coincidencia!

Sí, las poblanas que optan y necesitan un procedimiento de aborto continuarán siendo criminalizadas por esta práctica, sobre todo aquellas que no pueden pagar procedimientos seguros en hospitales privados, aquellas que no pueden acudir a los servicios de la Ciudad de México y aquellas que no pueden obtener información para procedimientos de abortos seguros.

Se espera que hoy se suba al pleno la iniciativa de reforma enviada por Miguel Barbosa Huerta y que se vote antes del 9 de octubre, fecha límite para el cumplimiento de las acciones en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada en Puebla. Lo que representa otra oportunidad para evaluar el desempeño de “nuestras personas representantes progresistas en el congreso local”, donde nuevamente podremos observar y reconocer si la división de poderes, la cuarta transformación, la agenda progresista de MORENA y las convicciones partidistas alcanzan para determinar estas reformas en el marco del respecto de los Derechos Humanos de las mujeres y personas LGBTTTI.

*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

 

 

 

 

 

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Ante el arribo de visitantes de la capital chiapaneca lamentablemente se encuentran con un panorama que se repite en diferentes  partes de la ciudad, que es el de las fugas de aguas negras.

Este jueves comerciantes que se localizan en el corazón de la ciudad, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan el problema de aguas negras que aquejas las calles y avenidas en esta zona.

Rocío Ortega, vendedora de alimentos localizada sobre la Primera Oriente y Cuarta Sur desde hace 15 años señaló que desde hace tres años los drenajes de este punto están colapsados lo que ha generado una grave contaminación.

En un recorrido realizado por este lugar se pudo constatar que es un verdadero foco de infección ya que por los registros tapados el excremento abunda y las aguas negras inundan cuadras enteras.

“El problema es que es en un punto donde hay venta de comida, la gente pisa esta agua y la lleva dentro del mercado, cuando llueve todo es peor, sale la caca de los locales, ratas cucarachas”, expuso.

Sin embargo el problema mayor es cuando los turistas o paseantes llegan para conocer el centro, el mercado y sus  alrededores, ya que la carta de presentación, son los drenajes colapsados, las aguas negras y los malos olores.

“Las autoridades no le dan la debida importancia a este problema, pero deberían es un tema de salud, de infraestructura y hasta de economía, por eso urge una solución”, remarcó.

 

 

 

 

 

El Observatorio de Finanzas Públicas y la senadora panista, Indira Rosales San Román, recriminaron que al cierre del primer semestre, el gabinete legal y ampliado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha incurrido en un subejercicio superior a los 75 mil millones de pesos, equivalente al 56% del presupuesto total del 2019.

El desglose del Segundo Informe de Gasto Público estatal correspondiente al segundo trimestre, realizado por el Observatorio de Finanzas Públicas que dirige el académico universitario Hilario Barcelata, recrimina que tan solo en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se está incurriendo en un subejercicio de 30 mil 190 millones de pesos. Dicha dependencia es dirigida por el exlíder de la CNTE y exstripper y animador de despedidas de soltera, Zenyasen Escobar García “Tarzan Boy”.

El observatorio también apunta hacía la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) donde hay un subejercicio de 8 mil 99 millones de pesos; ahí despacha Luis Lima Franco cuyo secretario de Ingresos es Eleazar Guerrero, primo hermano del gobernador, Cuitláhuac García.

En la Secretaría de Protección Civil (PC), a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado, se observa un subejercicio de 7 mil 237 millones de pesos.

Al respecto, vía telefónica, la senadora Indira Rosales recriminó que ya es alarmante el subejercicio a “estas alturas del año”, pues esto ya se ve reflejado en una inoperancia del aparato de gobierno, la cual se está confundiendo –dijo- con “austeridad”.

“En un estado con tantas carencias como Veracruz, es inaceptable que seamos la entidad con el mayor subejercicio presupuestal en todo el país. Es vergonzoso que no se aplique el recurso en temas prioritarios como la salud o seguridad. Hay temas mínimos de atención, que no se están tomando en cuenta”.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado se incurre en la falta de aplicación de 4 mil 293 millones de pesos. Ello, pese a que Veracruz es una de las entidades más violentas del país, con cerca de dos mil homicidios dolosos en lo que va del año, más la nada presumible cifra de casi 160 feminicidios en estos últimos diez meses.

En el quinto lugar de dependencias que no han optimizado el uso de los recursos públicos se encuentra la Secretaría de Salud, con recursos no ejercidos por un monto de 2 mil 399 millones de pesos. Ahí su titular es Roberto Ramos Alor, quien se volvió viral en redes sociales por recriminar a la prensa critica que “ningún chile les embona”.

La dependencia se encuentra enfrenta una crisis por una pandemia de dengue, con más de seis mil casos registrados y 15 defunciones. Además, esta semana, padres y madres de menores de edad con cáncer se han manifestado ante la falta de medicamentos como la Vincristina y la Ciclofosfamida para realizar quimioterapias en el Hospital Infantil del puerto de Veracruz.

Rosales San Román dijo que llevará al Senado un punto de acuerdo para solicitar a los titulares de las Secretarías de Salud federal y estatal para que no dejen en el abandono a las familias veracruzanas que requieren de atención médica de calidad, y medicamentos.

“Me parece inaceptable que el recurso que es, por derecho, de los veracruzanos, no se invierta en el estado habiendo tantas y tan evidentes carencias y necesidades entre las familias veracruzanas. Me parece particularmente preocupante que en el Estado de Veracruz no se apliquen los recursos destinados a mejorar la vida de los ciudadanos”.

Periódico impreso edición No. 1751 del día 11 de Octubre del 2019 .[Leer completo].

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que algunos de los que han promovido amparos contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Santa Lucía tienen “consigna política” y que su verdadero interés era hacer negocios inmobiliarios y comerciales en el cancelado proyecto de Texcoco.

Agregó que ese proyecto “era un monumento a la corrupción” y que, pese a ello, “no tuvieron amparos, no hubo campañas en medios, no hubo campañas de ambientalistas”.

Según dijo, su gobierno ha cumplido “con todo el procedimiento; tan es así que por eso se acudió a considerar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía como un asunto de seguridad nacional. Hemos hecho todo lo que legalmente nos permite la ley, pero ellos tienen consigna política”, acusó en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El tabasqueño consideró que los opositores deberían informar a la gente cuáles son sus razones para protestar por la cancelación del proyecto en Texcoco y optar por Santa Lucía.

“Que ellos presenten argumentos, que nos digan y que empiecen también por dar a conocer por qué mintieron cuando hablaron de que iba a haber interferencia en el espacio aéreo y por eso tenían que cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía, cuando en realidad lo que querían era el negocio inmobiliario”, dijo.

Sin mencionar nombres o empresas, López Obrador aseguró que los opositores “iban a hacer de la pista del actual aeropuerto hasta el nuevo de Texcoco una gran avenida y, de lado y lado, centros comerciales y desarrollo residencial”.

Continuó con sus cuestionamientos: “¿por qué influyeron para que agencias internacionales mintieran que no se podía operar el aeropuerto de Santa Lucía y que iba a haber invasión al espacio aéreo? Que den a conocer quiénes eran los empresarios que estaban detrás de este negocio y que nos digan cuál es el interés o la razón por la que no quieren que se construya el aeropuerto en Santa Lucía; o sea, que informen”.

De paso, preguntó: “¿Y quiénes son los de esta sociedad?, ¿quién paga?, ¿quién pompó?, diría mi paisano, mi finado paisano, ¿quién está pagando todo esto?, ¿de dónde sale el dinero?, ¿quién está financiando a estas sociedades?, ¿de dónde obtienen sus recursos?”

En referencia indirecta a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dirigida por Claudio X. González, pidió que haya transparencia:

“Una de estas sociedades supuestamente es para combatir la corrupción; si no hay transparencia, pues no se puede estar combatiendo la corrupción. Entonces, que se dé la cara, que se transparente todo este asunto”.

Las pruebas de AMLO

Por el contrario, el presidente López Obrador defendió su decisión de cancelar el NAIM en Texcoco, en primer lugar, “porque es la zona más baja y de mayor hundimiento en el Valle de México, y lo puedo probar”.

Dijo que también tiene pruebas de que “se hunde constantemente el suelo, que el suelo firme está a 20, 30 y hasta 50 metros de profundidad, y que iba a costar “muchísimo” el mantenimiento de esa obra, además de que se afecta un vaso regulador con problemas de inundación para la ciudad, porque ésta es vaso regulador natural el lago de Texcoco.

Ya encarrerado, el mandatario federal siguió: “Puedo probar que se estaba destruyendo toda una obra de recuperación del lago de Texcoco que se empezó a realizar hace 40, 50 años, que se creó la Comisión de Recursos Hidráulicos del Lago de Texcoco, manejada la comisión por el ingeniero Cruickshank, y que se invirtieron miles de millones de pesos.

“Puedo probar que para construir tres pistas en el mediano plazo, si salían sus planes, en el 2024 se tenían que cerrar dos aeropuertos: el actual aeropuerto de la Ciudad de México, con sus dos pistas, y se tenía que cerrar el aeropuerto de Santa Lucía con otra pista; iban a construir tres e iban a clausurar tres.

“Puedo probar de que tenían el interés de convertir el actual aeropuerto en una especie de Santa Fe para hacer negocios inmobiliarios. Puedo probar de que devastaron cerros en el Estado de México, acabaron con cerros para rellenar Texcoco. Y puedo probar que vamos a construir dos pistas en Santa Lucía, más la que existe, tres, y dos del actual, cinco pistas, y vamos a ahorrar más de 100 mil millones de pesos y vamos a recuperar el lago de Texcoco”.