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Las desapariciones de personas en México no se han frenado y, por el contrario, van en aumento, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con motivo de la presentación de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición en el Estado de Jalisco.

El primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, evidenció que a más de un año de la emisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 18 entidades federativas siguen sin establecer su respectiva Comisión Local de Búsqueda y siete no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas.

Aseguró que en esta materia el Estado mexicano aún tiene una tarea pendiente, pues los avances obtenidos en la búsqueda y localización de las más de 40 mil personas desaparecidas son resultado del trabajo incesante e incansable de las familias y de la sociedad civil.

En representación del Presidente de la CNDH, Eslava Pérez puntualizó que esa deuda no podrá cubrirse en tanto las autoridades no garanticen condiciones mínimas de seguridad, que correspondan a un estado democrático de derecho, y acaben con el entorno de violencia, impunidad e ilegalidad.

Expresó que pese a las voluntades políticas reiteradamente expresadas, aún se está lejos de dimensionar y atender el problema de manera adecuada, puesto que la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda, localización, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas representa un problema estructural en materia de procuración de justicia.

Subrayó que la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que se presentan en diversas regiones del país propician e inciden en que la desaparición de personas sea un flagelo, debido a que sitúa a los agraviados y a sus familiares en un estado de abandono y revictimización y hace que sus derechos reconocidos no sean efectivos.

Advirtió que hace falta construir un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad, que no descarte la justicia transicional como camino para lograr la verdad, la reparación para las víctimas y una efectiva rendición de cuentas de las autoridades.

Asimismo, señaló que las disposiciones contenidas en la ley general en materia de desaparición no son plenamente vigentes por lo que destacó la importancia de materializar su contenido a través de la voluntad política de las instancias gubernamentales.

Resaltó que esta voluntad debe reflejarse en la profesionalización de los encargados de su aplicación, en la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos, con la finalidad de que las Comisiones locales de búsqueda, las Fiscalías Especializadas y las áreas de servicios periciales, entre otras, cumplan cabalmente con sus funciones.

En este sentido, expresó la importancia de la Estrategia Integral para la Atención de Víctimas de Desaparición que presenta el gobierno estatal, pues reconoce el fenómeno como uno de los problemas más complejos, dolorosos e indignantes que enfrenta el Estado.

A partir de premisas como el diálogo con familiares y colectivos de personas desaparecidas como eje rector de la actuación de las distintas instancias involucradas en la atención integral de ese flagelo; la creación del registro de familiares afectados; el esfuerzo de dotar de capacidades y recursos humanos y materiales a centros regionales, y acciones de búsqueda, localización e investigación, entre otras.

A la presentación de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición asistieron el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaria de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez; así como autoridades locales, académicas y representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

Las secretarías de Energía (Sener) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberán revelar información sobre el impacto social, ambiental y económico del Tren Maya, en Chiapas, y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En respuesta a una solicitud de información, la Sener aseguró que no cuenta con “estudios sociales, económicos, energéticos y ambientales” del megaproyecto de refinería, pese a que días atrás dio a conocer los nombres de las cuatro empresas extranjeras que competirán para la construcción.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra, encargada del recurso sobre la refinería de Dos Bocas, consideró inválida esa respuesta de la Sener y le ordenó dar a conocer todos los estudios que posee sobre el proyecto.

El organismo rescató un boletín de prensa que emitió la dependencia en diciembre de 2018, donde precisó que el megaproyecto generaría 135 mil empleos directos e indirectos, además de asegurar que se realizaron los estudios topográficos, geotécnicos, hidrológicos, ambientales y sociales para la refinería.

De acuerdo con el Inai, la Sener “utilizó un criterio restrictivo al buscar un documento denominado “Estudios sociales, económicos, energéticos y ambientales realizados sobre la construcción de la refinería en el puerto de Dos Bocas’”, pero no amplió la búsqueda de la información solicitada por un particular, a través del sistema de transparencia.

En el caso del Tren Maya, el encargado del recurso fue el comisionado Joel Salas, quien expuso la petición de un ciudadano hacia la SCT en torno a los documentos de los costos, beneficios, estudios y planeación ejecutiva del proyecto de inversión del Tren Maya.

En su respuesta, la dependencia argumentó que no halló ningún documento vinculado a la obra. Sin embargo, se determinó que la secretaría omitió buscar la información en la oficina de su titular, así como en los centros de la SCT en las entidades federativas de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales pueden conocer sobre el tema.

“La actual administración se comprometió a reafirmar la transparencia e incentivar la participación ciudadana, esto debe tener un sentido de rendición de cuentas y también de coco creación, una ciudadanía informada y consciente que vigile el impacto de esta obra, en el bienestar de las comunidades y regiones del país, es una ciudadanía que puede colaborar con las autoridades en la consecución de los beneficios sociales esperados”, expuso Salas.

Por ello, propuso modificar su respuesta del sujeto obligado e instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva en todos los documentales que den soporte de los costos, beneficios, estudios, y planeación ejecutiva del proyecto de inversión.

Si la planeación no es la óptima, el Tren Maya podría aumentar su costo de producción entre cuatro y 10 veces más que los 120 mil a 150 mil millones de pesos calculados por el gobierno federal, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En un comunicado, el centro de investigación alertó que, de acuerdo con la experiencia internacional,  los proyectos ferroviarios elevan su costo en un 45% sobre lo presupuestado.

Consideró necesario que el gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte, con el fin de que el proyecto genere ganancias o no requiera de subsidios gubernamentales durante su vida útil.

“El costo estimado de construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende entre los 479 mil 920 millones de pesos y 1 billón 599 mil 767 millones de pesos, un rango que es entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal.

“El peor escenario sería aquel en el que la construcción del Tren Maya no cumpla con sus objetivos de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades por las que pasará, y que el gobierno federal acabe subsidiando con los recursos de los contribuyentes la vida útil de otro proyecto sin beneficios para nadie”, alertó el Imco.

Recordó que especialistas ambientales han manifestado su preocupación en torno a la ruta del Tren Maya, la cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única, así como en la evaluación económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-beneficio del proyecto.

Esta evaluación deberá ser uno de los ejes centrales y preventivos de la decisión del gobierno para iniciar las obras, consideró.

“El 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponde a ejidos.

“Asimismo, antes del inicio de la construcción, el gobierno tendrá que cumplir con su obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena.

“Además, la planeación tendrá que asegurar el trazo y los derechos de vía deberán estar listos antes de iniciar la obra”, detalló el Instituto.

Entre las recomendaciones del Imco para aumentar la rentabilidad del proyecto está incluir a la población en mecanismos de consulta regulares desde la etapa de planeación del proyecto, “con lo que el gobierno podrá gestionar de mejor forma diversos riesgos sociales”.

Propuso además incorporar actividades distintas al turismo en la planeación de la obra; asegurar que las líneas se construyan en tramos urbanos, densamente poblados y cortos, y obtener la totalidad de los derechos de vía de los tres tramos antes de iniciar la obra.

Finalmente sugirió evaluar el costo de oportunidad de otros proyectos que puedan generar un mayor beneficio a la sociedad; “un ejemplo de esto podría ser el Ferrocarril Transístmico”, concluyó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar las concesiones otorgadas por los gobiernos neoliberales a empresas nacionales e internacionales, aunque aclaró que de ninguna manera tiene la intención de revocarlas o cancelarlas.

“Voy a revisar qué pasa con la explotación del oro, de la plata y qué uso, hay muchas propuestas en ese sentido, pero no tenemos nada en particular, sólo decir, se mantienen las concesiones, no se revocan, así de claro, para que no salgan nuestros adversarios o sus voceros a decir: ‘Se está perjudicando a la iniciativa privada o a la inversión extranjera’, repito, no se revocan concesiones”, dijo.

En su habitual conferencia mañanera, el mandatario lanzó un exhorto en particular a las mineras canadienses que operan en territorio nacional para que realicen una explotación “limpia” y actúen igual que como lo hacen en su país.

Es decir, explicó, a pagar bien al minero, cumplir con sus obligaciones fiscales y, sobre todo, no contaminar el medio ambiente.

“Esa es la regla y no hay ningún problema con las concesiones, nada más que ya no vamos a dar más, porque, para qué quieren más, ya es mucho. Vamos a respetar esas concesiones, esos acuerdos, también para que no haya temor, miedo, pero explicar que, como dicen los jóvenes, se pasaron, no tuvieron llenadera”, dijo.

López Obrador comentó luego que hay una cantidad de concesiones para la explotación minera como nunca. Lo que ya entregaron de concesiones los gobiernos neoliberales, señaló, no se lo acabarían las empresas ni en mil años, entregaron concesiones del orden de 40, 50 millones de hectáreas.

“Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y entregaron como 40, 50 millones, que representan entre el 25 o 30% del territorio nacional”, advirtió.

Y esto lo hicieron, prosiguió, en 36 años. “Ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como estos gobernantes neoliberales, nada más Calderón entregó 20 millones de hectáreas para la explotación minera”, puntualizó.

Cientos de policías estatales y municipales desalojaron esta mañana con gas lacrimógeno a miembros de una organización social que invadieron un predio en el noroeste de la capital del estado.

Alrededor de las seis de la mañana, fuerzas de seguridad coordinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron una orden de desalojo de un predio ubicado sobre el Libramiento Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez, el cual permanecía ocupado de manera ilegal por un grupo de personas adheridas al Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente-Emiliano Zapata (MOCRI-Zapata).

En el operativo, ejecutado por el Grupo Interinstitucional y encabezado por autoridades ministeriales de la Fiscalía, se utilizó gas lacrimógeno contra personas que, armadas con palos, piedras y machetes, arremetieron contra los agentes.

En el inmueble mencionado fueron halladas y desmanteladas diversas construcciones de madera y láminas, así como una máquina retroexcavadora que era usada para la construcción de una calle dentro del predio.

En esta acción participaron policías y ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Vecinos del predio invadido aplaudieron el paso de la policía, facilitaron el paso a los agentes y les dieron agua.

En respuesta, los miembros de esta organización vandalizaron vehículos particulares y dos patrullas, de las cuales robaron dos armas de fuego, una larga y una corta.

También vandalizaron algunos negocios de una plaza comercial bloquearon distintas vialidades de la ciudad y amagaban con volver a invadir el predio, donde cientos de policías estatales hacen guardia.

Con la finalidad de visibilizar su protesta un grupo de médicos despedidos pertenecientes al desaparecido programa “Prospera” se instalaron este día en las afueras del Palacio de Gobierno de Chiapas, e instalaron un módulo gratuito de atención ciudadana.

Emmanuel Hernández, vocero de los inconformes en entrevista para esta casa editorial dijo: “nosotros fuimos despedidos el primero de marzo de manera injustificada pues no tenemos ningún documento oficial que nos diga que estamos despedidos, sin embargo, por palabras del Secretario de Salud, Manuel Cruz Castellanos, se nos ha mencionado que estamos despedidos por el conocido Programa Prospera”.

El inconforme señaló que son más de noventa y un personas despedidas entre médicos y enfermeras e incluso psicólogos que se han quedado sin el sustento económico en sus hogares y de definitivamente no hay ningún justificante que avale dicho despido, por lo que han sostenido ya una reunión en la ciudad de México con el Secretario de Salud; Jorge Alcocer Varela y que una comisión de ellos se trasladó hasta la ciudad de México y se le entregó una carta directamente al Presidente de la República; Andrés Manuel López Obrador y se tuvo una reunión para abordar la problemática con el Secretario de Salud.

Y que derivado de dicha reunión se acordó una reunión para la próxima semana para entregarle un proyecto concreto al Secretario de Salud de todo lo que ellos hacían en el extinto programa “Prospera”, toda vez que ellos atendían a mujeres, niños, por lo que reconoció que dicha reunión puede ser una puerta de solución a la problemática incierta que enfrentan una vez que desde el primero de marzo están despedidos, finalizo.

PROGRAMAS SOCIALES; REPARTO DE DINERO.

Chiapas, el Estado más consentido de la Federación..

“El objetivo es que todos tengan que comer”…

Comentarios al Margen…

CORRUPCIÓN Y BENEFICIARIOS FANTASMAS…

Lo que a simple vista se ve, no se discute: qué los programas sociales del gobierno de la “4ª Transformación” es un indiscriminado reparto de dinero que se justifica con el decir del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: “primero los pobres”. Esa es una parte de la discusión, porque los antecedentes y experiencia nos dicen que: “eso es también neoliberalismo”, “paternalismo” que incita a la improductividad.

En esa interrogante, el Delegado del Gobierno Federal en Chiapas, JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS, reflexiona y responde: “el objetivo de los programas es que primero la gente más pobre tenga para comer”, a la vez reconoce que los programas “SOLIDARIDAD” y “PROSPERA” fueron instrumentos electorales y plenos de corrupción. ¿Y ahora?.

Apuntó que por los altos índices de corrupción en los programas sociales, se optó por entregar los apoyos de manera directa a los beneficiarios, y para esto ejemplificó que en los estudios socioeconómicos y levantamiento del padrón, se encontró en la zona indígena un registro de 50 mil personas cuando la comunidad apenas llega a los 25 mil o que en otras habían los habitantes registrados pero no recibían ningún beneficio. También que los mismos que estaban en un programa, se beneficiaban en otros; o sea, le mismo padrón en todos los programas.  

“Echando las campanas al vuelo”, AGUILAR CASTILLEJOS explicó que en estos primeros 100 (cien) días de gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se ha avanzado considerablemente en la atención de 220 mil adultos mayores “a quienes ya se les pagó 2 mil 550 pesos, correspondiente al bimestre enero-febrero”. Lo detalló así: 70 mil a través de tarjetas bancarias y 150 mil con un operativo de pago de Bansefi y Telecom.

Hay que recordar que este es un programa que el ahora Presidente LÓPEZ OBRADOR implementó en su gestión como “Jefe de Gobierno” del Distrito Federal y que en Chiapas lo reprodujo el entonces Gobernador JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO para que el “Gobernador interino de sí mismo”, MANUEL VELASCO COELLO lo suprimiera de la Constitución, mediante aprobación de la iniciativa correspondiente de la actual LXVII Legislatura del Estado.

El Delegado Federal, JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS se mostró satisfecho de lo logrado hasta la fecha, ante los integrantes de la Asociación de Columnistas Chiapanecos que preside el compañero FRANCISCO JAVIER ANDRADE MADRIGAL, con quienes se reunió este jueves 21 de marzo y proporcionó la información al correspondiente.

Explicó el funcionario federal que se espera que para mayo y junio, ya todos los beneficiarios del programa “Adultos Mayores” de 68 años o más, tenga su tarjeta; pero como dice, en la mayoría de los municipios de Chiapas no hay sucursales bancarias, se están implementando los “Centros Integradores de Pago” con el Banco de Bienestar. Agregó que a los jubilados y pensionados del ISSSTE y el IMSS, ya le están depositando este beneficio de manera automática.

Otro logro es el “Sistema de Becas Benito Juárez” para alumnos de entre cero y 15 años  del sistema de educación pública (no para las privadas, reiteró) con un monto de mil 600 pesos bimestrales, que se aplicará a un universo de 200 mil jóvenes. También hizo énfasis en el programa de becas para “Jóvenes Construyendo el Futuro” –entre 19 y 28 años-- donde están inscritos 300 mil participantes, con un apoyo económico de 3 mil 600 pesos. Aquí la justificante es que el joven ingrese a un empleo y aprenda desde un oficio y/o se capacite en una carrera profesional durante un año. Pero para que no haya fraude, el becario tiene que presentar un informe mensual y la empresa otro sobre el rendimiento del becario.

AGUILAR CASTILLEJOS se pronunció porque los ciudadanos y en este caso los periodistas de la Asociación de Columnistas Chiapanecos “tengan voz y emitan sus opiniones”, porque –dijo— “sin ese apoyo, no vamos poder hacer la transformación  del país y de Chiapas”. Con respecto a que los enviados del Presidente a los Estados les llaman “Súper Delegados”, negó tal aseveración: “no es cierto, somos servidores de la nación. A mí me toca echar a andar los programas sociales en Chiapas y hay un gran respeto con el Gobernador”.

Reiteró JOSÉ ANTONIO AGUILAR que “Chiapas es el Estado más consentido de la federación”, y subrayó que solo en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, de las 300 mil becas, 24 mil son para esta entidad, con prioridad a las comunidades con mayor índice de pobreza; a los alumnos normalistas y lo demás para jóvenes de escasos recursos.

El llamado “servidor de la nación”, delegado plenipotenciario del Gobierno Federal y directamente dependiente del Ejecutivo Federal, JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS, “despejó la duda” por cuanto a la supuesta “disputa del poder” con el Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS a lo que dijo: “no hay confrontación ni con él ni con el Estado; hay una buena relación, porque tenemos que trabajar en unidad, porque, para que le vaya bien a México, le tiene que ir bien a Chiapas”, concluyó…

MOCRI-GOBIERNO; ¿CONFABULACIÓN?...

En estos momentos estarán diciendo al interior del gobierno del Estado y el pensamiento del Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS: “uta magre, pa´que pictes alboroté el hormiguero de la MOCRI y ahora nomás me siguen chingando”. La verdad que el desalojo del MOCRI-EZ de los terrenos del libramiento norte poniente ha despertado muchas sospechas y comentarios no precisamente en favor de la acción y de la institucionalidad.

Lo menos que ha corrido en las redes sociales es que “hay una confabulación entre el Gobierno y las familias Velasco Coello; León Villard y en esa línea los dirigentes del MOCRI”. Que el desalojo se llevó a cabo por presiones de la “Reina Roja” y su primogénito “Pakalito” (dícese: LETICIA COELLO GARRIDO y MANUEL VELASCO COELLO), así como, ALFREDO DE LEÓN VILLARD y sus consanguíneos en el poder: SASIL DORA LUZ, Senadora de la República; CALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD, diputado local y familia.

A cada uno de estos personajes se les vincula, de una manera u otra, con los líderes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), ya sea para enfrentar, disolver o distorsionar manifestaciones en contra de la oficialidad, como se hizo en el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y MANUEL VELASCO COELLO; o en este caso de invasión de terrenos para beneficiar a las familias de los exgobernadores y los DE LEÓN VILLARD.

No hay que olvidar que OSCAR DE LEÓN GONZÁLEZ, el papá de la senadora SASIL; la ex diputada local ITZEL FRANCISCA; el actual diputado local KALYANAMAYA y ALFREDO que es el operador político y financiero del clan, fue el que lideró aquel  grupo llamado “Unión Nacional Lombardista”, UNAL, que trajo y utilizó como brazo ejecutor, el ex Gobernador de Veracruz DANTE DELGADO RANNAURO.

Por esos antecedentes y otros datos biográficos de cada uno de ellos, se puede creer que los verdaderos líderes de la MOCRI –tras bambalinas—son los DE LEÓN VILLARD, familia que llegó a Chiapas y particularmente a Tuxtla en estado decadente económicamente y hoy son “distinguidos” personajes de la política, las finanzas, la obra pública y los entretelones del poder. Tampoco se debe olvidar que esta familia fue empoderada política y financieramente en el gobierno de JUAN SABINES y se consolidó en el de MANUEL VELASCO COELLO.

Con todos estos antecedentes que se han vuelto virales en las redes sociales; el gobierno de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN está puesto en entre dicho y bajo sospecha de que el Fiscal General de Justicia, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA y la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO, actuaron por consigna y no precisamente por un proyecto inteligentemente diseñado para extinguir al MOCRI y sus dirigentes; acabar con las invasiones y ofrecerle a los chiapanecos estabilidad social, que tanto se necesita.

Lo dejamos al tiempo para ver si los cientos de predios invadidos son desalojados y así, dar seguridad a la propiedad privada que hoy por todos lados, está en riesgo…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CHIAPAS Y LA 4ª

“No soy súper delegado” atte. El supe delegado

En una reunión de trabajo de nuestra asociación de Columnistas de Chiapas a la cual me honro en ser parte, pudimos sostener una plática amena con el coordinador en Chiapas de los Programas Sociales del Gobierno de la México (4ª transformación)  José Antonio Aguilar Castillejos; el funcionario dejó en claro varios puntos y aclaró paradas, por un lado mencionó de la excelente relación que tiene con el mandatario estatal Escandón Cadenas, respuesta ante la pregunta un tanto incómoda de un homólogo.

Aguilar Castillejos  sin medias palabras ni temor alguno se refirió a los dos pasados exgobernadores (Sabines y MAVECO) y dijo: Les fue bastante bien muestras que al estado no; también informó que se nombrarán a 7 subdelegados temáticos con el fin de ofrecer resultados óptimos y es que también menciona que existen (aún, porque no han limpiado al 100%)  irregularidades o actos de corrupción y refirió que donde habían lugares con 4 mil habitantes, los apoyos se triplicaban (los muertos también gozaban de beneficios).

Ante esto, y ante infinidad de irregularidades están por presentar ante las autoridades correspondientes más de 5 mil demandas penales por fraude al programa prospera y creo se quedan cortos ya que esta dependencia era la caja chica y uno de los ejes rectores para la promoción de simpatías del PRI en Chiapas, aunque hubieron buenos delegados algunos quisieron trabajar honestamente, pero antes se tenía que servir al partido.

Sedesol delegación Chiapas está en el patíbulo y es que hay múltiples denuncias anónimas y otras ya no lo fueron al señalar a un grupo que aún opera desde el interior y que promovían el acoso sexual y actos de corrupción, allí fue el refugio de los personeros de Roberto Albores Gleason en campaña, sin embargo no es por haber sido recomendados allí por el junior que tendrían una cita con un jurídico externo sino por las acciones ilícitas de las que los nuevos funcionarios pueda verificar y que más de uno podrá ampliarles la información. Estaremos pendientes… por cierto, dijo a los allí presentes un restaurante al poniente de esta ciudad capital que no le gusta que le digan “súper delegado” solo es un servidor público al servicio de Chiapas y del país, sencillo y de buen trato, aunque otros compromisos no le permitieron abundar en otros temas, pero quedó abierta la invitación. .

ALGO ANDA MAL

Alrededor de 32 trabajadores fueron obligados por personal directivo del zoológico Miguel Álvarez del Toro a firmar nuevo contrato anexo su renuncia con fecha 31 de diciembre del 2019 esto Según por instrucciones del Secretario de Hacienda a fin de que les paguen sus salarios que no les han dado desde el mes de enero de este año, acción poco creíble cuando el funcionario anda en otros menesteres propios de su labor;  a la autoridad que corresponda deberá de analizar la situación que va en contra de las acciones que viene realizando el mandatario estatal respetando al grueso de colaboradores.

Autoridades internas están promoviendo el desorden por intereses personales, mucho tendrá que explicar el M.V.Z. Joe Miceli Hernández, el Director Administrativo  Lic. Agustín Salomón Zunún Vera entre otras autoridades en otro nivel arriba de ellos.

Es importante aclarar que estos trabajadores se están organizando para presentar su inconformidad ante el tribunal correspondiente de la Junta de Conciliación y Arbitraje Se les amenazó que si no firmaban se les iba a cerrar la entrada y el ingreso a sus labores esto es violatorio de la constitución porque esos trabajadores ya tienen firmado con anticipación un contrato por tiempo indefinido y les hacen firmar un nuevo contrato sin que les paguen las prestaciones.

Puntos Suspensivos…

El edil de Tapachula Dr. Oscar Gurría se ha movilizado para enfriar los comentarios en su contra, siente que el simple hecho de que la sociedad no se entere de los errores de su administración y la falta de capacidad para gobernar, los asaltos y problemas en su administración terminaran, ahora señala que los problemas de seguridad corresponden a los tres niveles de gobierno y tiene razón, pero por los que es señalado de incapaz es por su falta de autoridad y la imposición de sus intereses y de la familia y no es a favor de la sociedad ¿Qué esperan para aplicar la revocación de mandato?... Andrés Manuel López Obrador el presidente de México, el máximo líder de MORENA se mantiene en firme con la revocación de mandato y ya en Chiapas hay un fuerte candidato.

 

 

 

Fuego interno en Tapachula

El delegado federal en Chiapas con Columnistas

Para crecer han que combatir la corrupción: banqueros

Oscar Gurría Penagos debe poner orden como la máxima autoridad en el Ayuntamiento de Tapachula, porque su misma gente, sus amigos y sus familiares se lo están llevando al “baile”, dejando entredicho su capacidad para mandar y haciendo pasar el ridículo a su parito MORENA, y por ende llevándose entre las patas el trabajo político que desde la ciudad de México realiza el presidente López Obrador.

Como el mandamás en Tapachula Gurría Penagos tiene la obligación de ejercer la v oz de mando, porque hasta este momento lo que se ve es que sus allegados al poder se están burlando de él, porque hasta el momento ha demostrado su pasividad, su tolerancia e indiferencia para tomar la batuta del poder.

Gurría debe convocar a reunión a todos sus funcionarios porque lo que se ve de fuera es el “fuego amigo”, el “fuego interno” de sus funcionarios, disputándose los puestos públicos.

Si debe hablar con carácter y dar de manotazos a la mesa y gritar o hablar fuerte para demostrar a todos aquellos que se subieron al ring y a quienes les dio la oportunidad de servir a los tapachultecos que en realidad quieren trabajar para sacar adelante al municipio y a sus habitantes, que debido a este pleito barato, muchas demandas y necesidades han quedado al garete, acumulándose día a día los conflictos sociales.

Gurría como la autoridad máxima debe imponerse a los intereses personales y de grupo de sus funcionarios, muchos de los cuales solo llegan a grillas y hablar mal de los verdaderos servidores públicos que si está trabajando.

Se habla que hay funcionarios municipales que el trabajo en el ayuntamiento en que fueron asignados, lo dejan a segundo término, porque tienen otros compromisos, es decir que cuentan con un segundo empleo, en donde ahí sí, no tienen otra más que la de cumplir con sus obligaciones.

Son varios los que no trabajan pero desestabilizan, forman sus grupos y se ponen a impedir que el resto cumpla con sus responsabilidades, como es el caso de Julio Iván García Mujica (a) mujiquita”, un tipo, negativo, cizañoso, altamente improductivo, es decir muy flojo, que desde su llegada al Coapatap, ha sembrado la discordia, desunión, y desde que llega a la oficina se siente un ambiente pesado  

Este cuate es un empleado de Teléfonos de México, pero a la vez cobra como jefe de recursos humanos del Coapatap.

Otra de las fichitas, negativos, deshonestos, oportunistas y negativos es el que cobra como asesor externo Emanuel Manzo, un individuo que se la pasa llevando y trayendo para no trabajar, mismo que representa un riesgo npara el municipio, porque si Gurría Penados no se los sacude, se corre el riesgo que se lo sigan llevando al baile  con más desprestigio para la actual administración, que desde Tuxtla Gutiérrez, ya se le conoce como uno de los militantes mediocres de MORENA, que no saben mandar.

Otra fichita es el tesorero Ernesto Navarro Dámiano, quien de pronto tiene en su haber tres posibles denuncias por presuntos delitos de malversación de fondos y probable corrupción en áreas adscritas a la caja monetaria del palacio municipal.

Gurría Penagos debe dar un golpe de timón para enderezar el rumbo del municipio, pues sus allegados ya se lo llevaron al baile, y si este no reacciona se lo llevarán entre las patas, pues a leguas se observa que en el ayuntamiento lo que predomina es el fuego interno entre los funcionarios que pretender ser más que el mismo alcalde, así de fácil.

Existe buena relación con el ejecutivo chiapaneco

El Delegado del Gobierno Federal en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos Durante un diálogo sostenido con los integrantes de la Asociación de Columnistas Chiapanecos A. C., Aguilar Castillejos despejó muchas dudas en relación de trabajo que tendrá en Chiapas, el también representante del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Viene a corregir muchas fallas que se arrastraban desde la administración y hoy habrá que limpiar todo el “cochinero, pues reconoció que con los programas sociales de la pasada administración como es el caso Solidaridad y Prospera fueron entes partidistas utilizados en procesos electorales, plagados de corrupción.

Incluso los coordinadores de dichos programas se beneficiaron por un lado obteniendo sueldos  “altísimos”, amén de los recursos destinados a la gente, ellos se los quedaron a través de la apropiación de las tarjetas o monederos electrónicos.

Resultado de lo anterior que en Chiapas se invirtieron millones de pesos, sin embargo lamento que mucho de ese dinero quedó en las manos de unos cuantos, es decir, de quienes manejaban los programas sociales como lo fue la Sedesol.

Asimismo Aguilar Castillejos despejó toda duda acerca de su relación con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, atajó rumores sobre una disputa por el poder.

El funcionario federal recalcó que con el Poder Ejecutivo de Chiapas ni confrontación con él ni con el Estado, todo lo contrario señaló: “existe una buena relación, porque tenemos que trabajar en unidad, porque, para que le vaya bien a México, le tiene que ir bien a Chiapas, y eso es una consigna del Presidente López Obrador.

De igual forma, el funcionario federal quien respondió de ágil todos los cuestionamientos expuestos por los columnistas dijo que no tiene nada en contra de la prensa, todo lo contrario quiere mantener una relación estrecha y cercana, pues considera que el gobierno y la prensa deben trabajar de la mano.

“Creo en la libertad de expresión”. Y adelantó que será el canal para que los miembros de esta asociación civil se reúnan en breve con el Ccoordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas a fin de mantener estrechas relaciones de trabajo en un afán de unir esfuerzos para el buen manejo informativo de México y de Chiapas.

Crecimiento económico sin corrupción

Previo a la inauguración de la 82 Convención Bancaria que se celebra en Acapulco, Guerrero, la Asociación de Bancos de México (ABM), consideró que el margen de maniobra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para detonar el crecimiento económico a tasas del 4 por ciento, se encuentra acotado por la estrategia contra la corrupción que es a largo plazo y el uso de recursos destinados a los programas sociales.

“No solamente son los programas sociales… Todo esto tiene presiones en las finanzas públicas que se tienen que compensar a través idealmente de un crecimiento sano que traiga mayor recaudación, mayor capacidad de maniobra el gobierno federal, y eso en el corto y mediano plazo difícilmente se va a poder financiar con combates a temas como la corrupción, que son más de largo plazo”.

Entre los banqueros existe un ambiente de optimismo en cuanto a la marcha de la economía, pese a la reducción en la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por parte de organismos internacionales, agencias calificadoras, analistas financieros y hasta el mismo Banco de México.

Es más, en Acapulco, los banqueros también minimizaron las opiniones de las agencias calificadoras que recientemente cambiaron la perspectiva de las notas crediticias del país y redujeron las calificaciones de Petróleos Mexicanos a un grado de ser consideradas “basura”.

Lo puedan llegar a decir las calificadoras puede ser ya una explicación que muchas veces ya está reflejando en los mercados, y realmente por el momento no se ve que tenga mayor impacto.

Desde la perspectiva de los banqueros, es que los mercados están estables y están viendo señales de manera muy cuidadosa de si en México sigue habiendo las condiciones como ha sucedido en estos tres meses de nuevo gobierno, para que haya certidumbre para inversión y para el capital y así enfilar al repunte económico de la mano de López Obrador.

Del Montón

Este viernes 22 a las 10 horas, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad invitan a la presentación de los libros: Memoriales de Casos de Violación de Derechos Humanos en Chiapas y De impunidad y Esperanza: Casos de Defensa de Violación de Derechos Humanos en Chiapas. El evento se llevará a cabo en el Centro de Covenciones “Dr. Manuel Velasco Coello. Lo comentarios estarán a cargo del senador Dr. Emilio Álvarez Icaza Longoria y el rector de la UNACH, Carlos F. Natarén Nandayapa. * * *  Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron cerrar filas contra la llamada reforma educativa y rearticular el movimiento social, campesino y popular, para que otras reformas “lesivas contra el pueblo mexicano” también caigan. Los mentores exigieron “abrogación, no simulación”, a la hora de aprobar el dictamen que ya está listo en el Congreso de la Unión, donde la derecha –subrayaron– quiere meter las manos para mantener los lineamientos que buscan la desarticulación del movimiento sindical magisterial. Por ello, llamaron a todas las organizaciones sociales, civiles, campesinas, sindicales y obreras a rearticular el movimiento en defensa de la educación pública, la clase trabajadora y los derechos de todos los ciudadanos “que se han visto lesionados con las reformas estructurales que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto y que el gobierno de la Cuarta Transformación busca mantener”.  * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios, con más de lo mismo.

 

 

 

 

El despliegue de campañas negras como recurso político no es nuevo en la geografía mundial, y desde luego tampoco lo es en México; mucho menos lo ha sido en lo que respecta a la figura de Andrés Manuel López Obrador… Pero no buscamos aquí victimizar a quien se ha dicho perseguido y atacado durante lustros, sino documentar en forma somera y fáctica que ningún actor político como él ha concitado en la historia del país tanto descomunal gasto en recursos humanos, materiales, institucionales y económicos, todo lo cual suma miles de millones de pesos.

El pasado jueves 14 de marzo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló pormenores de una de las campañas de propaganda negra que fueron desplegadas en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante el proceso electoral 2017-2018, y anunció que el gobierno federal interpondrá una demanda por la presunción de delitos electorales y de lavado de dinero.

Según el titular de la UIF, en el financiamiento y producción de la serie “El populismo en América Latina” participaron el gobierno del Estado de México a través de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC); la empresa Bufete de Proyectos de Información y Análisis; los hermanos Angel y Federico Berrueto Pruneda; Alejandro Quintero Íñiguez, sus hermanos Germán Arturo y Carlos; Grupo TV Promo SA de CV; Piña Digital S de RL de CV; Canaxis, OHL –propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien para intentar limpiar la imagen de su principal empresa optó por darle nuevo nombre: Aleática–; Grupo Peñoles y el Consejo Mexicano de Negocios.

La campaña fue intensa y costosa. Incluso participaron en ella algunos periodistas. El 28 de abril de 2018 Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, difundió en su cuenta en Twitter la programación de la serie, que comprendió seis capítulos; se pretendía que el último, dedicado a presentar al tabasqueño como populista, pudiera coincidir con la fecha más próxima posible al cierre de campañas establecido por la ley electoral.

Ante el aplastante triunfo de López Obrador en las urnas, Televisa y TV Azteca optaron por no transmitir la serie.

El mismo jueves 14, en el portal Eje Central, Juan Carlos Rodríguez reveló detalles acerca de la maquinación de una supuesta estrategia, denominada “Operación Berlín”, con base en la cual los empresarios Agustín Coppel (Grupo Coppel), Alejandro Ramírez (Cinépolis) y Germán Larrea (Grupo México) financiaron una campaña de desprestigio contra AMLO.

La referida campaña, afirma, fue concebida y operada por un grupo de intelectuales encabezados por Enrique Krauze y Fernando García Ramírez, uno de los principales colaboradores del primero, quien es columnista del diario El Financiero. Ambos son mencionados como los autores intelectuales de algunos de los principales sitios web y perfiles en Facebook antilopezobradoristas, como Populismo Autoritario, Napoleopez y Prensa México.

De hecho, algunos de los nombres que consigna Rodríguez en su investigación periodística coinciden con los que se incluyen en el libro Juntos Hicimos Historia, puesto en circulación hace dos semanas por Tatiana Clouthier, en el cual se exponen los resultados de las investigaciones de la excoordinadora de campaña de AMLO en torno al origen de PejeLeaks.org.

No queda lejos en el tiempo –mediados de enero de 2018–, cuando León Krauze, hijo del historiador, intentó abrir otro frente contra López Obrador al advertir, en una nota publicada en The Washington Post, sobre la posible intervención de Rusia en los comicios mexicanos.

Los antecedentes de otras campañas semejantes contra AMLO se remontan a varios lustros, hecho que revela un camino de continuidad en técnicas de guerra sucia con claros visos de complot. Destaca la emprendida en 1998 por el entonces llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, cuando el tabasqueño encabezó un movimiento social contra el rescate bancario del Fobaproa. El hecho de que el embate de este grupo empresarial se haya prolongado ya por dos décadas revela un claro plan para destruir a quien hoy es presidente de la República.

Figuran también las campañas del gobierno del panista Vicente Fox en contra del tabasqueño, entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, al presentarlo como violador de la ley por abrir un camino de acceso a un hospital; la lanzada durante las campañas presidenciales con miras a los comicios de 2006 y que dirigió Antonio José Solá Reche, contratado por el equipo del también panista Felipe Calderón. El resultado fue la creación de la propaganda negra desplegada bajo el eslogan “AMLO, un peligro para México”.

En 2012, con Enrique Peña Nieto en la contienda, para favorecer a éste los mismos poderosos grupos político-empresariales decidieron impedir el eventual triunfo de López Obrador en las urnas, pero ahora mostrándolo como el “Hugo Chávez mexicano”.

En el ciberespacio destacó la furiosa ofensiva de bots y trols –los “peñabots” que introdujo Alejandra Lagunes Soto Ruiz, distinguida discípula de Alejandro Quintero Iñíguez, entonces vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de Grupo Televisa.

Una vez instalado en el poder, el priista mexiquense pretendió gobernar a través del marketing y despilfarró altas sumas de recursos federales en la promoción de su imagen pública. La firma Olabuenaga Chemistri, por ejemplo, recibió por lo menos 865 millones de pesos en contratos por la realización de campañas publicitarias en favor del gobierno de Peña Nieto.

Además, esa empresa destinó millonadas a tareas de manipulación informativa en las redes sociales. La firma Agavis Digital, propiedad de Aaron Fernández y Santiago López –amigos de Alejandra Lagunes desde los días en que laboraban en Google, según destaca el reportaje difundido en Eje Central–, logró conseguir más de 131 millones de pesos en adjudicaciones directas, es decir, sin pasar por licitaciones o concursos.

Resulta ingenuo suponer que Peña Nieto permaneció al margen de las distintas campañas de propaganda negra que fueron implementadas en la guerra sucia desplegada contra López Obrador. Tan ingenuo como creer que el Consejo Mexicano de Negocios nada tuvo que ver con la campaña de propaganda negra de la cual formó parte la serie “El populismo en América Latina”  l

*Director del Centro de Altos Estudios en Internet y Sociedad de la Información, Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador.

 

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) parece sumada a la llamada Cuarta Transformación. El presidente de la República ha logrado desplazar a los jueces federales de carrera, a los que tanto ha criticado durante años, y ahora el reto es que el máximo tribunal no regrese a la cercanía con el Ejecutivo.

La designación de Yasmín Esquivel Mossa como ministra, a pesar de haber incurrido en un probado conflicto de interés como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se suma a otros dos movimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador para incidir en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El primero fue la designación como ministro de Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien arribó al tribunal constitucional del país desde la academia después de una carrera por los tribunales de la Ciudad de México. Incluso, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital en los primeros años del gobierno local de López Obrador.

Pero llegó con una primera encomienda: apoyar al ministro Arturo Zaldívar para quedarse con la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El competidor era el ministro Alberto Pérez Dayán, quien mantiene en suspenso la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ante los alegatos de vicios constitucionales cometidos por el Congreso. Se trata de la justificación legal de uno de los objetivos de López Obrador: que nadie gane más de los 108 mil pesos que se fijo a sí mismo.

En sus casi tres meses como representante del PJF, el ministro Zaldívar ha estado muy lejos de la imagen que durante diez años construyó como promotor de la autonomía e independencia de los jueces, además de defensor de los derechos humanos ante los actos de poder, en casos como la Guardería ABC y el de Florence Cassez.

Su primer acto de Estado como ministro presidente fue el 5 de febrero, en el 102 aniversario de la Constitución. Su discurso estuvo a años luz de lo que ha defendido en el pleno de la Corte y en la Primera Sala, que también llegó a presidir. Alineó su discurso al del Ejecutivo. Como lo mandan los tiempos políticos, le pidió a los jueces aplicar un “nuevo paradigma”: el del “constitucionalismo social”.

Antes, tuvo un acto que no fue público, pero que demostró su interés por no incomodar al presidente: la destitución de Janine Otárola como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después de que ésta avalara el triunfo del PAN en las elecciones de Puebla, en beneficio de Martha Ericka Alonso, muerta diez días después en un accidente aéreo.

Como el que calla otorga, el ministro Zaldívar aceptó que López Obrador dijera claramente que la Presidencia de la República había intervenido para cambiar un proyecto de resolución y evitar de esa manera la devolución de 35 mil millones de pesos a exaccionistas del Grupo Modelo. López Obrador no perdió la oportunidad para irse contra los jueces federales.

Luego, como si fuera un acto de Estado, el ministro Zaldívar puso la máxima representación del PJF en el acto con el que el presidente celebró sus cien días en el poder.

Apenas unas horas después, vino una nueva acometida presidencial contra los jueces. Al igual que Felipe Calderón como presidente, se quejó de que los jueces liberaran a los delincuentes, sin mirar en ningún momento el proceso penal en su totalidad. Pero López Obrador fue más allá, dijo que va a ir contra esos jueces.

Cuando Calderón tuvo tales desplantes, el entonces presidente de la Corte, Juan Silva Meza, salió en defensa del Poder Judicial. Esta vez, hubo silencio. Cierto que la Corte no es un partido de oposición, como expresó el ministro Zaldívar en una entrevista con el periódico Excélsior, pero en el PJF sí hay quienes quieren que la Corte sea un verdadero factor de equilibrio de poderes.

Aquel silencio se rompió por el escándalo que provocó la magistrada de Jalisco Claudia Mavel Curiel López al pasar a sus homólogos el mensaje del presidente de la Corte de no criticar a López Obrador, so pena de ser sometidos a procedimientos administrativos.

La magistrada se hizo eco de la directiva emitida por el consejero del CJF, Alfonso Pérez Daza. Aunque el PJF lo negó, el audio dado a conocer por el periódico Reforma es inequívoco.

La llegada de Esquivel Mossa, esposa del contratista de López Obrador, José María Riobóo, suma al ambiente de sospecha de una peligrosa cercanía con el Palacio Nacional.

Las resoluciones de la Corte y lo que ocurra en los siguientes cuatro años dirán si el Poder Judicial si será un tercer poder o un poder de tercera.

 

 

 

 

 

Esta semana, hace veinticinco años, recibía la noticia de mi aceptación para estudiar Derecho. Lo tengo presente porque coincide con el asesinato de Colosio. Perdura de esa época la idea que tengo sobre el papel del Derecho en la vida social: instrumento de dominación, pero también herramienta de transformación. Si podían matar a un candidato presidencial, pensaba de joven, la ley de la fuerza mostraba todo su potencial, por lo cual, mi apuesta por el Derecho debería crecer.

Siete años tardé para conocer por vez primera las ideas del “garantismo”. Una concepción del Derecho que lo contrasta con el poder y que opta por la defensa de las personas más sometidas. Siempre tendré presente que ese fue uno de dos hechos que cambiaron mi vida desde entonces, para bien. Siempre agradeceré a quien me mostró que la mejor manera de poner en práctica mis ideas garantistas pasaba por consagrar mi vida profesional a la defensa de los derechos humanos.

Tres años más debieron pasar para poder tener una primera oportunidad de litigar en amparo un primer caso sobre derechos humanos para una organización civil. Quince años han transcurrido y actualmente curso mi tercera época como litigante de causas de derechos humanos. Aunque parezca extraño, sueño con el día que no tenga más este trabajo que tanto me apasiona, porque sueño con el día en que en nuestro país las violaciones a derechos humanos no sean una terrible realidad.

Desde un inicio tuve la necesidad de combinar los litigios con una participación en actividades de capacitación judicial. Pero de esa necesidad surgió una claridad enorme, la convicción de que la función judicial implica la más importante garantía institucional para lograr que los derechos humanos cambien nuestra realidad. Así que desde que me dedico a lo que hago, he sido un litigante extraño que comparte experiencias y debate todo lo posible, primordialmente con quienes juzgan. Con quienes juzgan las causas de derechos en las que tengo el honor de involucrarme.

Seguramente, entre muchas carencias, me ha faltado prudencia. Porque a quienes más critico es de quienes depende el “éxito” de mi trabajo. Alguna vez alguien me dijo que no era aconsejable litigar y al mismo tiempo escribir para resaltar, en mi opinión, las fallas del Poder Judicial. Es obvio que no le hice caso. Así que aquí estoy, orgulloso de tener este espacio en Proceso y dedicarlo a algo que me parece elemental: exigir que todos los Poderes Judiciales rindan cuentas.

Sobre todo, exigir que desde la Suprema Corte de Justicia hasta el último de los juzgados, asuman consistentemente su responsabilidad de garantes de nuestros derechos humanos. Pocas veces destaco buenas sentencias, porque para eso abundan foros y voces. Puede parecer ingrato, pero me parece más importante puntualizar lo que se debe mejorar que adular a una institución por hacer su labor.

Si alguien me preguntara cuál es mi agenda judicial, cuáles son mis pretensiones, más allá de las causas en las que voy participando, tendría que responder que mi meta máxima es contribuir a que el amparo –el juicio por excelencia para la defensa de nuestros derechos humanos–, se convierta un buen día en un recurso sencillo y accesible para todas las personas, sin necesidad siquiera de abogad@s.

Es por ello que mientras logro quedarme sin mi actual trabajo, abrazo la misión de difundir que al menos desde mi experiencia, existe una deuda nada menor de parte de los Poderes Judiciales para hacer accesible el Derecho a todo mundo. Más importante, pienso que el Poder Judicial de la Federación está en falta respecto de su deber de lograr que el juicio de amparo sea un recurso breve, sencillo, accesible, adecuado y efectivo para la garantía de los derechos humanos.

Y cuando expreso que hay una deuda, no hablo en sentido figurado, sino que denuncio el incumplimiento de una obligación constitucional. Una falta que desde hace un año se agravó, cuando entró en vigor el mandato establecido en el tercer párrafo del artículo 17 de nuestra Constitución para privilegiar la solución de los juicios sobre los formalismos procedimentales. Ahí está pues, mi “agenda judicial”.

 

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La Fiscalía General del Estado dio a conocer esta noche que obtuvo sentencia condenatoria de 105 años de prisión en contra de Gaspar Silvano López por el delito de feminicidio en agravio de dos mujeres y dos menores de edad, más cinco años y cuatro meses de prisión por homicidio en grado de tentativa.

El pasado 11 de marzo de 2013, en la ranchería Yaxteel del municipio de Chilón, el ahora sentenciado discutió con su padre, Gaspar Silvano Gómez, por unas tablas y láminas de una choza, lo cual provocó que lo agrediera con arma blanca.

Acto seguido, con la misma arma atacó a su abuela, Tomasina Gómez Cruz, de 83 años y a su madrastra, Elvira Guzmán Luna, de 33 años, así como también a sus medias hermanas, de tres y 13 años de edad, privándolas de la vida.

Por estas acciones, en la causa penal 36/2013 del Juzgado Mixto de Yajalón, logró obtener sentencia condenatoria de 105 años de prisión contra Gaspar Silvano López por el delito de feminicidio en agravio de dos mujeres y las dos menores; y cinco años y cuatro meses, por homicidio en grado de tentativa en agravio de su padre; asimismo, se le exige el pago de un millón 242 mil 331.20 pesos por daño moral.

El “Colectivo Seguridad Sin Guerra” y diversas organizaciones de la sociedad civil entregarán una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su visita a Guelatao de Juárez, Oaxaca, para conmemorar el natalicio del primer presidente indígena del mundo, Benito Juárez, para exigirle una revisión urgente respecto a los Derechos Humanos de los pueblos originarios.

En un comunicado, las organizaciones expresaron que a más de cien días de gobierno es urgente hacer esta revisión toda vez que resulta preocupante que el diseño de políticas públicas esté basado “en argumentos asistencialistas, religiosos, morales, y no bajo promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos”.

Entre otras preocupaciones destacaron la falta de mecanismos legales y adecuados “para garantizar la libre determinación, autonomía, gobernanza ambiental, y transparencia en la toma de decisiones de los pueblos originarios sobre sus territorios” pues señalaron que las consultas realizadas por el gobierno federal parecen más “rituales de legitimación política” que un acto legal, que de ninguna manera sustituye el derecho indígena a la consulta, precisaron.

Cuestionaron las últimas acciones del presidente en materia de militarización, con la reciente aprobación de la Guardia Nacional y la presencia de militares en el país, quienes han realizado “cacería de especies designadas como protegidas por las asambleas comunitarias de las comunidades de la Sierra Juárez, lo cual representa una trasgresión al sistema de cargos, y sus propios mecanismos de gobernanza y seguridad de los pueblos”.

Denunciaron que después de la persecución, desaparición y ejecución de defensores de Derechos Humanos, medio ambiente y territorio, durante los últimos sexenios, casos como los de Bety Cariño y Jiry Jakkola aún no se encuentran “en la agenda de víctimas en espera de reparación, disculpas públicas y garantía del acceso a la justicia”.

En la misiva, también externaron su preocupación ante los reiterados señalamientos para desacreditar el trabajo de las organizaciones, que, destacaron, “han sido fundamentales para la conquista y defensa de Derechos Humanos”; así como por la posible violación del Estado laico, pues consideran que el presidente ha evadido temas relacionados con derechos fundamentales como la despenalización del aborto, la diversidad sexual, estancias infantiles y los refugios para mujeres.

 

 

 

 

Periódico impreso edición No. 1597 del día 22 de Marzo del 2019  . [Leer completo]

Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde externan su preocupación sobre el diseño de sus políticas públicas que –dicen–están “basadas en argumentos asistencialistas, religiosos, morales, y no bajo promoción, respeto y garantía de los derechos humanos”.

En el marco de su visita este 21 de marzo, día del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, le plantearon su preocupación en materia de derechos humanos, derecho a la consulta a los pueblos originarios contra proyectos neoliberales y la militarización a través de la Guardia Nacional.

Resaltaron que “Guelatao es considerado cuna del Estado laico, y de la República, y donde surgió el primer presidente indígena del mundo” y es ahí donde existe un compromiso con los pueblos indígenas que exigen derecho a la consulta.

Hicieron hincapié que “los pueblos indígenas del mundo son únicamente el cinco por ciento de la población mundial, de los cuales 25 millones son mexicanos.

“Mantenemos a nuestro resguardo el 80% de la biodiversidad del planeta y la Sierra Juárez resguarda siete de los ocho ecosistemas nacionales”, subrayaron.

Por ello, señalaron:

“Vemos con preocupación que a pesar de la existencia de estándares internacionales bajo los lineamientos de ‘consulta previa, libre e informada’, no han existido mecanismos legalmente adecuados para garantizar la libre determinación, autonomía, gobernanza ambiental, y transparencia en la toma de decisiones de los pueblos originarios sobre sus territorios.

Por el contrario, agregaron, las Naciones Unidas en días recientes opinaron que las consultas realizadas por el gobierno federal, parecieran “rituales de legitimación política”, mas no un acto legal, por lo que este ejercicio no puede sustituir el derecho a consulta indígena en el contexto de años de resistencia al extractivismo y despojo, tanto en la Sierra Juárez, como con el Proyecto Integral Morelos, Tren Maya, entre otros.

No a la militarización

Respecto a la militarización le recordaron a López Obrador que cuando realizó su visita a Guelatao en calidad de candidato a la presidencia de la república, enalteció la forma de gobierno de las comunidades serranas, e incluso señaló que retomaría dicho modelo para su proyecto de nación.

“No obstante, vemos la aprobación de la Guardia Nacional, y la presencia de militares en el país y la región, quienes además han realizado cacería de especies designadas como protegidas por las asambleas comunitarias de las comunidades de la Sierra Juárez”, lo cual representa una trasgresión al sistema de cargos, y sus propios mecanismos de gobernanza y seguridad de los pueblos, pues no fueron consultados sobre la presencia de cuerpos castrenses para realizar acciones de vigilancia y seguridad, añadieron.

Aunado a ello denunciaron que prevalece la impunidad en las ejecuciones y desapariciones de defensores del territorio:

“En los últimos dos sexenios, ha existido una constante persecución, ejecuciones, desapariciones, de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y defensores del medio ambiente y territorio como es el caso del asesinato de Bety Cariño y Jiry Jakkola, Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez, y recientemente la desaparición de Sergio Rivera, y el asesinato de Samir Flores. Igualmente, las víctimas de tortura, desaparición forzada, y detenciones arbitrarias del movimiento social en Oaxaca durante 2006.

En síntesis, “nos preocupa que no se encuentren en la agenda de víctimas en espera de reparación, disculpas públicas, y garantía del acceso a la justicia”.

Añadieron que también les preocupan los señalamientos que desacreditan el trabajo de las organizaciones, quienes han realizado aportes trascendentales al país mediante la conquista y defensa de derechos fundamentales en las últimas décadas, observación que fue puesta sobre la mesa el 14 de marzo en la asamblea de Naciones Unidas en Ginebra Suiza.

“Tememos que la política pública del gobierno en turno viole el Estado laico que establece la constitución, pues se ha percibido su evasión a tratar el acceso a derechos fundamentales como la despenalización del aborto, la diversidad sexual, cancelación de estancias infantiles, la incertidumbre en el funcionamiento de los refugios para mujeres, es decir, nos preocupa el diseño de políticas públicas basadas en argumentos asistencialistas, religiosos, morales, y no bajo promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos”, finalizaron.

El documento lo firman organizaciones como la Agencia Internacional de Prensa Indígena, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, los Centros de Derechos Humanos Digna Ochoa, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Nacional de Comunicación Social y Tlachinollan de la Montaña de Guerrero, entre otras.