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Wed, Apr
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Organizaciones de derechos humanos que representaron a víctimas de arraigo y prisión preventiva oficiosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y que ganaron los juicios internacionales, señalaron a la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján de faltar a la verdad en las declaraciones que hizo este martes durante la conferencia mañanera y por intentar deslegitimar el análisis de las sentencias que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pena Sin Culpa representó a Daniel García Rodríguez y a Reyes Alpízar, quienes estuvieron 17 años en prisión sin sentencia, por un homicidio que no cometieron, y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) defendió a los hermanos Gerardo y Gustavo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles, indígenas de Veracruz sometidos a arraigo y prisión preventiva, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), sin elementos, por lo que fueron liberados dos años después.

En los comunicados, las organizaciones recordaron que las sentencias de la CoIDH son inapelables y de cumplimiento obligatorio, y defendieron el papel de la SCJN como parte del Estado mexicano, por lo que negaron que esté invadiendo funciones del Congreso de la Unión.

La RSDCIAC alertó que lo señado por Alcalde Luján “no se encuentra apegado a la verdad” y que mientras en la conferencia matutina mencionó que de forma “unilateral” la SCJN había revisado las sentencias, en el informe de cumplimiento del caso Tzompaxtle Tecpile, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, notificó a la CoIDH de la comunicación que existe entre la Segob y el máximo órgano de justicia de la nación.

En el informe enviado el 29 de enero a la CoIDH, sobre el arraigo, el Estado señaló en tanto se mantenga en la Constitución, “se debe asegurar que las personas operadoras jurídicas llamadas a aplicar la figura del arraigo, la inapliquen mediante un debido control de convencionalidad”.

De acuerdo al documento, turnado a la defensa el 14 de febrero, el gobierno de López Obrador informó al tribunal regional que “desde la Segob se entabló comunicación con el Consejo de la Judicatura federal así como con la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de conocer las medidas que se implementaban al respecto”, y que el expediente de Tzompaxtle fue turando al ministro Luis María Aguilar Morales.

La RSDCIAC insistió en que la sentencia Tzompaxtle Tecpile y otros “es definitiva e inapelable”, que su acatamiento “será ejemplo de cumplimiento y protección a los derechos humanos”, reconoció el papel del Poder Judicial, y lamentó que “el Poder Ejecutivo y el Legislativo sean omisos”.

Pena Sin culpa desmintió las afirmaciones de Alcalde, de que acatar la sentencia de la CoIDH que ordena la desaparición de la prisión preventiva oficiosa se traduzca en “la posible liberación de 68 mil personas” que se encuentran sin sentencia en las prisiones mexicanas.

Apuntó que de la exposición que “falta a la verdad” de la secretaria de Gobernación, “lo que resulta de mayor preocupación” es que haya en México “68 mil personas en las cárceles sin que tengan una sentencia condenatoria, y sin que se haya demostrado su responsabilidad”.

Lo anterior implica “68 mil personas a las que se les viola su derecho a la presunción de inocencia y que pueden perder años de su vida encarceladas sin que se les logre probar su participación en algún hecho delictivo, sin desconocer que en la mayoría de estos casos impacta a las personas más pobres, porque son quienes no pueden comprar la justicia”.

Sobre el caso García Rodríguez y otro VS México, sentencia emitida en abril del año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por procedimiento, la remitió “a todas las instancias federales y locales que se consideren responsables”, para atenderla, entre ellas la SCJN para que “en el ámbito de sus facultades actuara conforme a derecho y conforme a sus obligaciones constitucionales e internacionales”.

La organización consideró “irresponsable” que la funcionaria descalifique el análisis de la SCJN considerándolo como “unilateral”, cuando el Estado mexicano participó en las audiencias de la CIDH y de la CoIDH, “donde tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas en el caso García Rodríguez y otro VS México y perdió”.

Apuntó que bajo ese procedimiento es que se integró el expediente “Recepción de Sentencia Internacional”, correspondiéndole al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo estudiar la sentencia del caso “García Rodríguez y otro Vs México”.

Tras resaltar que el proyecto de la ponencia de Pardo Rebolledo avala que se cumpla la sentencia de la CoIDH, y en tanto no se realice la reforma constitucional, el ministro propuso a jueces y magistrados “razonar y justificar” la medida de prisión preventiva en cada caso en particular.

La organización explicó que “la oficiosidad o automaticidad de la prisión preventiva como la tenemos actualmente debe ser un proceso razonado, proporcional y justificado en cada caso en particular, esto de ninguna forma implica una liberación o exoneración masiva -como lo infirió de manera irresponsable el día de hoy (martes 16) la secretaria de Gobernación”.

Un día después de que los padres de los normalistas de Ayotzinapa llamaran a boicotear las campañas y el proceso electoral para exigir una reunión inmediata con el presidente Andrés Manuel López Obrador, éste insistió en el que el encuentro se lleve a cabo después de los comicios.

Este lunes, el mandatario fijó el 3 de junio como fecha del encuentro con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según reveló la dirigencia de la disidencia magisterial, con la que el Ejecutivo se reunió durante tres horas  en Palacio Nacional.

Pedro Hernández Morales, líder de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dio a conocer que el encuentro se llevará a cabo un día después de los comicios federales a las 10:30 horas.

El fin de semana, en Guerrero, la Asamblea Nacional Popular acordó un plan de acción para exigir una reunión inmediata a López Obrador por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos

Organizaciones sociales, colectivos y estudiantes sesionaron el sábado en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante seis horas para definir un plan de acción ante la postura del mandatario de recibir a los padres de los 43 después de las votaciones del 2 de junio.

“Si no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa”, advirtieron en un comunicado las padres de los normalistas.

Intermediación

Este lunes, al salir de una reunión realizada en Palacio Nacional, Hernández Morales informó que el Ejecutivo pidió a la disidencia magisterial su intermediación con los padres de los normalistas para que se lleve a cabo el encuentro.

Aun cuando López Obrador ha manifestado su deseo de reunirse directamente con los padres sin que estén presentes sus abogados u organizaciones de derechos humanos, el líder de la CNTE indicó que el presidente expresó esta vez su disposición a un encuentro con los padres, con independencia de ese punto.

“Queremos hacer énfasis entonces que el presidente plantea que en el caso de Ayotzinapa, va a recibir a los padres de Ayotzinapa el próximo 3 de junio a las 10:30 horas.

“Incluso bajo la situación que en un principio había planteado de que no quería hablar con los abogados o con las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, hoy planteó que lo va a haber independientemente de ese punto.

“Nos pidió que habláramos con los padres de Ayotzinapa en la situación de la cercanía que ésta Coordinadora de Trabajadores de la Educación tiene”, declaró Pedro Hernández.

La desaparición de personas en Chiapas en un lapso de 2019 a 2024 ha sufrido un aumento significativo de las cifras de personas desaparecidas debido a la violencia criminal que impera en el territorio chiapaneco y lo que es peor, que el actual gobierno de Morena sigue incumpliendo su deber de búsqueda, verdad, justicia y reparación integral de los daños que ocasiona el flagelo.

 Lo anterior fue revelado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en la presentación del informe “Tocar el Vacío”, un esfuerzo para analizar el fenómeno de la desaparición de personas en Chiapas, que desde hace varios años registra un aumento exponencial de cifras de personas desaparecidas, con un impacto profundo sobre quienes buscan a sus seres queridos y sobre la sociedad chiapaneca en general.

En el periodo de 2019-2024, la desaparición de personas ha sufrido un aumento significativo de desapariciones sistemáticas o generalizadas cometidas por particulares, porque impera la impunidad y la tolerancia y beneplácito de parte del Estado, lo que las convierten en desapariciones forzadas, en la medida que son marcadas por la tolerancia y la aprobación a sus perpetradores.

En 2019 se registraron un total de 68 de personas desaparecidas, para 2022 la cifra fue más dramática al aumentar a 244 desaparecidos, pero año tras año el fenómeno ha ido en aumento en este periodos de un  358 por ciento.

Luego al  actualizar las cifras en 2023 se llega a total de 312 casos, que de acuerdo de 2019 a 2023 el aumento fue del 458 por ciento, únicamente tomando cifras oficiales del Registro Nacional de personas desaparecidas y no localizadas.

Las instancias estatales y federales encargadas de la investigación y búsqueda realizan diversos artificios para diluir públicamente la situación, que va desde la negativa a recibir las denuncias o inscribir a las personas desaparecidas en los registros oficiales, hasta la clasificación de los hechos como algo distinto a la desaparición, señala el informe.

Asegura que la Fiscalía Especializada en la materia no tiene personal suficiente para hacer frente al fenómeno, lo que demuestra el desinterés estatal por crear condiciones para la investigación, lo que demuestra que entre el 1 de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado registró 201 carpetas de investigación por desaparición de personas a manos de particulares, pero ninguna por desaparición forzada.

El interés del informe es identificar y analizar varias líneas de la desaparición, destaca la disputa y control territorial por la delincuencia organizada.

Es de especial preocupación la situación en la región sierra y frontera, dónde la explosión de violencia ligada a la disputa entre la delincuencia organizada ha llevado a un alza de las desapariciones sin que sea posible medir el problema con precisión tanto por la violencia que impera, como por la desconfianza en las autoridades.

Otros patrones documentados en el informe incluyen: la desaparición de personas en movilidad internacional; los que se presentan alrededor de las realidades de niñas, niños y adolescentes; así como los que emergen en el contexto de la violencia político-electoral; en el marco de detenciones arbitrarias cometidas por agentes estatales; los relacionados a la violencia contra las mujeres, con énfasis en la trata de personas y feminicidio; de personas defensoras de derechos humanos; en el marco de las acciones militares y paramilitares de contrainsurgencia durante los años noventa.

En la actualidad el estado de Chiapas padece una creciente ola de violencia luego que en la región han crecido las disputas de los cárteles del narcotráfico para controlar la frontera de México con Centroamérica, lo que ha resultado en homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado de comunidades, en particular de indígenas.

Llevar a cabo esta primera radiografía de la problemática ha representado un gran reto, pues muchas de sus características son nuevas en Chiapas, además de que existe un extendido silenciamiento de los territorios donde sucede.

Los patrones de la desaparición en Chiapas reflejan dinámicas nacionales, pero también presentan características propias relacionadas a condiciones históricas, políticas y sociales. Existen dos focos rojos en el estado. 

El primero, de acuerdo a datos expuestos por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), en Chiapas la desaparición de mujeres es mucho mayor a los índices nacionales. 

El segundo foco rojo es visibilizado por la organización Melel Xojobal quien da cuenta de que en el 2022 Chiapas ocupó el cuarto lugar nacional en desaparición de niñas, niños y adolescentes (NNA), es decir que de acuerdo a estadísticas, en Chiapas existe un riesgo mayor de desaparición de mujeres y NNA.

Este es el informe presentado por las organizaciones civiles independientes, entre ellas, Voces Mesoamericanas, Frayba, Serapaz y Melelxojobal, quienes han conformado el grupo de trabajo contra la desaparición en Chiapas.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces Federales de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su preocupación por la aprobación en comisiones del Senado, por parte de Morena y sus aliados, a la propuesta para reformar los artículos 128 y 148 de la Ley de Amparo.

Esta reforma impediría a jueces dictar suspensiones de normas aprobadas por el Congreso de la Unión u obras del gobierno, aunque estas atenten derechos humanos o vayan en contra de la Constitución.

“Se precia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, pues se daría un trato desigual a quienes aun no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución”, indicó la organización de magistrados y jueces en un comunicado.

Asimismo, indicó la Jufed, que esta iniciativa afectaría principalmente a los jueces, dado que ellos deben de actuar en beneficio de las personas, además de que los derechos humanos “deberían aumentar y no disminuir”, como lo establece la Carta Magna.

Ayer, la reforma fue presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, junto con las firmas, entre ellas, de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, y de Mónica Fernández, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Dicha reforma, va acorde a uno de los planteamientos presentados el 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador como reforma al Poder Judicial para limitar a los jueces.

Por esto, la organización explicó que están de acuerdo con lo que ha señalado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a que el amparo permite a los jueces determinar si se ha violado o no un derecho humano.

“La Jufed hace un atento llamado a los legisladores federales para que esta iniciativa de reformas se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos”, se lee en el documento. 

HRW expresa preocupación por reformas que limitarían la Ley de Amparo

Human Rights Watch (HRW) expresó este jueves su preocupación por una iniciativa de reforma en nuestro país que limitaría la Ley de Amparo para que los jueces no puedan suspender de forma provisional obras o legislaciones cuestionadas por organizaciones civiles y empresas.

“Nos preocupan las propuestas de reformas a la Ley de Amparo. Se trata de una iniciativa que limita el derecho a la protección judicial y con ello expone a la ciudadanía a violaciones de derechos humanos”, expresó la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en una publicación en X.

La organización reaccionó a la reforma aprobada el miércoles en comisiones del Senado, donde Morena pide modificar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo para que los jueces no detengan obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones de derechos humanos.

Los legisladores de Morena han cuestionado a jueces por frenar obras polémicas como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.

Tyler Mattiace, investigador sobre México de HRW, alertó de que el “Senado mexicano está considerando cambios a la Ley de Amparo que harían más difícil que las personas se defiendan ante leyes o acciones del gobierno que afectan sus derechos”.

“La protección judicial es un derecho humano. Los senadores deberían rechazar la iniciativa”, expuso también en X.

López Obrador ha acusado en reiteradas ocasiones a los jueces de ser “corruptos” y “trabajar para la oligarquía” por suspender sus reformas legales y obras públicas al analizar o conceder amparos.

La actual iniciativa de Morena aún debe votarse en el pleno del Senado y después en la Cámara de Diputados. Con información de Latinus y El Sol de México.

Estados Unidos emitió este miércoles una alerta de viaje para el estado de Chiapas, por la crisis de violencia que atraviesa.

La Embajada de EU en México detalló que debido a reportes de medios de comunicación sobre el incremento de violencia en el municipio de Ocozocoautla, los empleados del gobierno estadounidense tienen instrucciones de evitar la zona de conflicto.

Al emitir la alerta, la Embajada calificó a Chiapas en el nivel dos, de cuatro, de sus avisos de viaje. Es decir, pidió a sus connacionales tomar mayores precauciones.

En un comunicado apuntó que si alguna persona estadounidense se encuentra en Chiapas, es necesario buscar refugio y avisar a sus familiares y amigos sobre su ubicación y seguridad.

Ocozocoautla es una de las localidades donde han habido enfrentamientos entre el crimen organizado y fuerzas de seguridad mexicanas. Ayer, en una disputa armada dos personas perdieron la vida. Un día antes, dos policías fueron asesinados.

En Chiapas la violencia se intensificó en los últimos meses por la presencia del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que se enfrentan por controlar el territorio.

De acuerdo con el mapa de riesgos de México, de la Embajada estadounidense, sólo Campeche y Yucatán son estados seguros para viajar. Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero son estados calificados en el nivel 4 de riesgo. Esto quiere decir que el gobierno norteamericano recomienda no viajar a estas entidades.

El resto del país se encuentra dividido en niveles 2 y 3, tomar mayores precauciones y reconsiderar viajar, respectivamente. Zacatecas es calificado como un estado con alto riesgo de seguridad.

En febrero de este año, la Embajada de Estados Unidos ya había emitido un alerta de viaje al pueblo de Ciudad Hidalgo, ubicado en la parte sur de Chiapas, debido al aumento delictivo, su radio de seguridad se encontraba hasta 10 kilómetros alrededor del pueblo. Con información de El Sol de México.

Más de mil elementos federales pertenecientes al Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN), y personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSyPC), participaron en el banderazo de inicio del Despliegue de Unidades en Refuerzo a la “Operación Chiapas Seguro”.

Este martes se dio el banderazo de inicio del Despliegue de Unidades en Refuerzo a la “Operación Chiapas Seguro” que se implementará en las regiones Centro y Frailesca del estado de Chiapas, cuyo objetivo será garantizar la gobernabilidad, la paz y la seguridad en la región.

El operativo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno llevará a cabo reconocimientos radiales y el establecimiento de puestos de seguridad en las regiones anteriormente mencionadas.

Este importante despliegue de Unidades en Refuerzo a la “Operación Chiapas Seguro” tiene la finalidad de coadyuvar en la estrategia del Estado mexicano para continuar fortaleciendo la seguridad y restaurar el tejido social, a través de acciones coordinadas y apegadas a derecho.

De acuerdo al comunicado, con estas acciones se fortalecen la seguridad, el Estado de derecho y la coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la paz, el bienestar y seguridad de los ciudadanos.

“¿Crisis?, la que tienen en sus mentes” - Enrique Peña Nieto, en respuesta a las críticas sobre la situación económica y de seguridad en su sexenio.

El robo del siglo a la clase trabajadora

 

Lo de Arturo Zaldívar, un caso extraordinario de corrupción institucional

La frase dicha por Enrique Peña Nieto “¿Crisis?, la que tienen en sus mentes” también aplica al presidente López Obrador, a unos meses de su partida, a menos de cinco meses y medio, es decir 167 para que el tormentoso gobierno de la 4T termine.

Cual crisis diría López Obrador, y si la hay, pues tendrá que romper el “cochinito”, pero como la hay, tendrá que hacer uso de recursos que no son suyos, pero sí de los mexicanos, al fin y al cabo, este nunca ha respetado la ley y mucho menos hoy que necesita dinero, pues el país está quebrado debido a una mala administración de su gobierno.

Esta vez ya le hecho el ojo al dinero de los trabadores, sus pensiones, las afores, que poco le importa robarle su dinero, on el respaldo de sus incondicionales, lacayos y lamebotas sus empleados, los legisladores, solo así se podrá salir con la suya, a menos que el Poder Judicial lo frene una vez más como siempre lo ha hecho.

Y es que este martes avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa para consumar el atraco del siglo. Si esta vez López Obrador se “lame los bigotes”, para robarles a los trabajadores 40 mil millones de pesos que son un esfuerzo de más de 70 años que no han reclamado su dinero en las afores.

Estos serán confiscados por el gobierno de la 4T dizque para llevarlos  al Fondo de Pensiones del Bienestar, con la complicidad de sus gatos, los legisladores de Morena, PT y PVEM

Son los ahorros de los trabajadores, aunque los Morenistas cómplices de este atraco digan lo contrario, bajo el argumento que es una reforma que están impulsando en San Lázaro un “fondo solidario para las pensiones y que beneficiarán a los que ahora son despojados con una pensión mayor de 16 mil pesos, una gran mentira porque dinero no hay, ya se acabo, por eso hace uso ilegal de las pensiones.

Lo cierto es que el gobierno corrupto de AMLO, se estará apropiando, robando, hurtando, atracando o como quiera llamarle,  tomando recursos que no son le pertenecen, sino de particulares.

Mejor dicho, es dinero de gente trabajadora responsable que ahorro para su retiro, y la perversa idea del mesías tropical, es  la de crear un fondo de pensiones del bienestar.

En los hechos suena bien, pero “bienestar”, es sinónimo de corrupción en este gobierno, y no dudamos que ese dinero se vaya a la compra de votos de Morena.

Tomando en cuenta que el emperador de Macuspana nunca cumple lo que promete, le esta vendiendo la idea con su “estafa maestra” que garantizará a todos los ingenuos que no hagan el reclamo de manera oportuna de su dinero, un retiro con el 100 por ciento de su sueldo a quienes se jubilarán con el esquema de Afores aprobado en 1997.

Solo que López Obrador no ha tomado en cuenta que ese ese dinero tiene dueño, quienes por angas o mangas no lo han retirado, por lo que el mentiroso presidente, Morena y la 4T, esperan aprovechar la primera oportunidad para robarse el dinero y ese momento ha llegado.

Lo que más preocupa de la reforma que es un timo a los trabajadores, porque no se trata de dos pesos, son poco más de 40 mil millones de pesos que sin reglas claras, podrían in parar cualquier obra faraónica interminables de AMLO.

Sin duda se trata de un timo, porque según la 4T el fondo se va a complementar con un porcentaje de las ganancias que generen el Tren Maya, la aerolínea militar de Mexicana de Aviación y el AIFA, Dos Bocas si algún día llega a refinar, las ganancias  serán repartidas a los trabajadores.

Pero si no hay ganancia, lo más seguro es que los trabajadores se queden “chiflando en la loma”, porque López Obrador en menos de seis meses ya se va y saldrá loco de contento con todo lo robado a millones de mexicanos.

La corrupción de Zaldívar y AMLO del más alto nivel del Estado mexicano.

Aun con la defensa a ultranza que le hace el presidente López Obrador al ex ministro de la Corte, Arturo Zaldívar por sus corruptelas durante su gestión, traicionó al Poder Judicial por quedar bien con el presidente.

Es una muy buena señal que la presidenta de la Suprema Corte el anunció de una investigación de los actos de su predecesor.

La impunidad que caracteriza a la vida pública en México se alimenta en buena medida de la incapacidad de élites y dirigentes para indagarse a sí mismos.

Por desgracia, en la investigación a los colaboradores del exministro Arturo Zaldívar hay tantas señales de sesgo y oportunismo político que una acción que, en principio tendría que ser bienvenida, termina generando “sospechosismo” como solía decir Santiago Creel.

Peor, castiga aún más la comprometida imagen que tiene la opinión pública sobre la dudosa imparcialidad de las autoridades judiciales.

Pero Zaldívar está más enlodado y le damos poco tiempo de vida tanto en el equipo de Claudia Sheinbaum y como aliado del presidente.

No creo que Zaldívar la libre, los señalamientos lo condenan, no es una blanca palomita pues lo las delicado y grave de la investigación que se le sigue en la Corte, a sus operadores políticos y el ex consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer, es un breve comentario que se podría configurar como un caso extraordinario de corrupción institucional del más altos niveles del Estado mexicano.

Aunque Arturo Zaldívar se defiende como “gato boca arriba” y aunque todas sus huestes lo defiendan, incluyendo la consentida del presidente, Claudia Sheinbaum y del mismo presidentes, el escandalo es mayúsculo, que incluso puede hacer que López Obrador salga corriendo como perro con la cola entre las patas. Veremos.

Del Montón

El fiscal de Estados Unidos, Merrick B. Garland, aseguró que los grupos criminales mexicanos son más ricos que ciertos países y que hay partes de México donde es difícil combatirlos, son organizaciones delictivas altamente rentables, y difícil combatirlas porque México se niega a cooperar, según expresó ante la Cámara de Representantes que está encargada de revisar el dinero que es otorgado al Departamento de Justicia. “Los cárteles son enormemente rentables, tienen más dinero que algunos Estados-nación y hay lugares en México donde es difícil lidiar con los cárteles”, son parte de las declaraciones del fiscal estadounidense. En un informe del Departamento de Justicia que registra un discurso de Merrick Garland sobre el financiamiento, se puede leer: “Utilizaremos estos recursos para continuar nuestros esfuerzos por desmantelar la cadena de suministro global de fentanilo y desmantelar a los cárteles responsables de inundar de veneno nuestras comunidades”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

EL COMPLEJO ACTO DE VOTAR.

Seis boletas le darán al elector…

La boleta tendrá al menos 7 recuadros…

¿Aparecerá Eduardo Ramírez 9 veces?…

 

¿Sabe el ciudadano quiénes son sus candidatos?...

LA CONFUSIÓN ELECTORAL…

Los mexicanos estaremos en la más difícil decisión del momento el día de las elecciones del domingo 2 de junio-2024 cuando tengan que emitir su voto en un complejo acto de votar; cuando se le entreguen seis boletas para elegir a la o el Presidente de la República, el Gobernador y Senador de su Estado; el Diputado de su distrito, local o federal y Presidente Municipal de su localidad.

Pero habría que preguntarse: ¿saben los electores quienes son los candidatos contendientes a nivel Presidencia de la República, Gobernadores y Senadores de sus Estados y los aspirantes a Diputados locales y federales como a las Presidencias Municipales y por qué partidos? Es una mezcolanza de situaciones que la mayoría de ciudadanos no entienden ni saben cómo y por quién votar.

En un mismo acto y momento, el elector tendrá que cruzar el cuadro de cada una de las seis boletas (o tacharlas para anular su voto) porque quien desee votar, ya sea para la Presidencia de la República y Gobernador del Estado; otras para Senador, Diputado Federal y Local más de Presidente Municipal.

Y eso hasta hoy no lo han pensado los Consejeros del INE ni los organismos locales electorales de los estados y municipios. No hay una sola promoción del voto que enseñe a la gente cómo utilizar las boletas y marcar el cuadro correspondiente donde esté inscrito el nombre de su candidato.

Pero siendo seis posiciones de elección popular que estarán en disputa el domingo 2 de junio, solo en la de Presidente de la República la boleta tendrá ocho recuadros; en tres irán los nombres de XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ (PRI, PAN, PRD) y en iguales tantos el de CLAUDIA SHEINBAUM (Morena, PT, PVEM). En uno, el del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, y uno en blanco para que el elector ponga el nombre que se le ocurra.

El caso Chiapas es singular y diferente porque el candidato de Morena, PT y Verde Ecologista, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR lleva de cola a otros seis partidos de la chiquititada local; por lo que me pregunto; ¿la boleta llevará 9 recuadros con el nombre del famoso “Jaguar Negro; otros tres para la abanderada del Frente Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN, PRD), OLGA LUZ ESPINOSA MORALES y uno más para la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), KARLA IRASEMA MUÑOZ AGUILAR. En total 13 recuadros. Así, ¿Cómo votar?.

Reitero, ¿sabrán también los chiapanecos quiénes son sus candidatos a la presidencia municipal, senador, diputado local y federal? ¿Por qué partidos compiten cada uno de ellos, si es que lo saben? Puedo entender que en Tuxtla Gutiérrez ya deben saber que FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, mejor conocido como PACO ROJAS va con la alianza PRI, PAN y PRD; ÁNGEL TORRES CULEBRO por las siglas de Morena, PVEM y PT, más otros partiditos locales, que no sé cuántos. Y por último la candidatura de SALVATORE COSTANZO “SALVATUXTLA” que defiende el color naranja del Movimiento Ciudadano.

Pero no han de saber quiénes son los candidatos a senadores como es el caso de WILLY OCHOA (WILLIANS OSWALDO OCHOA GALLEGOS) que va con el sello del PRI-PAN-PRD; LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO por el Verde Ecologista y la dupla de SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLAR y JOSÉ MANUEL CRUZ CASTELLANOS abrigados por la sábana de Morena, PT y otros partidos parásitos locales.

Así tenemos que ver quiénes son los candidatos por los distritos federal y local de Tuxtla Gutiérrez, donde, cuando menos yo, sólo sé de GUILLERMO SANTIAGO “el de la gran robadera” que abandera Morena y EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS que va envuelto con la manta de los partidos PRI-PAN-PRD, en el distrito 9 de esta capital. Pero no sabemos de otros candidatos en los distritos locales y federales de Tuxtla.

Por todo este menjurje de candidatos que a nivel nacional se disputarán 20 mil 720 posiciones entre Presidencia de la República, 8 Gubernaturas de Estados, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 128 Senadores de la República; 500 Diputados Federales; las Legislaturas de 29 entidades, Presidencias Municipales y regidurías, los ciudadanos todavía no entienden la relevancia de estas elecciones de 2024.

Es recomendable que, tanto el INE como los organismos electorales de los Estados y Municipios, diseñen un proyecto de difusión para la instrucción de cómo están diseñada la boleta electoral, cómo irán inscritos los nombres de los candidatos y cómo cruzar el cuadro o los cuadros para que sea válido su voto; porque la mayoría de los mexicanos entrarán en una confusión cuando les empiecen a entregar boletas tras boletas y no sepan cómo utilizarlas. Además se debe hacer una promoción del voto más agresiva, intensiva e ilustrativa.

Se las dejo de tarea porque si no, habrá una gran decepción de las elecciones e indiferencia cómo se percibe hoy; además, un alto índice de votos nulos y ganará el abstencionismo. Sobre aviso no hay engaño…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

El conflicto diplomático entre México y Ecuador ha repercutido a través del mundo suscitando una cobertura mediática muy amplia. Esa situación despierta interrogantes sobre hasta dónde dicho conflicto puede afectar la vida interna de ambos países, los marcos normativos internacionales y, en general, el futuro de los problemas de seguridad y violencia que sacuden a la mayoría de los países latinoamericanos.

El motivo del enfrentamiento fue el allanamiento de la embajada de México en Ecuador por parte de fuerzas policiacas de ese país en búsqueda del exvicepresidente Jorge Glas, que estaba acusado de diversos delitos.

Glas se encontraba en la embajada en calidad de “huésped”, esperando la concesión de asilo, cuando la embajadora de México fue declarada persona non grata como respuesta a las declaraciones que hiciera el presidente López Obrador en su conocida “Mañanera” sobre la falta de legitimidad de las elecciones que llevaron a la presidencia al actual presidente Daniel Noboa. Antes de la salida de la embajadora se concedió el asilo a Glas.

El allanamiento de una embajada es un caso extremadamente grave, tomando en cuenta la importancia que concede la comunidad internacional a respetar las normas establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como a Convención de Caracas sobre el mismo tema.

La violación de la integridad de recintos diplomáticos, considerados territorio de los Estados ahí representados, ha dejado recuerdos muy amargos. Uno de los casos más famosos durante el siglo XX fue la ocupación y toma como rehenes del personal de la embajada estadunidense en Irán. Semejante acción fue un momento de transición de la política de Estados Unidos hacia Irán y en general hacia el Medio Oriente, cuyas consecuencias se resienten todavía. Han dado el tono a un ambiente de temores y desconfianza que poco ha contribuido a la paz y la seguridad internacional en esa parte del mundo.

No es sorprendente la reacción generalizada de condena a la acción ecuatoriana contra la embajada de México en Quito. Casi la totalidad de Estados de América Latina y el Caribe, los países europeos, Canadá y Estados Unidos y numerosos organismos internacionales han condenado el hecho.

La acción diplomática se ha extendido. En efecto, se ha convocado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que convoque a una reunión de cancilleres. Por otra parte, la presidenta en turno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) ha convocado a una reunión de los Estados miembros para pronunciarse sobre el allanamiento de la embajada de México en Ecuador.

Las reuniones anteriores conducen a la pregunta de qué puede hacerse, dentro de los marcos normativos existentes, para ir más allá de reiterar las condenas ya expresadas y proponer canales para la deseable normalización de las relaciones entre México y Ecuador. Desde luego que pueden añadirse considerandos más elaborados y significativos, pero se debe tomar en cuenta que en el caso de la CELAC se necesita de unanimidad para poder aprobar una resolución, y en el caso de la OEA el presidente López Obrador mantiene una enorme antipatía por su secretario general, y poco reconocimiento a las tareas de esa organización. Es poco probable, pues, que lo que ahí ocurra tenga significado, con excepción de la mala impresión que, en el caso de la OEA, puede dejar la posición inesperada de México.

La banalidad de las acciones en los organismos mencionados no significa que detrás del diferendo entre Ecuador y México no se encuentren problemas de fondo que merecen una seria reflexión. Sin embargo, el momento y el espacio para hacerlo no es ahora. México se encuentra en pleno proceso electoral, Noboa busca su reelección el año 2025. Es importante no contaminar las elecciones exaltando sentimientos nacionalistas que, echados a andar, podrían conducir a episodios de violencia muy desafortunados.

Los problemas más serios asociados al conflicto tienen que ver con temas sensibles sobre los que es difícil llegar a conclusiones en poco tiempo. Por ejemplo, sería necesario una definición más clara del otorgamiento de asilo para evitar que éste se determine sin cumplir requisitos básicos, como lo es la evidencia rigurosa de que no se trata de proteger a delincuentes.

De otra parte, es extremadamente difícil, aunque necesario, determinar cuándo se viola el principio de no intervención. Pronunciarse desde el Poder Ejecutivo sobre situaciones que corresponden a la jurisdicción interna de otro Estado ocurre, muy frecuentemente, por parte de grandes potencias; pregúntenle si no a Trump. Sin embargo, ello no justifica que otros países lo hagan sin que se reconozca que son actos de intervención.

Ahora bien, el problema que no se está abordando en el tratamiento del conflicto México-Ecuador es el de la violencia que de manera acelerada se ha apoderado de algunas regiones de Ecuador; Guayaquil es uno de los mejores ejemplos. La actividad de los cárteles, algunos de ellos asociados con cárteles mexicanos, ha dado lugar, a su vez, a una militarización acelerada, acompañada de violaciones de derechos humanos que recuerda vivamente lo que está ocurriendo en El Salvador.

Un último tema a considerar es la importancia para la diplomacia mexicana de proceder a llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia asumiendo, después, un bajo perfil desde Palacio Nacional y delegando declaraciones y tomas de posición a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde ahí se deben abordar los problemas jurídicos, que seguramente surgirán en las etapas siguientes, con un alto profesionalismo que coloque el problema lejos de una escalada verbal que sería contraproducente, tanto para la conducción del proceso electoral como, más tarde, el manejo de la política exterior por parte del gobierno que resulte electo.

La figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ha generado un interesante debate en la agenda pública por la inminente discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su aplicabilidad o no, en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso García Rodríguez y otros vs México, del 25 de enero del 2023. Veamos.

Primero. La prisión preventiva es la privación de la libertad personal de un imputado de un delito, la cual puede ser prisión preventiva justificada; es decir, el ministerio público debe fundar y motivar por qué considera que no debe imponerse una medida cautelar distinta para evitar que el presunto responsable pueda evadirse de la acción de la justicia y la prisión preventiva oficiosa, la cual se dispone como una obligación para el juzgador en diversos delitos considerados como graves expresamente enunciados, así como en otros “delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”. En este último caso, la oficiosa, la propia Constitución no reclama el deber de investigación y argumentación técnico-jurídica del ministerio público, como sí lo requiere en la denominada prisión preventiva justificada. En la sentencia citada de la CIDH, el máximo órgano jurisdiccional resolvió que la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 constitucional es incompatible con lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras razones porque: “a) no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; b) tampoco deja la posibilidad de ponderar la aplicación de la medida cautelar a través de un análisis la necesidad de la misma frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, y c) se establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso”. (párrafo 295 y ss.) Asimismo ordena a México adecuar su normatividad interna y se hace eco de la propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que deje de aplicarse en tanto no se lleven a cabo las reformas en cuestión.

Segundo. La SCJN ha decidido analizar cómo dar cumplimiento al mandato de la CIDH sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en un ejercicio significativo sobre qué debe prevalecer, si la Convención Americana y su interpretación por la propia CIDH o lo establecido en el artículo 19, segundo párrafo, de la CPEUM como hasta el día de hoy se ha hecho. Se trata de un tema que admite dos interpretaciones: privilegiar la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso sobre la seguridad colectiva o al contrario. No existe, por supuesto, un camino inequívoco. De esta suerte la solución tendrá que decantarse por asumir la interpretación formalista del derecho o aquella sistemática que hace suyos principios relativamente nuevos como el principio pro persona y la interpretación conforme que crecientemente han adquirido carta de naturalización constitucional y convencional por su acento en los derechos humanos. El gobierno federal ha solicitado a la SCJN que se pronuncie por dejar las cosas como están, porque de no hacerlo “impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy, según afirmó Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación. Habría que decir que no se trata efectivamente de personas condenadas por los delitos que se les imputan ni tampoco que haya la certeza de que esas 68 mil personas serán encontradas culpables.

De igual modo, la titular de Gobernación afirmó que no debe acatarse la resolución de la CIDH, porque: “Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia, ¿y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución”. Hay que apuntar que en el caso García Rodríguez y otros vs México, el país reconoció expresamente la jurisdicción de la CIDH (como ha sido siempre en México) e hizo valer en tiempo y forma sus razonamientos, que al final del día fueron desestimados para privilegiar una perspectiva de derechos humanos, razón por la cual, supongo, el ministro ponente Pardo Rebolledo propone la inaplicabilidad de esa disposición constitucional porque hay un mandato expreso de la CIDH, a mi juicio con una apreciable solidez argumental (https://acortar.link/SBep9w).

Tercero. Es importante precisar que no se propone que no exista la prisión preventiva, sino que esta figura se aplique en forma casuística haciendo el análisis particular de cada asunto y no “de oficio”; es decir, sin que medien elementos razonables de convicción de la idoneidad de esa medida. Con todo, cabe hacer notar que en el país las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva necesitan mejoras sustanciales para cumplir su finalidad como mecanismo alternativo para evitar llenar las prisiones del país. Se trata de un conjunto de medidas de política pública que deben poner en práctica los estados y la Federación para que esas alternativas sean eficaces en asegurar razonablemente que los imputados no se sustraigan del proceso legal. Esa realidad, que es innegable, no debería resolverse pagando justos por pecadores y -especialmente- la gran mayoría que no tiene la capacidad económica para pagar una defensa legal altamente profesional.

Durante más de quince años Sanjuana Maldonado ha vivido en prisión por un delito que no cometió.

De su expediente se desprenden irregularidades en su proceso penal, violaciones a sus derechos humanos y la omisión de las autoridades jurisdiccionales de juzgar su caso con perspectiva de género.

Frente a una sentencia firme que impide realizar alguna acción legal para impugnar la decisión judicial que la condena, como último recurso, el pasado 15 de febrero de 2024 la organización Perteneces A.C. acompañó a la familia de Sanjuana a presentar una solicitud de indulto al Congreso del estado de San Luis Potosí para que de manera inmediata se le conceda su libertad[1]. En el marco del 8M, a su vez, el gobernador del estado presentó otra petición de indulto, sumándose a la causa por su libertad[2].

Sanjuana creció en Charco Cercado, Guadalcázar, una comunidad con un alto índice de marginación, en la que se carecen de servicios básicos y no se cuenta con oportunidades educativas para sus habitantes. Debido a ello, Sanjuana decidió migrar a otro municipio de la entidad, Matehuala, para iniciar sus estudios superiores, y así cambiar su condición de vida.

Es en el año 2009, al encontrarse estudiando la universidad conoce a José, un hombre quince años mayor, quien ejerció violencia psicológica, simbólica y emocional en su contra. José, en el mismo año, la lleva bajo amenazas de dañarla a ella y a su familia, a cobrar un dinero a una tienda de autoservicio, Sanjuana desconocía su procedencia.

Allí Sanjuana decide no entrar a la tienda a realizar el cobro, por lo que se queda esperando en el estacionamiento. Minutos después es detenida por elementos de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por el delito de secuestro agravado.

El equipo legal de la organización leyó los cientos de fojas del expediente, a partir de lo cual pudo identificar que no se contaron con elementos suficientes para determinar su responsabilidad. De las múltiples irregularidades en su proceso se encuentran, por ejemplo, que su detención fue ilegal porque no se cumplieron con los requisitos de la flagrancia.

Se le mantuvo en arraigo por más de cuarenta días sin que se justificara la medida, tiempo que fue utilizado para obligarla a declarar sobre su participación en el delito. Su defensa fue inadecuada porque no se realizaron actos tendientes a demostrar su inocencia. Las pocas pruebas que fueron presentadas a su favor no fueron valoradas correctamente, tanto que se excluyeron las declaraciones de las personas que sí realizaron el cobro del dinero en las que sostuvieron que Sanjuana no sabía por qué se encontraba en el lugar de los hechos y que no había cobrado ningún rescate.

Asimismo, gracias al análisis del expediente se puede concluir que, si Sanjuana hubiera sido juzgada con perspectiva de género, se encontraría en libertad con su familia e hijos. Al respecto, la solicitud de indulto se presentó adjunta a un peritaje antropológico con perspectiva de género, en el que desde el modelo sistémico del continnum de violencia se estudió el contexto de vida de Sanjuana, concluyéndose que debido a los actos de violencia de género que experimentó durante su infancia y adolescencia, presentes en su psique y cuerpo, no tuvo oportunidad de actuar con completa autonomía en la decisión de acompañar a José Cruz al lugar de los hechos y poder salir de la relación violenta que llevaba con él.

También que Sanjuana fue víctima de una política criminal en el marco de la guerra contra el crimen organizado que conllevó que se le juzgara con mayor severidad, discriminándola, revictimizándola porque se construyó una historia falsa en la que se le hizo ver como una mala mujer, desechando su palabra y su experiencia de vida; despojándola de su identidady de su pertenencia a una comunidad que siempre la respaldó y pugnó por su libertad.

Desde ahí sí existieron suficientes elementos para reconocer su inocencia, pero no fueron considerados, pues se le trató como culpable desde su detención porque se debía cumplir con el mandato de encarcelar al mayor número de personas.

Recientemente diputados integrantes del Congreso señalaron que la solicitud se encuentra en estudio en las Comisiones de Justicia y Gobernación[3], para que después sea votada en el Pleno, para la cual se requiere la aprobación de 14 miembros de la legislatura para que Sanjuana sea libre.

De una simple lectura a su caso, se puede concluir que efectivamente Sanjuana cumple con los requisitos para que se elija por su libertad, pues solo es necesario que se demuestren la violación a sus derechos humanos y un indebido proceso.

Si bien, la ley no establece un plazo para resolver sobre la solicitud, cada día que pasa es un día más de permisión a las violaciones de sus derechos humanos, que el Estado mexicano se encuentra obligado de evitar.

La historia de Sanjuana refleja las deficiencias del sistema de justicia penal en México, y las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres como consecuencia de la ausencia de los tribunales por juzgar sus procesos penales desde la perspectiva de género.

Por eso, es un momento histórico para el Congreso de San Luis Potosí para reivindicar no solo los derechos humanos de Sanjuana, sino de todas las mujeres en México privadas injustamente de su libertad.

[1] El Universal, Marchan en SLP en apoyo a Sanjuana, mujer presa desde hace 15 años por un crimen que no cometió, 15 de marzo de 2024. Disponible en https://sanluis.eluniversal.com.mx/estado/marchan-en-slp-en-apoyo-a-sanjuana-mujer-presa-desde-hace-15-anos-por-un-crimen-que-no-cometio/

[2] Astrolabio, Gobierno de SLP se suma a la exigencia de indulto de Sanjuana,8 de marzo de 2024. Disponible en https://www.astrolabio.com.mx/gobierno-de-slp-se-suma-a-la-exigencia-de-indulto-para-sanjuana/ 

[3] La orquesta, Congreso de SLP ya inició análisis de solicitud de indulto para Sanjuana, 1 de abril de 2024. Disponible en: https://laorquesta.mx/congreso-de-slp-ya-inicio-analisis-de-solicitud-de-indulto-para-sanjuana/

El futuro incierto y de terror de AMLO

 

La Cuarta Transformación, precursora de las tragedias históricas de la Independencia, la Reforma y la Revolución * Los mensajes al pueblo de México de perpetuarse en el poder son funestos y constituyen un atentado a la democracia y a las instituciones republicanas

Durante toda su campaña de una decena de años, López Obrador llamó a la ciudadanía y al electorado a sumarse lo que hoy es su fallido proyecto de la Cuarta Transformación, como continuación de los tres grandes momentos estelares de la historia de México.

Según López, se erige en el continuador de la grandeza histórica de Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la Independencia de México de la Corona Española.

Según López, es precursor de la Reforma con Benito Juárez, a quien tocó el segundo gran movimiento nacional que consolidó la Independencia nacional.

En su deformada personalidad y de percepción histórica, López se asume también como heredero del mártir de la democracia, Francisco I. Madero, con la Revolución de 1910.

Lo que olvida el gran corruptor de la democracia y de atentado permanente a las instituciones nacionales, es que estos tres movimientos “transformadores” derivaron en severas y nefastas tiranías como la que hoy pretende extender con su corcholata marioneta Claudia Sheinbaum.

La Independencia de México -en vez de abrir el camino hacia la prosperidad de la nación- derivó en la dictadura militar del general Anastasio Bustamante.

El presidente Vicente Guerrero fue asesinado cuando el traidor italiano Picaluga lo entregó para que el vicepresidente de la República Bustamante implantara la dictadura militar.

Más grave fue cuando otro de los funestos resultados de la Independencia fue la dictadura de Antonio López de Santa Anna, quien usurpó la primera magistratura del país durante once periodos presidenciales.

Así, el resultado del primer gran movimiento transformador fue la dictadura militar y los intentos de perpetuidad santannista.

La Reforma iniciada por Juárez terminó también en un fracaso de la democracia mexicana. El resultado de la segunda gran transformación propició los treinta años de la dictadura de Porfirio Díaz. Por segunda ocasión México y sus próceres no supieron encontrar el camino de la democracia.

Francisco I. Madero, el líder revolucionario al que no se le puede negar sus méritos de haber destronado a Porfirio Díaz, no pudo concluir su obra para la pacificación y la prosperidad de la unión. Apenas gobernó 15 meses entre noviembre de 1911 y febrero de 1913 en que fue asesinado.

El movimiento revolucionario culminó con la traición de Victoriano Huerta, responsable del golpe de Estado, el asesinato del presidente Madero, del vicepresidente Pino Suárez y la usurpación de la Presidencia de la República.

La revolución mutó también en dos severas dictaduras: la surgida de la diarquía Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. La reelección de Obregón llevaba a la impronta de transferirse el poder alternadamente entre ambos personajes del grupo Sonora.

Y la segunda gran dictadura fueron los 71 años consecutivos que gobernó el PRI, sin oposición enfrente entre 1929 y el 2000.

Artífice de esa dictadura fue el presidente Lázaro Cárdenas. Si bien es cierto terminó con el intento del maximato callista, fue el artífice de la dictadura priísta y el presidencialismo mexicano que prevaleció hasta el último día del siglo XX.

Cárdenas, al que tanto admira el señor López, autorizó que el jefe de la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, operara el fraude electoral y el asesinato de cientos de opositores para impedir el triunfo de general Juan Andrew Almazán.

Tiene razón López cuando dice que va por la Cuarta Transformación. Ya se avizora que los resultados serán los mismos, heredados de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

López Obrador, quien llegó a la Presidencia de la República con el discurso de la democracia y la anticorrupción, resultó ser el más autoritario y el más corrupto de todos los presidentes de los ciclos priístas y panistas a los que tanto critica.

Los mensajes al pueblo de México de perpetuarse en el poder son funestos y constituyen un atentado a la democracia y a las instituciones republicanas.

Ha amenazado con que la oposición no volverá a ganar y que será presidenta una mujer que piensa como él. El único referente de tan cruenta amenaza es la corcholata Claudia Sheinbaum.

La premonición del usurpador adelantado de la voluntad popular es de un significado de proporciones incalculables. Sin ningún recato advierte que utilizará todo el aparato de Estado para que Morena y sus secuaces permanezcan en el poder como calca del PRI octogenario.

Sigue así los mismos pasos en que terminaron los tres grandes movimientos transformadores que según él, dice, precedieron a su hoy frustrada Cuarta Transformación.

Está a la vista que la cuarta regresión está diseñada para imitar las dictaduras militares de Anastasio Bustamante y Antonio López de Santa Anna, así como al sempiterno porfiriato al que tanto fustiga para compararlo con los conservadores, cuando que él es un retrato del santannismo, el porfirismo y el priísmo en México.

La cuarta regresión va en camino de imitar el golpe de Estado de Victoriano Huerta si los resultados electorales no le favorecen a la asesina del Metro de la Ciudad de México, aunque trate de ocultar sus intentos golpistas con el cuento de que la oposición prepara un gran fraude electoral.

Lo malo es que López Obrador no conoce las lecciones de la historia patria o pretende ignorarlas. Todos los que han pretendido perpetuarse en el poder, finalmente han sido defenestrados y han terminado en el basurero de la historia. Ahora López Obrador es candidato de irse a La Chingada y no precisamente a su rancho de Palenque.

López, quien pretende reelegirse en la figura de Claudia Sheinbaum, si bien le va terminará exiliado en algún país de las dictaduras cubana, venezolana o nicaragüense. Pero si los vientos no le favorecen terminará en la cárcel. Ni en La Chingada tendrá la oportunidad de ir a vivir.

Su futuro es incierto y de terror. La DEA, la Oficina de Inteligencia de Estados Unidos y el Comando Norte andan detrás de él y ni aun cuando la usurpadora corcholata fuera presidenta de México podrá salvarse.

Queda pues a la vista que la pretensión de López Obrador es continuar por el camino de las regresiones que se gestaron desde la Independencia, la Reforma y la Revolución. López Obrador le queda deber todo a los mexicanos en desarrollo político, democracia, educación, salud, transparencia y -sobre todo- seguridad.

Así, las lecciones de la historia por las que hemos transitado desde la Independencia, la Reforma y la Revolución, llevan a la conclusión de que López Obrador pretende terminar su trágico gobierno con los intentos de continuación de los tres grandes procesos históricos a los que él apela para postularse como el gran heredero de Hidalgo y Morelos, Juárez y Francisco I. Madero. Ampliaremos…

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Padres de Familia de la Escuela Secundaria Guadalupe Victoria del fraccionamiento  Jardines del Pedregal de Chiapa de Corzo, realizaron una protesta en la capital chiapaneca para pedir a las autoridades educativas la construcción de salones y designación de docentes en beneficio de la comunidad estudiantil. 

Grey Sánchez Pérez, madre de familia de la escuela, dio a conocer que, se han reunido y con el respaldo de los maestros han decidido exponer las carencias que, desde hace varios mantienen a la comunidad estudiantil en condiciones precarias. 

“Existe casos de docentes que no les han pagado desde el año 2018, hacen falta maestros de matemáticas, maestros para que impartan talleres, falta un maestro de la materia de inglés”, manifestó. 

Recordó que ya habían designado un maestro, pero al considerar que la escuela está muy lejos no acude a impartir clases. 

“Se requiere urgentemente que se cubran esas horas. Lamentablemente las autoridades no entienden que la matrícula de la escuela está creciendo, se ha creado el grupo D, pero no hay aula, los niños están recibiendo clases en una galera, es una situación compleja”, expresó. 

 Por esta razón han creado un rol para que todos los grupos pasen por esta galera, para que todos los alumnos y padres de familia conozcan la situación que padece la institución que tiene en promedio 400 alumnos. 

Los inconformes dan a conocer que la escuela y alumnos padecen la falta  de 3 salones y seis maestros para cubrir las materias que hace falta impartir.  

Lamentaron que, después de tanto tiempo todavía no hay sido escuchados por las autoridades educativas, que siempre han pregonado un gran apoyo para la educación en el estado. 

“Tomaremos acciones radicales en caso de que no tomen en cuenta nuestras peticiones. Estamos cansados de esperar por una mejor educación para nuestros hijos”, concluyó.

Los militantes del Partido Sinaloense (PAS) Luis Alfonso García Corrales, secretario de organización política y Juan Francisco Cerón Beltrán fueron localizados esta mañana después de haber sido levantados la mañana del sábado 13 en la zona sur de la capital del estado.

Esta información fue dada a conocer por el dirigente de ese partido, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien en sus redes sociales comunicó que ambos militantes se encuentran sanos y salvos en sus hogares.

“Hacemos votos por vivir en paz y armonía, que sucesos tan terribles como el ocurrido dejen de estar presentes en nuestro día a día”, escribió.

Sinaloenses. Con mucha alegría les comunico que nuestros compañeros Luis y Francisco ya están sanos y a salvos. Hoy es un día maravilloso para familiares y amigos que sufrimos la violencia que hoy se vive.

Hacemos votos por vivir en paz y armonía, que sucesos tan terribles como…

— Héctor Melesio Cuén (@melesiocuen) April 16, 2024

Derivado de la privación ilegal de los militantes del PAS, este partido había cancelado su proselitismo en el actual proceso en donde va en coalición con lo partidos nacionales Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

La desaparición de los militantes del PAS, partido de oposición a Morena en Sinaloa, se dio poco menos de 48 horas antes del inicio de campañas locales en donde se renovarán 20 ayuntamientos y al Congreso local.

El gobernador Rubén Rocha Moya también emitió posicionamiento en sus redes sociales.

“Desde nuestra responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo del Estado, estamos ejerciendo de manera responsable y coordinada con las autoridades de seguridad del gobierno federal, las tareas para garantizar las condiciones de seguridad para todas y todos los sinaloenses, incluidos las y los candidatos a cargos de elección popular”, escribió.

He sido informado que tanto Luis Alonso García Corral como Juan Francisco Cerón Beltrán, militantes del @PAS_Sinaloa, se encuentran en sus hogares, reunidos con sus familias.

Desde nuestra responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo del Estado, estamos ejerciendo de manera…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 16, 2024

Respecto a la investigación sobre los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) apenas comunicó que se trabajaba en los hechos, sin confirmar si efectivamente como lo muestran videos de cámaras de seguridad, una patrulla de la policía estuvo inmiscuida en el levantón de ambos militantes.

Respecto al tema de seguridad, Cuen Ojeda señaló directamente al gobernador Rocha por estos levantones, a lo que el morenista respondió que debe tomarse como línea de investigación un “autosecuestro”.

Y 24 horas más tarde de estas declaraciones García Corrales, secretario de organización del PAS y su compañero de partido son localizados.

Periódico impreso edición No. 2853 del día 17 DE ABRIL del 2024. [Leer completo].

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Norma Lucía Piña Hernández; y rechazó cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico.

Subrayó que el juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante.

“En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, refirió el organismo en un comunicado.

Aseveró que todos los servidores públicos y quienes pertenecen a la carrera judicial, están comprometidos con la rectitud en su actuar y deben comportarse conforme al Código de Ética del Poder Judicial Federal.

“Así como asumir su responsabilidad por acción u omisión, frente a quejas o denuncias que se presenten en su contra”, señaló la Jufed.

Destacó que no es atípico que se presenten quejas y denuncias en contra de los juzgadoras ante el CJF y que alguna de las partes considere que no se actuó conforme a determinados parámetros o porque no resultó ganadora en un proceso.

La Jufed resaltó que en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de juzgadores, por resolver en favor de los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales, se ha incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias.

También refrendó su compromiso con la Constitución, la sociedad y la justicia. Con información de EL UNIVERSAL.