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Sun, Apr
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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces Federales de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su preocupación por la aprobación en comisiones del Senado, por parte de Morena y sus aliados, a la propuesta para reformar los artículos 128 y 148 de la Ley de Amparo.

Esta reforma impediría a jueces dictar suspensiones de normas aprobadas por el Congreso de la Unión u obras del gobierno, aunque estas atenten derechos humanos o vayan en contra de la Constitución.

“Se precia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, pues se daría un trato desigual a quienes aun no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución”, indicó la organización de magistrados y jueces en un comunicado.

Asimismo, indicó la Jufed, que esta iniciativa afectaría principalmente a los jueces, dado que ellos deben de actuar en beneficio de las personas, además de que los derechos humanos “deberían aumentar y no disminuir”, como lo establece la Carta Magna.

Ayer, la reforma fue presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, junto con las firmas, entre ellas, de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, y de Mónica Fernández, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Dicha reforma, va acorde a uno de los planteamientos presentados el 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador como reforma al Poder Judicial para limitar a los jueces.

Por esto, la organización explicó que están de acuerdo con lo que ha señalado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a que el amparo permite a los jueces determinar si se ha violado o no un derecho humano.

“La Jufed hace un atento llamado a los legisladores federales para que esta iniciativa de reformas se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos”, se lee en el documento. 

HRW expresa preocupación por reformas que limitarían la Ley de Amparo

Human Rights Watch (HRW) expresó este jueves su preocupación por una iniciativa de reforma en nuestro país que limitaría la Ley de Amparo para que los jueces no puedan suspender de forma provisional obras o legislaciones cuestionadas por organizaciones civiles y empresas.

“Nos preocupan las propuestas de reformas a la Ley de Amparo. Se trata de una iniciativa que limita el derecho a la protección judicial y con ello expone a la ciudadanía a violaciones de derechos humanos”, expresó la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en una publicación en X.

La organización reaccionó a la reforma aprobada el miércoles en comisiones del Senado, donde Morena pide modificar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo para que los jueces no detengan obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones de derechos humanos.

Los legisladores de Morena han cuestionado a jueces por frenar obras polémicas como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.

Tyler Mattiace, investigador sobre México de HRW, alertó de que el “Senado mexicano está considerando cambios a la Ley de Amparo que harían más difícil que las personas se defiendan ante leyes o acciones del gobierno que afectan sus derechos”.

“La protección judicial es un derecho humano. Los senadores deberían rechazar la iniciativa”, expuso también en X.

López Obrador ha acusado en reiteradas ocasiones a los jueces de ser “corruptos” y “trabajar para la oligarquía” por suspender sus reformas legales y obras públicas al analizar o conceder amparos.

La actual iniciativa de Morena aún debe votarse en el pleno del Senado y después en la Cámara de Diputados. Con información de Latinus y El Sol de México.

Estados Unidos emitió este miércoles una alerta de viaje para el estado de Chiapas, por la crisis de violencia que atraviesa.

La Embajada de EU en México detalló que debido a reportes de medios de comunicación sobre el incremento de violencia en el municipio de Ocozocoautla, los empleados del gobierno estadounidense tienen instrucciones de evitar la zona de conflicto.

Al emitir la alerta, la Embajada calificó a Chiapas en el nivel dos, de cuatro, de sus avisos de viaje. Es decir, pidió a sus connacionales tomar mayores precauciones.

En un comunicado apuntó que si alguna persona estadounidense se encuentra en Chiapas, es necesario buscar refugio y avisar a sus familiares y amigos sobre su ubicación y seguridad.

Ocozocoautla es una de las localidades donde han habido enfrentamientos entre el crimen organizado y fuerzas de seguridad mexicanas. Ayer, en una disputa armada dos personas perdieron la vida. Un día antes, dos policías fueron asesinados.

En Chiapas la violencia se intensificó en los últimos meses por la presencia del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que se enfrentan por controlar el territorio.

De acuerdo con el mapa de riesgos de México, de la Embajada estadounidense, sólo Campeche y Yucatán son estados seguros para viajar. Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero son estados calificados en el nivel 4 de riesgo. Esto quiere decir que el gobierno norteamericano recomienda no viajar a estas entidades.

El resto del país se encuentra dividido en niveles 2 y 3, tomar mayores precauciones y reconsiderar viajar, respectivamente. Zacatecas es calificado como un estado con alto riesgo de seguridad.

En febrero de este año, la Embajada de Estados Unidos ya había emitido un alerta de viaje al pueblo de Ciudad Hidalgo, ubicado en la parte sur de Chiapas, debido al aumento delictivo, su radio de seguridad se encontraba hasta 10 kilómetros alrededor del pueblo. Con información de El Sol de México.

Más de mil elementos federales pertenecientes al Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN), y personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSyPC), participaron en el banderazo de inicio del Despliegue de Unidades en Refuerzo a la “Operación Chiapas Seguro”.

Este martes se dio el banderazo de inicio del Despliegue de Unidades en Refuerzo a la “Operación Chiapas Seguro” que se implementará en las regiones Centro y Frailesca del estado de Chiapas, cuyo objetivo será garantizar la gobernabilidad, la paz y la seguridad en la región.

El operativo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno llevará a cabo reconocimientos radiales y el establecimiento de puestos de seguridad en las regiones anteriormente mencionadas.

Este importante despliegue de Unidades en Refuerzo a la “Operación Chiapas Seguro” tiene la finalidad de coadyuvar en la estrategia del Estado mexicano para continuar fortaleciendo la seguridad y restaurar el tejido social, a través de acciones coordinadas y apegadas a derecho.

De acuerdo al comunicado, con estas acciones se fortalecen la seguridad, el Estado de derecho y la coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la paz, el bienestar y seguridad de los ciudadanos.

Trabajadoras de los Refugios Casas de la Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN) denunciaron públicamente una serie de irregularidades en su operatividad por la falta de recursos. 

Las profesionistas dieron a conocer que Cintia Xiomara Lorenzana Borrego, encargada del despacho de la SEIGEN, ha violado los derechos laborales, situación que ha sido denunciado con anticipación. 

Señalaron que, este mismo lunes fueron citadas a las 8 de la mañana en las oficinas de la dependencia para pagarles los tres meses de salario que se les adeuda. 

Pese a llevar todos los documentos requeridos, no se les pagó el adeudo, “entregamos todos los informes que nos solicitaron y en contraparte a nosotros se nos entregó un oficio donde se expone una renuncia voluntaria. 

“Nosotras no estamos renunciando, en el contrato no existe ninguna cláusula que nos obligue a renunciar para que nos den nuestros cheques. Desde enero del 2024 la actual administración de la SEIGEN tomaron la medida de que los usuarios mujeres e hijos realizaran trámites engorrosos, retrasando la atención”, señalaron. 

Por ello, ha hecho falta, agua, alimento y gasolina así como otros recursos para apoyar a las mujeres que acuden a solicitar la ayuda requerida. 

“Además bajo la mal llamada transparencia, se publicó una bolsa laboral a profesionistas para la prevención de la violencia extrema contra las mujeres y sus hijos. El 28 de marzo sin notificarnos que este programa aplica para refugios en las entidades federativas y al tener duda preguntamos de qué se trataba acordando una junta con la encargada del despacho para explicarnos la situación”, comentó. 

A la reunión no acudió la encargada, en su representación estuvo la directora Yesmin quien notificó que todas tenían que someterse al mecanismo de la convocatoria. 

“No estamos en contra de la evaluación de nuestros trabajo, por el contrario, pero no encontramos lógica someternos a un proceso de nuevo ingreso, más bien se atropellan nuestros derechos laborales, porque ya pasamos por un proceso de selección”, agregaron. 

En este sentido expresaron que, la SEIGEN es una institución protectora de los derechos de  las mujeres, “pero no está cumpliendo con su visión, es por ello que, pedimos la intervención del gobierno del estado para poner un alto a estos atropellos”.

Habitantes de la frontera sur de México criticaron este domingo el plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar 110 dólares mensuales a migrantes deportados de Venezuela, Colombia y Ecuador porque piden que el dinero se destine a apoyar a familias con pobreza en la zona.

Javier Ovilla Estrada, presidente del comité de padres de familia de las escuelas fronterizas en los municipios de Tapachula, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Metapa, Unión Juárez y Ciudad Hidalgo, argumentó que los mexicanos no están en contra de los migrantes, pero pidieron atender primero los problemas locales.

Además, argumentó que los propios migrantes “están rechazando” el apoyo porque lo que quieren es seguir a Estados Unidos, por lo que pidió que los recursos se conviertan en becas “Benito Juárez”, creadas por López Obrador.

“Hay muchos niños que carecen de becas y que son de extrema pobreza, tanto el gobierno federal y estatal no han podido trabajar en ese tema y al no darle las becas los papás dicen que no mandan (a los niños) porque no tienen un pantalón, zapatos, una camisa o para comer”, lamentó en una entrevista con EFE.

López Obrador causó polémica el mes pasado cuando reveló que su gobierno acordó con Venezuela, Colombia y Ecuador dar 110 dólares mensuales por medio año a migrantes deportados a esos países mediante un programa social de prácticas profesionales, con el argumento que esto frena la migración.

El líder de los padres de familia de la frontera sur dijo sentirse decepcionado porque, según su conteo, hay 49 escuelas con más de 10 mil niños sin becas, cuyos recursos podrían provenir de esos 110 dólares que México promete a los migrantes.

Armando López Salas, presidente del comité de padres de familia “Emiliano Zapata Salazar” de la zona rural de la Libertad, manifestó que el reclamo de los padres de familia es que solo hay 75 becarios de un total de 384 niños en su plantel.

“Se lo pido de favor, (presidente López Obrador), preocúpese por los chiapanecos, por los mexicanos, por los municipios donde usted dice que todos tienen su beca, es mentira”, indicó a EFE.

Ramón Gómez Gómez, presidente de la sociedad de padres de familia, de la escuela Juan. N Álvarez, opinó que así como el mandatario se preocupa por otros países, también debería pensar en la frontera sur.

“La beca se utiliza para comprarle ropa, útiles y todo lo que necesita el niño para estudiar, no mitiga todos los gastos, pero ayuda un poco, siquiera para que los niños no falten a sus estudios, porque hay niños que no van, porque no tienen zapatos y uniformes”, relató.

El grupo de padres advirtió de que en caso de no tener respuesta, realizarán bloqueos en los puentes que conectan al país con Guatemala.

La frontera entre México y Centroamérica ha sido epicentro del flujo migratorio desde 2023, cuando México reportó un alza de cerca del 77% en la migración irregular, con más de 782 mil extranjeros indocumentados detectados. Con información de Latinus.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) sostiene la cifra de 25 muertos durante enfrentamientos entre grupos criminales en Chiapas, tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador asegurando que sólo hubo 10 muertes y se trataban de integrantes de grupos criminales.

“Nos mantenemos (en 25), ya que estamos partiendo de testimonios de personas que vivieron, que estuvieron en el lugar de los hechos, entonces nosotros seguimos confirmando esta cifra, estaría muy bien que el presidente diera cifras más concretas y una información mucho más completa de los hechos ocurridos”, dijo su directora Dora Roblero en entrevista con el periodista Claudio Ochoa Huerta para Latinus Diario.

La activista señaló que no tienen los nombres de las víctimas debido a que las personas cuidan su información por la situación de violencia en el estado y aseguró, además, que las autoridades encargadas de la investigación deben tener esos datos.

Para Dora Roblero los crecientes hechos de violencia en Chiapas no se deben sólo al proceso electoral, sino desde el 2021 el centro de derechos humanos ha denunciado y advertido de la situación, pero esta ha ido escalando.

“Nosotros vemos que eso tiene que ver con la omisión, la irresponsabilidad de las autoridades, (…) es muy lamentable de que a la fecha sigan sucediendo estos hechos y no haya por parte de las autoridades una ruta de investigación, de seguimiento y con información mucho más argumentada”, declaró.

Roblero declaró que varios grupos armados tienen presencia en Chiapas y el gobierno sabe de la situación, además que los hechos de violencia son valorados como una crisis de derechos humanos.

“Hacemos un llamado para que las autoridades asuman su responsabilidad ante esta situación y pues nos preocupa muchísimo que estén pasando estos hechos y que el único interés sea en el cuestionar las cifras, así sea una persona asesinada en las autoridades tienen la obligación y la responsabilidad de investigar y de dar información sobre los hechos”, aseveró la activista.

El pasado 2 de abril, Frayba afirmó tener conocimiento de que el 31 de marzo pasado ocurrió “una masacre en la localidad Niños Héroes, municipio La Concordia, donde, de acuerdo con testimonios, fueron asesinadas alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado”.

Ayer, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, negó la cifra de Frayba y aseguró que dichos enfrentamientos dejaron 10 muertos.

“Eso es lo que dice una organización de derechos humanos, que se quedó con la idea de que somos iguales nosotros a los represores de antes. Sí (hubo enfrentamiento) se dio información, fueron dos enfrentamientos de dos grupos en Chiapas y esta organización de derechos humanos habló creo que de 25, que no es cierto, deben ser como 10 en dos grupos, no, cinco en una parte y otro día otros cinco”, afirmó. Con información de Latinus.

El otro gran robo de AMLO, las pensiones

 

Preocupa reforma impulsada por Morena que limitaría Ley de Amparo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ahorros de las Afores no se verán afectados con la iniciativa de reforma para que los ahorros no reclamados en IMSS, ISSSTE y Afores sean trasladados automáticamente al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados no nos queda la menor duda que se trata de otra movida del presidente como muchas que ha tenido a lo largo del sexenio.

Pero esta es una pésima idea porque la iniciativa va a generar confusión, desconfianza, preocupación e incertidumbre y pánico entre los ahorradores del sistema

Después de más de 25 años de haberse creado este sistema de pensiones en México de las cuentas individuales de las Afores, el gobierno nunca había tenido una injerencia en la administración de éstos recursos.

Con la iniciativa del gobierno de López Obrador estaría rompiendo esta regla de este sistema para generar confianza y aunque afirme que no se va meter con el dinero de los trabajadores en activo, pero si se va a meter con ellos que después de un corto tiempo, por la razón que sea que no han reclamado sus ahorros y que hoy tienen una cuenta en Afore y se lo va llevar para que lo administre él, así de tramposo el tabasqueño.

En donde está la trampa de esta iniciativa con la que el presidente pretende sorprender a los trabajadores, con el gancho de prometer una mejor pensión, pero no será una inversión en donde el gobierno aporte recursos, no porque no los tiene, sino que será el dinero de los propios ahorradores.

Plan con maña del presidente, porque no es otra cosa que una promesa político electoral que hace a tan solo unas siente semanas de la elección, que tan mala es que va dejar una herencia al siguiente gobierno que quien sabe si habrá dinero, lo más posible es que no, y que tendrán que pagar las siguientes generaciones.

Lo que López Obrador está haciendo lo que siempre hace para perjudicar a los mexicanos, hacer caravana con sombrero ajeno, una promesa que es muy peligrosa porque dejará un mal precedente muy negativo y nocivo para el sistema de las Afores.

Por lo pronto, al presidente le brillan los ojos con dinero que no es suyo ni mucho menos del gobierno, es su propuesta para quitarle a las Afores el dinero no reclamado de pensiones para crear el “Fondo de Pensiones para el Bienestar, así de plano, pero si se le quiere llamar de otro modo, es un vulgar robo que el tabasqueño le quiere hacer a los trabajadores.

Se trata de un saqueo y un despojo en contra de las personas mayores, un robo que Morena y el presidente quieren hacer en este momento con la complicidad de la mayoría de los lacayos legisladores Morenistas en el Congreso.

Si la sucia maniobra del presidente y de Morena se logra, la 4T estará despojando a las personas de 70 años y más del ahorro que realizaron en su vida laboral, un esfuerzo muy grande y que esta mafia en el poder se lo piensan ribas.

El proyecto morenista y lopezobraodrista le han valido un sinfín de críticas, pero el rey macuspano intentó justificarse al decir que “sólo” se confiscará el dinero no reclamado, que legalmente consiste en los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que no han dejado de cotizar y por eso no han activado su retiro. 

Según AMLO, se trata de que el dinero no esté “sudando” en las Afores y que luego dichas empresas lo desaparezcan, sin embargo, a todas luces se trata de un robo a los adultos mayores. 

López Obrador se quiere quedar con tus pensiones una vez que cumplan 70 años; así de fácil. Si por alguna razón tú sigues trabajando, tu dinero, en automático, se va a ir a un fondo de pensiones que le llaman de bienestar”, y si eso pasa, jamás volverás a ver tus ahorros. 

También entra en esta situación el dinero de trabajadores que por la circunstancia que sea no hayan tramitado su retiro o hayan muerto antes de reclamar sus ahorros.

En este momento el gobierno está quebrado, ya no tiene dinero, por lo que no le caerían mal alrededor de 40 mil millones de pesos, que los derrocharía en un santiamén, pues como no es dinero suyo, poco le importa donde lo vaya a tirar y de ser así, miles de trabajadores si no protestan, o sacan su dinero de las Afores, se quedarán “chiflando en la loma.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces Federales de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su preocupación por la aprobación en comisiones del Senado, por parte de Morena y sus aliados, a la propuesta para reformar los artículos 128 y 148 de la Ley de Amparo.

La reforma impediría a jueces dictar suspensiones de normas aprobadas por el Congreso de la Unión u obras del gobierno, aunque estas atenten derechos humanos o vayan en contra de la Constitución.

“Se precia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, pues se daría un trato desigual a quienes aun no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución”, indicó la organización de magistrados y jueces en un comunicado.

Por otro lado, Human Rights Watch (HRW) también expresó su preocupación por una iniciativa de reforma en nuestro país que limitaría la Ley de Amparo para que los jueces no puedan suspender de forma provisional obras o legislaciones cuestionadas por organizaciones civiles y empresas.

Los legisladores de Morena han cuestionado a jueces por frenar obras polémicas como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.

Tyler Mattiace, investigador sobre México de HRW, alertó de que el “Senado mexicano está considerando cambios a la Ley de Amparo que harían más difícil que las personas se defiendan ante leyes o acciones del gobierno que afectan sus derechos”.

“La protección judicial es un derecho humano. Los senadores deberían rechazar la iniciativa”, expuso también en X.

López Obrador ha acusado en reiteradas ocasiones a los jueces de ser “corruptos” y “trabajar para la oligarquía” por suspender sus reformas legales y obras públicas al analizar o conceder amparos.

Del Montón

Una vez más, nos enfrentamos a la cruda realidad de la violencia política en México. En 2018, nos alarmamos ante lo que se proclamó como el proceso electoral más violento de la historia del país. Tres años después, en 2021, los números fueron aún más desgarradores. Y ahora, en 2024, lamentablemente, todo indica que volveremos a superar ese triste récord y esa triste realidad de la que difícilmente la sociedad civil libraremos, pues estamos secuestrados con los abrazos y no balazos, situación de la cual el único beneficiario es Andrés Manuel López Obrador. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.

Los panistas ya celebraban la derrota de AMLO

 

EU y Canadá y hasta Milei condenan a Ecuador

El conservador (y podría ser hasta filo panista) secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tuvo que doblarse ante su patrón, el presidente Joseph Biden, y operó eficazmente, muy eficazmente, para que el Consejo de esa organización, tan venida a menos por su conservadurismo, condenara enfáticamente el allanamiento de la Embajada de México en Quito, ordenada por el presidente ultraconservador Daniel Noboa y operada por la mexicana Mónica Palencia, abogada penalista nacida en Durango, quien se sumó a su Gobierno como Ministra de Gobierno, posición desde la cual orquestó el asalto a la Embajada mexicana, el pasado viernes 5 de este mes de abril. Y secuestrar al ex vicepresidente correísta, ingeniero Jorge Glas, acusado por el gobierno derechista de corrupción. Sin embargo, se le cayó el tinglado a la derecha representada por Noboa y a los albicelestes asentados en la avenida Coyoacán 1546 de la Ciudad de México, que ya festejaban el golpe en el pecho del presidente López Obrador.

Hasta el gobierno del presidente argentino Javier Milei, que guarda diferencias acentuadas con el presidente López Obrador, condenó, en voz de su representante ante el Consejo de la OEA, la agresión a México y la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que las embajadas son inviolables, son soberanas, son parte del territorio de los países. No le quedó otro remedio a Almagro más que propiciar una resolución condenatoria de la invasión armada, condenando al gobierno de Noboa. Y el presidente de la asamblea rindió un homenaje público al embajador, el jefe de la embajada violada, Roberto Canseco Martínez, quien fue agredido, humillado y golpeado por los esbirros ecuatorianos.

El miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución que condena la incursión de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada mexicana, ocurrida la noche del 5 de abril. Presentada por las delegaciones de Colombia y Bolivia, la resolución fue aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de países, siendo el único voto en contra el de Ecuador, pero por supuesto, mientras que México no se presentó a la sesión y el Salvador se abstuvo en la votación. El texto de la OEA resuelve “condenar enérgicamente la intrusión a las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia perpetrados contra la integridad y dignidad del personal diplomático de la misión”. El documento reafirma “la obligación de todos los Estados de garantizar el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas” y pide el respeto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que las embajadas son inviolables.

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas secuestraron con lujo de violencia al ex vicepresidente Glas, quien recibió una paliza de los policías agresores y ahora está preso, acusado de corrupción. Y todo porque es miembro del equipo del ex presidente izquierdista Rafael Correa, que formó un gobierno popular. Así las cosas, tensas hasta ahora, mientras el presidente ecuatoriano viajó a Miami, en plena crisis diplomática con México y la OEA en pleno, y explicó, antes de irse, que iba por asuntos personales, cuando lo que la realidad le exige estar presente y actuante para enfrentar la crisis de su gobierno. Y la Cancillería mexicana entregó la carpeta que registra los hechos del delito ecuatoriano a la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, para exigir la suspensión del país sudamericano como miembro de la ONU. La CIJ es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y es de esperarse que este órgano judicial de la ONU actúe de la misma manera que la OEA y porque no hay ninguna duda de que Ecuador violó las normas de convivencia diplomática y consular entre los estados miembros de esas organizaciones multilaterales.  Y todo por ese prurito de confrontación por odio que tiene la derecha, que el gobierno ecuatoriano actual no puede negar que es ultraconservador.

Primera versión: los relojes y joyas son artículos de antaño y fruto de un esfuerzo laboral con ahorros. Segunda versión: fueron regalo de un fan. Tercera: son préstamos ya devueltos.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado esos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi wayqui, mi hermano —quizás en el ánimo de querer representar bien a mi país— me los prestara”, es la más reciente explicación de la todavía presidenta del Perú, Dina Boluarte, del pasado 5 de abril ante la Fiscalía, sostenida en su alto cargo por el Congreso y grupos de apoyo que aseguran su vacancia sólo serviría para restarle institucionalidad al país andino.

Ésas fueron sus palabras ante el fiscal Juan Carlos Villena, quien inició la diligencia de toma de declaraciones a Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes Rolex, pulseras, joyas y otros objectos de valor, incluyendo presuntas irregularidades financieras, como la compra de un vehículo al contado.

A estas alturas una presidenta débil, por decirlo de manera suave, Boluarte está entrampada en una turbulencia política tras un aparente delito flagrante de enriquecimiento ilícito, según el código penal, provocado por el ahora conocido como el “Rolexgate”, que involucra su uso de relojes y accesorios de lujo sin empacho alguno que podrían haber causado un desequilibrio patrimonial que no fueron registrados en su declaración de bienes porque, dice ahora, no le eran propios.

Sus galimatías —que si los Rolex se los regaló Oscorima, gobernador de Ayacucho, para el día de su cumpleaños, o si sólo fueron “un préstamo”, versión que para muchos resulta inverosímil; que si se burla de los peruanos con declaraciones que subestiman a la ciudadanía; que si sus disculpas se las creen poco— no son suficientes para vacarla.

Hay más.

En una entrevista con Canal N, un importante medio local, Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio, indicó que estos hallazgos dirigieron a la jefa de Estado a una investigación por delito de lavado de activos: Boluarte “es investigada por el delito de lavado de activos y la misma Unidad de Inteligencia Financiera en su informe señala que toda la información, todos estos movimientos, muestran indicios de lavado de activos”.

Según las pruebas del medio, existen diferencias entre los ingresos conocidos de la mandataria, derivados a su salario como funcionaria pública y la cantidad de dinero que maneja en sus cuentas. Además, se detalla que cuando trabajó en el Registro de Identificación y Estado Civil (Reniec), habría manejado 18 cuentas bancarias en total y realizó, presuntamente, retiros millonarios sin justificación aparente.

En esta investigación se destaca la compra de un vehículo por 26,000 dólares en efectivo, cuando el salario de la presidenta no justificaba aquel gasto en ese año. “Cuando (Boluarte) compra el carro en el 2008, lleva la plata al contado, en un paquete. Señala que el dinero proviene de sus ahorros y algunos préstamos”, indica Villasís.

Todo esto mientras el país se hunde en un franco proceso de degradación política y social, aunque a pesar de ello la presidenta se va a mantener en la fragilidad de su silla hasta 2026, según varios analistas.

“No quiero inestabilidad. No pido impunidad para (Boluarte). Sé que tiene muchas limitaciones, pero tiene la voluntad (de enmendarse)”, en opinión de Diego Bazán, congresista de Avanza País al frente de la Comisión de Ética Parlamentaria y de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios, cuya opinión refleja la de la mayoría de sus pares en el Poder Legislativo.

Hay mucho temor de que el Perú pierda aún más sus limitados estribos democráticos. El pasado 5 de abril, un grupo que respalda su investidura presidencial le pidió a Boluarte evitar que salve al país de convertirse en una nueva Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Y es que las posibles repercusiones de la vacancia presidencial —puesto que sí parece estar claro que cometió un delito flagrante de enriquecimiento ilícito según el código 401 del código penal, aunque hayan sido préstamos en el caso de los Rolex—, “dañarían las inversiones”, especialmente considerando que el Perú sería el anfitrión de la reunión de la APEC en noviembre próximo.

Pero todo indica que ni Boluarte ni el Congreso tienen ninguna intención de provocar una vacancia, aunque ambos carecen de un abrumador apoyo popular, sino todo lo contrario. Y hasta hoy al menos, no se ha registrado movilización ciudadana alguna.

En ese sentido, el ministro de Economía, José Arista, por ejemplo, condenó el allanamiento a la casa de la presidenta como “un exceso” que pone en riesgo la estabilidad del país andino y reduce sus posibilidades de convertirse en el centro de grandes inversiones. “Es necesario que se respete el debido proceso”, expresó el funcionario en su cuenta de X.

El sector agrario también se manifestó en contra de todo lo que ponga en riesgo la investidura presidencial de una jefa de Estado que se precia de surgir del llamado “Perú profundo”, quien fuera compañera de fórmula del ahora encarcelado Pedro Castillo. “Apostamos por la gobernabilidad y la democracia, que permiten continuar con el destrabe de proyectos emblemáticos, en beneficio de nuestros hermanos agricultores”, escribió en redes sociales.

Las cosas no son así de claras para todos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siempre ha defendido lo que él llama “la presidencia legítima” de Pedro Castillo, pero condena a Boluarte porque, alega, su presidencia no lo es. Todo esto al margen del Rolexgate sobre el que AMLO, hasta ahora, no ha emitido opinión.

En tanto, el congresista independiente y científico peruano Edward Trujillo Málaga, dice a Proceso que la jefa de Estado ha dejado crecer el escándalo del Caso Rolex a la altura de una crisis con “histeria colectiva”. La Fiscalía determinará si hay delito, pero, en su opinión, existen “conductas cuestionables y poco transparentes, no dignas de la jefa de Estado de un país con mucha gente pobre que vive una democracia inestable”.

Boluarte no ha sido transparente y todos “hemos perdido los papeles”, agrega Trujillo Málaga.

“Yo no tengo claro a quién creerle. Más bien, tengo la sensación de que el país ha perdido los papeles por un reloj de 10,000 dólares”, opina Málaga Trujillo, cuyo argumento de fondo es que el contenido del caso se ha desbordado al punto que se pregunta de manera retórica “¿quién va a fiscalizar la ropa interior de la presidenta?”

“Está clarísimo que (Boluarte) ha tenido una conducta desubicada y ha cometido enormes errores políticos, pero para (juzgarlos) hay cauces institucionales”, alega el legislador.

“El tema es un circo. Es primera vez que me fijo en la muñeca de una presidenta. Me indigna la irresponsabilidad de la señora Boluarte al haber aceptado esos relojes y joyas aduciendo que debe representar adecuadamente al Perú en actividades oficiales. Denota una percepción equivocada del concepto de la esencia de la investidura presidencial”, concluye tajante Pareja en declaraciones a este medio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró que México insistirá en la extradición del ex diplomático Andrés N y junto con la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, continuarán dando seguimiento al caso para que se acepte su salida del Estado de Israel y regrese al territorio nacional.

En un comunicado, la cancillería resumió el seguimiento del caso de la extradición de Andrés N, para enfrentar a la justicia por las denuncias de abuso sexual y violación con las 4 fichas de Interpol en su contra, al insistir en que aun cuando México e Israel carecen de un tratado de esas características, las acciones en esta materia se sustentan en la reciprocidad internacional y de conformidad con los principios establecidos en el Tratado o Ley de Extradición Internacional.

La dependencia federal volvió a mencionar que el extraditable dispone de 30 días para ejercer su derecho de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de ese país.

El gobierno de México reconoció la cooperación del Estado de Israel en este proceso e interpretó la decisión como un paso alentador en la procuración de justicia.

Respecto a la solicitud de extradición de Andrés N, presentada el 5 de diciembre de 2021 por los presuntos delitos de violación y violación agravada denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se informa que el jueves 28 de marzo de 2024 el Gobierno de México fue notificado que el Tribunal Regional de Jerusalén falló a favor de la extradición del ex diplomático, mencionó. 

Expresó que de esta forma cumplió con las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de informar sobre la solicitud realizada por el gobierno de México al gobierno del Estado de Israel para lograr la extradición del escritor, de quien se determinó que es extraditable, esta decisión «representa un paso alentador«, aunque no definitivo, en el camino hacia la confirmación de la resolución judicial.

La SRE señaló que la decisión del tribunal es un avance positivo, ya que los cargos presentados por el gobierno de México contra Andrés “N” por abuso sexual agravado fueron aprobados, los cuales fueron presentados por la representación de México ante el Tribunal Regional de Jerusalén está a cargo de la Fiscalía de Justicia del Estado de Israel. La decisión del tribunal refleja la cooperación judicial entre ambas naciones.

Enfatizó, nuevamente, que México e Israel carecen de un tratado específico de extradición, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su agradecimiento al Estado de Israel por la colaboración y esfuerzo de su Fiscalía de Justicia para alcanzar una conclusión positiva en este proceso.

Uso mediático del caso

La representante jurídica de algunas mujeres que acusan a Andrés “N” por delitos de violencia sexual, Ximena Ugarte, ha habido en este proceso una forma «perversa» refiriéndose al uso mediático de la información que ha favorecido al presunto agresor al ser siempre la noticia él y omitido a las mujeres víctimas sobrevivientes de los hechos y dejó en claro que no es un asunto de Estados o de gobiernos, sino de mujeres víctimas de violencia y ellas tienen todo el derecho de participar del proceso de extradición.

Hay que recordar que tras ser acusado de abuso sexual por decenas de mujeres, tener 5 órdenes de aprehensión en México giradas en su contra, ser detenido en Israel, Andrés N, escritor y ex diplomático mexicano y enterarse solo por informaciones de los medios de comunicación, ninguna autoridad mexicana ha sostenido un enlace directo con las mujeres víctimas para mantenerlas al tanto del proceso.

La abogada Ugarte, en entrevista para Análisis Feminista, espacio radiofónico de la periodista Lucía Lagunes, que se transmite por Violeta radio 106.1 FM, citó, por ejemplo el 2 de octubre del 2023 cuando fue detenido en Israel, Andrés N., en La Mañanera, el presidente López Obrador informó que ya lo habían detenido y aseveró que «mañana lo traía» a México, no obstante, salió a desmentir esta situación la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neigeral al detallar que es un proceso jurídico largo. Esta afirmación del presidente se descartó, porque no se podía realizar ese traslado en pocas horas.

El cambio a prisión domiciliaria

Tras el cambio de medida cautelar a Andrés N, a prisión domiciliaria, Ugarte detalló que junto con las mujeres víctimas se enteraron del hecho a través de un chat de colegas y colaboradoras quienes tienen un enlace con la comunidad judía, esto las llevó a acercarse a la Fiscalía General de la República (FGR) y ahí les confirmaron que esto había sucedido desde noviembre del 2023.

Y en ese momento, de nueva cuenta las mujeres denunciantes contra Andrés N, se vuelven a encontrar con una comunicación revictimizante, porque los medios dan voy al comunicado que el mismo señalado sube a sus redes sociales desinformando la situación porque aduce libertad, aunque solo fue cambiado a prisión domiciliaria por la guerra que enfrenta ese territorio.

Habló del cansancio que este proceso ha supuesto para las mujeres víctimas, no solamente por el proceso jurídico en las que han tenido que enfrentar la desinformación institucional porque solo se enteran a través de lo que se informa en medios de comunicación, es decir, no ha habido comunicación directa entre ellas y la Fiscalía General de la República así como no la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Es importante saber que no hay un acuerdo de extradición entre México e Israel, por lo tanto, este procedimiento se da en términos de buena voluntad de ambos países y los elementos para ver si un tribunal de allá determina o no, si es factible la extradición tiene que ver con que el delito exista en ambos países (lo cual sí existe) y que haya elementos o datos de prueba suficientes para determinar la probable responsabilidad sin que el tribunal de Israel vaya a ser quien determine esa responsabilidad.

Por ello, en su momento, reclamó el hecho de que no tuvieran alguna información en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador ni por parte de las autoridades federales sobre qué está sucediendo en el procedimiento de extradición, sin dejar de reconocer que la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hayan hecho un buen trabajo para la solicitud de extradición.

Dos meses después que se dio a conocer el cambio medida cautelar contra Andrés “N” para que saliera de prisión y siguiera el proceso desde su domicilio, es cuando se vuelve a poner sobre la mesa el caso de su extradición, como una reacción a la decisión del Tribunal de Israel, que abre la posibilidad de que las víctimas puedan alcanzar la justicia.

Para todas aquellas mujeres en contextos migratorios, Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) puso a disposición una herramienta virtual para que ellas puedan tener información y con ello fortalecer su toma de decisiones, al que pusieron el nombre de: “Te acompaño”, también les brinda orientación ante violencia sexual y todo sobre aborto seguro. 

Esta herramienta representó una fuente de apoyo en las principales rutas migratorias en México en 2023. En solo tres meses, acumuló 7 mil 016 visitas por más de 2 mil personas mujeres provenientes de México, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador, Honduras y Nicaragua y se tradujo en 567 conversaciones automatizadas a través del chatbot.

“Nunca pensé que hubiera una organización a la que le preocupara la salud de nosotras y menos -que informara- sobre el aborto. Gracias por todo lo que están haciendo”, señaló una usuaria en Baja California, México.

“Me gustó que fuera un bot, porque me hacía sentir menos expuesta y me da certeza –de– que me va a brindar la información exacta que necesito”, señaló el testimonio de una usuaria en Colombia. 

Durante 2023, 66 mil 853 mujeres tuvieron acceso a servicios para un aborto seguro y atención post aborto de calidad brindados por sistemas de salud todas acompañadas por Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) en 10 países de la región, pero el acceso a esta medida segura y legal sigue siendo un desafío en la región, destacó el Informe Anual de 2023 de esa organización, donde recapitula sus principales logros en colaboración con agrupaciones, donantes y aliadas clave.

Otra usuaria, de 20 años, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mencionó que esta herramienta le proporcionó: “Información para saber cómo defenderme, qué derechos tengo y que se respeten mis derechos como ser humano, sobre todo en mi caso, que tengo un hijo que nació aquí en territorio mexicano y me dicen que no puedo sacarlo. Saber qué necesito”.

Indicó que el acceso al aborto seguro y legal sigue siendo un desafío en América Latina y el Caribe; los países que han mejorado sus políticas públicas, legalizando el acceso al aborto, han logrado importantes beneficios en la salud pública de su población, como disminuir la mortalidad materna relacionada con el aborto inseguro, así como de la morbilidad y carga hospitalaria por urgencias obstétricas y complicaciones (hemorragias, infecciones y lesiones causadas por procedimientos inseguros) que, regularmente, ocurren cuando no existen condiciones de seguridad exigibles en contextos de ilegalidad.

La directora de Ipas Latinoamérica y el Caribe, María Antonieta Alcalde Castro, mencionó que este hecho las motiva a redoblar sus esfuerzos y seguir trabajando en alianza con organizaciones, instituciones y personas para la prevención de embarazos no deseados, así como asegurar el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro.

Avances en salud sexual y reproductiva en AL y el Caribe

Ipas LAC publicó su Informe anual de 2023, donde muestra sus principales logros, como el hecho de que 52 unidades de salud (hospitales y centros de salud) recibieron apoyo directo de esta organización en Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Por ejemplo, capacitaciones en el ámbito de la salud reproductiva e incidencia, equipamiento técnico y donación de insumos.

También, señaló que 104 mil 766 personas obtuvieron acceso a métodos anticonceptivos en 8 países de la región, 2 mil 823 profesionales de salud fortalecieron sus conocimientos, capacidades y habilidades para la prestación de servicios de aborto y anticoncepción de alta calidad y sin discriminación. Mientras que 100 mil 913 personas recibieron información sobre salud sexual y reproductiva mediante las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las redes de acompañantes.

Además, precisó que 6 mil 294 personas contaron con el acompañamiento de 23 redes en Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Estas redes de acompañamiento no solo luchan por la legalidad del aborto, sino que proveen apoyo transnacional y suman esfuerzos para habilitar estrategias resilientes en el acceso al aborto seguro.

Según el Informe Anual del 2023 de Ipas LAC, las poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad suelen preferir información virtual, sobre todo cuando se trata de temas estigmatizados o criminalizados, como el aborto. Mujeres de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, en México, aseguraron en un estudio hecho por esta organización, que internet es una fuente de información que les sirve para identificar y acercarse a lugares en donde podrían recibir ayuda.

Aborto con medicamentos

Por medio del chatbot de aborto seguro con Sofía, la asistente virtual de Ipas LAC que responde dudas frecuentes sobre el aborto seguro, se registró que, en 2023, las preguntas más comunes fueron acerca del procedimiento de aborto con medicamentos y el uso de mifepristona y misoprostol. Ese año, se contabilizaron 18 mil 339 visitas al chatbot, realizadas por 12 mil 100 personas, principalmente de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú.

LÓPEZ OBRADOR CULPABLE.

Desinformación y deformación…

México en picada y caída libre…

La realidad nacional nos alcanza…

 

Prejimiente que confronta y divide…

LOS OTROS DATOS…

Seguimos viviendo en el país de las maravillas. Ya pasamos por “Foxilandia”, por el período del “Hijo Desobediente”, los escándalos del “Golden Boy” y  llegamos al ilusionismo del mago de las mentiras, el Mesías de las falacias y gran actor de la obra fallida de la “cuarta deformación”.

Dice la máxima popular: “debemos conocer nuestra historia para no cometer los mismos errores del pasado”, porque nadie en su santo juicio, negaría las fechorías de gobiernos y Presidentes anteriores como el de ENRIQUE PEÑA NIETO que fue escandalosamente corrupto o el de MANUEL VELASCO COELLO que siguió las mismas formas de saqueo a las arcas públicas del Gobierno de Chiapas.

Pero esos gobernantes del pasado ya están juzgados por el propio pueblo que los abomina y el Prejimiente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR los mandó a un juicio público sumario en votación abierta y no sucedió nada. Todo quedó en un engaño como la misma farsa de la “revocación de mandato” que el mismo gobernante promovió y gastaron más de 500 millones de pesos, en lo que resultó un capricho y una ocurrencia.

Pero como LÓPEZ OBRADOR todo lo remite en culpas al pasado, hay que considerar que a más de 5 años de su administración, “ya también son pasado” o cuando tienen 27 años de gobernar el otrora Distrito Federal, hoy Ciudad de México y siguen con la misma cantaleta de culpar a los gobiernos anteriores al del presente y la misma cantaleta de un “golpe de Estado técnico” por los neoliberales.  

Estamos en campaña, en un proceso electoral presidencial, con más de 20 mil 700 cargos de elección popular en disputa y, la retórica sigue siendo la misma, echarle la culpa al pasado. Pero, lo más aberrante de todo es que las prédicas del Mesías en sus misas mañaneras ha permeado a una importante población de mexicanos que repiten sus falacias e inventan retóricas para justificar lo injustificable. LÓPEZ OBRADOR ha dividido y confrontado a los mexicanos en su afán de concentrar el poder y seguir en su ejercicio de un maximato transexenal, en vez de unir y convocar a la unidad nacional.

Y como lo que se busca son votos para repetir en 2024 el triunfo logrado en 20218, el Prejimiente se involucra en la campaña presidencial de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, e igualmente intensifica la entrega de los programas sociales clientelares que le darán entre 22 a 24 millones de sufragios con los que piensan ganar esta vez. Pero hay 36 millones de votos –de los aproximados 60 millones que se esperan sufraguen el domingo 2 de junio—que están en juego para XÓCHITL GÁLVEZ o una parte a JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ.

Lo cierto es que LÓPEZ OBRADOR, Morena y su candidata CLAUDIA SHEINBAUM, llevan todas las ventajas del dinero a caudales; 23 Gobernadores que hacen campaña para ella; los 240 mil “Servidores de la Nación”; la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Secretaría de Bienestar que condiciona los programas sociales. Además, hay que tomar en cuenta que la gente no piensa; no analiza ni está pendiente de lo que verdaderamente e importante sucede en el país.

La mayoría de los mexicanos están implícitamente adheridos al poder y por el poder. Sin conciencia alguna votarán en las próximas elecciones. Así sucede siempre y ahora más con los programas sociales y los 2.3 billones de pesos que adquirió en deuda el gobierno de la “austeridad franciscana”.

La ignorancia, la pésima preparación académica, la pobreza y la desinformación, son elementos políticos sociales que usa el gobierno –desde siempre—para engatusar a la ciudadanía y permear en su pensamiento para que les aplaudan y voten por ellos.

Por supuesto, a mis lectores que no están de acuerdo con mis puntos de vista, no trato de convencerlos; los trato de informar, porque la desinformación y demás elementos sociales señalados anteriormente, le hace mucho daño al país. Porque si el Prejimiente LÓPEZ OBRADOR está fuera de la realidad y permea a sus chairos seguidores, el resultado es la división de los mexicanos y el desastre nacional.

En ese sentido y muchos actos más de conducta irresponsable, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ¡Es Culpable!

Son casos testimoniales y comprobables como los asesinatos dolosos (183 mil); personas desaparecidas (112 mil); muertos por la mala atención de la pandemia del Covid-19 (más de 700 mil); Feminicidios (alrededor de 44 mil); Niños muertos por cáncer y falta de medicinas (3 mil); corrupción (SEGALMEX: 20 mil millones de pesos, entre otros); adjudicaciones directas en comprar y obras públicas (83%), solo por mencionar algunas formas de corrupción e impunidad…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Grid List

El presidente de Santiago El Pinar, Alfonso Gómez Gómez, fue secuestrado por un grupo de indígenas tzotziles mientras viajaba en una patrulla de la Policía Municipal. Según informes de las autoridades, el suceso ocurrió en la carretera que conecta San Cristóbal de las Casas con San Juan Chamula.

Gómez Gómez se desplazaba en una patrulla cuando fue interceptado por los tzotziles. Obligado a abandonar la unidad, el alcalde fue subido a un vehículo Nissan tipo Tsuru, cuyas placas aún son desconocidas.

La patrulla, abandonada en el lugar del incidente, fue reportada por el propietario de un restaurante cercano, quien alertó a las autoridades a través del 911. Elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal se presentaron en la escena, confirmando que la patrulla pertenecía al municipio de Santiago El Pinar y que transportaba al alcalde Gómez Gómez.

Aunque el alcalde fue llevado a una comunidad dentro del municipio de Santiago El Pinar, hasta el momento ningún grupo ha presentado demandas para su liberación. La delegación de Gobierno de la región Altos está al tanto de la situación y espera recibir información sobre la identidad del grupo responsable del secuestro.

Por otro lado, la patrulla de la Policía Municipal ha sido trasladada a la Fiscalía de Distrito para su investigación correspondiente.

La violencia criminal regresó a la capital de Guerrero. Esta mañana dos camionetas de pasajeros tipo Urvan fueron incendiadas por sujetos desconocidos, dejando a un conductor lesionado y dos personas más con crisis nerviosa.

La policía estatal reforzó su vigilancia y los patrullajes en la ciudad, así como la seguridad a bomberos y autoridades que realizan las investigaciones de este hecho.

De acuerdo con testimonios de vecinos, minutos después de las 9:00, sujetos desconocidos llegaron a la terminal de la ruta Chilpancingo–Amojileca, en la colonia Morelos, y bajaron a un chofer de una unidad que estaba por salir, informó el portal Pulso Informativo Guerrero.

Luego rociaron con gasolina dos unidades marcadas con los números económicos 5 y 7.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron primeros auxilios al chofer de una de las unidades que, en su intento de sofocar el incendio, resultó con quemaduras.

Además, una joven que transitaba por el lugar y un usuario de transporte sufrieron crisis nerviosa.

El incendio fue sofocado por bomberos del municipio; las unidades de transporte resultaron ser pérdida total.

El comisario Omar Almazán informó que la ruta Chilpancingo–Amojileca será suspendida hasta nuevo aviso al no existir condiciones de seguridad.

Además de que las escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y telebachillerato suspendieron clases.

Amojileca es una comunidad ubicada en la parte alta de Chilpancingo, a 20 minutos de la cabecera. Es un sitio que tiene como atractivo los restaurantes campestres y pozolerías.

El jueves es uno de los días que el sector tiene casa llena.

Un mensaje difundido en WhatsApp advierte de una supuesta “guerra” en Chilpancingo, Zumpango y pueblos de la sierra entre las organizaciones criminales “El Cártel del Sur”, de Isaac Navarrete Celis, y “Los Tlacos”, de Onésimo Marquina.

En el mismo contexto, en Chichihualco, cabecera del municipio Leonardo Bravo, las clases presenciales están suspendidas y el transporte público ha restringido su horario a las 6 de la tarde derivado de enfrentamientos armados entre grupos delictivos que iniciaron desde el pasado sábado.

Periódico impreso edición No. 2850 del día 12 DE ABRIL del 2024. [Leer completo].

En el escrito de la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya contra el Estado de Ecuador, el gobierno mexicano no solo acusó al gobierno de Daniel Noboa de “invadir” la embajada de México en Quito para “abducir” al exvicepresidente Jorge Glas, sino también de “intervenir y escuchar comunicaciones privadas” del personal diplomática, como parte de su campaña de “hostigamiento y acoso constante” contra la misión.

En un escrito de 19 cuartillas la Cancillería mexicana pidió a la CIJ que reconozca que el gobierno de Noboa violó el derecho internacional, ordene a Quito una “reparación total a México por el daño causado”, emita medidas cautelares para garantizar que la policía no hurgará en los archivos diplomáticos, y suspenda –o excluya-- a Ecuador de la ONU hasta que emita una disculpa pública, “reconociendo sus violaciones a los principios y las normas fundamentales del derecho internacional”.

Con esta medida, el Estado mexicano busca que la CIJ “marque un precedente declarando que un Estado o una nación que actúe como Ecuador en el presente caso será expulsado de las Naciones Unidas en última instancia”.

El gobierno alegó que, al ordenar el ataque en lugar de buscar “otros medios pacíficos disponibles”, Ecuador rompió “seriamente” el orden legal internacional –la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas--, y podría desembocar en “un precedente peligroso en el cumplimiento de las obligaciones más básicas de los Estados”.

La relatoría de hechos omitió mencionar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 3 de abril, en la que atribuyó la derrota de Lucia González –la candidata presidencial cercana a Rafael Correa-- al asesinato de su rival Fernando Villavicencio, un periodista que había documentado casos de corrupción en el gobierno de Correa. Estas declaraciones fueron condenadas por el gobierno de Ecuador como una intromisión de López Obrador en sus asuntos internos, y en respuesta declaró a la embajadora Raquel Serur Smeke como persona non grata.

Esta parte de la historia no aparece en la demanda que presentó México: en el escrito, la Cancillería se limitó en decir que “en cuestión de un par de días (4 y 5 de abril), la situación y las acciones tomadas por Ecuador escalaron de manera drástica, tomando medidas coercitivas unilaterales que mostraron poca o nula disposición para avanzar hacia una solución pacífica por la vía de las negociaciones”.

Blanco de órdenes de aprehensión por delitos de corrupción cometidos cuando era vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas ingresó en la embajada de México en Quito el 17 de diciembre de 2023; solicitó formalmente el asilo el 20 de diciembre, y actualizó su petición el 26 de diciembre y el 3 de enero; el político afirma que es víctima de persecución política.

Desde que el político penetró en el recinto diplomático, el gobierno de Noboa desplegó un operativo policiaco y militar para impedir un intento de fuga, al que la Cancillería mexicana se refirió como una campaña de “hostigamiento”. Este operativo, abundó la institución, incluía un “vehículo militar táctico” estacionado afuera de la embajada, que presuntamente “intervenía las comunicaciones celulares”, o el seguimiento físico al personal mexicano.

Así, el pasado 4 de abril, Roberto Canseco, el jefe de la Misión diplomática –en ausencia de la embajadora Serur--, fue seguido en su vehículo cuando salió del recinto, y al día siguiente le sucedió lo mismo a Eva Martha Balbuena Reyes, jefa de administración de la embajada.

De acuerdo con la versión del gobierno mexicano, durante semanas el equipo de la Cancillería analizó los argumentos de Glas y los casos judiciales en su contra para determinar si era válido otorgarle el asilo; por mientras, se garantiza la seguridad de Glas en la embajada.

Durante ese lapso, los canales diplomáticos estuvieron activos. Alicia Bárcena se reunió con su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, el 16 de enero, y el siguiente 8 de febrero, una reunión de seguimiento tuvo lugar entre Sommerfeld y Laura Elena Carrillo, la subsecretaria para América Latina.

La Cancillería ecuatoriana, por su parte, envió una nota diplomática el 17 de febrero para preguntar si Glas seguía en las instalaciones de la embajada, y 12 días después pidió permiso para el ingreso de policías en el recinto diplomático para detener al político. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le respondió con una negativa el siguiente 4 de marzo.