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Tue, Feb
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La red de activistas y organizaciones civiles que conforman la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas exigió al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, que atienda de manera puntual el incremento descontrolado de crímenes contra mujeres en el primer bimestre de 2019.

Las integrantes de la Campaña exigieron que las acciones recomendadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM) sean extensivas a todos los municipios de la entidad, dada la gravedad de la violencia feminicida.

Asimismo, pidieron al Congreso local que destine un presupuesto para implementar en todos los municipios las medidas dispuestas en la DAVGM.

A Escandón Cadenas le exigieron que remueva a la Fiscalía General del estado (FGE) como encargada de dar seguimiento a dicha Declaratoria, es decir, que designe a otra dependencia, de común acuerdo con las peticionarias, para que no sea juez y parte de la violencia feminicida y tenga capacidad de actuar.

Señalaron que en el primer bimestre de este año se registró un grave incremento de casos de violencia contra las mujeres, que han sido desaparecidas, agredidas, violentadas sexualmente y asesinadas.

Datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, así como de diversos colectivos y organizaciones civiles que han documentado la violencia feminicida en Chiapas, coinciden que tan sólo en lo que va de 2019 se han registrado 18 muertes violentas de mujeres, entre ellas una adolescente de 15 años.

De ese total, únicamente seis fueron calificadas por los impartidores de justicia como feminicidio.

Los colectivos han documentado al menos 27 casos de violencia contra las mujeres, de los cuales 12 fueron clasificados como violencia física, 12 como violencia sexual --10 contra niñas y adolescentes-- y tres como violencia patrimonial.

Señalaron que a estas cifras se suma la desaparición de 14 mujeres adultas y 19 niñas y adolescentes (de entre tres y 17 años de edad), de las cuales 15 han sido localizadas.

“No obstante la gravedad sobre el incremento de la violencia feminicida en Chiapas, nos preocupa la actuación de las autoridades encargadas de procuración y administración de justicia en la entidad, ya que continúan realizando prácticas discriminatorias de género, clase y etnia que obstaculizan el acceso a la justicia a las mujeres, reproduciendo la violencia patriarcal, el abuso de poder, la discriminación y menosprecio a las víctimas que se atreven a denunciar, exigir verdad y justicia evidenciando la negligencia de las instituciones y sus titulares”, subrayaron las activistas.

De manera particular destacaron la actuación de la FGE, además de que el Poder Judicial, a través de los juzgados de distrito federal y estatal, “ha demostrado su incapacidad para juzgar con perspectiva de género, haciendo caso omiso a manuales y protocolos de actuación”.

En contextos de violencia y creciente conflictividad, la violencia feminicida “es una de las expresiones más claras y atroces de la ineficacia e incapacidad de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones de prevención, seguridad y cero tolerancia que erradiquen la violencia hacia las mujeres”, puntualizaron.

Explicaron que la impunidad, ausencia de protocolos de actuación, criterios de investigación y juicio carentes de perspectiva de género, así como el desconocimiento del marco normativo de derechos de protección a las víctimas de violencia de género y feminicidio, da cuenta del deficiente y negligente papel de la FGE como entidad responsable de dar seguimiento a la implementación de la DAVGM.

A nivel nacional, recalcaron, el panorama es menos alentador, porque actualmente 56% del territorio se encuentra en Alerta de Violencia de Género.

Finalmente, reiteraron su preocupación ante este contexto de violencia feminicida, pues las cifras mencionadas “representan tan sólo una mirada parcial de la dimensión real de la violencia que vivimos las mujeres en Chiapas, (por lo que) exigimos a las autoridades asumir la violencia feminicida como un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública”.

Con el compromiso de defender a la madre tierra, generar la resistencia indígena y la autonomía integrantes de comunidades zoques concluyeron este día un importante foro social convocado en defensa de la vida y de la tierra, el cual abarco dos días de amplio análisis los cuales coinciden además con el segundo aniversario de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), organización que lucha por tarifas justas por consumo de energía.

Durante el arranque inaugural se explicó que este evento que se realiza en la zona norte de la entidad chiapaneca donde la pobreza de las comunidades, choca con la riqueza de la zona y que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto han sido entregadas más concesiones para la minería a cielo abierto.

Al recordar que han pasado veintitrés largos años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar en que se firmaron los acuerdos entre el gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, pero que los mismos no han sido cumplidos los asistentes coincidieron en señalar que los pueblos y comunidades indígenas tienen que hacer valer y respetar sus derechos en defensa de la vida y el territorio.

Al ofrecer una ofrenda al “Padre Sol” ofrecida por los pueblos zoques, le pidieron los hagan más fuertes y resistentes para defender sus territorios contra los proyectos de muerte, toda vez que dijeron que solo llevan destrucción y división de las comunidades, “por lo que estamos decididos en defender a nuestra madre tierra”.

Entre los acuerdos y tareas los asistentes se comprometieron en seguir avanzando en la resistencia contra las altas tarifas de energía eléctrica y por una tarifa justa y única, por la defensa del territorio, preparar un siguiente encuentro estatal, realizar un encuentro el 8 de marzo, preparar otra actividad en el mes de abril en el marco de un aniversario más del asesinato del General Emiliano Zapata, como el respeto a los derechos humanos.

Como la exigencia de la cancelación de las concesiones petroleras en la región zoque, mineras, e igual luchar contra la no a la privatización del agua, y por el cese a la represión en Chiapa, se compartió en las mesas la propuesta para formar promotores comunitarios sobre derechos humanos, e igual se formará una coordinación sobre el asunto de la mujer, y un pronunciamiento contra la represión, persecución y asesinatos de activistas sociales, libertad a todos los presos políticos, no a la militarización, paramilitarización, alto a la represión a la escuela normal rural Mactumactzá.

De aprobarse los cambios a la Constitución para la creación de la Guardia Nacional entra un nuevo factor que lejos de solucionar la situación de violencia podría agravarla dándole además un matiz de legalidad, alertó la Geneva Academy (GA). 

En este aspecto Chiara Redaelli dijo a Proceso que los efectos de militarizar a la policía “pudiera agravar las violaciones de derechos humanos y la intensidad de la violencia con el uso de armas que se utilizan en una guerra’’.

Con un esquema militar de este tipo “es poco probable que las cosas mejoren’’, sostiene.

Redaelli explicó que México se ha visto afectado por la violencia armada entre cárteles y dentro de grupos y facciones disidentes dentro de los mismos cárteles.

Luego de la fragmentación de las principales organizaciones criminales y la posterior creación de pequeños grupos organizados de manera flexible, GA llega a la conclusión de que estas situaciones de violencia, como los enfrentamientos con Los Zetas no llegan al umbral establecido por el derecho internacional humanitario para tener un Conflicto Armado No- Internacional (CANI, NIAC en por siglas en inglés).

Redaelli detalla que con respecto a la organización de los cárteles la GA utiliza una serie de factores indicativos para evaluar si los grupos armados exhiben el grado requerido de organización, como la existencia de una estructura de comando, reglas, mecanismos disciplinarios; la capacidad de procurar, transportar y distribuir armas; la capacidad de planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares; la habilidad de realizar acuerdos como un cese al fuego o acuerdos de paz. Y si no cumplen con estos criterios entonces no entran en la clasificación.

En defensa de su iniciativa de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las posturas críticas de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil que han expuesto en el Senado sus argumentos sobre riesgos de incrementar la presencia militar en tareas de seguridad pública.

Para el mandatario, “ellos se quedaron en el modelo antiguo” que no dio resultados, enumeró 230 mil asesinatos, 40 mil desapariciones y más de un millón de víctimas de la violencia como precedente, para luego espetar:

“Queremos nosotros atender este problema gravísimo (con la Guardia Nacional) y en vez de que ayuden nos están poniendo trabas”, reprochó.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador insistió en afirmar que se trata de la aprobación del cuerpo policiaco –que propone legalizar la actuación en el orden federal y el orden común de la policía militar y la policía naval— y es necesaria.

Argumentó que encuestas –no dijo cuáles— reflejan un apoyo ciudadano a la integración de ese cuerpo para la seguridad, que se ubica entre 80 y 90%, por lo que deben atenderse la opinión de la gente y no de los expertos.

“Esa es la verdad… ojalá los legisladores le hagan caso a la gente, a final de cuentas son representantes del pueblo, porque siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o como si no supiera y el pueblo es sabio, no es tonto.

“Ya que se acabe el elitismo, nada más los expertos opinando por todos. El 1 de julio del año pasado la gente apostó por un cambio verdadero, una transformación, ya no más de lo mismo”.

Las discusiones en el Senado iniciaron ayer con la presencia de organizaciones ciudadanas y, particularmente, del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien inclusive consideró que era mejor fortalecer las policías estatales que avanzar en la militarización, lo que hoy López Obrador rechazó, argumentando que en todo el mundo los países tienen una policía federal.

El mandatario agregó que seguirá impulsando la Guardia Nacional, apoyándose en lo que se tiene: 230 mil elementos del ejército y 40 mil marinos, que por estar entrenados cuentan con “experiencia, disciplina e infraestructura” no pueden estar sólo autorizados para la defensa de la soberanía, sino para labores de seguridad que es lo que más preocupa a la gente.

“Pero los expertos y los de las organizaciones de la sociedad civil, pues no sé qué estén pensando. Porque ya basta también de la simulación, de estar nada más haciendo análisis de la realidad sin transformarla, puro experto, diagnóstico, estudios, contratación de asesores, pero no se hace nada por cambiar las cosas.

“La Guardia Nacional es urgente, es una preocupación” afirmó para luego subrayar que se requiere un cuerpo con “mística y formación”.

El titular del Poder Ejecutivo, adelantó que lanzará una campaña para prevenir las adicciones y evitar que el consumo de droga siga creciendo en el país.

“Necesitamos una Guardia Nacional con mística, con formación (…) Y les adelanto: va a haber una campaña que haremos todos los mexicanos como nunca para llamar a los jóvenes a no caer en la tentación de las drogas. Porque el problema de seguridad y violencia lo podemos enfrentar si evitamos entre otras cosas que siga creciendo el consumo en el país”.

Estudiantes normalistas responsabilizaron al Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos de negarse a resolver los problemas de los inconformes, en donde 359 jóvenes cumplieron cinco meses sin recibir clases.

Debido a los “oídos sordos” de las autoridades estatales, este martes estudiantes en rebeldía causaron todo tipo de destrozos en las instalaciones de la Auditoria Superior del Estado, sustrajeron y quemaron papelería, además de secuestrar y dañar un camión repartidor de agua.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que hizo valer el Estado de derecho, al liberar la vía que permanecía obstruida por manifestantes y recuperó el edificio de la Torre Chiapas que permanecía tomado. Durante el operativo, conforme al protocolo de desalojo, se detuvo a nueve personas, mismas que fueron remitidas ante la autoridad competente.

Atendió la orden de restablecer el libre tránsito, elementos de la SSyPC, en coordinación con la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, desalojaron a un grupo de manifestantes que este martes cerró el paso sobre el libramiento Norte y bulevar Andrés Serra Rojas de Tuxtla Gutiérrez, afectando la circulación vehicular y las actividades cotidianas de las y los capitalinos, quienes clamaron porque se aplicara la ley.

De igual forma, se recuperó el edificio de la Torre Chiapas que desde temprana hora fue tomado por presuntos normalistas y trabajadores de Telebachillerato Comunitario.

Resultado de este operativo fue la detención de ocho hombres y una mujer, un total de nueve, a los cuales se le imputan cargos como destrozos y ataques a las vías generales de comunicación.

Los imputados se encuentran bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público, quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.

Asimismo se informó que alumnos de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek retuvieron y ocasionaron daños a un camión repartidor de agua en la capital del estado para exigir la reapertura de la institución, cerrada el año pasado por pobladores y autoridades de Zinacantán, en protesta por los constantes hechos vandálicos que ocasionaban los estudiantes.

Añadieron que los estudiantes llevaron la unidad al parque central de la capital y le lanzaron piedras; después huyeron a en dos autobuses.

Señalan los normalistas que no han podido regresar a sus actividades escolares, y la exigencia es esa, regresar a la escuela. Afirman que siempre han intentado privilegiar el diálogo con la Secretaria General de Gobierno y de Educación, pero hay desinterés por parte de los titulares, por resolver las problemáticas.

Por ello, en este momento hay un total de 350 jóvenes están sin recibir clases desde hace cinco meses y por la actitud de cerrazón de dichas autoridades no se ve una solución a corto plazo.

Además se dijo que alumnos de la Jacinto Canek, o cuando menos una parte, recibe clases en un local ubicado en San Cristóbal, desde hace unos cuatro meses en que autoridades y pobladores de Zinacantán, situado a 10 kilómetros de esta ciudad, cerraron el centro educativo.

Señalaron que horas después un grupo de normalistas -no precisaron si el mismo que dañó el camión u otro- acudió a las instalaciones de la Auditoria Superior del Estado, situadas en la capital también, e hizo destrozos, además de que quemó papelería oficial.

Dijeron que casi el mismo tiempo, unos 200 agentes estatales desalojaron a maestros de Telebachillerato comunitario de la Torre Chiapas y del libramiento. Los inconformes exigían el pago de unos 200 millones de pesos que las autoridades les deben de los ciclos 2017 y 2018, lo que afecta a 690 docentes de 230 comunidades.

Informaron que ante el operativo policiaco, los manifestantes se replegaron, pero luego acudieron estudiantes normalistas que lanzaron piedras y cohetones contra los agentes, sin que las autoridades hayan reportado lesionados ni detenidos.

Finalmente, decenas de indígenas de varias comunidades de San Cristóbal rompieron cristales en el Centro Cultural de El Carmen, luego de que el ayuntamiento no accedió a designar a uno de sus dirigentes en el área de Asuntos indígenas municipales.

De acuerdo con especialistas, si la Corte declara inconstitucional la minuta que crea la Guardia Nacional, organismos mundiales podrían declararla inconvencional por atentar contra convenios internacionales.

“Si no se ajusta la Constitución a las obligaciones convencionales, llegará el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare inconvencional las disposiciones contenidas”, dijo Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y recordó que los tratados internacionales ratificados por nuestro país son parte de la constitucionalidad.

En el inicio de las audiencias públicas del parlamento abierto en el Senado sobre la Guardia Nacional, Corcuera y Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) opinaron que hay inconsistencias constitucionales y convencionales en la propuesta como el artículo cuarto transitorio que permitiría al Ejército y la Marina realizar tareas de seguridad mientras se consolida la formación del nuevo cuerpo de seguridad, sin establecer una temporalidad.

Este artículo está en el centro del debate al ser impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los senadores de Morena, luego de que quedara fuera del dictamen que enviaron los diputados.

“Estos transitorios no cumplen los parámetros, porque un transitorio tiene que ser transitorio y no indefinido. El transitorio que quieren reinstalar sobre que indefinidamente la Fuerzas Armadas sigan colaborando en estrategias de seguridad pública, lo digo contundente me parece contrario a las obligaciones internacionales adquiridas por México tal es el caso Cabrera García y Montiel contra México y el caso Espinoza Alvarado contra México”, dijo Corcuera.

También, los expertos hicieron notar las contradicciones de la minuta y sus riesgos. Por ejemplo, señalaron el artículo 21 del dictamen establece que la Guardia Nacional es una institución de seguridad de carácter civil, pero más adelante menciona que la institución tendrá un mando con representación civil, militar y naval.

“Aunque la Corte Interamericana reconoce la facultad de los Estados para realizar acciones para el mantenimiento de la seguridad también se ha pronunciado enfáticamente sobre el riesgo que implica el uso militar en tareas de seguridad pública”, manifestó.

Mientras que López Ayllón y Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), insistieron en que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil y urgieron a establecer una ruta para reconstruir a las policías civiles federales, estatales y municipales.

“(México) prácticamente está renunciando a fortalecer la institucionalidad civil en materia de seguridad”, criticó Jan Jarab.

En esta primera audiencia el tema fue la constitucionalidad y convencionalidad de la Guardia Nacional, mañana el tema que abordarán es el de Derechos Humanos.

Se les acabó el negocio

Y por si fuera poco en esta mar de corrupción encontrada por el nuevo gobierno federal, ahora AMLO y de eso hace poco, tratando el grave problema de la corrupción al menos en las dos más grandes empresas del país, Pemex y la CFE, advertía el presidente de la existencia de entidades “autónomas” las que incluso, estaban por encima del poder legislativo. Así y caso emblemático que no único, está la llamada CRE (Comisión Reguladora de Energía) a la que corresponde, por ley, dar permisos de explotación y contratos en el sector energético. Pero igual está y lo hizo saber en su momento, el caso del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información),  que en una de sus tantas prohibiciones o reservas de información a los ciudadanos incluso al propio gobierno, estaba el caso Odebrecht sobre el que habría instruido, no abrir el caso al público y mantenerse en secrecía y así lo mandató. Es cierto como se lo hicieron saber al presidente en una mañanera, de existir ya la petición del propio INAI a la Fiscalía de abrir los expedientes, sin embargo aclara el propio Andrés Manuel, que en efecto ya existe tal disposición, pero que no fue hasta que el gobierno del cambio a insistencia, que dicho Instituto se vio obligado a cambiar su postura que en reiteradas ocasiones había resuelto por lo contrario. Es decir, en esto de las famosas entidades autónomas y también lo dijo con todas sus palabras el tabasqueño, los grupos políticos e incluso empresariales colocaban a sus afines que fungían como empleados, si no todas sí en su mayoría, con lo que el círculo de corrupción e impunidad no sólo se garantizaba sino que se ampliaba con la lógica de la intervención de las –dizque- entidades autónomas. Pero regresaremos al tema en próxima entrega.

El tema de hoy es, aunque corre por un riel paralelo, el anuncio hecho por el presidente de México en el sentido de que ninguno de los apoyos de su administración; ni los que van a sectores productivos pero sobre todo los que se operarán dentro de la secretaría del Bienestar (antes Sedesol), se harán a través de intermediarios. Es decir, la costumbre, mala y desarticulada de hacer llegar los recursos de los programas del gobierno federal, ya no se harán a través de organizaciones de la llamada sociedad civil incluso, tampoco a través de ceneces, mocris, ocez-cenpaz, solidarias, unión de uniones ni de otras miles que sólo han servido para quedarse con buena parte de los recursos, insumos y apoyos en especie para beneficio único de seudo líderes y dirigentes y esto último lo asevero yo. Y como dice el presidente, con todo respeto, pero así en este país el corporativismo partidario ha sido o fue quiero pensar, el instrumento primordial del control y manipulación de masas con fines electorales. Así los campesinos agremiados o agrupados en la cnc, antorcha agrarista, las “n” Emiliano Zapata agremiadas al PRI u otros partidos, fueron la carne de cañón que sirvió para concentrar los apoyos gubernamentales que en tiempo de elecciones se convertirían en votos. Igual otras priistas como la CTM y CNOP, que condicionaban apoyos a sus sectores agremiados para poder ser objeto de proyectos productivos y programas asistencialistas, insisto a cambio del voto.

Este anuncio de la nueva política federal, concitó de ciertos sectores sociales y productivos, su rechazo abierto y crítica implacable incluso a través de la prensa conservadora (sic). El dato aportado por un periodista quién precisamente le inquirió al respecto al presidente, le soltó que según su fuente se contabilizan unas 25 mil asociaciones civiles de todo tipo, a lo que el jefe máximo de las fuerzas armadas le respondió no conocer el dato. No creo -agregó- que sean tantas, pero sí son muchísimas en todo el país. Pues cómo no van andar encabronados los presidentes y dirigentes de miles de organizaciones de la “sociedad civil” sobre lo anunciado por López Obrador, cuando les cuestiona en principio, que tal denominación en esencia son el pueblo. Pero en fin. Y ya se han presentado una serie de manifestaciones de pequeños grupos a las afueras de Palacio Nacional durante las “mañaneras”, para hacerle escuchar su inconformidad y a todos ha dicho, se les ha atendido. Lo que sí y dicho reiteradamente por Amlovich, que en ese punto ¡no hay marcha atrás!, porque ¡basta ya! de que esos grupos concentren los apoyos para distribuirlos, en el mejor de los casos, a discreción y con fines electoreros. Eso, ha insistido el presidente ¡ya se acabó!

Aquí la reflexión final seria sería; en Chiapas se hará lo propio. O acaso La Cuarta T emprendida por el presidente irá desgañitándose en el desierto incierto, en tanto ni siquiera en los estados cuyos gobernadores están por el efecto Andrés Manuel como es Chiapas, lo acompañarán en el intento y entonces torcerán la voluntad presidencial. Y así como ha sido en el pasado, el gobernador en Chiapas se convertirá en la pieza de poder del ajedrez  político, al que mantendrán siempre en jaque los grupos de interés fáctico. De ser desechada mi lectura inicial, entonces señor gobernador; díganos en qué consiste su política de gobierno a este respecto. Porque por lo que se puede ver, siguen siendo las mismas prácticas clientelares, incluso con los mismos actores por lo que ya es tiempo, señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que nos diga de frente a los chiapanecos; ¿Cuál es el Plan? Por lo pronto a nivel federal ya; Se les acabó el negocio. Me queda claro.

Ya de salida

Ya de salida quiero pedirles amables lectores, me compartan su opinión sobre qué piensa de la ingrata, coincidencia de incendios provocados en los últimos días sobre todo e insisto, casualmente en oficinas gubernamentales ¡precisamente! en áreas financieras como fue el caso de la secretaría de Educación estatal y del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE). Es más este pasado fin, otro incendio igualmente provocado por un grupo de encapuchados, prendieron fuego en un área específica que resguardaba, trascendió, información relativa a contratos. Ya en la pasada administración del corrupto Manuel Velasco, este modus operandi fue recurrente y de igual manera, la quema se daba en áreas financieras de la SE estatal. Cuando pensábamos que lo peor de lo peor con la llegada de la “Cuarta” habría quedado superado, en este corto periodo del nuevo gobierno no acabamos de entender, bien a bien, en qué consistirá el gobierno del cambio. La delincuencia, quiérase o no reconocer, va en aumento. La inseguridad lejos de ir amainando, aparece como sombra cotidiana en el caminar de la sociedad. De nada servirán las reuniones o mesas de seguridad gubernamental si esas mismas, no se reflejan en las estadísticas ni en la realidad. No se trata de regodearnos en nuestras ineficacias e insuficiencias, empero sí, se trata de no auto engañarnos por lo que hay que hacerle frente. Concluyo; en el tema específico de los reiterados actos incendiarios, no es difícil establecer líneas de investigación que nos conduzcan a los responsables intelectuales. Porque los que cometieron con lujo de impunidad las quemas, que se les pudo aprender en flagrancia no se actuó. La pregunta entonces ante un acto reiterado y presuntamente deliberado, es como  en cualquier crimen sobre; ¿quién o quiénes resultan beneficiados con la quema de documentación? Por ahí deberían empezar. Sí lo que quieren es esconder sus actos de corrupción, tendrán entonces que ¡incendiar a Chiapas!…// ¡Me queda claro! Salu2

 

 

 

 

Don Jesús Reyes Heroles al llegar a la presidencia del partido hizo una serie de reflexiones sobre el quehacer político para los jóvenes cuyo interés fuera el poder. Nos dijo en aquella ocasión que las cualidades que debía tener se sintetizaban en las tres C que eran cabeza, corazón y carácter. La primera para reflexionar sobre el quehacer, la segunda para emprender con entusiasmo el porvenir y carácter para reconocer la decisión y asumir sus consecuencias. Además añadió un consejo indispensable “jóvenes cuídense de una caída hacia arriba” cualquiera pudiera afirmar que esto es contrario a las leyes de la gravedad, pero es del todo válido en la política.

Lo anterior esta vinculado tanto a Maquiavelo en el príncipe como a la leyenda griega de la fortuna. Para Maquiavelo las tres cualidades del príncipe debían ser la virtud que es la capacidad que pasa por extraordinaria y que hoy la conocemos como carisma; la fortuna pues no todo esta considerado como previsible por anticipado y menos en el quehacer del poder, además debía de existir la necesidad de que el hombre coincida con las exigencias de la historia como lo han sido los grandes lideres de las naciones.

En cuanto a la leyenda griega se dice que la diosa fortuna era generosa en extremo, pero solo entregaba sus beneficios aquellos que hacían el bien, por esa razón los malvados decidieron un mal día secuestrarla y como castigo la dejaron ciega y desde entonces la fortuna en su ceguera reparte sus favores a cualquiera, sea bueno o malo. Hechas estas salvedades nos queda ahora abordar el espinoso tema de lo que acontece cuando un político favorecido por una ocasión favorable asciende a una posición para la cual no está preparado de antemano.

Para encontrar ejemplos de este tipo no es raro buscando en la historia, lo difícil es encontrar a sujetos que superando sus limitaciones de origen puedan remontar la rueda del poder, por lo que en la mayoría de los casos un ascenso indebido puede convertirse en una pendiente que termine destruyendo al propio sujeto. En esta ocasión por tanto he seleccionado al Gral. Victoriano Huerta uno de los personajes sobre los cuales solo reza una leyenda negra, pues no he encontrado aún una biografía que reconstruya su figura y que sin vituperios lo pondere en su justa dimensión.

Victoriano Huerta nació en Colotlán Jalisco en 1845, de origen indígena, al concluir la guerra de Reforma en 1860 el Gral. Donato Guerra solicita un secretario particular y como sabia leer y escribir se ofreció como voluntario, siete años después y como recompensa a sus servicios durante la guerra de intervención francesa y al disolverse el Ejercito de Oriente es becado en el Colegio Militar y estudiará ingeniería militar, obteniendo un reconocimiento por aprovechamiento en sus estudios por lo que al premiarlo Benito Juárez le dijo: “de los indios que se educan como usted, la patria espera mucho”.

Al graduarse se inicia originalmente como topógrafo, pero rápidamente le es reconocida su pericia en el ámbito de la guerra y por su conocimiento del terreno fue enviado a combatir las rebeliones indígenas que había en el país en particular en Sonora con los Yaquis y fue el personaje que guió las acciones de guerra durante la guerra de Castas en Yucatán y Quintana Roo, por lo que desarrolló cataratas que lo acompañarían el resto de su vida.

Al concluir la guerra contra los Mayas es ascendido a General brigadier, obteniendo la medalla al mérito militar y fue nombrado miembro de la Suprema Corte Militar. De ahí por su relación con el Gral. Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, será  designado jefe de Obras Públicas. Como podemos ver nada le fue dado, todo lo adquirió por mérito militar.  Pero ese hombre educado para obedecer al producirse en 1909 la ruptura entre Díaz y el Reyismo, no le queda más remedio que volver al Colegio de ingenieros a dar clase de matemáticas.

Al producirse la Revolución Maderista Huerta pide reincorporarse al Ejército y su tarea será escoltar a Porfirio Díaz a Veracruz para embarcarse en el Ipiranga y al regreso del puerto jarocho será convocado por el presidente interino,  Francisco León de la Barra, para combatir al Zapatismo, quien no estaba dispuesto a asumir los acuerdos de Ciudad Juárez en el sentido de desarmarse. Pero al subir Madero lo primero que tuvo como ocurrencia fue disolver al Ejército Federal, pero a los pocos meses las fuerzas del Maderismo se estaban sublevando contra su gobierno, por lo que convocó a Huerta para ir al norte a combatir a Pascual Orozco. Sin embargo y contra toda ley lo enviaría junto a Francisco Villa el bandolero, por lo que durante la campaña al descubrir que Villa y sus gentes se habían robado unas yeguas, le hizo juicio sumario por insubordinación y poco antes de fusilarlo, llego el telegrama de Madero para indultarlo.

Aquello fue para Huerta un insulto, se le había mandado a combatir al bandolerismo y resultaba que entre sus fuerzas se robaba y se les facilitaba con la huida nada menos que de la cárcel militar de Santiago Tlatelolco y todavía como premio Madero lo obligó a renunciar.  Las torpezas de Don Panchito  fueron en aumento y poco o nada quedaba en febrero de 1913, el Ejército por un lado, la Iglesia con el Partido Católico presionaban al gobierno; los agentes económicos exigían garantías junto con los hacendados y mientras tanto el embajador Henry Lane Wilson de Estados Unidos por instrucciones del presidente Taft, comenzaban a mover sus hilos entre las fuerzas del antiguo régimen.

Pero la rebelión reclamaba de un líder y ese era el Gral. Bernardo Reyes, entonces purgando una pena en prisión por insubordinarse ante Madero. Ahora había que cerrar el cerco y la mañana del 9 de febrero de 1913, los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón, tomaron por asalto la cárcel de Belem, liberaron a Don Bernardo y lo pusieron al frente de la columna de sublevados, de ahí marcharon unas calles hasta desembocar en el zócalo y Don Bernardo se puso frente a Palacio Nacional y ordenó se le abrieran las puertas. Todo parecía como un paseo pero en lugar de abrir las puertas lo ametrallaron y ahí quedo su cadáver tendido en el pavimento. La balacera se generalizó y mientras tanto la gente salía de misa de la catedral quedó a dos fuegos y los alzados se replegaron a la ciudadela. La decena trágica se había iniciado. Madero con su reconocida temeridad salió a la calle para buscar apoyo y debido a que estaba enfermo el secretario de Guerra y Marina, el Gral. García Peña, al encontrarse con Huerta le hizo el encargo como secretario del ramo.

La oportunidad estaba ahí, de la obediencia ni hablar pues todo se había derrumbado con la muerte de su amigo Don Bernardo y si bien al principio intento conciliar, no hubo más remedio que la definición y esa era con el Ejército y fue así como el intruso se convertiría en la figura presidencial por verticalidad de obediencia militar.  Al principio todo fue asegurar una remoción con todos los tintes de legalidad, se exigió la renuncia del presidente y del vicepresidente, se nombró a Pedro Lascuraín como presidente interino y en 45 minutos él nombrará como sucesor a Huerta. Más tarde todas las pasiones desatadas producirían el asesinato de Madero y Pino Suárez  después de su renuncia.

La caída hacia arriba estaba consumada y ahora vendría la cuesta abajo, el presidente Wilson rompería relaciones con el nuevo gobierno. Carranza el hombre antes del Reyismo se levantaría en armas; los otros conspiradores querían elecciones inmediatas para subir al poder; la situación internacional se agravaba día con día ante la proximidad de lo que después fue la gran guerra mundial y el rechazo  del congreso, lo obligará a cerrarlo. Convocará a ministros pero no duraron más de un mes en el encargo; las finanzas públicas están desechas por los maderistas; los créditos internacionales quedaron cerrados y un año después vendrá su humillante renuncia a la que previamente se sumó la intervención norteamericana en Veracruz, para negarle las armas para combatir a los rebeldes.

 

 

¡Adiós dinero fácil!

Los gobiernos pasados malacostumbraron a muchas organizaciones civiles al dispendio. Los recursos llegaban sin pudor y del mismo modo se evaporaban. Eso sí: sin cumplir ninguno de sus “objetivos”. En pocas manos brincaba el dinero del gobierno. Nunca, o rara vez, el recurso recibido aterrizaba para ayudar a los que menos tienen.

En varios casos se crearon fachadas que operaban desde algunas dependencias como la extinta Sedesol. “Instancias pantalla”, les llamó el mandatario en su conferencia matutina. En otros casos, muchas organizaciones beneficiarias fungían como brazos de choque: servían y sirven de porros para alterar el orden o disuadir movimientos sociales cuya lucha es justa.

Esta lectura la tiene bien clara el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Conoce quiénes son los actores de ese latrocinio, esos que manejan un discurso socialista y que viven como jeques. O peor aún, al margen de la ley.

Es decir, AMLO tiene la radiografía completa y hoy le puso el sello a esa sentencia. En ella encajan organizaciones sociales, campesinas, de beneficencia y los mismos sindicatos. Muchos de esos grupos viven a expensas del gobierno. Grupos parásitos que no aportan nada y que encontraron en los programas piloto, o en la ruptura de candados, una forma de vida con lujos.

Conocidos son esos líderes que viven del derroche. En Chiapas las organizaciones así caminan sin vergüenza. Muchos de sus dirigentes sin pudor alguno se muestran rodeados de lujos, a costa de los demás, y pagan buenas cantidades por figurar mediáticamente buscando mostrar un trabajo inexistente. Su máximo mérito, hay que decirlo, es la vía del chantaje y la manía del garrote.

Ahora parece que la suerte no les sonreirá del mismo modo. El mensaje del presidente debe cumplirse. Es necesario. ¿Qué habrá resistencia al cambio? No lo dudo. Décadas acostumbradas al despilfarro no se subsanan en meses. Llevará su tiempo. Pero es una medida justa.

No todas las organizaciones caminan por el sendero de la objetividad. Ni todas cumplen con lo que dicen. No todas son lo que aparentan ser y en nuestra entidad muchas se encumbraron bajo el manto del sabinato. Esas mismas que el exgobernador Manuel Velasco usó posteriormente.

Si los gobiernos estatales buscan quitarse de encima estos males, el tiempo es ahora. Cayendo éstas, muchos funcionarios corruptos asomarán la cabeza. Lo que debe seguir es que la justicia los alcance y la ley se aplique. Y que dejen en claro que al político que sorprendan auspiciando movimientos o grupos porriles pagará con creces. Eso sería lo ideal.

COITA INSEGURA.- Una publicación del periódico local de Ocozocoautla El Hocicón señala como principal culpable de la inseguridad del municipio al hermano de la primera dama. Sí, la señora Estrella Hernández a quien en un video se le escucha presentarse como presidenta municipal, en claro delito de usurpación de funciones que ya comenté antes.

Se trata de Manuel Hernández Díaz, subdirector de la Policía Municipal, a quien habitantes identifican como el promotor de los enfrentamientos cuando no se tenía definido al alcalde de Ocozocoautla y su cuñado, Alfonso Estrada, se jalaba los pelos al sentir que perdía el ayuntamiento. Sí, antes de pagar varios millones de pesos para poder ser edil.

Sin embargo, no le basta al presidente Alfonso Estrada con incurrir en el nepotismo. No. Sino que deja que sus familiares hagan y deshagan, sumiendo a Coita en un impasse del que difícilmente saldrá si las cosas siguen del mismo modo.

No se merecen los coitecos que la inseguridad y la apatía los alcancen por sobre manera. Alfonso Estrada se debe a su pueblo. ¡Caramba! Él sabe lo que es pasar hambre y ser pueblo, y parece que ahora, con un poquito de poder, lo ha olvidado.

Si su descaro es grande y no piensa meter a raya a sus familiares. Si le da igual que su esposa se diga alcaldesa y su cuñado se quede con recursos de multas y demás, pues allá él. Pero al menos que cumpla con su labor. Que se ponga el traje de alcalde y trabaje en beneficio de los coitecos.

Ocozocoautla requiere de un plan urgente de bacheo y un plan de seguridad municipal. No basta con que las patrullas circulen y toquen la torreta. Que cada elemento en el ayuntamiento haga su parte y las cosas funcionarán, es simple cuestión de lógica.

Recuerde la última entrevista que le hice, alcalde. Recuerde que me dijo que venía de abajo, que había caminado el pueblo entero. Demuestre con hechos los resultados. No con notitas pagadas. El trabajo se ve y sólo con él se tapan bocas. ¡Es cuanto!

MANJAR.- Ayer ratificaron al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Carlos Enrique Martínez Vázquez, a quien no tenía el gusto de conocer con anterioridad y de quien tenía ciertos prejuicios. Lo confieso. Sin embargo, lo he tratado por asuntos concernientes a la información y al papel de la institución que representa en últimas fechas, y me da gusto que siga en el puesto en el que el jefe del Ejecutivo estatal lo puso. Cada quien habla como le va en la feria, pienso. Y con Carlos Enrique al frente de la Junta se garantiza la transparencia, honestidad y rendición de cuentas que han pedido se pondere, tanto el gobernador Rutilio Escandón como el presidente Andrés Manuel.  #BienAhí // “La política es el arte de vender simultáneamente el gozo de la estabilidad y la paranoia ante el caos”. Carlos Monsiváis. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Miedo: Trump en la Casa Blanca de Bob Woodward y el disco Ice Pickin’ de Albert Collins. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

 

ASALTARON A CHIAPANECOS

Una vez más sale a relucir el nombre del exgobernador ahora protegido como senador del PVEM Manuel Velasco Coello; aparece en escena, y como van son las revisiones al rubro federal de los pasados 6 años, aparecerán aún más evidencia, hasta que las autoridades federales no puedan con el clamor de los habitantes de Chiapas quienes piden justicia, esa misma de la que habla el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador.

Son varias dependencias las señaladas por actos de corrupción, las que son una evidencia del saqueo y depredación al presupuesto, las acciones ilícitas refieren a hechos verdaderamente que atentan a la salud de los chiapanecos, y es el haber ocultado en bodegas cajas con diversos medicamentos dejándolos caducar, hablan de una maniobra bastante irregular que si las autoridades están en la investigación, es posible que en algunos días empiecen las aprehensiones o al menos las declaraciones de aquellos que no quieren estar en la cárcel, puedo asegurar que era (y aun es) el vox populli en Chiapas, saben que esos recursos fueron a parar en la administración personal del hoy senador Manuel Velasco Coello. 

Las asignaciones directas fueron la forma en la que lograron hacer varias maniobras, y con ello dejar evidencia, la operación era guardar los medicamentos y después volverlos a comprar, algo así como algunas patrullas de seguridad pública de las que se habla eran rotuladas como compra del estado y después de la alcaldía capitalina, pero eran las mismas solo les cambiaban su rotulación, hay un recurso para compra de esas patrullas de la administración de Fernando Castellanos mismo que se ventiló en una sesión de cabildo y curiosamente documentaron la compra de las unidades.

Esa es otra historia misma que también está siendo observada en varios municipios con ediles que representaban al Partido Verde Ecologista de México que hoy están desprotegidos ante la 4a T. Estamos seguros que algunos de ellos van a cantar cuando no se quedaron con el dinero.

Sin embargo, la administración local actual liderada por Rutilio Escandón Cadenas, es señalada por no gobernar, es decir por no actuar como muchos lo quieren en las redes sociales, sin embargo se le observa cauto y lento en sus acciones precisamente para ir desenredando los hilos en su gobierno, quiero entender que es una instrucción federal porque en estos dos meses se han filtrado ya las irregularidades en la administración del famoso “güero” y el mandatario deja pasar el tiempo que le permite ir armando las piezas para tomar un estado en condiciones de operar financieramente.

Ante ello, por primera vez el mandatario estatal Rutilio Escandón tomó el toro por los cuernos y dejó muy claro que la pasada administración logró enriquecerse (se habla de titulares y el mismo exgobernador aunque no lo mencionó) refiriendo empresas fantasmas en los negocios de la medicina como líneas arriba lo detallamos.

El mandatario estatal mencionó que “Nos encontramos con medicamentos escondidos para volverlos a vender y mientras la gente estuvo sufriendo porque no había medicamentos, eso de verdad que duele” sin duda que estas declaraciones y acciones permiten a usted amigo lector reconocer que están limpiando y aclarando  esos temas oscuros, sin embargo señaló que ya los tendría en la cárcel pero se tendría que construir más centros de readaptación, digo yo, de que serviría si saldrían en unos días.

RESTAURANT, BARES Y CANTINAS ES LO MISMO

Uno de los problemas más graves en la capital chiapaneca es la proliferación de cantinas, es decir, han aparecido cientos en estos meses y es que algunos entrevistados claramente señalan que es al municipio a donde entregan un apoyo mensual al sobrino del titular aseguran; por otro lado muchos locales en el centro no tienen licencia y operan con una solicitud de licencia o permiso y es el la Secretaria de Salubridad a donde les permiten esa acción ilícita, eso de operar con permisos de restaurant y en realidad son cantinas es algo en lo que se deben de ocupar y fijarles horarios, es la Delegación Terán el lugar a donde hay una cantina por cada 10 habitantes “bolos”, igual la ley aun no entre en función mientras las autoridades que les delegaron la función de supervisar, regir y hacer valer la ley guardan silencio porque les es conveniente. En Tuxtla cientos de bares que presentan espectáculos y no pagan por ese servicio… En fin estaremos pendientes.

 

 

Preparan líderes de la CNTE ofensiva para conservar privilegios en Chiapas

La negativa del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas para ceder ante los desproporcionados caprichos del actual líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 7, Pedro Gómez Bamaca, ha desatado la ira al interior de la mesa directiva del sindicato magisterial que este lunes anunció el inicio de nuevas movilizaciones en busca de imponer condiciones a la nueva administración estatal bajo el ya desgastado argumento de rechazo a la reforma educativa.

El renovado sentimiento de indignación expresado por Gómez Bamaca, durante la conferencia de este lunes, por el posible cierre de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y la deuda heredada a decenas de profesores interinos en Chiapas tiene un trasfondo que nada tiene que ver con la justicia o la empatía a problemáticas que hasta hace unas semanas le resultaban francamente indiferentes.

Para la CNTE y Bamaca los problemas al interior de la Rural Mactumactzá han sido irrelevantes durante años. Nada han hecho ante sus más severas crisis de credibilidad o posible desarticulación. Ante los llamados de apoyo a las bases magisteriales por parte de los normalistas Bamaca ha guardado sepulcral silencio e inacción. Por eso hoy sus palabras de indignación y supuesta defensa férrea para evitar el cierre de la escuela resultan inverosímiles.

De la lucha encabezada por los profesores interinos e idóneos ante el prolongado adeudo de salarios y el incumplimiento a la asignación de plazas ganadas mediante concursos de oposición, los antecedentes tampoco otorgan credibilidad al también líder estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Fueron los propios docentes interinos e idóneos quienes en reiteradas ocasiones decidieron desmarcarse de Bamaca y la CNTE ante la indiferencia de los lideres sindicales para defender con honestidad sus causas.

Han sido utilizados una y otra vez a la hora de engordar plantones “indefinidos” y negociar beneficios de cúpula. Se trata de una práctica que con el paso del tiempo ha quedado cada vez más expuesta, dinamitando la credibilidad de líderes sindicales como Pedro Gómez, para quienes las problemáticas reales de otros se convierten en banderas convenientes o fichas de cambio a la hora de fijar condiciones en las mesas de negociación política.

Lo que hoy tiene tan incómodo a los caciques de la CNTE, encabezados por Bamaca, no tiene nada que ver con la Mactumactzá, los interinos, los idóneos y mucho menos con la reforma educativa. Tiene que ver de lleno con la renuencia de las nuevas autoridades educativas para aceptar sus condiciones y mantener las cuotas en plazas directas, aumentos salariales y espacios al interior de la Secretaría de Educación que durante años los líderes han exigido como beneficios particulares para mantener “contralada” a su base sindical.

Lo que Bamaca ha omitido en su conferencia de prensa, realizada para anunciar sus nuevas movilizaciones, es reconocer que la “gota que derramó el vaso” tiene que ver con la instrucción dada por la nueva secretaria de educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, para regresar de manera inmediata a sus áreas de trabajo a más de dos mil profesores que se mantenían “comisionados” en actividades ajenas a la docencia; muchos de ellos vinculados directamente a las actividades del líder sindical, entre los que destacan familiares, amigos y recomendados.

El movimiento encabezado por Bamaca al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación carece ya de toda credibilidad. Su simulado antagonismo al gobierno verde y la evidente complicidad con Manuel Velasco Coello son ya del dominio público. Pedro Gómez es responsable también de solapar uno de los más grandes saqueos al sistema educativo estatal y callar convenientemente ante las arbitrariedades del ex gobernador chiapaneco… Las movilizaciones anunciadas este lunes resultan evidentes protestas de chantaje gubernamental que no pueden seguirse solapando en una entidad donde el derecho educativo sigue secuestrado por la corrupción de autoridades y lideres sindicales sin escrúpulos… así las cosas.

INCONGRUENCIAS DEL IMSS EN ALVARADO.

Reglas que ponen en peligro las vidas…

Dos niños quemados ejemplo de la mala atención…

De Alvarado a Lerdo y de Lerdo a Veracruz…

Aunque los sucesos se dieron en los últimos días del mes de enero de este año, la muerte de un niño o quizá –a estas fechas—los dos    que sufrieron quemaduras de gravedad al incendiarse una humilde vivienda en la colonia “El Platanar” en Alvarado, Veracruz, son ejemplos de la negligencia y mal servicio que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social y el protocolo aplicable a esa zona.

Las denuncias en contra del Sistema Nacional de Salud en México, son, además de reiterativas, consecuentes con la irresponsabilidad de los directivos, de los médicos y de la mayoría de los trabajadores que en él se desempeñan. ¿Quién de todas las instituciones –IMSS, ISSSTE, Salubridad y Asistencia—lleva la delantera en los malos y pésimos servicios?. Ni a quien irle.

Pero hoy  me queda la sensación de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el que más denuncias de ineptitud e incapacidad tiene para atender a sus derechohabientes, sin menospreciar lo que el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las clínicas y hospitales del Sistema de Salubridad y Asistencia hacen en contra de quienes tienen la necesidad de acudir a sus servicios.

Viene el tema porque a principio de mes, me di cuenta de la falta de sentido común de los médicos de la clínica de medicina familiar de Alvarado, Veracruz, para atender una urgencia como fue la de dos niños quemados al incendiarse una vivienda en la colonia “El Platanar”.

El accidente –si así se puede llamar— sucedió aproximadamente a las 6:30 de la mañana del día 29 o 30 de enero, no sé con exactitud, en que se incendiaron unas cortinas y se extendieron las llamas por toda la casa. Fue hasta las 8:00 horas que los dos niños fueron atendidos y llevados a la clínica del Seguro Social en Alvarado. De ahí, al medio día, se les autorizó el traslado a la clínica con especialidades de Lerdo de Tejada (a unos 30 kilómetros de distancia) y luego los remitieron al hospital del Puerto de Veracruz. ¿Por qué así, y esa pérdida de tiempo? Porque   el protocolo de atención médica así lo marca. Eso fue lo que dijeron.

Claro que es falta de sentido común porque a los dos niños –de los que uno ya había muerto a dos días del suceso— los atendieron dos horas después del acontecimiento en la clínica de Alvarado; los remitieron a Lerdo de Tejada al medio día y luego de regreso a Veracruz, haciendo un recorrido primero de 30 kilómetros (media hora) y otro de 100 kilómetros (una hora y media), que fue tiempo perdido para la atención de urgencia de dos niños con quemaduras de tercero o cuarto grado.

El ejemplo es trágico por la negligencia de los médicos de la clínica de Alvarado que pudieron obviar el protocolo de llevarlos primero a Lerdo de Tejada y luego regresarlos a Veracruz Puerto; que no solo pusieron en peligro sus vidas, sino que las perdieron. En razón de eso, se debe revisar la tramitología y los protocolos para que en casos como este y muchos de urgencia médica, el pase y traslado de los pacientes sea directo al hospital del Puerto de Veracruz.

Luego entonces, la irresponsabilidad del personal médico –en este caso de la clínica de Alvarado, pero frecuente en toda la República Mexicana, incluyendo la delegación Chiapas— es la culpable de esta falta de atención que provocó la muerte de un niño o quizá ya de los dos a estas fechas. Por eso, ¡este yo acuso! en contra de los médicos que no piensan ni tienen “sentido común” en una emergencia como esta.

¿Qué hay que hacer para resolver estos conflictos de negligencia y pésima atención a los derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Salubridad y Asistencia, inclusive el “Seguro Popular”, que está por desaparecer? Lo mismo que han hecho por mucho tiempo los diversos sectores sociales: manifestarse y la más de las veces con violencia.

Pero esas condiciones y situaciones ya no se deben tolerar, porque la ineficiencia, ineficacia, ignorancia de la materia en responsabilidad y la holgazanería, son también corrupción y se deben castigar severamente o, atenerse a las consecuencias de un pueblo en hartazgo…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

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Angélica María Bautista Vázquez, madre de dos niñas denunció que el pasado 14 de febrero fue golpeada y amenazada por policías quienes también le quitaron a las menores.

La mujer relató que se  separó meses atrás teniendo la custodia de las pequeñas, sin embargo cuando intentó reclamar un asunto familiar con su ex cónyuge la agredió y llamó a las autoridades.

Fue llevada por  una patrulla a la prisión preventiva mejor conocida por la “Popular”, donde permaneció tres días.

Posteriormente fue llevada a la Fiscalía de la Mujer, donde le notificaron que le serían quitadas  las menores, sin motivo aparente.

“Estoy dispuesta a realizarme un examen de sangre todas las pruebas, ya que me dijeron que soy una mujer alcohólica cuando eso no es cierto, hasta el momento no me quieren decir, en dónde están mis hijas”, relató.

Cuando fue llevada a la prisión preventiva también fue agredida, y le robaron 300 pesos que llevaba en su cartera que también le quitaron los municipales.

La madre acudió este mismo lunes a presentar su denuncia ante Derechos Humanos para que se le permita saber del paradero de Naomi y Nicole.

Hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para que revisen su caso, pues teme que sus hijas no estén bajo el cuidado de su madre.

 

 

 

 

 

Siete comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala interpusieron tres demandas de amparo ante la justicia federal en contra de la consulta ciudadana que pretende llevar a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador este 23 y 24 de febrero para la puesta en operación de la termoeléctrica Morelos.

En un mitin realizado frente al edificio del Tribunal Judicial de la Federación ubicado en esta localidad, los activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua y de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos aseguraron que tarde o temprano, la consulta que realizará el gobierno federal será invalidada por las violaciones constitucionales en las que se incurre.

Juan Carlos Flores, activista poblano, explicó que las comunidades que recurren en estos amparos colectivos son Huexca, Amicilgo, Jantetelco, del Estado de Morelos; Santa María Zacatepec, de Puebla y  San Damián Texoloc, San Vicente Xiloxochitla y San Jorge Tezoquipan de Tlaxcala.

Indicó que es posible que en el transcurso de esta semana otras localidades indígenas de la zona del volcán Popocatépetl se sumen a este recurso legal que pretende en primera instancia detener la realización de la consulta que se llevará a cabo el gobierno federal entre la totalidad de la población de Morelos, 15 municipios de Puebla y nueve de Tlaxcala.

“Lo que estamos reclamando en el amparo es que la consulta sea indígena y sea pueblo por pueblo, es decir, que cada comunidad decida sobre su territorio si el proyecto se va o se queda”, precisó el activista.

Confió en que la justicia federal conceda la suspensión provisional y con ello la suspensión de la consulta, pero indicó que aun cuando eso no suceda, el ejercicio participativo que realice el sábado y domingo el gobierno federal podría quedar invalidado al final del juicio si se concluye que fue inconstitucional.

El antropólogo Gilberto López y Rivas, procedente de Cuernavaca, aseguró que la consulta de este fin de semana es amañada, porque debe ser previa, libre, informada y culturalmente adecuada, aparte que tendría que realizarse sólo entre los habitantes de las comunidades afectadas.

Indicó que en estos días, aparte de la campaña mediática en la que se ofrece la reducción de la tarifa en el consumo de luz para los pobladores de los municipios que participarán en la consulta, hay funcionarios del gobierno que están haciendo campaña a favor de la puesta en operación de la termoeléctrica.

Mencionó que estas demandas de amparo se suman a la queja que ya se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Comisión Federal de Electricidad y al Presidente López Obrador, entre otros, por violar los derechos de los pueblos originarios.

Dijo que la puesta en marcha de este proyecto va en contra de la vida campesina e indígena y de la vocación agrícola que tienen las tierras de Morelos, además dijo que este tipo de termoeléctricas se han prohibido en países como Francia por el daño que causan a la salud.

“Pero fueron compañías españolas las que nos metieron los desechos que tenían de una planta y fueron las que construyeron en Morelos”, aseguró. 

Jaime Domínguez, activista de Morelos, advirtió que en esa entidad, las comunidades afectadas por el PIM se están reorganizando y “levantando muy fuerte”.

“Sobre todo hay mucha decepción, porque los pueblos tenían esperanza de que el gobierno de López Obrador les cumpliera”, expresó, “no esperábamos esto de él, que el hombre que llegó con la promesa del cambio, quisiera imponer (el PIM) con una consulta …no lo hizo ni Peña Nieto”. 

Recordó que la ejecución del Proyecto Integral Morelos se cometieron actos de corrupción desde un inicio, además de que se impuso su construcción con el uso de la policía federal y del Ejército en contra de los pobladores y sin importarles que, en todo este proceso, el tejido social de los pueblos quedara dañado.

Domínguez reiteró el reto que han hecho para el Presidente López Obrador, quien asegura que la termoeléctrica no contaminará el agua: “lo retamos a que sea él quien se tome el primer vaso de agua, porque dice que no contamina”.

Indicó que la consulta que llevarán a cabo este fin de semana es ilegítima y amañada porque el gobierno federal será “juez y parte” porque ellos mismos la organizan y serán escrutadores, sin la intervención de los pueblos. Además agregó que se hará uso de la popularidad que tiene el Presidente en las redes sociales para “avasallar” en los resultados.

Miguel López, habitante de Santa María Zacatepec, dijo que el pasado fin de semana los pobladores de esa localidad afectada por el paso de gasoducto acordaron que no permitirán que se instalen las urnas para llevar a cabo la consulta que propone el gobierno federal este 23 y 24 de febrero.

En su lugar, mencionó que llevarán a cabo una sesión de Cabildo abierto en la que se decidirá enviar al Presidente López Obrador las actas de las Asambleas que ya se llevaron a cabo en 2012 en las que se rechazó el paso del PIM por su territorio.

David Torres, habitante de Tlaxcala, indicó que también las comunidades de esa entidad, de acuerdo a usos y costumbres, rechazaron en su momento el proyecto, pero las autoridades no respetaron esa decisión porque fueron corrompidas, desde gobernadores hasta comisariados ejidales. “Este proyecto es un monumento más a la corrupción”, sostuvo.

Aun cuando no se conceda la suspensión provisional, si al final el juez concluye que la consulta fue inconstitucional, entonces se echa para atrás la consulta, se queda para atrás y se tiene que ordenar una consulta libre, previa e informada como debe ser con las comunidades indígenas.

Las Pruebas

Los activistas presentaron ante los juzgados federales dos cajas con documentación para respaldar su demanda. Entre los papeles entregados están las actas de las Asambleas que llevaron a cabo esas localidades desde antes de la construcción del gasoducto, el acueducto y las plantas termoeléctricas que forman parte del PIM y en las que rechazan las obras en su territorio.

También, explicó Flores se entregaron como pruebas la recomendación 3/2018 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en donde se asienta la violación que se cometió al derecho de consulta de los pueblos indígenas para estas obras.

Igual, se integra los amparos que concedió la justicia federal a favor de cuatro comunidades originarias de Atlixco en las que dictamina que se tiene que llevar a cabo una consulta conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En esas resoluciones, añadió el activista, vienen incluidas el Dictamen técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), un estudio de geofísica y un peritaje que señala que el proyecto no cuenta con medidas de protección civil.

Igual, indicó, se incluye una actualización acerca del riesgo sismológico en la zona, que se elaboró después de los temblores registrados el 7 y 19 de septiembre  de 2017, en las que se establece que aumentó el riesgo y que no ha habido revisión del ducto, el cual puede presentar fracturas.

Por último, Flores aseguró que quién está atrás de las presiones hacia el Presidente para poner en operación el Proyecto Integral Morelos son las industrias que están instaladas en Morelos y Puebla y que requieren de ese gas.

Precisó que son las empresas Saint Gobain, Nissan y Continental Bridgestone, que han construido un ramal de gasoducto privado para suministrar a sus plantas en Morelos.

“No es cierto lo que dice el Presidente que es para favorecer a la soberanía energética, porque  quien se va a beneficiar es el gasoducto que es español, tampoco es cierto que las tarifas de luz van a bajar, porque le van a comprar el gas a Estados Unidos y a la empresa española que lo va a transportar”, afirmó.

 

Periódico impreso edición No. 1572 del día 19 de febrero del 2019 . [Leer completo]

 

El PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, por separado, pero actuando en bloque, rechazaron el proyecto de dictamen que elaboraron las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda del Senado sobre la Guardia Nacional debido a que militarizaría la seguridad pública e ignora las voces del Parlamento Abierto que se llevó a cabo la semana pasada.

En diferentes conferencias de prensa en la Cámara Alta, senadores de los grupos parlamentarios opositores exigieron que la minuta sobre la Guardia Nacional sea modificada para que integre las propuestas de la sociedad civil para que garantice que sea una Guardia Nacional de naturaleza civil, jurisdicción, mando y fueros civiles.

“Garantizar que el proyecto respete los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, es decir, que pase el control de convencionalidad que este Senado también tiene responsabilidad de ejercer respecto de los productos legislativos que emita. Y tercer lugar, salvaguardar el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la distribución competencial entre los tres niveles de gobierno”, dijo la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

Los senadores condicionaron el respaldo al proyecto de Guardia Nacional, sino se modifica, dijeron, votarán en contra.

En conferencia de prensa, Mauricio Kuri, líder del grupo parlamentario del PAN, dijo que apoyarán la Guardia Nacional solo si se establece que el mando será civil y se da una temporalidad a la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles de cuatro años.

Además, los senadores panistas denunciaron que según el proyecto de dictamen que se discutirá la tarde de este lunes en las Comisiones Unidas no se escucharon las voces reunidas en el Parlamento Abierto que se llevó a cabo la semana pasada en la Cámara Alta y que la única voz que se escuchó fue la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que sí se tomó en cuenta fue la instrucción del presidente de la República, por el diputado Mario Delgado del Cuarto Transitorio, eso sí se tomó en cuenta en el Senado, de ahí en fuera deja mucho que desear el ejercicio de parlamento abierto si no vamos a escuchar a los ciudadanos”, dijo la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.

También, los senadores de Oposición coincidieron en que no permitirán que los foros del Parlamento Abierto sean solo una simulación, por lo que pidieron integrar sus propuestas al dictamen final como un registro nacional de detenidos, que venía en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados y fue borrado en el nuevo dictamen que realizaron las comisiones unidas del senado.

Además, pidieron que Guardia Nacional tenga contrapesos, que esté sujeta al control parlamentario y que exista un compromiso para emitir una legislación secundaria y reglamentaria, además de que se fortalezcan las policías locales.