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Si la planeación no es la óptima, el Tren Maya podría aumentar su costo de producción entre cuatro y 10 veces más que los 120 mil a 150 mil millones de pesos calculados por el gobierno federal, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En un comunicado, el centro de investigación alertó que, de acuerdo con la experiencia internacional,  los proyectos ferroviarios elevan su costo en un 45% sobre lo presupuestado.

Consideró necesario que el gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte, con el fin de que el proyecto genere ganancias o no requiera de subsidios gubernamentales durante su vida útil.

“El costo estimado de construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende entre los 479 mil 920 millones de pesos y 1 billón 599 mil 767 millones de pesos, un rango que es entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal.

“El peor escenario sería aquel en el que la construcción del Tren Maya no cumpla con sus objetivos de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades por las que pasará, y que el gobierno federal acabe subsidiando con los recursos de los contribuyentes la vida útil de otro proyecto sin beneficios para nadie”, alertó el Imco.

Recordó que especialistas ambientales han manifestado su preocupación en torno a la ruta del Tren Maya, la cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única, así como en la evaluación económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-beneficio del proyecto.

Esta evaluación deberá ser uno de los ejes centrales y preventivos de la decisión del gobierno para iniciar las obras, consideró.

“El 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponde a ejidos.

“Asimismo, antes del inicio de la construcción, el gobierno tendrá que cumplir con su obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena.

“Además, la planeación tendrá que asegurar el trazo y los derechos de vía deberán estar listos antes de iniciar la obra”, detalló el Instituto.

Entre las recomendaciones del Imco para aumentar la rentabilidad del proyecto está incluir a la población en mecanismos de consulta regulares desde la etapa de planeación del proyecto, “con lo que el gobierno podrá gestionar de mejor forma diversos riesgos sociales”.

Propuso además incorporar actividades distintas al turismo en la planeación de la obra; asegurar que las líneas se construyan en tramos urbanos, densamente poblados y cortos, y obtener la totalidad de los derechos de vía de los tres tramos antes de iniciar la obra.

Finalmente sugirió evaluar el costo de oportunidad de otros proyectos que puedan generar un mayor beneficio a la sociedad; “un ejemplo de esto podría ser el Ferrocarril Transístmico”, concluyó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar las concesiones otorgadas por los gobiernos neoliberales a empresas nacionales e internacionales, aunque aclaró que de ninguna manera tiene la intención de revocarlas o cancelarlas.

“Voy a revisar qué pasa con la explotación del oro, de la plata y qué uso, hay muchas propuestas en ese sentido, pero no tenemos nada en particular, sólo decir, se mantienen las concesiones, no se revocan, así de claro, para que no salgan nuestros adversarios o sus voceros a decir: ‘Se está perjudicando a la iniciativa privada o a la inversión extranjera’, repito, no se revocan concesiones”, dijo.

En su habitual conferencia mañanera, el mandatario lanzó un exhorto en particular a las mineras canadienses que operan en territorio nacional para que realicen una explotación “limpia” y actúen igual que como lo hacen en su país.

Es decir, explicó, a pagar bien al minero, cumplir con sus obligaciones fiscales y, sobre todo, no contaminar el medio ambiente.

“Esa es la regla y no hay ningún problema con las concesiones, nada más que ya no vamos a dar más, porque, para qué quieren más, ya es mucho. Vamos a respetar esas concesiones, esos acuerdos, también para que no haya temor, miedo, pero explicar que, como dicen los jóvenes, se pasaron, no tuvieron llenadera”, dijo.

López Obrador comentó luego que hay una cantidad de concesiones para la explotación minera como nunca. Lo que ya entregaron de concesiones los gobiernos neoliberales, señaló, no se lo acabarían las empresas ni en mil años, entregaron concesiones del orden de 40, 50 millones de hectáreas.

“Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y entregaron como 40, 50 millones, que representan entre el 25 o 30% del territorio nacional”, advirtió.

Y esto lo hicieron, prosiguió, en 36 años. “Ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como estos gobernantes neoliberales, nada más Calderón entregó 20 millones de hectáreas para la explotación minera”, puntualizó.

Cientos de policías estatales y municipales desalojaron esta mañana con gas lacrimógeno a miembros de una organización social que invadieron un predio en el noroeste de la capital del estado.

Alrededor de las seis de la mañana, fuerzas de seguridad coordinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron una orden de desalojo de un predio ubicado sobre el Libramiento Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez, el cual permanecía ocupado de manera ilegal por un grupo de personas adheridas al Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente-Emiliano Zapata (MOCRI-Zapata).

En el operativo, ejecutado por el Grupo Interinstitucional y encabezado por autoridades ministeriales de la Fiscalía, se utilizó gas lacrimógeno contra personas que, armadas con palos, piedras y machetes, arremetieron contra los agentes.

En el inmueble mencionado fueron halladas y desmanteladas diversas construcciones de madera y láminas, así como una máquina retroexcavadora que era usada para la construcción de una calle dentro del predio.

En esta acción participaron policías y ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Vecinos del predio invadido aplaudieron el paso de la policía, facilitaron el paso a los agentes y les dieron agua.

En respuesta, los miembros de esta organización vandalizaron vehículos particulares y dos patrullas, de las cuales robaron dos armas de fuego, una larga y una corta.

También vandalizaron algunos negocios de una plaza comercial bloquearon distintas vialidades de la ciudad y amagaban con volver a invadir el predio, donde cientos de policías estatales hacen guardia.

Con la finalidad de visibilizar su protesta un grupo de médicos despedidos pertenecientes al desaparecido programa “Prospera” se instalaron este día en las afueras del Palacio de Gobierno de Chiapas, e instalaron un módulo gratuito de atención ciudadana.

Emmanuel Hernández, vocero de los inconformes en entrevista para esta casa editorial dijo: “nosotros fuimos despedidos el primero de marzo de manera injustificada pues no tenemos ningún documento oficial que nos diga que estamos despedidos, sin embargo, por palabras del Secretario de Salud, Manuel Cruz Castellanos, se nos ha mencionado que estamos despedidos por el conocido Programa Prospera”.

El inconforme señaló que son más de noventa y un personas despedidas entre médicos y enfermeras e incluso psicólogos que se han quedado sin el sustento económico en sus hogares y de definitivamente no hay ningún justificante que avale dicho despido, por lo que han sostenido ya una reunión en la ciudad de México con el Secretario de Salud; Jorge Alcocer Varela y que una comisión de ellos se trasladó hasta la ciudad de México y se le entregó una carta directamente al Presidente de la República; Andrés Manuel López Obrador y se tuvo una reunión para abordar la problemática con el Secretario de Salud.

Y que derivado de dicha reunión se acordó una reunión para la próxima semana para entregarle un proyecto concreto al Secretario de Salud de todo lo que ellos hacían en el extinto programa “Prospera”, toda vez que ellos atendían a mujeres, niños, por lo que reconoció que dicha reunión puede ser una puerta de solución a la problemática incierta que enfrentan una vez que desde el primero de marzo están despedidos, finalizo.

Defensores de familiares de migrantes desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, en 2011 y 2012, llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a considerar que persiste “un patrón de violencia” contra las personas en contexto de migración, documentado desde al menos diez años, situación que se mantiene en impunidad.

Agregaron que no deben pasarse por alto, en el abordaje de casos registrados en días pasados, en que se divulgó la desaparición de entre 19 y 22 personas en la entidad.

En un comunicado, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a familiares de víctimas de migrantes desaparecidos, resaltaron que hechos como los denunciados en días pasados, en que una veintena de personas fue obligada a bajar de un autobús de pasajeros por personas armadas, “no son nuevos en nuestro país”.

La fundación recordó que hace diez años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer en un informe especial que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, 9 mil 758 migrantes fueron víctimas de secuestro, situación que se agudizó dos años después, cuando el mismo organismo dio a conocer un nuevo informe con 11 mil 333 víctimas entre enero y diciembre de 2010.

En marzo de 2011, recordó la organización, autobuses con destino a Reynosa, fueron interceptados en las inmediaciones de San Fernando, y los pasajeros obligados a bajar del vehículo, desconociéndose hasta ahora el destino de varias personas, en tanto que “otras han sido identificadas entre los 195 restos hallados en 49 fosas”, localizadas en San Fernando en abril de 2011.

La Fundación para la Justicia resaltó que está ampliamente documentado que en algunos de esos casos de secuestro, “estuvieron implicados agentes del Estado”, y a la fecha, “al menos en los casos de las tres masacres de migrantes documentadas en el norte de la República mexicana, sigue habiendo impunidad, no hay ninguna persona sentenciada”.

“En los nuevos hechos reportados en este año por el gobierno federal, no pueden ignorarse estos antecedentes, y no pueden hacerse declaraciones al vapor que puedan dar una falsa idea de lo que está ocurriendo, hasta que no se investigue de manera efectiva”, puntualizó la organización.

Tras recordar que en el caso de la masacre de Caderyta, en 2012, autoridades locales dijeron en su momento que se trataba de “un enfrentamiento entre grupos criminales”, declaraciones que “dañaron gravemente a los familiares de algunas de las víctimas que ya fueron identificadas”, la organización civil consideró que con los hechos recientes se abre una oportunidad para el gobierno de López Obrador.

“El actual gobierno tiene la responsabilidad, pero también la oportunidad de hace las cosas de manera diferente, de buscar a las personas de manera efectiva y de investigar agentes estatales y no estatales que pudieran estar involucrados, para evitar que siga existiendo la impunidad”, puntualizó la Fundación para la Justicia.

Agregó que “la debida investigación y enjuiciamiento de los responsables de estos delitos, constituye una garantía esencial de no repetición de los mismos”, sin embargo “la impunidad con que han contado los responsables de estos hechos en administraciones anteriores (por acción y/o omisión), alienta la continuidad de estas prácticas criminales, que dada la existencia de patrones de planeación, ejecución y/o encubrimiento, revelan sistematicidad, lo que puede continuar crímenes internacionales”.

La organización solicitó a la CNDH que dé a conocer el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas sobre el caso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando y en el de la masacre de Cadereyta, en las que instruyó a autoridades estatales y federales a realizar un diagnóstico sobre las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en el estado de Tamaulipas.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, recomendó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) coordinarse con autoridades estatales y federales para una búsqueda efectiva y dar con el paradero de las personas migrantes, así como estar en contacto con consulados de otros países “para detectar posibles denuncias de desaparición”.

Apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR), “tiene la oportunidad de integrar un equipo especializado, donde converjan las autoridades y especialidades que se requieran para llevar a cabo una investigación efectiva”, tomando en cuenta que “la evidencia del autobús debe ser debidamente resguardada a fin de que se aporten elementos para saber la identidad de las personas desaparecidas, se logre contacto con sus familiares, y obtener información que se requiera.

La organización insistió en que se presenta una oportunidad única para las actuales autoridades, que han mostrado “voluntad para combatir la desaparición de personas migrantes”, al menos en reuniones sostenidas entre la organización y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

A cien días de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, Amnistía Internacional consideró que en materia de derechos humanos, la actual administración tiene “claroscuros” y grandes retos que superar.

“El discurso y los hechos que caracterizaron los primeros tres meses de gestión del nuevo gobierno en materia de derechos humanos se enmarcan en una serie de claroscuros”, consideró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, al anunciar la entrega de una carta abierta al presidente López Obrador.

Para la organización, apuntó la defensora, es de reconocerse “la disposición de la actual administración para aceptar, en algunos casos, la responsabilidad del Estado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, así como las disculpas públicas presentadas a las víctimas”, pero los retos son enormes.

Al anunciar que próximamente dará a conocer un balance sobre la situación de derechos humanos en el país en los primeros tres meses del actual gobierno, la organización internacional divulgó una carta enviada al mandatario.

En la misiva, firmada también por la directora de Amnistía Internacional para América Latina, Ericka Guevara Rosas, se reconocen avances como la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, la designación de Karla Quintana como encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, y los anuncios de próximas mejoras en la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y en el trato a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Sin embargo, se lamenta “la ausencia de progreso en otras áreas clave para los derechos humanos; entre ellas, la mejora de las instituciones policiales, la inmediata atención a la violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, y la aceptación de la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) para recibir y examinar denuncias individuales, entre otras”.

La organización observa que la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, “sólo podrá servir como instrumento de garantía de los derechos humanos, incluida la seguridad, en la medida en que su gobierno tome esta oportunidad para llevar a cabo el retiro ordenado y definitivo de las fuerzas armadas de toda labor de seguridad pública”.

La organización recomienda a López Obrador que para que la Guardia Nacional sea un paso hacia la desmilitarización del país “asegure que sea un organismo civil y que la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad cese tan pronto como sea posible y no más allá de los cinco años señalados en la reforma constitucional”.

Amnistía hace una serie de recomendaciones al Presidente para que se garantice el carácter civil de la Guardia Nacional, como prohibir que los elementos militares “participen en la investigación de delitos ni que actúen como auxiliares del Ministerio Público”, así como evitar que realicen detenciones “salvo en circunstancias claramente excepcionales y con apego a los marcos legales de derechos humanos”.

Para la organización resulta preocupante que el gobierno de López Obrador “no haya realizado una declaración pública sobre la importancia del trabajo y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en un contexto en el que, desde el inicio de su administración, más de una docena de personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, incluso a través de la privación ilegal de la libertad”.

Al señalar que las personas defensoras, “ahora más que nunca necesitan que el Estado las reconozca y les brinde protección”, Amnistía emite cuatro recomendaciones a López Obrador, entre ellas la promoción de investigaciones prontas, independientes, imparciales y efectivas sobre ataques a defensores; hacer una declaración pública a favor de este sector en medios de información; incorporar “una perspectiva integral sobre la protección” de las personas defensoras, y promover la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Tras valorar los avances en el caso Ayotzinapa, Amnistía lamenta que en el resto de los más de 40 mil desaparecidos se registre una “lenta implementación de medidas concretas para resolver esta situación”, de ahí que urgió al mandatario a que se reconozca la competencia del CED para reconocer las comunicaciones individuales, lo que “contribuiría a robustecer los esfuerzos que su gobierno haga respecto a esta problemática”.

En su misiva, Amnistía alienta a López Obrador a que en su gobierno se procure la realización de investigaciones profundas sobre los casos de desaparición forzada y, “en su caso, llevar a los responsables ante tribunales, en juicios justos”.

Pide que permita a los familiares de las víctimas a participar en las investigaciones; que se acelere la instalación de comisiones de búsqueda locales, con personal y recursos suficientes.

Ante el anuncio del Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres en México, Amnistía Internacional consideró que no es suficiente mejorar los procedimientos para emitir declaratorias de AVG, cuando en 2018 “las procuradurías y fiscalías del país iniciaron 845 investigaciones por feminicidio, aunque la cifra real de feminicidios podría ser aún mayor”.

Para enfrentar el problema, la organización recomienda al presidente “reconocer públicamente el grave problema de la violencia basada en el género que enfrentan las mujeres y niñas en México  y priorizar en su gobierno las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, necesarias para erradicar estas violencias”.

La organización sugiere además tomar medidas para prevenir la tortura, las muertes violentas, los asesinatos, los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas, entre otros delitos, y “promover que el Estado mexicano priorice su investigación pronta, imparcial, independiente y efectiva y lleve a los responsables ante tribunales en juicios justos”.

En materia de migrantes y refugiados, las directoras de Amnistía Internacional consideran que la revisión de las condiciones de detención por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la consulta a la sociedad civil, “no responden a nuestra recomendación de establecer sanciones para las prácticas ilegales de devolución, las cuales siguen siendo un problema común para el que no se han adoptado medidas concretas”, así como tampoco hay cambios “en las prácticas de detención de personas migrantes, ni en la detención de niñas y niños”.

Para combatir dichas irregularidades, la organización insiste en que la Secretaría de Gobernación “debe revisar los procedimientos de retorno y deportación de las personas migrantes irregulares con el fin de respetar el derecho de todas las personas a solicitar asilo y poner fin a las prácticas ilegales de devolución, velando porque éstas sean objeto de sanciones administrativas”, y que la detención migratoria sea el último recurso al que nunca se someta a menores de edad.

En la carta, Guevara Rosas y Reneaum Panszi reconocen que las recomendaciones expuestas no son todas las que se requieren para superar la crisis de derechos humanos en el país, pero “su realización es un paso importante para tener avances sustantivos”.

Al recordarle a López Obrador que “tiene en sus manos la oportunidad de lograr un cambio real”, las directivas de Amnistía puntualizaron que “el reconocimiento de la labor y la coordinación con las organizaciones mexicanas de defensa de los derechos humanos debe ser prioridad para avanzar una agenda integral y efectiva de derechos humanos”.

DERECHOS HUMANOS, CONCEPTO FILOSÓFICO.

La obligación oficial de defenderlos…

Libertad de Expresión, la lucha diaria…

Comentarios al Margen…

PERIODISTAS MEXICANOS EN RIESGO…

La lucha por los Derechos Universales es un eslabón histórico que ha provocado sangre y muertes, pero que al final de los tiempos se ha conseguido plasmar en la mayoría de las constituciones de los países del mundo. Los derechos humanos son esa parte medular de la supervivencia en el enfrentamiento de la sociedad frente al poder.

Siempre he creído que “los derechos humanos” son un concepto como “la democracia” que está dentro de cada uno de los individuos que a su vez los entienden y externan a su manera y naturaleza. Esos conceptos –como yo les llamo—han tenido que ser incluidos en la Constitución en la parte de lo que antes se llamaba “garantías individuales” y hoy son los “derechos humanos”.

En esta acepción, las comisiones de Derechos Humanos en el país y Chiapas, no tienen por qué celebrar convenios exprofeso con dependencias del gobierno –perdiendo el tiempo—cuando su función está debidamente estipulada en su ley orgánica emanada de la Constitución. Se debe erradicar de la instancia nacional y estatal, la parafernalia de la fotografía y el lucimiento, que en nada abonan a la eficiencia y eficacia en la aplicación de sus preceptos.

Entre los “derechos humanos” está implícita la “libertad de expresión” y en ella la “libertad de prensa”, dos elementos vitales en el ejercicio periodístico que en el uso y abuso del poder se ha convertido en letra muerta, ante la realidad que vivimos en México y en el mundo. El riesgo de la actividad periodística se ha acrecentado ante las amenazas, levantones y asesinatos. O como dice ENRIQUE KRAUZE: “La Libertad es como el aire; no la valoras hasta que no te falta”.

PERIODISMO, AMENAZA Y MUERTE…

La frase: “No se mata la verdad matando periodistas”, es una constante que no ha servido para nada. Los atentados y asesinatos de periodistas siguen su curso como si ya nos hubiésemos acostumbrado. Y no pasa nada. La autoridad se ha declarado incompetente –que lo ha sido desde siempre—para investigar y aclarar estos homicidios.

Bien dicho: “en México es peligroso ejercer el periodismo” y una de las entidades que se ha distinguido  por la persecución y asesinato de periodista es Veracruz, donde los gobiernos de FIDEL HERRERA BELTRÁN (2004-2010) y JAVIER DUARTE DE OCHOA (2011-2016) se caracterizaron por sus “carnicerías y la permisibilidad a la delincuencia organizada”. En la administración de MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES y ahora CUITLÁHUAC GARCÍA, las condiciones no han cambiado.

“El riesgo de vivir ya es bastante; solo vivo se tiene la posibilidad de morir en cualquier momento. Pero hay que ver por donde entra la muerte y a qué horas”, porque  como dice MANÚ DOBENIER, “Los Periodistas Mueren de Noche” y yo estoy seguro que puede ser a cualquier hora. Las estadísticas así lo confirman y hoy ser periodista es estar en el filo de la navaja.

Otra vez, como en los primeros tres meses del 2017, este año 2019, ha sido trágico para los periodistas. El 22 de enero pasado, fue asesinado JOSÉ RAFAEL MURÚA MANRIQUEZ de “Radio Comunitaria Kashua” del municipio de Mulegé, en el Estado de Baja California Sur. El 17 de febrero-2019, fue ejecutado el locutor JESÚS EUGENIO RAMOS RODRÍGUEZ “Chuchín”, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

El tercero de la lista de periodistas asesinados este 17 de febrero de 2019, fue el locutor de radio REYNALDO LÓPEZ, mientras que su copiloto del automóvil en que se conducían, CARLOS COTA, resultó herido. SANTIAGO BARROSO ALFARO es el cuarto –hasta ahora—siendo ultimado el pasado viernes 15 de marzo, en San Luis Río Colorado, Sonora. 

En el 2017, de los once periodistas asesinados, estos fueron  en los primeros cuatro meses: CELICIO PINEDA BRITO en Ciudad Altamirano, Guerrero, el jueves 2 de marzo; MIROSLAVA BRECH VELDUCE, el jueves 23 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua; RICARDO MONLÚI en la población de Yanga, Veracruz, el domingo 19 de marzo. En Baja California Sur, el viernes 14 de abril, fue ultimado MAXIMINO RODRÍGUEZ PALACIOS; el  sábado 29 de abril en Jojutla, Tlaquistengo, Morelos, FILIBERTO ÁLVAREZ LANDEROS y el lunes 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, el corresponsal de la Jornada y director-propietario del “Semanario Río Doce” JAVIER VALDEZ CADENAS. 

Por los seis asesinatos de periodistas en el 2017,  –tres en el mes de marzo, dos en abril y uno en mayo— y los cuatro que van de este 2019 –uno en enero, otro en febrero y dos en marzo-- las diversas agrupaciones defensoras de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de prensa, han manifestado su indignación y exigencia de investigación, aclaración en cada uno de ellos, así como, plenos  ¡RESULTADOS!.

La cosa no es menor como lo consignan las instituciones defensoras de los medios de comunicación, de periodistas y libertad de expresión, ya que del año 2000 a lo que va del 2019, han sido asesinados en México 145 periodistas; 23 durante la gestión de VICENTE FOX QUESADA; 47 en el gobierno de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y 47 en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO. Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas y Libertad de Expresión, de julio de 2010 a agosto de 2014, inició 211 indagatorias  por amenazas; 109 por abuso de autoridad y reportó 23 periodistas desaparecidos, que ha cinco años de distancia se han incrementado considerablemente, por la nulidad de esta instancia.

Del 2000 a la fecha, los años más violentos para los periodistas son: 2006 y 2008 con 10 asesinatos en cada uno; 2010 y 2016, once por año, que han sido los más fatídicos. Pero no se pueden excluir de las estadísticas trágicas, el 2009 con nueve victimados; 2011, ocho; 2012, siete al igual que el 2015. En el 2014 fueron asesinados cinco periodistas y en  2017  se perpetraron  once homicidios; en el 2018, al menos nueve que están registrados y, como ya está consignado, en este 2019 van cuatro.

El recuento de los daños a periodistas chiapanecos se tiene que consignar detalladamente pues en una de esas aparecen las agresiones al director del “Diario Contra Poder en Chiapas”, JOSÉ ADRIANO ANAYA; el asesinato del corresponsal de “El Heraldo de Chiapas”, MARIO LEONEL GÓMEZ SÁNCHEZ y las amenazas que el alcalde de Tonalá, MANUEL NARCÍA COUTIÑO ha proferido en contra de directivos del diario “Record” y en especial del propietario, ABEL GÓMEZ VILLALOBOS y su directora, MARÍA CRUZ CHIRINO CASILLAS, a los que inclusive les ha mandado gente de las comunidades a amenazarles, agredirles y violentarlos,  en su propia casa.

Por esas actitudes abusivas y peligrosas del Presidente Municipal de Tonalá, el llamado MANACO, la señora MARÍA CRUZ presentó una queja ante el Fiscal de Atención a Periodistas JOSÉ EDUARDO MORALES MONTES, misma que debe ser atendida con celeridad para que no suceda un percance que después se tenga que lamentar. Sobre aviso no hay engaños…  

COMENTARIOS AL MARGEN…

LAS IMPOSICIONES DE AMLO…

La filosofía de la política dice: “cuando la democracia de los gobernantes es infinita, solo conduce al absolutismo, despotismo y tiranía”. La historia de la humanidad así lo inscribe y los ejemplos son tantos que sería imposible enumerarlos. No quiero decir que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR esté en este supuesto, pero si las fuerzas de oposición a su gobierno no presionan, el Presidente va a seguir haciendo su plena voluntad.

Él cree tener la razón absoluta y eso ya es un mal indicio. La imposición descarada de sus colaboradores en los tres órganos del Gobierno y sus decisiones lleva un mal augurio, mientras sus “feligreses” le aplauden como focas y le dejan pasar todas sus ocurrencias.

El Presidente no puede hacer lo que se le pegue la gana, ni puede actuar por caprichos u ocurrencias, como hasta ahora. Ahí está la negociación con el “Niño Muerde” y la dirigencia del Verde Ecologista para la elección de Puebla; la protección que ha dado al exgobernador corrupto de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO y su aprobación a través de RICARDO MONREAL   la licencia de senador para regresar a terminar su período de gobernador, violentando la Constitución General de la República y la local del Estado.

El nombramiento de YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, esposa del “asesor favorito”, JOSÉ MARÍA RIOBOO como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una imposición del Pejedente. Es el mismo caso de la nominación –otra vez—de MIGUEL BARBOSA HUERTA, como candidato a la gubernatura de Puebla, donde ganó la encuesta fraudulenta de ANDRÉS MANUEL como ha ganado todas, porque él mismo las promueve, organiza y califica.

El que no lo quiera ver, que cierre sus ojos e inhabilite su mente. Los tiempos son incontenibles y el futuro incierto. Lo que venga,  tiene que venir y lo que pase, tiene que pasar: como dijo CANTINFLAS…

Se acabó el mecate… y ES TODO…

 

 

 

En puebla se impuso Yeidckol

En el caso de Krause, todo parece quedará en el olvido

“Los conservadores”, vociferan

En Puebla se impuso la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky; el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal fue el perdedor pues su candidato Alejando Armenta y Nancy de la Sierra, perdieron, aunque después de quedarse fuera dijeron que se sumarán al trabajo de Barbosa.

Según la Comisión de Encuestas, Barbosa aventajó a sus contendientes en prácticamente todos los rubros, sin embargo, el senador con licencia Alejandro Armenta se inconformó con los resultados.

De esta forma, el exsenador competirá por segunda ocasión por la gubernatura del estado, lo hizo en la elección del 1 de julio del 2018 cuando ganó la panista Martha Erika Alonso, y en la que él alegó “fraude”.

Barbosa ha sido cuestionado por sus posibles nexos con el PRI, y otros que ponen en duda su salud y que pueda soportar una segunda campaña a raíz de la diabetes que padece.

Sin embargo, el ex legislador asegura que su salud está bien para competir, ganar y gobernar y que no se prestará al juego de exhibir algún examen médico.

Aun a estas alturas, Barbosa sostiene que la extinta ex gobernadora Martha Erika Alonso, fallecida en un accidente aéreo el 24 de diciembre pasado , le “robó” la elección y que por la lucha legal que dio, merece esta segunda oportunidad con la candidatura.

Asimismo Miguel Barbosa, con la candidatura en la bolsa a la gubernatura del Estado de Puebla considera que el también extinto que Rafael Moreno Valle se pasó de lanza al querer dejar a su esposa en el poder, pues ellos, criticaron y pedían que se fuera Mario Marín a quien le decían el ‘gober precioso’ y ellos cayeron en lo mismo, al pretender instalar una monarquía.

Miguel Ángel Barbosa será por segunda vez el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, ya con el visto bueno de su partido y si este fue apoyado por la líder nacional, seguramente otro de sus seguros simpatizantes es el presidente López Obrador, porque sin la anuencia de este, Barbosa no hubiera sido el elegido.

MORENA en un comunicado informó que ante los tres precandidatos y la Comisión Nacional de Elecciones, los resultados arrojados durante la madrugada del lunes, la Comisión de Encuestas, Barbosa aventajó a sus contendientes “en prácticamente todos los rubros”.

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky pidió a los participantes en el proceso interno “hacer todo el esfuerzo para superar las diferencias y lograr la unidad para sacar adelante las reformas de la Cuarta Transformación con mayoría calificada”.

Hoy los morenistas deberán cerrar filas en torno a Barbosa, pues los panistas, pelearán a muerte el estado, pues piensan que los poblanos están de su lado, sin embargo ahora sin Moreno Valle, el triunfo podría ser para MORENA, pues en las pasada elecciones ganaron la elección, sin embargo, le robaron la elección y ahora será muy distintos, pues ahora sí, Barbosa tiene todas las de ganar.

La libertad debe enfrentarse desde la libertad: Krauze

La semana pasada Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló las campañas de propaganda negra que fueron desplegadas en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante el proceso electoral 2017-2018, y anunció que el gobierno federal interpondrá una demanda por la presunción de delitos electorales y de lavado de dinero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que denunciará la red de empresarios cercanos al exmandatario Enrique Peña Nieto por orquestar una campaña sucia en su contra durante las elecciones de 2018.

El propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección y sobre todo exponer con claridad de que con la nueva legislación que se está probando el hecho de que es delito grave el fraude electoral, ya implicados en estos casos una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes ya los implicados tendrían que ir a la cárcel.

Por otro lado, el periódico Eje Central publicó una nota en la que involucran al historiador Enrique Krauze en una supuesta campaña dedicada a desprestigiar al entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, con ataques cibernéticos.

Según la nota, Krauze coludido con los empresarios Agustín Coppel, Alejandro Ramírez y Germán Larrea contrataron los servicios de “bots” para generar contenido que ensuciara la imagen de Obrador y así ayudar en su campaña a Ricardo Anaya. Se dice que los creadores recibieron hasta 50 mil pesos por cada mensaje que se volviera tendencia en Facebook Twitter e Instagram.

Los empresarios negaron su participación ante dicha noticia, exceptuando a Germán Larrea quien decidió no pronunciarse al respecto. Caso contrario a Ricardo Rojo que aceptó ser parte de la oposición y elaborar propaganda en contra de Obrador, sin embargo, aseguró que todo lo que publicaba era verdad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que Enrique Krauze es un buen historiador, que tiene una postura política diferente a la suya, pero que merece “todo nuestro respeto”.

A todo esos señalamientos de financiamiento empresarial, que rayaron con el lavado de dinero, para atacar a través de una propaganda sucia a adversarios políticos y electorales, finalmente los tambores de guerra se callaron, pues Enrique Krauze, cambió su actitud al deponer su anterior amenaza de ir a tribunales contra la diputada Tatiana Clouthier por las menciones hechas en un libro y luego reforzados por una detallada nota periodística.

La libertad debe enfrentarse desde la libertad, ha dicho en términos generales el historiador y empresario cultural Krauze, luego que en entrevista fue cuestionado si aceptaría el reto de la hija de Manuel J. Clouthier de resolver en instancias judiciales el diferendo actual.

La cosa no pasó a mayores, ahí quedó el asunto, pues López Obrador volvió a decir “amor y paz”

López Obrador no va por la reelección

El presidente Andrés Manuel López Obrador signó una carta en la que se compromete a no buscar una reelección en 2024, pero confió en que para entonces, “el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder”.

Lo anterior en respuesta a quienes identificó como sus adversarios, “los conservadores”, a quienes acusa de “vociferar infundios”.

Tras las críticas de los partidos de oposición, así como de dirigentes empresariales, el mandatario se había comprometido a firmar un documento de deslinde de intenciones, en la que aseguró reivindican sus principios y convicciones.

La propuesta de AMLO de la revocación de mandato, con la que plantea someter al voto popular en 2021, motivó que sus adversarios señalaran que su verdadera intención es reelegirse, consideró que se trataba de un infundio.

Al respecto expuso, “mis adversarios, los conservadores que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en 2024”.

López Obrador leyó el documento en el que se declara “maderista” y partidario del “sufragio efectivo no reelección”; guiado por principios y no por ambiciones, y sostuvo que intentar perpetuarse en el cargo sería traicionar su honestidad, “lo más valioso que tengo en la vida”.

Luego consideró que los seis años de mandato son suficientes para desterrar la corrupción y la impunidad, construir un país democrático y justo.

Del Montón

El Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas y Consejeros Electorales con la presencia de autoridades tradicionales y comunitarias de Oxchuc, hicieron entrega de las actas de las asambleas para solicitar la implementación del marco normativo que permita la designación de su autoridad municipal, la cual habrá de realizarse en el mes de abril en dicho municipio. Gabriel Méndez López, abogado comunitario explico que la presencia de representantes de las 120 comunidades que conforman el municipio, son los que fueron designados en la asamblea general electoral municipal el pasado 24 de enero y en atención a la convocatoria que había emitido el IEPC, se llevan a cabo cinco sesiones para delinear los lineamientos para llevar a cabo las próximas elecciones que ya están definidas por la asamblea el próximo trece de abril. Méndez López quien de la lucha política llevo la lucha jurídica tanto en el Tribunal Electoral del Estado como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación reivindicó el derecho a que su municipio se rija por el sistema normativo de usos y costumbres. * * * Las extorsiones a viajeros y migrantes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), motivaron una operación de “limpia” que en unos días se dará a conocer a detalle. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que hay un grupo de servidores públicos contra los que ya existen denuncias penales. “Se va a limpiar migración para que no haya extorsión a personas, a extranjeros, en el aeropuerto ni en ninguna frontera del país”, adelantó. Desde Palacio Nacional, el mandatario amplió la “limpia” también al Servicio de Aduanas, porque tanto en este como en el Instituto Nacional de Migración mantienen la alerta por extorsiones y otros actos ilegales. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

 

 

 

 

¿Qué hace que una persona abandone su lugar de origen, su cultura, su lenguaje y sus afectos y emprenda el camino sin retorno de la migración, que sabemos comprometerá también a su descendencia? La respuesta supone dolor, nostalgia y marginalidad en la mayoría de los casos. Para comenzar tenemos que reconocer la magnitud del problema que de acuerdo a Naciones Unidas hoy se estima en poco más de 300 millones de seres humanos.

De ellos sólo un porcentaje mínimo que no llega al 5% lo hace de manera voluntaria y otro porcentaje que se encuentra dentro de este rubro es por razones políticas que se acogen a la figura del refugiado. El resto por el contrario es por razones socioeconómicas que se expresan en ausencia de expectativas, empleo y falta crónica de recursos.

Dentro de este drama que hoy alcanza niveles que antes no eran imaginables, hoy se realiza esto ya no individualmente, o en grupos, sino en caravanas interminables donde hombres, mujeres y niños de todas las edades emprenden la salida de su lugar de origen en busca de algo que ya no es el sueño americano, sino que se va con la certeza de que se les va a extorsionar por el camino, que sus vidas y dignidad van a ser mancilladas, que sus escasos recursos se van a perder por robo o excesos de cobros por mafias insaciables.

Ahora comencemos por la calificación educativa, la cual es insuficiente para poder penetrar una cultura que les es del todo ajena desde el lenguaje hasta su imposibilidad de integrarse con familiares que ya les son extraños por vivir en realidades distantes. Continuemos con las prácticas humillantes que ha impuesto Trump a toda migración donde los actores son masas empobrecidas. Sigamos con el deterioro de sus condiciones de salud y los prejuicios que rondan en este sentido. La resultante es una sociedad cerrada como Norteamérica que es el primer centro de recepción y cuya evidente decadencia se expresa en la discriminación a lo que sienten ajeno.

Las cifras que ofrece Naciones Unidas son impactantes en los cinco continentes pues las condiciones de expulsión están presentes en un mundo donde las vías de comunciación parecieran acercarnos y a la vez dividirnos.  Tan solo el continente africano aporta más de 15 millones de personas que son enganchadas, llevadas hasta Melilla o Tánger con la búsqueda puesta en cruzar el impetuoso estrecho de Gibraltar en barcazas gigantescas e inseguras para cruzar el estrecho, donde en más de una ocasión los lleva a naufragar y a una muerte  segura.

El continente Asiático también es testigo de la migración masiva que ahí ocurre y que moviliza por medios muy diferentes a 30 millones de seres humanos principalmente de China y la India. Donde los destinos se cruzan en múltiples rutas de salida a todo el mundo, siendo los puntos críticos de mayor explotación los países árabes que los someten en la mayoría de los casos a condiciones de esclavitud.

En cuanto al continente Europeo pudiera parecernos que es sólo un centro de recepción de migrantes, pero las cifras arrojan un número alarmante de 40 millones de personas procedentes en su mayoría de Europa Oriental y donde habría que agregar las masas desplazadas de origen europeo que retornan al continente desde la costa Mediterránea de África.

En el continente Americano tenemos que dividirlo entre el cono sur, el Caribe y América del Norte En el primer caso se expresa en el desplazamiento de cerca de 30 millones de personas, pero lo más preocupante es la zona del Caribe y Centroamérica donde gobiernos autoritarios han conducido a la miseria a sus pueblos. Pero donde se nos toca el corazón directamente es el caso de nuestro país donde hemos perdido por migración 15 millones de mexicanos conservadoramente, lo que cuestiona todo pues hemos dejado ir a nuestros hermanos para desplazarse principalmente hacia Estados Unidos.

¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer para dejar vacíos nuestros campos; abandonar nuestros pueblos; dejar las escuelas sin infantes; permitir a nuestras mujeres y a nuestros hijos dejar el hogar y no de menor importancia cómo dejamos ir a nuestros profesionales por la oportunidad que no les dimos? Pues detrás de cada migrante hay una historia y una ruta sin retorno     

Hoy las golondrinas se han ido y no volverán con la primavera, nuestra cultura se adelgaza, nuestros limites se hacen estrechos y lo que pudo ser extensión de nuestra sangre se ha ido hacia otros nidos, no siempre amigables. Hoy quisiera volver a creer en el hombre universal, en el que se extiende por la faz del planeta, pero ese ser aún no se ha creado, pues los limites de la sinrazón, del odio racial, del prejuicio estúpido, impiden construirlo.

A todo lo anterior se suma el crimen organizado que bajo las formas de narcotráfico, tráfico de personas, trata de blancas envilecen a lo humano y abusan de la necesidad del que se encuentra en condición de miseria para someterlo a sus designios. Miremos pues en cada migrante a una ser humano, impidamos el crecimiento de estas cifras y recobremos nuestros espacios en un mundo donde la guerra, la hambruna, la necesidad y la falta de oportunidades se extinga de este mundo.

 

 

Ingresa Tuxtla a lista de 25 municipios más endeudados de México

Las noticias generadas a consecuencia de la nueva deuda pública adquirida por la administración de Carlos Morales Vázquez durante sus tres primeros meses de gobierno siguen dando de qué hablar a nivel estatal y nacional. Esta vez fue la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien reveló la lista de los 25 municipios más endeudados de México a la que, después de algunos años, reingresó la capital chiapaneca.

De acuerdo al estudio sobre las “Obligaciones Financieras de los Municipios de México al Cuarto Trimestre de 2018”, Tuxtla Gutiérrez avanzó a la posición número 23 de los municipios más endeudados del país, con una deuda equivalente a los 462.1 millones de pesos.

La lista es encabezada por municipios como Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo y Zapopan que desde hace años no han podido dejar los primeros lugares del endeudamiento nacional. La capital chiapaneca no se encontraba dentro del escabroso ranking desde hace al menos una década, durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Y es que, cabe recordar que de acuerdo al informe de la SHCP referente al último trimestre de 2018, de septiembre a diciembre del año pasado la deuda de Tuxtla Gutiérrez pasó de 360.8 millones de pesos a 462.1 millones de pesos. Significó un incremento sustancial del 28 por ciento sobre los compromisos financieros de la capital chiapaneca.

Según los documentos de la SHCP, el ayuntamiento que comenzó el pasado 1 de octubre de 2018 realizó la contratación de una nueva deuda por 105.2 millones de pesos con la Banca Múltiple. El nuevo compromiso crediticio se sumó a los 360 millones que el municipio capitalino ya arrastraba con la Banca de Desarrollo.

Con la nueva deuda municipal Tuxtla Gutiérrez también se consolidó como el municipio más endeudado de la entidad chiapaneca, representando más del 70 por ciento de la deuda general que todos los municipios de Chiapas tienen registrada ante la Secretaría de Hacienda federal; una deuda municipal global que ascendía a más de 639 millones de pesos hasta a finales del año pasado.

Y el problema para Tuxtla con respecto a la nueva deuda luce más complejo. El mismo estudio de la Secretaría de Hacienda colocó a Tuxtla Gutiérrez en la posición 15 (ocho lugares arriba) en la lista de los municipios con mayores complicaciones para liquidar sus compromisos financieros, respecto a la cantidad ingresos que perciben. Es decir, a diferencia de municipios como Tijuana, Guadalajara y Monterrey la capital chiapaneca tiene menos capacidad para pagar sus deudas respecto a la cantidad de dinero que ingresa.

El asunto no es menor. Para reducir el nuevo monto total de la deuda –al menos a la mitad- se requeriría de la solicitud de millonarios recursos extraordinarios o un otro esquema de austeridad municipal que se ha prolongado por más de dos trienios. Carlos Morales está metido en serias complicaciones financieras que deberá abordar con absoluta transparencia y medidas obligatorias para llamar a la rendición de cuentas.

Aunque se moleste ante los cuestionamientos y sonría enfadado ante la insistencia del tema, el presidente municipal está obligado a contestar y precisar (cada que sea necesario) cuál ha sido el destino de los más 105 millones de pesos entregados a su administración como nueva deuda pública y, de paso, precisar ¿cuándo procederá penalmente contra los responsables de las irregularidades financieras que, asegura, lo obligaron a endeudar nuevamente el futuro de la capital chiapaneca?... así las cosas.

 

 

 

 

CHIAPAS, EL DESAFÍO

A 100 días de gobierno, Chiapas tiene  nuevas disposiciones educativas a nivel constitucional, promueve acciones de administración pública que provocan el rechinido de dientes en la clase que se acostumbró a la opulencia de lo ilícito; han marchado “fifís” que han tenido que regresar a su guarida y esperar mejores momentos; igual ha iniciado el análisis de acciones que la administración pasada dejo encaminada al caos, no se puede pedir mucho, son solo 100 días de trabajo, la crítica considero iría hacia los ediles que pensaron en la bonanza y no la encontraron y aun no se suman todos al proyecto de estado.

Considero que existen puntos importantes marcados en la administración de gobierno en favor de diversos sectores, como lo es el educativo cuando se habla de la liquidación de una deuda añeja a mentores interinos o de la coordinación policial en materia de seguridad en la franja fronteriza con Guatemala desde Suchiate hasta Tapachula acción con buenos resultados.

Sin duda que la administración del estado avanza, aunque lento, pero se mantiene firme, y gran parte de la sociedad le dio el respaldo cuando se actuó en contra de la MOCRI EZ y esperan que no haya negociaciones y se escuchen las voces de estos cuando hablan que el exgobernador Manuel Velasco Coello, ahora senador les dio la pauta y les ofertó el predio el Rosario, ante ello sí el MOCRI hace una denuncia formal estarían obligados a declarar el exgobernador y los dos secretarios de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y Mario Carlos Culebro Velasco, “El pariente”…

Son los colaboradores del mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas los que están obligados a realizar acciones con resultados y él ha puesto atención a toda su estructura y en especial a las diferentes necesidades de la Secretaría de Educación la Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa, deberá de realizar acciones que valgan la pena y no nadar de a muertito en esa dependencia educativa que pueda convertirse en una bomba en cualquier momento al dejar temas delicados en manos de sus “recomendados” colaboradores.

Algo muy importante sería que pudieran ofertar módulos de capacitación para el trabajo en los programas de secundaria, bachillerato y profesional, debido a que Chiapas tiene la urgente necesidad de hacer productivos a los jóvenes ya a que  muchos abandonan la escuela durante esas etapas educativas sin concluirlas. Y, además, proporcionar a cualquier joven o adulto que quiera mejorar en su empleo capacitación para el trabajo y certificación de lo que saben hacer a través de programas.

En un diálogo con el Rector de la UNACH Carlos F. Nataren Nandayapa, informó que se mantienen pláticas para promover carreras profesionales enfocadas a las necesidades, es decir, llevarán la universidad en línea a los municipios más apartados. Mientras el rector había señalado que le dejaron deudas y visos de mala administración está desarrollando un proyecto de rescate y restructuración, es decir se ocupa. Es aquí donde la Secretaria de Educación debe concatenar esfuerzos y acciones demostrando del porque la confianza en ella.

Puntos Suspensivos…

La amenaza ya esta ofrecida en un boletín de la MOCRI EZ en Chiapas, es mañana jueves a las 10: 00 am que harán una marcha por toda la columna central oriente de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez… El gobierno tiene a solo 35 detenidos, los inconformes buscan la liberación, la Coparmex refiere de un aproximado de 50 millones los daños materiales en su última aparición destructiva,  estaremos pendientes y se espera que la capital deje de ser rehén de grupos vandálicos…

 

Para Samir Flores, en el dolor y la memoria del corazón

“La vida y la muerte están en poder de la lengua. Del uso que de ella hagas tal será el fruto.”

La sentencia pertenece al libro de los Proverbios y resume no sólo la importancia que la palabra tiene en el Antiguo y en el Nuevo Testamento; revela también el poder que posee en el mundo humano. Una buena palabra da vida, anima, hace florecer. Una mala, disminuye, fractura, destruye. Háblale amorosamente a un niño, enséñale el sentido de las cosas y tendrás un ser humano. Maldícelo, insúltalo, miéntele, y tendrás un ser derruido en su humanidad. La palabra no es sólo sentido, es, como dice el proverbio citado, la vida y la muerte mismas.

Los políticos tienen, junto con los sacerdotes, una mayor responsabilidad en su uso. En sus palabras descansa la vida y la muerte de una nación. Sus traiciones, las malversaciones que han hecho de ellas, han generado una profunda anomia que se mide en homicidios, feminicidios, desapariciones, torturas, decapitaciones, impunidad y corrupción.

Andrés Manuel López Obrador, quien en el imaginario de una buena parte de la nación parecía que le devolvería el peso a la palabra, no sólo ha caído en esta misma enfermedad de la política; está empujando la palabra, mediante descalificaciones y satanizaciones, hacia territorios más peligrosos. Son muchos los señalamientos que podría hacer al respecto. Haré sólo uno que me afecta particularmente porque vivo en Morelos, quise mucho a Samir Flores –luché a su lado y al lado de los pueblos contra el Proyecto Integral Morelos– y sé de las graves consecuencias que traerá la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huesca.

En 2014, Andrés Manuel López Obrador la cuestionó con mucha claridad. “Es –dijo– como poner un basurero tóxico en Jerusalén […] México no es territorio de conquista”.

El 10 de febrero de 2019, ya como presidente de la República, no sólo tomó partido en favor de la termoeléctrica. Descalificó la protesta y los argumentos de los pueblos indígenas que cinco años atrás apoyó: “Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Si no se utiliza la termoeléctrica de la CFE, de una empresa de la nación, en vez de tener luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguir comprándole la luz a empresas extranjeras”.

Días después, el 20 de febrero, a unos días de que se realizara la consulta –anticonstitucional, ilegal, mal planteada, como todas las que hasta ahora ha efectuado–, Samir Flores fue asesinado.

Ciertamente AMLO no lo hizo ni lo mandó hacer –aún, por desgracia, no sabemos quién cometió el crimen. Pero la traición a su palabra, la descalificación a los argumentos de los pueblos, el hecho de satanizarlos como retardatarios que están contra el progreso, el gobierno y la dignidad de México, creó las condiciones y el clima para ello. Hizo algo peor: En lugar de detener la consulta, la llevó a cabo sobre el cadáver de Samir, la protesta de los pueblos y el sufrimiento de su familia y de todos los que lo amábamos. Prefirió esa palabra amorfa que llama pueblo, a su expresión concreta; prefirió despreciar, en nombre de ella, el asesinato de Samir, que condenarlo perentoriamente, tensar que dialogar, imponer que consensuar.

El presidente utiliza todos los días de manera irresponsable la palabra. En el caso de la termoeléctrica, no sólo la traicionó y abrió el camino a un crimen; desvirtuó también las palabras “radicalidad” –ir a las raíces, que es lo que hacen los pueblos al tratar de evitar el desastre que la termoeléctrica generará, cargándola con el contenido que se refiere a “extremismo”–, y la palabra conservador –el que preserva algo, como lo hacen los pueblos– cargándola del sentido de “retardatario” –el que se opone al progreso–, utilizado por los liberales del siglo XIX.

Esta irresponsabilidad en el lenguaje lo ha llevado también, como a muchos, a confundir el neoliberalismo con las empresas privadas y no con la idea de progreso. Para AMLO, si el progreso viene del gobierno es bueno; si viene de las empresas privadas es neoliberal y malo.

Olvida, en sus perversiones lingüísticas, que el progreso, llevado por el Estado o por la iniciativa privada, es la base del capitalismo y una de las peores formas del colonialismo que, en nombre del poder y el dinero –hay que recordar tanto a Estados Unidos como a la URSS–, destruye el medio ambiente y con ello grandes porciones de vidas y economías pueblerinas, en este caso de los pueblos de Morelos. Ellos no están contra el desarrollo, siempre y cuando esté en consonancia con su ser y sus economías. Están contra la irracionalidad del colonialismo, sea del Estado o de la iniciativa privada. Están contra la base del neoliberalismo que AMLO disfraza de populismo.

“En nuestro tiempo –escribió Georges Steiner– el lenguaje de la política se ha contaminado de oscuridad y de locura. Ninguna mentira es tan burda que no pueda expresarse tercamente, ninguna crueldad tan abyecta que no encuentre la disculpa en la charlatanería del historicismo.”

A AMLO le hace falta volver a leer la Biblia. Pero esta vez atendiendo su parte medular, que es el peso concreto de la palabra que crea, que puede, si se pervierte, destruir, y que en su sentido más profundo se encarna para unir, preservar y honrar la vida. Le hace falta también aprender su reverso: el silencio, sin el cual la palabra es sólo ruido, contradicción, anomia y muerte.    

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.

 

 

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Los médicos que fueron despedidos del programa “Prospera”, dependiente de la Secretaría de Salud del estado, dieron a conocer que acudirán a la federación para solicitar su reinstalación.

Recordaron que fueron despedidos el pasado 1 de marzo, pese a que laboraban en hospitales y clínicas en zonas de alta marginación, incluida la capital chiapaneca, sin embargo las autoridades locales no han tomado en cuenta la desatención que ha generado por los despidos.

Manuel Hernéndez, uno de los médicos despedidos comentó que tan solo en Tuxtla Gutiérrez, se han dejado de atender por esta población a cerca de 30 mil pacientes que acudían para atención en los hospitales de la Jurisdicción Sanitaria Número 1.

Sin embargo en los otros municipios como San Cristóbal, Palenque, Chiapa de Corzo que forman parte de  la misma, no se tiene un conteo total, por lo que la cifra podría superar los cien mil ciudadanos sin atención.

Esta situación es lamentable y es la que no se está tomando en cuenta, considerando que Chiapas ocupa los primeros lugares en casos de muertes maternas, amputación de pie diabético, diabetes, entre otros padecimientos.

Son cien médicos que fueron despedidos sin justificación “tan sólo en Tuxtla se atendían 25 mil familias en los centros de salud, por ello es importante que nos tomen en cuenta, pedimos ser escuchados por las autoridades estatales”.

Pueblos zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca conformaron un frente contra la minería y emitieron un pronunciamiento para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que honre su palabra y dé atención especial a los pueblos indígenas de México.

Las comunidades y organizaciones agrupadas en el ‘Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos’, exigieron al presidente de la República la cancelación inmediata y definitiva de las concesiones mineras impuestas, toda vez que “90 mil hectáreas de nuestros territorios han sido concesionados a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines”.

Asimismo, recordaron a López Obrador la palabra empeñada en su toma de protesta, el 1 de diciembre de 2018, cuando públicamente dijo: “Vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una ignominia que nuestros pueblos mexicanos vivan bajo la opresión y la pobreza a cuestas”.

Las comunidades zapotecas hicieron saber al Ejecutivo que “la minería representa opresión, pobreza y despojo de nuestros bienes comunes, ya que bajo ninguna circunstancia es una opción de desarrollo”.

De acuerdo con los inconformes, entre los puntos que exigirán a López Obrador en su próxima visita a Oaxaca, programada para el próximo jueves 21, destaca la cancelación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, así como una investigación exhaustiva y castigo ejemplar a los funcionarios del gobierno federal y estatal por encubrimiento en la instalación de la empresa minera Cuzcatlán.

De igual forma, solicitarán la generación de mecanismos e instrucciones para la reparación integral del daño a las personas afectadas por la instalación y operación de la empresa minera en la comunidad de San José del Progreso.

Y que se realice una investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa a raíz de la contaminación del río El Coyote, provocada por la empresa minera Cuzcatlán, y la reparación integral del daño a los pobladores por los impactos generados.

Además, que se ordene la creación de una comisión independiente con la participación de las comunidades afectadas, para una auditoría ambiental, social y de derechos humanos al proyecto minero “San José”.

Los pueblos zapotecos también insistieron en que se respete la determinación de las comunidades que han declarado a sus territorios prohibidos para proyectos mineros, en ejercicio de los derechos de autonomía y libre determinación reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.

Finalmente, exigieron replantear el modelo económico por uno basado en el fortalecimiento de los pueblos originarios, los cuales han manifestado su profundo rechazo al extractivismo y los proyectos mineros que afectan a las comunidades indígenas y violentan sus derechos humanos.

Explicaron que el ‘Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos’ está integrado por 16 comunidades y organizaciones de los Valles Centrales de Oaxaca que se han pronunciado así: “¡Sí a la vida no a la minería!” y “¡Oaxaca territorio prohibido para la minería!”.

Destacaron que, a través de asambleas generales, agrarias y municipales en las comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, ya decidieron por el “sí a la vida, no a la minería”.

Sin embargo, a “pesar de que hemos manifestado nuestra oposición por las vías legales, en nuestros territorios se encuentra operando comercialmente el proyecto minero San José en el municipio de San José del Progreso, que pretende expandirse hacia nuestras comunidades”.

Denunciaron que la empresa canadiense Fortuna Silver Mines ha producido un daño severo al tejido social de San José del Progreso, donde hasta el momento cuatro personas han sido asesinadas en el marco del conflicto, entre ellas dos defensores comunitarios. Y recientemente el conflicto en el municipio se ha intensificado a partir de la pretensión del presidente municipal, Servando Díaz Vásquez, por “recuperar” el palacio municipal.

Eso sin contar el clima de hostigamientos y amenazas hacia miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

Para rematar, hicieron hincapié en que, por la negligencia de Fortuna Silver Mines, también se produjo un derrame de la presa de jales hacia el río El Coyote, en el municipio de Magdalena Ocotlán, en octubre del año pasado. La comunidad presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin embargo, en febrero de 2019 esa institución declaró públicamente que la “minera canadiense no contaminó suelo en Oaxaca”.

Periódico impreso edición No. 1595 del día 20 de Marzo del 2019  . [Leer completo]

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la reforma constitucional sobre consulta popular significa “una trampa en el cuarto año de gobierno” lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje semanal, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther soltó:

“Tal cual está planteada, la propuesta contiene una #TrampaDelCuarto año de gobierno, pues abre la puerta para que, decisiones de carácter técnico y de gran responsabilidad estratégica para el país, como quién y sobre qué bases se pagan los impuestos, sean decididos por la población abierta y manipulada”.

Según el empresario, López Obrador se ha comprometido a no establecer nuevos impuestos durante los tres primeros años de su gobierno.

“Si logra la aprobación del mecanismo de consulta popular y su desahogo a la mitad del tercer año de su gestión, el Ejecutivo Federal quedaría empoderado para ordenar una consulta popular que, en el tercer año, le sirva para impulsar decisiones de carácter hacendario como gasto o endeudamiento, y/o establezca aspectos torales de los impuestos”.

El pasado 14 de marzo se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma que modifica los artículos 35, 36, 73, 81, 83, 99, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular.

De ser aprobada por el Senado de la República y la mayoría de las legislaturas estatales, advirtió el organismo patronal, la reforma constitucional abrirá la puerta a que decisiones inherentes a la hacienda pública, y, sobre todo, la determinación de elementos clave de los impuestos, puedan ser procesadas a través de una consulta popular, y no mediante el análisis técnico especializado y el debate parlamentario, concluyente en el voto por los representantes populares.

Los “peros”

La Coparmex identificó los siguientes riesgos:

La iniciativa de reforma constitucional en materia de consulta popular, propone que estas tengan carácter vinculatorio, es decir, que el resultado de la misma, sea implementado con carácter obligatorio, cuando participe en ellas, al menos el 25% de la lista nominal de electores.

“Con ello, se está reduciendo en número de ciudadanos que deben participar en la consulta popular, que hasta hoy es del 34% y que de disminuirse al 25% como se pretende, permitiría convalidar fácilmente, muchas decisiones controversiales y de hondo calado, que debe enfrentar quien encabeza el gobierno”, señaló.

Además, la aprobación de la propuesta supondría que una consulta pudiere ser vinculante con el voto de un pequeño segmento de los electores.

Para dimensionar lo anterior, acotó, baste decir que con tan solo la participación de los votantes de tres entidades federativas (CDMX, Estado de México y Veracruz), la consulta seria eficaz. Lo mismo pasaría, si solo concurren los ciudadanos mexicanos que tienen entre los 20 y 29 años.

Dicho de otra manera, con el 13% de los votantes apoyando una propuesta del gobierno, esta podría ser ley.

“Con poco más de un décimo de la población con derecho a voto, las consultas podrían poner en riesgo asuntos críticos para la estabilidad de la nación como son los ingresos tributarios y el establecimiento de impuestos, cuya decisión no debe dejarse a la sabiduría popular o humor social, sino determinarse por el análisis de evidencia, la ponderación de datos y la evaluación por funcionarios de alto perfil técnico calificados para ello” alertó la Coparmex.

En el caso de la revocación de mandado, explicó De Hoyos Walther, la propuesta no es pertinente puesto que ese ejercicio solo debe tener lugar si esta prescrita como un derecho de los ciudadanos, y no como una potestad del presidente.

“Solo es oportuna, cuando se realiza sin estar asociada a una elección intermedia para no sesgar el resultado de la misma. Debería requerir la participación de al menos un tercio, si no es de la mitad de los electores posibles, para considerarse representativa”, precisó.

Y finalmente, para el sector patronal, dicha consulta tendría que incluir un mecanismo de medición del desempeño del presidente, que revele la evolución de indicadores predeterminados del país, y que se hiciere del conocimiento de los ciudadanos con anticipación a su participación en el ejercicio.