La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial en México y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.

A través de un comunicado, el organismo de la OEA afirmó que ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México.

“Según la información disponible, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país”, dice.

Asimismo, consideró que lo precipitado de las modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial. “Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”, añadió la CIDH en su comunicado.

A pesar de que reconoció que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, subrayó que una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos.

“En todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas”, consideró.

Asimismo, advirtió que el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podría comprometer su independencia.

“Si bien el Estado informó sobre una serie de diálogos nacionales para garantizar la participación ciudadana en la reforma que ocurrieron entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, la CIDH observa que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas. En este mismo contexto, preocupa las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma”, subraya el comunicado.

Por último, instó a las autoridades mexicanas a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación.

Asimismo, pidió garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores interesados. Con información de El Sol de México

Tras la aprobación en el Senado de la reforma judicial y su inminente aval en la mayoría de Congresos locales, desde el estado de Texas levantan la mano para atraer la inversión que pudiera alejarse de México alegando incertidumbre jurídica.

Texas Public Policy Foundation, un instituto de investigación no partidista y sin fines de lucro financiada por miles de personas, fundaciones y corporaciones, propuso a ese estado como “nuevo hogar” para las inversiones que busquen un entorno estable.

Se trata de una más de las advertencias lanzadas desde Estados Unidos por el sector empresarial contra la iniciativa que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces.

El domingo, un reportaje de The Wall Street Journal advirtió que compañías de vecino país han pausado inversiones por 35 mil millones de dólares por la reforma judicial.

La fundación con sede en Austin, que asegura que no acepta fondos ni contribuciones gubernamentales para influir en los resultados de sus investigaciones, no duda en calificar de “radical” la reforma recién aprobada por el Congreso de la Unión.

“Texas está listo para recibir dólares de inversión que puedan estar buscando un nuevo hogar como resultado de la incertidumbre que rodea la reforma judicial radical de México”, publicó la Texas Public Policy Foundation desde su cuenta de X.

“Ofrecemos un entorno estable y favorable a los negocios para los inversionistas globales que no cambian drásticamente los poderes. Respetamos a las empresas”, sostuvo.

Fortalecer el estado de derecho

La postura del instituto privado fue compartida por Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, con el siguiente comentario:

“El reto de México, bajo las nuevas circunstancias: fortalecer el estado de derecho y la certeza para así atraer más inversiones y potenciar el #nearshoring.

“El compromiso de American Society of Mexico es continuar coadyuvando a que México ???? sea un destino más competitivo al capital extranjero que crea empleo bien remunerado y oportunidades para todos”.

El verdadero rival

También en reacción al pronunciamiento de la Texas Public Policy Foundation, el exembajador en EU Arturo Sarukhan consideró que Texas es el verdadero rival de México para captar inversión.

“Así el impacto; a río revuelto, ganancia de pescadores, y es Texas, no naciones del sur y sureste de Asia, el verdadero rival de #México para recibir los flujos de re-localización”, tuiteó.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denunció ante la ONU que la reforma judicial es regresiva y sólo pretende concentrar los tres poderes de la Unión en una sola persona.

Al iniciar la 57 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, la Juez federal Abigail Ocampo Álvarez, directora Nacional de Atención a Juzgados Especializados de JUFED, expuso que la iniciativa presidencial viola los derechos humanos de los impartidores de justicia.

“Hoy le digo al mundo: esta reforma al Poder Judicial de México es regresiva, sobre las condiciones de vida y sobre los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales en la vida de las personas juzgadores y la única finalidad que tiene es concentrar los tres poderes de la Unión en una sola persona”, dijo durante su intervención.

“Esta reforma al Poder Judicial de México, propuesta por el Presidente de la República y avalada por una mayoría parlamentaria... tiene múltiples afectaciones y violaciones a sus derechos humanos de corte regresivo entre las cuales destacan a la independencia judicial, pues la elección popular de jueces puede aumentar el riesgo de los candidatos, personas juzgadoras, a que busquen complacer a quienes los proponen, a sus patrocinadores de campaña, entre ellos al crimen organizado, o a los propios votantes, lo que implica emitir resoluciones violando la independencia y la imparcialidad”.

Ocampo Álvarez expresó que desde el 2018 el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado en sus conferencias matutinas y redes sociales a realizar ataques mediáticos, demostraciones, intimidación directas e insinuaciones de ilicitud de los fallos de los juzgadores federales.

Dijo que estrategia mediática “se traduce en tratos humillantes”, altera el estado de ánimo, genera ansiedad, aflicción e inestabilidad emocional en los impartidores de justicia, y una afectación a la salud mental que compromete la independencia de los juzgadores para resolver sus expedientes.

De acuerdo con la Juez Abigail Ocampo Álvarez, la reforma también causa una afectación a los proyectos de vida y las familias de los impartidores de justicia, porque propone cesar a mil 600 juzgadores federales y no les permite ejercer la abogacía durante dos años, en violación al derecho humano al trabajo y la dignidad humana.

El cese, agregó, desconoce derechos laborales adquiridos, como la carrera judicial, salarios, prestaciones accesorias y seguridad social, al tratarse de un despido injustificado.

“Las familias de todos los jueces son víctimas indirectas de dicha reforma, primero, por los ataques mediáticos que se hacen públicos y, segundo, pues al perder su trabajo implica implica la violación de derechos humanos de los integrantes de su familia, tales como la educación, salud, vivienda, patrimonio, recreación, seguridad, entre otros, pues la remuneración que reciben por ese trabajo como defensores de derechos humanos es el principal medio de manutención de ellos y de su familia, por lo que es lógico que la reforma atenta también contra la estabilidad económica familiar”, dijo.

Agregó que otro de los daños es a la seguridad social y el derecho a la jubilación, porque los miembros del PJF perderán todas las prestaciones de salud al ser cesados y se desconocen los años trabajados, ya que sólo se propone una indemnización mínima.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo defendió al general Ricardo Trevilla Trejo, próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues dijo que “no tiene ningún antecedente” de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Y ante la pregunta de la prensa, aclaró que tampoco está relacionado con el caso de criminalización de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) asesinados por militares el 18 de marzo del 2010. 

La prensa reportó que a los jóvenes les colocaron armas y drogas para aparentar que eran delincuentes. En ese entonces, el futuro titular de la Sedena era director general de Comunicación Social de la dependencia.

La mañana de este lunes, en conferencia en su casa de transición, Sheinbaum Pardo salió en defensa de Trevilla Trejo.

“No. Yo chequé también que no tuvieran, las personas que nombré, algún antecedente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces no, no tiene ningún antecedente; pero, además, yo estoy convencida de que no tiene que ver pues con este caso”, dijo.

Sheinbaum justificó que el próximo titular de la Sedena tuvo cargos en otros sexenios, con el hecho de que los generales de División tienen más de 40 años de servicio en la Sedena y que en el Ejército, “cuando se les da una orden, pues no se pueden negar de un puesto que tienen que ocupar”.

Luego, destacó que “hoy es el responsable del Estado Mayor Conjunto, que fue un área que se creó con el presidente Andrés Manuel López Obrador; ha estado bajo su cargo durante ya varios años toda la Secretaría de la Defensa; y conoce muy bien, desde el trabajo del Ejército como tal, de la Guardia Nacional, de las obras que están haciendo y ha estado bajo su cargo, y al hablar con él, me convenció su perfil”. 

Boletín… porque se iba de gira

El mediodía del viernes 6, en un boletín, Sheinbaum Pardo informó la designación del general Ricardo Trevilla Trejo para la Sedena y del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para la Secretaría de Marina (Semar). 

Este lunes, explicó que el anuncio no lo hizo en conferencia, como fue el de los demás integrantes de su gabinete legal, porque tomó la decisión el jueves 5 y la mañana del viernes 6 se lo informó a los actuales titulares y “tomé la decisión, como salíamos fuera de la ciudad, de hacerlo a través de boletín”. 

Tras esa justificación, explicó que hace un mes y medio se reunió con los actuales titulares, Luis Cresencio Sandoval de la Sedena y Raúl Ojeda de la Semar para que le dieran “toda la información” de los posibles candidatos a relevarlos. Añadió que revisó su historial, entrevistó a algunos y tomó la decisión. De Morales Ángeles destacó que “es un hombre que ha trabajado en distintas áreas de la Secretaría de Marina, de responsable en distintas áreas que tienen que ver con el trabajo en el mar; también responsable de temas de seguridad y también ahora, responsable del Tren Interoceánico”.

Ambos, dijo, “son personas honestas, comprometidas con su país y nos van a acompañar los próximos seis años”. 

“Afinidad con el proyecto”

Claudia Sheinbaum destacó también que en su decisión por los dos mandos influyó que tienen “una visión amplia sobre las funciones” de sus respectivas dependencias, que no tienen antecedentes y, “también platicando con las personas, encuentras cuál es la afinidad hacia el proyecto que tenemos en los próximos seis años”. 

Agregó que los escuchó hablar “del proceso que estamos viviendo y hay reconocimientos del trabajo que hacen. Y en ambas personas, yo encuentro que van a cumplir muy bien su trabajo… Es muy bueno que nuestras Fuerzas Armadas tengan esta visión de que son parte de un gobierno, son parte de la democracia, y por lo tanto, reciben órdenes del Comandante en Jefe, en este caso será la Comandanta en Jefa de las Fuerzas Armadas”.

La próxima presidenta dijo que las características que la convencieron, tanto de Trevilla como de Morales fueron las siguientes:

“Primero, honestidad también, evidentemente. Segundo, que tuvieran conocimiento de lo que hoy hace la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría Marina; su opinión sobre la Guardia Nacional, ¿cómo consolidar la Guardia Nacional?”.

Añadió: “Su opinión sobre temas de seguridad, ¿cómo ser parte de esta estrategia de seguridad que estamos desarrollando?... Su opinión sobre las actividades que realiza la Sedena en términos de los trenes, la empresa que se ha constituido para el Tren Maya”. 

Incluso, destacó que todos los generales de división que entrevistó “estuvieron de acuerdo” en la participación que hoy tienen los ingenieros militares en los proyectos de infraestructura del actual gobierno.

El administrador diocesano de Tapachula, presbítero Agripino Méndez Victorio, convocó a los tapachultecos a participar o en su caso a orar y promover la peregrinación que como Provincia Eclesiástica conformada por las tres diócesis de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula organizan para el próximo 13 de septiembre en la capital del estado para manifestar la necesidad de la paz en la entidad.

El motivo es porque existe una gran preocupación por la situación de violencia creciente que se vive en todo Chiapas, consecuencia de la disputa de territorio entre los cárteles de la droga, las desapariciones, las muertes, el reclutamiento de niños y jóvenes, además por el aumento exponencial de la inseguridad, entre algunos rostros de la violencia, explicó el padre Agripino Méndez.

Como Provincia Eclesiástica de Chiapas han organizado una peregrinación por la Paz en Tuxtla Gutiérrez, como signo visible de que todos necesitamos la paz; a realizar el próximo viernes 13 de septiembre, a partir de las 9:30 de la mañana del santuario San Juan Pablo Il (Pumpushuti-Poliforum) y que culminará en el parque central, informó el prelado.

De esta manera y a nombre de la Diócesis de Tapachula hizo se convocatorias a todos aquellos que deseen participar en esta peregrinación por la paz o hacer oraciones y promoverla para que las autoridades atiendan este clamor de la población.

Se trata, explicó, de un evento pacífico en la que los participantes podrán llevar cartulinas con leyendas alusivas a la paz, vestir preferentemente de blanco, ya que cuanto más se noten los signos, serán más significativos y además se tiene programado que durante el recorrido se rezará santo rosario y cantos que inviten a la paz.

Detalló que cuando se haya llegado al Parque Central de la ciudad capital, donde se ubica la Catedral de San Marcos, los presentes harán un momento ecuménico de oración y concluirán con la lectura de un comunicado general a nombre de las tres Diócesis de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula.

El encargado de la diócesis de Tapachula pidió a la ciudadanía en general hacer un esfuerzo grande para organizarse en participar y seguir orando para que regrese pronto la paz a las comunidades de la sierra.

El administrador diocesano de Tapachula, Agripino Méndez Victorio se refirió al problema de violencia que sufren los hermanos de las comunidades, por muchas razones: al ser usados como escudos humanos en los enfrentamientos de los carteles, viven en situación de esclavitud al no poder transitar libremente por sus comunidades, son obligados para estar en los retenes -denominados filtros- que los carteles mantienen en las comunidades.

Aquí en Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Luis Mendoza Corzo solicitó hoy la intervención divina, a través de una misa en la Catedral de San Marcos, a favor de “la paz en México, por su democracia y por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”.

El obispo auxiliar de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, aseguró que la Iglesia Católica en el país ha sido una acérrima opositora de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto debido a la eliminación de privilegios de ese poder fáctico, la cual se agravó cuando AMLO criticó a la Iglesia Católica luego de que obispos mexicanos y la comunidad jesuita le pidieran cambiar la estrategia de seguridad.

El presidente, cuestionó el prelado, su “hipocresía”, al señalar que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) no dijeron nada sobre las masacres ocurridas.

El sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de la Arquidiócesis de Tuxtla, Miguel Cardona Valdivia, está envuelto en una polémica, primero porque se hizo viral un video de su homilía en la que lanza fuertes críticas a la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos”, y luego porque este jueves circuló la versión de que había sido secuestrado y desaparecido.

“Quiero agradecer a Dios y a ustedes sus muestras de solidaridad por mi integridad. Es totalmente falso que alguien me haya hecho alguna llamada para amedrentarme y mucho menos que me hayan secuestrado”, dijo en un video difundido a la prensa por la Arquidiócesis.

“El padre Miguel se encuentra bien, en sus actividades cotidianas en la parroquia que tiene a su cargo, y agradece la preocupación por su bienestar”, enfatizó en un comunicado la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Tuxtla, que subrayó que nada le había ocurrido al sacerdote después de lo dicho en su homilía.

El religioso, en su más reciente eucaristía, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, por minimizar la violencia en la entidad, que ha dejado el desplazamiento forzado de familias. Les reprochó que señalen que la difusión de los casos de violencia se trate de una propaganda en contra de su gobierno.

“Yo quiero que en esta oración del Padre Nuestro pidamos por nuestras autoridades de los tres niveles. Se manifiesta esta necesidad (violencia) allá a nivel federal con el presidente de la República y dice que él tiene otros datos, que no es cierto, se va con el gobernador de aquí y dice que es propaganda de los medios de comunicación que le traen mala voluntad”, comentó con los fieles.

“Si no pueden gobernar, pues que digan, pero que por lo menos acepten que no pudieron, salgan con un poco más de dignidad”, increpó.

Aseguró que son los sacerdotes que trabajan en las comunidades azotadas por la violencia, donde se registran los enfrentamientos armados entre las dos organizaciones criminales, los que sufren la violencia.

“Si no ve un montón de muertos que están cayendo por donde quiera, ¿cuál propaganda Rutilio? No inventes, nosotros vivimos en las comunidades, nuestros sacerdotes están en las comunidades rurales y ellos están viviendo y sufriendo esto”.

Señaló que, ante la guerra que mantienen organizaciones criminales, el Ejército parece estar de “manos cruzadas”, sin que intervenga para detener la ola de violencia. “Va a venir ahora el 16 y son vedettes desfilando con sus metralletas. ¿Para qué?, ¿Para qué les sirve sus metralletas y sus riflitos?, Para decirle si el pueblo se levanta: miren lo que les va pasar”.

El sacerdote Cardona también cuestionó a la Guardia Nacional. “Guardia Nacional: ¿qué guardas?, ¿qué proteges?; es que son las órdenes… ¿Órdenes de quién?, De veras preocupa y nosotros (la iglesia) no estamos de acuerdo con esa situación”, dijo.

Sin temor, dijo a los feligreses que asistieron a la misa que, si querían una copia de lo que había dicho, que lo pidieran. “No hijos. Vamos a pedir por ellos. Que se hable con un poco más de dignidad”.

Desde hace tres años, Chiapas vive una crisis de seguridad provocada por la confrontación de cárteles de la droga que se disputan el territorio, lo que ha dejado ejecuciones, miles de desaparecidos, secuestros, bloqueos, enfrentamientos, extorsiones y miles de familias que han abandonado sus hogares, sobre todo de las regiones fronteriza, sierra y frailesca.

Peregrinación por la paz el próximo 13 de septiembre

Ante la violencia, la iglesia católica, a través de sus tres diócesis, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, ha invitado a los fieles a una movilización por la paz en la capital chiapaneca.

El encargado de la Arquidiócesis, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, ha venido denunciando en conferencias de prensa “el silencio, el disimulo o el contubernio de las autoridades que no se han expresado frente a este sufrimiento de miles de personas que han tenido que desplazarse por la violencia, además que los varones son secuestrados para obligarlos a ponerse al servicio de los grupos criminales.

Si a 100 años estábamos mal en Chiapas, a 200 de la Federación, hoy estamos peor

Oposición alista recursos para impugnar reforma judicial de Andrés Manuel

Este 14 de septiembre se cumplen 200 años de la Federación de Chiapas a México, pero hoy levantamos la voz para visibilizar el compromiso de México con Chiapas y de Chiapas con México, por un Chiapas más justo y equitativo en pro de los derechos humanos de todos, en particular con los oprimidos y marginados, haciendo efectivos los ideales libertarios y la voluntad libre y soberana convocados por el fulgor de la espada de nuestro ilustre liberal, Joaquín Miguel Gutiérrez; ideales que hasta la presente fecha, después de 200 años, no han tenido la respuesta anhelada que permita obtener un mejor nivel de vida de todos los chiapanecos.

Lo anterior, es un manifiesto de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, y la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, leído por su presidente José Manuel Blanco Urbina.

Llegamos a los 200 años con un coraje y tristeza en nuestros corazones, por haberse mutilado el territorio de los chiapanecos con 160 mil hectáreas, que se perdieron en los límites con el territorio de Oaxaca, por gobiernos chiapanecos en funciones irresponsables y omisos.

Hoy asumimos la voz de los sin voz, de los chiapanecos, de los pueblos originarios, que exigen justicia, las voces desperadas de los que no tienen empleo ni esperanzas de encontrarlas, provocando la migración al interior del estado, provocando la migración al interior del estado, al interior de nuestro país y más aun hacia el extranjero.

Las voces indignadas de un pueblo en busca de mejores oportunidades para un pleno desarrollo industrial integral; un pueblo que no se resigna a vivir sin derechos, sin libertades y sin democracia, en un país de leyes que no se respetan ni se cumplen.

Estos compromisos los asumimos para coadyuvar a una política anticorrupción y cero impunidad, en un Chiapas harto de escuchar discursos vacíos y llenos de promesas incumplidas, de conocer enriquecimientos ilícitos de gobernantes de nuestro estado y de los municipios que se roban los dineros del pueblo; de conocer actos de corrupción e impunidad que nunca son sancionados, como son el tráfico de influencias y consignas en la Procuración y Administración de Justicia.

Ante estos retos, urge establecer y cumplir las condiciones políticas y jurídicas reales para poner un coto a los privilegios, a los cacicazgos políticos, a la explotación y a los abusos de poder por el poder.

Urge evitar complicidades gubernamentales que impidan sancionar los actos de corrupción y de impunidad de gobiernos anteriores y en funciones, por el desvío descarado de los recursos del pueblo y así terminar con las tribus de parásitos sexenales.

Es por ello, que el destino de Chiapas y de los chiapanecos, lo debemos decidir los chiapanecos y nadie más

Hoy a 200 años de la Federación de Chiapas a México (1824-2024), José Manuel Blanco Urbina, lamentó el alto índice de inseguridad en el Estado.

Fustigó que mientras las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno hacen caso omiso a las demandas de protección de la población, señaló que los municipios con mayor incidencia delictiva se encuentran en las regiones de la Sierra, Frailesca, Meseta Comiteca Tojolabal y Costa de Chiapas.

El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, Organismo No Gubernamental, criticó que los gobiernos federales han permitido el aumento de la violencia, particularmente en municipios como La Concordia, Montecristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Pantelhó y Oxchuc, entre otros.

Muestra de ello, es la migración de habitantes de la Sierra hacia Guatemala, principalmente de los municipios de Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero, lo que ha incrementado la psicosis, el miedo y la intranquilidad entre la población.

El 14 de septiembre de 1824, Chiapas se anexó a México como Estado Federal, después de que sus habitantes formalizaran su deseo ante el Congreso mexicano.

“Si a 100 años estábamos mal en Chiapas, a 200 años estamos peor: inseguridad, injusticia, impunidad y corrupción, con un sistema de procuración y administración de justicia que no cumple con las demandas de la sociedad”, afirmó Blanco Urbina.

Chiapas necesita un rumbo claro y certidumbre, con un gobierno federal, estatal y municipal democrático, fuerte, austero, eficaz y comprometido con la región.

“Hoy es el momento de la capacidad, la honestidad, la legalidad, la seguridad, de alcanzar la paz perdida, recuperar la confianza, cerrar las heridas y acabar con el odio”, concluyó.

Aún hay mecanismos para frenar la Reforma Judicial

Luego que el Senado de la República aprobó la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial, los partidos de oposición anunciaron que alistan una lluvia de recursos de inconstitucionalidad y de impugnación para frenar el avance y la implementación de esta iniciativa.

Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, aseguró que la reforma al Poder Judicial comenzó “manchada”, pues cuestionó:

“¿Cómo es posible que una reforma en materia de justicia empiece con una injusticia de este tamaño?”, haciendo referencia al “secuestro” del legislador emecista Daniel Barreda, el único de los 128 senadores que no pudo participar debido a que su padre fue detenido en Campeche.

“Vamos a impugnar la reforma y vamos a hacer una denuncia de carácter internacional por las condiciones que se está legislando, entre comillas, en este país”, y agregó que “vamos a intentar echar mano de todos los recursos legales que podamos”.      

Mientras Morena y el presidente López Obrador anuncian que la Reforma Judicial ya es legal y se encuentra “blindada”, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, asegura que aún hay mecanismos legales para revertirla. “La esperanza muere al último”, señaló. 

La ministra se reunió con estudiantes de universidades públicas y privadas, con los que comentó que hay mecanismos de los cuales se puede echar mano para frenar la implementación de la reforma, aunque no puede hablar a detalle, porque ella misma estaría encargada de aplicarlos. 

La ministra dijo que “es muy probable que pueda llegar a través de algún mecanismo, amparo, acción, controversia” para frenar la reforma. 

Será posible que la ministra Norma Piña haga pasar un mal rato al viejo guango y a su recua de abyectos y lamebotas de Morena. Veremos.

Del Montón

Senadores y diputados de la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no acudirán a la sesión ordinaria convocada para este viernes, en el Senado, para realizar el cómputo de los congresos locales que han aprobado la reforma judicial y con ello la declaratoria de validez constitucional. Los coordinadores de las bancadas albiazul, tricolor y naranja, Guadalupe Murguía, Manuel Añorve Baños y Clemente Castañeda, respectivamente, anunciaron la ausencia de los legisladores del bloque opositor a la “fiesta del régimen” oficialista. Por otro lado, desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno y los coordinadores de las bancadas parlamentarias, Manuel Añorve Baños y Rubén Moreira Valdez, anunciaron la decisión de no asistir a las sesiones legislativas convocadas para este viernes, “en las que el oficialismo busca de manera indebida promulgar la Reforma al Poder Judicial”. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.

El Senado avala hoy la reforma

Víctimas de su avaricia política

Bueno. Así son los panistas. No se conforman con nada. Y lo peor de todo es que lo pierden todo. Para no ir más atrás, tan solo en este sexenio que está por concluir lo perdieron todo. Y no se dieron cuenta. Ganaron algo junto con el PRI.  Y ahora perdieron totalmente la reforma electoral. Hicieron que ganara Morena dándole el voto que les faltaba, porque el voto para el oficialismo, el que aportó su senador por Veracruz, ellos lo propiciaron, y concretamente lo propició Marko Cortés Mendoza, el fracasado jefe nacional. Les ganó la avaricia política, Querían ganar, pero para avasallar a las mayorías, sin darse cuenta de que las mayorías ganaron todo, y lo que perdieron no les significó derrota. Pero los panistas, cabecillas del conservadurismo, de la reacción, de las derechas, de la organización secreta, El Yunque, no pueden darse cuenta de que no pueden darse cuenta de que no se dan cuenta.

En esto de la reforma judicial, hasta la señora Norma Lucía Piña Hernández, la hasta hoy dueña del poder judicial, ahora en vías de democratizarse, ya se dio cuenta de que no había otra salida y de que la reforma constitucional que democratiza al poder judicial es en beneficio del poder judicial mismo, de sus ministros, de sus magistrados, de sus jueces y de toda la estructura de impartición de justicia para todos, no sólo para los detentadores del capital. Es más, principalmente, ahora, a partir de que entre en vigor la reforma, impartición de justicia para los ciudadanos pobres, en defensa frente a la violación de sus derechos por las clases dominantes.

Pero la dirigencia panista está ciega. No puede entender lo que entiende la mayoría de los mexicanos y muchos trabajadores y funcionarios de la Corte y del papel que juegan los jueces, los magistrados, los ministros. Y la dirigencia del PAN no acepta, no puede aceptar que la reforma judicial es buena para todos. Para los panistas la reforma judicial es ilegítima, espuria “y vamos a hacer valer medios de defensa legal para su impugnación. Por eso estamos concentrando todos los esfuerzos en trabajar la acción de inconstitucionalidad del partido, los jurídicos de amparo de nosotros y otras vías legales”. Sin embargo, tampoco se dan cuenta que toda reforma constitucional, avalada por 17 congresos estatales o más, es imbatible, no acepta ningún recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, Es una reforma constitucional y no una reforma legal. La oposición – los senadores por el pan, el mc, el pri dicen que no pueden convalidar una reforma que están impugnando, Dicen que no pueden ir a la fiesta de celebración de una reforma que se obtuvo mediante el chantaje, compra de votos y amenazas.

Pero los hombres más ricos de México opinan lo contrario, como los socios del millonario más reconocido, Carlos Slim Helú. Ahora (una vez avalada la reforma judicial) a trabajar #PorUnMexicoChingon’’, exclamó el millonario Elías Ayub, uno de los potentados socios del multimillonario Slim Helú. El funcionario de Teléfonos de México les hablaba a los opositores de la reforma judicial, algunos de los cuales están “muy preocupados” de cara al futuro inmediato del país y de sus habitantes, luego de que, en medio de una escandalosa reacción de las derechas, y de un golpe violento del poder judicial al poder legislativo. La reforma ya fue aprobada por mucho más de 17 congresos estatales, como lo ordena la ley, y por tanto ya es constitucional.

El líder de la mayoría en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que, ante tal panorama, el pleno de la Cámara de Diputados y el Senado sesionarán hoy viernes para hacer el cómputo final y realizar la declaratoria constitucional de la Reforma Judicial.

A lo largo del tiempo se ha recibido un número creciente de solicitudes de información, que hasta el presente mes acumula poco más de 9 millones 800 mil. Para tener una mejor idea de este crecimiento, basta mencionar que del 2015 (año en que surge formalmente el INAI con autonomía) hasta el 2023 se han presentado 209% más solicitudes.

En el histórico, podemos observar que en 2003 se registraron 22 mil 903; en 2004, 35 mil 43; un año después 45 mil 444; para 2006 54 mil 401 solicitudes; 2007 cerró con 92 mil 643; 2008 con 131 mil 523; 2009, 240 mil 593; el 2010 con 251 mil 683; en 2011 278 mil 541 solicitudes; 280 mil 566 en 2012; y para 2013, 306 mil 152. Como podemos ver, hay un aumento gradual y sostenido, gracias a que la sociedad va haciendo suyos estos derechos.

El 2014, año de la reforma en materia de transparencia, marcó un mayor crecimiento en solicitudes, debido a la autonomía y fortalecimiento del ahora INAI así como sus pares locales en las 32 entidades: 2014 cerró con 334 mil 648; 2015 con 365 mil 878, 2026 con 559 mil 997; 701 mil 300 en 2017; 707 mil 582 en 2018; 942 mil 590 en 2019; para un descenso de 735 mil 425 en 2020 y 854 mil 279 en 2021 (debido a la pandemia); 2022 regresó la tendencia a la alza con 1 millón 110 mil 597; 2023 con 1 millón 131 mil 41, y en lo que llevamos de 2024 existen 702 mil 289 solicitudes de acceso a la información y protección de datos.

Toda esta información se encuentra alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta herramienta, que está bajo mi coordinación desde que asumí el cargo de comisionada, ha desarrollado diversas mejoras e incluso una nueva reingeniería que presentaremos el próximo 17 de septiembre. Presentaremos un entorno que facilitará a los usuarios el acceso a sus derechos a través de la inteligencia artificial y la experiencia de usuario.

Debido a que hay un mayor número de solicitudes de información como ya se mencionó, el INAI ahora ha tenido una mayor relevancia entre la sociedad mexicana. Esto se debe a que procesamos también un mayor número de casos cuando las instituciones no brindan la información a quien la solicitó.

En el histórico, las tres instituciones de las cuales recibimos mayor inconformidad por la entrega de información son el IMSS, la Cofepris y la SEP. Haciendo la comparación entre los recursos interpuestos por personas de enero a agosto de 2023 respecto al mismo periodo en 2024 se observa un crecimiento de casi 12%, lo cual enfatiza que sin la intervención del INAI tendríamos una mayor afectación al derecho de acceso en el país.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar el reto que implica que más personas conozcan los organismos garantes y que en consecuencia impacte en un mayor número de solicitudes de información. Los datos más actuales que tiene el INEGI en la Encuesta Nacional de Acceso (ENAID) muestran que poco más del 25% de las personas buscan la información en los portales de transparencia.

Adicionalmente, el nivel de confianza en la información gubernamental es mayor al 60%. Retomo como ejemplo una de las obligaciones más consultadas en la PNT como los “Sueldos y salarios de funcionarios públicos” que cuenta con el 64% de confianza.

Este entusiasmo generalizado entre la sociedad por tener información de primera mano y fiable (incluso en los casos en que se les ha negado) nos ha permitido tener hasta un 64% de aprobación a la permanencia del INAI por parte de las personas encuestadas por un medio de circulación nacional.

La tendencia por hacer más solicitudes seguirá al alza, por lo cual el INAI debe continuar sus labores. Que nuestros derechos estén por encima de cualquier tendencia política.

La aprobación de la reforma al Poder Judicial en México, que plantea la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular, ha generado un profundo y polarizado debate sobre sus consecuencias, en este caso en sectores estratégicos de la economía, como telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el sector digital.

La reforma judicial, impulsada por el presidente López Obrador, busca “democratizar” el acceso a la justicia a través de la elección popular de las autoridades judiciales. Este enfoque radical ha suscitado preocupaciones sobre la captura política del sistema judicial. La elección de jueces llevaría a una politización del Poder Judicial, comprometiendo su independencia y capacidad para impartir la justicia y proteger los derechos fundamentales.

Estas industrias, altamente reguladas y con fuertes operaciones internacionales, requieren un marco jurídico predecible y confiable para atraer inversiones, fomentar la innovación y garantizar el acceso a derechos humanos, como el acceso a las TIC. Los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y digital dependen de una regulación estable que permita el desarrollo de infraestructura y servicios bajo un marco de competencia equitativa.

Esto se refleja en la creación de organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyo objetivo es procurar la imparcialidad y el correcto funcionamiento del mercado.

La elección de jueces y ministros de la SCJN a través del voto popular plantea desafíos, particularmente en la percepción de imparcialidad y especialización en la resolución de controversias altamente técnicas y tecnológicamente complejas que afectan a estas industrias definidas por la innovación.

Los litigios en telecom, radiodifusión, mercados digitales y competencia económica suelen implicar análisis complejos de normativas técnicas, competencia regulatoria, acuerdos internacionales, propiedad intelectual y protección de derechos fundamentales. La influencia de intereses políticos en la designación de jueces compromete la capacidad de estos tribunales para resolver disputas con objetividad y con el nivel de experiencia necesarios.

En cuanto al impacto directo, se generan condiciones de mayor incertidumbre en la resolución de controversias que involucren, por ejemplo, disputas por el espectro radioeléctrico, fusiones de empresas, licitaciones o la interpretación de cualquier normativa relacionada con lo digital. Esta incertidumbre puede disuadir a los inversionistas extranjeros de comprometer recursos en el país, ante el temor de una politización del sistema judicial y el costo regulatorio que implica.

Un aspecto clave es la posibilidad de que esta reforma judicial lleve al siguiente paso, la desaparición de organismos como el IFT y la Cofece, creados como parte de la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 para garantizar un sector competitivo y promover el acceso universal a servicios de calidad.

Dicha reforma establece, entre otras cosas, que los actos, omisiones o normas generales emitidos por estas instituciones sólo pueden ser impugnados a través de juicios de amparo indirecto, sin posibilidad de suspensión de los efectos. Esto otorga una protección jurídica robusta a las decisiones de estos organismos, refuerzan su autonomía y reducen la posibilidad de interferencia política.

A la pérdida de especialización de los jueces, la extinción del IFT y de la Cofece generaría un vacío institucional en la regulación y supervisión de sectores clave, y plantea dudas sobre qué entidades asumirían todas sus funciones. Un escenario es la transferencia de estas atribuciones a dependencias del Poder Ejecutivo, lo cual implica una reducción de independencia en las decisiones regulatorias.

Esto acarrea un incremento en la discrecionalidad del gobierno sobre temas técnicos y económicos, lo cual afecta la competencia y la neutralidad regulatoria. Además, la desaparición de estos órganos socavaría la confianza en la seguridad jurídica en áreas estratégicas como la infraestructura digital.

Aunque la elección popular de jueces y ministros de la SCJN no cambiaría la estructura legal existente, sí introduce riesgos. Las leyes que regulan las telecomunicaciones, TIC y la competencia económica podrían permanecer intactas en primera instancia, pero la interpretación de estas normas por parte de jueces y tribunales influenciados por dinámicas políticas o populistas alterarían su aplicación y efectividad.

A corto plazo, el impacto podría ser limitado en términos de cambios normativos. Sin embargo, a mediano y largo plazos la influencia del voto popular en la designación de jueces generaría fallos judiciales inconsistentes o guiados por intereses políticos, lo cual debilita la certidumbre jurídica que tanto necesita el sector tecnológico y de telecomunicaciones. El resultado sería un sistema judicial menos técnico y más proclive a favorecer decisiones populistas.

La incertidumbre jurídica comenzaría a reflejarse en decisiones judiciales erráticas en casos técnicos y en estrategias legales populistas, afectando la confianza de los inversionistas. Existe el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influidas por consideraciones políticas más que por criterios estrictamente legales, lo cual afecta la previsibilidad de las resoluciones.

La rotación de jueces y magistrados lleva a cambios en la interpretación de leyes, reglamentos y jurisprudencias, todo un ambiente de incertidumbre para las empresas del sector. La elección popular resulta en la designación de jueces con menor experiencia o conocimiento en temas de telecomunicaciones y competencia económica, lo cual ha llevado una década construir.

La previsible extinción de organismos autónomos como el IFT y la Cofece provocaría además un vacío regulatorio y un incremento en la discrecionalidad del gobierno. Esto afecta la neutralidad competitiva y la regulación independiente del sector tecnológico y de telecomunicaciones. Un sistema judicial politizado no es un escenario deseable al generar incertidumbre y comprometer la defensa de derechos digitales fundamentales.

Norma, de 12 años pelea contra el Estado ecuatoriano; Fátima de 13 contra Guatemala; Lucía y Susana, de entonces 7 y 13 años, respectivamente, en contra del Estado Nicaragüenses; su vida ha estado marcada por la impunidad y el síntoma de una región rezagada en materia de una vida libre de violencia; hoy, sus nombres hacen eco, al representar un litigio internacional para hacerles justicia y dejar un precedente en América Latina y el Caribe: Las niñas no son madres.

Norma, Lucía, Fátima y Susana, las cuatro niñas fueron obligadas a llevar su embarazo hasta la etapa terminal, fueron violentadas obstétricamente y, además, forzadas a maternar.

Cada caso denuncia la culpabilidad de sus respectivos países y este paquete de casos ha sido llevado a la par, pues hay que apuntar que resulta imposible representarlas en conjunto, pues están sujetas a las legalidades de cada Estado, pero al llevar el mismo rumbo ante El Comité, se habla de que se gestará una resolución histórica a favor donde se señalará a 3 países de América Latina por su complicidad en el embarazo forzado y violencia en contra de estas niñas -actualmente, mujeres-.

Es por ello que se llevó a cabo en la capital de México, el evento auspiciado por Amnistía Internacional, el cual reunió al músculo feminista de las zonas conurbadas, Estado de México y la CDMX para discutir el panorama de violencias sistémica que atraviesa a las niñas de la región; las alarmas están encendidas, el embarazo forzado, el abuso sexual revictimizado, el avance de los grupos provida y los vacíos legislativos amagan los derechos de las niñas.

América Latina y el Caribe representan la segunda región a nivel global con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años, sin embargo, según proyecta el Fondo de Población de las Naciones Unidas, no existe una certeza sobre la cantidad de niñas y adolescentes forzadas a gestar y dar a luz, pues aunado a los vacíos informativos – de registro, esto se colude con la cantidad de países de la región que son extremadamente punitivistas con la interrupción del embarazo.

Así, desde el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y Surkuna Ecuador, organizaciones feministas por y para mujeres, se prepara para darle un gancho a los países de Ecuador, Paraguay y Nicaragua a través de un litigio presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Norma vs Ecuador

Norma vivía con su padre, un hombre que contaba con un historial de denuncias al haber abusado sexualmente de su prima. Por este hecho, se supondría que Norma sería puesta bajo protección bajo el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia de Ecuador; nunca pasó.

Así, a la edad de 12 años fue obligada a vivir con su padre y tras dos años de abuso sexual reiterado, Norma quedó embarazada. Pese a sus severas afectaciones a su salud mental e incluso, tentativas de suicidio, Norma fue forzada a llevar su embarazo a pesar de haber pedido a las instituciones que no quería saber nada del bebé; no quería ser madre.

Ecuador sólo consideraba el aborto en casos específicos como que estuviera en peligro la vida de la madre, sin embargo, como éste no representaba un riesgo para Norma, se le fue negado su acceso al aborto.

Norma no pudo volver a la escuela, pues no existía compatibilidad entre sus horarios educativos y su trabajo de cuidados con su bebé. Su agresor murió años después y Norma jamás recibió justicia por el abuso sistémico que ejerció el Estado ecuatoriano en su contra.

Fátima vs Guatemala

La madre de Fátima acudía a centros de cuidados con el objetivo de recibir educación y seguridad. Ahí, un hombre identificado por ser docente y miembro de la institución comenzó a violentar sexualmente a Fátima quien, en ese entonces, tenía 13 años; edad en la que inició su periodo de gestación.

La familia de Fátima inició un proceso de denuncia en contra del hombre, quien era respetado en la comunidad, sin embargo, comenzaron a amenazarles para que retiraran los cargos en su contra. El agresor jamás fue detenido.

Al igual que en Ecuador, en Guatemala no se contempla el aborto a causa de abuso sexual y sólo se accede a este derecho cuando está en peligro la vida de la madre. Fátima fue negada de obtener un amparo para la interrupción legal del embarazo.

Fátima, además, vivió revictimización por parte del personal médico quienes le decían que si le había gustado «abrir las piernas«, al momento de dar a luz, pues la niña de 14 años no soportaba el dolor.

Se le forzó a cuidar de su bebé y hacerse cargo de él a pesar de señalar explícitamente que no deseaba verlo, ni ser madre. Asimismo, al intentar volver a su vida cotidiana y estudiar, la institución le negó el acceso, refiriendo que no se le aceptaría porque ya tenía un hijo y además, no estaba casada.

Las instituciones guatemaltecas violentaron de forma reiterada a Fátima; desde sus espacios de esparcimiento para las infancias, las instituciones educativas y sus hospitales. Hoy se lucha para que el Estado de Guatemala reconozca su culpabilidad en este caso, pero también, en los miles que se gestan en total impunidad en el país.

Lucía y Susana vs Nicaragua

Lucía tenía 13 años y participaba en el coro infantil de la parroquia cuando iniciaron las agresiones sexuales por parte del sacerdote de su poblado. El agresor, la abusó de forma reiterada en diversas ocasiones y a la edad de 13 años, inició su periodo de gestación.

Tras enterarse del embarazo, la familia de Lucía denunció al sacerdote, sin embargo, la localidad les comenzó a revictimizar; Lucía era responsable de haber «seducido» al religioso.

La policía sabía bien dónde vivía el hombre, pues era bien conocido en el pueblo, sin embargo, a pesar de existir una orden de aprehensión, nunca fue detenido, ni procesado por su crimen.

En Nicaragua el aborto está penalizado bajo todas las circunstancias y por ello, Lucía fue forzada a llevar su embarazo a pesar de existir pruebas contundentes del abuso y sus intentos por terminar con su vida a causa de las secuelas emocionales que este proceso trajo consigo.

«Lucía no sólo espera que compartir su caso genere reparaciones que le permitan continuar con su proyecto de vida, sino también, que ninguna otra niña sea obligada a interrumpir su infancia por cuenta de una maternidad forzada», se señaló en conferencia.

Desde los 7 años, Susana fue violentada sexualmente por parte de su abuelo, un hombre temido en el pueblo por ser miembro de un grupo armado de la región.

A la edad de 13 años, Susana inició su periodo de gestación y a pesar de que su abuela denunció el caso en 5 ocasiones, las comisarías rechazaban proceder. Así, Susana, sin ningún apoyo de legalidad, fue forzada a llevar su embarazo y ejercer la maternidad.

Tiempo después, Susana logró meter una denuncia penal, sin embargo, el Estado la abandonó y no obtuvo ninguna respuesta, hasta 4 años después, que le informaron: No se puede hacer nada a causa de los grupos armados de la zona.

Su agresor sigue en libertad y teme de forma constante por su vida, se mantiene a la expectativa y desea que el Comité haga justicia en su caso, pero también, ponga la lupa en lo que está sucediendo en Nicaragua.

México: Aún penalizando el aborto en Códigos Penales Locales y sin una estrategia clara contra el embarazo infantil

En México, se registraron durante 2022 un total de 7 mil 255 nacimientos que tuvieron como madres a niñas de entre 10 y 14 años, siendo desglosado de la siguiente forma:

De 10 a 14 años: 15.5%

De 15 a 19 años: 29.59%

De 10 a 19 años: 45.10%

A pesar de que, a comparación de otros países de la región, México ha dado pasos importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos, como la despenalización del aborto a nivel federal como mandato de la Suprema Corte de Justicia -y que aún, la mitad de las entidades siguen sin acatar-, se demuestra que el Estado aún no blinda a las niñas y adolescentes mexicanas.

Las niñas siguen maternando, el abuso sexual es una pandemia incontenible y los programas de educación sexual son endebles.

Este fenómeno no debe ser observado desde lo particular, sino entendido como un fenómeno sistémico e interseccional que atraviesa con más violencia a las mujeres precarizadas o pertenecientes a comunidades indígenas – afro.

“En términos globales, la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidas por violencia sexual en México durante 2023 ( 9,802 casos) se posicionó como la segunda mayor para un año desde que se tiene registro (2010) y duplicó el promedio anual de casos observados en el país entre 2010 y 2023 (4,247)”. (Red por los Derechos de las Infancias en México)

En ese sentido, el informe Violencia sexual contra la niñez y adolescencia en México (2019-2021) también destaca que “En México, las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años son principalmente mujeres; ellas representaban el 92.3% de las niñas, niños y adolescentes atendidas por esta grave violación a sus derechos a nivel nacional en 2023.

La población adolescente también representa una proporción significativa de las víctimas de violencia sexual de 1 a 17 años de edad: alrededor de tres de cada cuatro casos de violencia sexual atendidos en el mismo periodo correspondieron a personas de entre 12 y 17 años”. Los Estados con mayor número de reportes fueron: Estado de México, Jalisco y Veracruz.

“El acceso al aborto en niñas menores de 15 años corresponde al 1.23% del total de abortos. En México, en teoría, el acceso al aborto por violencia sexual debería estar garantizado, pues la causal es legal en todo el país y, de acuerdo a la Ley General de Víctimas (LGV) y NOM 046, toda institución hospitalaria debe proporcionar a las víctimas de violencia sexual atención inmediata, sin exigir ninguna condición para su admisión. En ambos instrumentos legales la violación sexual se cataloga como una urgencia médica”, Rebeca Ramos, Directora de GIRE.

Asimismo, un punto importante en el debate gestado en Amnistía Internacional fue recordar que la despenalización del aborto no es lo mismo que su legalización; el camino para México aún es largo, pues que el derecho al aborto esté contenido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, aún es un trabajo que requerirá del cuerpo y el empuje de millones.

Así, la sentencia en contra de estos 3 países -Nicaragua, Ecuador y Guatemala- podría representar un antecedente importante en la región que ajusticie a las niñas y adolescentes que han sido atravesadas por el puño punitivista de sus Estados.

Pero también, envía un mensaje de advertencia -o de resistencia, según quién lo lea-: Las redes feministas y la colectividad de las mujeres se mantiene vigilante sobre las opresiones que ejerce América Latina, los litigios, las denuncias y su actuar, serán evidenciados ante la comunidad internacional hasta transformar la realidad de las niñas, adolescentes y mujeres de nuestra región.

«De manera colectiva, elevamos este llamado a los Estados para que garanticen el derecho inalienable de cada niña a vivir una vida libre de violencia y discriminación, a que se les respeten las decisiones que tomen para retomar su proyecto de vida luego de sobrevivir a la violencia sexual, incluida la interrupción del embarazo, y a que obtengan justicia”, Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global

Como el golpe de Trump en el 21, los golpistas tienen que ser juzgados

Quienes tomaron el Senado, menos los estudiantes, son a sueldo del PJ

Gravísimo lo ocurrido este martes pasado. El asalto a la sede del Senado de la República, perpetrado por porros de la señora Norma Lucía Piña Hernández. Pagados por ella, porque, estando en huelga, estando en las calles, protestando en contra del poder legislativo, la presidenta sigue pagándoles su salario porque un poder del Estado, sus trabajadores, sus porros, sus juzgadores, así como trabajadores del PRIAN, mangoneados por Claudio X. González, golpeando a otro poder del Estado. Un intento de golpe de estado, como lo dijo el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de un poder del Estado a otro Poder del Estado. Un golpe del Poder Judicial en contra del Poder Legislativo. O sea, el Senado, que estaba en sesión plenaria extraordinaria, discutiendo el Dictamen de la Reforma Judicial, iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, que la responsable de este fallido golpe fue la presidenta del mismo poder judicial. La señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, avalando el golpe. Literalmente un golpe de Estado. Un poder del Estado, el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en paro ilegal, apoyados por activistas a sueldo. 

La irrupción violenta al Senado es muy grave. La Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar al poder judicial; hay mucho material mediático, videos e imágenes de la violencia ejercida por los golpistas del poder judicial, y precisar qué papel juegan (porque esto no ha terminado), la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura, así como el PRIAN que sigue controlado por el ya no tan junior, Claudio X. González Guajardo.  se han constituido en la oposición frontal, total, violenta al poder legislativo y al poder ejecutivo y concretamente en contra del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Las autoridades jurisdiccionales de procuración de justicia tienen ya que haber destinado una carpeta de investigación del caso de la violencia en contra del poder legislativo y quién o quiénes son los autores intelectuales de la violencia desplegada por estos porros del poder judicial.

Vuelvo a emplear la expresión “muy grave”. No. La oposición en México no había llegado al extremo, sobre todo en momentos en que el cambio de gobierno suaviza, por las manos e inteligencia femeninas, las relaciones políticas, las relaciones humanas e inclusive. me atrevería a decir que las relaciones de producción porque, a un año de instaurada, la Cuarta Transformación no busca hacer de México una república socialista ni al estilo de lo soviets, ni al estilo de la República Popular China o la de Cuba y menos la de Nicaragua, ésta producto de una revolución nacionalista en contra de un dictador. La 4 transformación es un movimiento plenamente nacionalista, producto de la Revolución Mexicana que lucha por una Revolución y Justicia Social, meta olvidada plenamente por el Partido Revolucionario Institucional que se ha declarado un partido político de centro derecha.

Sin embargo, lo ocurrido este martes 10 de septiembre va más allá de una simple reacción de un grupo emocionado, ardido, con visión golpista y, si no se le pone un hasta aquí, con medios legales, pacíficos, institucionales. va a llegar al máximo de la intemperancia y puede llegar a la violencia total. No olvide usted que a las derechas mexicanas, más que la ideología, las mueve el odio visceral, Y además cuentan con el apoyo total de la mediática institucional, la televisión en manos de los empresarios corporativos, la prensa escrita en manos de los grupos empresariales y proempresariales, y estos “periodistas” no miden las consecuencias de sus actos e informan exclusivamente lo que le interesa a las clases dominantes. Recuerde que quienes detentan el Poder Judicial no tienen ninguna conciencia de clase y menos relacionada con la justicia para los que menos tienen. El poder judicial es sólo una alternativa para poner en práctica una filosofía positivista que sólo busca el enriquecimiento personal, como ha quedado demostrado cuando presentan sus proyectos de presupuesto anuales a la Cámara de Diputados.