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Gobierno federal seguiría manchado de sangre sino protege derechos humanos de líderes indígenas: CNPA MN

Chiapas
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La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) exigió a la Secretaría de Gobernación cumplir con su obligación y garantizar los mecanismos protección de derechos humanos a líderes sociales de esta organización y a sus familias que son amenazadas de muerte en los estados de Tabasco, Chiapas, Puebla, Nayarit y Querétaro o de lo contrario habrá más decesos que mancharán con sangre las manos de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob por omisión en el cumplimiento de sus funciones.

En conferencia de prensa frente a las instalaciones del Palacio de Cobián, para anunciar plantón permanente en demanda de ser atendidos por Alejandro Encinas, la Comisión Política Nacional de la CNPA MN, Jesús Gutiérrez Valencia y Alberto Galindo García, lamentaron la omisión en materia de derechos humanos, de equilibro económico y de seguridad pública por parte del Gobierno Federal pues pone a México al “filo del despeñadero”.

Por lo anterior y ante su demanda, llamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador “a reconsiderar su actitud y en un acto de humildad política aceptar que el país no está bien, en ningún ámbito, pues de no hacerlo nos llevará a la banca rota”.

Indicaron que este desequilibro social, económico y político es resultado de una soberbia de quienes ostentan el poder de ahí el plantón de la CNPA MN en la Secretaría de Gobernación a fin de que resuelva inmediatamente medidas de protección para nuestros compañeros que están en grave riesgo.

Por otro lado, demandaron que intervenga ante gobiernos estatales de Tabasco, Chiapas, Nayarit, Querétaro y Puebla a fin de que coadyuve en generar condiciones de gobernabilidad democrática y respeto a los derechos humanos de líderes sociales y sus familias.

Y es que, recordaron, ante la falta de solución por parte del gobierno federal a temas de conflictividad social, estos se vienen agravando, poniendo en riesgo la vida de compañeros defensores de derechos humanos.

No hay que olvidar, señalaron, que después del ataque policiaco - paramilitar a integrantes del Movimiento por La Paz, la Justicia y el Bien Común (MPJBCA) el 17 de enero de este año que trajo consigo la desaparición, tortura y asesinato de nuestros compañeros José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo (este último estaba bajo la protección del Mecanismo de defensores de derechos humanos de Segob), han continuado las agresiones y amenazas de muerte a integrantes del MPJBCA.

Específicamente, dijeron, existen amenazas de muerte hacia Adán López Calvo y su familia, pues sujetos en camionetas los han estado hostigando.

Aquí, continuaron, desde hace meses, el Mecanismo de Protección de los Derechos Humanos de Segob tiene conocimiento pero no ha implementado medidas de protección.

La misma situación de amenazas de muerte e incertidumbre padecen los comisariados ejidales de los municipios de Acaponeta, Ruiz, Rosa Morada y Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Particularmente, señalaron, “hemos solicitado al Mecanismo medidas de protección para ellos y concretamente para Humberto Huerta Verdín, sin que hasta la fecha esto se concrete”.

También, denunciaron la práctica cotidiana del gobierno de Tabasco del uso de armas cortas y largas para reprimir a comunidades y a integrantes de organizaciones campesinas, tal es el caso de la agresión policiaca de la Policía Municipal de Teapa, Tabasco contra miembros de MOCRI - CNPA MN por haberse atrevido a denunciar la extensión que este cuerpo policiaco hace contra personas de los municipios de Huitiupan, Amatan e Ixtapangajoya, Chiapas, así como de la misma población de Teapa, Tabasco.

De igual forma, condenaron el uso de la fuerza policiaca para reprimir a organizaciones sociales de diversos sectores (maestros, estudiantes, indígenas, campesinos, etc) por parte del gobierno del estado de Chiapas.

Existe la misma tónica de hostigamiento contra integrantes de CNPA MN en los estados de Puebla (Morena) y Querétaro (PAN), así como de criminalización y judicialización de la lucha social, concluyeron.

Finalmente, también exigieron a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rectificar en su política de persecución y criminalización contra vendedores en vía pública en diferentes alcaldías, pues estas personas obtienen un ingreso para su sustento y el de su familia.