Folios falsos, documentación que no existe en libros, actas de libertad de gravamen sin sustento jurídico, actas de posesión falsas, son solamente algunos de los actos ilícitos que se cometen diariamente en el Registro Público de la Propiedad de Comercio, un “negocio” que se encuentra en las manos de funcionarios de la citada institución, así como funcionarios municipales, estatales y diversos notarios.
Así lo señaló un grupo de afectados por las prácticas dolosas, declaraciones que fueron corroboradas por ex trabajadores y actuales trabajadores del Registro Público, quienes entregaron la documentación respectiva que demuestra las irregularidades que se cometen en total impunidad.
Durante la entrevista, el nombre de Leonardo Daniel López Gálvez es mencionado frecuentemente, ya que es la persona que presuntamente se encarga de “coordinar” los trabajos especiales, cuyas sumas fluctúan –aseguran- de los 1 mil hasta 30 mil pesos.
Una muestra de los ilícitos quedó de manifiesto con la entrega de folios falsos, como el 177490 o el 8420, o el 293055, con los que se crean antecedentes ficticios de las propiedades, tal es el caso del folio 8999 de un predio en Berriozábal del cual no existe legajo correspondiente, cuyo registro del 25 de diciembre de 1999 no existe, ya que lo hicieron y subieron al sistema y así concretar lo que de acuerdo al marco jurídico está tipificado como fraude.
El alcance de la mafia que detenta el poder en el Registro Público es de tal magnitud, señalaron, que incluso se venden actas de libertad de gravamen para casas o cualquier predio, para que quienes lo soliciten puedan realizar actos financieros a pesar de que se encuentren hipotecadas, lo que ha originado el daño patrimonial de instituciones crediticias, así como de personas físicas.
El modus operandi empieza con los gestores independientes que le llevan los asuntos a López Gálvez y él se encargaría de poner los precios y de efectuarlos, en presunta complicidad con la delegada del Registro Público, María Fernanda Ponciano Escobar.
El fraude ya es del conocimiento de las autoridades municipales y estatales, a pesar de ello y de las denuncias interpuestas no se ha actuado en consecuencia, destacaron los afectados que han perdido parte de su patrimonio.
Esta modalidad de despojo se ha constituido en tema recurrente, ya que el Registro Público de la Propiedad es quien mantiene la información sobre los predios, áreas y terrenos en el estado, por lo que los excedentes de terrenos que han sido donados, áreas verdes, etc, son comercializados de esta manera a través de prestanombres a quienes se les hace todo el historial correspondiente.
