El martes 15 cayó abatido en Villahermosa, Tabasco, Juan Carlos Huerta, el cuarto periodista mexicano en lo que va del año; el número 49 en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo al conteo del diario Eje Central, y el 116 desde 2000, cuando llegó la alternancia a Los Pinos. Ese mismo año empezó la oleada de asesinatos de comunicadores.
El de 2017 fue uno de los años más violentos: 12 periodistas asesinados, uno por mes, en promedio; y este año ya van cuatro y no hay garantía de que el índice criminal disminuya.
En los últimos tres sexenios según estas cifras, cada presidente supera el número de asesinatos de periodistas a su antecesor, pese a que los tres mandatarios –Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto– y sus voceros expresaron al iniciar su gestión un profundo respeto a la libertad de expresión.
Las cifras no mienten: de 2000 a diciembre de 2016, cada 57 días cayó un periodista; pero de enero de 2017 la incidencia criminal fue de 31 días; es decir, se aceleró. A principios de abril pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa señaló que los 12 comunicadores ejecutados en 2017 colocan a México como el país latinoamericano con el mayor número de ejecuciones.
Y aun cuando en la mayoría de los casos las indagatorias y los testimonios de los detenidos implican al crimen organizado, en su informe correspondiente a 2017 la organización Artículo 19 contabilizó 226 agresiones el año previo, en el que participaron funcionarios, y sólo 17 que señalan a las bandas delincuenciales. Eso indica que desde el poder público también se agrede sistemáticamente a los periodistas.
La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), creada en 2010, ha servido de muy poco. En un informe entregado en abril del año pasado, la dependencia indica que en sus siete primeros años atrajo 48 casos y sólo emitió tres sentencias condenatorias.
Esos números indican la inoperancia de la fiscalía, ya que atiende muy pocos casos en relación con las agresiones al gremio periodístico. Y de los pocos que atrae, no baja mucho el índice de impunidad, pues resuelve apenas el 6%, que ciertamente es más de lo que hace la Procuraduría General de la República, pero sigue siendo muy bajo si se considera que el 94% de los infractores nunca son castigados.
En los últimos años en México siempre que un delito empieza a conmocionar al país –y se convierte en un tema de atención especial en la agenda pública–, se crea una Fiscalía especializada para combatirlo. Hay al menos cuatro casos identificados en este sentido: la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE); la Fiscalía Anticorrupción; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la ya citada FEADLE.
Sin duda es una respuesta mediática, pero absolutamente ineficaz. Es la forma que las autoridades han encontrado para eludir la solución de los problemas a fin de enviar la señal de que el tema de la violencia y los asesinatos les preocupa mucho y de que hacen su mejor esfuerzo para resolverlo. Pero en los hechos es sólo la fórmula para quitarse presión, sin atacar el delito.
La ineficacia de esas fiscalías especializadas es un hecho constatable en los cuatro casos mencionados; ninguno de ellos bajó los índices de criminalidad ni la impunidad. En el caso de los periodistas es evidente que los homicidios aumentaron. Y cuando una de las fiscalías, la FEPADE, dio muestras de que empezaba a perseguir y sancionar a los auténticos delincuentes electorales, el encargado de despacho de la PGR, de la que depende esa fiscalía, decidió removerlo.
Lo cierto es que en México la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo están en riesgo. Las autoridades responsables, más allá de declaraciones condenatorias, no aciertan a implementar políticas públicas que permitan vislumbrar que la violencia contra el gremio puede tener un próximo fin.
El problema de la violencia y la inseguridad no es exclusivo de los periodistas, pero desgraciadamente sí tiene mayores repercusiones sobre la sociedad en su conjunto, especialmente cuando en varias ciudades del país los medios de comunicación difunden sólo información oficial y, en algunos casos, no basta con que sea oficial, sino que requieren además de la anuencia de algún grupo del crimen organizado que los tiene amenazados.
La desinformación es uno de los mayores incentivos para el crecimiento de las llamadas fake news, pues ante la ausencia de una fuente confiable todas se vuelven referencia.
Es así como se genera un círculo vicioso que deteriora el tejido social, ya que la ausencia de profesionales que puedan verificar la autenticidad de la información genera más noticias falsas, y éstas alarman y modifican los hábitos de las sociedades. Y así sucesivamente.
El ejercicio de Verificado 2018, que un grupo de medios, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior pusieron en marcha para comprobar la veracidad de la información difundida con motivo del proceso electoral en marcha, muestra justamente cómo el trabajo profesional puede desactivar los impactos de las noticias falsas y romper este círculo vicioso.
Ante la ineficacia de las instituciones para brindar garantías a los profesionales del periodismo, sería interesante intentar romper este círculo vicioso por esta misma vía, pero dirigido directamente a investigar y verificar información relacionada con el crimen organizado, la corrupción, los abusos y arbitrariedades de los funcionarios y demás hechos que hoy son el principal motivo para agredir a los periodistas.
Ante la debilidad del Estado mexicano, urge una respuesta ciudadana incluyente, organizada, civilizada y comprometida.
