HOJAS LIBRES

Carlos Alberto Bello de víctima a victimario, de la infamia a infame

Consejo de la Judicatura de Chiapas: nepotismo jurisdiccional

En colaboración anterior del 5 de mayo hice mención de cómo el Consejo de la Judicatura del estado de Chiapas, se encontraba al margen de la ley.  El sustento de tal aserto era que sin facultades jurisdiccionales, había separado del cargo a la jueza Isabel Álvarez Ramos por haber emitido una sentencia conforme a derecho, en favor de Omar Fernando Rosales Toledano acusado de feminicidio.  

Uno de los artífices de tan peculiar petición fue el magistrado visitador Carlos Alberto Bello Avendaño que en tan sólo un día leyó un expediente de 15 tomos, presentó denuncia ante el Consejo de la Judicatura, y este órgano del Poder Judicial del estado de Chiapas, también en un solo día, determinó que la jueza debería de ser separada de su función judicial.

Bello Avendaño incurría así en una severa contradicción personal y judicial al acusar a la jueza Álvarez Ramos sin ningún sustento.  La historia es la siguiente.  En el año 2011, el gobernador Juan Sabines Guerrero, en una de sus tantas alucinaciones, ordenó la detención del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.  Así textual, el ejecutivo ordenó al judicial proceder penalmente en contra del ex gobernador en un grave atentado a la división de poderes.

Con esa consigna, el 14 de junio del año 2011, el Juez Tercero Penal emitió auto de formal prisión en contra de Pablo Salazar, bajo los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.  Inconforme contra el auto de formal prisión, Salazar interpuso recurso de apelación como consta en el toca 151-A-1P01/2011.

El 16 de agosto de 2011, la Sala Penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, confirmó el auto de formal prisión. En contra de la resolución de la Sala, Pablo Salazar interpuso el amparo 1185/2011, ante el Juez Quinto de Distrito en el estado de Chiapas.

El 13 de febrero de 2012, el juzgado de distrito concedió a Pablo Salazar el amparo y protección de la justicia federal para que la Sala dictara una nueva resolución en la que podía confirmar el auto de formal prisión o bien decretar auto de libertad.  Sólo que con los criterios exigidos por el juzgado federal, el auto debería de ser de libertad o bien arriesgarse a incurrir en violación a la ley de amparo y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La instrucción del juez de distrito fue determinante. Los delitos de ejercicio indebido del servicio público y de peculado no pueden coexistir al mismo tiempo, y por tanto la Sala debería de determinar cuál de los dos, pero sólo uno, debería de permanecer.

En contra de la resolución del Juez Quinto de Distrito, el ministerio público federal y el ex gobernador Pablo Salazar, interpusieron recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo.  El tribunal fue más allá.  La resolución determinaba anular la sentencia de la Sala, bajo el principio de que los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, quedaban incluidos dentro del delito de abuso de funciones públicas, con lo que en automático desparecía el delito de asociación delictuosa.

El responsable de resolver la orden del Juez Quinto de Distrito y del Tribunal Colegiado, en el expediente de apelación 151-A-1P01/2011 fue el magistrado Carlos Alberto Bello Avendaño, en decisión colegiada con la presidenta de la Sala, Isela de Jesús Martínez Flores y el magistrado Rigoberto Montoya García.

Sólo que por acatar las instrucciones de dos órganos jurisdiccionales federales, los magistrados fueron sujetos de proceso penal por instrucciones del gobernador Juan Sabines y como ejecutor el gran bandido de la procuración de justicia Raciel López Salazar y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, otro delincuente jurisdiccional, Rolando Ramos Rovelo.  Los delitos por los cuales se acusó a los tres magistrados fueron abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa.

El magistrado Carlos Alberto Bello Avendaño se dolió profundamente del atentado a su función jurisdiccional y la calificó como una infamia.   Lo malo es que hoy repite esa práctica en la que de víctima pasó a victimario y de la infamia a infame.

A la magistrada presidenta de la Sala Penal, Isela de Jesús Martínez, el presidente del Tribunal, Rolando Ramos, le exigió su renuncia por “instrucciones” de Juan Sabines.  Ninguno de los dos tenía autoridad moral ni jerarquía política ni administrativa.  La independencia de jueces y magistrados está en la ley, no tienen jefe y se distinguen por ser autónomos.  La magistrada Isela de Jesús desobedeció tan arbitraria petición y en ejercicio de su independencia jurisdiccional, jamás se presentó a declarar ante el ministerio público.

Sólo que mientras se procede arbitrariamente en contra de la jueza Isabel Álvarez Ramos por dictar una sentencia apegada a derecho, en el Consejo de la Judicatura se permite el nepotismo jurisdiccional.  La consejera Lourdes Hernández Bonilla ha patrocinado a Walter Constantino Vleschower para desempeñarse, primero, como secretario técnico del Consejo de la Judicatura, y después, juez penal en el municipio de Chiapa de Corzo.

La designación no tendría mayor trascendencia si no fuera porque Walter Constantino es sobrino de Gladys Vleschower Magdaleno, esposa de César Amín Aguilar, consejero jurídico de gobierno, quien a cambio nombró al esposo de la consejera Hernández Bonilla, Víctor Manuel Cruz Arreola, jefe de recursos materiales. Se habla de negocios entre César Amín y Lourdes de los que daremos puntual cuenta.

Para ilustrar la calidad de Walter Constantino como juez de consigna, se advierte en la ejecutoria de amparo 137/2007, en la que la Justicia de la Unión ampara y protege a José Librado de la Torre González:

“En la inteligencia que al aquí quejoso se le han instruido diversas averiguaciones previas que han culminado en autos de formal prisión (…) como exsecretario de agricultura del estado y exvicepresidente del Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario del estado de Chiapas (…) entre el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho y treinta y uno de diciembre del dos mil. En cuanto a los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y asociacion delictuosa, el agente del ministerio público, no podrá, en lo sucesivo, iniciar nueva averiguación en contra de José Librado de la Torre González, ni tampoco ninguna autoridad judicial deberá de ordenar la aprehensión, o dictar auto de formal prisión ni ningún otro acto que pretenda afectar la libertad personal del quejoso, so pena de incurrir en desacato al artículo 105 de la ley de amparo.”  Vergonzosamente se le enderezaron los excesos judiciales a Walter Constantino.

Pero además, el nepotismo jurisdiccional se extiende a otras áreas del Poder Judicial.  Erick Hernández Jiménez es hijo del hermano de Hernández Bonilla, quien de actuario pasó a secretario general de acuerdos de la segunda Sala Civil, aunque entre el personal se diga que nada sabe.

Alejandra González Pérez, sobrina de Hernández Bonilla fue cambiada de la segunda Sala Penal a Defensoría Social para ayudarla por su incompetencia y proclividad a desobedecer las órdenes de los magistrados.

Así, mientras se reprime a los buenos jueces, se favorece la incompetencia y el parentesco como forma de ascender.  Ampliaremos…