DURAZO O EL MANDO CIVIL CERCADO POR MILITARES

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, es por ley un secretario poderoso. Es nada menos que el responsable de la seguridad interior del país y su fuerza operativa, la Guardia Nacional. Además, dispone del aparato de inteligencia del Estado, maneja la información del sistema nacional de seguridad pública, controla las cárceles federales y hasta administra la seguridad privada.

Esas son, entre otras, las responsabilidades que le da la Ley de la Administración Pública Federal. Por eso y porque así también lo establece la Constitución reformada ya en el morenismo, se dice que en México la seguridad interior está a cargo de la autoridad civil.

Pero en la práctica, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió hacerlo un jefe de papel, entre un convidado de piedra y un vocero para que del problema de seguridad haga un asunto político. Así se vio el 30 de junio pasado, cuando se desplegó, formalmente, la Guardia Nacional, y durante la rebelión en la Policía Federal.

Para el registro histórico quedó la imagen de Alfonso Durazo detrás del presidente y de los secretarios de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval; y el de Marina, el almirante José Rafael Ojeda.

También como testimonio histórico quedó el hecho de que ese día se cumplían cinco años de la masacre de 22 civiles a manos del Ejército, en un supuesto enfrentamiento con un grupo delictivo. A los militares que la Secretaría de la Defensa Nacional señaló como responsables quedaron en libertad por considerar que se trató de un asunto de falta a la disciplina castrense.

El presidente rodeó a Durazo de militares. Además de los Altos Mandos del Ejército y la Marina que en los hechos están por encima de él, le puso al general Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional, quien además asumió como comisionado de la Policía Federal.

López Obrador le dio el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al general retirado Audomaro Martínez. A todo ello, se suma la fuerte presencia de militares retirados en la seguridad privada.

El amotinamiento de efectivos de la División de Fuerzas Federales y de Gendarmería que estalló a las pocas horas del inicio formal de la Gendarmería Nacional, ante la incertidumbre de lo que pasará con ellos en el nuevo cuerpo, acicateó al presidente para arremeter contra la Policía Federal que asegura “se echó a perder” y no pudo con la tarea de seguridad.

Si así fue, los militares no fueron del todo ajenos. Cuando la entonces Policía Federal Preventiva se inició, su componente fue militar. Así empezó en el gobierno de Ernesto Zedillo y así continuó con Vicente Fox.

Cuando en el calderonismo quedó claro que no tendrían el mando ante el poder que el presidente le dio a Genaro García Luna, los militares se replegaron completamente. Lo mismo hicieron en el gobierno de Enrique Peña, cuando les dijeron que no tendrían el control de la Gendarmería Nacional que se buscaba crear.

Con López Obrador, los militares lograron lo que por mucho tiempo ambicionaron: el control de la seguridad pública del país. Calderón con su discurso de guerra lo intentó y no pudo. Peña les dio una ley de seguridad interior que después la Suprema Corte echó abajo.

Ni en el mejor de sus escenarios, la elite militar mexicana se alcanzó a ver tan a modo en el gobierno de López Obrador. Ahora tienen el marco legal que tanto pelearon. Están a cargo de la seguridad pública, controlan el mando operativo y la información, y cuentan con la garantía legal para conservarlos en los próximos años. Pero, sobre todo, tienen a alguien que de la cara por ellos: el “mando civil”.

Por eso, el secretario Durazo es que quien ha tenido que responder a los policías federales inconformes, y no su jefe directo, el general Rodríguez Bucio. Y si hace falta una simulada rendición de cuentas en el Congreso morenista, también para eso estará la autoridad civil.