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“SOBERANÍA ENERGÉTICA”

Columnas
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La incomprensión de Manuel Bartlett sobre las nuevas dinámicas de la vida pública se ha convertido en un problema grande para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, señalado entre los equipos técnicos y ahora por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, no termina de hacerse escuchar.

Político de ya muy larga trayectoria, Bartlett llegó a la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a casi 27 años desde su último cargo federal y a 20 años de haber abandonado la gubernatura de Puebla, entonces aún priista, y en tiempos previos a la alternancia del 2000.

La incomprensión de nuevas normas, instituciones y conductas públicas están quedando evidenciadas a cada paso que da, confiado en sus formas viejas con las que convierte en disputa ideológica todo aquel que, con base en la ley y en los criterios económicos, intenta sacarlo de su obstinación.

Miembros del gabinete, colaboradores cercanos, interlocutores de las secretarías de Gobernación y Medio Ambiente, suelen repetir en torno burlón y algo engolado, ante un cuestionamiento técnico jurídico o financiero relativo a la CFE: “Soberanía energética”, “Soberanía energética”, la expresión que Bartlett repite como mantra.

Y es que fue en esa lógica que convenció a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al propio presidente López Obrador, de que los contratos por gasoductos eran “leoninos” y, por lo tanto, había la necesidad de renegociarlos. El propio mandatario ha dicho que las obras no pasaron por el consejo de administración de la CFE, algo que por otra parte nos coloca frente a otra complejidad que Bartlett no entiende o prefiere atropellar: la existencia de una entidad, el Centro Nacional de Gas, cuya existencia omite. “Soberanía energética”, “Soberanía energética”.

Para Bartlett, la maraña de instituciones con las que puede o no estar de acuerdo, pero que tienen funciones por ley y son positivas y vigentes, parecieran estar fuera de la discusión. Nada del Cenagas, ni de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ni mucho menos de la Comisión reguladora de Energía.

La apuesta es por dos vías: que Olga Sánchez Cordero resuelva hablando con jueces los amparos de comunidades indígenas afectadas por el trazo de los gasoductos, y presionar con arbitrajes internacionales a las empresas contratistas. “Soberanía energética, soberanía energética”.

Nada de resolver las demandas de la gente, que permitirían que se concluyan las obras; nada de someterse a la Ley de Hidrocarburos que instruye tribunales nacionales para diferendos en materia energética.

A más de siete meses de administración y cinco desde que el asunto se puso en la discusión pública, el veterano poblano no consigue resultados respecto de los gasoductos y, según personal de la empresa eléctrica, la semana pasada, ya tan manoseado el asunto, se había tomado la decisión de frenar la ruta de arbitraje internacional.

Fue entonces cuando la renuncia de Carlos Urzúa y su posterior entrevista, publicada en Proceso, revelaron el poder enorme que ha acumulado el director de la CFE, quien, si hasta entonces se sabía, mantenía en su dupla con Rocío Nahle una fuerte presión, por momentos hasta nulificar al director de Pemex, Octavio Romero, ahora se sabe que resultó más poderoso que el secretario de Hacienda.

Bartlett es la burla, sí, pero también es el personaje temible con el que no se debe jugar, porque es capaz de anular a un secretario de Hacienda y llevar al Estado Mexicano a un problema internacional, pues en su perspectiva anquilosada convenció de combatir a una enorme trasnacional, Sempra Energy, en la que tiene intereses Nancy Pelossi, la líder cameral en Estados Unidos, por cuya mano pasa necesariamente el tratado comercial con América del Norte.

López Obrador le dio un espaldarazo público y privado. Así que, sin más, podrá seguir repitiendo por ahí: “Soberanía energética, soberanía energética”.

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