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EN LA MIRA

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La resistencia vecinal contra los excesos del Poder Judicial en Tuxtla

La defensa de colonos en Tuxtla Gutiérrez para defender su espacio público parece haberse transformado en un guerra encarnizada que el Poder Judicial del Estado de Chiapas ha decidido ganar “por la fuerza y a costa de lo que sea”, en medio de una lucha desigual, plagada de irregularidades y violaciones a los derechos humanos que apunta a convertirse en un escándalo de mayores dimensiones.

La controversia hoy gira en torno a un predio de siete mil metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento El Bosque, al norte oriente de la capital chiapaneca. Hace más de 35 años, como parte del desarrollo del complejo habitacional, el predio fue dispuesto como área de donación para el desarrollo de espacios verdes o centro de esparcimiento común para colonos. Y así se mantuvo durante años.

Pese al olvido de las administraciones municipales, con el paso de las décadas fueron los propios colonos quienes adoptaron el espacio, adecuándolo como parque de la colonia, con el desarrollo de actividades deportivas y culturales. El lugar, colindante a la sede del Poder Judicial del Estado (PJE), muy pronto se convirtió es un área arbolada de convivencia vecinal. Pero las autoridades tenían otros planes para el lugar.

Los rumores sobre la inminente destrucción del parque para dar paso al Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam) del PJE cobraron fuerza durante los primeros meses del año. Y la alerta se “encendió” entre los vecinos, quienes de inmediato comenzaron a organizarse para enfrentar la irrupción de la maquinaria pesada para despojarlos de su parque.

Fue en mayo cuando las advertencias finalmente se materializaron. El Poder Judicial, a cargo de Juan Oscar Trinidad Palacio, iniciaría el proceso de construcción, con o sin la venia de los habitantes del fraccionamiento. Con ello comenzó un movimiento de resistencia vecinal, para defender el espacio. Se organizaron manifestaciones públicas y guardias para evitar el ingreso de la maquinaria pesada, pero todo fue aplastado con el excesivo uso de la fuerza pública.

A finales del mes de mayo un nutrido grupo de elementos policiacos armados fue movilizado para realizar el desalojo de los colonos. Como si se tratara de delincuentes de alta peligrosidad, los elementos de seguridad irrumpieron en el lugar, desencadenando la detención de tres vecinos (Magali Ruiz Ramírez de 54 años, Oscar Robles Ruiz de 27 años y María Antonia Salazar de 51 años). El sucedo quedó documentado en diversos medios de comunicación.