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Violencia en Chiapas; CONECULTA, la Mafia

La Guardia Nacional y la Fiscalía General, se han  convertido en el hazmerreir de la delincuencia organizada en Chiapas, donde, como decía el gran compositor y cantante de música ranchera, José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, por la violencia desbordada que lo mismo son asesinatos de pandilleros, asaltos o de plano ejecuciones.

Lo digo, porque la inseguridad sin límites, ha tomado carta de naturalización en toda la entidad, donde los hechos delictivos están por encima de la “Mesa de Seguridad”, que diariamente preside el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con todos los representantes de las Corporaciones de Seguridad estatal, municipal y federal, lo mismo en la capital Tuxtla Gutiérrez, que en los municipios más importantes del territorio chiapaneco.

Frases van y vienen en los discursos de las autoridades de los tres niveles de gobierno, plagados de compromisos que no se cumplen, de salvaguardar las vidas y patrimonios de los habitantes de 122 municipios que integran el territorio chiapaneco.

Preocupante situación que no solamente no se frena, sino que va en aumento, lo mismo en las zonas norte, que selva, altiplano, centro, sierra, costa y Soconusco, donde la ley no la imponen los responsables de aplicarla, sino los grupos de crimen organizado que conforme pasan los días se fortalecen, delinquiendo con el contubernio de funcionarios de seguridad municipales, estatales y federales.

Presencia de una Guardia Nacional decorativa, de acompañamiento, subordinada a jefes policíacos corruptos que hacen que su presencia pase desapercibida en los operativos de varias semanas, que ya deberían demostrar su efectividad en la lucha en contra de quienes llevan a cabo tareas que ponen en evidencia la incapacidad del gobierno estatal de la 4ª Transformación, cuyo mandatario Rutilio Escandón Cadenas pareciera estar simplemente a la expectativa, y dejar en manos de su fiscal General Jorge Luis Llaven, una tarea, en la que como dice la canción que interpreta Chente Fernández, “le quedó grande la yegua”.

Los ejemplos de esa violencia desatada e imparable en todos lados, son demasiados. Incluso, faltan las palabras para definir el sadismo de sicarios del crimen organizado que en una de las calles céntricas de Tuxtla Gutiérrez, en el mes que termina que accionaron sus armas para disparar sin piedad más de 100 balazos, sobre el vehículo en que viajaba, dejando sin vida a María del Carmen López Galdámez, de 38 años de edad, directora de los niveles Secundaria y Preparatoria, del Instituto Hispano Jaime Sabines.

Un asesinato pleno de crueldad, al recibir en su cuerpo por lo menos 10 impactos de las armas utilizadas en el atentado, por un grupo de pistoleros que viajaban en un automóvil Jetta color verde, cuando transitaba por la avenida Guatemala, entre las calles Guatemala y El Salvador, colonia Estrella de Oriente, en la zona nororiente tuxtleca. La reconocida mentora se dirigía a su centro de trabajo, acompañada de su esposa, que no obstante haber resultado lesionado, sobrevivió y se encuentra hospitalizado.

La camioneta tipo Journey, en que viajaba la maestra y su pareja, fue interceptada al estilo de las mafias del narcotráfico. Los sicarios se bajaron del automóvil y rafaguearon con  sus poderosas armas la unidad, dirigiendo sus disparos a la funcionaria del Instituto Hispano Jaime Sabines, quien falleció instantáneamente sobre el asiento del copiloto.

Después del atentado, la Fiscalía General del Estado, al mando de Jorge Luis Llaven, anunciaría con toda prontitud en su boletín de prensa, que ya había iniciado la investigación exhaustiva correspondiente “habrá tolerancia cero” contra los responsables del crímen.

Un capítulo más de la terrible espiral de violencia e impunidad, con soldados de una Guardia Nacional que no saben ser policías, pues son simple y sencillamente militares ignorantes de la tarea de la seguridad urbana, para la cual no han sido capacitados.

Y policías municipales y estatales, a los que los militares nunca y terminaron de “enseñar” las labores que permitan la salvaguarda de los intereses de la población de la municipalidad.

Ni a quien irle, como a las promesas huecas que se repiten a diario en el pleno que encabeza al mandatario estatal, de que la violencia y la inseguridad empiezan a ser parte del pasado priísta-panista, cuando ya no es así.

Pisoteo del marco constitucional en la zona indígena de Ocosingo, donde los integrantes de las etnias hacen de las suyas con el turismo nacional e internacional, al que asaltan o secuestran, robo de automotores, llevándose de paso a sus guaridas hasta a policías que desarman o a unidades transportadoras de valores, la última de Panamericana, presuntamente con 11 millones de pesos a bordo.

Matar por robar, esta vez a balazos, como ocurrió este sábado 27 de julio en el tramo de la autopista San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérez, a los esposos Renato Zárate Castañeda y Laurent Green Faun, cuando habían salido a cazar luciérnagas, como parte de los trabajos de investigación de la distinguida y muy querida dama en los medios sociales de la antiquísima ciudad.

O el intento de asalto con disparo de arma de fuego en Tapachula, a una sucursal de Bancomer, frustrado gracias a que el vidrio de las cajas está blindado, por lo que el par de encapuchados huyo a bordo de motocicletas en las que afuera esperaban sus cómplices.

Ejecución de un tiro en la cabeza, este martes 30 de julio en Tapachula, de Carlos Nava Espinosa, de 67 años, prominente empresario del plátano, durante la madrugada, cuyo cuerpo fue encontrado por su contador, después de la siete de la mañana, sin que hayan cometido robo alguno.

Lo hechos ocurridos hasta ahora, no son más que una muestra de toda una cadena diaria de incidentes en la entidad, los que se mezclan los asaltos a transeúntes, a casas habitación, a usuarios de la Banca, como también los asesinatos que se dan en función de la resistencia que la ciudadanía ofrece al tratar de impedir un atraco.

Vemos con tristeza, que a pesar de que se siga lo contrario, incluyendo el discurso del mandatario estatal, la realidad nos dice que, independientemente de la incapacidad, está también la incomunicación entre los representantes de las instituciones civiles y militares, que se justifican para negar una realidad devastadora y criminal sin  freno.

CONECULTA CON FUNCIONARIOS QUE NO ESTAN EN NOMINA

Y cambiando abruptamente de tema, diré a usted que entre el personal de las  oficinas centrales del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas –Coneculta-, se ha convertido en la comidilla diaria de los empleados, la controvertida conducta de la directora general Cecilia Flores, ex alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, por la dualidad con que maneja las finanzas de la institución.

Mire usted, es que la mera mera de Coneculta, haciendo nada de caso a las recomendaciones de austeridad absoluta en el presupuesto, se da el lujo de tener fuera de la nómina oficial a dos de sus colaboradores incondicionales, Manuel Gutiérrez y Oscar de León, quienes se ostentan como coordinadores estatales y hacen y deshacen con el personal, incurriendo en situaciones fuera de lugar, al designar nuevas funcionarias que ya se ostentan como representantes del Consejo, pero que tampoco están en la nómina que autoriza la ex edil coleta.

Malestar creciente entre los veteranos empleados de las instalaciones principales ubicadas en el Centro Cultural Jaime Sabines de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, por la conducta de los nuevos servidores públicos estatales, que pasan por encima de un marco legal establecido en la materia, por lo que piden a este escribidor que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ordene a la Secretaría de la Función Pública, la investigación correspondiente, para corregir este tipo de irregularidades que atentan contra el patrimonio de los chiapanecos.

Enojo, porque argumentan que el nuevo mando se ha ensañado con el personal capacitado y con experiencia de muchos años en la institución, el cual ha sido despedido injustamente en más de un 40 por ciento de la nómina dejada al 30 de noviembre de 2018, porque no se evaluaron y se hizo el recorte al trancazo.

Me parece que ahí tenemos un inmejorable ejemplo de lo que no se debe hacer en un gobierno estatal que habla de combate a la corrupción y que no se cansa de decir que es transparente, porque así lo ordena el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación.

El escándalo amenaza a doña Cecilia Flores, quien está todavía a tiempo para corregir los excesos de sus dos brazos incondicionales y ejecutores, Manuel Gutiérrez y Oscar de León, antes de que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ordene la investigación  que sin  duda pondrá en riesgo a la ex alcaldesa de San Cristóbal de las Casas.

SI NO QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO