“MILICOGATE”, JUICIO AL CORRUPTO EJÉRCITO CHILENO

El procesamiento y detención del excomandante en jefe del Ejército, general retirado Humberto Oviedo Arriagada, por apropiación ilícita de 65 millones de dólares destinados a labores de inteligencia militar, agudizó el desprestigio de esta institución castrense y deriva hacia una crisis institucional. dada la obstinada negativa del imputado de someterse a la justicia.

El dictamen judicial –emanado el 29 de junio– se relaciona con la arista “gastos reservados” del mega juicio conocido como Milicogate. Éste se inició en febrero de 2016 y actualmente es conducido por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Romy Rutherford Parentti, quien en marzo de 2020 culminará una misión de tres años en la Corte Marcial.

Oviedo, quien dirigió al Ejército entre 2014 y 2018, cuando la presidenta de Chile era la socialista Michelle Bachelet, permanece recluido en prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, Santiago.

Allí hace compañía al también excomandante en jefe del Ejército (2010-14) general retirado Juan Miguel Fuente-Alba, quien ejerció durante el primer mandato del derechista Sebastián Piñera. Éste fue procesado en febrero pasado por la juez Rutherford en la misma causa (575-2014), acusado de malversar 5.5 millones de dólares.

Por ley, los gastos reservados que se le asignan al Ejército deben ser destinados a tareas de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, tanto Oviedo como Fuente-Alba los ocupaban con fines de enriquecimiento personal, lo que, coinciden diversos analistas, supone un riesgo a la seguridad nacional.

Vital para el esclarecimiento de los delitos fue la confesión del exjefe de finanzas del Ejército, coronel Sergio Vásquez Undurraga. Éste declaró (a fojas 3844) que, en 2014, cuando tomó posesión de dicho cargo, su antecesor, el coronel Jorge Cortés, le expuso en presencia del general Oviedo que los comandantes en jefe anteriores contaban con 1.3 millones de dólares anuales de libre disposición y que eso debía continuar con el nuevo jefe institucional.

Vásquez aseguró que “lo mismo se hacía en el periodo del general (Óscar) Izurieta Ferrer (2006-2010)”. Este, según todas las proyecciones, se convertirá en el tercer excomandante en jefe del Ejército procesado en el Milicogate.

Rutherford pudo establecer que el general Oviedo destinaba 24 millones de pesos anuales (36 mil dólares) para el mantenimiento de su casa; 30 millones (45 mil dólares) anuales para viajes, al margen de los pasajes y viáticos oficiales; 21 millones por concepto de repostería, y cerca de mil dólares mensuales en chocolates, entre otros gastos y extravagancias.

Sólo considerando lo defraudado en la arista “gastos reservados”, Oviedo defraudó al fisco con 1.1 millones de dólares. Sin embargo, como son 30 las aristas o cuadernos en el Milicogate, lo malversado en “gastos reservados” debe ser considerado sólo una parte menor del fraude en el Ejército. Los montos mayores deben encontrarse en lo referido a adquisición de material bélico. Pero a este respecto aún no hay cifras oficiales de lo robado al fisco.

El Milicogate se abrió en febrero de 2016, luego del impacto provocado por un reportaje del periodista Mauricio Weibel en el semanario The Clinic. La investigación judicial partió como un caso de robo de unos pocos millones de dólares provenientes de la Ley Reservada del Cobre, que establece que 10% de las ventas de la estatal cuprífera Codelco se deben utilizar en la adquisición de equipamiento bélico. El modus operandi era la utilización de facturas falsas para rendir gastos que no se realizaban.

Desde el principio este proceso llamó la atención de la opinión pública, puesto que permitió conocer que oficiales de bajo rango y suboficiales gastaban miles de millones de pesos en casinos y fiestas, sin que nadie en el Ejército se diera por enterado.

Sin embargo, cuando en marzo de 2017 la causa fue tomada por Rutherford, los ritmos y alcances de la investigación se incrementaron exponencialmente. Actualmente hay 28 altos oficiales procesados, entre ellos, además de Oviedo y Fuente-Alba, el exvicecomandante en jefe John Griffiths (imputado cuando estaba en servicio) y el exdirector de finanzas del Ejército Jozo Santic.

Revés institucional

Para detener el avance de las causas de corrupción en el Ejército, los excomandantes en jefe y otros altos oficiales involucrados han recurrido a un enclave autoritario heredado de la dictadura, que en la transición a la democracia ha adquirido un poder insospechado: el Tribunal Constitucional (TC).

El 4 de enero el abogado de Oviedo, Gonzalo Rodríguez, presentó un “recurso de inaplicabilidad”. Arguyó que ciertas normas del Código de Justicia Militar, como el secreto del sumario y el hecho que los imputados no puedan declarar en presencia de sus abogados, violan garantías constitucionales. “La Justicia Militar es un sistema decimonónico que se superó en todos los países civilizados donde existe estado de derecho”, sostuvo Rodríguez.

Nada dijo del hecho de que ha sido el propio Ejército el que con más fuerza ha pujado –hasta ahora– para que se mantenga este arcaico sistema de justicia, que juzga a civiles y militares en tiempos de paz.

Acogiendo lo solicitado, el TC definió el 9 de enero paralizar las indagatorias contra el excomandante Oviedo en la arista “empresas de turismo”, en la que hay 348 generales y 892 coroneles involucrados, con diversos grados de participación.

Cabe consignar a este respecto lo señalado por el periodista y conductor de CNN Chile, Daniel Matamala, en la columna “El general en su laberinto”, publicada el domingo 7 en el diario La Tercera:

“De los mecanismos de protección que gozan los poderosos, el de los generales parecía el más inexpugnable: una justicia propia, secretista y ajena al escrutinio público. Hasta que una civil, Romy Rutherford, llegada por azar al cargo de ministra en visita de la Corte Marcial, se tomó demasiado en serio su trabajo. Desenredó la madeja de corrupción en los altos mandos, logró la confesión del excomandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, lo procesó a él y a su sucesor, Humberto Oviedo, y puso en la mira a una larga lista de coroneles y generales. Entonces, tal como con los empresarios y con los políticos, comenzó a operar la impunidad”.

Pese a este revés propinado por el TC, Rutherford siguió adelante en las otras 29 aristas de este mega proceso, destacando sus avances en el cuaderno “Gastos Reservados”.

De esta manera, el 25 de junio concurrió al domicilio de Oviedo a tomarle declaración, paso indispensable para cursar su procesamiento. Pero éste, ante cada consulta, expresó que no respondería porque la causa se encontraba paralizada por el TC.

Sin embargo, acogiéndose a prerrogativas previstas en el Código de Procedimiento Penal, ese mismo día la ‘Jueza de Acero’ (como se conoce a Rutherford) ordenó su detención por cinco días y cerca de la medianoche del 29 de junio dictó su procesamiento.

Negándose a enfrentar sus culpas ante la justicia, Oviedo acudió nuevamente al TC, al que solicitó paralizar toda la causa, en todas sus aristas. “Es necesario reponer el imperio de la ley”, reclamó.

Fue así como el viernes 5, el TC aceptó la solicitud por tres votos contra dos. “La suspensión, en lo sucesivo, ha de tener lugar sin exclusiones en la gestión pendiente incluyendo todo ‘cuaderno’, cuya etapa procesal actual sea la de sumario”.

Este fallo generó escándalo nacional al considerarse que el TC estaba invadiendo prerrogativas que son propias de la justicia. Pese a ello, Oviedo permanece detenido, ya que esta última decisión no tiene carácter retroactivo, por lo que no se anuló su procesamiento.

Para conseguir su libertad, Oviedo recurrió al amparo ante la Corte Marcial y la Corte Suprema, alegando un supuesto accionar arbitrario e ilegal de la magistrada Rutherford. Sin embargo, en ambas cortes y por amplias mayorías se rechazó lo solicitado, en un claro espaldarazo a la ‘Jueza de Acero’.

No obstante estas determinaciones, la causa contra Oviedo se ve notablemente afectada por la paralización dictada por el TC el 9 de enero y por la ampliación de la misma –a todas sus aristas– decidida el viernes 5.

De todos modos, la presión de la opinión pública y el malestar de una minoría de magistrados del propio TC (que se han quejado de la parcialidad con la que está operando la mayoría de este cuerpo colegiado) está surtiendo algún efecto. La prueba es que el presidente de este tribunal, Iván Aróstica, decidió el viernes 19 poner en tabla para el 2 de agosto la revisión del fondo del asunto del recurso de inaplicabilidad presentado por Oviedo.

Cabe poner de relieve que el presidente del TC es reconocido por su cercanía con el mundo castrense. Trabajó en la Caja de Previsión de la Defensa e incluso escribió un libro sobre el corvo, la más simbólica y sangrienta de las armas del Ejército de Chile.

“El monstruo”

En entrevista con Apro, el diputado socialista y miembro de la Comisión Especial Investigadora de Fraude en el Ejército –que operó entre agosto y enero pasados–, Leonardo Soto, manifiesta que la situación que se produce luego del citado fallo del TC “es particularmente grave e inédita en nuestro país”.

Fundamenta: “Este tribunal, que no forma parte del Poder Judicial, viene a intervenir y a bloquear la acción de un tribunal de la república, constituido por la ministra Romy Rutherford”.

El parlamentario resalta que el proceso que llevaba Rutherford “ha sido detenido no sólo en las materias que recaen sobre el general Oviedo, sino que en otras 29 aristas que recaían sobre otras 28 personas (uniformados) que podían ser sospechosas de corrupción”.

Cabe acotar en este sentido que el viernes 12 el TC debió aclarar –luego de que se lo solicitase Rutherford– que la suspensión de la causa sólo se refiere a lo relacionado con Oviedo, no aplicando a las pesquisas vinculadas a los otros 27 imputados en el Milicogate.

Soto dice que el TC se está prestando “a las redes de corrupción” existentes en el Ejército, con el fin “bloquear la acción de la justicia”. Expresa que esto “profundiza el desprestigio de nuestras instituciones republicanas”.

Y destaca que el TC también ha paralizado juicios vinculados con el narcotráfico y causas de derechos humanos.

“Es un problema de carácter general, de obstrucción a la justicia de parte del TC”, señala.

En este sentido, recuerda que el 1 de marzo, en la ceremonia de inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, subrayó, en presencia del presidente Sebastián Piñera, el problema que está provocando el TC con sus interferencias respecto de las resoluciones del Poder Judicial.

“El año 2018, 25 causas de derechos humanos se encontraban o fueron suspendidas con ocasión de acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (…). La suspensión alcanzó periodos que van entre los 25 y los 657 días, paralizándose los procesos 238 días en promedio”, sostuvo Brito.

Este apuntó entonces a la “necesidad de observar rigurosamente los límites insalvables” de las competencias del TC.

Este claro llamado recibió el respaldo de Piñera, quien ese mismo día se comprometió a enviar un proyecto de reforma constitucional que acote las atribuciones del TC.

Hay que considerar que fue en 2005, en el gobierno del socialista Ricardo Lagos, que el TC adquirió la facultad de pronunciarse respecto de la inaplicabilidad de cualquier precepto legal que se esté tramitando en algún tribunal de Chile, atribución que hasta entonces detentaba la Corte Suprema.

Aunque en principio el TC ocupó con austeridad esta prerrogativa, en el último lustro la ha utilizado cada vez con más frecuencia, convirtiéndose –sin pudor– en un fortín de último recurso de los poderes fácticos del país.

Pesa en esto la composición político-partidista de este ente colegiado “autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder”: de sus 10 miembros, cuatro son elegidos por el Parlamento y tres por el presidente de la República.

A la hora de hacer sus respectivos nombramientos, estas autoridades han privilegiado la filiación política y los compromisos de los elegidos, en vez de sus conocimientos y sentido de justicia.