HOJAS LIBRES

Sector salud en Chiapas, corrupción endémica

José Cruz Castellanos, heredero de la rapiña sanitaria

El sector salud en Chiapas siempre ha estado expuesto al saqueo y a la escasez de medicamentos para atender las necesidades elementales de la población en materia de salud.

Así ocurrió durante el trágico gobierno de Juan Sabines Guerrero, cuando el desabasto de medicinas fue notorio y los casos de muerte materno-infantil y de otro tipo de enfermedades se incrementaron por la falta de médicos, enfermeras y equipamiento adecuado, pero sobre todo por el  nulo inventario de productos básicos para la salud.  Era recurrente la frase, en el sabinato, “ni una aspirina para quitar un dolor de cabeza”.

Acompañaron a Juan Sabines en esa historia de rapiña sanitaria su afamado secretario de Salud, James Gómez Montes, y el entonces poderoso subsecretario de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, encargado de cualquier compra mínima para exigir el 10, el 15  y el 20 por ciento a contratistas y proveedores. Los malos manejos en el sector salud, entre 2006 y 2012, terminaron en una deuda, impagable, de 10 mil millones de pesos.

Manuel Velasco Coello encubrió las pillerías de su compadre Juan Sabines. Hubo una razón para ello. Velasco Coello continuó con los excesos financieros en contra de la salud de los chiapanecos y permitió que la señora Leticia Coello Garrido se entrometiera en la operación de la Secretaría de Salud. La auditoría del 2014 da cuenta de los malos manejos de Carlos Eugenio Ruiz Hernández, secretario de Salud, con un faltante de 800 millones de pesos.

Como premio, Carlos Eugenio fue generosamente recompensado con la  rectoría  de la Universidad Autónoma de Chiapas.  Especializado en quebrantos financieros, Ruiz Hernández terminó por triturar las finanzas unachenses. De una deuda de 250 millones de pesos recibida de su antecesor, Ruiz Hernández la septuplicó hasta un monto de un mil 800 millones de pesos, sin que ello se tradujera en una mejor infraestructura universitaria, mejores niveles educativos y excelencia académica.

Por el contrario, el deterioro institucional se evidencia en las observaciones hechas por 417 millones de pesos de malos manejos en la auditoria 646 de la cuenta pública 2016 de la Federación y en la auditoria 2017 correspondiente al ejercicio 2015. Falta ahora saber si Ruiz Hernández está involucrado en la estafa maestra de las 18 universidades del país.

Sólo que como las pillerías se premian, Ruiz Hernández fue condecorado como coordinador de Asesores del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Viva la 4T.

Heredero de la rapiña sanitaria, el secretario de Salud del régimen de Escandón Cadenas, José Manuel Cruz Castellanos, continúa con la depredación del erario estatal destinado a mitigar los dolores de la mala salud de los chiapanecos por culpa de la corrupción endémica institucionalizada con Juan Sabines, Manuel Velasco y hoy precedida de síntomas infaustos y ominosos con Rutilio Escandón.

Lo certero del grave señalamiento en contra de Cruz Castellanos proviene de una voz autorizada y conocedora del origen y destino de los dineros públicos. Se trata de la diputada Lupita (sic) Palomeque Pineda, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural e integrante de la Comisión de Salud, de la Comisión de Vivienda, de la Comisión de Pesca, Acuacultura, Agricultura y Ganadería del Congreso de estado de Chiapas.

En su disertación ante los medios, la diputada Palomeque Pineda sindica, directamente, al secretario José Manuel Cruz Castellanos por diversas y graves irregularidades en cuanto a su gestión. Al respecto, dice la legisladora que Cruz Castellanos trajo a tres empresas que se van a “encargar de la salud de los chiapanecos”. Lo malo es que esas empresas son de Tabasco y mueve a certezas (no sospechas) de que el contubernio y los malos manejos presupuestales son evidentes.

La desconfianza de la diputada Lupita Palomeque tiene sustento cuando sentencia: “Voy a exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas para practicar, en el ámbito de sus legales y constitucionales funciones, actos de comprobación a los procedimientos, fallos en licitaciones por convocatorias públicas y restringidas, nacionales y estatales, y adjudicaciones directas de la Secretaría de Salud en el estado de Chiapas durante el ejercicio presupuestal 2019”.

Para corroborar su aserto, la diputada Palomeque Pineda señala como beneficiarios de esas adjudicaciones a “una que me llamó mucho la atención llamada MK del sureste, con domicilio fiscal en Villahermosa, Tabasco, a la cual le han asignado diversas obras en el estado”.

Menciona  la diputada que hubo una empresa beneficiaria con 60 millones de pesos, en la que, según Cruz Castellanos, hubo licitación pública, pero se la entregó a ésta porque no hubo empresa chiapaneca que cumpliera con el rubro exigido. Lo malo es que la Medical BBS S. A. de C. V., tiene un historial de dudosa reputación y, al igual que su homóloga, aparece domiciliada, curiosamente, en el estado de Tabasco.

Hay una más beneficiada por José Manuel Cruz Castellanos. Se trata de la empresa Bioingeniería y Servicios Hospitalarios S. A. de C. V., encargada de lo que se conoce como inhaloterapia y contratada por asignación directa fuera de toda normatividad, y también de Tabasco.

En contra de Cruz Castellanos viene, además, un severo señalamiento que lo inhabilita jurídicamente y constitucionalmente para permanecer como secretario de Estado en el gobierno de Rutilio Escandón. La diputada Palomeque asegura que Cruz Castellanos se conduce como oriundo de Pichucalco, en el estado de Chiapas, cuando lo cierto es que es tabasqueño. Su nacencia no la puede ocultar Cruz Castellanos. El jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud es, para variar, del estado de Tabasco.

Además, para beneficiar a los amigos del estado vecino, el doctor Cruz Castellanos ha removido a titulares de las jurisdicciones sanitarias y de otras áreas de la Secretaría de Salud para sustituirlos por médicos y personal, otra vez, del estado de Tabasco.

Acusa  la diputada Palomeque Pineda que Cruz Castellanos inventó el cuento de que van a remover a 13 mil empleados porque hay muchos aviadores cuando “hemos constatado (dice Palomeque Pineda) que no son aviadores”.  Lo cierto es que José Manuel Cruz Castellanos quiere deshacerse de personal de Chiapas y sustituirlo por tabasqueños.

Cruz Castellanos no ha desvirtuado la imputación de que no es chiapaneco, lo que lo coloca en una grave violación a la Constitución Política del Estado de Chiapas y a la Ley Orgánica de la Administración Pública.  El artículo 60, fracción IV, de la Constitución local exige: “Para ser Secretario de Estado hay que ser ciudadano chiapaneco”. En tanto, el artículo 17, fracción I, de la Ley Orgánica mandata que “para desempeñar el cargo de Secretario hay que ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos políticos”.

Pronto se sabrá si el depredador del tesoro público estatal cumple con los dos dispositivos jurídico-constitucional.  Ampliaremos…