José Cruz Castellanos ¿chiapaneco o tabasqueño?
Secretaría de Salud en Chiapas, entre la corrupción y la impunidad
Hace dos semanas, la diputada, de Morena, Olvita Palomeque Pineda hizo diversos señalamientos a la ya trágica administración del doctor José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud y director del Instituto de Salud en el estado de Chiapas.
La catilinaria de la legisladora fue interminable. Acusó a Cruz Castellanos de favorecer a tres empresas tabasqueñas en la compra de medicamentos y prestación de servicios. Acusó también que los mejores cargos en el sistema de salud en Chiapas se han entregado a gente oriunda de Tabasco.
Recriminó también que José Cruz pretenda dar de baja a 13 mil trabajadores con el cuento y el pretexto de que son aviadores, pero ataja la diputada: “No es cierto. Nosotros hemos demostrado que no son aviadores y cumplen con su trabajo en la Secretaría de Salud”.
La trampa es evidente. Cruz Castellanos ya dio muestras de su inclinación por gente del estado vecino. Lo cierto es que su pretensión es disponer de 13 mil puestos de trabajo para repartirlos entre sus allegados, y los allegados de sus allegados, en perjuicio de los actuales trabajadores del estado de Chiapas, en donde el desempleo es notorio.
Sin embargo, la acusación más contundente en contra de Cruz Castellanos viene cuando la diputada Palomeque Pineda lo sindica como nacido en el estado de Tabasco. Si ese aserto resultara una verdad irrefutable, el secretario de Salud debería de renunciar inmediatamente por encontrarse dentro de la hipótesis jurídico–constitucional de violación a diversos artículos de la Constitución del Estado de Chiapas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
En su débil defensa, publicada en el Diario Ultimátum, Cruz Castellanos apenas alcanza a balbucear que se contrataron empresas de Tabasco porque ninguna de Chiapas tenía la capacidad de proporcionar el servicio requerido. El mismo cuento para beneficiar a socios encubiertos o amigos preferidos a los que se les compra hasta por 10 veces por encima del valor real de mercancías y servicios.
Así lo destacó la diputada Palomeque Pineda cuando acusa al doctor Cruz de entregar a la empresa tabasqueña Medical BBS S. A. de C.V., un contrato, sin licitación, por 60 millones de pesos cuando, por el monto, debería de ser licitación pública nacional.
Hasta hoy, José Cruz Castellanos no ha aclarado si es o no tabasqueño. Palomeque Pineda asegura que el secretario es de Tabasco, en tanto que él y sus seguidores lo ubican como nativo de Pichucalco o del municipio de Juárez. Si motu proprio no lo aclara, la instrucción vendrá de un Juez de Distrito para obligarlo a manifestar su lugar de origen, sólo que las tribulaciones y cuestionamientos de Cruz Castellanos no terminan ahí.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz, diputado por Morena, respalda la posición de Palomeque Pineda para que Cruz Castellanos comparezca ante el Congreso para aclarar las irregularidades que se le imputan.
Independientemente de que el secretario Cruz Castellanos comparezca ante el órgano legislativo ya hay signos evidentes de impunidad, corrupción y beneficios selectivos a contratistas y proveedores. Es el mismo patrón de conducta seguido durante los gobiernos de Juan Sabines y Manuel Velasco con sus cómplices secretarios James Gómez Montes y Carlos Eugenio Ruíz Hernández.
Lamentablemente, el sector salud en Chiapas ha sido el más socorrido para todo tipo de corruptelas y en donde más pueden encubrirse desvíos de recursos o disposiciones directas de dinero sin mayores complicaciones. Hay razón para ello. Si se aplica una dosis de cualquier medicamento se reporta que se destinaron a 10, 20, 30 o más pacientes con nombres inventados y sin posibilidad de verificarlos. O, bien, como ya ocurre en la funesta administración de Cruz Castellanos, los sobreprecios en las compras de hasta 10 veces su valor son el mejor negocio.
Si, de verdad, los diputados Olvita Palomeque y Marcelo Toledo quieren sanear la cloaca sanitaria de Chiapas deben comenzar por llamar al pleno del Congreso al secretario de Salud y enseguida pedir a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de la Honestidad que verifiquen si las dosis aplicadas y los precios de adquisición de medicamentos corresponden al número de pacientes y al costo real de cada medicina.
Sería lamentable que después de los severos cuestionamientos al doctor José Cruz Castellanos, el Congreso del estado terminara por concluir, en voz de su diputada Palomeque Pineda, que el secretario de Salud es un dechado de honestidad y transparencia. Ello sería indicativo de que todo fue una mascarada únicamente para aparentar que se combate la corrupción y que se ejerce vigilancia estricta sobre los recursos públicos. Ojalá que no. Se solaparían las mismas pillerías de los dos mayores ladrones en la historia de Chiapas: Juan Sabines y Manuel Velasco.
El único intento de trasparencia y honestidad en el sector salud de Chiapas se dio, paradójicamente, en el gobierno de Juan Sabines, cuando el doctor Javier Castellanos Coutiño pretendió poner orden en las finanzas, las adquisiciones en salud y la disposición correcta en la aplicación de medicamentos.
El doctor Castellanos Coutiño venía precedido de una impecable trayectoria científica y administrativa en el sector salud. Había sido subsecretario de Salubridad del gobierno federal y director médico del ISSSTE, pero sobre todo es un médico cirujano reconocido como uno de los mejores oncólogos del país y extra fronteras.
Cuando el doctor Javier Castellanos desempeñaba el cargo de secretario de Salud del estado de Chiapas llegó una aportación de 600 millones de pesos de la Federación. Juan Sabines, voraz en el ejercicio de los recursos públicos, ordenó, inmediatamente, al doctor Castellanos poner a disposición de la Secretaría de Hacienda esa cantidad para utilizarla como mejor se le ocurriera. Esa impertinencia sabinista significaba desvío de recursos públicos.
Javier Castellanos, en lugar de acatar esa arbitraria determinación, pidió a Jesús Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, su intervención para auditar los recursos federales y estatales destinados a combatir las enfermedades de los chiapanecos. Entre los auditores que intervinieron en esa revisión financiera figuró el contador Mauricio Sheinbaum, hermano de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
El disgusto de Juan Sabines fue mayúsculo. Precedido de sus adicciones ordenó una severa auditoría a la administración del doctor Castellanos en un grave acto intimidatorio y violatorio de los derechos humanos. Más de 40 policías cercaron la Secretaría de Salud mientras se hacía la revisión a las cuentas de la misma.
Sólo que el dictamen de Transparencia Mexicana concluyó que ni desvío ni uso indebido de recursos destinados a la salud en Chiapas. Como recompensa, Juan Sabines recibió un reconocimiento público por la buena aplicación de los dineros destinados a mejorar la salud de los chiapanecos. Sabines, el mismo bandido que pretendió apropiarse, ilegalmente, de 600 millones de pesos.
Ampliaremos…
HOJAS LIBRES
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