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UNA HEGEMONÍA QUEBRADA

Columnas
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 “En esta elección no tengo rivales”, declaró pocos días antes de los comicios el presidente de Bolivia y candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Sin embargo, el veredicto popular lanzó una señal diferente: aunque ganó, Morales registró el más bajo porcentaje de apoyo de las cuatro elecciones en las que participó, y por primera vez el resultado electoral quedó bajo sospecha.

Durante sus 14 años de gestión en 3 periodos constitucionales —el mayor tiempo en el que un presidente ha gobernado Bolivia de manera continua— Morales dirigió el país con el firme apoyo de la gente, una sólida mayoría en la Asamblea Legislativa (Congreso) y la admiración de gran parte del planeta, que elogiaba el simbolismo de un indígena en el poder.

Esta circunstancia llevó incluso a decir a Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia y principal estratega político del MAS, que  Morales había creado una perenne hegemonía política. La teoría ha quedado desbaratada tras las elecciones, ya que el MAS perdió los dos tercios en el Congreso, fue derrotado electoralmente en 9 de las 10 ciudades más importantes del país, la oposición alcanzó su mejor resultado electoral en 14 años, y la ventaja electoral de Morales está en entredicho.

En diciembre de 2005, en la primera elección en la que Morales participó como candidato presidencial, triunfó con el 53.7%. En diciembre de 2009 llegó al 64.2% y en octubre de 2014 obtuvo  el 61.3%.

De acuerdo al cómputo final del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entregado 5 días después de las últimas elecciones, Evo Morales ganó con el 47.08% de los votos, desplazando al segundo lugar a Carlos Mesa y su partido, Comunidad Ciudadana (CC), que obtuvo el 36.51%.  Morales bajó su apoyo popular en 14 puntos respecto a la elección de 2014.

La Constitución de Bolivia establece que es ganador de una elección general quien obtenga el 50% de votos más uno, o por lo menos un 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos respecto al segundo. Si no se cumple alguna de las dos posibilidades, debe convocarse a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

La diferencia entre Morales y Mesa fue de 10.57 puntos.

¿Por qué entonces, más allá del inicio del fin de una hegemonía, aún se discute el resultado electoral y miles de bolivianos exigen en las calles el “respeto al voto”, dando origen a enfrentamientos con grupos leales al MAS, con decenas de heridos?

El TREP

Las tres últimas encuestas independientes realizadas antes de las elecciones coincidían en que Morales sería el ganador, pero con una diferencia menor al 10% respecto a Mesa. Una asignaba una diferencia de 5.3%, otra de 7% y la tercera de 9.3%.

El domingo 20 de octubre las elecciones generales se cumplieron con normalidad y tras el cierre de la votación comenzó a activarse el sistema denominado Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El TREP fue encomendado por el TSE a una empresa privada y ninguna otra entidad ni medio de comunicación estaba autorizado a ofrecer resultados ese domingo.

A las 19.40 (hora local), casi tres horas después del cierre de la votación, el TREP verificó el 83.85% de las actas, que daban como ganador a Morales con el 45.71% mientras Mesa quedaba con el 37.84%. La segunda vuelta era un hecho y según encuestas previas a la elección, el candidato con más posibilidades de ganarla era Mesa.

Con el dato del TREP, Mesa, evidentemente satisfecho, dio por hecho que se enfrentaría a Morales en una segunda votación, mientras el presidente celebró su victoria y recomendó esperar el avance del conteo de votos para saber si existiría una segunda vuelta.

Pero inexplicablemente el conteo del TREP fue detenido y al reactivarse  22 horas después, la tendencia había cambiado: con el 95.63% de las actas escrutadas, Morales ganaba con el 46.85% y Mesa tenía el 36.74%. Adiós a la segunda vuelta.

El TSE dio tres versiones distintas sobre la suspensión del conteo del TREP. Primero dijo que al haber comenzado el cómputo oficial, no se quería generar confusión con dos datos paralelos; luego que “razones técnicas” frenaron el cómputo; y, por último, que el TREP ya había superado el 80% de las actas y en consecuencia su misión estaba cumplida.

La mecha que conducía a un polvorín político estaba encendida por el propio TSE, señalado desde hace meses por la oposición como “parcializado” con el oficialismo, que eligió a todos sus integrantes gracias a su mayoría legislativa.

Con el avance del conteo oficial, que marcaba una clara tendencia a que la diferencia entre el primero y el segundo sería de décimas por encima del 10%, estalló una hecatombe política y la palabra más utilizada fue “fraude”.

Ante la exigencia del Gobierno de presentar “pruebas efectivas” del supuesto fraude, CC explicó que contaba con registros de adulteración de actas, aunque la argumentación mejor respaldada fue formulada por Edgar Villegas, portavoz de un grupo de ingenieros informáticos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz (sede de Gobierno).

El equipo profesional de Villegas dijo haber revisado más de 34 mil actas electorales (certificados de votación en mesas electorales), en las que detectó al menos mil 280 “irregularidades”. Citó, como las más comunes, alteraciones de datos, actas no certificadas por jurados electorales, mesas electorales invalidadas que luego aparecen como válidas, resultados de mesas que aparecen en el sistema informático y luego “desparecen”, y cómputo electoral con conteo que, en vez de avanzar, retrocede.

“Este análisis es solo la punta del iceberg, acá no están cambios de papeletas, cambio de actas, solo es sobre los datos computados. Entonces, estamos rascando la superficie”, explicó Villegas.

Otras fuentes denunciaron también el voto de personas fallecidas. El periodista Juan Carlos Salazar, por ejemplo, verificó como “votantes” a dos muertos: la viuda y el hermano del exlíder socialista boliviano Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado en un golpe de Estado en 1980. Como este, existen numerosos casos documentados.

Los observadores

El malestar alcanzó incluso a la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La suspensión de los datos del TREP “derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social”, por lo que “la mejor opción” de solución de la crisis sería “convocar a una segunda vuelta”, manifestó.

La Unión Europea expresó similar criterio. “La UE comparte plenamente la evaluación de la OEA en sentido de que las autoridades bolivianas deberían concluir el proceso de conteo en curso, y que la mejor opción sería realizar una segunda vuelta para establecer la confianza y asegurar el respeto pleno de la elección democrática del pueblo boliviano”, señaló en un comunicado.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos apuntaron en la misma dirección al llamar al gobierno de Bolivia “a restaurar la credibilidad de su sistema electoral a través de la convocatoria a una segunda vuelta electoral, que sea libre, justa y transparente”.

De inmediato, los opositores, comités cívicos de los nueve departamentos de Bolivia, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil conformaron el denominado Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), que declaró un paro indefinido y movilización permanente desde el 23 de octubre en todo el país, exigiendo la convocatoria a una segunda vuelta.

En respuesta, el gobierno acusó a la oposición de desconocer su “legítima victoria”, rechazó la propuesta de una segunda vuelta, descalificó por “infundados” los argumentos de un presunto fraude y expresó estar dispuesto a impulsar una auditoria electoral, a cargo de la OEA, que verifique los resultados de las elecciones.

Desde entonces, y sin punto medio de conciliación, Bolivia es un país semiparalizado por bloqueos de calles en las principales ciudades y marchas de los opositores y amplios sectores de la sociedad, organizadas espontáneamente mediante las redes sociales, al grito de “la democracia se respeta”. En la otra orilla, el gobierno activó marchas de sus grupos afines, productores de coca, mineros, transportistas y campesinos, que amenazan con “enseñar a hacer bloqueos”.

Mientras las manifestaciones y bloqueos de los opositores y la sociedad civil tienen un carácter pacífico, los grupos leales al gobierno tienen una conducta agresiva. Mineros que llegaron a La Paz siembran terror al detonar dinamita en sus manifestaciones progubernamentales, pese a que el uso de este explosivo en protestas públicas está prohibido.

Incluso el propio presidente Morales amenazó a los manifestantes de los centros urbanos al decir “nosotros vamos a acompañar con cerco a las ciudades, para hacernos respetar, a ver si aguantan”.

¿Nuevas elecciones?

La polarización de Bolivia, por ahora, no encuentra salida. El gobierno, sin coordinar con la oposición, acordó con la OEA que este organismo realice una auditoría electoral, que se puso en marcha el jueves 31 de octubre, para determinar si existió fraude y considerar, si es que correspondiera, la convocatoria a una segunda vuelta.

CC y su candidato, Carlos Mesa, anunciaron que no aceptarán la auditoría “en los actuales términos, pactados unilateralmente”.  Entre tanto, el resto del amplio bloque opositor, animado por la fuerza de las movilizaciones en todo el país, sustituyó la demanda de una segunda vuelta electoral por la convocatoria a nuevas elecciones generales, dirigidas por otro Tribunal Supremo Electoral, al considerar que el supuesto fraude influyó también en la elección de senadores y diputados.

Para el analista Carlos Cordero, la génesis de este callejón sin salida está en el desconocimiento del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando un 54.34% de los votantes rechazó la reelección indefinida de Evo Morales, ante el 48.66% que sí la apoyaba.

Pese a tener un carácter vinculante, es decir obligatorio, el resultado del referéndum fue cuestionado por el MAS, que presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional, organismo que falló a favor de Morales, argumentando que por encima de la voluntad popular tenía preponderancia el “derecho humano” de Morales a la reelección.

“Allí se quebró la legitimidad de Evo Morales, que inevitablemente iba a pasar factura en algún momento, y ese momento fue la elección general de octubre y las actuales manifestaciones de protesta”, argumentó Cordero.

Para Roger Cortes, analista y director del Instituto Alternativo, la salida a la crisis “es la convocatoria a nuevas elecciones (lo que anula automáticamente las elecciones fraudulentas), con un Órgano Electoral completamente renovado y confiable por su capacidad de actuar independientemente y no como servidores complacientes del Ejecutivo”.

Ante otro escenario, el hipotético caso de que no se altere el cuestionado triunfo de Morales, el académico Rafael Archondo considera que “si nada logra torcer el curso de los acontecimientos, desde enero de 2020 Morales será un presidente débil, deslegitimidado, bajo permanente sospecha y en condiciones de asedio urbano constante. ¿Se salvará?”.

El conflictivo panorama de Bolivia se presenta a menos de tres meses del 22 de enero de 2020, fecha en la que debe asumir el cargo el próximo presidente.

Antes del referéndum del 2016 Evo Morales aseguró que si perdía, como sucedió, se iría “feliz y contento” a sus tierras de cultivo de coca en el área rural. “Me encantaría ser dirigente deportivo”, complementó. Tres años después, con un cuarto triunfo electoral aún en debate y una hegemonía política quebrada, Evo Morales no considera ni siquiera pensar en el retiro.

El candente pulso con una oposición movilizada decidirá si su destino es gobernar Bolivia por cinco años más, hasta el 2025, acumulando nada menos que 19 años continuos en el poder, o ser un común y corriente dirigente deportivo.