Guerra sucia del siglo pasado, revivida
Fue más letal que la hoy atribuida a los cárteles de la delincuencia organizada
Uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de México es la Guerra Sucia perpetrada por el Estado durante las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado. Se trata de crímenes de Estado tolerados y protegidos desde la complicidad del poder, emprendida en contra de la heroica resistencia del pueblo de Guerrero.
Hubo de ocurrir la trágica desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa para conocer lo que el Estado mexicano escondió durante más de cuatro décadas. Las desapariciones forzadas en Guerrero no son ni del 2012 ni del 2014. Fue práctica constante durante un largo ciclo priísta, conocido como el periodo clásico de la represión en contra de todo intento de disidencia.
Así lo reconoció, en su momento, el entonces gobernador Ángel Aguirre cuando afirma que las fosas clandestinas encontradas el 5 de octubre de 2014 “no necesariamente son fosas recientes”. Se remontan a los años 1975 y 1981, cuando el entonces gobernador Rubén Figueroa espetó, con todo cinismo, en entrevista: “¿Qué dónde están los desaparecidos?”. “Si están desaparecidos están muertos”, de ahí que gran parte de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas corresponde a ese álgido periodo persecutor conocido como Guerra Sucia, pues hay evidencias de que los grupos del crimen organizado, como los cárteles de los Beltrán Leyva, Independiente de Acapulco, Los Zetas y los Caballeros Templarios, apenas hace 15 años han utilizado diversos municipios para depósito de cadáveres en fosas clandestinas.
Por eso, ahora que se culpa a la delincuencia organizada de la desaparición forzada de decenas de personas, la cifra palidece y se pasa por alto la grave responsabilidad de los crímenes de Estado, ordenados, protegidos y jamás resueltos desde la impunidad del poder. Así se evidencia en la obra, de Ximena Antillón, “La desaparición forzada de Rosendo Radilla”, en la que da cuenta de que en el periodo de la Guerra Sucia desaparecieron alrededor de mil 200 personas. Nada que envidiar a Los Zetas, Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos.
El crimen en contra de Rosendo Radilla institucionalizó la figura de la desaparición forzada (por ser la primera en México), y elevada a rango internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su decisión de asumir competencia sobre el caso con todo y la oposición del Estado mexicano para ocultar sus crímenes de Estado.
La Guerra Sucia fue más letal que la hoy atribuida a los cárteles de la delincuencia organizada. ¿Cuál es la diferencia entre los cárteles y la represión gubernamental para desaparecer personas? Ninguna. Sólo que la parte oficial goza de impunidad y protección, y actúa indiscriminadamente, en tanto que la delincuencia organizada es perseguida y se actúa selectivamente en contra de ella. O sea, cada gobierno tiene a su capo favorito.
Así queda de manifiesto en la misma definición atribuida a la Guerra Sucia, como la suma de medidas de represión política y militar para disolver todo intento de disidencia política y armada en contra del Estado mexicano. Lo malo fue el exceso de la fuerza para reprimir y desaparecer en la clandestinidad, fuera de todo procedimiento judicial, con lo que se creó la institución de las desapariciones forzadas.
Curiosamente, a diferencia de lo que se ha propagado, no fue la marginación ni la desigualdad en Guerrero lo que provocó la serie de movimientos sociales que culminaron en la guerrilla más importante del siglo XX. Como hoy, fue la intolerancia, el autoritarismo y la represión gubernamental lo que indujo a Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Carmelo Cortés a rebelarse en contra del sistema político mexicano.
Lo malo es que la Guerra Sucia de las décadas 60 y 70 del siglo pasado cobró vigencia con las masacres perpetradas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Villa Purificación, Ecuandureo y Nochixtlán.
1.- Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 civiles fueron ejecutados, el 30 de junio de 2014, por el 102 batallón de infantería bajo el inadmisible argumento de que un grupo de jóvenes se drogaba en el interior de una bodega.
2.- Ayotzinapa, Guerrero, la herida abierta que todavía permanece con la desaparición de 43 estudiantes normalistas que se apropiaron de cinco camiones y que en el trayecto de su destino terminaron desparecidos el día 26 de septiembre de 2014. Los hechos fueron alterados y manipulados con la verdad histórica de la Procuraduría General de la República, bajo la titularidad de Jesús Murillo Karam, y la instrucción directa del presidente Enrique Peña Nieto.
La verdad histórica culminó con una imposible incineración en el basurero de Cocula y la alteración del lugar del crimen a cargo de Tomás Zerón de Lucio, responsable de la Agencia de Investigación Criminal. Todas esas patrañas y mentiras terminaron con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y las investigaciones serias a cargo de Anabel Hernández para confirmar al Ejército como responsable de la desaparición.
3.- Apatzingán, Michoacán, culminó con un saldo de nueve ejecuciones extrajudiciales a cargo de la Policía Federal el día 6 de enero de 2015 y cuya versión, de Alfredo Castillo, comisionado policial, fue en el sentido de que diversos pobladores se habían acercado a agredir a los federales. Después se supo que para sustentar su versión, a las víctimas mortales se les colocaron armas de grueso calibre cuando únicamente iban armadas con palos.
4.- Villa Purificación, Jalisco, fue escenario de otra masacre el 1 de mayo de 2015 cuando arribaron al lugar elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en la conocida Operación Jalisco. El argumento para desplegar más de 10 mil elementos era la detención de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación. El resultado fue patético: Cuarenta y tres muertos sin lograr el objetivo para el cual se destinó una fuerza de ese tamaño, en lo que se ha catalogado como delitos de lesa humanidad.
5.- Ecuandureo, Michoacán, matanza perpetrada el 24 de mayo de 2015, cuando fuerzas federales ejecutaron a trabajadores de la construcción con el argumento de que se trataba de miembros de la delincuencia organizada. Tan lamentable suceso arrojó 42 civiles muertos sin que se haya podido probar su participación como parte de algún cártel de la droga.
6.- Nochixtlán, Oaxaca, municipio en el que el 19 de junio de 2016 perecieron 6 personas inocentes, y 108 resultaron heridas, a manos de la Policía Federal, entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación y cuyo titular era el actual senador de la República Miguel Ángel Osorio Chong. Y todo por las protestas magisteriales en contra de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
Por eso, ahora, Javier Sicilia y Julián LeBarón han convocado a una marcha, el próximo 23 de enero, de Cuernavaca a la Ciudad de México. El punto esencial de ambos personajes es el exhorto al presidente López Obrador para que retome la agenda de verdad, justicia y paz a la que se comprometió, el 14 de septiembre de 2018, como Presidente electo de México.
El poeta dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reprocha a López Obrador su “falta de voluntad política para atender el problema de la justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde tuvimos los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Así, Andrés Manuel tiene el compromiso ineludible de dar respuesta a las masacres durante el gobierno de Peña Nieto y sustituir paz y amor por justicia y castigo para los culpables. Ampliaremos…
HOJAS LIBRES
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