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LA NECROPOLÍTICA MIGRATORIA DE MÉXICO

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Emmanuel Ngu salió de Camerún huyendo, cuando los maestros se convirtieron en una amenaza tanto para su gobierno como las guerrillas secesionistas.

Perseguido por su liderazgo como maestro rural, fue amenazado y torturado. Atestiguó la ejecución de su mejor amigo, un maestro de historia africana, en la vía pública, por lo que decidió arriesgarse en un letal viaje trasatlántico para reunirse con su madre y sus hermanas que viven en Estados Unidos.

Su plan era sacar a su esposa y sus tres hijos, quienes aún viven en el hostil noroccidente camerunés.

Pero Emmanuel se quedó con las solicitudes de asilo en el bolsillo que se encontraron entre sus pertenencias, una vez que su cadáver fue recuperado entre los restos de un naufragio donde él y otros africanos perecieron.

El lamentable hecho nos recuerda lo que viven cientos de personas de origen africano en su letal paso por el mar mediterráneo, declarado el corredor migratorio más peligroso del mundo y al que le sigue el de la frontera entre México y Estados Unidos.

En México, Emmanuel Ngu fue detenido, pasó días de mucha desesperación bajo condiciones infrahumanas en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Días angustiosos en los que no recibió atención humanitaria ni apoyo legal.

Víctima del temor de ser regresado a su país, huyó de esa estación migratoria de Chiapas, en la que aún esperan cientos de africanos varados en el sur.

Bajo engaño de presuntos traficantes y policías, subió a una balsa que, en lugar de llevarlo hacia territorio estadunidense, navegó hacia la muerte en la costa chiapaneca y oaxaqueña.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no quiso reconocerlo como víctima ni tampoco apoyar económicamente a su familia para restituir los restos a su país.

La CEAV argumentó que, teniendo fondos tan limitados, su prioridad son las personas mexicanas.

La historia de Emmanuel se suma a las de otros migrantes perseguidos por la Guardia Nacional y que han perdido la vida en su intento por llegar a Estados Unidos, como el caso del salvadoreño asesinado frente a su pequeña hija en Coahuila o el joven ahogado en el río Bravo abrazado a su hija, ambos en 2019.

Son más de 62 mil solicitantes de asilo que fueron enviadas el año anterior hacia algunas de las ciudades mexicanas más peligrosas, bajo el programa Quédate en México.

En total desprotección estatal, los migrantes son vulnerables ante delitos como el secuestro, extorsión y violencia sexual, fenómenos que azotan históricamente a las fronteras del país.

México ha decidido trazar una nueva política migratoria persecutoria que no solo está provocando muertes, secuestros y desapariciones, sino contruyendo la narrativa de que los derechos de las y los mexicanos están primero y por encima de las personas migrantes.

El filósofo camerunés Achille Mbembe llama al poder estatal absoluto “necropolítica” para describir el ejercicio de la soberanía como “el poder y la capacidad de dictar quién puede vivir y quién debe morir”.

En los últimos meses, esa “soberanía” de la que habla Mbembe, se ve proyectada en la política migratoria mexicana, condicionada por la impositiva de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

México está aplicando su necropolítica migratoria, sin que hasta el momento exista otro poder o alguna institución que intente, al menos, llevar a cabo alguna acción para ejercer un contrapeso.

La soberanía, siguiendo las ideas de Mbembe, que ha elegido México en el ámbito migratorio, es la de poder dictar quién vive y quién no. México decide qué vidas importan, dictaminando bajo el criterio de la nacionalidad quién es desechable y quién no.

Aunque Mbembe, para ejemplificar su teoría, hace referencia a la esclavitud, el colonialismo y otras experiencias históricas, vislumbramos que la necropolítica se replica en el sistema de migración global y las fronteras, pues son espacios -en la mayoría de los casos- donde esta acción se manifiesta con claridad.

El “necropoder” se ejerce sobre los migrantes a través de la política represiva que el gobierno mexicano aplica a través de la nueva Guardia Nacional para controlar el flujo de migrantes de Centroamérica hacia el país y luego a Estados Unidos, o mediante los agentes de la Patrulla Fronteriza, en la línea divisoria entre México y territorio estadunidense, haciendo labores de la border patrol.

Mbembe destaca la brutalidad que dominaba los espacios en los que se practicaba la necropolítica. En México, son “topografías reprimidas de crueldad” (formas de violencia estructural, multiplicidad de violencias -físicas y psicosociales-) ejercidas contra niñas, niños y mujeres en las caravanas, los casos de tortura y las condiciones infrahumanas en los centros de detención.

También los peligros que enfrentan los migrantes ante el crimen organizado en puntos fronterizos y otros espacios, hechos que han sido ampliamente documentados en videos e informes.

La necropolítica migratoria de México deshumaniza a la vez que normaliza circunstancias letales. La frontera misma se convierte en una confluencia entre la vida y la muerte, ocasionando así la experiencia de la muerte-en-la-vida, que define Mbembe.

Con esta política, para lograr la soberanía, el necropoder debe devaluar los derechos del “otro”. Eso es parte de lo que estamos enfrentando en instituciones como la CEAV, donde las víctimas migrantes pasan a una segunda categoría, siendo sus derechos devaluados por su procedencia y perfil socioecónomico. Todo, en aras de dar prioridad a quienes consideramos que están por encima de las personas migrantes: las y los mexicanos.

El migrante en estos espacios es visto como el “otro”. Debido a que la necropolítica trata de obtener y mantener un control absoluto sobre un grupo de personas, el sufrimiento y las condiciones abyectas los dejan ‘permanentemente heridos’. Puede que no sean necesariamente asesinados, pero se dejan sufrir en la indignidad de los espacios nocivos en los que se encuentran detenidos o bajo “resguardo”.

Este sufrimiento es una forma de violencia política contra los migrantes, porque se les niega la oportunidad de mejorar las condiciones miserables que los han hecho abandonar sus países de origen.

Las limitaciones de sus derechos normalmente se ponen en práctica a través de acciones políticas, como la violación del principio de no devolución. Incluso con la inacción política, como el silencio de las instituciones, las cuales deberían estar velando por sus derechos o haciendo contrapeso a las arbitrariedades. Situaciones que mantienen a las personas migrantes “heridas permanentemente”.

Los acuerdos migratorios empujados por Estados Unidos en México, El Salvador, Guatemala y Honduras, sin importar cómo se denominen, en el fondo reproducen la filosofía que sustenta a la necropolítica. Al negar el derecho a la protección y al asilo, las soberanías fundadas por “los poderosos” deciden sobre el destino y vida de las personas migrantes.

Evalúan si deciden dar asilo a un político controversial, a un profesionista o a un empresario que les representará alguna ganancia, mas no darán asilo a los más pobres y a los más excluidos, pues sus vidas -bajo el ejercicio del necropoder- no valen.

En las operaciones necropolíticas del poder ejecutivo en el triángulo norte de Centroamérica, México y EU, se alberga una pequeña esperanza: que sus poderes judiciales puedan ser el contrapeso y los guardianes de los derechos humanos.

En México, organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Asylum Access y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, están llevando a cabo una batalla importante en contra de estos acuerdos migratorios para que México sea congruente con su Constitución Política y con los tratados internacionales que ha firmado.

El Poder Judicial tiene ahora en sus manos algunos de los amparos que se han promovido en contra de la necropolítica migratoria. El camino no parece ser sencillo, pues ese poder deberá mostrar su independencia y resolver con base en la evidencia presentada y conforme a derecho, sin ningún tipo de presión política.

En el año 2019 hubo sentencias memorables en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el caso del feminicidio de Karla Pontigo; la sentencia sobre transparencia y acceso a la información en el caso de las masacres de migrantes en Tamaulipas y Nuevo León; el asunto de acceso a los expedientes penales a defensores que no tengan el título de abogados/as, entre otras.

Esperamos que las resoluciones de estos amparos en contra de acuerdos y políticas migratorias que violan derechos humanos no sean la excepción a estas sentencias memorables. Instamos a que el poder judicial sea un contrapeso al necropoder que se aplica contra las personas migrantes, en aras de construir una política migratoria cimentada en los estándares de derechos humanos de todas y todos.

La pregunta que queda para nosotros como mexicanas y mexicanos es: ¿qué tipo de soberanía queremos?, ¿permitiremos que se siga reproduciendo el necropoder sobre las personas los migrantes?

*Ana Lorena Delgadillo Pérez es Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

*Maina Mutonya es investigadora y escribe sobre África y la diáspora africana.