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EN LA MIRA

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Entre excesos policiales, vandalismo y víctimas convenientes

El equilibrio entre el mantenimiento del Estado de Derecho y la garantía de respeto a los Derechos Humanos está delimitado por una delgada frontera que quedó rota el pasado domingo cuando integrantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, acompañados por familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se enfrentaron a elementos de la fuerza pública sobre el Libramiento Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Lo sucedido la mañana del 16 de febrero no es un hecho que se pueda explicar tan a la ligera como algunos medios, ajenos a la realidad local, lo expusieron. El añejo conflicto con los grupos de choque formados al interior de la Rural Mactumactzá tiene contextos y antecedentes que los chiapanecos conocen de sobra.

Y tampoco se trata de fijar posturas de “defensa oficialista” o “apoyo militante” sobre lo sucedido y los bandos confrontados, si es que así se les pudiera denominar. Se debe reconocer que se cometieron errores en el operativo, que hubieron excesos en el uso de la fuerza pública y la implementación de los proyectiles lacrimógenos, e innegablemente de se violentaron Derechos Humanos en materia de procedimientos.

Pero también se debe reconocer que desde hace mucho tiempo los “normalistas” de la Mactumactzá dejaron de representar intereses estudiantiles para convertirse en grupos de choque violentos, que la mayoría de sus “volanteos informativos” terminan en actos vandálicos o enfrentamientos y que, en el caso particular del pasado domingo, se expuso de manera irresponsable a niños, padres y madres de familia para ser colocados -como carne de cañón- a la vanguardia de un presunto bloqueo carretero de alto riesgo.

Según el programa de actividades difundido por los propios organizadores, la marcha de “los padres y madres de los 43” en Tuxtla Gutiérrez estaba programada para las 5 de la tarde. Se realizaría un desayuno en las instalaciones de la Mactumactzá de ocho a nueve de la mañana y una reunión con la base estudiantil de las 10 a 11 horas; pero las cosas se salieron de lo programado.

La presencia de la policía estatal para presuntamente evitar un bloqueo sobre el Libramiento Norte y el careo impetuoso de los normalistas chiapanecos para pedir el retiro de la fuerza pública encendieron los ánimos. Al saber del inicio de la confrontación los padres y madres de los 43, que se encontraban dentro de la escuela, salieron en apoyo de los normalistas chiapanecos que no disminuyeron su ímpetu y, entre manoteos, golpes y jaloneos, el enfrentamiento violento se desató.

Las imágenes de los padres y madres de familias, con niños en sus brazos, que fueron enviados a la vanguardia del enfrentamiento para replegar a los policías se viralizaron de manera inmediata, corriendo tras las primeras detonaciones de gases lacrimógenos. Ante la provocación, la fuerza pública estatal se salió del protocolo, perdiendo el control de la situación. Y el escándalo se desató.

Se debe precisar que la presencia en Chiapas de normalistas y familiares de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no era reciente. Desde que se endurecieron las amenazas del Gobierno de Chiapas para cerrar la Rural Mactumactzá una comitiva se trasladó de Guerrero a Tuxtla Gutiérrez para endurecer la presión política y sumarse a las movilizaciones de sus grupos afines en Chiapas. Están de manera itinerante al interior de la escuela al menos desde a finales del mes de octubre.

En noviembre pasado otro enfrentamiento, bajo condiciones similares a la de este domingo, terminó con la irrupción de las fuerzas policiacas en la escuela y la quema del autobús donde supuestamente se había trasladado la comitiva de Ayotizinapa hacia la capital chiapaneca... Los normalistas de la Rural Mactumactzá sabían perfectamente del riesgo y aún así, tal vez de manera conveniente, permitieron que los niños, padres y madres de familias se expusieran.

Hay que decirlo con absoluta claridad, ese se ha convertido en el modus operandi de la red de escuelas rurales a nivel nacional: hacer uso de la violencia y el chantaje para mantener el control (financiero y operativo) de las normales a fin de perpetuar el funcionamiento de dichas instituciones como formadoras y centros de manutención para grupos de choque “antisistema”, aún a costa de causas como la de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

La policía y las autoridades estatales mordieron un “anzuelo” bastante costoso ante la opinión pública, que resultó muy provechoso para varios de sus opositores políticos. Si se cometieron errores de procedimiento y se perpetraron violaciones a Derechos Humanos se debe castigar a los responsables, pero también se debe aplicar todo el peso de la ley contra quien delinca y violente el derecho de terceros aunque se esconda bajo la falsa careta de un movimiento estudiantil… así las cosas.