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Intromisión presidencial en elecciones, funesta experiencia histórica

Comprensible que Andrés Manuel López Obrador esté preocupado; mal desempeño del titular del Ejecutivo federal augura una estrepitosa derrota

Como parte de su estilo personal de gobernar, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que se convertirá en vigía de las elecciones federales en el 2021. El mensaje lleva dedicatoria. Las elecciones intermedias serán el aviso de si los candidatos de Morena, incluido el presidencial del 2024, estarán en aptitudes de ganar o perder.

El argumento del Ejecutivo y de sus adláteres es que el IFE-INE ha sido cómplice de las elecciones para proteger y validar el fraude electoral. Lo malo de ese real pronunciamiento es la funesta experiencia histórica de lo que a México le ha costado la intromisión presidencial en diversos procesos electorales.

Ni Juárez ni Madero se escaparon de la tentación de alterar la voluntad popular. El héroe de la Guerra de Reforma se adjudicó el papel de árbitro en las elecciones presidenciales bajo el argumento de que “si el gobierno no organiza las elecciones, ¿quién las va a organizar?”.  Con esa apariencia de democracia, Juárez se quedó 15 años como Presidente de la República, hasta que la muerte lo derrocó en 1872, a la edad de 66 años.

El mártir de la democracia algo aprendió de los gobiernos del indio de Guelatao y de Porfirio Díaz. En la elección presidencial de 1910, controlada todavía por el general Díaz, Madero apenas alcanzó el 1.04 por ciento de la votación nacional, contra el 98.9 por ciento de su oponente. Desterrado el dictador en 1911, Madero se hizo dueño del 99.3 por ciento de los sufragios.

El fraude electoral patrocinado desde la Presidencia de la República fue la constante de los siglos XIX y el XX. El célebre jurista encargado de hacer observar la ley cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sebastián Lerdo de Tejada, utilizó la fuerza del Estado para reelegirse en 1876 y derrotar a su oponente Porfirio Díaz.

Porfirio Díaz fue todavía más allá y se perpetuó en el poder durante 30 años, siempre vigilante de sus propias elecciones, hasta que la Revolución de 1910 lo desterró, en definitiva, de la Presidencia y del país.

Bajo la lupa presidencial, Plutarco Elías Calles reformó la Constitución para que el general Álvaro Obregón pudiera ser reelecto en 1928, aun cuando esa osadía le haya costado la vida por oponerse al sentido de la historia.

De nuevo, con la intervención de Calles, jefe máximo de la Revolución, Pascual Ortiz Rubio se impuso al candidato opositor José Vasconcelos con un escandaloso fraude electoral que costó la vida a célebres promesas de las juventudes vasconcelistas.

Lázaro Cárdenas, el destructor del maximato callista y autor de la expropiación petrolera, tampoco escapó a la rutina presidencial de inmiscuirse, indebidamente, en los procesos electorales. Para proteger el fraude electoral del candidato del PRM, Manuel Ávila Camacho, permitió al jefe de la campaña, Miguel Alemán, todo tipo de atracos y excesos electorales, que derivaron en una cadena de asesinatos, para impedir el triunfo del candidato opositor Juan Andreu Almazán.  Con ello, el presidente Cárdenas implantó, para siempre, la sucesión presidencial hereditaria, en usufructo del PRI por 60 años, hasta el año 2000, con la primera alternancia.

Con todas esas lecciones de la historia no se entiende por qué el presidente López Obrador hizo hecho el anuncio espectacular de que se convertiría en vigilante de las elecciones del 2021 y, a priori, descalifica al Instituto Nacional Electoral (INE) como árbitro electoral.

Es cierto que el Instituto Federal Electoral (IFE) nació como resultado de un magno fraude electoral. En 1988, el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, perdió frente al candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. Para legitimar su triunfo creó dos instituciones que teóricamente deberían convertirse en los  pilares en la democracia mexicana: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal Electoral (IFE).

El autor material de ese fraude electoral fue el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, hoy distinguido colaborador y beneficiario privilegiado de la cuarta transformación. La orden vino, directamente, del presidente Miguel de la Madrid. Esa intervención presidencial cambió para siempre la historia de México.

En el 2000, Ernesto Zedillo se apropió del resultado de la elección. Por encima de la autoridad del presidente del IFE, José Woldenberg, con menos del 1 por ciento de la votación computada anunció que “el licenciado Vicente Fox había resultado vencedor” y obligó al candidato del PRI, Francisco Labastida, a aceptar su derrota. Fue otra lamentable intromisión presidencial en lo que era una decisión soberana de los electores en las urnas.

Con todo esos intentos golpistas, las condiciones en las que nació el IFE, y aun con sus múltiples imperfecciones, el IFE-INE, indudablemente, ha avanzado. Al IFE le correspondió calificar en 1997 la elección a jefe del Departamento del Distrito Federal, en donde la izquierda, con Cuauhtémoc Cárdenas, abanderado del PRD, ganó la primera elección en la capital de la República. Hasta hoy, esa misma izquierda mantiene en su poder la Ciudad de México.

Soportes de la democracia para impedir, hasta donde se pueda, cualquier intromisión o alteración electoral han sido las leyes electorales y todos los medios de impugnación para defender los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Antes del IFE-INE no había credenciales para votar con fotografía. En la era priísta se votaba con unos papelitos verdes fácilmente alterables y no había, siquiera, lista nominal de electores. Hoy, con la credencial del INE se puede votar con la identificación personal de cada votante al llegar a sufragar a las urnas.

Gracias al IFE-INE se acabó con la operación carrusel, la operación tamal y las casillas zapato. Se acabaron también las urnas embarazadas; se sustituyeron por urnas transparentes, que dan certeza y seguridad jurídica al votante.

En el esplendor del PRI no había tinta indeleble ni tampoco insaculación de los funcionarios electorales. Todos los responsables de casilla eran nombrados directamente y respondían, únicamente, a los intereses del PRI.

Por esos candados han sido posibles, entre el 2015 y el 2019, 23 alternancias en las gubernaturas de los estados con todo y que el PRI detentaba la Presidencia de la República. Se suman 756 alternancias en los congresos locales y más de 2000 mil en los municipios, pero en la madre de todas las elecciones también ha habido resultados democráticos todavía perfectibles.

En el año 2000, después de 71 años de PRI, por primera vez se dio una alternancia presidencial con el PAN.  En el 2012, el PRI regresó al poder, en tanto que, en el 2018, Morena ganó la primera magistratura con el INE como garante electoral, al que López Obrador hoy pretende capturar con el cuento de su parcialidad.

Es comprensible que Andrés Manuel se encuentre preocupado. Su mal desempeño como Presidente augura una estrepitosa derrota en el 2021 como anuncio inequívoco de la pérdida de la Presidencia de la República en el 2024, junto a los 32 millones de votos que tanto presume como capital político.

En el artículo 89 de la Constitución se encuentran las facultades y obligaciones del Presidente. Las hay en materia de guerra, promulgación y ejecución de leyes; de nombramientos civiles y militares; de seguridad nacional, política exterior y nombramiento de ministros en el Poder Judicial Federal, entre otras, pero no hay en toda la Carta Magna disposición alguna que lo faculte para intervenir en materia electoral.

Ese intento constituye, ya, una grave violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Ampliaremos…