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LA 4T NO TERMINARÁ DE DIGITALIZAR MÉXICO

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Aún sin una política pública y sin una estrategia digital, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación proyecta que en 2024 (cuando concluya el sexenio), 77.2% de la población sea usuaria de Internet. Se trata de un avance extremadamente modesto de apenas siete puntos porcentuales en cinco años. La contracara es 22.8% de los mexicanos sin acceso a los beneficios de la red en un año de escenarios futuristas vueltos realidad. La meta se estaría logrando sólo con un crecimiento orgánico, por lo que se requiere un mayor impulso para llevar Internet a toda la población.

Se publicó el Programa Sectorial en Comunicaciones y Transportes 2020-2024. Este documento derivado del Plan Nacional de Desarrollo es un somero diagnóstico e incluye un solo objetivo: “promover la cobertura, el acceso y el uso de servicios de telecomunicaciones con énfasis en grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, para fortalecer la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

La Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico también quiere cerrar la brecha de habilidades digitales y crear un Observatorio Nacional de Tendencias Tecnológicas en Comunicaciones y Tecnologías de la Información. Ambas son buenas iniciativas pero el Programa Sectorial todavía no indica cómo se materializarán: falta la política pública digital.

La emergencia sanitaria evidenció la deficiente alfabetización digital y cómo la población tuvo que aprender con escasa orientación pública usos más avanzados de las tecnologías como la colaboración, las transacciones en línea, la creación de contenidos y algunas medidas básicas de ciberseguridad. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuenta con un Marco de Habilidades Digitales pero está desarticulado de una visión general para fomentar una efectiva apropiación y transformación tecnológica de gobierno, industria y sociedad.

Las tendencias digitales hay que observarlas, pero sobre todo implementarlas. ¿Qué espera el gobierno de ellas? ¿Cuándo dejará de temerles y cuándo las integrará como parte de sus procesos y decisiones? La Realidad Virtual y Aumentada son idóneas para entornos educativos y entrenamientos. La Inteligencia Artificial puede contribuir a combatir el crimen. Con Big Data y Analíticas las políticas públicas permitirían un uso eficiente de los recursos públicos. Con Blockchain se verifica la entrega de programas sociales y se le dice adiós a la corrupción. Con Internet de las cosas la infraestructura física se vuelve inteligente. Las plataformas en línea se emplearían para ofrecer cualquier servicio público a la población y realizar pagos en línea. La nube es el cerebro digital donde se procesa y se almacena todo: datos, contenidos, aplicaciones. Más que un observatorio debería ser un laboratorio de experimentación tecnológica para políticas públicas.

El anterior gobierno peñista se propuso democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones y ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia. No logró concretar ambos objetivos porque la competencia no generó la cobertura necesaria. A diferencia de la 4T, tuvo como impulsor la reforma estructural en materia de telecomunicaciones, la transformación del sector y el rediseño institucional.

El gobierno de AMLO tiene que avanzar sobre lo construido, pero cuenta con un detonante aún más poderoso: la inclusión, la justicia y el bienestar digitales. Erradicar la pobreza digital con énfasis en la garantía de los derechos fundamentales de acceso a las TIC, salud, educación, empleo, seguridad, libertad de expresión, acceso a la cultura y a la vida de las personas en situaciones de emergencia es un enfoque de conectividad que no lo ha tenido ningún gobierno previo.

Los tres principales retos de cobertura en México son la dispersión poblacional, la compleja orografía del país, los bajos niveles de ingresos y los altos grados de marginación de sectores de la población que viven en las localidades más apartadas. La inversión que se requiere es cuantiosa y en 2021 los recursos serán aún más escasos por efectos de la pandemia. Ni las empresas ni el gobierno pueden solos pero juntos pueden alcanzarlo.

El Programa de Cobertura Social 2019 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo explica con claridad: “9% de la población, aproximadamente 10.1 millones de habitantes, viven en más de 170 mil localidades. A nivel internacional, se estima que las localidades menores a cinco mil habitantes no son rentables para los operadores comerciales tradicionales. En México, más de 32 millones de personas viven en localidades menores a cinco mil habitantes”.

Es cierto, falta lo más difícil: conectar las localidades más apartadas donde también vive parte de la población más desfavorecida, con menos ingresos, más pobre y de lenguas originarias. Pero una conexión a Internet puede brindarles oportunidades de desarrollo a esas comunidades, sobre todo a los más jóvenes.

Dice el Programa Sectorial que durante el sexenio se pretende llevar conectividad a toda la población, mediante el uso óptimo de todas las redes disponibles, concesionadas y públicas, terrestres y satelitales, y el despliegue de las que se requieran. La SCT ya también cuenta con un Programa de Conectividad en Sitios Públicos para dotar de Internet gratuito a centros educativos, de salud, comunitarios y plazas públicas.

La pregunta es: ¿cuántos mexicanos más de los proyectados por el Programa Sectorial podrían conectarse a la red si se diseña una política de conectividad social, si se cuenta con un plan de banda ancha urbano y rural, si el regulador hace su parte y contribuye con la política de inclusión digital universal y si las industrias de telecomunicaciones, TIC y digital son realmente tomadas en cuenta por el gobierno y participan como aliadas del desarrollo?

Una frase que ha sido tomada en cuenta para ampliar la conectividad en los países es: “el mercado hasta donde sea posible, el Estado donde sea necesario”. Ante la estrechez presupuestaria que se vislumbra, es posible que el mercado pueda ampliar más las redes y los servicios y es necesario que el Estado lo ayude para que el costo con dinero público sea menor.