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Tres versiones detrás de la corrupción de Odebrecht

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¿Qué propósito tuvo el soborno entregado por Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin?

Hay tres respuestas posibles a esta interrogante: la primera en el tiempo fue proporcionada por tres antiguos funcionarios de esa empresa constructora brasileña, Luis Alberto Meneses, Hedilberto da Silva y Luis Mameri, quienes colaboraron como delatores de una extensa red de corrupción.

Según esta fuente, Odebrecht pactó con Lozoya brindar un apoyo económico de más de 5 millones de dólares a cambio de obtener un cuantioso contrato de obra pública relacionado con la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo.

Una segunda versión añade que el apoyo de Odebrecht habría también servido para financiar la campaña política de Enrique Peña Nieto a la Presidencia en 2012. Tiene también como fuentes a los exfuncionarios de la empresa brasileña, así como a Emilio Lozoya.

El exdirector de Pemex confirmó en su confesión ante la fiscalía general de la República del martes 11 de agosto de 2020 que Odebrecht pagó directamente los honorarios de un estratega internacional especializado en ganar contiendas electorales.

La tercera versión argumenta que con el dinero entregado por Odebrecht se sobornó a varios legisladores de oposición para que votaran favorablemente la reforma energética.

Si bien estas tres versiones no son excluyentes entre sí, cabe someterlas a cuestionamiento, sobre todo porque mientras las dos primeras comparten la misma fuente y responden a un mismo modo de operación (modus operandi) de la empresa Odebrecht, la última tiene como único testigo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y no parece guardar relación con el comportamiento ilícito observado en otros asuntos de corrupción emprendidos por la empresa brasileña.

La hipótesis que coloca como movil del delito de cohecho la voluntad de Odebrecht para obtener un contrato de obra pública relacionado con la refinería de Tula es consistente con un patrón observable en otros países.

En Argentina, por ejemplo, los funcionarios perseguidos por la justicia habrían entregado un contrato irregular a la empresa brasileña para que construyera gasoductos.

La segunda hipótesis que asume como móvil del delito el financiamiento de campañas políticas por parte de Odebrecht también encuentra coincidencias, concretamente en Perú, donde el partido Fuerza Popular, encabezado por el expresidente Alberto Fujimori, habría recibido donativos ilegales para la campaña de 2011.

Existen también pruebas de que estos sobornos habrían beneficiado a la hija del exmandatario, Keiko Fujimori, así como a su opositor Alan García, quien terminó por quitarse la vida una vez que se descubrió el vínculo corrupto sostenido con Odebrecht.

Obviamente se suma a esta lista de ejemplos el caso brasileño, donde una abultada lista de políticos se benefició de recursos ilegales cuantiosos dentro de la operación conocida como Lava Jato.

A la luz de esta información, puede asumirse que los indicios aportados por los delatores exempleados de Odebrecht, así como las pistas ofrecidas por el exdirector de Pemex, son consistentes con otras pruebas, otros testimonios y, más importante que todo, con el modus operandi de la misma red corruptora.

Es muy probable que Odebrecht haya comprado en México, por anticipado, contratos de obra pública y que tales sobornos ayudaron a las campañas electorales de políticos y partidos con posibilidad de gobernar.

Se asoma sin embargo problemática la tercera hipótesis del móvil referido por Lozoya, es decir que el dinero entregado por Odebrecht sirvió para comprar voluntades de legisladores que votaron a favor de la reforma energética de 2013.

En su reciente libro, A la mitad del camino, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma: “En los últimos tiempos se comprobó que legisladores de los partidos de supuesta oposición recibieron sobornos para aprobar la denominada reforma energética”.

Para apuntalar su dicho, el mandatario recurre también a la declaración de agosto de 2020 de Emilio Lozoya. Sin embargo, es imprudente afirmar que las declaraciones de Lozoya significan una comprobación.

Criminalmente son sólo un indicio, el cual no encuentra consistencia con el modus operandi de Odebrecht en el resto de América Latina y tampoco con el móvil detrás de otros sobornos que ya han sido investigados en Brasil, Argentina, Perú y Venezuela.

A las dudas sembradas por la inconsistencia se suman un par de preguntas más: ¿por qué Odebrecht habría estado interesada en que se reformara la Constitución mexicana en materia energética? ¿Y por qué esta empresa brasileña habría querido sobornar a legisladores de Acción Nacional que estaban de acuerdo con reformar la Carta Magna para permitir la inversión privada en un sector donde antes sólo podía participar el Estado?

Sería la apuesta más estúpida en la historia de la corrupción internacional: regalar dinero a un legislador para que vote en la misma dirección donde antes del cohecho ya tenía pensado hacerlo.

Siguiendo esta línea de reflexión cabría especular con que Lozoya añadió en su confesión la versión del soborno a los legisladores.

¿Por qué fabricó un móvil del delito desapegado de la realidad? ¿Será que Lozoya, con tal de ser exonerado de sus crímenes, inventó la tercera versión ya que sabía –o le hicieron saber– que su aporte testimonial debía hacer coincidir en una misma narrativa la corrupción de Odebrecht y la ilegitimidad de la reforma energética de 2013?

Lozoya habría mentido para favorecer un argumento político que no está sinceramente interesado en obtener verdad ni justicia, sino en arremeter sin piedad contra los actuales opositores del régimen.