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Una transición a favor de la niñez

Columnas
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La participación electoral del pasado domingo 2 de junio simple y sencillamente es un veredicto que refleja el sentir de una mayoritaria base social de mexicanas y mexicanos, quienes ejercieron su derecho al sufragio en plena libertad. El mensaje es claro y debe interpretarse bajo las reglas de la democracia por encima de opiniones políticas o lecturas personales.

Concluido el episodio electoral, corresponde a la ciudadanía asumirse dentro de un papel crítico y constructivo en todos los niveles de participación social. Sin enconos ni narrativas basadas en extremos, el momento es propicio también para retomar la visión de un país que exige una lectura de la realidad basada en evidencia y recuperar la objetividad como parámetro de diálogo y ponderación de las acciones de nuestros gobernantes, sin concesiones al margen que los propios derechos fundamentales garantizados en la Constitución.

En ocasiones como esta, las narrativas ideológicas y el constante uso electoral del poder público terminan por aprovecharse de la desinformación de la ciudadanía, pues tienden a distorsionar la esencia del mandato y funciones de las instituciones democráticas. La democracia no se limita al ejercicio del voto ni al rechazo o aceptación de la oferta de partidos, sino que más bien es desde el sufragio, donde se traza la ruta para que los electores se asuman como actores centrales en las acciones de control y rendición de cuentas de los gobiernos, especialmente en la garantía de los derechos sociales y la forma como se gestiona la atención prioritaria a los grupos vulnerables.

Específicamente en el tema que nos compete sobre la agenda de niñez, este momento significa también un punto de inflexión inmejorable, en el que técnicamente ya no habrá margen de excusas para ignorar los rezagos que el gobierno actual dejará en la atención estructural de los derechos de las niñas y niños mexicanos. No se trata de opiniones sin sustento, sino de una agenda que ha quedado en el abandono y ha sido presa de la indolencia política, como se comprueba ampliamente por diversos indicadores.

Es del conocimiento público que, durante el periodo de campañas la hoy presidenta electa suscribió compromisos a favor de la primera infancia, no obstante, ahora es tiempo de ordenarlos, priorizarlos y procesarlos bajo el tamiz de la implementación de políticas públicas, cuya lógica sabemos es completamente distinta al de la promesa electoral o la fotografía testimonial.

Ante tal escenario, desde estas semanas cruciales de organización y configuración de equipos de transición y dado que la temática no admite margen de demora, Early Institute pone a disposición de la presidenta electa y su equipo de trabajo, las siguientes directrices o recomendaciones concretas a fin de impulsar con enfoque sistémico una agenda mínima para mejorar la vida de los niñas y niños a partir de tres categorías muy concretas: planeación y coordinación; presupuesto e inversión pública y atención a temáticas prioritarias.

Sobre la planeación nacional y coordinación gubernamental a favor de la niñez.

Colocar como prioridad al eje de la primera infancia y la perspectiva de niñez dentro de la agenda de gobierno, con una visión de largo plazo que incluya un abordaje prioritario dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 y los nuevos Programas sectoriales de la Administración Pública Federal, especialmente en los ámbitos de gobernación, hacienda, educación, salud y seguridad.

Fortalecer la naturaleza jurídica, autonomía y capacidad de gestión de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) prevista en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hoy reducida a una oficina con capacidades de operación política y administrativa limitadas al interior de la Secretaría de Gobernación.

Cumplir el mandato legal en la conformación del más alto nivel de funcionarios para las sesiones de trabajo del SIPINNA, que debe estar encabezado precisamente por el Titular del Ejecutivo Federal, su gabinete vinculado, los gobernadores de los estados y organismos de la sociedad civil. Elevar el nivel político de esta agenda, favorecerá la gobernanza y la coordinación intersectorial en todos los niveles de gobierno y la sociedad, sin importar partidos o diferencias de tipo electoral, para un desarrollo ordenado y homologado de políticas públicas de primera infancia en el territorio nacional.

Fortalecer las capacidades operativas y funcionales de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las correlativas procuradurías estatales en las 32 entidades a fin de mejorar la generación de medidas de protección y los mecanismos de restitución de derechos de niñas y niños.

Sobre el presupuesto y ejercicio del gasto

Planificar un incremento progresivo de los recursos asignados a primera infancia por parte de todos los ejecutores de gasto, que corresponda a la proporción que representa esta población y plena coordinación con los actores estatales y municipales.

Invertir en programas sociales de transferencias monetarias condicionadas en ramos como educación, salud, nutrición y pobreza.

Sobre los temas prioritarios en materia de primera infancia.

Impulsar la Política Nacional de Educación Inicial para ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios, y promocionar prácticas de crianza positiva.

Reconocer el derecho al cuidado y crear un Sistema Nacional de Cuidados cuyo seguimiento sea anual, medible y evaluable.

Asegurar el acceso universal y la calidad de los servicios de salud para las niñas y niños y sus madres.

Garantizar que todas la niñas y niños reciban vacunas completas.

Reforzar la atención de primer nivel en materia de salud materno-infantil y brindar consejería sobre lactancia materna, desarrollo infantil temprano, nutrición, sobrepeso y obesidad infantil.

Fortalecer el sistema de seguridad y justicia mediante el reforzamiento del marco normativo de prevención y atención de la violencia, la capacitación y sensibilización de servidores públicos, así como la mejora de protocolos y procesos de actuación que permitan colocar en el centro a niñas y niños víctimas de cualquier forma de violencia en su contra.

A partir de octubre las niñas y niños de México merecen y tienen derecho a un gobierno fuerte, con mayorías legislativas sin precedentes, un gobierno federal que contará con el respaldo de por lo menos veinticuatro gobiernos estatales para que al unísono, implementen políticas homologadas en favor de este grupo poblacional incluyendo el accionar de veintisiete congresos estatales. Se tendrá además la posibilidad de generar consensos para diseñar y aprobar el presupuesto federal más amplio e incluyente del que se tenga registro en la historia de México y que permita materializar esta agenda de derechos.

Por ello, no cabe lugar a dudas que la transición y el gobierno entrante tiene en sus manos una oportunidad inmejorable y en esa medida será observado y evaluado en el mapa social y político del país, sin encubrir o simular otras intenciones que no sean las de estar al lado de los derechos de las niñas y niños mexicanos. La ruta es clara.