Una voz engolada con entonación impecable, en cualquier caso, firme y plena de solemnidad (a veces educada con esmero, otras colocada a base de repetición o, por lo menos, habilitada para leer con fluidez una pantalla ajustada a un ritmo interior) está lista para dirigirse a todos los públicos y pronunciar frases útiles para la ocasión.
“Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, es formulación retórica persistente, promesa vana de investigación y justicia, encubridora de la verdad de las más diversas lacras sobre las que todos conocen responsables, pero nadie quiere acreditar.
Aunque es de uso histórico, la fórmula discursiva, declarativa y aun escrita en sendos comunicados, se vuelve denominador común en estos días de escándalo cotidiano:
“Este caso será llevado hasta sus últimas consecuencias”, anunció la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado domingo al referir las revelaciones de las diligencias judiciales en Brasil, investigadas por Quinto Elemento Lab y publicadas en Proceso, sobre la presunta entrega de “propinas” a Emilio Lozoya Austin por parte de directivos de la trasnacional Odebrecht
Se llegará “hasta las últimas consecuencias” en el deslinde de responsabilidades por el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, dijo Gerardo Ruiz Esparza ayer.
“Deslinde de responsabilidades” es otro lugar común de la retórica de la impunidad, en la versión José Antonio Meade, “que se deslinde adecuadamente cualquier proceso de responsabilidad”, pronunciada el lunes al afirmar coadyuvancia en los casos Rafael Márquez, Julión Álvarez y Odebrecht, inevitable la exhibición de fotografías y expresiones de simpatía de Margarita Zavala con Márquez y de Peña Nieto con Álvarez.
La del deslinde, generalmente añade otra fórmula: se aplicará “todo el peso (variación: rigor) de la ley”, una ley que a veces, ajena a la generalidad que le atañe, tiene destinatarios específicos.
Por ejemplo, que se aplique “todo el rigor de la ley” ordenó Peña Nieto a la PGR, en contra de quienes denunciaron el espionaje de su gobierno a académicos, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Todo el rigor (variación: peso) de la ley” es una de las expresiones más frecuentes del discurso político, tanto como “condenar enérgicamente” (Peña Nieto y otros, por ejemplo, en el asesinato de Javier Valdez), expresar sentirse “indignado” y prometer “hacer valer el Estado de Derecho”, expresión que la clase política en general y Peña Nieto en particular, suelen emplear como sinónimo de que los gobernados cumplan la ley, ajenos al ideal de que los gobernantes sean quienes cumplan la ley y actúen conforme a derecho.
Hay todo un catálogo de verbalizaciones para la perpetuación de la corrupción e impunidad, ese binomio al cuadrado de todos los partidos políticos y de todo gobierno en México. Ya ante la evidencia pública, los implicados responden en primera instancia enojados y con mucha seguridad en sí mismos: “Gente que intenta frenar la obra transformadora”, dijo Peña sobre las revelaciones de la Casa Blanca.
Más frecuente es la expresión “niego categóricamente” –tan vigente que la empleó Lozoya en su carta del pasado domingo–, expresión que bien puede acompañarse de la calificación: versiones absurdas, falsas y de mala fe (variación: chismes) y acusar un “linchamiento político”, como lo hace Tomás Yarrington al declararse perseguido desde Italia o Javier Duarte con expresión similar en Guatemala, lo mismo que el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, y que, en general, no es más que una expresión sofisticada de la más pedestre versión de Julión Álvarez: “envidia, celos y el éxito”.
Unas veces importadas de la jerga jurídica, otras correspondientes a las emociones más elementales, el catálogo de frases no es tan amplio y persiste a través del tiempo, como la corrupción y la impunidad de la clase política que parecer sigue creyendo que con demagogia puede envolvernos.
