A lo largo de mis columnas de Proceso no he dejado de señalar que vivimos una crisis civilizatoria, es decir, el colapso de las instituciones que un día rigieron el orden político de la sociedad. Sus muestras más evidentes en México son ya un lugar común: la corrupción de las instancias de gobierno y de los partidos, la colusión de éstos con el crimen organizado, cuya expresión más brutal en su inhumanidad son la inseguridad, los cientos de miles de asesinados, de desaparecidos y de fosas clandestinas, las intrincadas redes de trata y la ausencia de cualquier sentido de gobierno y de justicia.
Aunque todos padecemos sus estragos, nadie o muy pocos osan mirarlo así. Sin embargo, las consecuencias del sismo han hecho más clara la crisis. Rebasado por el caos y por los destellos de autogestión y organización ciudadana, es ya imposible negar que el Estado y sus instituciones están colapsados. Nada hay, en la actual realidad política, que ampare la posibilidad de que el Estado se rehaga y la vida social se recomponga. La crisis, como lo han expresado los movimientos más clarividentes, como el zapatismo, es sistémica y no habrá hombres ni mujeres, por más honestos que sean, que puedan rehacerlo. Es imposible construir un gobierno, en el sentido de rumbo y de vida humana, con estructuras que dejaron de funcionar, que se volvieron decrépitas, que dieron de sí y que, como el ser humano que las creó, terminarán por morir.
Ir a las elecciones en 2018 en esas condiciones es simplemente potenciar el desastre, la agonía de un modelo que está casi muerto y al que se sostiene con el tanque de oxígeno de una ilusión.
¿Habría que decir entonces que no hay salida, que, para utilizar el lenguaje apocalíptico de la tradición judeo-cristiana, vivimos “el tiempo del fin”, el tiempo que antecede a la destrucción total de la que surgirá –según las esperanzas de las profecías apocalípticas, incluyendo las modernas como las de Walter Benjamin– una sociedad sin gobierno?; ¿o hay una posibilidad de que sea de otra manera: que del fracaso que, con toda evidencia, nos aguarda en 2018, pueda salir algo que rehaga la vida política y nos permita volver a reordenar la legalidad y la legitimidad que están en la base de la gran tradición de la vida política de Occidente?
Si realmente vivimos una crisis civilizatoria y no el tiempo del fin; si la reserva moral del país que, frente al colapso terminal de las instituciones y el caos que han generado en su negativa a morir, ha podido mostrar una fuerte y profunda capacidad autogestiva, hay posibilidad. Crisis –es su sentido etimológico– es momento de decisión. Si se decide bien, es decir, si entre todos logramos darle un sentido a esa capacidad autogestiva de ciudadanos y organizaciones y, en un gran pacto social, ponemos un límite a la desmesura de las producciones industriales, incentivamos la imaginación, la productividad de las localidades y la solidaridad; si aplicamos la justicia a quienes en los mandos de los gobiernos y de las partidocracias han delinquido, y logramos poner en el centro de la vida política el cuidado de la gente y de sus entorno como el gozne en el que debe rehacerse el país, la crisis se habrá decidido en favor de la reconstrucción de una vida política.
Si, por el contrario, se decide mal, y obsesionados con la ilusión de la esperanza electoral mantenemos viva la envejecida máquina del Estado y sus instituciones, la agonía del país puede adquirir el rostro de lo inmensamente macabro.
No hay, en las condiciones que actualmente vivimos, una tercera posibilidad. Al menos yo no la veo. Aferrarse –como no ha dejado de hacerse después de los grandes desastres del sismo– a las colapsadas y vacías instituciones del Estado, y tratar de continuar con ellas, cueste lo que cueste, el próximo 2018, es apostar por el infierno.
En él, lo único que existe, según Tomás de Aquino, es un orden de penas donde los seres humanos son eternamente castigados. Semejante a lo que de alguna manera vivimos bajo la anquilosada maquinaria de las instituciones del Estado moderno, en el infierno, el gobierno adquiere un rostro puramente penitencial. Los demonios son allí los ministros y los verdugos eternos de una justicia que, a diferencia de Santo Tomás, yo no llamo divina, sino absurda, tan absurda como la que Kafka describe en La colonia penitencial, una espantosa fantasía que preludia nuestra época. En ella, la máquina industrial, el sistema, dirían los modernos, es una fuerza destructora y abstractamente maligna que aniquila no sólo a los condenados, sino a sus propios verdugos.
Como sucede en todas las grandes crisis civilizatorias, transitamos por una franja vacía. Las partes más sanas, las que guardan la reserva moral frente al colapso, balbucean lo nuevo; en cambio, las más dañadas se aferran, llenas de miedo y abandonadas a su propio caos, al aparato que las victima. En ese vacío conocemos la meta: salvar la vida humana y rehacer el mundo político que la hace posible, pero, a no ser por los balbuceos, desconocemos el camino. Lo que allí llamamos camino, decía Kafka, es la duda. Pero en esa duda el infierno, bajo la esperanza traicionada y burlada por la farsa electoral, puede no sólo hacerse permanente, sino destrozar lo que nos queda de identidad humana con mayor fuerza y rapidez que el hambre.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.
