Desde principios de los noventa, cuando el narcoterrorismo del jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, cimbraba a este país, hasta nuestros días, Colombia ha ensayado diferentes fórmulas para que capos del crimen organizado se sometan en forma voluntaria a la justicia, a cambio de beneficios judiciales.
Incluso el proceso de paz que desarrolló entre 2003 y 2006 el entonces presidente Álvaro Uribe con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es considerado por organismos humanitarios como una “amnistía de facto” que benefició a unos 31 mil 500 combatientes de esa organización contra insurgente.
Es un hecho que los comandantes de las AUC eran los principales capos colombianos de la droga a principios de la década pasada. Entre ellos figuraban Cuco Vanoy, Gordolindo, Don Berna, Jorge 40, el ‘Tuso’ Sierra y Salvatore Mancuso.
Tan involucrados estaban con el narcotráfico, que en 2008 esos jefes paras y ocho de sus socios que purgaban condenas de entre cinco y ocho años –pírricas para la gravedad y cantidad de crímenes de lesa humanidad que habían cometido durante más de una década– fueron extraditados a Estados Unidos porque siguieron manejando sus negocios de drogas desde la cárcel. Eso los llevó a perder los beneficios judiciales que les había dado Uribe.
Algo similar ocurrió con Pablo Escobar. El más sanguinario narcotraficante del siglo XX negoció en 1991 su entrega a la justicia colombiana a cambio de ser recluido en una cárcel que él mismo mandó a construir, de su no extradición a Estados Unidos y de una sustancial rebaja de penas a cambio de confesar algunos crímenes. Él calculaba que pasaría ocho años en prisión.
Pero en julio de 1992 el gobierno descubrió que el jefe del Cártel de Medellín no sólo mantenía el control de su estructura criminal, sino que había convertido la prisión donde vivía a todo lujo en un centro de torturas y ejecuciones de sus enemigos. Escobar se escapó durante un operativo para trasladarlo de prisión, pero en diciembre de 1993 fue abatido por la policía.
En cambio, sus socios en el Cártel de Medellín, los hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez, que también se sometieron a la justicia en 1991 a cambio de recibir beneficios judiciales, pagaron cinco años y seis meses de cárcel, y al cumplir sus condenas pudieron reciclarse como ganaderos y agricultores.
Referente para México
La experiencia colombiana puede ser un referente para el diálogo que propuso el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sobre cómo lograr “la paz” en México y evitar tanta violencia.
“Si es necesario –dijo la semana anterior en un acto en Quechultenango, Guerrero– vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón”.
En Colombia, los acuerdos para el sometimiento de narcotraficantes a la justicia, a cambio de beneficios judiciales, han pasado por el Congreso. Es decir, no han sido decretos expedidos por el presidente de turno ni disposiciones administrativas, sino leyes propuestas por el Ejecutivo y debatidas y aprobadas por el Legislativo.
Apenas el mes pasado, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó ante el Congreso bicameral un proyecto de ley “para el sometimiento de integrantes de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados”.
Aunque la iniciativa no alcanzó a discutirse en esta Legislatura, que dio prioridad al debate de las leyes derivadas de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, el gobierno tiene la expectativa de que se analice el año próximo.
El origen de ese proyecto de ley es una propuesta que hizo en septiembre en un video en YouTube el jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel –el delincuente más buscado de Colombia y cuya organización es el principal cártel de las drogas de este país–, para entregarse a la justicia a cambio de una “salida digna y voluntaria” para sus hombres.
Según la policía colombiana, Otoniel es el mayor proveedor de cocaína de los cárteles de Sinaloa, Los Zetas y de Jalisco Nueva Generación. Desde hace más de un año, sus abogados han estado en contacto con el gobierno para lograr un acuerdo que permita su sometimiento a la justicia a cambio de rebajas de penas.
Esto ha ocurrido mientras su organización, el Clan del Golfo, es objeto de una persecución de gran envergadura por parte de la Policía Nacional. Alrededor de mil 300 de los hombres del capo han sido detenidos y sus principales lugartenientes fueron dados de baja, entre ellos Roberto Vargas, Gavilán, y Luis Orlando Padierna, Inglaterra, el segundo y el tercero al mando de ese cártel, en forma respectiva.
En respuesta a los acercamientos y al llamado público de Otoniel, el gobierno elaboró una iniciativa de ley que establece que los integrantes de grupos criminales que se sometan a la justicia podrán tener una rebaja de penas de hasta 50%, siempre y cuando confiesen sus delitos, den información sobre rutas del narcotráfico y liberen a los menores de edad que hayan reclutado.
Además, si entregan los bienes adquiridos con dinero de procedencia ilícita podrán conservar hasta el 5% de estos, mientras su valor no exceda el equivalente a 615 mil dólares.
El proyecto de ley de sometimiento no incluye ni amnistía ni indulto para miembros o jefes de bandas criminales. Si estos fueran amnistiados, Colombia corre el riesgo de que intervenga en el país la Corte Penal Internacional.
Esto porque, según el derecho internacional contemporáneo, los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables. Y es común que integrantes de la delincuencia organizada sean responsables de ese tipo de crímenes, entre los que figuran la tortura, la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento de menores y los asesinatos de población civil.
Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, podría recibir rebajas de penas por estos delitos atroces, pero no una amnistía. En el pasado, este capo del narcotráfico fue guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL) y combatiente de las paramilitares Autodefensas Unidad de Colombia (AUC).
Incluso, en los videos que divulgó en septiembre apareció con uniforme de combate y proclamándose como jefe de las que llamó Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Pero el gobierno no lo considera un interlocutor político sino un delincuente común.
El ministro colombiano de Justicia, Enrique Gil Botero, ha dicho que el proyecto de ley para el sometimiento de bandas criminales no es producto de una negociación con delincuentes ni tiene matiz político.
Los acuerdos con las FARC
Los que sí tuvieron un carácter político y fueron producto de una negociación entre el gobierno colombiano y un interlocutor reconocido como tal fueron los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC.
El propósito de esos pactos, que fueron firmados en noviembre de 2016 tras cuatro años de negociaciones en La Habana, fue poner fin a 52 años de conflicto armado entre el Estado colombiano y esa insurgencia, que no era un cártel de las drogas sino un grupo político alzado en armas para impulsar una revolución social y una reforma agraria.
Las FARC han reconocido que tuvieron vínculos con el narcotráfico para financiar la guerra, y en el acuerdo de paz se comprometieron a “poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno”.
Es decir, a diferencia de un cártel de las drogas, la exguerrilla incurrió en actividades ilícitas, como el narcotráfico, como un medio para sostener su lucha y no como un fin.
Esto fue reconocido por el gobierno colombiano en el acuerdo de paz, al aceptar que el delito de narcotráfico fuera un delito conexo al delito de rebelión, siempre y cuando un juez determine que el excombatiente que solicita el beneficio de la amnistía o indulto por haberse alzado en armas contra el Estado no se benefició personalmente del tráfico de drogas, sino que incurrió en ese ilícito con el objetivo de financiar a la organización insurgente.
Es claro que para el gobierno colombiano existe una diferencia entre lo que en este país se conoce como “narcos puros” –como algunos de los que se “colaron” en el acuerdo de paz con los paramilitares– y los alzados en armas que incurren en actividades ilícitas, pero cuya lucha es, finalmente, política.
El Estado colombiano amnistió o indultó a miles de guerrilleros de las FARC y creó un sistema de justicia especial para juzgar y sancionar con penas alternativas los crímenes de lesa humanidad que cometieron los excomandantes de esa insurgencia. A cambio, ellos entregaron sus armas y se incorporaron a la vida política legal. Es decir, cambiaron las balas por los votos.
En el caso de los “narcos puros” mexicanos, habría que empezar por definir, en un eventual debate sobre el tema, qué tipo de beneficios judiciales podría concederles el Estado y a cambio de qué.
