Andrés Manuel, un peligro para México
Meade, imposibilitado para combatir la corrupción
Cuando José Antonio Meade fue impuesto candidato del PRI a la Presidencia de la República, el argumento del priísmo nacional se sustentó en que era el prospecto con menos negativos y pasivos después de su paso por dos secretarías de Estado en un gobierno panista y tres en una administración priísta.
Hasta hoy puede que esa percepción sea cierta mientras no se le descubran actos mínimos, o graves, de corrupción. Sólo que lo malo para el candidato presidencial tricolor es su imposibilidad de fustigar la corrupción en México y jurar al electorado su disposición de combatir ese flagelo de casi todas las administraciones priístas desde 1929.
Uno de los temas que más reclama la sociedad es la transparencia en el uso y destino de los recursos públicos. Y hay razón para ello. Durante el larguísimo ciclo priísta, cercano a los 80 años, han desfilado alrededor de 600 gobernadores y 15 presidentes de la República. Excepto las presidencias de Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines –y eso con sus asegunes-, ningún Presidente mexicano se salva de haber incurrido en graves atentados al patrimonio nacional.
Por eso, cuando el “líder” nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, pretende exhibir y sancionar mediáticamente a Andrés Manuel López Obrador suena hasta ridículo. Sus dos argumentos centrales son el “hombre de las ligas”, René Bejarano, cuando fue grabado recibiendo dinero de Carlos Ahumada, o cuando Gustavo Ponce, secretario de Finanzas en el gobierno defeño de López Obrador, fue pillado, en Las Vegas, apostando grandes sumas de dinero.
Son, sin lugar a dudas, actos execrables, sujetos a severas sanciones penales, y no hay disculpa que valga. Lo malo para Ochoa Reza es su ausencia de autoridad moral, personal y partidaria para criticar actos de corrupción. En sus escasos siete meses como director de la Comisión Federal de Electricidad se asignó 2 millones de pesos como retribución por sus “valiosos” servicios al frente de la paraestatal, además de otros despilfarros injustificados en viajes al extranjero con gastos de representación excesivos.
En lo partidario, a Ochoa Reza no le queda criticar la corrupción lopezobradorista, con todo y lo injustificada que es. Los Bejarano y los Ponce palidecen cuando aparecen en el escenario delincuentes del calibre de Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas, y los hermanos Moreira en Coahuila, entre otros interminables etcéteras.
Recientemente, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, ha declarado al ex gobernador César Duarte prófugo de la justicia por los graves atentados al tesoro público chihuahuense, pero más allá de esa corrupción institucionalizada, el PRI, nuevamente, es noticia en los viejos dominios de Pancho Villa con la detención de Alejandro Gutiérrez, secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional. La Fiscalía General del Estado lo acusa de la triangulación de recursos proporcionados por el gobierno de Duarte con el maquinado propósito de cometer fraude electoral en contra del entonces candidato Corral.
En un intento desesperado por proteger a Gutiérrez vino la represión centralista con cargo a los intereses priístas. Corral denunció, públicamente, que el secretario de Hacienda, José Antonio González, le condicionó la entrega de 700 millones de pesos, destinados al saneamiento financiero de Chihuahua, a cambio de dar por concluido el expediente Gutiérrez. En respuesta, Corral sentenció: “Ni por todo el presupuesto de Chihuahua queda Gutiérrez en libertad.”
Con esos antecedentes, ni Meade ni Ochoa Reza están autorizados, moralmente, para hablar de transparencia en el uso de los dineros públicos. Las campañas todavía no inician y el ambiente político apenas comienza a calentarse. Ya saldrá en los discursos y en los debates que Dionisio Meade fue el autor del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), conocido como el mayor fraude perpetrado en contra de la nación, que costó al país 100 mil millones de dólares durante el trágico sexenio Zedillista.
Saldrá a relucir también que durante el salinato se remató, a precio de ganga, el patrimonio de los mexicanos. La joya de la corona, Teléfonos de México, hizo a Carlos Slim el hombre más rico del mundo. Con los préstamos cruzados, los bancos se entregaron gratis a los neobanqueros, no aptos para administrar los ahorros de los mexicanos, y los llevaron a la quiebra.
Todo ese purulento y anacrónico sistema pretende, de nuevo, combatirse con el convencimiento nacional de que López Obrador es un peligro para México, pero ¿quién es un peligro para México? Los que con ineptitud y corrupción destrozaron el país o los que todavía no se sabe cómo gobernarán un país infestado de 60 millones de pobres.
Cuando, en 1994, Cuauhtémoc Cárdenas competía por la Presidencia de la República con, el gran simulador como oponente (Rafael Loret de Mola dixit), Ernesto Zedillo, Roberto Hernández, el propietario de Banamex, también vaticinaba que Cárdenas era un peligro para México y que de ganar habría una gran fuga de capitales. Sus palabras se revirtieron pronto. Apenas el 28 de diciembre de 1994, el gobierno de Zedillo trituró el ahorro de los mexicanos al devaluar en 100 por ciento la moneda nacional.
Sin embargo, Hernández, saqueador también, no tenía ninguna autoridad moral para hablar de gobernantes peligrosos cuando él mismo ha sido un peligro real para México. En su libro “Los grandes problemas nacionales”, Samuel Schimdt exhibe al banquero por su participación en el gran fraude nacional llamado Fobraproa.
Al respecto, el politólogo dice en la página 164 de su texto: “Véase la historia de Roberto Hernández, a quien el gobierno le ayudó a comprar Banamex, le ayudó a sanear el banco con 2500 millones de dólares para que se lo pudiera vender a Citigroup (…) por 12500 millones de dólares y lo más asombroso del caso (…) es que por la venta no pagó impuestos”. ¿Podrá haber mayor peligro para México que empresarios como Roberto Hernández?
Sólo que ahora, al inicio de las campañas presidenciales, habría que recordarle a Andrés Manuel López Obrador que, tal vez, si no es un peligro para México, sí lo fue para Chiapas y tiene una enorme deuda con el estado. En el 2006, como dueño del PRD y ahora de Morena, nombró al vicioso de Juan Sabines Guerrero como candidato a gobernador y, con la ayuda de Pablo Salazar, lo impuso en la gubernatura bajo el ominoso signo de un escandaloso fraude electoral.
Lo curioso del “Peje” es que cuando habla de corrupción jamás ha criticado al mayor ladrón en la historia de Chiapas que dejó en condiciones de pobreza y pobreza extrema al 79 por ciento de sus habitantes y una deuda pública de 40 mil millones de pesos.
Pronto, Andrés Manuel llegará a Chiapas en busca de votos. El electorado espera un pronunciamiento para sancionar la conducta de Juan Sabines y su pandilla de ladrones que se pasean en total impunidad. Ampliaremos…
