Al seguir revisando lo que ha hecho el gobierno mexicano con el apoyo del Congreso de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, queda claro que la corrupción es el sello de la casa. Veamos.
Primero. El complejo carcelario nacional –compuesto por los eufemísticamente llamados centros de “rehabilitación social”– ha sido desde hace décadas, en mayor o menor medida, foco de corrupción, de violación sistemática de derechos humanos y espacio para la gestión de los más distintos delitos. De ahí, por tanto, la importancia de los recursos otorgados por el gobierno de Estados Unidos para dignificar esos sitios mediante su acreditación internacional. Al preguntar a diversas instituciones mexicanas de qué manera se han usado esos recursos y qué resultados se han conseguido tras la aplicación de los mismos, las respuestas fueron las siguientes:
La Procuraduría General de la República (PGR) señaló: “Derivado del análisis realizado a su solicitud, se advierte que requiere información que pudiera obrar dentro de los archivos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Por ello, se recomienda dirigir su solicitud ante el OADPRS, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.” [2017]
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social indicó: Sin respuesta. [2017]
La Secretaría de Gobernación manifestó: “No es de competencia de esta Unidad de Enlace, se sugiere enviar la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores.” [2017]
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aseveró: “Se hace de su conocimiento que derivado de una búsqueda exhaustiva hecha en los archivos físicos y electrónicos que conforman la Oficina del Secretariado Ejecutivo Adjunto y la Dirección de Coordinación Operativa, no se logró ubicar algún documento y/o informe que haga referencia a los resultados obtenidos en la presente solicitud, por tal motivo la información solicitada es inexistente dentro de este Secretariado Ejecutivo.” [2017]
Nadie supo, pues, qué se hizo con esos apoyos. Lo grave, entre otras cosas, es que al Congreso de Estados Unidos no le importe dilapidar los recursos de sus contribuyentes, quienes seguramente protestarían al enterarse de las insólitas respuestas mexicanas.
Segundo. Otro de los objetivos medulares de la Iniciativa Mérida consistió en fortalecer los programas de antecedentes penales, asuntos internos y el kárdex policial, razón por la cual se otorgaron al gobierno mexicano 24 millones de dólares en equipos de inteligencia y entrenamiento. ¿A dónde fue el equipo? ¿Hubo algún resultado a partir de estos apoyos? Las respuestas de las dependencias encargadas del tema no requieren mayores comentarios:
La Presidencia contestó: “La Oficina de la Presidencia de la República no es competente para atender su solicitud, como se puede verificar en las atribuciones conferidas en el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República.” [2017]
Gobernación indicó: “No es competencia de esta Unidad de Enlace, la autoridad que podría darle acceso a su solicitud es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).” [2017]
La Secretaría de la Defensa Nacional señaló: “De conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales citados en los considerandos de la presente resolución, el Estado Mayor de la Defensa Nacional declara formalmente la inexistencia de la información requerida en la solicitud antes transcrita, razón por la cual se emite la presente resolución.” [2017]
La PGR no dio respuesta. [2017]
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública escribió: “Se hace de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que conforman este Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no obran datos relacionados con entrega de equipo de inteligencia donado por el Gobierno de los Estados Unidos de América.” [2017]
A juzgar por estas respuestas oficiales, todo indica que el gobierno mexicano o algunos de sus funcionarios se quedaron con los equipos de inteligencia para propósitos ajenos a los destinados, lo que constituye un clarísimo acto de corrupción que, con su componente de impunidad, se perdió en el mar de la burocracia.
¿De verdad al Congreso de Estados Unidos no le importa que sus recursos vayan al crimen organizado o a negocios personales de funcionarios corruptos mexicanos?
Tercero. Como parte de la Iniciativa Mérida se entregaron 8 millones de dólares para entrenamiento y equipo de seguridad federal y estatal.
Al respecto, Gobernación respondió: “Las solicitudes de acceso deben contener la descripción clara y precisa de los documentos que se solicitan, así como cualquier otro dato que propicie su localización, por lo que si los detalles proporcionados no bastan para localizar la documentación o son erróneos, la Unidad de Enlace podrá requerir que se indiquen otros elementos o se corrija la solicitud, con objeto de facilitar la búsqueda requerimos: identificar el documento que requiere o aportar otro elemento que permita realizar una búsqueda más específica.” [2015]
Lo que México ha hecho con la Iniciativa Mérida es un ejemplo de desaseo, corrupción e impunidad, y por eso mismo Estados Unidos y cualquier otro país deben abstenerse de realizar donaciones o de apoyar al gobierno mexicano sin que exista una rigurosa comprobación de que los recursos aportados se usan realmente para fines de interés público y de forma transparente.
