La violencia y el desplazamiento forzado es una tarea pendiente del Estado.
Al respecto se calcula en Chiapas una población entre 50 y 80 mil desplazados.
Sin que a la fecha el gobierno tome las medidas preventivas para evitar la repetición.
Lo grave es que en Chiapas no hay acciones sistemáticas de protección a los desplazados,
y de manera recurrente se incumple con la responsabilidad internacional del Estado.
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