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El gobierno de Rutilio Escandón no se apega a la legalidad ni brinda seguridad jurídica.

Esto se confirma con el avasallamiento a órganos autónomos para imponer a incondicionales.

Ya lo hizo con la Fiscalía General de Justicia y con la Auditoría de Fiscalización.

Lo grave es que la propuesta para ambos posiciones están acusadas de violar derechos humanos.