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La situación socio-económica en Chiapas –de pobreza, inseguridad, desempleo, delincuencia organizada y problemas con los migrantes-, amerita tomar decisiones políticas en el más alto nivel de gobierno y no se viene realizando. Durante muchos meses se tuvo como discurso de que a Chiapas le iba a ir muy bien con el gobierno de López Obrador, pero eso no se observa después de tres años de gobierno. Es más, en este gobierno se han tomado decisiones de muchas afectaciones a la entidad, prueba de ello es la cancelación de la Zona Económica Especial en Tapachula, sin que ese programa fuera sustituido por otro, con una inversión similar a la que estaba destinada para estimular la inversión y el desarrollo en la región; otra decisión contraria a los intereses de Chiapas es la ausencia de una política migratoria, lo que ha deteriorado la calidad de vida de los municipios fronterizos; hay un abandono en el mantenimiento de las carreteras que afecta la seguridad y las actividades turísticas en las entidad y, por último, la decisión ilegal del despojo del territorio chiapaneco aprobada por la Suprema Corte, en la que el gobernador y el presidente han guardado un silencio cómplice lo que demuestra un consentimiento a ese despojo

El problema mayor que vive Chiapas en este momento, es la ausencia total de autonomía del gobernador Rutilio Escandón frente al gobierno federal. En realidad, nunca ha existido autonomía del Estado frente al centro, pero nunca como ahora, el gobierno de Chiapas se encuentra tan sometido a los designios del presidente. A punto tal, que el gobierno de Rutilio Escandón está convertido en un apéndice del gobierno federal.

Chiapas requiere urgentemente de atención política y de inversión económica. Son muchos los problemas de gobernabilidad que hay en todo el territorio, y muchos de estos problemas se deben a la ausencia de una visión para ejercer un presupuesto con los propósitos de construir gobernabilidad. Esto ha ocasionado una desatención hacia las demandas del campo, aún y cuando Chiapas es un Estado agrícola, que debiera de contar con políticas de financiamiento y asesorías, pero este sector resulta irrelevante para este gobierno, a punto tal, que el presupuesto de la secretaría de agricultura tiene 300% menos de lo asignado en el último año del gobierno malogrado de Manuel Velasco: de mil 200 mil millones de pesos se redujo a menos de 400 millones de pesos.

Equivocadamente se argumenta que Chiapas recibe 4 mil millones de pesos anuales del programa federal sembrando vida, pero éste se destina a apoyar a 80 mil productores, pero en Chiapas existen más de 700 mil productores, lo que significa que el 88 % de los productores de la entidad se quedan sin apoyos, de allí la magnitud de los problemas sociales en Chiapas.

El otro sector productivo en Chiapas es el turismo, que vive una crisis no sólo por el Covid 19, sino por la ausencia de una política de seguridad, que combinada con la ausencia de atención política a los problemas sociales, se ve afectada cotidianamente con cierre de carreteras y asaltos, que afectan la imagen del Estado como destino turístico. Todo esto con la indiferencia de las autoridades que consideran como irrelevante el ejercicio de gobierno. 

La circulación de vehículos entre Comitán-Chamic-Frontera Comalapa se ha convertido en la región de mayor riesgo para la población, debido a la reincidente  desaparición de personas, sin que la autoridad emprenda un programa de prevención y protección en la zona, con el fin de garantizar la seguridad y  el libre tránsito de personas  en esos puntos, lo que indica los niveles de complicidad y aquiescencia que hay entre los cuerpos policiales y la fiscalía del Estado con la delincuencia organizada.

En la actualidad, existen muchos puntos críticos en el estado que no están siendo atendidos adecuadamente, en mucho, debido a la falta de coordinación en las acciones del gobierno, situación que provoca inseguridad y problemas de gobernabilidad. A eso hay que agregarle la ineficacia con que vienen funcionando la mayoría de las secretarías, lo que ha conducido a un reiterado señalamiento de que no hay gobierno en Chiapas, lo que ha permitido el crecimiento de la violencia y la fuerte presencia de grupos delincuenciales, incluyendo a aquellos que se visten como autodefensas, como el grupo “El Machete”, que ayer se manifestó en Tuxtla en total impunidad.

En la entidad es ya un lugar común la toma de casetas, el cierre de carreteras, los conflictos y enfrentamientos en las comunidades indígenas y ahora la violencia que entraña la presencia de la delincuencia organizada, que tiene en Chiapas un vasto territorio de impunidad, como sucede en la región fronteriza de Comitán y Comalapa, lugar en donde hay una disputa por el control de la plaza, lo que ha generalizado la violencia en la región y se difunde lo peligroso que resulta transitar por esa zona, entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana.

Hay conflictos y problemas que se pueden prever y así adelantar las posibles medidas de solución. Pero estas medidas de prevención no se practican en este gobierno, que prefiere asumir con indiferencia los problemas de la entidad. En mucho con la idea de que los problemas prevalecen de años atrás y que así ha sido la historia de Chiapas.

La descomposición social que hay en Chiapas y la manifiesta incapacidad de construir gobierno en la administración actual, hacen prever, que en la sucesión de la gubernatura en el 2024, la delincuencia organizada va a jugar un papel preponderante en la definición de la política en el Estado y desafortunadamente puede convertirse en el gran elector, no solo definiendo candidatos sino imponiendo a los ganadores; a punto tal, de que los cuerpos de seguridad y la procuración de justicia se encuentran a su servicio, de allí los altos niveles de impunidad y de abandono en la procuración de justicia.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que Chiapas tiene los primeros lugares en aspectos negativos. En analfabetismo, en muerte materno infantil, en violaciones a la libertad de prensa, en el número de municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, en el índice de feminicidios, etc., etc. No obstante esos señalamientos, el gobierno continúa  tomando decisiones políticas  inadecuadas y montando shows en actos públicos y está dejando de ser perceptible al malestar que prevalece en la población provocado por una desatención social generalizada, en donde los problemas de la población son ignorados y en las oficinas de la administración estatal no se realizan acciones para garantizar la gobernabilidad.

Los malos resultados en el gobierno son inaceptables, porque Chiapas no está en el abandono, cada año recibe un presupuesto considerable de recursos por parte de la federación, que si se aplicaran adecuadamente, con base a proyectos de desarrollo y no de ocurrencias, la historia de Chiapas se hubiera transformado en los últimos años radicalmente. 

Lo que sucede en realidad, es que históricamente Chiapas ha estado mal gobernado y no se ha fomentado la construcción de nuevas ciudadanías, que hubiera posibilitado una mayor participación política y establecido controles al ejercicio megalómano del poder de los últimos gobernantes.

Los gobiernos chiapanecos generalmente han sido retrógrados, carentes de proyectos de desarrollo y con una ausencia de visión de futuro. Al punto de que hoy, la propaganda del gobierno pretende vender la idea de que el proyecto de obras de los puentes que se viene realizando son para el bienestar y el progreso de Chiapas, como si el progreso y el bienestar de una sociedad se alcanzara con la pavimentación de calles y la construcción de puentes, que finalmente benefician al movimiento vehicular privado y no a la mejora del transporte público que utiliza la mayoría de la población.

La imagen que Chiapas proyecta por sus ineficiencias en el servicio público, es la de el paraíso de la oportunidades perdidas y más si se considera que en los últimos gobiernos se ejerció un presupuesto superior a un billón 300 mil millones de pesos – 66 mil millones de dólares para nuestros lectores por internet en el extranjero-, en donde los indicadores de bienestar y el índice de desarrollo humano no mejoraron en la entidad. La situación en el campo en los últimos 15 años es de un claro deterioro, a punto tal de que en la década de los 70 y 80 la entidad atraía fuerza de trabajo y hoy es expulsor de ella.

Chiapas antes del levantamiento zapatista de 1994, no aparecía dentro de las entidades con migrantes en el extranjero y a partir de los últimos 25 años, lamentablemente se ha convertido en una de las siete entidades con mayor expulsión de población migrante y los niveles de pobreza afectan al 75 % de la población.

La entidad es un polvorín, pero los funcionarios se niegan a ver esta realidad y continúan con desplantes y demagogias, que sólo muestran su nivel de incompetencia y con ello producen mucho daño al estado y desaprovechan las oportunidades y posibilidades de construir un mejor futuro para Chiapas.

El gobierno de Rutilio Escandón, al buscar promocionar como un logro de su administración, el que no se haya contraído deuda pública, generó que Pablo Salazar abandonara su silencio, y que hiciera público que la información que se difundía para enaltecer los resultados del actual gobierno de Chiapas no son veraces, en virtud de que el gobierno de Pablo no solo no contrajo deuda sino que liquidó la deuda heredada. Pero además, el exgobernador expresó que la deuda que aparecía de su administración es deuda municipal, principalmente de Tuxtla Gutiérrez, en donde Juan Sabines, por su paso como presidente de esta ciudad la dejó endeudada. Pero su dicho no quedó allí, señaló que el causante de la deuda pública de Chiapas se debió también a Juan Sabines Guerrero, quien, para muchos sectores de la población, desempeñó un gobierno por demás desafortunado.

La campaña publicitaria de Rutilio Escandón reactivó la discusión de la deuda pública de la entidad, a la que se le destinan 6 millones de pesos diarios para su pago, y en la que el gobierno de Manuel Velasco realizó pagos por más de 8 mil millones de pesos y el gobierno de Rutilio Escandón ha realizado pagos por más de 6 mil millones de pesos y aún quedan más de 20 años por liquidar esos empréstitos, que están cubiertos por un manto de opacidad y complicidades, en el que bien a bien no se sabe qué se hizo con esos recursos ni cuáles fueron los proyectos que respaldaban la autorización de los empréstitos y mucho menos se conoce cuáles fueron los beneficios alcanzados con esa deuda contraída.

De acuerdo con los propios dichos del exgobernador Juan Sabines, los recursos de la deuda se aplicaron para la reconstrucción del desastre del Stan, en seguridad, educación, salud y empleo, pero da la casualidad que ninguna de estas acciones de gobierno son justificante para la autorización de la deuda, sobre todo, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 117 textualmente dispone para los Estados y municipios que: “En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.”

Con Sabines se vivió un período de perdición, ambición desmedida, de excesos, abusos y de un abierto deterioro social. Sin duda, a Sabines le corresponde la responsabilidad, de la descomposición y bancarrota que vive hoy día Chiapas. Pero esto no lo hizo solo, contó con la complicidad de los diputados del Congreso Local, fundamentalmente de los que presidieron el Congreso durante ese gobierno, quienes aprobaron los empréstitos, muchas veces sin conocer los expedientes, y sin cumplir con las disposiciones constitucionales, que limitan la contratación de la deuda pública a proyectos de inversión productivos.

Uno de los presidentes de ese Congreso que autorizó la deuda pública de Chiapas es Zoé Robledo, quien ahora se perfila como candidato a la gubernatura de Chiapas, y quien debe colaborar para que en Chiapas se transparente y se conozca la verdad de la historia de esta deuda, que cercenó las posibilidades de una vida mejor a millones de niñas, niños y adolescentes de Chiapas.

Es una realidad inocultable que en Chiapas no hay paz ni justicia. Esto representa una situación que se palpa todos los días, aunque haya políticos demagogos y banales que pregonan con una irresponsabilidad extrema que en la entidad se vive en paz y ciegamente presumen  la supuesta eficiencia de la justicia en la entidad.  

Este discurso lisonjero le hace daño a Chiapas y mella la credibilidad del gobernador chiapaneco. En este sentido, el mundo irreal que han construido un conjunto de funcionarios de este gobierno, no corresponde con la situación de deterioro de la dinámica social que se vive en la entidad ni ellos están a la altura de las circunstancias políticas que Chiapas requiere urgentemente.

Sucesos como las recientes ejecuciones de un constructor y un ganadero en Palenque, los ejecutados y y desmembrados en Chiapa de Corzo, el enfrentamiento de miembros de la delincuencia organizada en contra de elementos del Ejército mexicano en Chicomuselo o la inseguridad latente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas ocasionada por el grupo delincuencial denominado “Los Motonetos, no sólo deterioran la gobernabilidad en la entidad, sino que crean en el imaginario de la gente la alarma de que el gobierno no funciona y que incluso se requiere su reemplazo. Bajo esta circunstancia, es muy complejo construir gobierno y más si  se deja esta responsabilidad en manos de funcionarios diletantes y aventureros, como sucede en Chiapas, a quienes no les interesa garantizar la paz y mucho menos atender las demandas de la población con el fin de disminuir los problemas sociales que prevalecen en la entidad.

Pero a su vez, puede darse el caso de que en Chiapas se esté propiciando una situación de caos ficticia, con el fin de justificar el uso de la violencia institucional en comunidades con profunda desigualdad social o bien existen grupos de interés ligados a la delincuencia organizada, que consideran que en el escenario del caos, la debilidad del gobierno es una condición propicia para ejercer mayor control del territorio y someter a las autoridades para mantener el clima de impunidad que hay en Chiapas.   

Cualquiera de los dos supuestos resulta negativo para el gobernador pues se encuentra en medio de dos fuegos: el orquestado por sus propios colaboradores, que hacen uso de cuerpos paramilitares para generar violencia y desplazamientos,  y con ello realizar detenciones masivas y/o selectivas, o  quizá se llegó a la víspera de un control mayor, por parte de los grupos de la delincuencia organizada, con el propósito ex profeso de generar violencia y con ello reproducir escenarios de masacres como las de Aguas Blancas en Guerrero, Acteal en Chiapas o la reciente de estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.  

Las condiciones políticas en Chiapas son de una fragilidad, ya que cualquier chispa puede provocar la violencia en las comunidades y más bajo la circunstancia de que la mayoría de las organizaciones se encuentran fuertemente armadas.  

En este contexto, Chiapas sale siempre perdiendo, pues la violencia y la inseguridad, va en aumento. A esto hay que agregarle las condiciones de una campaña adelantada por la sucesión e inclusive hay manos levantadas que se sienten con los méritos y posibilidades para sustituir al gobernador en el supuesto caso de que haya un interinato, así como la presencia de los grupos de la delincuencia organizada que abiertamente operan en Chiapas y que tienen bajo su control a cuerpos policiales, presidencias municipales y que aportan recursos recurrentes a los más altos funcionarios del gobierno estatal y federal y que con sus actividades imponen el control en un espacio territorial en la entidad.  

En este sentido, la generalización del caos afecta al desarrollo de  las actividades productivas y reproduce el discurso sobre la necesidad de un interinato en la entidad.

El gobierno de Chiapas presenta una delicada pérdida de legitimidad. Esta pérdida de legitimidad se debe a muchos factores: a un rezago social histórico en gran parte del territorio, que contibúa sin atenderse; a la falta de oficio político en el actual gobierno de la entidad; a la ausencia de toma de decisiones que se alimenta con la inercia de la mayoría de las secretarías y dependencias públicas; a la indiferencia del gobernador frente a las demandas de la población que no son atendidas por ningún nivel de gobierno; a la permisividad a los grupos paramilitares; a la incapacidad en la aplicación de la ley; al adelanto de los tiempos políticos por la búsqueda de la gubernatura, en donde el presidente busca apuntalar a Zoé Robledo, quien tiene dificultades para ponerse de pie por lo que se cae solo; por el mal uso del presupuesto en el que no hay eficacia y por lo tanto no se utilizan los recursos para construir gobernabilidad; y, al creciente aumento de la inseguridad que contrasta con el discurso oficial de un Chiapas seguro.

La ineficacia económica y la desarticulación de la política en Chiapas llegó a un punto, en que más de 15 municipios presentan graves problemas de gobernabilidad, entre ellos se encuentra: Pantelhó, Altamirano, Simojovel, El Bosque, Chilón, Pueblo Nuevo, Oxchuc, Ocosingo, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, Siltepec, Chenalhó, Aldama, Tila y San Cristóbal de Las Casas.

Lo grave de la administración de Rutilio Escandón es que todavía no se toca fondo; lo que significa que lo peor aún está por llegar.  Por eso se ha señalado en ocasiones anteriores que el gobierno que prometió la transformación está convertido en la peor tragedia para la entidad. En este sentido el futuro no es nada halagüeño para Chiapas, que se encuentra en la disyuntiva del caos con un gobierno de interinato o soportar el desastre social de un gobierno que complete los seis años de gestión.

Ante el número de conflictos, resulta más que obvio que en Chiapas se requiere con urgencia un cambio de timón. El deterioro de las relaciones sociales es creciente  y el gobierno a la fecha no  ha mostrado las estrategias adecuadas para solucionar las demandas de los grupos. Lo único que salva al gobierno de esta situación de caos, es que pese al número de problemas que existen aún no se ha constituido un movimiento social que demande soluciones y que exija al gobernante que se aboque a crear gobierno y atender los problemas sociales de la entidad.

A  un poco más de la mitad del período de gobierno se muestra a un Rutilio Escandón sin rumbo, sin manejo político, sin programas de gobierno y sin ideas de lo que Chiapas necesita, en unas condiciones sociales, en donde la delincuencia organizada se ha apropiado de espacios territoriales, que obligan a construir liderazgo y certezas, dos aspectos de lo que lamentablemente se carece en la entidad y no hay visos de que se construyan en los meses que faltan para la conclusión del actual gobierno.

Chiapas arrastra graves problemas de gobernabilidad y a partir de los últimos años padece también problemas de inseguridad. Sobre procesos de gobernabilidad, hay experiencias que muestran  las posibilidades que hay para revertir este problema, en donde la eficacia gubernamental en la toma de decisiones juega un papel importante. Pero esto no es así con los problemas de seguridad, que afectan la vida democrática, la gobernabilidad y los derechos humanos y en donde la corrupción se conjuga con esto para hacer más compleja el establecimiento de políticas de mejora.

En este sentido, la sociedad actual tiene en los problemas de seguridad su principal preocupación. Equivocadamente se desarrolló la idea de que una manera para mejorar la seguridad era la de reducir la pobreza, como si sólo los pobres delinquen y los ricos no robaran, cuando la realidad indica que los problemas de corrupción y mayor saqueo están en los grupos de población con mejores niveles de bienestar, es decir, que los ricos también delinquen y son a los que menos se castigan por la corrupción en los sistemas de impartición de justicia.

Sin embargo, los problemas provocados por la inseguridad son en nuestros días de una dimensión mayor, se habla de redes de macrocriminalidad, en donde participan empresarios, grupos de la clase política gobernante y los grupos de la delincuencia organizada. Sobre todo, porque no puede haber delincuencia organizada sin los mecanismos y empresas que promueven y garantizan el lavado de dinero y tampoco hay delincuencia organizada sin las redes de protección policíaca y de apoyos políticos al interior de los gobiernos.

Por esta razón, cada vez tiene mayores complicaciones el buscar mejorar la seguridad en el país, por los enormes intereses que se mueven en torno a la delincuencia organizada y por las redes de macrocriminalidad que se construyen en torno de estos intereses económicos, que participan en una globalización del lavado de dinero y que construyen una organización de poder al interior del  Estado-nación, que termina dominando y controlando al propio Estado.

Por eso el señalamiento de que resulta más optimista resolver los problemas de gobernabilidad en una sociedad, que resolver los problemas de seguridad. De allí que cuando surge el discurso político que presume la disminución de los delitos de alto impacto, como sucede con el gobierno en Chiapas, la desconfianza debe ser mayor, porque se denota una ligereza de opinión sobre la magnitud del problema y de los intereses que existen en la protección y complicidades con la delincuencia organizada.

Chiapas, como gran parte del país, forma parte de las redes de macrocriminalidad y entró a una fase de descomposición social en donde los niveles de violencia provocados por la inseguridad van a ir en aumento, ante la complacencia y la complicidad de la autoridad gubernamental.

Si los cuatro ejecutados aparecidos en Chiapa de Corzo resultaban preocupante, el enfrentamiento de ayer en Chicomuselo, entre un grupo de la delincuencia organizada en contra del Ejército mexicano resulta alarmante, porque eso significa que nadie está a salvo de las pretensiones de un grupo criminal por querer controlar la zona al precio que sea, y formar una estructura organizacional que compita y domine a la propia estructura del mismo Estado.

La presencia de estos grupos de la delincuencia va en incremento porque no hay gobierno en Chiapas y porque el gobierno federal mantiene una política irresponsable de abrazos no balazos hacia los cárteles, que operan impunemente en el país y que tienen conformado una estructura estatal al interior del Estado-nación y que viene desarrollando un poder superior al del Estado mexicano, con grupos políticos y empresariales a su servicio y que cuenta, a través del sicariato, una estructura militar que enfrenta constantemente a las fuerzas armadas del país.

En Chiapas el gobierno ha mantenido el discurso de una entidad segura, que en estos momentos resulta insostenible, por la fuerte presencia de la delincuencia organizada en gran parte del territorio chiapaneco, que se encuentra sin orden constitucional, en virtud de que el nuevo orden se viene construyendo por la presencia de la delincuencia organizada ante la presencia impávida de un gobernador que tiene preocupaciones banales y no del ejercicio del poder y el orden público, que son su responsabilidad.

La inacción gubernamental contrasta radicalmente con el trabajo de la delincuencia organizada, que todos los días amplía su territorio y sus acciones, a punto tal, que nadie está a salvo de la violencia, que se apropia de los espacios públicos con el silencio y/o la complacencia del Estado, que expone al ridículo a las fuerzas armadas ante los ataques aislados de grupos de sicarios que le hacen frente.

La estrategia del combate a la delincuencia organizada en el país es un fracaso. Los dos sucesos que cambiaron el rumbo de la historia del gobierno autonombrado de la transformación fueron el de la vergonzosa liberación del hijo del Chapo Guzmán y luego la visita presidencial a Badiraguato, la tierra natal del líder del grupo Sinaloa, en donde causó una gran polémica al saludar de mano a la madre de Joaquín el Chapo Guzmán. Esto recrudeció los ataques del otro grupo poderoso, Jalisco Nueva Generación, que se encontraba fuera de lo que se veía como el pacto del gobierno de López Obrador con el grupo Sinaloa.

En Chiapas están presente esos enfrentamientos, que hacen prever una mayor violencia, ante la complacencia e indiferencia del gobierno de Rutilio Escandón, quien decidió que su estilo de gobierno es no tomar decisiones y dejar que las cosas tomen su rumbo por sí solas.

La seguridad en Chiapas se encuentra en su peor momento. Ayer, con la ejecución de cuatro personas en el municipio de Chiapa de Corzo, dos de ellas embolsadas y descuartizadas, el gobierno ya no puede seguir con su indiferencia y repitiendo el discurso de un Chiapas seguro, en virtud de que las circunstancias muestran un nivel de violencia y de presencia de la delincuencia organizada, que sólo falta que aparezcan cuerpos colgados en los puentes, para estar en las mismas condiciones que las entidades con mayor violencia en el país.

La inseguridad ya es el principal problema en Chiapas, lo que obliga a tomar decisiones que contrarresten esta situación, la principal, el cambio de los funcionarios de la secretaría de seguridad y la fiscalía del Estado que han sido señaladas de brindar  protección de la delincuencia organizada; los nombres de estos funcionarios son sabidos y los conoce perfectamente el gobernador, porque son los que se encargan de recibir y repartir los maletas que recogen de los grupos delincuenciales.

La delincuencia organizada tiene una presencia en Chiapas de décadas atrás, pero nunca como ahora se ha visibilizado esa presencia, a punto talque participa protagónicamente en la vida política de Chiapas nombrando presidentes municipales y colocando funcionarios públicos en áreas de conveniencia, que permita o facilite la realización de las actividades ilícitas, con total complacencia del Estado, formando lo que se conoce como redes de macrocriminalidad, que integra la presencia empresarial, a funcionarios del Estado y la delincuencia organizada en una misma red.

Con la continuidad de estas condiciones y con la indiferencia gubernamental en Chiapas, alimentada por el discurso de abrazos y no balazos del gobierno federal, prácticamente ya no existen garantías para recuperar la seguridad en Chiapas, en donde todo está perdido. Por eso es urgente romper  con estas inercias y buscar recuperar los mínimos de seguridad, como una condición indispensable que permita construir un futuro razonable y no la violencia que se está heredando a las nuevas generaciones.

Hasta ahora las cosas no se están haciendo bien. Y no se puede creer en el discurso de un Chiapas seguro, en el que insiste el gobernador, como una manera de evadir su responsabilidad, porque los muertos, producto de las ejecuciones extrajudiciales, se han venido acumulando en este gobierno y finalmente los responsables de garantizar la seguridad de la población es el Estado y no lo viene cumpliendo, lo que implica que el culpable de esta situación es el propio Estado, con los agentes que lo representan y éstos son los que en un momento determinado tendrán que asumir su responsabilidades ante tribunales judiciales.

El pasado viernes el periodista Leonel Durante fue golpeado y asaltado en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El suceso, que fácilmente podría pasar como un dato más en la estadística de inseguridad, se convirtió en una enérgica condena que desnuda los problemas de seguridad que hay en las calles, que lamentablemente viene acompañada por la impunidad, en donde muchos de estos asaltos no se denuncian y los que se denuncian no se investigan ni se castiga a los responsables.

La agresión sufrida por el periodista debe ser investigada con la debida diligencia, porque atrás de este asalto se esconde una mafia de asaltantes que ha hecho de su modus operandi el centro de Tuxtla, bajo la presunta protección de autoridades policíacas tanto del municipio como del gobierno del Estado. De allí que la exigencia del gremio periodístico tenga una importante vertiente política, que sacude los niveles de complicidad construidos entre la delincuencia y las autoridades y cuerpos policíacos.

Los grupos de la delincuencia solo pueden crecer por la protección, complicidad y encubrimiento  de las autoridades. Situación que confronta la exigencia de los periodistas con la protección policíaca a la delincuencia y que pone en un brete a la presidencia municipal y al gobierno del Estado, quienes paradójicamente han guardado silencio ante esta agresión sufrida por Leonel Durante.

La situación de la inseguridad que se respira en todos los ámbitos de la vida cotidiana ya no debe banalizarse  bajo un discurso de un Chiapas seguro o de un Tuxtla seguro, que maneja el gobierno del Estado y la presidencia municipal, porque aparte de que no se les cree, se muestra la cara de un gobierno irresponsable, que pretende combatir la delincuencia ignorándola, sin importar la pérdida de vida o de bienes patrimoniales que  diario suceden.

La inseguridad ya es el principal problema que se vive en Chiapas, por eso se requiere de políticas de prevención y de investigación para evitar que este mal siga creciendo hasta el punto que se convierta en irresoluble, como ya sucede en otras partes de la república mexicana. Pero también se requiere urgentemente de la depuración de los cuerpos policiales y de funcionarios claramente identificados con la protección a la delincuencia organizada, así como de la profesionalización de los mismos.

Un problema tan delicado como la delincuencia organizada y la inseguridad, no pueden seguirse tratando con la banalidad como hasta ahora se ha hecho y se requiere tomar cartas en el asunto con la seriedad y la firmeza que este problema social requiere. Todo esto bajo una consigna central: caiga quien caiga, porque la seguridad de la población está por encima de cualquier interés político.

Las ejecuciones extrajudiciales son la expresión  de una violencia que crece bajo el amparo de la impunidad, en donde la aplicación de la ley se volvió irrelevante y la descomposición social ha llegado a niveles de tolerancia que estos crímenes ya no despiertan la indignación, a punto tal que se consideran parte de una normalidad.

Esta situación es ilustrativa en Palenque, municipio en el que en menos de una semana, hubo dos ejecuciones: primero fue un constructor y ahora un ganadero. Esto resulta significativo porque Palenque es el domicilio oficial del presidente de la república, situación que muestra niveles inusitados de violencia e inseguridad, en el que la delincuencia organizada tomó esa plaza como parte de su territorio, sin importar la presencia del presidente.

Para el Estado estas ejecuciones deben ser un reto y una responsabilidad mayor, en virtud del mensaje que se proyecta al resto del país es de un desprestigio, en donde hay una imposibilidad real para brindar seguridad en la ciudad en donde el presidente proyecta su residencia en los próximos años. Esto resulta inadmisible para un gobierno ligado al proyecto de Morena, quien no puede garantizar seguridad a la población, ni siquiera en donde están los intereses presidenciales.

Lo irrisorio, es que el gobernador proyecta como un logro de su gobierno los índices de seguridad, en donde con frecuencia anuncia la reducción de los delitos de alto impacto, inclusive en una visita presidencial en Tapachula, se rindió un informe que mostraba a Chiapas como un lugar seguro; pero los hechos, en una sola semana, demuestran lo contrario y la falsedad de ese discurso. No hay seguridad ni en el entorno social en el que López Obrador decidió que va a pasar los siguientes años de su vida, mucho menos en el resto del territorio de Chiapas.

Las ejecuciones de un constructor y el de un ganadero en Palenque, no son crímenes dentro de una normalidad sino que representan una provocación al Estado, porque implícitamente se envía  un mensaje de inseguridad en torno a la familia presidencial, en donde nadie está seguro en Chiapas.

Este mensaje no es un asunto menor, pero las autoridades de Chiapas no entienden de mensajes, porque están situados en el mundo de Rutilandia, que construyó el discurso de que Chiapas es el mejor lugar del mundo para vivir y para invertir, cuando la realidad muestra condiciones de violencia preocupantes y en donde hay historias recientes en otras entidades del país, que pasaron por la misma condición en la que Chiapas se encuentra y hoy tienen niveles de violencia incontrolables.

La Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, como cabecera de la Región de Los Altos  ha sido centro de impacto y en mucho instigadora de los movimientos sociales más relevantes en la entidad. Así fue en la rebelión indígena tseltal de1712; en el movimiento tsotsil de 1868; en el conflicto por el control de la capital del Estado en contra de Tuxtla Gutérrez en 1911; en el movimiento de defensa del orden institucional encabezado por los finqueros y rancheros en contra del Ejército Constitucionalista en 1914-1920, en donde SCLC conformó su propia división bajo el mando del general Alberto Pineda; así como en el movimiento zapatista de 1994.

A partir de esta trayectoria histórica de los movimientos sociales, se puede prever, que si hubiera un nuevo movimiento de insurgencia, la tendencia nos indica que sería en el territorio de influencia de San Cristóbal. Esto obliga al gobierno a prestar una mayor atención a toda esa área de gran complejidad, para contrarrestar cualquier situación de conflicto radical y evitar la ruptura del orden social. Sin embargo ese territorio se encuentra abandonado y, peor aún, con una gran polarización, con problemas y enfrentamientos entre los grupos, las comunidades y con una fuerte presencia de la delincuencia organizada, en el que se vienen empleando a indígenas desplazados, como fuerza de tarea, lo que hace más conflictiva la situación en San Cristóbal.

La legitimidad del gobierno estatal no existe en todo ese territorio, que padece una gran pobreza, que tiene un suelo poco apto para las condiciones agropecuarias, que vive un proceso de desertificación y de deterioro ambiental alarmante, que tiene un crecimiento demográfico acelerado, que con frecuencia vive conflictos religiosos, expulsiones, pugnas por el control de la tierra y que además a la gran mayoría de la población se le proporcionan  derechos sociales y educativos  con una deficiencia preocupante.

Bajo esas condiciones no debe de sorprender que la crisis de gobernabilidad en ese territorio sea mayor en los próximos meses, sobre todo si no se destinan apoyos necesarios para mitigar las profundas desigualdades urbanas, en donde existen cientos de comunidades en pobreza extrema, sin agua potable y sin servicios básicos, en donde no existe ninguna planta de tratamiento de aguas residuales, lo que significa que las aguas negras van a los ríos que atraviesan la ciudad, lo que provoca profundos daños ambientales.

Toda esta problemática la tiene que enfrentar el gobierno municipal, quien no tiene las capacidades financieras para enfrentar todos los daños que padece la ciudad, en donde se prevé que las condiciones socioambientales se compliquen en lugar de que vayan a mejorar.

Por eso se requiere de la urgente  intervención del gobierno federal y estatal, en el diseño de un plan de mejora, que atienda y resuelva un conjunto de problemas sociales que se viene recrudeciendo y que amenazan estallar en cualquier momento. Sin embargo, frente a esta problemática, ni el gobierno federal y mucho menos el gobierno estatal intervienen con políticas públicas para revertir la difícil situación de gobernabilidad y de inseguridad de San Cristóbal y su zona de influencia en la región, lo que genera que el gobierno municipal se encuentra solo frente a un conjunto de situaciones y hechos delictivos que son de carácter estatal o federal atender y resolver. Y la razón de que la presidencia municipal se encuentre sin el respaldo del Estado se debe más a una decisión malsana de orillar a la asfixia al gobierno municipal, con el fin de justificar la desaparición del ayuntamiento y nombrar un concejo municipal que responda a los intereses de Morena y del gobierno estatal. 

Chiapas tiene tres problemas históricos y estructurales y en los últimos años surgió un cuarto problema, estos son: la pobreza, la violencia y una pobre calidad en el acceso a la justicia. Ambas problemáticas no han sido debidamente atendidas, situación que viene provocando que en algunas regiones, particularmente en la zona indígena y en los municipios fronterizos, el malestar social se asocie con la delincuencia organizada, integrando un cóctel peligrosamente explosivo y más aún por la inacción gubernamental que hay en Chiapas, situación que refleja problemas de gobernabilidad y de inseguridad

Los intentos por construir la paz impulsadas por el gobierno tienen estrategias equivocadas, al evadir el establecimiento de un programa de justicia transicional, en el que el punto de partida sea la investigación de los crímenes en las comunidades, el castigo a los responsables y el desarme de los grupos paramilitares. La firma de pactos y reuniones recurrentes entre los actores, que instrumenta el Estado,  sin que se investiguen los delitos del pasado no va a conducir a la paz, sino a la impunidad y la reproducción de mayor violencia con injusticia en las comunidades, que cada vez con mayor fuerza son tentadas por los vínculos de la delincuencia organizada

La paz debe ser una prioridad en el gobierno de la 4t, pero no hay voluntad política para ello, lo grave de esta condición de violencia en varias comunidades indígenas, es que inexplicablemente desde el gobierno se apoya y protege a los grupos paramilitares, como sucedió en los anteriores gobiernos, a punto tal, de que en estos momentos grupos paramilitares, algunos de ellos con vínculos con la delincuencia, gobiernan algunos municipios indígenas; situación que hace imposible que fructifique cualquier esfuerzo en construir un proyecto de cultura de paz en las comunidades indígenas.

Un proyecto de justicia transicional es clave para Chiapas en estos momentos de mucha incertidumbre, pero no hay voluntad política para intentarlo, sobre todo, porque Chiapas se sigue gobernando con los mismos estilos del PRI, que tanto critican desde el gobierno federal, pero lo imitan y reproducen esa cultura política heredada por el PRI, en donde la corrupción galopa desbordada, sin una intención real de ponerle límites y castigar esas prácticas.

Socialmente las cosas no andan bien en Chiapas y no hay visos de que puedan mejorar en el corto plazo, debido al incremento de la presencia de la delincuencia organizada, que ha penetrado en las estructuras del gobierno, sobre todo en los policíacos y en la estructura organizacional de las propias comunidades indígenas. Todo esto ante la mirada silenciosa y cómplice del gobierno, que ha perdido márgenes de maniobra y que se ha desentendido del conjunto de ejecuciones extrajudiciales que de manera inusitada se vienen presentando en Chiapas.

La ausencia de investigación de todas estas ejecuciones extrajudiciales compromete la responsabilidad del Estado, debido a que es una obligación del Estado la de investigar y castigar los delitos, obligaciones de la que no puede sustraerse; sin embargo en Chiapas no existe la debida diligencia en la investigación y se continúan con las prácticas de fabricación de pruebas, invención de delitos y encarcelamiento de personas inocentes, lo que reproduce patrones de impunidad en los procesos de procuración e impartición de justicia.

El pasado fin de semana, a través de las redes sociales se difundió la ejecución extrajudicial de dos personas: una, en el municipio de Chiapas de Corzo y la otra, en la ciudad de Palenque. Ambos asesinatos se suman a la ola de crímenes que se viven en Chiapas, en donde la violencia se ha venido incrementando y con ello el número de ejecuciones y masacres, sin que la autoridad responsable implemente medidas preventivas y se realice la investigación con la debida diligencia que conduzca  al castigo a los responsables de estos crímenes.

De igual manera, entre los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán se han presentado varias decenas de enfrentamientos armados, con medio centenar de asesinados, sin que se haya puesto fin a la violencia homicida, esto a pesar de la firma de acuerdos de paz firmados entre autoridades de ambas poblaciones, y que se haya realizado una entrega de tierras a Aldama y Chenalhó, con el fin de acabar con las agresiones armadas, provocada por grupos paramilitares, sin que la autoridad implemente el desarme de estos grupos, tal y como lo señala una recomendación de la CNDH, que ha sido incumplida por el Estado.  

De igual manera, persiste en Pantelhó el problema de personas desaparecidas a manos del grupo paramilitar “El Machete”,  que ahora tienen bajo su control  la presidencia municipal, misma que cuenta con la aquiescencia de las autoridades del gobierno de Chiapas. Esta condición de los desaparecidos en Pantelhó está por cumplir un año, sin que las autoridades del gobierno federal y estatal, rindan un  informe veraz sobre la situación de esas personas que se encuentran en calidad de desaparecidas.

Si en Chiapas existiera un gobierno democrático, se tendrían investigaciones y sanciones de los responsables de estos delitos, pero lo que hay es un gobierno de simulación democrática, que no está interesada en el cumplimiento de la ley, y que inexplicablemente reprodujo las mismas condiciones de alianza con los grupos paramilitares formados durante el régimen del PRI y que no fueron afectados por los gobiernos en lo que va de este siglo, en el que se constituyeron gobiernos de alternancia partidista; perredistas, panistas, del partido verde y ahora Morena.

Un compromiso incumplido de este gobierno autodenominado de la transformación es la falta de justicia. Lo grave de esta situación, es que existen dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señalan el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el establecimiento de un programa de cultura de paz, que permita reconstituir las condiciones de convivencia armónica en las comunidades, sin que el gobierno haya implementado ninguna estrategia que muestre indicios de un interés por cumplir con estas recomendaciones.

La falta de atención del gobierno de Chiapas al incremento de ejecuciones y masacres en distintas comunidades, sitúa a varias autoridades en calidad de responsables por el delito de omisión por comisión, y debieran de estar vinculados a proceso. En este sentido, el fiscal general, la secretaria de seguridad pública, la secretaria de gobierno y el propio gobernador del Estado, son los responsables directos  de este clima de violencia en la entidad, que ha conducido a más de un centenar de muertes con violencia en lo que va de este gobierno.

Cuando se llega a pensar que las cosas en Chiapas no podían estar peor, viene la realidad y nos da crueles ejemplos, en el que se muestra que lo peor está por venir, sobre todo, por la indiferencia y el abandono en el ejercicio de gobierno que hay en la entidad, en donde las autoridades del Estado, asumieron como estilo personal de gobernar, instituir un discurso de mentiras oficiales, que pretende hacer creer a la población que las cosas van muy bien y que van a mejorar, cuando la realidad muestra todo lo contrario.

La situación socio-económica en Chiapas –de pobreza, inseguridad, desempleo, delincuencia organizada y problemas con los migrantes-, amerita tomar decisiones políticas en el más alto nivel de gobierno y no se viene realizando. Durante muchos meses se tuvo como discurso de que a Chiapas le iba a ir muy bien con el gobierno de López Obrador, pero eso no se observa después de tres años de gobierno. Es más, en este gobierno se han tomado decisiones de muchas afectaciones a la entidad, prueba de ello es la cancelación de la Zona Económica Especial en Tapachula, sin que ese programa fuera sustituido por otro, con una inversión similar a la que estaba destinada para estimular la inversión y el desarrollo en la región; otra decisión contraria a los intereses de Chiapas es la ausencia de una política migratoria, lo que ha deteriorado la calidad de vida de los municipios fronterizos; y, por último, la decisión ilegal del despojo del territorio chiapaneco aprobada por la Suprema Corte, en la que el presidente ha guardado silencio, en virtud de que su política ha favorecido a Oaxaca y tiene el compromiso del Gobernador Murat de apoyar a Morena, para que este partido gane esa gubernatura.

El problema mayor que vive Chiapas en este momento, es la ausencia total de autonomía del gobernador Rutilio Escandón frente al gobierno federal. En realidad, nunca ha existido autonomía del Estado frente al centro, pero nunca como ahora, el gobierno de Chiapas se encuentra tan sometido a los designios del presidente. A punto tal, que Rutilio Escandón dejó en manos del gobierno federal todas las decisiones políticas internas que afectan la vida del Estado.

Chiapas requiere urgentemente de atención política y de inversión económica. Son muchos los problemas de gobernabilidad que hay en todo el territorio, y muchos de estos problemas se debe a la desatención que existe hacia las demandas del campo. Chiapas es un Estado agrícola y este sector no es irrelevante ni debe estar en el abandono en que se encuentra, en donde el incremento de los insumos agrícolas, entre ellos el del fertilizante, va a ocasionar una disminución de la producción agrícola, particularmente del maíz, lo que afectaría directamente a la población en condiciones de vulnerabilidad, por lo que vendría a ser una crisis del hambre.

 En estos momentos lo que se requiere es un gobierno socialmente comprometido, con liderazgo en la atención de las demandas y los problemas de la población, con sensibilidad política que permita ofertar un gobierno que busca la mejora de la población y no un gobernante dominado por la indiferencia y la frivolidad, alejado cada vez más de lo que Chiapas necesita.

En la reciente sanción emitida por el Instituto de Elecciones en contra del periodista Vinicio Portela se observan varias irregularidades: la falta de un recurso adecuado y efectivo que de sustento legal a tal medida; la queja de la presunta afectada se presentó como funcionaria que se desempeñaba como síndico municipal cuando en realidad se desempeñaba como presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez lo que puede representar una declaración en falsedad; previo a la resolución del IEPC en contra del periodista, el organismo había declarado sin materia la denuncia presentada por violencia política por razones de género; fue el Tribunal Electoral del Estado el que consideró una falta de exhaustividad del IEPC y ordenó una nueva resolución, donde se realice un estudio íntegro de las publicaciones y de manera individualizada las publicaciones la recurrente pretende acreditar que los hechos denunciados violentaron su derecho a una vida libre de violencia por razón de género; el IEPC, sin realizar este estudio ordenado por el TEECH y sin fundamento alguno, resolvió emitir medidas cautelares excesivas en contra de Vinicio Portela, El TEECH, cuando emitió la resolución por falta de exhaustividad del IEPC y ordenó se revisara la queja y emitiera una nueva sanción, omitió señalar y notificar a Vinicio Portela como tercero interesado, violando con ello el derecho a este periodista a ser escuchado; en la nueva resolución del IEPC no fundamenta los agravios cometidos por la publicación realizada por Vinicio Portela y de manera general concluye que si hubo violencia política por razones de género.

Son muchas irregularidades en torno a esta resolución polémica y desafiante a la libertad de expresión realizada por el IEPC, en el que se denota que la ausencia del señalamiento de los agravios cometidos se viola el principio de legalidad y taxatividad y del debido proceso al dejar en estado de indefensión al periodista Vinicio Portela al no señalarle expresamente en qué consistieron los agravios cometidos.

De la revisión de la fotografía publicada por Portela, dentro de su trabajo periodístico no se observa que exista una violencia política por razones de género, en virtud de que él se circunscribió a difundir una fotografía de un asunto hecho público por otra persona, a quien paradójicamente no se le denunció, lo que significa que la queja o denuncia presentada por la afectada se realizó en contra del trabajo periodístico y no por las afectaciones a la honra realizadas por la responsable de colgar las lonas en diferentes puentes peatonales en contra de la presidenta municipal.

En este sentido, la sanción del IEPC representa una censura previa a la libertad de expresión, algo que está prohibido en la Constitución y en la convencionalidad, al dejar un antecedente negativo para realizar críticas o señalamientos en contra de un gobierno encabezado por una mujer, sin calificar la acción que motiva el cuestionamiento y si esto es relevante para la opinión pública, provocando con ello un sesgo a la libertad de expresión, debido a que a partir de este resolución no todos los gobierno quedarán sujetos al escrutinio público.

La violación al principio de ilegalidad por parte del IEPC se evidencia ante la ausencia de fundamentación, sobre todo a que existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sustentan que la tolerancia de los funcionarios públicos ante las críticas periodísticas debe ser mayor a la de un ciudadano común; pero a la vez se omite que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, lo que significa que existen límites a la libertad de expresión establecidos en la ley, uno de estos límites es la afectación de la honra y esta falta se dirime en las instancias civiles y no en los organismos electorales.

En la sanción emitida a Vinicio Portela hay un exceso del IEPC, que se va a judicializar, en medio de una disputa presidencial en contra del INE y dentro de un escenario en el que existe una criminalización al trabajo periodístico y en donde los consejeros de este organismo perdieron credibilidad y la confianza como garantes de la vida democrática.

La violencia política por razones de género es un concepto que se encuentra en construcción y por lo tanto aún prevalece una complejidad en torno a ella, que dificulta su detección y por lo tanto resulta desafiante. En la actualidad, la ley contempla distintos tipos de violencia en contra de las mujeres: violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial o económica, violencia institucional y violencia política.

Si dentro del discurso teórico existe una complejidad el identificar la violencia política por razones de género, esta complejidad persiste desde el punto normativo, pues esto exige que la ley debe establecer a detalle quien es la autoridad responsable, precisar los elementos que configuren el delito, los sujetos activos que pueden ser los responsables de la violencia, los sujetos pasivos que pueden recibir la agresión, los procedimientos establecidos con anterioridad al que se presente un caso para una posible sanción y sobre todo, las acciones que pueden ser sujetas a sanción y sus posibles responsabilidades.

Este marco de complejidades no se tomaron en cuenta en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas, en donde los consejeros obviaron los vacíos normativos al respecto, y recientemente emitieron una sanción a un grupo de periodista que divulgaron una nota, que presuntamente afectaba la honra de la encargada de la presidenta municipal de Tuxtla, Karla Burguete, que hoy se desempeña como secretaria del Ayuntamiento, quien decidió presentar la denuncia por violencia política por razones de género ante el IEPC.  

Aquí la pregunta clave en este proceso es si un periodista o un medio de comunicación puede provocar violencia política por razones de género y la respuesta es que sí. Sin embargo, lo complejo de esta situación, es que se tiene que demostrar que el periodista o el medio de comunicación actúan con dolo en contra de la funcionaria, y aquí está la dificultad para demostrar la existencia de ese dolo  y cuya actitud tenía como fin de ocasionar un daño por su condición de mujer, en el desempeño de una función pública. A ningún periodista se le puede sancionar por la difusión de ideas o noticias, como parte de su trabajo periodístico, como absurdamente pretende hacerlo el IEPC, quien sin realizar una investigación con la debida diligencia, a través de interpretaciones subjetivas y con visos de ilegalidad, acuerdan la sanción al periodista Vinicio Portela.

La Constitución y el derecho internacional contemplan los límites de la libertad de expresión y señala los casos que pueden ocasionar una sanción al ejercicio de la libertad de expresión, Al respecto, la Constitución resulta ilustrativa cuando señala: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Para luego rematar; “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales”.

El IEPC se equivocó, porque no se puede garantizar vida democrática sin una real libertad de expresión y con la sanción a Vinicio Portela el IEPC desnaturalizó su función y todos los consejeros deben de renunciar, pues tomaron una decisión contraria al ejercicio democrático, lo hicieron sin realizar una investigación del contexto en que se publicó una nota que ofendió a la presidenta municipal de Tuxtla, omiten que existe un clima de criminalización en el país al trabajo periodístico y violaron con su resolución la constitución y la convencionalidad.

La presunta ofensa a la presidenta no se realizó en el marco de una contienda electoral sino en el contexto de una denuncia de presuntos hechos de corrupción, en donde asuntos de la vida privada se volvieron públicos. Pero en el caso en que se haya afectado la honra, la interpretación del IEPC debió ser con los criterios definidos por la Corte Interamericana cuando señala: “La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, así como otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención. Estos deben responder a un criterio de estricta proporcionalidad”. Aspecto que incumplió totalmente el IEPC, que se dejó llevar por criterios personales y no por el espíritu de la ley y la jurisprudencia, situación que evidencia una sanción atravesada por la falta de un recurso adecuado y efectivo en el Instituto Electoral, con el que se violan las garantías judiciales y la protección judicial de un periodista. Sobre todo, porque el IEPC no demostró la existencia de un dolo y ni siquiera realizó una investigación que justificara una sanción; absurdo que lo lleva a establecer un mecanismo de censura previa, que está prohibida por la Constitución y la convencionalidad.

Una práctica que le ha provocado mucho daño a Chiapas, es la mentira cotidiana con la que se manejan en el discurso y en el ejercicio de gobierno los políticos locales. Las experiencias vividas con los dos gobiernos pasados, que llegaron a la gubernatura, uno, como tránsfugas del PRI y el otro a través de una alianza con el PRI, así lo demuestran; pues ninguno de ellos buscó resolver los añejos problemas estructurales en la sociedad chiapaneca, lo que generó que los rezagos sociales se trasladaran y reprodujeran a las nuevas generaciones, con una enorme e impagable deuda pública; todo ello mientras mediáticamente se difundían éxitos del gobierno, que paradójicamente resultaron falsos…

El actual gobierno, que se constituyó como el gobierno de la transformación, despertó muchas expectativas por el trabajo realizado en campaña por el ahora presidente de la república, que le dio el triunfo a Rutilio Escandón, quien era un mal candidato y ahora es un gobernador dominado por la indiferencia; quien no ha podido romper con los lazos del gobierno anterior ni con las prácticas asistencialistas y de corrupción, que vuelve a los grupos en vulnerabilidad dependientes al gobierno y que encubre los problemas de miseria y marginación de amplios sectores de la población, sin resolver los problemas de mejora social en el futuro inmediato de la población, pero que además los convierte en sujetos de manipulación política por el control de los votos que se realiza sobre ellos, en los tiempos de las elecciones.

Al impávido mandatario surgido de las filas del PRI-PRD-MORENA, no parece importarle los problemas sociales de Chiapas, cuya violencia, ingobernabilidad e inseguridad se viene acrecentando cada día sin que eso lo involucre en la toma de decisiones y se decida a ejercer el papel y  el ejercicio de gobernador, que para eso cobran sin dar resultados. En donde la inacción política es una forma de corrupción, pues los conflictos no se atienden y las movilizaciones cotidianas afectan a las actividades productivas y cancelan cualquier iniciativa de mejora productiva.

Esto se señala, debido a la permisibilidad por parte del Ejecutivo a la actividad de los grupos  paramilitares y a la delincuencia organizada, quienes aportan muchos millones de pesos mensuales por la protección  que reciben de funcionarios del gobierno y de los cuerpos policiales, situación que ya no es posible ocultar y cada vez con más recurrencia se publican los nombres de quienes brindan la protección y reciben los recursos. 

La mentira fue funcional en los gobiernos anteriores y el gobernador Rutilio Escandón la continúa utilizando como parte central del discurso oficial, pero sin la eficacia de sus antecesores. Sobre todo, porque en esta administración no hay un funcionario que atienda y resuelva los problemas, a diferencia de los gobiernos de Juan Sabines y Manuel Velasco que fueron gobiernos desafortunados, pero la población sabía qué puerta tocar y a qué funcionario abordar para recibir posibles respuestas satisfactorias a sus problemas.

En este momento no hay funcionario involucrado en la atención y resolución de las demandas y es más que evidente la incompetencia que existe en el gobierno, en donde todo parece que la situación de Chiapas no les interesa y tampoco se observa a un gobernador interesado por los asuntos públicos ni preocupado por la grave crisis social y económica que se avecina para la entidad.

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