JA Teline V - шаблон joomla Форекс
14
Mon, Oct
124 New Articles

Con la reforma del artículo 1º de la Constitución, del 10 de Junio del 2011, los derechos humanos se convirtieron en el principal derecho a proteger en la Constitución. Esto viene al caso, porque en Chiapas este principio no se viene cumpliendo; aquí el principal derecho que se protege es el de la propiedad privada y con ello se aplica un derecho que viene violando múltiples derechos humanos.

La principal campaña de legitimación de esta administración es la del desalojo de más de siete mil hectáreas que se encontraban invadidas. Esta acción se promueve como el restablecimiento del Estado de derecho, y personajes como Patrocinio González la ponderan como “una imagen de apego al orden jurídico”. Algo que dista mucho de la realidad social que se vive en el Estado.

La gran mayoría de esos desalojos realizados son producto del abuso de autoridad por parte de la fiscalía, pues carecen de un mandato judicial. En esos desalojos hay personas que están vinculados a proceso mediante una acción ilegal, lo que significa una violación al debido proceso y finalmente tendrán que ser liberados, por una mala actuación de la fiscalía. Por eso sorprende el señalamiento de apego al orden jurídico o el restablecimiento del Estado de derecho, debido a que en estos desalojos el principal violador de la ley es el propio gobierno, que está obligado a cumplir y a hacer cumplir la ley y no lo viene haciendo.

En los desalojos de predios urbanos, en los que estaban construidos viviendas, la fiscalía violó derechos humanos contemplados en la Constitución y protegidos por el derecho internacional como son el derecho a la vivienda digna, el derecho a la integridad personal, a la seguridad personal, el derecho al desarrollo y el de la protección al interés superior de los niños, debido a que esos desalojos, sin orden del juez, sometieron a pobladores, entre ellos a niñas, niños y adolescentes a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Es obvio que en Chiapas, en donde la renta de la tierra es la principal fuente de riqueza, se genere un amplio respaldo a las medidas emprendidas por la autoridad y poca importancia tiene si estas acciones se realizaron en el marco de la legalidad, pero el Estado está obligado a cumplir la ley y a apegar todas sus acciones dentro del marco jurídico, lo que significa que estos desalojos resultan ilegales y violadores a múltiples derechos humanos.

Sin embargo, la gran paradoja de la actual administración es que se pronuncia como un gobierno de izquierda y hasta ahora su principal y única acción es la de proteger la propiedad privada y con ello se violentan otros derechos que la Constitución ampara a la población. Con los desalojos de las siete mil hectáreas se restituyó la propiedad a los verdaderos propietarios, pero ¿qué acciones emprendió la autoridad para garantizar la reproducción de la vida y los derechos sociales y económicos de la población desalojada? O nunca se dio cuenta que condenó a esta población a la miseria.

El acto de abuso de autoridad resulta evidente, como evidente es la irresponsabilidad institucional al emprender desalojos que sin duda violan múltiples derechos humanos.

 

 

 

Entre los regímenes de gobierno la democracia es el más complejo para gobernar y la dictadura es el más sencillo. La complejidad del gobierno en la democracia entraña la existencia de una oposición, la demanda de una ciudadanía que exige la ampliación de los derechos y las libertades y la existencia de una prensa que ejerce a diario su libertad de expresión, que exhibe los desvíos del poder y que mantiene sujeto al escrutinio público las decisiones y actuación del gobernante. El gobierno de la dictadura en cambio no presenta esos problemas, cancela derechos y elimina las voces opositoras y a su vez, no permite la libertad de expresión.

Los gobiernos en Chiapas son propensos a la dictadura o en su versión más tropicalizada, no les agrada escuchar voces críticas y cancelaron el derecho a la libertad de expresión. No por algo Chiapas es la entidad con mayor atraso en el país, con niveles altos de conflictividad, con una ausencia de justicia y con una calidad paupérrima de vida democrática.

La prevalencia de gobiernos afectos a la ilegalidad y a la disminución de derechos en Chiapas no está determinada al nivel académico o a la inteligencia de los gobernantes ni tampoco al ejercicio presupuestal. En los últimos 50 años la entidad ha sido gobernada por personajes con profunda inteligencia y que se convirtieron en personajes con trayectoria nacional. Entre ellos destacan Manuel Velasco Suárez, Jorge de la Vega Domínguez y Patrocinio González Garrido. En el gobierno de Velasco Suárez apareció la violencia institucional en contra de las luchas indígenas en contra del desalojo de la Selva por un decreto expropiatorio y en el gobierno de Patrocinio González se buscó legalizar la represión, con reformas al código penal que tipificaba los delitos que atentaban en contra de la seguridad del Estado y condenaba a cuatro años de prisión a quienes reunidos sin armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones.

Esta explicación reviste importancia porque ayer en páginas de este periódico se publicó el derecho de réplica de don Patrocinio González, a unos comentarios vertidos en la DOXA del día lunes 7 de octubre,  en el escrito el exgobernador expresa: “Me dice que reproduzco el patrón de simulación de Chiapas al ponerle cualidades a un Gobernador que no las posee. Y me pregunto, ¿no le parece que las cualidades del Gobernador difieren totalmente de las que caracterizaron a los dos anteriores gobernadores? ¿No le parece que tiene una mayor y más solida formación profesional, un desempeño más austero, ausente de frivolidad y hasta estos momentos proyectando una imagen de apego al orden jurídico y de honestidad? ¿Le parece que los desiguales son iguales? Cada quien tiene su óptica.

En efecto, don patrocinio reitera cualidades en el gobernador Rutilio Escandón que no posee o por lo menos no son públicas. Ejemplo de ello es que se autonombra Doctor en derecho sin serlo, lo que hace propicio la ocasión para solicitar al gobernante que haga público su acta de examen doctoral y nos diga sobre qué problemática hizo su tesis. Sobre la austeridad, aquí se ha señalado que en Chiapas es irresponsabilidad por las múltiples necesidades sociales que hay, en todo caso se debiera mantener una política de racionalidad del gasto y de evitar los derroches, pero en este gobierno la austeridad es sinónimo de no gastar y no se sabe a ciencia cierta en dónde están los más de 30 mil millones de pesos asignados por la federación en los primeros seis meses de gobierno, pues la obra pública está escasa y se viene asignando de manera directa.

En Chiapas, a diferencia de lo que opine el exgobernador, se viene gobernando con frivolidad, en donde los problemas de la entidad se atienden en la superficialidad, prueba de ello son los recientes acontecimientos de violencia en varios municipios o la reciente recomendación de la CNDH al gobierno de Chiapas por la desatención a los problemas en Aldama y Chenalhó.

Don Patrocinio señala que este gobierno actúa en apego al orden jurídico y la honestidad, no cabe duda que la realidad depende del enfoque en que se mira. En Chiapas, con el nombramiento de un torturador como fiscal general no puede haber legalidad. Se presume como acciones de gobierno el desalojo de más de 7 mil hectáreas y eso se quiere poner como legalidad y sofísticamente como Estado de derecho. La gran mayoría de esos desalojos se realizaron sin la orden correspondiente de un juez, en una clara violación del orden jurídico, pero lo que debiera de estar en juego aquí no son los desalojos sino el fondo de las acciones, el gobierno de Rutilio Escandón, quien no está privilegiando la vida y el cumplimiento de los demás derechos humanos, al gobierno de Rutilio solo le interesa conservar el derecho de la propiedad. Esto en un gobierno neoliberal había que aplaudirlo, pero no en un gobierno que se dice de izquierda.

El gobierno de Rutilio Escandón, hasta este momento es igual de malo o peor de los que lo antecedieron, por eso hay que criticarlo en lugar de lisonjearlo.

 

 

 

La violencia reciente en los municipios de Amatán, Aldama, Chenalhó, Pijijiapan, Oxchuc, Bochil, San Juan Chamula y Las Margaritas, muestran la debilidad del Estado democrático de derecho que hay en Chiapas.

En la entidad no existe una cultura de la legalidad y los funcionarios de la actual administración se esfuerzan con vehemencia en violar el principio de la presunción de inocencia y promueven el linchamiento en las redes sociales y en los medios de comunicación cualquier detención de presuntos responsables que realizan.

La ausencia de una cultura de la legalidad y el nulo interés de promover una política de cultura de paz y no violencia por parte del Estado, es lo que viene provocando los estallidos de malestar en la población, que se convierten en atropellos y violación a derechos humanos tolerados por las autoridades.

Bochil es un caso abierto que implicó el homicidio de un policía de la Guardia Nacional, sin que hasta este momento haya un solo funcionario público sancionado y la fiscalía ya detuvo a media docena de pobladores como presuntos responsables de ese delito. Aquí en Chiapas se habla insistentemente de la aplicación del Estado de derecho pero se omite que los funcionarios deben apegar su actuación a la legalidad y en el caso de Bochil como en todos los casos de violencia en los municipios, la autoridad no aplica la ley sobre sí mismo, lo que mantiene un estado de ilegalidad, de impunidad y de omisión, lo que causa mayores agravios a la sociedad.

En una entidad con tantos conflictos y de violencia generalizada, los funcionarios de la secretaría de gobierno, de la fiscalía y de seguridad pública debieran de estar capacitados en mediación y solución de conflictos, algo de lo que ignoran y por supuesto no se pone en práctica, lo que genera que nadie intervenga para evitar o prever que la violencia estalle como ha sucedido en los distintos municipios.

En este espacio en reiteradas ocasiones se ha señalado que no hay gobierno en Chiapas. Ahora, con los recientes acontecimientos, cada vez queda más claro que lo que no hay es Estado en la entidad, situación que es más grave todavía, porque eso significa que todo se va a resolver a través de las fuerzas de seguridad, lo que va a incrementar la violencia, las detenciones ilegales, las desapariciones, las ejecuciones y este gobierno, que presume haber llegado con el respaldo popular a través de unas elecciones democráticas, puede pasar a la historia como el más represor de la historia de Chiapas.

El gobernador Rutilio Escandón, que pretende ser cuidadoso de su imagen política, no ha previsto que en este escenario de violencia está incurriendo en delitos de omisión y con la reiterada intervención de las policías puede ser hasta de acción.

Los sucesos de ayer en Las Margaritas, en donde se observa al presidente municipal  amarrado y arrastrado a una camioneta, ya se convirtió en nota nacional, y son una imagen que muestran los problema de gobernabilidad que hay en la entidad, lo que debiera de preocupar a las autoridades, que están convencidos que lo están haciendo muy bien y que Chiapas se gobierna con boletines.

La violencia en varios municipios se va a incrementar, simple y sencillamente porque se viene aplicando una política de austeridad, que raya en la irresponsabilidad, debido a que demandas sentidas de la población no se vienen atendiendo por ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno.

 

 

 

 

 

La sociedad en Chiapas se encuentra muy dividida, pero además existe una actitud de indiferencia para la búsqueda en la construcción de acuerdos, lo que hace difícil gobernar la entidad. Sabiamente Jan de Vos escribió que Chiapas se escribe en plural, en virtud de que son muchos y diferentes Chiapas. Las condiciones sociales y los procesos históricos  no son los mismos en los Altos que en la Sierra, o en el Soconusco que en la Frailesca, o en la Selva que en el Centro.

Esta heterogeneidad, contiene varios significados políticos, que resulta conveniente intentar esclarecer, con el fin de generar diferentes interpretaciones que nos ayude a entender la cultura y los comportamientos de la población en relación a la política.

La Región de los Altos siempre ha sido un territorio pobre, en donde las características geográficas de su suelo no lo hacen apto para la agricultura; situación que se agudiza porque históricamente ha sido un espacio con una alta tasa de población indígena. La sociedad de los Altos ha sido desde su creación profundamente excluyente y la principal fuente de la riqueza se extrajo de  la explotación de la mano de obra indígena y esta característica permaneció durante siglos, lo que constituyó fuertes sentimientos de polarización. No por algo esa región ha sido testigo de diferentes levantamientos armados y conflictos indígenas.

Erróneamente se ha creado un discurso fantasioso de sumisión de los indios, a pesar de que la historia refleja varios movimientos de indios insumisos: el levantamiento tseltal de 1712; el movimiento tsotsil de 1868-1869; la participación decidida de Jacinto Pérez Chixtot “Pajarito”, en el conflicto por la disputa de la ciudad capital entre Tuxtla y San Cristóbal en 1911; y el más reciente, el levantamiento armado de 1994, que modificó las condiciones políticas nacionales, al producir una reforma electoral que le quitó al estado la organización y calificación de los procesos electorales, lo que posibilitó el gobierno de la alternancia en el año 2000. Esta polarización mantiene una vigencia plena, en virtud de que no se han resuelto un conjunto carencias estructurales, lo que genera una repetición de conflictos en la región.

La frailesca fue una sociedad emergente en donde sus principales poblados se crearon en 1873 y  20 años después, durante el gobierno de Emilio Rabasa, adquirieron los nombres actuales de Villa Corzo y Villa Flores. En la frailesca se mantiene una tradición histórica de cacicazgos políticos: así fue con Ángel Albino Corzo y continuó con Julián Grajales, posteriormente se consolida la dominación de Tiburcio Fernández Ruíz y la “Ruizada” y hacia los años 80 surge el liderazgo del profesor Germán Jiménez, con el movimiento de los maizeros.  Hoy día existe en la región una disputa por la construcción de nuevos liderazgos, ligado a los cargos de elección popular, en la que existe la intención de crear entre los grupos nuevos cacicazgos.

En el Soconusco, Tapachula es marcada por la huella de la inmigración de alemanes, ingleses, chinos y japoneses, quienes poseían una mentalidad de origen de países imperiales, en donde se encerraron en su círculo de connacionales, constituyendo élites económicas pero no políticas. Tapachula es una sociedad excluyente y elitista, que nunca pudo conformar una clase política. De allí una razón importante, sobre por qué no ha podido impulsar de manera exitosa a un tapachulteco a la gubernatura del Estado.

La clase política tuxtleca se formó desde el poder, durante los 20 años de gobierno rabasista en Chiapas. En ese período Tuxtla se convirtió no sólo en la capital política de Chiapas, sino también en el centro de los negocios y del comercio, que la convirtió en el nuevo centro del poder hegemónico en la entidad. En los primeros años, Rabasa gobernó con oaxaqueños, pero al final del período los cargos públicos fueron desempeñados principalmente por tuxtlecos, que constituidos en clase política, se enfrentaron en contra de San Cristóbal para impedir el retorno de la capital del Estado a esa ciudad, esto le permitió a personas de este grupo continuar en el poder a pesar de los cambios políticos.

Hoy día Chiapas se encuentra dividida y en algunas partes del territorio esta polarización produce problemas de gobernabilidad. El gobierno actual, que ignora las características regionales, practica una política de exclusión y de ausencia de representación política. Partió, de una premisa equivocada al considerar que los acuerdos unánimes muestran la fortaleza del gobernante, cuando en realidad la unanimidad significa la falta de representación y el autoritarismo. Con ello se cierran los espacios para que otras voces se manifiesten y se limitan las posibilidades de prácticas democráticas. De allí se puede explicar gran parte de la crisis actual de Chiapas, en la que prevalece una ausencia real de representación política, en donde el Congreso del Estado, no representa a nadie.

 

 

Las organizaciones y partidos de izquierda en México históricamente han tenido problemas en las elecciones internas para definir la dirigencia. Los casos más cercanos son las del PRD, en la que nunca hubo una elección sin confrontaciones. Por eso no debe de extrañar que el proceso interno de elección de la dirigencia en MORENA, presenta ya dificultades.

Parte del problema se debe a la falta de tradición democrática en la cultura política en México, en donde el autoritarismo forma parte también de las prácticas de la izquierda o de los que se autonombran de izquierda. Esa falta de tradición democrática produce al mismo tiempo una pobre calidad de la democracia en el país, que se reproduce al interior de las organizaciones y de los partidos.

MORENA no es la excepción, pues su reciente tradición política se alimenta de personajes salidos del PRI y de escisiones del PRD, con fuertes raíces antidemocráticas, lo que puede mostrar su debilidad institucional debido a que ese partido finalmente depende de la decisión de un solo personaje: Andrés Manuel López Obrador, y los grupos en pugna al interior de MORENA perciben el control de la dirigencia del partido como un escalón para controlar las candidaturas de las elecciones del 2021 y obviamente para posicionarse en la presidencial del 2024.

La primera pugna al interior de MORENA es el padrón de militantes y la segunda es el método de designación, ya sea a través de una encuesta o por elección directa. Cualquiera de esos mecanismos representan dificultades, porque las encuestas han sido manipulables, y en el caso de las encuestas de MORENA inconfiables, tal y como sucedió en la designación de candidatos a la gubernatura de la Ciudad de México, en donde Ricardo Monreal se inconformó pues el salió arriba en todas las encuestas menos en la realizada por el partido. Caso similar sucedió en Chiapas, en donde no se levantó encuesta alguna, pero los resultados hicieron ganador a Rutilio Escandón, en donde hubo una negociación previa entre el exgobernador Manuel Velasco con López Obrador, quienes definieron esa candidatura.

Previendo las dificultades en esa designación, el presidente López Obrador hizo público que se sancionará a los funcionarios de su gobierno y del partido que intervengan en el proceso interno. Llamado que difícilmente se va a cumplir porque los intereses en juego son muchos y la tradición democrática es nula.

Por ejemplo en Chiapas la intervención de la administración estatal en las elecciones es incuestionable. En meses pasados Bertha Luján hizo una gira en Chiapas y el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, operó a favor de ella, inclusive se le otorgó un desprestigiante Doctorado Honoris Causa, por parte de una universidad evangélica de la entidad, que hace más desprestigiante ese reconocimiento y luego le organizó una reunión con la militancia. Lo que indica que hay una señal, en Chiapas, desde el palacio de gobierno, se va a operar a favor de Bertha Luján para la presidencia de ese partido.

Y lo mismo se va a hacer para la designación de la dirigencia del partido en Chiapas. Rutilio Escandón e Ismael Brito están haciendo de las elecciones de MORENA un ejercicio de amor propio, que es ganar con sus candidatos, olvidando con ello el llamado presidencial. Sobre todo, porque para mantener sus intereses y ambiciones los condujo a la invención de enemigos políticos y ven confabulaciones en contra de su gobierno por todos lados, pero también porque quieren demostrar que no necesitan del verde para gobernar.

 

 

Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  nueva administración se presuma como importante logro, que los delitos graves sucedidos en la entidad, los responsables se encuentran en prisión. Al respecto, el récord de esta administración es sorprendente, pero poco creíble: en menos de 72 horas la policía suele detener a los presuntos culpables, con una rapidez que todo se vuelve sospechoso por la práctica de alteración de pruebas y de invención de culpables.

Lo grave es que muchas de estas acciones fantasiosas orquestadas por el personal de la fiscalía se revierten en los amparos ante los tribunales federales, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de muchos de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles, sin que al interior de esa dependencia se inicien procesos de sanción en contra de los funcionarios que mantienen esas prácticas ilegales. 

En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso de combate a la corrupción y contra la impunidad del gobernante. La postura de aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a que la ley aplica también en contra de los funcionarios y eso se omite en la entidad, lo que implica que no hay intención en las decisiones del gobernador de acabar con los privilegios de los funcionarios y la clase política, que suelen manejarse en la ilegalidad, aún y cuando ahora el exgobernador Patrocinio González celebra la aplicación de la ley que hay en Chiapas convirtiéndose en un triste soflamero de este gobierno incapaz de aplicar la ley sobre sí mismo. 

Por el número de homicidios con violencia y de feminicidios en la entidad y por la violencia generalizada en más de 20 municipios, lo deseable es que se constituyera lo más rápido posible un Estado de derecho y, con ello, se genere la división de poderes, algo que en la realidad no existe porque el poder judicial en los hechos es una extensión del ejecutivo. Esto significa una imposibilidad en la imparcialidad en la  justicia y la posibilidad del castigo a los políticos, pues ello es determinado por la voluntad del gobernador, que como estamos viendo no tiene la intención de procesar a quienes incurrieron en faltas graves en el manejo del presupuesto y en enriquecimiento ilícito. De allí que el discurso de la impunidad solo sea una ficción

La impunidad en Chiapas es hoy día una amenaza social a la tranquilidad y al orden. Desafortunadamente eso no lo entienden los actuales funcionarios en Chiapas, que caminan sin tocar el piso, y que se resisten a observar que la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sanciona. Con estas estadísticas lo que se debiera de provocar es la mejora de todo el sistema de impartición y procuración de justicia, pues en la entidad la delincuencia está ganando la batalla ante la complacencia e ineficacia de la fiscalía y el poder judicial, que funciona en la ilegalidad, cuyos titulares debieran de ser investigados por las omisiones en las que incurren y por las sospechas populares de vínculos con la delincuencia organizada.

 

 

Chiapas arrastraba 12 años de gobierno de desaciertos e inacción política. En ese sentido era previsible que los conflictos y la violencia se iban a agudizar y así se señaló en reiteradas ocasiones. Los hechos de violencia  que se presentaron el pasado fin de semana, en Bochil y Chamula, es sólo un anuncio de lo que se puede vivir en  los siguientes años, sobre todo porque las cosas no van a cambiar de un día para otro y menos si no se toman medidas preventivas de atención a la inseguridad y a la solución de los conflictos.

El enfrentamiento armado en Bochil, con la pérdida de vida de un policía de la Guardia Nacional, no es un asunto menor, ya que la intervención policíaca en Chiapas pone en riesgo a la seguridad nacional. Frente a este suceso y otros conflictos presentes,  el comportamiento de la autoridad de Chiapas ha sido permisible en grado extremo, en donde los grupos paramilitares y de la delincuencia organizada actúan con la total aquiescencia del gobierno, y donde acciones promovidas como el programa de canje de armas resulta ridículas, ante el tráfico de armas que existe en la entidad, aún y con los retenes policíacos en varios puntos del territorio. Lo sorprendente de esta violencia, es que son los municipios de mayor pobreza en el que la población y sobre todo los jóvenes, andan fuertemente armados.

Los problemas que enfrenta la administración de Rutilio Escandón son considerables, pero no se vienen tomando decisiones adecuadas, porque la secretaría de gobierno en lugar definir propósitos que permitan la construcción de gobernabilidad democrática, está más entretenido en alianzas con grupos para promover su candidatura como gobernador. Lo preocupante por las dimensiones del problema que representa Chiapas para el país, es que la luna de miel de un importante sector de la población chiapaneca con el gobernador ya concluyó, y aún no se cumple el primer año de esta administración.

En Chiapas ha habido un relajamiento de la autoridad, en el que parece que el Estado no existe y ese es el mismo escenario de la gestión de Rutilio Escandón, en el que se han dado enfrentamientos armados en Aldama, Chenalhó, Yajalón, Amatán, Coita y Venustiano Carranza, Bochil y Chamula.

Todos estos problemas eran claramente previsibles y Rutilio Escandón estaba obligado a tomar las medidas adecuadas para evitar el desbordamiento de estos conflictos. Sobre todo porque él formó parte del anterior gobierno y debió tener conocimiento de las cosas que se dejaron de hacer, sin embargo los hechos dan evidencia que el gobernador desconocía la magnitud de los problemas de la entidad, por eso no ha podido definir estrategias de intervención y solución de los mismos, a punto tal que se pretende gobernar con boletines mal hechos y con acciones de ficción como la mesa de seguridad y sin una agenda política que permita medir los indicadores de resultados. De igual manera se presume la recuperación de siete mil hectáreas, pero no se menciona que la mayoría de estos operativos policíacos se hicieron en la legalidad, sin una orden del juez, en la que muchas de las detenciones realizadas son ilegales y violatorias a derechos humanos. Por ello el énfasis de la importancia de construir gobernabilidad democrática, por las tentaciones autoritarias del gobernante y sus colaboradores.

En estos diez meses de la administración de Rutilio Escandón ha quedado claro una cosa:  el gobernador no conocía la magnitud de los problemas del Estado ni tiene identificados los puntos de conflicto que hay en la entidad, que son más de 600, cada uno de ellos con distintas causas y niveles de conflictividad.

 

No es cierto que haya una confabulación en contra de la administración de Rutilio Escandón con la intención de desestabilizar la entidad. Lo que sí hay, pero el gobernante no lo quiere ver, es una inacción del gobierno, una ineficaz  inversión pública y un adelanto de los tiempos políticos del secretario de gobierno y del fiscal general, que realizan por doquier actos anticipados de campaña, pues se imaginan como sucesores del gobernador.

Es obvio que el deseo generalizado es que los conflictos que se viven en Chiapas se resolvieran en lugar de agudizarse.  Pero para ello se requiere fundamentalmente de oficio político, de conocimiento de las situaciones y de un trabajo diario de 24 horas de atención real de los problemas y no de simulaciones por parte de los funcionarios, que desafortunadamente eso es lo que vienen haciendo.

Es cierto de que hay demandas de los grupos que no fueron atendidas por el anterior gobierno y resulta  inconcebible que no se atiendan y resuelvan con el actual gobierno; como es el caso de la falta soluciones a la población de desplazados que se han visto obligados a movilizarse en la Ciudad de México y realizar distintos plantones afuera del palacio de gobierno.

Hay problemas como el de la presencia de grupos paramilitares donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios.  Pero la administración de Rutilio Escandón carga con la presión de dos medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los desplazados de Chenalhó y de los desplazados de Chalchihuitán y dos recomendaciones de la CNDH, en donde le concedieron seis meses para que se desarmen los grupos paramilitares y elabore un programa de pacificación en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán. Tiempo que ya concluyó, sin que haya realizado esfuerzo alguno con el compromiso de la verdad, justicia y reparación a los agravios reiterados, de desplazamientos, desapariciones, asesinatos, persecuciones y encarcelamientos que por décadas se han vivido en las comunidades indígenas de estos municipios.  

La mayor dificultad del pasado que la administración de Rutilio Escandón no logra superar, es el relajamiento de la autoridad que se institucionalizó en los anteriores gobiernos, en el que se creó en el imaginario de la población que el Estado no funciona en la entidad y esto se refleja en los índices de impunidad que tiene Chiapas que es del 99%.

Este escenario de debilidad de las instituciones es el que se debía de borrar de un plumazo , pero que desafortunadamente permanece en la gestión de Rutilio Escandón, que en los diez meses que lleva la administración los problemas sin atender continúan y la inseguridad se disparó a niveles peligrosos, que ha mostrado la deficiente capacidad de respuesta que hay.

El discurso de la confabulación es una distracción creada desde el palacio de gobierno, con el fin de ocultar su propia ineficacia e inventar enemigos para así justificar los ataques mediáticos hacia otros actores de la entidad con la colaboración de una prensa que desde siempre actúa como mercenario.

En este mismo espacio se han señalado el estallido de posibles conflictos y se ha hecho caso omiso de esos comentarios. De igual manera, recientemente, un destacado miembro de la Iglesia católica le expuso al secretario de gobierno un diagnóstico detallado de la situación política de los pueblos indígenas de los Altos, en donde se informaba sobre Bochil,  Ixtapa y  El Bosque, informe que fue menospreciado por Ismael Brito Mazariegos, de allí la falsedad del discurso de una confabulación para que la vaya mal a Chiapas.

La gobernabilidad en Chiapas está prendida con alfileres y no se observan visos que la situación mejore, simple y sencillamente porque no existe una agenda política del gobierno y porque no existen programas y proyectos de inversión, fuera de los anunciados por el gobierno federal.

 

 

 

De manera sistemática la administración de Rutilio Escandón ha venido utilizando a los cuerpos policiales para desalojar y enfrentar a los grupos de pobladores que protestan. En el discurso ficción de los funcionarios estas medidas son para imponer el Estado de derecho, cuando en realidad lo que hacen es utilizar la violencia institucional en contra de la protesta social, situación que sólo provoca mayor violencia.

En las acciones de protesta la población termina siendo afectada por el cierre de carreteras, la toma de casetas, el cierre de calles, toma de edificios e incluso retención de funcionarios. Todas estas acciones han generado un hartazgo en las personas, que se traduce en una exigencia a la aplicación del Estado de derecho y que algunos grupos, sobre todo empresariales, aplaudan las medidas emprendidas por el gobierno por el uso de la fuerza para disuadir la protesta social.

Con ello se cierra la posibilidad del diálogo y la búsqueda de acuerdos a través de la vía política, que representa un instrumento indispensable para la construcción de la gobernabilidad democrática, y lo más grave aún, se encubre la ineficacia y las irresponsabilidades de un conjunto de autoridades, que se desentienden de los problemas y exigencias de la población, tal y como viene sucediendo en Chiapas.

¿Por qué hay tantas protestas sociales en Chiapas y por qué muchas de estas protestas vienen acompañadas de la violencia? En realidad no hay una única respuesta para estas interrogantes, en virtud de que en la entidad son muchas décadas de incumplimiento en la satisfacción de derechos sociales, económicos y políticos. Durante muchos años el gobierno instituyó una cultura de la dádiva en lugar de mejorar las condiciones sociales de la población, a quienes se les confinó a vivir de las ayudas sociales. Son miles de millones de pesos destinados en las últimas décadas para programas sociales, aparentemente invertidos en Chiapas, que fueron derrochados mientras la pobreza y la desigualdad social en la población crecía.

En las comunidades chiapanecas existen cientos de miles de jóvenes a quienes se les ha robado el futuro, que no tienen formas de emplearse ni posibilidades de dotación de tierras  en sus comunidades, que han crecido con un resentimiento social y a quienes se les impuso como opción el camino de la migración.

En Chiapas ha existido un despilfarro presupuestal sin que haya habido responsables y sin que se haya sancionado a algún funcionario. Y ahora, están tomando decisiones un conjunto de funcionarios que no han demostrado que tengan competencias ni conocimiento y mucho menos sensibilidad. La caquistocracia es el gobierno de los peores y esos son los que están pretendiendo gobernar en Chiapas. Por eso no se puede dejar de señalar que la peor corrupción de la administración de Rutilio Escandón es la de haber nombrado a funcionarios sin competencias políticas ni académicas, que no han sido capaces de implementar proyectos de gobierno.

El fallecimiento del policía de la Guardia Nacional en Bochil nos debe obligar a realizar una reflexión en sentido contrario a como lo hace la fiscalía, que está encabezada por un facineroso, violador de derechos humanos. La fiscalía anuncia que se van a investigar los hechos y que se van a castigar a los culpables. Eso en la lógica policíaca es lo que podría esperarse, pero en la lógica de los derechos humanos la investigación implica determinar las causas que orilló a la protesta, conocer la verdad, sancionar a los responsables y tomar medidas de no repetición de este tipo de protesta.

La fiscalía en su lógica de facineroso va en contra de los supuestos agresores a la policía, pero omite investigar a los funcionarios que no resolvieron las demandas de la población, que exige la instalación de una planta tratadora de agua, por la contaminación de aguas negras del río, ocasionadas por viviendas que otro funcionario irresponsable violador de derechos humanos y ambientales autorizó se construyeran. Pero a la vez se debe investigar qué funcionario solicitó y autorizó la intervención policíaca y con qué motivos, en virtud de que los delitos se cometen por acción y omisión, y en el caso particular del policía de la Guardia Nacional caído existen responsabilidades de ambas circunstancias, que por supuesto la fiscalía se va a negar investigar.

 

 

 

 

 

La administración de Rutilio Escandón presenta dos problemas que se deben resolver en el corto plazo. El primero, que dos funcionarios tienen un proceso de concentración de poder, Ismael Brito Mazariegos, secretario de gobierno y Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, y no le rinden cuenta a nadie; el segundo, es la ausencia de proyectos de gobierno, en el que no fluye la inversión y las obras que se están licitando las ganan empresas ligadas a Jorge Betancourt, tal y como sucede en el aeropuerto, lo que significa la continuidad de la corrupción.

El dilema que tiene el gobernador no es un asunto fácil, pues su administración se encuentra  en crisis y no estaba preparado para enfrentar una contingencia política como la que se vive en gran parte del territorio, pero que se agudiza cada vez más en los municipios indígenas, en donde hay una desatención y compromisos incumplidos y donde el surgimiento de la violencia es la muestra de la ausencia de gobierno.

Es un error de esta administración mostrar indiferencia e ignorar la protesta social que se viene gestando. El fallecimiento del elemento de la Guardia Nacional es noticia en todo el país, que sitúa a Chiapas en una entidad violenta y no por los enfrentamiento y la lucha del control del mercado por la delincuencia organizada sino por los problemas de gobernabilidad democrática, ocasionado en mucho a la inacción política, en donde ninguna oficina interviene en la solución de las demandas y los problemas de la población.

Rutilio Escandón se ha desentendido de gobernar Chiapas: puso en manos de Ismael Brito el gobierno y éste se dedicó a crear su proyecto personal de sucesión al gobernador, luego buscó gobernar de la mano de la fiscalía y provocó una ola de violaciones de derechos humanos y de violencia delincuencial, emanada desde el interior de la  propia fiscalía, en donde elementos de la fiscalía han sido señalados como responsables de asaltos millonarios en la entidad y en donde el propio Llaven Abarca empezó a organizar actos anticipados de campaña, porque en su imaginación considera que él puede ser el sucesos del gobernador, y para ello se inventó la gira por la entidad de las ferias de seguridad y justicia.

La situación de Rutilio Escandón no es sencilla en virtud de que tiene que prescindir de los dos funcionarios de su confianza, pero que le están fallando para gobernar: Brito Mazariegos ha sido su colaborador desde el Tribunal de Justicia y Llaven Abarca se presenta como el funcionario de mano dura, que ha recuperado seis mil hectáreas que se encontraban invadidas y con eso la administración de Escandón Cadenas ganó legitimidad. Sin embargo ambos funcionarios han venido actuando al margen de la ley, que en un gobierno de verdad democrático estarían destituidos y sometido a juicio político.

El escenario de violencia que se vive en Chiapas no se va a resolver con la intervención de los cuerpos policíacos, que seguramente solo va a incrementar la violencia como sucedió con anterioridad en gobiernos, que hicieron de la represión el estilo de gobierno. Sólo basta recordar que en el gobierno de Patrocinio González, se hablaba del imperio de la ley, y cientos de activistas y luchadores estaban en las cárceles y miles huyendo con órdenes de aprehensión, y durante ese gobierno se gestó la rebelión zapatista.

La violencia en Chiapas va a disminuir en el momento en que exista un gobierno que atienda y resuelva las demandas sociales, que escuche a la población y que desarrolle un conjunto de proyectos con el propósito de mejorar los indicadores de bienestar. Algo que en esta administración no se percibe que se quiera implementar.

 

 

La ausencia de gobierno en Chiapas está provocando que exista mayor violencia en la entidad, tal y como viene sucediendo en varios municipios indígenas, pero también en la costa chiapaneca, en donde en donde no se atienden ni resuelven los problemas sociales. A la vez, se ha desarrollado un falso discurso que parte de la idea que con el uso de la fuerza policíaca se construye el Estado de derecho, y ahora se quiere utilizar a la policía en contra de la población para encubrir la incapacidad en la negociación política y la falta de acuerdos.

La violencia en las últimas horas en Bochil y San Juan Chamula ha sido administrada desde el palacio de gobierno, en la que con profunda irresponsabilidad se ha manoseado a los distintos grupos. Hay antecedentes de como la secretaría de gobierno ha hecho creer a sectores de la población de los municipios de Bochil y de San Juan Chamula, que la renuncia del presidente municipal era un hecho. Inclusive, al ayuntamiento de Bochil se le obligó a poner la renuncia en las instalaciones de la presidencia municipal de Ixtapa, en un acto vergonzante que fue filmado y difundido en las redes sociales.

Desde ese momento el gobernador del Estado debió de haber pedido la renuncia del secretario de gobierno, pues resultaba un exceso la intromisión de esa secretaría en los gobiernos municipales, en la que sin tener facultades para hacerlo se había presionado a los regidores a poner la renuncia como también se hizo en el municipio de Arriaga, en donde tuvo que intervenir ek Tribunal Federal Electoral para ordenar la reinstalación de los regidores.

En el caso de San Juan Chamula están documentadas las ocasiones en que el secretario de gobierno se reunía con los inconformes y que inclusive otorgaba el trato de presidente del consejo municipal a Juan Chilón, hoy detenido en el Amate, lo que desató la violencia en ese municipio.

En ambos municipios los presidentes no despachan en la cabecera municipal, por el temor a que sean detenidos por la comunidad, situación que ha generado el desorden social que se están viviendo en las últimas horas.

El gobernador del Estado, Rutilio Escandón, requiere realizar una minuciosa valoración de los resultados de su administración y la debe hacer con los pies sobre el piso, atento a las distintas voces pues la situación de Chiapas se complica cada vez más, debido a que no hay programa de gobierno, no existe una agenda política, no hay gabinete y el secretario de gobierno y el fiscal general, han utilizado los cargos y el presupuesto para realizar proselitismo, en donde realizan actos de campaña anticipada y en el que adelantaron los tiempos políticos.

Son muchas decisiones equivocadas de la administración de Rutilio Escandón, pero la más delicada, por los peligros que entraña, es la de haber permitido que se gobernara de la mano de la fiscalía, pues eso generó violencia institucional, fortalecimiento de actitudes delincuenciales de las policías, violaciones de derechos humanos, lo que conlleva a un clima de terror contrario a cualquier proyecto de vida democrática.

El uso reiterado de la fuerza policíaca hizo evidente el peor síntoma de la administración de Rutilio Escandón: la incapacidad del diálogo y de la construcción de acuerdos armoniosos. Lo peligroso de esta situación es que los brotes de inconformidad no se van a detener con la amenaza de los cuerpos policíacos y las movilizaciones van a estar acompañadas por personas armadas dispuestas a enfrentar a la Guardia Nacional, la policía de lujo de la presidencia de la república, que en Chiapas ya fue enfrentada por la población.

 

 

 

En la lectura del discurso de los más importantes funcionarios de Chiapas así como de los boletines que publicitan sus acciones, se puede ver las inconsistencias que tiene ese discurso y se puede entender porqué las cosas no funcionan en la entidad.

En un proyecto político que busca la transformación se tienen que cambiar el discurso y las prácticas, pero eso no lo entienden los funcionarios de esta administración que mantienen las mismas prácticas y el mismo discurso que combina la demagogia y la ficción. Veamos algunos ejemplos.

En la reunión de la XXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, presidida por el gobernador Rutilio Escandón y el Secretario Ejecutivo del SNSP, Leonel Cota Montaño, el ejecutivo chiapaneco manifestó: “En Chiapas no hay impunidad ni tregua para delincuentes”. Esta frase que pudiera presumir buena estructura retórica no tiene fondo, en virtud de que en Chiapas la impunidad en el combate a los delitos es del 99% y la delincuencia goza de cabal salud. En ese mismo evento el gobernador señaló sobre la seguridad: “No vamos a dar un paso atrás en la consecución de esta importante tarea porque el esfuerzo que se ha hecho ha dado resultados. Las cifras no se maquillan, las enviamos todos los días a través de la Secretaría Técnica de la Mesa de Seguridad a la Federación”.  El comentario no puede ser más desafortunado, porque no hay correspondencia entre el número de delitos denunciados en la fiscalía con los que esta dependencia reporta al Sistema nacional, en virtud de que  la incidencia delictiva es maquillada desde el momento en que en la fiscalía levantan un registro administrativo y no una carpeta de investigación, lo que viola la ley de procedimiento penal y lo que genera que no se reporte como delito.

En su primer informe el presidente municipal de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez “reconoció y agradeció el trabajo eficaz de la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar el Estado de derecho y la seguridad en la capital chiapaneca”. Con esta frase lo que se busca es ocultar el mayor reclamo que hace la población de Tuxtla al presidente municipal, que es la falta de seguridad, en donde la responsabilidad y la ineficacia es del propio fiscal que recibe un reconocimiento. Lo que si no tiene parangón en los comentarios del presidente municipal es encabezado del boletín de prensa que expresa “HOY TUXTLA TIENE UN GOBIERNO DE SOLUCIONES”, sin comentarios porque el chiste se entiende solo.

El secretario de gobierno también sufre deslices en su discurso. En una reunión para explicar la Alerta de la Violencia de Género a las autoridades de San Juan Chamula, Ismael Brito Mazariegos expresó: “En este gobierno lo que queremos es que no queden impunes las cosas, y un buen paso que podemos hacer es castigar todos los casos de violencia para que no se repitan estas prácticas, porque no es posible que se siga tolerando las muertes de mujeres en las comunidades chiapanecas”. En esta frase se perciben dos inconsistencias; una, que se propone castigar todos los casos de violencia, que es un ideal, pero lo fundamental no es castigar sino que ya no haya violencia de género y entonces lo fundamental es el diseño de políticas públicas con el propósito de prevenir y diseñar mecanismos de no repetición de estas prácticas; la otra inconsistencia, que además contradice el discurso del gobernador, es cuando señala “no es posible que se siga tolerando las muertes de mujeres en las comunidades chiapanecas”, lo que significa un reconocimiento a la impunidad que prevalece en Chiapas.

El fiscal Jorge Luis Llaven también forma parte de este manejo del discurso sin fondo e incongruente. En Cintalapa, en la feria de seguridad y justicia en ese municipio expresó: “que ninguna conducta delictiva quedará impune”, algo irreal porque es imposible castigar todos los delitos que se cometen. En los países nórdicos, que tienen los sistemas de justicia más eficaces, no se llega al 80% de efectividad, lo que significa que el 20% de los delitos que se denuncia quedan en la impunidad. Solo que en Chiapas es del 99% de impunidad, de allí que las declaraciones del fiscal general formen parte del discurso de la ficción.

El discurso de los funcionarios de la 4 T en Chiapas mantiene la misma falsedad y demagogia de los gobiernos anteriores, situación que hace evidente que esa transformación que pregonan no se presenta en el discurso, que continúa siendo fantasioso.

 

 

 

El secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, viene tomando decisiones no con el fin de construir gobernabilidad sino como si fuera ya un candidato a la gubernatura de Chiapas. En este sentido, los acuerdos que toma con los distintos grupos políticos, en su calidad de secretario de gobierno, no tienen la intención de privilegiar el interés social ni el de atender en el marco de la pluralidad a la ciudadanía sino que mantiene un sesgo clientelar, en el que privan sus intereses personales sobre los públicos.

Sus ambiciones políticas hacen que haya una inoperancia en la secretaría de gobierno y provoca que todas las buenas intenciones que pueda tener el gobernador se diluyan, al no haber quien concrete y le de sentido a las acciones en el marco institucional, lo que viene generando una ausencia de gobierno en Chiapas.

Los tiempos políticos se adelantaron aún y cuando no hay en puerta ningún proceso electoral pero el secretario de gobierno ya está ofreciendo la reelección de diputados locales y presidentes municipales,  a su vez, con el control que tiene sobre el auditor superior, también ofrece inmunidad a presidentes que se sumen a su proyecto y lo mismo hizo con expresidentes que tienen problemas con la cuenta pública, que de la noche a la mañana se convirtieron en promotores de Ismael Brito.

Con esta acción el secretario de gobierno pervirtió los fines del órgano de fiscalización y lo puso a su disposición, a punto tal que la Auditoría Superior del Estado en un brazo ejecutor de sus ambiciones personales, pero al mismo tiempo representa una amenaza para los ediles que no se le subordinen.

En ese ímpetu por acomodar las cosas a su favor, Brito Mazariegos incurre en muchas ilegalidades y compromete la seguridad y el orden público, como lo ha venido haciendo en las mesas de negociación con municipios indígenas en donde se realiza reuniones con los grupos en pugna pero no se toman decisiones para resolver el fondo de los problemas. Asílo ha hecho con el conflicto de Aldama con Chenalhó, con la disputa por el control municipal en San Juan Chamula, con el problema de la escuela normal Jacinto Canek en Zinacantán y recientemente lo hizo con un grupo de desplazados de del Ejido Puebla quienes fueron retornados sin que haya condiciones para la paz y la no violencia en ese municipio debido a la presencia de dos grupos distintos de paramilitares.

Sobre los desplazados de Chenalhó, en sus afanes protagónicos de publicitar sus dotes de negociador, el secretario de gobierno se comprometió con el grupo paramilitar del Ejido Puebla de liberar a Javier Gómez Gutiérrez, quien está sentenciado por el homicidio de don Guadalupe Cruz Hernández, cuyos familiares son parte del grupo de desplazados del Ejido Puebla, y quienes mantienen la postura de justicia, reparación integral del daño, medidas de no repetición y un retorno con dignidad,  condiciones que en el caso de que se da una liberación convertiría en irresoluble el problema.

¿Pero por qué el secretario de gobierno se deja engañar con el canto de las sirenas? Por su desconocimiento de la historia y de la situación social en Chenalhó. A Brito Mazariegos le está vendiendo el presidente municipal de Chenalhó, cabeza importante del grupo paramilitar del Ejido puebla, que con la liberación del preso la comunidad acepta el retorno de todos los desplazados, eso lo pondría en los medios y se publicitaría como un político que negocia y concerta, nada más que solo tiene la visión de los paramilitares y no la de los desplazados,  que no sólo objetan la posible liberación del sentenciado sino que exigen justicia y piden que se ejecuten más órdenes de aprehensión de miembros del grupo paramilitar.

Las acciones ilegales de funcionarios, como la de acordar la liberación de un preso sentenciado, no es un buen síntoma para Chiapas, lo lamentable es que esa es la práctica que caracteriza a los funcionarios de esta administración.

 

La secretaría de gobierno difunde como una acción exitosa del trabajo político realizado, el retorno a Chenalhó de 13 familias desplazadas del grupo del Ejido Puebla, que abandonaron su lugar de origen por problemas políticos en mayo del 2016.

En el boletín oficial el gobierno expresa que la finalidad de este retorno es: “Reivindicar a los pueblos indígenas y darles una paz justa y digna […], por ello el gobierno democrático encabezado por Rutilio Escandón Cadenas ha adquirido este compromiso político y moral para garantizar los derechos humanos de las y los habitantes”. El comentario no podía ser más desafortunado porque ese retorno no se da en el marco de una paz justa y digna y mucho menos garantiza los derechos humanos de los habitantes.

El primer problema que representa este retorno es que no se da sobre condiciones de un retorno seguro, en virtud de que las causas que provocaron el desplazamiento permanecen intactas, sobre todo, porque no se ha realizado ninguna labor para el desarme de los grupos paramilitares, quienes finalmente fueron los que decidieron los términos del retorno y éste se realizó bajo un acto en el que las víctimas pidieron perdón a la comunidad y se les obligó a pagar una multa de 15 mil pesos por familia, multa que fue pagada por el propio gobierno.

Esto significa que el patrón de impunidad que prevalece en  Chenalhó se reproduce en las víctimas de desplazamiento, en el que se les niega el derecho a la reparación integral del daño y el Estado incumple en el establecimiento de medidas preventivas de no repetición de nuevos desplazamientos a lo que lo obliga la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo grave de esta situación, es que todos los actos de violencia que implicaron daños a nivel comunitario, familiar e individual y que afectan aspectos en las relaciones económicas, sociales, de género, culturales y de salud, quedan impunes, aún y cuando esta violencia produjo muertos y heridos.

A todos los desplazados se les genera un sentimiento de incertidumbre hacia el futuro y son afectados en el proyecto de vida, pues de una manera vertiginosa les fueron modificadas las condiciones materiales de vida, y los lazos culturales, sociales e individuales que las personas afectadas mantienen con el territorio.

En todo este operativo montado por la secretaría de gobierno lo se observa es la prevalencia de un trabajo para dividir el grupo de desplazados y fracturar el proceso de organización de este grupo. En este sentido, lo que no percibe el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, es que ese retorno lo pone a él en una situación de vulnerabilidad, en el momento en que queda como el funcionario directamente responsable, si se llegar a presentar cualquier acto de violencia sobre este grupo de retornados.

Lo predecible es que la violencia se va a volver a presentar, debido a que permanecen las mismas condiciones que generan desplazamientos forzados en Chenalhó y porque toda la relación que ha establecido el gobierno con el grupo de desplazados ha sido sobre la desconfianza, el engaño y el doble discurso.

Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  nueva administración se presuma como importante logro, que  delitos graves sucedidos fueron resueltos con rapidez y los presuntos los responsables se encuentran en prisión. Pero después de confirmar cómo la fiscalía siembra pruebas para culpabilizar a personas inocentes, queda la duda de la efectividad de los operativos y entra la sospecha sobre cuántos de los detenidos son en realidad presuntos culpables.

Hay antecedentes sobre muchas de estas acciones fantasiosas orquestadas por el personal de la fiscalía se revierten en los amparos ante los tribunales federales, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles.

En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso del gobernante. La postura de aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan, donde el castigo significa de igual forma acabar con los privilegios de la clase política y eso no está en el guión que utilizan los funcionarios del gobierno por lo que nunca se va a dar.

En la población se empieza a señalar que la delincuencia desbordó a las instituciones y cada vez se hace más complicado garantizar condiciones mínimas de seguridad. Los homicidios violentos se han incrementado, el secuestro con homicidio se hizo presente, los feminicidios llevan un ritmo de uno cada nueve días, los asaltos bancarios que eran parte del pasado, resurgieron en esta administración y ya no se diga asalto a cuentahabientes en la que no se sabe cómo los delincuentes saben quien retira fuertes cantidades de dinero de los bancos, los asaltos a transeúntes y negocios están a la orden del día, los asesinatos a luchadores sociales vuelven a surgir como en los viejos tiempos y la vigilancia e intervención telefónica a los periodistas y activistas sociales se convirtió en algo cotidiano en el que la autoridad viola reincidentemente la privacidad. Todo ello en la impunidad total.

Desafortunadamente en Chiapas la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sanciona. Con estas estadísticas la preocupación central debiera ser la de mejorar todo el sistema de procuración e impartición de justicia, en el que los jueces tengan certeza laboral, en donde se establezca el procedimiento del concurso de oposición, en donde los jueces y magistrados tengan méritos jurídicos y no las recomendaciones, en el que el tribunal de justicia funciones de acuerdo a como lo establece la constitución local, con tres magistrado y no con cinco como viene funcionando,  en el que la fiscalía erradique las prácticas de tortura, en el que los ministerios públicos y las policías se profesionalicen, que la delincuencia organizada deje de operar desde el interior de la fiscalía y la secretaría de seguridad y en el que amabas instituciones, el tribunal de justicia y la fiscalía general, actúen como órganos autónomos y no como dependencias del ejecutivo.

De igual manera, la ausencia de autoridad, y por ende de gobierno, ha mellado considerablemente el orden público y ha generado una degradación del Estado en Chiapas. Aquí es importante aclarar, que el desorden social que se vive en la entidad no es un asunto reciente, pero con la administración de Rutilio Escandón se  acentuó, a punto tal, que se desconoce si los delitos los comete la delincuencia o personal que labora en la fiscalía y los cuerpos policíacos de la entidad o si todo se realiza en total connivencia.

 

 

 

En estos momentos las condiciones sociales en Chiapas no son las más halagüeñas, así lo reconoce el propio secretario de hacienda del gobierno federal, sin que esto preocupe a los funcionarios de la administración de Rutilio Escandón. El empobrecimiento de la población ha sido constante en los últimos 20 años y la tensión y los conflictos están presentes en gran parte del territorio estatal. Los viejos problemas se han agudizado y los nuevos problemas se multiplican con dinámicas propias, que se imbrican y se confunden unos con otros. A esto hay que agregarle la ausencia de crecimiento económico, que representa una muy pobre generación de empleos y en los casos en donde se generan, son con salarios mal remunerados, que conduce a la precariedad.

Es en las comunidades indígenas donde más se han resentido las políticas equivocadas de despilfarro del gasto público, que ha ocasionado un mayor crecimiento de la población y de la pobreza. Esto significa una agudización de las problemáticas sociales en varios municipios, lo que complica la intervención y solución de los problemas. Entre los municipios de más alta conflictividad son San Juan Chamula, Oxchuc, Chenalhó, Zinacantán, Aldama, Tenejapa, Ixtapa, El Bosque, Simojovel, Bochil, Pueblo Nuevo, Tila y Chilón.

En cualquiera de esos municipios existen condiciones sociales para que una chispa se convierta en un problema mayor, sobre todo, por la fuerte presencia de grupos paramilitares y porque las organizaciones sociales de toda esa región se encuentran fuertemente armadas, además de que existe una fuerte disputa por las tierras en posesión de Bases Zapatistas o de adherentes de la Sexta Declaración de la Selva, que son consideradas por otras organizaciones como tierras de nadie; situación que tiene divididas y confrontadas a cientos de comunidades, sin que exista una política de construcción de paz y de desarme en ese territorio y sin que esta situación genere atención de parte de la secretaría de gobierno, que permanece inerte ante los problemas de la entidad.

Todo lo anterior fomenta en Chiapas la creación de escenarios de violencia en gran parte del territorio del Estado y con ello se mella y se pone en riesgo la frágil gobernabilidad que existe, en un momento en que el gobierno mantiene una  restricción presupuestaria en la entidad, encubierta en una falsa austeridad, en el que no hay obras ni inversión pública ni programa y en el que desafortunadamente tampoco existe gobierno.

Bajo estas circunstancias se requiere una urgente renovación del gobierno y a la vez asumir un nuevo compromiso político para sentar las bases para la transformación de las condiciones sociales y económicas de la entidad. La decisión no es un asunto sencillo, porque eso implica acabar con las complicidades con funcionarios que acompañan al gobernador desde el período en que fuera presidente del tribunal, pero que han demostrado con creces que llegaron al nivel de incompetencia y en el que la eficacia de un gobierno no puede estar determinada por los niveles de amistad.

El triunfo de Rutilio Escandón abría la posibilidad para conformar un gobierno que promoviera la construcción de un nuevo Chiapas, eso es lo que implicaba  la idea del discurso de la transformación y así debía de entenderse. A poco menos del primer año de gobierno, las expectativas que se despertaron con ese triunfo resultan desalentadoras debido a que no se ha logrado romper con la continuidad de la ineficacia, la indiferencia, la abulia y la corrupción que caracterizó a los gobiernos anteriores.

El gobernador en distintos actos ha tenido un discurso agresivo y descalificador en contra del anterior gobierno. Sin embargo esa postura no convence ni le beneficia, porque él formó parte fundamental de esa administración y fue el heredero o beneficiario directo de las componendas realizadas para trucar las elecciones como si éstas fueran el resultado de la voluntad popular.

Cambiar el rostro de Chiapas no significa atacar a exgobernadores sino construir proyectos de gobierno y eso es lo que está ausente en esta administración. Lo criticable de esta situación, es que no se ven visos que con el grupo de funcionarios que integran el gabinete se puedan elaborar los proyecto que Chiapas necesita, ya que no hay talento ni prestigio ni experiencia ni ideas ni conocimiento en los funcionarios de esta administración.

En los nueve meses transcurridos, el gobernador Rutilio Escandón no ha realizado ningún cambio en el gabinete, eso es una mala señal porque significa que delegó su responsabilidad en sus colaboradores, que no se ha dado cuenta que su administración requiere urgentemente de una oxigenación y lo peor, es que él mismo esté convencido de que se vienen realizando bien las cosas. Bajo cualquiera de estos argumentos el escenario es el mismo: no hay gobierno, pero nadie se atreve a decírselo al gobernante.

Mientras tanto los comentarios vertidos sobre Chiapas por el secretario de hacienda en la conferencia mañanera con el presidente de la república, circulan profusamente en las redes sociales, como una muestra de lo mal en que se ha gobernado Chiapas, en donde aparece como la única entidad que no ha tenido crecimiento económico en los últimos años, en sus comentarios el secretario de hacienda reconoció que en Chiapas hoy se vive en peores condiciones que en los años noventa, período en que se produjo el levantamiento armado indígena zapatista, que ya cumplió 25 años y no se han firmado los acuerdos de paz y no violencia, que permitan el desarme de los grupos  y  la concordia en la región.

Bajo estas circunstancias ¿cuál futuro para Chiapas es el que está construyendo esta administración denominada de la transformación? Y la respuesta no puede ser más que la de reproducir el pasado.

 

 

Los funcionarios en Chiapas no se han dado cuenta que la crisis social en Chiapas es severa y peligrosa: 78% de la población vive en pobreza y pobreza extrema; el 84% de sus niños y adolescentes viven en pobreza; la economía de la entidad no sólo no tiene crecimiento sino que mantiene una tendencia negativa del -2%;  la producción del café y del maíz se cayó, que son dos productos importantes, uno por los ingresos de exportación que genera y el otro por la soberanía alimentaria; la entidad tiene el primer lugar en el país en muerte materno infantil; el primer lugar en infección del SIDA; hay una deuda pública de más de 40 mil millones de pesos, lo que se hipotecó el futuro de Chiapas; ocupa el primer lugar en el país en rezago educativo; el 18% de la población es analfabeta; y así, se pueden seguir enumerando una cantidad preocupante de cifras oficiales negativas, que muestran la verdadera cara de un Chiapas, con una profunda desigualdad económica, con graves problemas de gobernabilidad, con una inseguridad desbordada, sin que esto preocupe a funcionario alguno, que reproducen la ineficacia como característica que distingue a los gobiernos en Chiapas.

La discusión, atención y mejora de los indicadores de la entidad no está en las preocupaciones de esta administración, quien carece de una agenda para solucionar los problemas de la entidad.

Lo que resulta extraño es que el gobernador en estos nueve meses que lleva la administración, se ha desentendido de los problemas de la entidad y delegó en manos del secretario de gobierno, Ismael Brito, el manejo del Estado. Sólo que a Brito Mazariegos lo deslumbró el poder y aprovecha la ocasión para construir su propio proyecto personal de gobierno, y los conflictos de la entidad lo tienen rebasado y dentro del gabinete se viene dando una lucha cruenta entre el secretario de hacienda, el secretario de gobierno y el fiscal  general, en el que se disputan el control de los recursos y el sueño por suceder a Rutilio Escandón.

Chiapas está en ruinas, pero eso no parece importarle a ningún funcionario, en el que están convencidos que con la pura inercia del gobierno de AMLO es suficiente para que a Chiapas le vaya bien. No se han dado cuenta, que México sólo puede reducir las condiciones de pobreza si tiene un crecimiento del 7% sostenido durante varios años, pero en Chiapas el crecimiento debe ser superior del 9%, situación que resulta prácticamente imposible de alcanzar, y se corre el riesgo de mantener tasas de crecimiento negativos como existe actualmente, lo que puede incrementar el porcentaje de la población en pobreza extrema.

En este sentido el futuro de Chiapas es poco halagüeño. Lo preocupante es que la apuesta de distintos grupos y de un grueso de funcionarios es la de mantener los intereses y ambiciones  personales aunque eso ocasione de que se incendie la entidad.

En los nueve meses transcurridos de la administración de la 4T en Chiapas, no existe ninguna diferencia con los gobiernos que lo precedieron, lo que significa que continúan en la entidad 13 años de acciones equivocadas.

Suscribete a través de nuestro servicio de suscripción de correo electrónico gratuito para recibir notificaciones cuando hay nueva información disponible.