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Wed, Sep
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El gobierno de Rutilio Escandón necesita oxigenarse urgentemente. A su agobio financiero, la pandemia y crisis de gobernabilidad, se sumaron otros problemas, la inseguridad, la opacidad y la falta de credibilidad, situación que complica en demasía las posibilidades del gobernador, para dar respuesta a las demandas y necesidades de la población chiapaneca.

Chiapas, de años atrás, viene arrastrando muchos problemas de gobernabilidad, que se acentuaron en la actual administración debido a la inacción política que prevalece en las oficinas públicas. Lo delicado de esta situación, es que una mal empleada política de austeridad, viene generando violencia en muchas comunidades, lo que ha provocado enfrentamientos con muertos y heridos, desplazamientos forzados, asesinatos extrajudiciales de defensores de derechos humanos y todo un clima de inseguridad, que hace poco recomendable el tránsito nocturno en las carreteras, sin  que haya una mínima respuesta gubernamental de mejora de las condiciones de bienestar, lo que significa que los problemas de violencia y de inseguridad continuarán a la alza.

¿Cómo hacer frente a esta difícil situación? Uno, a través de un manejo diferente de una política eficaz y, otra, con la aplicación irrestricta de la ley; lo que permitiría construir nuevos acuerdos políticos y sancionar conductas y delitos que hoy, por los niveles de impunidad, están siendo permitidas.

De continuar con esta dinámica de problemas de gobernabilidad, dificultades económicas con inseguridad, todo estará perdido para Chiapas, pues las actividades productivas sufren una terrible parálisis, que cada vez hace menos rentable la producción agrícola y se corre el riesgo que el campo se quede sin condiciones posibles para su reactivación. Por eso Chiapas requiere urgentemente de oxigeno y una cirugía mayor. Pero el gobernador no percibe esta situación y tiene puesta la mirada en otro punto de la realidad y permanece convencido que viene realizando un buen gobierno, aunque no hay ninguna obra relevante para presumir y ya se realizó un gasto superior a los 150 mil millones de pesos del presupuesto sin resultado alguno. Esto significa que probablemente el gobernador no es-cucha a nadie y menos a quienes le pueden comentar los graves problemas que hay en Chiapas.

Bajo estas circunstancias el futuro inmediato es poco halagüeño para Chiapas, sobre todo porque existe una combinación fatal de violencia, inseguridad, desempleo, pobreza, inacción política y una delincuencia organizada que cada vez se posiciona más en distintos territorios de la entidad, en donde los cuerpos policiales se le subordinan e incluso colaboran con ella a la vista de la población. Todo esto viene prefigurando un escenario difícil para Chiapas que hace prever un nuevo estallido social, sin que esto genere la mínima preocupación del gobernador, que como los anteriores gobernadores ya aprendió a caminar sin tocar el piso.

 

 

 

 

En Chiapas la operación política en Chiapas no está funcionando y esto se debe a que existe una visión clientelar en el trabajo de los funcionarios y no una visión de Estado, que construya mejor sociedad o una preocupación real por mejorar las condiciones de gobernabilidad y atender las demandas de la población, sin que esto conlleve a un beneficio electoral o a construir redes de complicidad para la obtención del voto. En este sentido, Ismael Brito no está trabajando para ser secretario de gobierno sino para obtener beneficios electorales en el futuro y lo mismo hace Jorge Luis Llaven, el fiscal del Estado, quien organiza mesas de seguridad por todos los municipios para promocionar su imagen pública, en donde ambos funcionarios deben ser renunciados, simplemente porque dejaron de ser útiles al anteponer sus ambiciones electorales sobre el interés público de gobernar.

Por estas prácticas de utilizar el servicio público para promocionar la imagen personal, con la clara complicidad del gobernador Rutilio Escandón, quien ha sido incapaz de formar un gabinete que responda a los intereses de Chiapas, la administración actual se convirtió en una continuidad de los anteriores gobiernos  que mucho daño le provocaron a la entidad y con su actuación ineficaz y de atención a los problemas a las demandas de la población, se está traicionando a los chiapanecos, que confiaron y votaron por un gobierno que prometió ser diferente y que está convertido en lo mismo que tanto se ha criticado.

El peor síntoma que manifiesta la actual administración es la de gobernar con la mano de la fiscalía, lo que significa la incapacidad del diálogo y la construcción de acuerdos, en donde se privilegia la represión y la violación a derechos humanos. Lo lamentable es que la fiscalía se caracteriza por sus prácticas de tortura, la invención de delitos y la fabricación de pruebas, que violenta sistemáticamente los derechos humanos; situación que con-firma que la cuarta transformación en Chiapas es una mentira.

Faltan más de nueve meses para las elecciones de julio del 2021, y todo el aparato público está volcado sobre ese propósito electoral, olvidando que las prioridades en este momento son salvar vidas, reducir los contagios y tomar medidas preventivas para evitar nuevos brotes del COVID 19. Cada día que pase sin que se tomen las medidas preventivas y de protección para evitar los contagios y los fallecimientos en la población, el gobernador y sus funcionarios están incurriendo en omisiones y pueden ser llevados a los tribuna-les, sobre todo por la campaña de falsedades emprendidas por esta administración sobre el control del virus y los contagios, cuando en realidad lo que sucede es que la población se viene auto-medicinando y no está acudiendo a los servicios públicos de salud, por la desconfianza que hay.

El panorama no es nada halagüeño para la sociedad chiapaneca, que vive una terrible crisis eco-nómica, de gobernabilidad, de transparencia, de inseguridad pública y en el peor momento, se tiene un gobernador lleno de indiferencia, que se mantiene ciego, sordo, mudo y paralítico, ante los graves problemas que aquejan a la población.

 

 

El gobierno de Rutilio Escandón está metido en una severa crisis de credibilidad, de transparencia, de gobernabilidad, de desconfianza a las acciones en contra de la crisis sanitaria y de inseguridad pública, pero no parece advertir la magnitud de esta crisis y mucho me-nos las posibles consecuencias de la inacción política que caracteriza a esta administración, y ahora, en lugar de apostar a un funcionamiento eficaz de la administración pública se promueven linchamientos y se filtran situaciones de conspiraciones y supuestos ataques desestabilizadores en contra del gobernador.

En México la cultura política se ha desarrollado a través de la invención de enemigos. Eso es lo que viene sucediendo en Chiapas, en donde resulta más fácil inventar enemigos e imaginar conspiraciones políticas que reconocer los yerros que a diario se cometen por las autoridades y que son la causa central de las protestas y la ingobernabilidad que se viene padeciendo.

Los principales problemas de la administración de Escandón Cadenas no se debe a los que considera sus enemigos encubiertos sino a la ausencia de gabinete, la falta de proyectos y el descuido en el manejo de una agenda política. A esto se le agrega el desconocimiento que se tiene de la multiplicidad de problemas en la entidad, en el que se entrelazan problemas estructurales, como el de la pobreza, con problemas históricos, como el fracaso y desinterés de la clase política para modificar la estructura social en Chiapas, anclada en el pasado, con problemas coyunturales provocados por la distribución y manejo del presupuesto, que es la causa de los conflictos en Bochil, Simojovel, El Bosque y San Juan Chamula.

Hay que decirlo, el discurso de la confabulación es una distracción creada desde el palacio de gobierno, con el fin de ocultar su propia ineficacia e inventar enemigos para así justificar los ataques mediáticos hacia otros actores de la entidad, con la colaboración de la prensa y el manejo de las redes sociales, que reproducen los boletines y las consignas del palacio de gobierno.

La gobernabilidad en Chiapas está prendida con alfileres y no se observan visos que la situación mejore, simple y sencillamente debido a que no existe una agenda política en el gobierno y porque no existen programas y proyectos de inversión, fuera de los anunciados por el gobierno federal, lo que le resta a esta administración posibilidades de acuerdos y rumbo político, lo que realmente le impide impulsar los cambios que se requieren y pro-mover en los hechos la cacareada transformación que se convirtió en un discurso de ilusión sin resultados.

Los malos manejos políticos y económicos en la entidad tienen colapsado el funcionamiento de la administración, lo que provoca que se agudicen los problemas y se corre el riesgo del surgimiento de mayor violencia en varias comunidades, en donde el responsable directo sería el gobernador con su secretario de gobierno y el fiscal del Estado.

 

 

 

La preocupación de todo el aparato público en Chiapas está dirigida hacia al proceso electoral del año 2021, que redefinirá la política, el ejercicio del poder y la composición de los grupos que se van a disputar el gobierno del Estado en las elecciones del 2024, en la que desde ahora se percibe un pobre perfil de candidatos jugando con la camiseta del gobernador del Estado.

En este sentido, es preocupante que los funcionarios públicos que perciben un salario para atender y resolver las demandas de la población se distraigan y ocupen su tiempo en el futurismo político. Un ejemplo de ello se observa en el trabajo político que desarrolla el fiscal del Estado Jorge Luis Llaven, que busca la diputación federal en el Distrito de Villaflores y cuenta no solo con la complicidad del gobernador sino con el respaldo del presidente Mariano Rosales, quien en distintos momentos le ha preparado eventos para que el fiscal socialice con los electores del Distrito.

En las elecciones del 2021 el partido Morena se juega su futuro y no se percibe cómo pueda llegar a ganar las 13 diputaciones federales en disputa y la mayoría en el Congreso Local y en las presidencias municipales. La realidad es que ese partido no existe orgánicamente aunque toda su estrategia de campaña la va a desarrollar con la imagen del presidente de la república y con un discurso que busque convencer al electorado de que se requiere de su voto para respaldar el movimiento encabezado por el presidente.

A su vez, también en una realidad de que no existe una oposición que contrarreste las intenciones de fortalecimiento de Morena y no existen figuras ciudadanas con trabajo político que arrastre una intención del voto. Dicho en otras palabras, no hay opciones políticas que podrían garantizar una competencia electoral.

Sin embargo, por el futuro de la entidad que está en disputa, no se debe permitir que desde ahora se presente el manoseo político y el intervencionismo desde el palacio de gobierno, como ya se hizo con la aprobación de reformas electorales al vapor que condicionan las oportunidades políticas sobre todo de las candidaturas ciudadanas. Las experiencias políticas electorales en Chiapas han sido desastrosas en las últimas elecciones. La población se equivocó en el año 2006, en la que salió electo Juan Sabines Guerrero; se equivocó en el 2012, con Manuel Velasco Coello y se equivocó con Rutilio Escandón, quien no sabe, no quiere y no puede construir gobernanza en Chiapas, en donde la administración camina sin rumbo, sin programas de gobierno y sin gabinete, quienes están más preocupados en las elecciones del próximo año que en la toma de decisiones eficaces.

Las elecciones del 2021 representan un parteaguas, en donde se buscará derrotar a Morena, evidenciar los pobres resultados de un gobierno que se presenta de izquierda sin en verdad ser-lo, pero que también abre la posibilidad de mantener con vigencia política al partido verde, que resultó un desastre como gobierno, pero que mantiene en estos momentos la estructura electoral más aceitada en el escenario político.

 

El gobernador Rutilio Escandón ha repetido tantas veces la misma mentira sobre la crisis sanitaria en la entidad, que está convencido que esa mentira se convirtió en una verdad. No es cierto que el contagio en Chiapas esté bajo control. No es cierto que el número de fallecimientos esté a la baja. No es cierto que se haya diseñado una política de salud exitosa en el control de la verdad. No es cierto que las cínicas de salud se hayan abastecido de medicamentos y que los médicos hayan tenido el apoyo que se requería para atender con eficacia esta pandemia.

El gobernador de manera irresponsable cree que el combate al virus Covid 19 se hace por decreto, pero la historia de los contagios en Chiapas es muy distinta. Lo que aquí se hizo es falsear los reportes médicos, en donde solo se reportaban los contagios y los falle-cimientos en las clínicas dependientes del sector salud en el Estado, y se excluyeron los datos del IMSS y del ISSSTE, por eso no coinciden los datos que Chiapas reporta con los reportes nacionales del sector salud.

Además fueron recurrente las denuncias de cientos de enfermos que acudieron a las clínicas Covid sin que hayan sido atendidos y se les regresaba a casa; el argumento que se manejaba es que las clínicas eran para pacientes graves, pero muchos de esos pacientes que no fueron atendidos terminaron falleciendo en su casa. Inclusive está documentado el fallecimiento de personas afuera de las clínicas a quienes se les negó el ingreso hospitalario.

Mientras tanto, con la autorización del gobernador, se crearon en el ISSTECH, áreas especiales de atención para funcionarios públicos, familiares del gobernador y a recomen-dados políticos, estableciendo con ello una política discriminatoria en la atención de los servicios de salud y violando con ello el artículo 1º de la Constitución.

En los momentos más agudos del contagio, las clínicas Covid tenían disponibilidad de camas porque no se recibían a enfermos y luego, cuando se corrió el rumor de que los hospitalizados en esas clínicas fallecían, las personas decidieron automedicarse y se negaban a acudir a los hospitales públicos. Fueron miles de personas en la entidad que acudieron a médicos particulares para ser atendidos de la enfermedad y se popularizó el uso de la Ivermectina y la Azitromicina. Todas estas personas contagiadas que fueron atendidas por médicos particulares no aparecen en las estadísticas oficiales, como tampoco aparecen en las estadísticas los centenares de fallecidos en los hogares.

La disminución del contagio y de fallecimientos en las cifras oficiales en Chiapas fue ordenado por decreto, lo que produjo que las mentiras se oficializaron y se terminó institucionalizando el engaño. Por eso ahora que se anuncia el retorno de las clases de más de un millón de estudiantes en Chiapas, la alarma se encendió y algunos padres empiezan a señalar que prefieren que sus hijos pierdan el ciclo escolar a que se contagien con el re-brote de la enfermedad.

Los gobernantes suelen mentir de manera reiterada a la ciudadanía, pero hay mentiras que tienen consecuencias y afectaciones en el derecho a la vida, eso resulta imperdonable. De allí que la nueva normalidad en Chiapas, en la que se presume que la pandemia está bajo control, es un logro imaginario de un gobierno que no tiene resultados.

 

La administración de Rutilio Escandón ha hecho de la mentira una estrategia de gobierno. Miente cuando informa de los logros obtenidos en el combate al coronavirus y da cifras de reducción de contagios y fallecimientos. Estos datos alegres no corresponden con la realidad, lo grave es que esos reportes basados en mentiras pueden ocasionar daños y pérdidas de vidas si se da cumplimiento al retorno presencial de clases, tal y como fue señalado por el secretario de educación. Moctezuma Barragán y confirmado por el subsecretario de salud López Gatell.

De la misma manera los datos que se reportan sobre seguridad son desmentidos con noticias diarios de asaltos, lesiones y asesinatos, como sucede en el caso del médico encontrado sin vida el día de ayer, adentro de un tinaco, lo que refleja el clima de inseguridad que prevalece en Chiapas, pero que se oculta y se maquilla solo para alcanzar logros que la ciudadanía no cree debido a que vive una realidad distinta a la que pretende construir Rutilio Escandón y sus colaboradores, que no dudan en manipular situaciones, in-ventar historias y fabricar pruebas para inculpar a inocentes.

El retorno a clases como se anunció el día de ayer va a resultar la gota que derrame el vaso, ante tanta incapacidad de gobierno, que recurre a la información falsa para alcanzar méritos que no tiene, pues difícilmente los padres de familia y los maestros atenderán ese retorno a clases por las implicaciones y los riesgos de un rebrote de la enfermedad anunciada para el mes de octubre, tiempo en el que se pretende reinicien las clases presenciales.

En este sentido, a nadie debe de sorprender si los médicos vuelven a salir a la calle a protestar en contra de la inseguridad y a exigir justicia, en virtud de que uno de los suyos fue brutalmente asesinado; hecho que no puede quedar impune, pero que, por experiencias propias, en el gremio médico saben muy bien que en la fiscalía se fabrican pruebas y que no existe el mínimo espíritu de justicia.

Las mentiras del gobierno regresan como un boomerang, que amenaza golpear el centro neurálgico de la invención y manipulación política, quien tendrá que salir a reconocer que hay una imposibilidad del regreso a clases en la entidad. De no hacerlo tendrá que afrontar el malestar de los padres de familia y la protesta de los maestros, que saben muy bien de las mentiras oficiales y que han vivido en carne propias las bajas de los maestros ocasionadas por el coronavirus.

Asimismo, el acto criminal que quitó la vida del médico no debe quedar impune y desde ahora resulta inaceptable que la fiscalía vaya a llegar a conclusiones irresponsables, como suele hacerlo, y concluya que es un crimen pasional o en la locura institucional construya una historia de que fue un suicidio asistido.

 

 

 

 

 

¿Por qué hay tantas protestas sociales en Chiapas y por qué muchas de estas protestas vienen acompañadas de la violencia? En realidad no hay una única respuesta para estas interrogantes, en virtud de que en la entidad son muchas décadas de incumplimiento en la satisfacción de derechos sociales, económicos y políticos. Durante muchos años el gobierno instituyó una cultura de la dádiva en lugar de mejorar las condiciones sociales de la población, a quienes se les confinó a vivir de las ayudas sociales. Son miles de millones de pesos destinados en las últimas décadas para programas sociales, aparentemente invertidos en Chiapas, que fueron derrochados mientras la pobreza y la desigualdad social en la población crecía.

En las comunidades chiapanecas existen cientos de miles de jóvenes a quienes se les ha robado el futuro, que no tienen formas de emplearse ni posibilidades de dotación de tierras en sus comunidades, que han crecido con un resentimiento social y a quienes se les impone como opción el camino de la migración.

En Chiapas en los últimos gobiernos existió despilfarro y desvío presupuestal sin que a la fecha existan responsables y sin que se haya sancionado a algún funcionario. Y ahora, en esta administración vienen tomando decisiones un conjunto de funcionarios que no han demostrado que tengan competencias ni conocimiento y mucho menos sensibilidad y que en lo que va de la administración de Rutilio Escandón se ha ejercido un presupuesto superior a los 150 mil millones de pesos, sin que se sepa en dónde y en qué se invirtieron esos recursos, cuando el principal problema de la entidad es la falta de circulante que tiene semiparalizada todas las actividades productivas de la entidad y sin que se hayan tomado las previsiones necesarias para enfrentar los daños económicos provocados por la crisis sanitaria.

La difícil situación social que se está viviendo obliga a una convocatoria hacia una reflexión colectiva para definir los nuevos rumbos de Chiapas, con el fin de mejorar la convivencia y las condiciones de vida de la población, pero esta convocatoria no significa un falso discurso de unidad chiapaneca, pues se debe de respetar la pluralidad política y re-chazar todo tipo de manifestación de sumisión y/o de entreguismo como recurrentemente lo han hecho los partidos políticos y un grupo de empresarios en los distintos gobiernos de la entidad.

Chiapas presenta un rostro de violencia, pobreza, abandono e inseguridad, y esto es a lo que debieran de apostar las autoridades, a superar las carencias y a construir nuevas estrategias que permitan atender y superar los problemas y a ejercer con eficacia el presupuesto, en el que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas. Pero el gobernador no entiende de estos tipos de pacto y está convencido en que viene realizando un buen gobierno, aunque no existe un solo indicador económico o social que valide su dicho. Lo peor de todo es que esta administración ha hecho de la mentira y de los reportes falsos, la mejor estrategia de gobierno, y esto imposibilita construir acuerdos, debido a que es un gobierno sin credibilidad y sin compromiso social.

 

 

El mayor error del gobierno en Chiapas ha sido el de mantener el discurso de la austeridad, pues con ello solo ocasionó justificar la ausencia de inversión pública, aún y cuando el gasto del ejercicio presupuestal del año 2019 fue superior a los 91 mil millones de pesos y en este año se reporta un ejercicio mayor a los 60 mil millones de pesos, sin que haya una obra de infraestructura relevante que justifique el exagerado gasto reportado en la entidad.

El dinero no se nota en la administración de Rutilio Escandón y tampoco se atienden los graves y profundos problemas estructurales que tiene Chiapas. Paradójicamente es la entidad con menos crecimiento económico en el país; por décadas ha venido padeciendo problemas de gobernabilidad; tiene una alta deuda pública; hay una crisis por la inseguridad; padece un ineficaz ejercicio de gasto público; existen graves deficiencias en la impartición de justicia, se tienen los índices de pobreza más alto del país, en donde el 78% de la población vive en la pobreza y la pobreza extrema y además la crisis sanitaria provocada por el Covid 19 se enfrenta con mentiras y de manera irresponsable.

Lo incomprensible es que pese a la gravedad de cada uno de estas problemáticas seña-ladas, esto no parece tener importancia para el gobernador y sus funcionarios, que mantienen la misma indiferencia y frivolidad que los gobiernos anteriores y construyen un discurso ficción en el que repiten que todo está bien, mientras la entidad se convulsiona y provoca que todas las actividades económicas se encuentren bajo riesgo.

El municipio de Tila está convertido en un polvorín y no se perciben acciones del gobierno para atender los problemas de fondo, en el que se envían los cuerpos de seguridad, pero no hay una operación política adecuada para el retorno a la legalidad y eso no tiene nada que ver con la represión y el restablecimiento del orden social sino con el cumplimiento de la sentencia 1310/2010 de fecha 12 de septiembre del 2018, de la Suprema Corte de Justicia, que ratificó la devolución de las tierras expropiadas al ejido de Tila, que son precisamente en donde está construido la mayor parte del poblado, en la que el gobernador, el Congreso Local y el ayuntamiento de Tila se encuentran en desacato.

Pero Tila no es el único conflicto que hay en este momento en Chiapas. Persisten los problemas entre el municipio de Aldama con el de Chenalhó, y un elemento que no se puede perder de vista es que tanto en Tila como en Aldama, existen grupos de base zapatista. A su vez, continúa sin resolver el diferendo entre pobladores de San Juan Chamula, quienes desde hace un año desconocieron al presidente municipal y en asamblea popular nombraron a un Concejo municipal, que finalmente no es reconocido por el Congreso Local, pese al manoseo del que han sido objetos por el secretario de gobierno.

La situación en Chiapas es delicada, pero nada de esto parce importarle al gobernador, quien se encuentra sustraído de la realidad y que camina sin tocar el piso.

 

 

 

En la entidad se ha generalizado una idea equivocada sobre el orden social, en el que se piensa que la violencia del Estado provocada por el uso de la fuerza pública o a la Guardia nacional restablece el Estado de derecho y las libertades de la población; cuando en realidad sucede todo lo contrario, se generalizan violaciones a derechos humanos y con ello se pierde de vista en que son las políticas erróneas del Estado y la actitud de malos funcionarios los que provocan la protesta y la movilización para exigir el cumplimiento de las de-mandas ciudadanas. De allí que el uso de la fuerza pública para disolver las protestas sean un indicativo de la falta de capacidad política, en el que no existe voluntad en las autoridades para construir acuerdos; en el que siempre es más fácil reprimir que construir gobierno y democracia.

En Chiapas el exceso de protestas se debe en mucho al incumplimiento del gobierno en sus responsabilidades y a la frivolidad de los gobernantes. Si bien es cierto que también existen líderes que han hecho un negocio de la protesta, esto hay que decirlo, es responsabilidad exclusiva del propio Estado, que fomenta y práctica la ilegalidad y la corrupción con líderes venales, situación que no debe servir de pretexto para desacreditar por igual a todas las movilizaciones o a todos los liderazgos.

En el caso particular de Tila, un grupo identificado por promover la violencia paramilitar en la región, en los meses posteriores al levantamiento zapatista de 1994, y a quien el Estado le permitió gobernar en distintos momentos ese municipio, ya sea con las siglas del PRI o por las siglas de la peor versión del PRI que es el partido verde, ahora se presenta en el palacio de gobierno y acude a instancias del gobierno federal, a exigir el restablecimiento del Estado de derecho y a solicitar la intervención de la Guardia Nacional para garantizar la paz social en el municipio y con ello buscan posicionar una versión falsa de la problemática en Tila, que obviamente no corresponde con la realidad y en donde ellos aparecen como las víctimas.

Paradójicamente, los dos grupos en pugna exigen el cumplimiento de la ley, unos, engañados por la versión de los residuos de este grupo paramilitar, que exige la intervención de la Guardia Nacional con el interés de recuperar el dominio del espacio territorial de la cabecera municipal, para luego ganar de nuevo la presidencia municipal; y, los otros, que son los ejidatarios, le exigen al Estado la ejecución de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 12 de septiembre del 2018, que implica la devolución de las tierras al Ejido, que en 1980 le fueron expropiadas a través de un decreto que fue considerado inconstitucional en todas las instancias judiciales del país, tierras en las que está construido actualmente la mayor parte del poblado de Tila, situación que implica desalojar e indemnizar a los pobladores de sus propiedades, en la que ningún funcionario quiere correr con los riesgos políticos que esta acción representa.

Tila vive una situación de compás de espera, en donde la administración de Rutilio Escandón no sabe qué hacer, y se está dejando correr el tiempo, con los riesgos de una mayor violencia, en donde los culpables de esta violencia es ya el propio gobierno de Chiapas, en virtud de que la razón jurídica la tiene el Ejido de Tila, misma que le fue concedida en sentencia por la Suprema Corte de Justicia.

 

 

Los desatinos de una administración estatal, que aún no aprende cómo se debe de gobernar, convirtió nuevamente a Chiapas en noticia nacional, debido a los graves sucesos en la cabecera del municipio de Tila, en el que las autoridades municipales, estatales y el Congreso Local son los verdaderos responsables de los lamentables incidentes que ocasionó muertos y heridos.

La imagen que circula en las redes sociales del secretario de gobierno comiendo en un restaurant en San Cristóbal de Las Casas con el fiscal del Estado, muestran el nivel de in-diferencia que prevalece en los funcionarios, en donde pareciera que no hay nada de que preocuparse. Y así lo manifiesta convencido Rutilio Escandón de que están haciendo bien las cosas, ignorando por completo el número de muertos provocados por la irresponsabilidad y la falta de oficio político de los dos funcionarios señalados, que sin preocupación alguna disfrutaron de la comida después de la gira en la que acompañaron al gobernador a SCLC.

Esta indiferencia ante el número de muertos y la prevalencia de problemas sin atender en Tila, contrastan con el manejo de medios nacionales así como en la mañanera presidencial,  que obliga a ejecutar la sentencia 1310/2010 de fecha 12 de septiembre del 2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratifica la inconstitucionalidad del decreto 72, que dio origen a la expropiación de tierras del Ejido de Tila, que se utilizaron como predios urbanos que sirvió para el crecimiento urbano de la ciudad y que resolvió sobre la inejecución de la sentencia, en la que consideró que no existían en autos del juicio de amparo no existen elementos para determinar la imposibilidad (material o jurídica) para cumplir con la sentencia de amparo.

Esta sentencia fue notificada a Chiapas en el gobierno de Manuel Velasco Coello, en la que se lavaron las manos, como en la mayoría de los asuntos políticos, y dejaron el problema a la nueva administración que iniciaría sus funciones tres meses después. Pero de este conflicto tenía pleno conocimiento Rutilio Escandón, quien se desempeñó como presidente del tribunal de justicia en Chiapas en la administración anterior, y obviamente el problema de la inejecución de sentencia siempre fue un asunto pendiente delicado, en la que inclusive ni la propia Corte quería abordar, por no existir argumentos jurídicos para evitar el cumplimiento de la sentencia, que simple y llanamente significa devolver el pre-dio a sus legítimos propietarios que son el Ejido de Tila.

Sorprende que en la mañanera presidencial este asunto se haya abordado con total desconocimiento del problema, tanto por la reportera que planteó el asunto, como por el presidente López Obrador, que terminó señalando ridiculeces, y no las complicaciones que representan el cumplir o incumplir la sentencia de amparo, en el que el cumplimiento de la legalidad está detenida por problemas políticos, lo que implica la inaplicación del Estado de derecho, al que con mucho énfasis el fiscal del Estado suele recurrir en sus boletines, debido a que la legalidad jamás debe de depender de cuestiones políticas.

 

 

 

La violencia que existe en estos momentos en Tila no ha sido cabalmente entendida por el gobernador, Rutilio Escandón, ni por sus colaboradores, que vienen dando golpes de ciego, lo que no les permite identificar la gravedad de los acontecimientos.

En Chiapas la legalidad ha estado subordinada a las condiciones políticas. Por eso la impartición de justicia representa el mayor de los problemas en la entidad, sin que ello signifique que se desestimen las condiciones de pobreza ni la desigualdad social. Por esta ausencia de legalidad, en el gobierno no acaban de entender lo que pasa en Tila, y este asunto se agravó, en virtud de que el 12 de septiembre de 2012, la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un incidente de no inejecución de sentencia, del año 2008, que resolvió la inconstitucionalidad de un decreto de expropiación de tierras perteneciente al Ejido de Tila, realizado durante el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez.

En este sentido, el único camino posible en el marco de la ley es el cumplimiento de la sentencia y la devolución de las tierras al auténtico dueño que es el Ejido de Tila, el in-cumplimiento de esta sentencia implica que el gobernador del Estado, el Congreso Local y el Ayuntamiento de Tila puede llegar a ser destituido.

El cumplimiento de la sentencia representa un problema político, debido a que más de la mitad del poblado de Tila está construido en las tierras que se tienen que devolver al Ejido. De allí que el cumplimiento de la ejecutoria represente indemnizar a todos los afectados a quienes se les vendieron lotes como terrenos urbanos de manera ilegal. Dicho en otros términos, gran parte de la construcción del poblado de Tila pertenece al Ejido y si el Ejido no quiere vender esas tierras, como en efecto no quiere, el Estado tendrá que hacer todo a su alcance para que los habitantes del poblado que construyeron dentro del terreno perteneciente al Ejido lo abandonen.

Por eso resulta irracional los comentarios del fiscal general del estado, publicados en un boletín del gobierno, cuando afirma: “Los Hechos violentos en Tila se investigan con transparencia, objetividad y imparcialidad”, sobre todo, porque lo único que se tiene que aclarar es por qué no se le ha dado cabal cumplimiento a la ejecución de la sentencia, lo que implica que el gobernador del Estado y todos los diputados locales se encuentran en la situación de ser sancionados y destituidos de sus cargos.

El Congreso Local, asesorados por alguien, en enero del 2019, emitió el Decreto 132, en el que deja insubsistente el Decreto número 72, de fecha 29 de Julio de 1980, mediante el cual dio origen a la expropiación de las tierras del Ejido de Tila, declarado inconstitucional en la sentencia del juzgado de Distrito del año 2008. Al quedar insubsistente el Decreto 72, automáticamente se anulan los derechos de quienes, de manera fraudulenta, les fueron vendidos los predios urbanos en la cabecera de Tila.

La orden de enviar a la Guardia nacional al municipio de Tila representa un peligro para la seguridad nacional, pues de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia los propietarios del casco urbano son los ejidatarios, que ante la inacción del gobierno de Chiapas, sobre la base de los hechos, han buscado recuperar lo que legalmente les corresponde.

Al imponer el carácter político sobre la legalidad amplía los márgenes del conflicto y pone en riesgo la permanencia del gobernador y de los diputados locales que pueden ser separados de su cargo por el incumplimiento de la sentencia.

 

 

 

 

Real del Bosque es la unidad habitacional más grande en Chiapas, con cerca de ocho mil viviendas y una población superior a los 30 mil habitantes, que ahora representan el capi-tal político determinante para ganar las elecciones en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, lo que condujo al presidente municipal a manejar una gran mentira este fin de semana, que equivale a un fraude, al hacer creer que su administración, con la ayuda del gobernador, había resuelto el problema añejo del agua potable en esa unidad.

El fraccionamiento Real del Bosque es producto de un fraude cometido por la empresa inmobiliaria Homex, que construyó la unidad de departamentos Real del Bosque y la unidad de casa-habitacional Bonanza, en un predio de 16 hectáreas, que no contaba con el ramal municipal de agua potable y drenaje. Esta empresa se declaró en quiebra y dejó in-conclusa la construcción de la unidad, pero bajo entuertos y acuerdos ilícitos con el municipio de Tuxtla, obtuvo la licencia de comercialización y se dio el poblamiento de la misma sin los servicios urbanos de agua potable y drenaje.

Dentro de las concesiones que obtuvo HOMEX para la construcción de estos fraccionamientos, la Comisión Nacional del Agua le autorizó la explotación de dos pozos de agua y una planta de tratamiento de aguas residuales, que fueron utilizadas en los primeros años por los condóminos para abastecer las necesidades de agua, pero con la quiebra de la empresa constructora los pozos y la planta tratadora de aguas residuales dejaron de tener mantenimiento, lo que produjo la contaminación de los pozos con heces fecales y los habitantes de los fraccionamientos empezaron a tener problemas por el servicio.

Para ese momento, los condóminos habían perdido la posibilidad de demandar por fraude a la empresa constructora, pues ese delito había prescrito, y la única posibilidad real de emprender un litigio en contra del municipio por autorizar la construcción y luego la comercialización sin servicios urbanos era a través de una demanda por violación a los derechos humanos, pues estos tipos de violaciones son imprescriptibles.

El litigio integral por la defensa de los derechos humanos de algunos condóminos inició en septiembre del 2015 y en  julio del 2017 la Comisión Estatal de Derechos Huma-nos emite una recomendación por violación de derechos humanos al municipio y dos se-manas después en agosto del 2017, el Segundo Juzgado de Distrito emite una sentencia en donde se condena al municipio y a la empresa SMAPA, a construir en el término de seis meses el ramal de agua potable y drenaje para garantizar la conexión de la red interna del fraccionamiento a la red municipal. SMAPA recurrió esta sentencia al Tribunal Colegiado, quien cuatro meses resuelve rechazando el recurso y ratificando la sentencia del juzgado, que obligaba al ayuntamiento municipal a realizar la obra en seis meses. Para ese momento Fernando Castellanos Cal y Mayor estaba en vías de solicitar licencia para con-tender a la gubernatura por lo que incumplió la sentencia judicial.

Fue a la administración de Carlos Morales a quien le tocó atender el juicio de inejecución de sentencia en donde el colegiado, en una resolución sin sustento legal, con el fin de evitar una sentencia de disolución del cabildo, aceptó el compromiso de la presidencia de que iba a construir el ramal.

Para ese momento la administración municipal no contaba con los recursos para la realización de la obra y estableció un convenio con una inmobiliaria de otorgar licencias de construcción para la construcción de viviendas a cambio de que ellos construyeran el ramal para conectar con agua y drenaje a los fraccionamientos Real del Bosque y Bonanza. Con este convenio resulta claro que se prefigura el delito de tráfico de influencia y un manejo indebido de la administración pública municipal, pero a su vez existe el engaño político al querer sacar provecho y beneficio al presentarse como una autoridad que resolvió un problema añejo, ocultando que la obra se realizó como cumplimiento a una sentencia judicial, en la que paradójicamente el Juzgado Segundo de Distrito, en 18 ocasiones ha requerido a la autoridad municipal el cumplimiento de la sentencia y en la que apenas el 9 de septiembre el juzgado le notificó a la autoridad responsable que se encuentra en vías de dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

Carlos Morales en aras de sus ambiciones políticas y mantener viva la posibilidad de la reelección violó el derecho humano a conocer la verdad, pero además incurrió en un posible acto anticipado de campaña, que debe ser investigado y sancionado por el IEPC, pe-ro en este probable acto anticipado de campaña involucró al gobernador del Estado, quien en su mensaje, cargado de ignorancia de la situación jurídica que prevalece, realizó comentarios de elogios a la administración de Carlos Morales, que lo involucra como partícipe en posibles actos anticipados de campaña.

Toda esta información se hará publica en una rueda de prensa el martes 15 a las 11 de la mañana, en las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien a su vez, su presidente, Juan José Zepeda Bermúdez, se encuentra involucrado en violaciones al debido proceso en este mismo caso, al no dar cumplimiento a su propia recomendación, que obliga al ayuntamiento de Tuxtla a presentar una disculpa pública a los habitantes del fraccionamiento Real del Bosque y de Bonanza.

 

 

Distintas estadísticas y sondeos de opinión muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación vaya a cambiar, lo que evidencia que no se viene gobernando. En un breve recuento se puede observar que las actividades económicas están paralizadas; el PIB presenta cinco trimestres de decrecimiento; no hay crecimiento en el empleo; la inversión pública está estancada; el nivel de aprobación del gobernante aparece siempre reprobado; los problemas de gobernabilidad son permanentes y son muchos municipios en donde han existido situaciones de violencia; la inseguridad se apoderó de las calles a pesar de los informes engañosos; la crisis sanitaria continúa provocando varios fallecimientos diarios aunque haya un discurso triunfalista del gobierno que manifiesta que el coronavirus está derrotado en Chiapas; sin embargo, el mayor pesar de la sociedad chiapaneca se encuentra en el funcionamiento en la secretaría de gobierno y en el desempeño de la fiscalía del Estado, que no están a la altura de las necesidades que prevalecen en el Estado, que actúan uno con indolencia y el otro se caracteriza por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes.

El gobierno de Chiapas vive dos realidades, una la de la ficción del gobernador, que está convencido de que realiza un buen papel y en la que pronto sus colaboradores le van a empezar a hablar al oído de que puede ser llamado al gabinete, como ha sucedido anteriormente con otros gobernadores; y la otra realidad es la que se vive todos los días en el exterior del palacio, en los hogares de la población chiapaneca, que padece todos los días las inoperancias del gobierno y que ahora tiene que consumir la información llena de mentiras de acciones y resultados inexistentes de un gobernador, que terminó convertido en la peor calamidad para Chiapas.

El proyecto de vida de la mayor parte de la población en la entidad está en riesgo, debido a la crisis sanitaria y a la crisis económica, que en Chiapas está combinada con una crisis social y con graves problemas de gobernabilidad, que representan una amenaza para la seguridad nacional del país, sin que el gobernador se de cuenta de ello.

Algo que no se debe perder de vista es la decisión política del gobierno de Guatemala de abrir sus fronteras, lo que va a ocasionar nuevas olas de migración masiva de población centroamericana, que va a romper el cerco militar que México impuso en la frontera sur, para proteger los intereses del gobierno norteamericano, y que va a afectar el ya de por si frágil equilibrio en los municipios fronterizos, con los riesgos de un rebrote del coronavirus en estas poblaciones.

Lo ridículo del gobierno en Chiapas es que no puede resolver un problema simple como el generado por Juan Shilón en San Juan Chamula, qué va a suceder en las siguientes semanas cuando los problemas locales se acrecienten y se conjuguen con los problemas que se van a provocar con la apertura de la frontera con Guatemala, en donde parece obvio que el gobernador Rutilio Escandón desconoce lo que está sucediendo y sus colabora-dores no le están informando adecuadamente, o bien la secretaría de gobierno y la fiscalía general le están engañando.

Lo que sí es una realidad, es que Chiapas requiere de funcionarios que abandonen su frivolidad, ignorancia, rapacidad e indiferencia ante la multitud de problemas que le aquejan y se decidan a constituir a la voz de ya un gobierno que de resultados.

 

 

Anoche la noticia que se difundía profusamente en las redes sociales era el clima de inseguridad en San Cristóbal de Las Casas, ocasionado por un grupo de pobladores de San Juan Chamula que exigían la liberación de Juan Shilón, autonombrado presidente del Concejo municipal, apresado horas antes por la elementos de la fiscalía del Estado.

Hace un año se vivió una situación similar con ese grupo, que en asamblea comunal destituyó al presidente municipal y designó a Juan Shilón como presidente, la inoperancia del gobierno y el manoseo que se realizó en las negociaciones que se tuvieron terminó provocando que los seguidores de Shilón incendiaran el palacio municipal de San Juan Chamula, que produjo la detención en el cereso del Amate de este dirigente Chamula.

La respuesta de los seguidores de Shilón fue el secuestro de cuatro funcionarios muni-cipales y pusieron como condición la liberación de los mismos a cambio de la liberación de Juan Shilón, petición que irresponsablemente fue cumplida por el gobierno de Chia-pas.

En esa ocasión en esta misma página se escribió: “Con la liberación del que se nombra presidente del consejo municipal de San Juan Chamula, los actos de violencia de las últimas semanas en esa localidad quedarán impunes, pues nadie va a ser sancionado por el incendio del palacio municipal ni nadie va a ser responsable de los daños ocasionados por la quema de  vehículos ni por la retención ilegal de autoridades municipales.

Las negociaciones a las que haya llegado la secretaría de gobierno y la fiscalía del estado no tienen nada que ver con una política que construya acuerdos de paz y no violencia en San Juan Chamula, que es el programa que debiera impulsar, pues el fondo del problema en esa localidad persiste y sólo se postergó su desenlace. Lo extremo de esta situación es que las autoridades terminan negociando la violación del estricto cumplimiento de la ley y con ello se continúan reproduciendo los patrones de impunidad y de deterioro institucional, que evidencia que el Estado no funciona en muchos de los municipios indígenas de la entidad”.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que no hay gobierno en Chiapas. Ahora, con los recientes acontecimientos, cada vez queda más claro que lo que no hay es Estado en la entidad, situación que es más grave todavía, porque no existen instituciones que contrarresten el clima de violencia que viene creciendo, y se corre el riesgo que todo se quiera resolver a través de las fuerzas de seguridad, lo que va a incrementar la violencia, las de-tenciones ilegales, las desapariciones, las ejecuciones y este gobierno, que presume haber llegado con el respaldo popular está totalmente deslegitimado y al borde del colapso.

Es un secreto a voces que en San Cristóbal de Las Casas se venden todo tipo de armas y municiones sin que ninguna autoridad intervenga para poner un alto a este tráfico, aún y cuando existen múltiples retenes policíacos y militares. Por ello no es gratuito que las organizaciones en las comunidades indígenas se encuentren fuertemente armadas y que hagan muestras de su armamento en acciones como la de ayer, en la que estuvieron disparando ráfagas por varios minutos en las afueras de CERRS 5, para exigir la liberación de Juan Shilón.

La historia se repite primero como tragedia y luego como farsa escribiría Karl Marx, y tal parece que esa profecía se cumplió en San Juan Chamula, en el que se demuestra la farsa del discurso del fiscal general a quien le gusta señalar que en Chiapas se aplica el Estado de derecho, que hay cero tolerancia, de que la ley en Chiapas se respeta y de que no habrá impunidad, cuando la realidad es otra muy distinta, debido a la debilidad que hay en el gobierno, que acostumbra a negociar y ceder para evitar problemas mayores, lo que hace prever, que Juan Shilón va a ser liberado bajo la presión armada de sus seguidores, lo que hará inevitable el reconocimiento que el secretario de gobierno, Ismael Brito, ni el fiscal general, Jorge Luis Llaven, son el tipo de funcionarios que Chiapas requiere en estos momentos.

 

 

 

 

 

Lo peor que le podía suceder a la administración de Rutilio Escandón es que los golpes bajos que se vienen dando el secretario de gobierno, Ismael Brito, con el fiscal general, Jorge Luis Llaven, pusieran en riesgo la gobernabilidad en el Estado, como se presume sucedió el pasado lunes, en donde desde la oficina del fiscal, se infiltraron provocadores en la marcha realizada por estudiantes rechazados de las escuelas normales y desde allí se instigó a la quema del conejo bus en la puerta del palacio de gobierno.

Los dos principales colaboradores del gobernador perdieron la institucionalidad y entre ellos se genera una disputa abierta y de golpes bajos por la sucesión de un cargo que aún no está vacante, y en el que ninguno de los dos funcionarios ha mostrado las competencias ni la visión para resolver los graves y añejos problemas de Chiapas. Lo que está pasando en la esfera cercana de Rutilio Escandón, es lo que coloquialmente se dice, que al dueño del circo le crecieron los enanos, situación que lo pone en la disyuntiva de prescindir de la colaboración de uno de ellos o de los dos, si no quiere ser arrastrado por las ambiciones desatadas entre sus propios colaboradores.

A Rutilio Escandón le quedó grande la responsabilidad de gobernar Chiapas, por eso las indecisiones, su frivolidad, la indiferencia y la ausencia de orden en su propio gabinete, que no solo no funciona sino que provoca conflictos y vulnera la frágil gobernabilidad que hay en la entidad, todo en aras de ambiciones personales y de prácticas de corrupción que prevalecen en esta administración, ya sea con la anuencia o con la complicidad del propio gobernador,  condición que desacredita el discurso anticorrupción que Rutilio Escandón se esfuerza en repetir , pero en el que cada vez se le cree menos, tal y como se re-fleja en la encuesta de probidad de los gobernadores en el que salió reprobado con un 4.65 de calificación.

El mayor daño que se le ocasiona a Chiapas con las indecisiones del gobernador, están en la negativa y lentitud para realizar los cambios que se requieren en el gabinete, en el que se toman muy pocas decisiones, en circunstancias en donde lo que se requiere es de eficacia en la atención y solución de las demandas y problemas de la población y de las organizaciones sociales.

La opinión pública ya no le es favorable al gobernador y con las indecisiones, la inacción política y las confrontaciones entre funcionarios de su gabinete están creadas las condiciones para el colapso de una administración que no rompió con las prácticas del pasado y que a la fecha no ha sido capaz de establecer un sello de identidad de gobierno, en el que quede lo suficientemente claro cual es el legado que pretende heredar a las nuevas generaciones y cómo quiere que se le vaya a recordar.

 

 

 

 

 

La manifestación con violencia de los jóvenes del día de ayer en el palacio de gobierno, que demandan la ampliación de la matrícula en la escuelas normales despertó el rechazo de ciertos sectores de la sociedad, que no están de acuerdo con el cierre de las vialidades ni con los actos que son considerados vandálicos.

El uso de la violencia no es quizá la mejor estrategia para sumar simpatías y respaldo social, pero también, hay que reconocer, es el camino que dejan a estos jóvenes las autori-dades que se mantienen indiferentes a cualquier reclamo y no resuelven las demandas de los grupos, ni aún con manifestaciones violentas como las que suceden con recurrencia en las calles de Tuxtla.

En Chiapas las autoridades no se dan por enteradas que cientos de miles de jóvenes se quedaron sin futuro. Que la actual administración no tiene ningún proyecto para los jó-venes que entre los 18 y los 25 años se quedaron sin educación superior, sin empleo, sin seguridad social, sin tierras para trabajar y sin ninguna estrategia gubernamental para ca-pacitarlos hacia el autoempleo. La ausencia de una política pública hacia los jóvenes está generando resentimiento social y prácticas de violencia en estos jóvenes, que no son escu-chados ni atendidos y a quienes se les están cancelando sus derechos económicos, sociales y culturales.

Esta falta de opciones para enfrentar el futuro la están sufriendo tanto los jóvenes de las ciudades como los jóvenes de las comunidades rurales e indígenas. El problema de una ausencia de proyecto de vida no es un asunto menor, y más si se analizan las condi-ciones de miseria en la que viven una inmensa de mayoría de estos jóvenes a las que el Es-tado no asume su papel de garante para “generar las condiciones de vida mínimas compa-tibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan”.

En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria, como es la condición de los jóvenes, especialmente a los pertenecientes a las comunidades indí-genas, a quienes el Estado les ha proporcionado una educación escolarizada pero no así una educación con calidad, lo que termina produciendo en ellos condiciones estructura-les de exclusión, en el que pueden ostentar un diploma de bachillerato o incluso de ingre-so a la universidad pero que carecen de competencias formativas que  los sitúa en condi-ción de desventaja frente a otros estudiantes con mejores condiciones para estudiar.

Estas carencias de formación es lo que pone a miles de jóvenes en desventaja frente a los exámenes de ingreso en cada ciclo escolar, y ese es el problema que no se ha querido atender o peor aún, que ignoran las autoridades en Chiapas, quienes ante un problema como el sucedido el día de ayer, recurren a la criminalización de los jóvenes y promueven el linchamiento en las redes sociales.

Sin duda, todo acto de violencia debe ser cuestionado venga de donde provenga, pero estos mi-les de jóvenes en la entidad, que se encuentran sin proyectos de vida tienen derechos y el Esta-do tiene la obligación de darles respuesta.

 

 

 

 

En diciembre del 2006, el que era el presidente de México, Felipe Calderón, le declaró la guerra al narcotráfico y sacó a los militares de los cuarteles para que realizaran funciones de seguridad pública. En esa lógica, el 25% de miembros del Ejército pasó a realizar fun-ciones de vigilancia policíaca, lo que vino a representar que casi 50 mil militares participa-ran en esos operativos y que se empezara a hablar de la militarización en el país.

La decisión presidencial de utilizar al ejército en funciones policíacas también fue acompañada por una redistribución presupuestal, en donde a las fuerzas armadas en el sexenio de Felipe Calderón se le duplicó el presupuesto. Para ser precisos, en el año 2006, último año de Vicente Fox, el presupuesto de las fuerzas armadas fue 37 mil 740 millones de pesos, para el año 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, las fuerzas armadas ejercie-ron un presupuesto de 74 mil 161 millones de pesos. Esta tendencia alzista del presupues-to a las fuerzas armadas continuó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se mantuvo la política de la guerra contra la delincuencia organizada y en el año del 2018, el presu-puesto asignado a las fuerzas armadas fue de 112 mil 327 millones de pesos. Con ese pre-supuesto era inevitable la militarización del país y prácticamente imposible retirar al ejér-cito de las calles, pues sobre la base de los hechos se creó un poder presupuestal en ma-nos de las fuerzas armadas, recursos que no son auditados.

Aún y cuando en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador manejó un discurso de que regresaría al Ejército a los cuarteles, esa promesa de campaña se incum-plió y peor aún, se creó la Guardia Civil, misma que está compuesta por miembros de las fuerzas armadas y el presupuesto del 2019 para este sector, en el primer año de gobierno de AMLO, ascendió a 123 mil 253 millones de pesos.

En todos estos años el presupuesto ha sido creciente para las fuerzas armadas, en el que también existe el negocio en la compra de armas, municiones, equipamiento, vehícu-los y alimentación. Las fuerzas armadas llevan más de doce años de empoderamiento pre-supuestal y militar, pero los resultados en el combate a la delincuencia organizada no han sido ni siquiera medianamente satisfactorios y hay antecedentes claros e irrefutables de que esta política de combate a la delincuencia ha resultado un fracaso.

Pese a ello, el gobierno de López Obrado continúa con la misma tendencia, pero se le aderezó la mofa del discurso de abrazos no balazos y pretende dar un toque humanista al combate a la delincuencia organizada y de manera inexplicable se le asignó a las fuerzas armadas un presupuesto en el año 2020 de 187 mil 737 millones de pesos, en el que está incluido el presupuesto asignado para la Guardia Civil, en la Secretaría de Seguridad, pe-ro que sobre la base de los hechos lo ejercerán las fuerzas armadas.

La austeridad presupuestal del gobierno de López Obrador no aplica para las fuerzas armadas, lo que implica que hay una prioridad nacional hacia este sector, en el que obviamente se prioriza la militarización del país, para el combate de la delincuencia, bajo una estrategia que no ha tenido éxito y en donde se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos en el país.

 

 

Sin una oposición real al gobierno, la administración de Rutilio Escandón no controla los hilos del poder en la entidad y desde palacio de gobierno se han orquestado campañas en contra del anterior gobierno y se promueve el discurso de que existe una “desestabiliza-ción” al gobierno.

En México la cultura política se ha desarrollado a través de la invención de enemigos. Eso es lo que viene sucediendo en Chiapas, en donde resulta más fácil inventar enemigos e imaginar conspiraciones políticas que reconocer los yerros que a diario se cometen por las autoridades y que ocasionan el desorden social que actualmente se vive en la entidad.

Los principales problemas de la administración de Escandón Cadenas son la ausencia de gabinete, la falta de proyectos, el descuido en el manejo de una agenda política y el adelanto de la contienda política. A esto se le agrega el desconocimiento que se tiene de la multiplicidad de problemas en la entidad, en el que se entrelazan problemas estructurales, como el de la pobreza, con problemas históricos, como el fracaso y desinterés de la clase política para modificar la estructura social en Chiapas, anclada en el pasado, con proble-mas coyunturales provocados por la distribución y manejo del presupuesto, que es la cau-sa de los conflictos en municipios como Bochil, Simojovel, El Bosque, San Juan Chamula, y Las Margaritas.

A tres meses de que se cumpla el segundo año del gobierno, resulta claro, que después de tres intentos en la búsqueda de la gubernatura, Rutilio Escandón no tiene cuadros formados para gobernar con eficacia y la actual administración se encuentra saturada por el nivel de incompetencia que hay en las diferentes secretarías, lo que evidencia que no hay un gobierno diferente, tampoco se gobierna con los postulados de la izquierda como se pretende hacer creer y no existe ninguna transformación, pues se vive la continuidad de los malos gobiernos que lo precedieron.

La preocupación del gobernador no debiera estar en el control político de MORENA –dominado por los verdes-morenos-, o en el de tener la mayoría de las presidencias muni-cipales –hegemonizadas por los senadores chiapanecos-, y ni siquiera con restar la in-fluencia del partido verde, porque eso fue una fugaz aventura que difícilmente volverá a repetirse. Esta preocupación es una pérdida de tiempo, porque el gobernador no debiera de ocuparse en cuestiones electorales sino en la de construir gobierno, pues los conflictos en Chiapas cada vez son mayores.

Rutilio Escandón no debiera tener preocupaciones por cuestiones electorales debido a que él es gobierno, pero su impericia y falta de visión le hace confundir la manzana con el bosque y lo peor de todo es que carece de cuadros para ocupar los puestos de elección y ya no tiene tiempo para formar esos cuadros.

En esta lógica es que le resulta más fácil construir la invención del enemigo y  difundir las ideas de la conspiración y la desestabilización de Chiapas, en el que obviamente se oculta que los proble-mas actuales de Chiapas se deben a la incompetencia de los funcionarios y a la falta de ideas y proyectos que hay en el gobernador para construir gobernanza.

 

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