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En el gobierno federal como en el gobierno estatal se ha convertido en un acto de fe combatir a la corrupción, sin que ese discurso vaya acompañado en acciones concretas y veraces que disminuyan la corrupción. Por eso se debe realizar una exhaustiva investigación sobre el comportamiento del Auditor Superior de la federación, quien terminó poniendo en duda el informe de las auditorías realizadas por ese órgano autónomo a las dependencias federales y estatales del año de gestión 2019, en donde se exhibieron irregularidades en el ejercicio del gasto en dependencias federales y en oficinas del gobierno de Chiapas.

Los mecanismos jurídicos son indispensables para cualquier cambio o transformación en el Estado, pero para reducir la corrupción, también se requiere de condiciones políticas para hacer posible el cumplimiento eficaz de la ley; por ejemplo, la secretaría de la función pública se fundó en los años ochenta como un órgano de control y auditorías y hasta el día de hoy no se ha existido de ninguna sanción a un funcionario de primer nivel en el gobierno federal, menos en el estatal, y en los casos en que pareciera que sí hubo castigo al funcionario, éste se debió fundamentalmente a un ajuste de cuentas o por que cayó de la gracia del gobernante en turno.

En el gobierno de la 4t, las investigaciones en contra de la corrupción han sido más mediáticas que el estricto cumplimiento de un acto de fe, como puede observarse en los casos de Emilio Lozoya o Rosario Robles o bien el cierre sospechosos del caso de Pío López Obrador, exhibido en entregas ilegales de dinero o peor aún, el silencio cómplice del desvío y enriquecimiento inexplicable de los dos exgobernadores de Chiapas, Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, protegidos y colaboradores por el actual gobierno.

En Chiapas reducir la corrupción, como en el discurso pretende hacerlo el gobernador,  se requiere implementar la cultura de la legalidad, algo que no existe en los funcionarios del gobierno, pues algunos de ellos no cubren los requisitos para desempeñar el cargo que tienen, como sucede con el titular de la Auditoría Superior del Estado, Uriel Estrada Martínez, quien no cubre con los requisitos señalados por  la Constitución para desempeñar el cargo, en virtud de que no posee con la experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, que obliga el artículo 116 de la misma y el Congreso local pasó por alto esta disposición solo porque ese nombramiento había sido predeterminado en la oficina del gobernador.

La ilegalidad de ese nombramiento invalida por sí sola cualquier acción que busque combatir la corrupción, porque la designación de esta autoridad está viciada de origen y sus actos de sanción pueden someterse a un procedimiento de nulidad.

Por todas las posibles irregularidades que existe en el manejo del presupuesto, resulta inaceptable el affaire del Auditor Superior de la Federación, quien desestimó sus propios mecanismos de las auditorías, y dejo sin credibilidad y en crisis de confianza a todo el órgano responsable de la fiscalización de los recursos públicos.

La gobernabilidad en Chiapas está prendida con alfileres y no hay visos que esta situación mejore o vaya a cambiar, simple y sencillamente debido a que no existe una agenda política en el gobierno y porque no existen programas y proyectos de inversión, lo que le resta a esta administración posibilidades de acuerdos y rumbo político, que lo aproxime al cumplimiento de a la mínima promesa de una transformación, que ya es en Chiapas una ilusión perdida.

Esta situación resulta irrelevante para el gobernador, pero no así para el aparato de seguridad nacional que tiene prendida las luces de alerta en Chiapas pues la entidad puede incendiarse en cualquier momento, y las condiciones del proceso electoral, son propicias para el surgimiento de la violencia, en mucho por la falta de credibilidad y transparencia del gobierno de Rutilio Escandón, pero también por el manejo inadecuado de la pandemia y por la falta de apoyos y estímulos que evitaran el cierre de miles de negocios y, como consecuencia de ello, el despido de trabajadores.

La gran paradoja es que toda la administración está volcada para ganar las elecciones del 6 junio, y se renunció al ejercicio de gobierno, en donde la prioridad principal está en la de salvar las vidas, reducir los contagios, promover la vacunación y tomar medidas preventivas para evitar nuevos repuntes del COVID 19. Situación que al no realizarse, se percibe a un gobierno alejado de los problemas de la población

En esta perspectiva el panorama no es nada halagüeño para la sociedad chiapaneca, que vive una terrible crisis económica, de salud pública con la pandemia, de gobernabilidad, de transparencia, de inseguridad pública y en la coyuntura que caracteriza el peor momento en las condiciones sociales, se tiene a un gobernador lleno de indiferencia y frivolidad, que lo mantiene inalterado y sin preocupación alguna, ante los graves problemas que aquejan a la población.

En Chiapas urge que se establezca una operación política eficaz, que apueste decididamente a la construcción de la gobernabilidad y a la mejora de la vida pública. Esta es la tarea primordial de un gobierno con sentido social, como se supone que es un gobierno emanado de la izquierda. Desafortunadamente esa visión está muy alejada de la realidad que se está viviendo en la entidad, en donde el gobernador está alejado de las problemáticas sociales y no tiene contacto con la gente ni con los medios y los funcionarios, desde el inicio de la administración, no se constituyeron como colaboradores, pues lo que prevalece en la administración son las ocurrencias y no un plan detallado de gobierno, que establezca con claridad las metas a alcanzar.

El gobernador Rutilio Escandón ha repetido tantas veces la misma mentira sobre las estadísticos de contagios y fallecimientos por Covid 19, que está convencido que esa mentira se convirtió en una verdad, en donde su apuesta con el semáforo verde en la entidad, es el reinicio de las clases presenciales.

No es cierto que el contagio en Chiapas esté bajo control. No es cierto que el número de fallecimientos esté a la baja. No es cierto que las clínicas de salud se hayan abastecido de medicamentos y que los médicos hayan tenido el apoyo que se requería para atender con eficacia esta pandemia.

En Chiapas hay un mal manejo de la pandemia y a la vez, una desinformación sobre la importancia de las medidas preventivas que representa la vacunación, pues se corre el riesgo que comunidades enteras rechacen la vacuna o que de manera individual no acudan a los módulos de vacunación, como está sucediendo en los municipios de la costa de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Escuintla, en el que vecinos de otros municipios mayores de 60 años se están vacunando ante la resistencia de los pobladores inicialmente beneficiados.

La preocupación del gobernador en este momento no es atender la crisis sanitaria ni la de garantizar la máxima disponibilidad de los recursos para hacer frente a este problema de salud pública. La preocupación del gobernador es cumplir con las instrucciones presidenciales de que en Chiapas se tiene que ganar las 13 diputaciones federales que están en juego, situación que desde ahora se pronostica que va a ser una tarea complicada para Rutilio Escandón cumplir con esa instrucción presidencial.

La elección del 6 de junio significa para el presidente refrendar la mayoría en el Congreso de la Unión y con ello el futuro de la presidencia, pero también significa redefinir el rumbo político, establecer un equilibrio de poderes, construir una nueva mayoría y garantizar el pluralismo político en el país. De allí la importancia que representa Chiapas en estas elecciones, en el que se espera que la entidad aporte 13 diputaciones federales al proyecto del presidente. Sin embargo no se observa cómo el gobernador pueda ganar estas diputaciones federales, pues no hay el trabajo político para lograrlo, lo que hace prever negros nubarrones en la entidad, en donde el riesgo de la violencia está latente.

En este sentido, se especula que el máximo de diputaciones que puede ganar Morena con sus aliados en la entidad son 9 diputaciones, situación que estaría evidenciando el fracaso de la operación política del gobernador, sobre todo si se le compara con los gobernadores que lo precedieron, quienes nunca tuvieron dificultades para aplicar la alquimia electoral y poner al servicio del presidente los votos de Chiapas.

En el informe de la Auditoría Superior de la Federación, se observa que Chiapas presenta graves irregularidades en el ejercicio de los recursos en la secretaría de salud y en la secretaría de educación; en el sector salud se presume un probable daño al erario de 788 millones de pesos y en educación 1 258 millones de pesos. “En conclusión -señala el informe de la ASF-, el gobierno del Estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normatividad que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

Durante meses el gobernador Rutilio Escandón ha estado manejando el discurso del combate frontal a la corrupción,  de que ahora en Chiapas se hace más con menos e inclusive llegó a hablar de que con el combate a la corrupción se habían generado economías en el presupuesto. Hoy, con el informe de la Auditoría Superior de la Federación, se cae este discurso de mentiras y se confirma el señalamiento reiterado de que el gobierno de Rutilio Escandón es la continuidad de la corrupción de los gobiernos que le precedieron y que es necesario transparentar el gasto de más de 185 mil millones de pesos ejercidos en los dos años de la actual administración.

El gobernador ha defendido a ultranza al secretario de salud y a la secretaria de educación, a punto tal que esto lo condujo a la confrontación con las representaciones sindicales de los maestros, como con la poderosa sección 50 del sindicato de salud. En la disputa con ambos sindicatos, el presidente de la república ha tenido que intervenir y en más de una ocasión se ha planteado en las mesas de negociación la conveniencia del retiro de ambos secretarios pero el gobernador se ha negado a realizar los cambios. Ahora esa decisión es inminente y los cambios tienen que realizarse en aras de la transparencia, pues la propia Auditoría Superior de la Federación solicita el proceso de sanción administrativa en contra de 19 funcionarios responsables de las irregularidades del gasto.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación se presenta en el peor momento de la administración de Rutilio Escandón, en donde la credibilidad y legitimidad del gobernador se encuentra en el punto más bajo, con una crisis sanitaria que ha llenado de luto a las familias chiapanecas, con una crisis económica que ha provocado el cierre de miles de negocios y empresas y el despido de miles de trabajadores, con problemas de gobernabilidad, de inseguridad, todo ello en medio de un proceso electoral en donde la disputa se va a dar entre los malos de siempre en contra de los peores de ahora.

Rutilio Escandón ha demostrado que para él gobernar es un ejercicio intrascendente, por eso su indiferencia y su falta de toma de decisiones. Sin embargo, los problemas sociales se imponen sobre una ficción gubernamental y entonces el gobernador está obligado a realizar los cambios de su gabinete y aprender a gobernar, aunque le parezca una actividad difícil de realizar y no sepa cómo hacerlo.

En los dos últimos gobiernos en Chiapas se vivió el despilfarro y el desvío del presupuesto, sin que a la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables del uso indebido de los recursos públicos, en el que se ejercieron más de 800 mil millones de pesos sin un resultado de mejora de las condiciones de la población.

Ahora, en la administración denominada de la 4t, en la entidad prevalecen un conjunto de funcionarios que no han demostrado que tengan las competencias ni el conocimiento y mucho menos la sensibilidad política para ejercer un gobierno diferente, a punto tal, que en lo que va de la administración de Rutilio Escandón se han ejercido más de 185 mil millones de pesos, sin que se sepa en dónde y en qué se invirtieron esos recursos; información que es indispensable conocer, debido a que el principal problema de la entidad es la falta de circulante, que tiene semiparalizada todas las actividades productivas de la entidad y sin que se hayan tomado las previsiones necesarias para enfrentar los daños económicos provocados por la crisis sanitaria, que está generalizando el cierre de negocios y el despido de trabajadores.

Pero los males de la administración en Chiapas no está sólo en el despilfarro y corrupción sino también en la forma como se organizan las actividades, incluyendo las que forman parte de los programas sociales del gobierno federal. Ejemplo de ello es el programa de vacunación para prevenir el Covid 19, que inició en los municipios costeros de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Escuintla, en el que no se realizó una campaña previa de información y después de los primeros días de vacunación, se percibe que la afluencia de personas mayores de 60 años es menor a lo que se programó vacunar, lo que originó que se difundiera que existe la disponibilidad de vacunas para personas que no habiten en esos municipios, situación que está siendo aprovechada por habitantes de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez para ir a esos lugares a vacunarse.

La crisis sanitaria en Chiapas ha sido manejada con criterios políticos y no como un grave problema de salud pública, a punto tal que no existe información veraz sobre el número de contagios y fallecimientos y esto ha sido utilizado para informar mentiras y minimizar los riesgos que representan los contagios de Covid 19. Esta desinformación está acompañada por la creencia en ciertos núcleos de población de que el coronavirus es un invento, una falsedad.

Desafortunadamente esta creencia está permeando en comunidades que están tomando la decisión de no vacunarse y con ello cierran la posibilidad de prevenir nuevos repuntes de la enfermedad. Esta resistencia a vacunarse es el resultado de un mal manejo de la pandemia, en donde no se le ha informado adecuadamente a la población sobre la amenaza que representa el coronavirus para la salud y la vida de las personas.

La baja convocatoria de personas mayores de 60 años para vacunarse en Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Escuintla, es un indicativo fidedigno de que es necesario una mayor información y que este programa de vacunación no puede dejarse en manos de la cuadrilla de los servidores de la nación, quienes con creces han demostrado, que las actividades que les encomiendan las realizan mal. 

El gobierno de Chiapas vive dos realidades, una la de la ficción del gobernador, que está convencido de que realiza un buen papel y en la que pronto sus colaboradores le van a empezar a hablar al oído de que puede ser llamado al gabinete, como ha sucedido anteriormente con otros gobernadores; y la otra realidad es la de los conflictos cotidianos, que se viven todos los días en el exterior del palacio, debido a la inoperancia de una administración que inexplicablemente dejó de gobernar y que provoca mayor desorden social.

En esta otra realidad, el futuro y el proyecto de vida de la mayor parte de la  población en la entidad está en riesgo, no solo por el mal manejo de la crisis sanitaria, sino por el crecimiento del desempleo y la pobreza, a partir de la crisis económica que está provocando una crisis social en la entidad, y con ello, graves problemas de gobernabilidad, que representan una amenaza para la seguridad nacional del país, sin que el gobernador se de cuenta de ello o le despierte el mínimo interés por entender qué es lo que está sucediendo en Chiapas.

En los dos años del gobierno de Rutilio Escandón se han ejercido más de 185 mil millones de pesos, pero no se nota el ejercicio de estos recursos, sobre todo porque no se han atendido los graves y profundos problemas estructurales que tiene la entidad. Paradójicamente Chiapas es el Estado con menos crecimiento económico en el país; por décadas ha venido padeciendo problemas de gobernabilidad; tiene una alta deuda pública; hay problemas de inseguridad; padece un ineficaz ejercicio de gasto público; existen graves deficiencias en la impartición de justicia, se tienen los índices de pobreza más alto del país, y la crisis sanitaria provocada por el Covid 19 ha puesto de luto a todas las familias de la entidad y frente a los contagios y fallecimientos la administración de Escandón Cadenas tiene un subregistro en las estadísticas y de manera criminal se reportan datos falsos  con el fin de aparecer como el Estado con menos incidencia de contagios y fallecimientos.

Lo incomprensible de la conducta del gobernador y sus funcionarios, es que pese a la gravedad de cada uno de estas problemáticas, se mantiene la misma indiferencia y frivolidad de los gobiernos que le antecedieron, sin que esto le genere preocupación alguna, y se encierra en un mundo irreal, con un discurso ficción, en el que se repite de que todo está bien, mientras la entidad se convulsiona y provoca que todas las actividades económicas se encuentren bajo riesgo.

Las expectativas de un gobierno de transformación se esfumaron en la primera parte de este gobierno y en las elecciones intermedias que se avecinan, no se percibe que MORENA y sus aliados refrenden una mayoría de los cargos en disputa, y todo ello se debe a que el gobernador está convertido en una verdadera tragedia para Chiapas.

En las elecciones de julio de este año está en juego la continuidad de un gobierno que se caracteriza por la indiferencia, la frivolidad, la inacción política y lamentablemente su desconocimiento a los grandes problemas de la entidad, por eso no hay buenos resultados y por eso la cacareada transformación en Chiapas sólo es parte de un discurso ficción del gobernador, que ya dejó de tener sentido.

La transformación en Chiapas no existe y no hay visos que pueda existir con la permanencia del actual gobierno. Y no existe debido a que la administración de Rutilio Escandón, que se erigió bajo ese discurso, nunca ha tenido claro qué es lo que se tiene que transformar en Chiapas. Por eso en estas elecciones se debe tener claro que los dos grandes problemas en la entidad son la ausencia de justicia y los altos índices de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Paradójicamente, sin impartición de justicia no se puede construir democracia y con altos índices de pobreza, la población ve restringidos sus accesos a derechos sociales, y en esas condiciones tampoco se puede construir un proyecto de vida democrática. No por algo en Chiapas se vive la más pobre calidad de democracia en el país.

Junto a estos grandes problemas –la falta de justicia y pobreza-, en Chiapas se padecen otros tipos de problemas: la inseguridad en las carreteras, sobre todo en las regiones Altos, Norte y Selva del Estado, que posee un reconocido atractivo turístico, pero que no logra desarrollarse debido a los problemas generados por la inseguridad; Chiapas a su vez, presenta muchos problemas de gobernabilidad, con más de 200 focos de tensión en por lo menos 24 municipios de la entidad, algunos de ellos, con muy alta conflictividad, pues las organizaciones se encuentran fuertemente armadas, en la que pueden derivar en masacres de dimensiones mayores a la vivida en Acteal en el año de 1997.

Chiapas, con una fuerte vocación agrícola vive en estos momentos el período más crítico de descapitalización del campo y muchas de las actividades agropecuarias se encuentran en crisis, debido a que el cambio climático empieza a afectar los ciclos productivos, principalmente del café, del que viven más de 200 mil productores. La crisis del campo entraña un problema de seguridad nacional, en virtud de que la producción agrícola se está sustituyendo en algunas regiones con producción de amapola y marihuana.

A su vez, Chiapas vive un grave problema de deuda pública, en el que se pagan más de 2 mil 100 millones de pesos anuales, un promedio aproximado de 6 millones de pesos diarios, que permitirían brindar mejor atención en el cumplimiento de los derechos sociales a la población en condiciones de pobreza.

Ninguno de estos problemas forman parte de la preocupación del gobernador Rutilio Escandón, que tiene sus preocupaciones en hidratarse bien el rostro y en la pulcritud de su cabello, así como en la amplia colección de guayaberas que posee.

Por eso lo que está en juego en las próximas elecciones es acabar con un gobierno de indiferencia y frivolidad, que le ocasiona un daño social irreversible a la población.

En el inicio del tercer año de gobierno, la opinión pública no le es favorable al gobernador, quien con las indecisiones, la inacción política, la ausencia de políticas públicas para el bienestar, el mal manejo de la crisis sanitaria y la falta de apoyos y estímulos fiscales para evitar el cierre de empresas y despido de trabajadores, constituyen las condiciones para que las votaciones intermedias demuestren el fracaso de la administración que encabeza Rutilio Escandón, quien prometió la transformación y lamentablemente está convertido en la continuidad de los gobiernos pasados, que mucho daño le hicieron a la sociedad chiapaneca.

La única ventaja que tiene el gobernador en este proceso electoral, es la ausencia de una oposición real al gobierno, que no está presentando candidaturas sólidas y de compromiso social, que encabece el profundo malestar social que existe y que está acompañado de movilizaciones, cierre de carreteras, toma de casetas y de una violencia que provoca el secuestro de funcionarios estatales y municipales, sin que haya la intervención de mediadores y negociadores políticos, lo que muestra graves problemas de gobernabilidad en todo el territorio.

En mucho, estos problemas se deben a la inacción gubernamental y la falta de atención a la protesta social, situación que está acompañada de la indiferencia en la toma de decisiones del propio gobernador, quien no controla los hilos del poder en la entidad y desde palacio de gobierno se envían señales que contradicen el discurso de la transformación.  

Los principales problemas de la administración de Escandón Cadenas son la ausencia de gabinete, la falta de proyectos, el descuido en el manejo de una agenda política y la ausencia de políticas públicas que concreten el cumplimiento de los derechos humanos. A esto se le agrega el desconocimiento que se tiene de la multiplicidad de problemas en la entidad, como el de la pobreza, el fracaso y desinterés de la clase política para modificar la estructura social en Chiapas, que se quedó anclada en el pasado, y con muchos problemas provocados por la mala planeación, distribución y ejercicio de los recursos presupuestales.

A menos de cinco meses de las elecciones queda claro resulta claro, que Rutilio Escandón no tiene cuadros formados para gobernar y que la actual administración está a punto del colapso debido al nivel de incompetencia que hay en las diferentes secretarías, lo que evidencia que no existe un gobierno diferente, que tampoco se gobierna con los postulados de la izquierda como se pretende hacer creer y no existe ninguna transformación, pues se vive la continuidad de los malos gobiernos que lo precedieron.

Las cosas están realmente mal en Chiapas, que MORENA necesita de la alianza con el partido verde para obtener triunfos electorales, cuando el verde en la entidad representa la peor versión del PRI y el más claro ejemplo de un gobierno corrupto, en el que tristemente en nada se diferencia al gobierno de MORENA en Chiapas.

El gobernador Rutilio Escandón se ha desentendido de la responsabilidad de gobernar Chiapas: en los dos primeros años de gestión, fue el exsecretario de gobierno  Ismael Brito el que tomaba las decisiones y éste se dedicó a construir su proyecto personal de sucesión; ahora que Ismael Brito ya no forma parte del gabinete, nadie toma la responsabilidad de decidir y todo el aparato de la administración pública se encuentra desorientado, y sin que haya una voz que le pueda decir al gobernador que las cosas no funcionan y que no son creíbles las cuentas alegres que manejan la reducción de os contagios y fallecimientos por el coronavirus.

El dilema que tiene el gobernador no es un asunto fácil, pues su administración se encuentra  en crisis sanitaria, económica, de credibilidad y de eficacia,  y Rutilio Escandón no estaba preparado para enfrentar una contingencia política como la que se vive en el país, pero que se agudiza cada vez más en Chiapas, especialmente en los municipios indígenas, en donde hay una desatención gubernamental, compromisos incumplidos y en donde el surgimiento de la violencia es la muestra evidente de la ausencia de gobierno.

La situación de Rutilio Escandón se complica aún más, en virtud de que no tiene operadores políticos ni gabinete ni programas de gobierno, y todo eso es indispensable para ganar las próximas elecciones, en el que desde ahora se pone en duda que Morena y sus aliados pueda obtener el triunfo en las 13 diputaciones federales. De igual manera se perciben posibilidades para construir una nueva mayoría en el Congreso Local, lo que cambiaría las condiciones políticas del país, pues se privilegiaría el manejo de la política, como un factor fundamental para construir la gobernabilidad necesaria.

El escenario de violencia que se vive en Chiapas no se va a resolver con la intervención de los cuerpos policíacos, que seguramente solo va a incrementar la violencia como sucedió anteriormente en otros gobiernos, que hicieron de la represión el único instrumento de gobierno. Por el contrario, la violencia en Chiapas va a disminuir en el momento en que exista un gobierno que atienda y resuelva las demandas sociales, que escuche a la población y que desarrolle un conjunto de proyectos con el propósito de mejorar los indicadores de bienestar. Algo que en esta administración no se percibe que se quiera implementar o más bien no le interesa implementar al gobernador, lo que disminuye considerablemente las posibilidades de Morena en la entidad y más, por su alianza con el partido verde, que dejó muchas heridas abiertas en la población, lo que representa un lastre para el propio gobierno.

Es inadmisible y criminal que el gobierno de Rutilio Escandón cierre los ojos ante la realidad de la tragedia del Covid 19 en Chiapas y mantenga el discurso oficial de la mentira en los reportes diarios sobre contagios y fallecimientos, que minimizan el problema ocasionado por la pandemia, que tiene en luto a la mayoría de las familias chiapanecas.

La realidad sobre los daños del Covid 19 en la entidad son tan aplastantes, a punto tal que cientos de personas se realizan la prueba en laboratorios privados, cuyo resultado es positivo, y a su vez, mantienen un tratamiento con médicos particulares por la falta de confianza que existe en los hospitales púbicos y las clínicas covid, montadas al vapor, sin el instrumental necesario para dar la atención de calidad que esta enfermedad requiere.

La tragedia que se vive en miles de familias chiapanecas no le importa a las autoridades de la entidad, quienes ocultan de manera criminal la magnitud del problema, en donde se elaboran reportes falsos con el fin de mantener el Estado en semáforo verde, como si con el color del semáforo se resolviera automáticamente el problema de los contagios.

La paradoja de esta política oficial de mentiras, es que la pérdida de vidas continúan, pero éstas siguen sin reportarse y por lo tanto no se contabilizan en las estadísticas, situación que evidencia un pésimo manejo de la pandemia, en el que resulta inentendible que el gobernador Rutilio Escandón considere que el secretario de salud José Manuel Cruz Castellanos funciona adecuadamente, cuando son muchos los deslices que ha cometido y en más de una ocasión ha sido hazmerreir en los medios nacionales por su ignorancia y su ligereza verbal, en donde inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos le hizo una recomendación a este funcionario por su trato discriminatorio a una reportera. En realidad, lo único que estaría justificando la permanencia del secretario de salubridad, son los actos de corrupción en la asignación de contrato de servicios y obras, denunciadas por la dirigencia sindical de la sección 50, en la que probablemente  el gobernador es partícipe o por lo menos no pone un alto a ella.

Las mentiras que difunde esta administración sobre los contagios y fallecimientos que sitúa a la entidad en semáforo verde es una conducta criminal, que bien puede ser castigada en los tribunales, sobre todo porque existen antecedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de sentencias en materia de salud que son aplicables a las condiciones actuales, la más importante de ellas es la del Caso Poblete Vilches y otros VS Chile.

En el citado caso, la Corte conoció de los hechos acontecidos en relación al señor Poblete Vilches, quien ingresó al Hospital público Sótero del Río (Chile) el 17 de enero de 2001 a causa de una insuficiencia respiratoria grave. El 5 de febrero de 2001, y tras haber sido dado de alta, el señor Poblete Vilches ingresó por segunda ocasión al mismo hospital, donde permaneció en la unidad de cuidados intermedia, a pesar de que su ficha médica disponía la necesidad de su internación en sala de cuidados intensivos. El señor Poblete Vilches requería de distintas asistencias médicas, entre ellas un respirador mecánico, el cual no le fue proporcionado, provocando su fallecimiento el día 7 de febrero de 2001.

El 8 de marzo del 2018, 17 años después de ese suceso, la Corte concluyó en su sentencia “(i) que los servicios de salud brindados al señor Poblete Vilches no cumplieron con los estándares de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, lo que constituyó una violación a su derecho a la salud; […] y (iii) que el Estado violó su derecho a la vida y a la integridad personal, pues la falta de una adecuada atención médica derivó en un resulta-do dañoso y, en última instancia, en su muerte (párrs. 174-175).” Por ello, el Tribunal concluyó que el Estado chileno era responsable por la violación al derecho a la salud, a la vida y a la integridad física.

Esta jurisprudencia de la Corte aplica perfectamente en todos los fallecimientos por Covid, especialmente los que se presentaron en el ISSTECH, en donde se instaló una sala VIP para atender a políticos y recomendados del gobierno, que representa en sí un acto discriminatorio, en el que no se brindó disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, que constituye una violación al derecho a la salud y ocasiona incumplimientos a la responsabilidad internacional del Estado.

Sobre estos fallecimientos el Estado tiene la obligación de la reparación integral del daño a la vez que está obligado a proporcionar servicios de salud con calidad, aspecto que no lo viene realizando, además de que se privilegia la mentira con el fin  de colocar a la entidad en semáforo verde.

En Chiapas existe una práctica reincidente de violaciones a la libertad de expresión, en donde la fiscalía especializada contra delitos a periodistas no funciona. Son muchos casos en que periodistas han acudido a presentar una queja a esta fiscalía sin que éstas sean investigadas con la debida diligencia, lo que genera la prevalencia de patrones de impunidad.

La fiscalía contra delitos a periodistas en Chiapas no debería de existir, en virtud de que estos delitos son del fuero federal y es en la fiscalía general de la república en donde los periodistas deben de presentar las denuncias. Así se hizo en la detención arbitraria que sufriera la periodista Cinthya Alvarado, el 27 de enero del 2020, en la ciudad de Tapachula, cuando cubría una protesta de pobladores de Pavencul, que exigían la construcción de un camino, y que fuera reprimida por la policía. Esta represión estaba siendo transmitida en vivo por Cinthya Alvarado, cuando es detenida por la policía municipal, en la que se pretendió acusar como responsable del delito de  incitación a la violencia.

Al año de haber presentado la denuncia en la Fiscalía General de la República, el día de ayer fueron ejecutadas las órdenes de aprehensión a 9 funcionarios que participaron en esa detención ilegal, y en las próximas horas se ejecutará la detención de 5 personas más. Entre los detenidos se encuentra el que fuera secretario de seguridad pública de Tapachula, a quien la periodista lo señaló como el responsable de amenazas y tortura psicológica realizada en el sótano del edificio de la presidencia municipal.

Esta detención de los presuntos responsables representa un precedente para el conjunto de autoridades municipales, estatales y federales, que con frecuencia amenazan, acosan, agreden o detienen a periodistas y a la vez, pone en entredicho la inacción judicial del gobierno de Chiapas, que durante este año de transcurrido la agresión, ha sido omisa y con ello perpetúa la impunidad de las agresiones a los periodistas y fomenta la sensación de inseguridad del trabajo periodístico.

En Chiapas no existe voluntad ni interés de combatir las agresiones y amenazas en contra de periodistas y la fiscalía no desarrolla una investigación eficaz con el fin de sancionar a los responsables de esas agresiones. Por eso, con el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República, se puede proceder en contra de las autoridades estatales que han sido omisas en la investigación de las agresiones que sufriera la periodista Cinthya Alvarado; en concreto, se está en condiciones de proceder en contra del fiscal de periodistas y en contra de funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes incurrieron en delitos de omisión y aquiescencia.

De igual manera, el ministerio público federal deberá de investigar la campaña de desprestigio y linchamiento mediático que sufriera Cinthya Alvarado, en donde se estigmatizó su trabajo periodístico y se le generó un clima de inseguridad, pues se pretendió señalarla como la persona que incitó a la violencia a los pobladores de Pavencul, queriendo ocultar con ello el incumplimiento del Estado.

El proceso electoral, en su fase de selección de candidatos está en su apogeo. En Chiapas quedaron definidos los dos grandes frentes conformados por los partidos políticos, en donde la disputa por los cargos de elección popular se van a dar entre los malos contra los peores.

Las posibilidades de que se refrende en la entidad el voto por Morena representa un escenario incierto, debido sobre todo al mal desempeño del gobernador, que no se encuentra a la altura de lo que Chiapas necesita y por el acuerdo de ir en alianza con el partido verde, que arrastra el estigma de la corrupción y mal gobierno, lo que significa a la vez, la impunidad total al enriquecimiento de funcionarios del pasado, fundamentalmente de Manuel Velasco Coello.

La alianza de MORENA con el partido verde en Chiapas es un claro mensaje de que en Chiapas los acuerdos políticos están por encima de la impartición de justicia, pero deja claro la falsedad del discurso de que el gobierno de Morena es diferente, porque en realidad son la misma cosa; el gobierno de Morena mantienen las mismas prácticas del verde de la la cumplen a pié juntillas. Por eso debe quedar claro que votar por la alianza morena-verde-pt es votar por la corrupción, la impunidad, la ausencia de justicia y el perdón a los atropellos realizados en los gobiernos pasados, en donde Manuel Velasco y Juan Sabines gozan de su riqueza mal habida en la impunidad y complicidad del gobierno de MORENA.  

En las elecciones del 2018, la promoción del voto realizada en la entidad bajo la consigna seis de seis resultó un desastre para el Estado, a punto tal de que no hay gobierno ni representación política, y para colmo de males, se reporta que se han ejercido de presupuesto más de 185 mil millones de pesos, en estos dos años de gestión, sin que se sepa a ciencia cierta en dónde y con qué resultados se realizó esa inversión. De allí que la única condición para que este estado de cosas cambie es que se construya una nueva mayoría, que no solo haga contrapeso a la abulia gubernamental sino para que desde ele congreso local se construya un cogobierno que desplace la indiferencia y el ejemplo de Rutilio Escando que ha demostrado que gobernar para él resulta irrelevante.

En este momento, la única preocupación que hay en el gobernador es la de ganar las elecciones, pero realmente no tiene cuadros para ganar y realmente no tiene condiciones ni para ganar la casilla electoral cercana a su casa. La única ventaja que tiene Rutilio Escandón en este proceso electoral, es que en Chiapas no existe un movimiento opositor, pero este se puede alimentar por el profundo malestar que existe hacia el desempeño gubernamental, pues ha provocado que todos los sectores productivos en el estado se encuentre en el abandono.

Lo peor de esta alianza política, es que en aras de mantener el poder, el grupo gobernante demostró que lo que menos le importa es el trabajo para mejorar las condiciones sociales y económicas de Chiapas.

Chiapas está convertido en un polvorín pronto a estallar y para las autoridades no existe un mínimo interés por buscar soluciones a las problemáticas que se viven, aún y cuando cada día es mayor el malestar social y las críticas al gobernador y a su gabinete son más agudas.

En las últimas 48 horas se presentaron en la entidad dos feminicidios más, lo que hacen 8 del 1 de enero a la fecha, es decir, un feminicidio cada cinco días, cifra que debiera despertar la indignación en el gobernador Rutilio Escandón, quien debiera de exigir a la fiscalía del Estado una mayor eficacia en la investigación y castigo a los feminicidas y la convocatoria para construir una política pública que busque erradicar de la sociedad esta violencia vergonzante. Pero no, los feminicidios no son preocupación del gobernador que está enfrascado en la preocupación de ganar las elecciones y su corta de miras lo lleva a promover candidaturas que representan la peor expresión, de lo que debiera ser un político comprometido con la transformación y la mejora de la vida pública.

En Chiapas y más con el gobernador que hay, lo electoral no está relacionado con las mejoras de la población, que en los últimos 20 años ha visto decrecer la calidad de vida y con ello se incrementaron los índices de pobreza y desigualdad social en la entidad. La paradoja es que en este período de 20 años se destinaron miles de millones de pesos para el combate de la pobreza sin resultado alguno.

A la vez, no se puede ocultar, que las experiencias electorales en Chiapas han sido todo un desastre. En el 2006, en unas elecciones cuestionadas, y que finalmente resultaron fatales para el Estado, dio como ganador a Juan Sabines, lo que le otorgó el poder a un aventurero, que despilfarró los recursos públicos, que corrompió las instituciones, que endeudó a la entidad y canceló el futuro de Chiapas por 30 años, con una deuda en la que actualmente se pagan cuatro millones de pesos diarios. En el 2012, los electores se volvieron a equivocar, se eligió a Manuel Velasco, un personaje que no había alcanzado la madurez política, que instauró el gobierno de la indiferencia, la frivolidad, la corrupción, la irresponsabilidad, al que sus colaboradores no le informaban de los problemas de la entidad para que no se molestara, lo que finalmente ocasionó la existencia de un gobierno que privilegió la ficción, alejado de la realidad social.

Para colmo de males, cuando se llegó a pensar, que era imposible que surgiera un gobierno peor al de Juan Sabines o al de Manuel Velasco, en el 2018 los electores se volvieron a equivocar y se designó como gobernador a Rutilio Escandón, que en los dos años de gestión ya demostró que es peor gobernador que quienes lo precedieron, y por la falta de decisiones políticas y por la ausencia de un programa de gobierno, continúa con las prácticas de la corrupción, el desinterés, la frivolidad y la demagogia, heredadas por el antiguo régimen.

Por eso los asuntos públicos no podían estar peor. En medio de la peor crisis sanitaria y las peores condiciones económicas, se desarrolla el proceso electoral, en donde el gobernador busca conquistar la mayoría en el Congreso Local y las presidencias municipales, con candidatos impresentables sacados de las cañerías y rellenos sanitarios, lo que garantiza personajes de la peor calaña, algunos que buscan la reelección y otros retornar a las mieles del poder, sin compromiso social alguno, lo que evidencia la intención de conformar un gobierno de sinvergüenzas, incapaces de formular las políticas que promuevan la transformación que Chiapas requiere.

El gobernador Rutilio Escandón actúa con mucho desprecio hacia el ejercicio de la construcción de la voluntad popular, debido a que busca ganar las elecciones federales y locales con candidatos que tienen señalamientos de enriquecimiento inexplicable, que nada abonan en el cumplimiento de la promesa de la transformación de Chiapas. Prueba de ello son las candidaturas de Alberto Cundapí Núñez, a la diputación local por Tuxtla o la de Yamil Melgar Bravo a la presidencia de Tapachula.

El caso de Cundapí Núñez es ilustrativo, su ingreso como director del ISSTECH, sólo se explica por la buena relación que mantiene con el gobernador, pero su desempeño en esa dependencia solo representa el logro de haber resuelto sus problemas económicos, quien de la nada se convirtió en nuevo rico. Este funcionario en cualquier momento puede ser denunciado y procesado por la grave falta de discriminación en el manejo de los enfermos de Covid 19, debido a que en el ISSTECH, en Tuxtla Gutiérrez, se creó un área de privilegios VIP destinada hacia la atención de personas recomendadas y que no eran derechohabientes de la institución, por lo que esta situación puede estar sujeta a la investigación y sanción a las autoridades responsables del funcionamiento de esta área, en donde el gobernador no puede sustraerse de esta responsabilidad, debido a que en esa área se le brindaron cuidados médicos a su señora madre, bajo los cuidados médicos del Dr. Vicente Grajales Yuca, a quien posteriormente se le perseguiría con la fabricación de delitos.

Este asunto no puede pasarse por alto en virtud en que en Chiapas hay un ocultamiento de las cifras reales de contagio y fallecimientos  por esta pandemia, en el que las autoridades del sector salud mienten deliberadamente y no se tomaron las medidas preventivas para evitar los contagios y los miles de fallecimientos en la entidad que no aparecen en las estadísticas, y que por los actos de discriminación realizados con la creación de un área VIP, la fiscalía debió de haber realizado la investigación correspondiente y castigar a los funcionarios responsables, pero no lo hizo por los fuertes vínculos que unen a Alberto Cundapí con Rutilio Escandón.

Con la creación del área VIP en el ISSTECH, el gobierno de Chiapas incumplió con las disposiciones señaladas por el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que resulta vinculante para el Estado mexicano, en donde no se respetaron los derechos humanos ni se garantizaron libre y plenamente estos derechos, provocando con ello discriminación a la población usuaria.

De igual forma el registro de Yamil Melgar para la presidencia municipal de Tapachula, causa estupor, pues es de sobra conocido el proceso de investigación por desvío de recursos que tiene en el Estado de Puebla, cuando se desempeñó como delegado del IMSS en esa entidad. Yamil no cuenta con la confianza ni la credibilidad del sector empresarial de Tapachula ni de Chiapas y es sabido que solo representa los intereses del principal promotor del alcoholismo en la región, quien posee más de tres mil permisos de cantinas y restaurantes, que operan con la venta exclusiva de la cervecería modelo.

El proceso electoral muestra la carencia de cuadros de Rutilio Escandón, pero muestra además la falsedad del discurso anticorrupción, que se repite demagógicamente, del que no se puede sustraer el propio gobernador.

En los dos años de la actual administración, el gobernador Rutilio Escandón no solo no ha promovido la transformación prometida en la campaña sino que ratifica y reproduce la prevalencia de la cultura de régimen del PRI, aún y cuando en la entidad, desde hace 20 años ese partido dejó de ser gobierno.  Por eso no hay duda cuando se afirma de que en Chiapas no hay visos de una transformación ni de un gobierno de izquierda y sí hay mucho de la demagogia y corrupción que caracterizó al PRI.

Prueba de ello son las recientes afirmaciones del gobernador respecto a la seguridad en Chiapas, en donde presume ser la segunda entidad más segura y con ello se omiten sucesos vergonzantes que no son debidamente investigados, como es el asesinato de seis campesinos en Ixhuatán, la presencia de grupos armados en San Cristóbal de Las Casas y el feminicidio de Mariana, la joven médica que se encontraba realizando su servicio social en la comunidad Nueva Palestina, en Ocosingo, en el que no existe una debida diligencia en la investigación y sí mucha irresponsabilidad por parte del ministerio público, que permitió la cremación del cuerpo y realizó un mal levantamiento de las pruebas en el lugar de los hechos.

Para colmo de males, el gobernador presume de la capacitación realizada a los cuerpos policiales, en donde sin duda se ejerce un presupuesto millonario pero sin que hayan buenos resultados, debido a que son frecuentes los yerros que cometen por la falta de conocimientos. Ejemplo de ello se observa en el levantamiento del cuerpo de Mariana, en el que se habló de suicidio por ahorcamiento, pero no existe ninguna fotografía del cuerpo y en las primeras declaraciones, se señala que Mariana se encontraba de rodillas; lo que hace imposible que haya un suicidio y donde se deja entrever que la fiscalía está fabricando pruebas, como es la costumbre en su actuación.

Es un hecho que la administración de Rutilio Escandón no está respondiendo a los intereses de  Chiapas y en pocos meses tiró al cesto de basura las expectativas de cambio que la población esperaba de ese gobierno.  La ausencia de proyecto de gobierno, la inacción política de los funcionarios, los excesos de ilegalidades e impunidad por parte de la fiscalía general, la corrupción galopante en las distintas áreas de la administración y el mal manejo de la crisis sanitaria y la consecuente crisis económica que le acompaña, han provocado un crecimiento del malestar de la población y cada vez más un fuerte rechazo a la administración, que le reclama al gobernante su inoperancia y la falta de talento hasta para nombrar a los miembros del gabinete.

Fue este malestar real, lo que generó la indignación por el feminicidio de Mariana, que está precedido por cinco feminicidios más durante este año, lo que hizo que la noticia se volviera nacional y que ahora se comente en los medios de otros países como España, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina. Las repercusiones de estos sucesos, debiera de preocupar al gobierno para construir construcción políticas eficaces, pero no, no le preocupa. El gobierno de Rutilio prefiere construir el discurso de la conspiración y pagar a los periodistas a su servicio para que mencionen que todo está financiado por políticos del pasado, sin darse cuenta que esa campaña afecta la integridad personal de la madre de Mariana, pues se le provoca mayor daño psicoemocional y daño moral, a la vez que busca desacreditar el movimiento de indignación, en torno del grito de justicia para Mariana.

Marcela Lagarde, una de las pensadoras feministas más importante de América latina señala en una de sus obras, que “[P]ara que se dé el feminicidio concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Sucede, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Si el Estado falla, se crea impunidad, la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado”.

Para esta antropóloga mexicana, el feminicidio es la culminación de las variadas formas de violencia en contra de las mujeres, en donde esta violencia no es detenida, prevenida ni investigada y menos sancionada por el Estado, lo que reproduce patrones de impunidad e injusticias. En este sentido todo homicidio de mujeres, en donde exista previamente políticas o programas de prevención de violencias y no haya una investigación con la debida diligencia debe ser considerado como feminicidio haya o  no una denuncia penal de la víctima. De igual forma, el suicidio, cuando es precedido por conductas de violencia es un feminicidio.  Aun y cuando no exista denuncia de por medio. Esto debido a que el Estado debe implementar e manera permanente políticas de prevención.

Llama la atención que en el protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación de delitos de feminicidio en el Estado de Chiapas, aprobado en el 2019, por el fiscal Jorge Luis Llaven Abaraca, se retoman elementos de la sentencia de la Suprema Corte sobre el caso de Mariana Lima Buendía, cuya resolución establece que “en el caso de muertes de mujeres se deben identificar las conductas que causaron la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, preservarse evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y realizar las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.”

Estos cuatro elementos cruciales en la investigación con perspectiva género, que la fiscalía de Chiapas debe implementar en los feminicidios, están ausentes en el caso de Mariana, la estudiante de medicina de la UNACH que realizaba su servicio social en Nueva Palestina, Ocosingo, y que demuestra la responsabilidad del Estado en este feminicidio, debido a que la incineración ilegal del cuerpo, provoca una carencia en la investigación con la debida diligencia, que dificulta identificar las conductas que causaron su muerte, verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican su muerte violenta, no se preservaron evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y difícilmente se puede creer que la fiscalía realice las periciales pertinentes para determinar si Mariana estaba inmersa en un contexto de violencia.

Por estas ausencias que conducen al incumplimiento de una responsabilidad internacional del Estado, cometida por la fiscalía de Chiapas, no debe quedar duda alguna del feminicidio de Mariana, aun y cuando la fiscalía sostenga la aberrante postura de suicidio, éste fue producto de una culminación de prácticas de violencia que sufrió Mariana durante los seis meses que llevaba en la realización del servicio social, en el que sin duda fueron partícipes funcionarios del sector salud y de la escuela de medicina de la UNACH, que posiblemente terminarán siendo sancionadas, pero la responsabilidad central de este feminicidio es el Estado y hacia este órgano hay que dirigir todo el malestar y la demanda para establecer mecanismos de no repetición para evitar un feminicidio más en Chiapas.

En Chiapas es notorio el colapso que hay en la administración que encabeza Rutilio Escandón, visión que contrasta con las evaluaciones que realiza el propio gobernador en las reuniones de gabinete, donde considera que todo está muy bien y que incluso presume logros, que solo están en su imaginación y que le impiden tomar con seriedad el conjunto de las decisiones políticas para contrarrestar e impedir el desastre social al que se camina inexplicablemente.

La entidad atraviesa en este momento por la peor situación social y económica de las últimas décadas, no solo por la crisis sanitaria y económica que se vive sino por la pérdida de legitimidad del gobernador, en la que se está generalizando la crítica hacia las autoridades, a partir de sucesos vergonzosos que se convirtieron en noticia nacional e internacional, como es el feminicidio de Mariana, que muestra el nivel de deterioro que hay en la vida pública, sin que esto le resulte relevante al gobernador, quien se encerró en su burbuja y se encuentra aislado de la terrible realidad que se vive en el Estado, 

El discurso triunfalista del gobernador en la reunión de gabinete del inicio de semana no augura buenas noticias. Sobre todo, porque no corresponde a la realidad que un amplio sector de la población chiapaneca percibe y que manifiesta la necesidad de cambios, pero sobre todo de toma de decisiones políticas eficaces. Está claro, que las lecturas políticas que hace el gobernador van en sentido contrario al de la mayoría, y aunque la población le exija cambios y remociones de funcionarios, Rutilio Escandón no actúa y con muestras de capricho e irresponsabilidad sostiene a sus funcionarios, situación que terminará provocando mayores conflictos, pues existe el convencimiento popular de que el gobierno de transformación que se prometió son puras vaciladas, en el que no se diferencia en nada con los gobiernos que lo precedieron.

Al gobernador le urge anunciar buenos resultados, por eso se atrevieron a inventar logros inexistentes sobre el combate al Covid y a rendir informes semanales falsos sobre contagios y fallecimientos,  pero en realidad, la administración de Rutilio Escandón no tiene nada positivo que anunciar, debido a que no hay programas concretos para el bienestar de los grupos con mayor vulnerabilidad y no existe un plan de maestro de obras para el desarrollo, no hay apoyos para el campo y se desconoce en que se han invertido los más de 185 mil millones de pesos que supuestamente se han ejercido en los dos primeros años de esta administración.

Aunque a Rutilio Escandón le faltan 50 meses de duración del período de gobierno, hay voces que consideran que su gestión ya finalizó, sin dejar ningún legado que recuerde una acción trascendental de este gobierno. Y si en las próximas elecciones del mes de julio, no se construyen en la entidad una nueva mayoría, que impulse un cambio de timón y que constituya un gobierno de coalición, se corre el riesgo de que se cumplan 18 años de gobiernos malogrados, de manera ininterrumpida en la entidad.

En Chiapas prevalece una grave violencia feminicida, que evidencia la ineficacia de la alerta de género y una ausencia de políticas públicas para contrarrestar esta violencia. El número de homicidios registrados por el observatorio feminista contra la violencia a las mujeres a partir del año del 2016 en que se declaró en Chiapas la alerta de género indican que durante los tres últimos años del gobierno de Manuel Velasco se cometieron 526 homicidios, de los cuales 206 fueron feminicidios.  En el año del 2019, con el gobierno de Rutilio Escandón se cometieron 199 muertes de mujeres con violencia y de ellas se clasificó 84 feminicidios.

Estas estadísticas muestran la ausencia de voluntad política para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, hay un dato que destaca, el papel que ha jugado Rutilio Escandón Cadenas frente a este flagelo, debido a que en el gobierno de Manuel Velasco él fue el presidente del Tribunal de Justicia en el Estado y hay datos que indican que durante esa gestión fueron liberados presuntos feminicidas.

Por eso la situación no cambió con el actual gobierno en donde los feminicidas no son castigados y la violencia hacia las mujeres continúa. En mucho se debe a la falta de investigación por parte de la fiscalía y a la mala integración de la averiguación previa, hoy carpeta de investigación, en donde reiteradamente se viola el debido proceso, se fabrican pruebas o la fiscalía obtiene la confesión de culpabilidad mediante la tortura. 

En este 2021 se han cometido seis feminicidios, uno cada cinco días, en donde el caso de Mariana ha tenido repercusiones sociales, a punto tal que la noticia se internacionalizó, en momentos en que el gobernador guarda un sepulcral silencio. El periódico El PAÍS, de España, lo publica en sus páginas y ayer el influyente periodista Jorge Ramos, dela cadena norteamericana CNN entrevistó a la madre de Mariana y hoy todos los medios nacionales destacan este feminicidio, que para las autoridades chiapanecas resulta intrascendente.

Rutilio Escandón no solo fue un vergonzante presidente del tribunal de justicia sino un mal gobernador, que no ha entendido el papel que tenía que jugar en este gobierno, que se autodenomina de la transformación, pero que ha resultado una verdadera tragedia para Chiapas.

En la entidad existe una Mesa de Reconciliación, que se encarga de liberar presos, que sobre la base de los hechos se ha constituido en una cuarta instancia algo que resulta a todas luces inconstitucional, pero que a Rutilio Escandón no le ha importado. En uno de esos eventos de liberación de presos presidida por Manuel Velasco, el gobernador, al entregar la carta de liberación a uno de los beneficiados se le ocurrió preguntar  cuál es el delito que cometiste,  el preso en etapa de liberación le respondió “por violación”, a lo que Manuel Velasco sorprendido solo alcanzó a balbucear, “ya no lo vuelvas a hacer”. Esta reseña quedó grabada en la transmisión que realizó el propio tribunal, que desnuda de cuerpo entero la irresponsabilidad con que se maneja la justicia en Chiapas, en la que desafortunadamente nada ha cambiado, debido sobre todo, a que el responsable sigue siendo el mismo.

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