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El 19 de agosto del 2013 nace el periódico Diario Contrapoder en Chiapas. Su propósito fue el de ejercer plenamente la libertad de expresión autoimponiéndose como único límite la responsabilidad. Esta tarea parecía imposible, en una sociedad de complicidades y silencios y con una prensa acostumbrada a aplaudir a gobernantes, que presumían sus abusos.

El actual gobierno está sufriendo una erosión política-social fundamentalmente desde adentro. Sus principales problemas los tiene en su funcionamiento; en la integración y los cambios del gabinete; en su inmadurez e inexperiencia; en la ineficacia de la gran mayoría de los funcionarios del primer y segundo nivel; en la corrupción cada vez más generalizada en todos los niveles del gobierno; en la ausencia de visión de futuro; en su sistemático funcionar con decisiones ilegales; en su propio desprecio al Estado de derecho; en la permisibilidad a la violencia; en sus dificultades en garantizar la seguridad de las personas.

La pobreza de miras de Manuel Velasco Coello queda plenamente demostrada con los nombramientos en el gabinete que viene realizando. Las decisiones no podían ser peores, situación que evidencia la ausencia de proyecto de gobierno y más que ello, la terrible y triste realidad en la que no estaba preparado para gobernar.

A finales de los años 80, cuando se creía que lo urgente era sacar al PRI de la presidencia de la república, se pensaba que ese partido encarnaba la corrupción en el país y todos los males se relacionaban a la forma errática en que el PRI gobernaba. En esos momentos se presentó la ruptura más importante que ha tenido ese partido, y las elecciones de 1988 fueron las más competidas del régimen político, en el que se enfrentaba el PRI de Carlos Salinas de Gortari, con el PRI de Cuauhtémoc Cárdenas que planteaba la democratización de la vida pública y que, con el robo de las elecciones, finalmente derivó en una coalición de partidos y organizaciones que dio vida al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El gobernador Manuel Velasco Coello nunca realizó una evaluación del desempeño de todos sus colaboradores y  por lo tanto no pudo determinar el nivel del desempeño de cada uno de ellos. No escuchó las críticas que se hicieron a su gobierno y ahora, a 16 meses de que concluya su gestión, las cuentas que entrega a la sociedad chiapaneca tienen saldo negativo.

La inacción política en estos cinco años de gobierno en Chiapas, produjo que en varias partes del territorio se hiciera justicia por propia mano, evidenciando la profunda debilidad que existe en el sistema de justicia en la entidad.

A dos semanas del tercer quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, el país parece estacionado en una severa crisis, que paraliza al proyecto de reformas estructurales, que orgullosamente el presidente de la república presumió en su segundo informe de gobierno.

Lo ideal en los procesos electorales, es tener ciudadanos cada vez más informados, educados y participativos, que identifiquen con claridad el rumbo más conveniente para la convivencia social y que privilegien la prioridad del bien común por encima de las pasiones e intereses personales, a la vez de que las personas participen lúcida y reflexivamente en la solución de los problemas públicos que le aquejan a la sociedad.

El juego que se traen funcionarios de los tres poderes del Estado, al realizar actos anticipados de campaña, está colocando a la sociedad chiapaneca en una condición en la que todos pierden, al prevalecer más las ambiciones personales por nuevos cargos, que el interés por la mejora de la vida pública.

Nunca se había visto como ahora el deterioro de la figura presidencial, en donde las encuestas indican un nivel de aceptación menor al 20%, lo que evidencia el rechazo popular hacia el presidente. Esto no es asunto menor, porque México es un régimen presidencialista, en el que el presidente está por encima de todas las instituciones políticas, con facultades metaconstitucionales y en el que el régimen no tiene previsto qué hacer en una ausencia definitiva del presidente. A lo más se indica que el Congreso de la Unión designa a un interino, pero este mecanismo es una invitación al caos, al no existir una mayoría calificada de ningún partido en el Congreso.

La calidad de la democracia en Chiapas es de una pobreza extrema. Los mayores fracasos de cualquier intento de un proyecto democrático, es la estructura tradicional que prevalece en todos los ámbitos de la vida en la entidad y el profundo rezago social que afecta a más de dos terceras partes de la población. Junto a ello se presenta una ausencia de reflexión teórica sobre la construcción de nuevas ciudadanías y más aún, una ausencia de prácticas de ciudadanías. Lo que posibilita que el Estado restrinja de modo abierto o sutil, el ejercicio efectivo de los derechos políticos, sociales y culturales.

Las condiciones sociales de pobreza y desigualdad que se viven en Chiapas, representan un futuro nada prometedor para después del 2018, como para pensar que por arte de magia se va a construir en los próximos años un mundo mejor en la entidad. Esto debiera de motivar a los chiapanecos para dejar de ser pasivos y conformistas e intentar cambiar, por todos los medios al alcance, los rumbos de la historia de la entidad.

En la víspera de la Asamblea Nacional del PRI, en la que está en riesgo el futuro de ese partido, pocos ponen en duda que el nuevo PRI -que proclamaban los jóvenes priistas que llegaron al poder del país encabezados por Enrique Peña Nieto-, demostraron que son peores que los representantes del viejo PRI, que por lo menos tenía oficio político y mostraba señales de un nacionalismo mexicano.

Garantizar el Estado de Derecho es el principal compromiso que establece cualquier gobierno que se precie de ser democrático. Bajo ese principio, la aplicación de la ley debe realizarse sin distingos y sin ninguna condición que implique un carácter selectivo. Esto obliga a que el principal responsable de garantizar y cumplir el Estado de Derecho sean LOS TRES PODERES QUE INTEGRAN EL ESTADO, quienes están obligados a sujetar todas sus actos y  decisiones bajo el principio de la ley.

Un discurso muy enfático del senador Zoé Robledo es el de la transparencia y el combate a la corrupción. Él fue un personaje clave en el impulso de la ley 3de3, que obliga a los funcionarios y políticos a presentar y hacer pública las declaraciones de interés, patrimonial y de impuestos, esto con la idea de disminuir la corrupción que prevalece en el país.

La exclusión y la lucha política no ceja en el partido de Morena en Chiapas. Tal parece que nada cambió de la visita que realizó el 19 de febrero, Andrés Manuel López Obrador a Chiapas, al día de hoy, en que se comenta los resultados de la votación interna de los consejeros del día de ayer, en el que se definió la terna para Coordinador Organizativo Estatal en MORENA, en el que los resultados fue: Óscar Gurría, 36 votos; Zoé Robledo, 29 votos y Rutilio Escandón, 28 votos.

Durante las últimas décadas, el Estado Mexicano abandonó la atención de las demandas sociales de la población y la pobreza y desigualdad social creció a niveles alarmantes. Junto a este abandono, el Estado Mexicano vivió un resquebrajamiento en sus instituciones que posibilitó la infiltración del narcotráfico, presente en el país, primero como ruta de paso a los Estados Unidos, luego como productores e introductores al territorio vecino y ahora disputándose el mercado de consumo interno, creándose así los grupos mexicanos ligados al narcotráfico, que permeó los distintos niveles de gobierno y corrompió a todos los cuerpos policíacos y la impartición de justicia

Cada uno de los exgobernadores mantiene firme sus intereses políticos y económicos en Chiapas y se encuentran al acecho para tomar por asalto la gubernatura y reproducir o dar continuidad a los cacicazgos que no han sabido gobernar la entidad y no se ven visos que sus posibles herederos sepan cómo hacerlo.

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