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Thu, May
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El gobernador Manuel Velasco tiene convertido el proceso electoral en la entidad en un verdadero cochinero. A punto tal que con el registro irregular de la candidatura de Fernando Castellanos se violenta el principio de definitividad electoral, el de la legalidad, la seguridad jurídica y el de certeza del proceso electoral.

El intervencionismo del gobernador en el resquebrajamiento de las candidaturas al gobierno del Estado llegó parcialmente a su fin. Anoche los representantes de los partidos confirmaron en el IEPC la candidatura común de cinco partidos encabezada por Roberto Albores Gleason como candidato.

La incertidumbre electoral y la pasión que viene desatando las elecciones del 1 de julio, está escalando a un punto en el que la violencia se puede convertir en el método para dirimir las diferencias políticas. De llegar a esta situación, el deterioro social será mayúsculo y la política, como ciencia fundamental para la construcción de sociedad, habrá perdido el sentido en el territorio chiapaneco.

El intervencionismo en las elecciones de parte del gobierno de Manuel Velasco Coello ha sido delincuencial. Ha violentado las condiciones de igualdad en el proceso al intervenir con recurrencia en las decisiones de los partidos. Así lo hizo en la candidatura de José Antonio Aguilar Bodegas y así lo está haciendo para fracturar la candidatura de Roberto Albores, al intentar desaparecer la coalición.

El ambiente político está cargado de una incertidumbre atroz, pero el futuro inmediato que se avecina para Chiapas puede ser peor y no se están previendo escenarios para la construcción de los acuerdos políticos, que evite la violencia poselectoral y asegure la mejora de la vida pública.

¿Qué pretende el gobierno de Chiapas al buscar desacreditar al presidente del IEPC Dr. Oswaldo Chacón Rojas? ¿Por qué el gobernador continúa con su perversa intención de judicializar la política? ¿A dónde quiere llegar Manuel Velasco con el sometimiento del IEPC en pleno proceso electoral? ¿Por qué filtrar notas falsas y pagar a periodistas para que las difundan en contra del presidente del IEPC? ¿Qué pretende el gobernador al enviar a sus testaferros a solicitar que el INE atraiga las elecciones de Chiapas?

El debate entre los candidatos a la gubernatura del día domingo dio muestras de los alcances y de las limitaciones que existen en ellos. Pero también mostró los grupos de interés que respaldan a estos candidatos.

Ayer se realizó el primer debate entre candidatos para la gubernatura de Chiapas. Desde la primer pregunta seleccionada a la última realizada, quedo claro que el gobierno de Manuel Velasco estaba siendo sometido a juicio. Lo paradójico, es que el gobernador no es candidato a nada, pero los negativos de su gobierno salieron a flote: está reprobado en las áreas de corrupción, transparencia, salud, educación, empleo, seguridad y en el campo.

En Chiapas se crearon las condiciones para el fraude electoral. Lo inédito es que este fraude se construye desde el gobierno federal para favorecer al candidato Roberto Albores Gleason, de la coalición PRI-Verde-PANAL, en contra de las acciones que viene realizando el gobierno estatal, para obtener el triunfo de Rutilio Escandón Cadenas, candidato de MORENA-PES-PT.

En lo que va de este gobierno ha existido un crecimiento en el número de pobres en la entidad. Esta tendencia, comparada con la enorme inversión que realiza el gobierno federal en política social en Chiapas resulta contradictorio, pues los resultados no son positivos y la brecha de pobreza y desigualdad social en la entidad continúa profundizándose.

La competencia electoral del 2018 entró en la fase en la que la apuesta al triunfo implica promover la fractura y la división de la sociedad. Para ese efecto se distingue un apasionamiento en la población, que defiende con ahínco las posibilidades de éxito de su candidato.  

El gobierno de Manuel Velasco Coello despertó muchas expectativas en la población, pero, finalmente, terminó siendo un vil fraude. No hay ninguna acción relevante de este gobierno, que justifique el presupuesto ejercido que se calcula en más de 400 mil millones de pesos.

En la actualidad, la crisis social en Chiapas es severa: 77.4% de la población vive en pobreza y pobreza extrema; tiene el primer lugar en el país en muerte materno infantil; el primer lugar en infección del SIDA; el 84% de sus niños y adolescentes viven en pobreza; la economía de la entidad no sólo no tuvo crecimiento sino que tiene una tendencia negativa; se cayó la producción del café por la contaminación de la roya, que representó durante décadas el principal artículo de exportación y de ingreso a las comunidades; hay una deuda pública de más de 40 mil millones de pesos, lo que hipotecó el futuro de Chiapas; el crecimiento del producto interno de la entidad es del -2%; ocupa el primer lugar en el país en rezago educativo; el 18% de la población es analfabeta; y así, se pueden seguir enumerando una cantidad preocupante de cifras oficiales negativas, que muestran la verdadera cara de un Chiapas, con una profunda desigualdad económica, con graves problemas de gobernabilidad, con gobiernos ineficaces y que sitúa al gobernador Velasco Coello con las peores calificaciones de todos los gobernadores en el país.

En los gobiernos de Juan Sabines y en lo que va del gobierno de Manuel Velasco se han ejercido más de 700 mil millones de pesos, sin que este presupuesto se haya reflejado en mejores indicadores de bienestar o en beneficios sociales concretos para la población, que justificaran ese gasto. Más bien, la ausencia de proyectos de gobiernos y el despilfarro presupuestal en estas administraciones, condujo al crecimiento de la pobreza, en  77.4% de la población chiapaneca , en la que se vienen pagando cuatro millones de pesos diarios a una deuda pública, a la que no se le ha investigado cómo y por qué creció sin control alguno ni en que se invirtieron esos recursos y cuáles fueron los resultados.

La participación política en las sociedades democrática está regulada por la condición fundamental de que las personas actúan libremente, que las decisiones que toman son razonadas, que las decisiones se debe dar entre condiciones de igualdad de los participantes y que los mecanismo de construcción de las mayorías están debidamente regulados y consensuados por los partidos y la población.

En diciembre del 2017 en gira por el Estado de Guerrero Andrés Manuel López Obrador propuso la amnistía como un camino para disminuir la violencia en México y que haya paz y justicia. A partir de allí, el debate y las críticas se han multiplicado sin que bien a bien se pueda explicar en qué consiste esa amnistía.

El juego perverso en el manejo de las elecciones le ha salido hasta ahora bien al gobernador, a punto tal que pocos cuestionan los pobrísimos resultados de su administración y que a colaboradores de él, hace apenas unos días eran acremente criticados, hoy están santificados y prestos a ganar con el partido MORENA las elecciones para la gubernatura, las dos senadurías, diputaciones federales y locales así como presidencias municipales.

Durante décadas, el gobierno del Estado ha confundido el papel de los programas sociales, y gran parte del presupuesto se destina para el asistencialismo y no en programas de estímulos para reactivar la producción, que permita a la vez, generar empleo en miles de comunidades.

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