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Tue, Feb
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La pobreza es una forma de violencia estructural, que en el momento en que estos grupos se movilizan y organizan protestas sociales, en la que terceros son afectados y con ello se genera malestar y hasta rechazo a ese tipo de protestas, la sociedad encubre esta violencia estructural en una violencia invisible, en el que nadie se asume como parte de las causas de la pobreza y de la carencia en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de esta población.

Esta violencia invisible se puede traducir en un lenguaje en grupos de población que aplaude la represión del Estado, que manifiesta su apoyo al gobernante que decidió emplear el uso de la fuerza en contra de quienes supuestamente alteran el orden, sin importar cuales son los motivos que originan la protesta.

Esta actitud de aplaudir y agradecer la represión a grupos por parte del Estado, es una postura social reiterada, propio de los gobiernos autoritarios, que esconden la violación a derechos humanos a través de un falso discurso del Estado de derecho y del imperio de la ley.

Hoy día desde las esferas del gobierno se busca crear un clima de respaldo a la represión sufrida por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes fueron golpeados por la policía estatal el domingo en la mañana. De esa manera se orquestan apoyos a través de cartas de organismos empresariales que respaldan al gobierno por un acto que está siendo criticado por las principales autoridades del país y por todos los organismos defensores de derechos humanos.

Por eso hay que recordar que al día siguiente de la fatídica fecha del 26 de septiembre del 2014, en que fueron golpeados y luego desaparecidos en Iguala los estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, todos los medios de Guerrero aplaudieron al gobernador y los organismos empresariales le brindaron su respaldo, días después el gobernador entregaría su renuncia en medio de una crisis nacional desatada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que produjo la condena internacional al gobierno de Enrique Peña Nieto por la violación a los derechos humanos en México.

El problema ocasionado en Chiapas por la represión del día domingo no es un asunto menor, pues fueron violadas las medidas de protección solicitadas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el gobierno chiapaneco incumplió las obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Lo más grave de esta situación que se está viviendo es la falta de oficio que prevalece en las tres dependencias involucradas en este acto de represión, la secretaría de gobierno, la secretaría de seguridad pública y la  fiscalía general del Estado, en el que evidencian que no tenían conocimiento de la visita de la caravana de los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa.

Esta situación viene reproduciendo el mismo patrón de impunidad que se generó en el momento de la desaparición forzada de los estudiantes, en el que no se investigó ni se tomaron las medidas preventivas para evitar la repetición de violación de derechos humanos.

 

 

 

El gobierno de Rutilio Escandón está metido en una severa crisis de credibilidad, de transparencia, de gobernabilidad y de inseguridad pública, pero no parece advertir la magnitud de la crisis y mucho menos las posibles consecuencias de la inacción política que caracteriza a esta administración.

Los problemas y el desprestigio se acumularon circunstancialmente, primero con la renuncia y vinculación de proceso del exsubsecretario de gobernanza, Giovanni Campos, quien desde el gobierno de Juan Sabines, donde ocupó la secretaría técnica en la secretaría de gobierno y luego la subsecretaría de transportes, en ambas teniendo como su jefe al Dr, Jorge Morales Messner, se conocía de su conducta permisiva lo que le permitió tener un rápido enriquecimiento.

Esto despertó sospecha en su designación y la secretaría de gobierno inició cargando el estigma de la corrupción. El despido fulminante y su vinculación a proceso, no limpia esta sospecha porque ya se sabía de sus antecedentes. Todos los que provenían del PRD a MORENA sabían de los ilícitos antecedentes y guardaron silencio cómplice, y flaco favor le hicieron al gobierno de Rutilio,  quien tuvo que salir a señalar que la lucha en contra de la corrupción va en serio, pero su mensaje tiene poca credibilidad. Sobre todo, porque ya se sabe de la existencia de un audio en donde se escucha a Giovanni Campos en función de subsecretario pidiendo a nombre del gobernador las renuncias a los notarios y dejando entrever intimidación y amenazas si estas no se presentaban.

Una docena de notarios decidió recurrir al amparo y hasta ahora lo tienen ganado y el gobierno tendrá que ceder en sus bravatas, de que no se autorizarán más notarías, pues la orden viene de un juzgado federal, lo que implica un fracaso, al no poder conseguir por la vía del acuerdo, las renuncias de los notarios nombrados en el último momento en el gobierno anterior.

La secretaría de gobierno no puede cumplir con el deseo del gobernador y se aventura a exigir la renuncia de los comisionados del instituto de acceso a la información, organismo que es autónomo, y que juega un papel importante en el sistema estatal anticorrupción, como garante del derecho a la información, situación que mancha la integración del nuevo organismo responsable en el combate de la corrupción en la entidad, debido a que el secretario Brito Mazariegos mostró que tiene interés de incidir en los nombramiento de los nuevos comisionados del instituto de acceso a la información, lo que limitaría e incidiría en el funcionamiento del sistema estatal de anticorrupción.

Una mala señal de la administración de Rutilio Escandón es el nulo respeto que se le tiene a los organismos autónomos, a quien sin más ni más el secretario de gobierno pide las renuncias a los responsables, impidiendo con ello el funcionamiento autonómico que debieran de tener.

En medio de todo este desaseo, ayer se incurrió en el mayor error político inimaginable, el de reprimir a la caravana de padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, lo que convirtió a Chiapas en una nota internacional, que reprodujo el patrón de impunidad, al generar de nuevo la violencia institucional, al que han estado sometidos estos padres, en los últimos cinco años de su vida.

Lo más grave de esta situación es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, por esta desaparición de los estudiantes recibió el rechazo unánime de todos los organismos internacionales defensores de derechos humanos, y con ello inició su debacle, que abrió el triunfo de Andrés Manuel López obrador.

La represión de ayer a esta caravana pone en el ojo del huracán al gobierno de Chiapas, que continúa con sus prácticas de violencia institucional y que pone como un gobernante represor a Rutilio Escandón, quien paradójicamente siempre se cuidó de no estar involucrado en actos de represión.

 

 

Existe información estadística y estudios de sondeos de opinión que muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación cambie, lo que evidencia que no se viene gobernando. En un breve recuento se puede observar que las actividades económicas están paralizadas; el PIB presenta cuatro trimestres de decrecimiento; no hay crecimiento en el empleo; la inversión pública está estancada; el nivel de aprobación del gobernante aparece siempre reprobado y en los 10 últimos lugares; los problemas de gobernabilidad son permanentes y son muchos municipios en donde han existido situaciones de violencia; la inseguridad se apoderó de las calles; la ausencia de políticas para el campo hacen prever una crisis en la producción de maíz y una crisis en la soberanía alimentaria en la entidad.

Sin embargo, el mayor pesar de la sociedad chiapaneca se encuentra en el funcionamiento de dos dependencias: la fiscalía general, que se ha convertido en un peligro para la seguridad ciudadana, pues se caracteriza por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, en el que nadie está a salvo y, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien tiene como presidente a un execrable personaje desvinculado de la lucha por los derechos humanos y que convirtió a esa Comisión en una comparsa que legitima las violaciones de derechos de la fiscalía, y que por ese papel que desempeña, dejó de ser garante de los derechos humanos de la población en Chiapas.

Lo preocupante de esta situación, es que este tipo de actuación de la fiscalía no es un hecho aislado sino una práctica sistemática que provoca riesgos e inseguridad a la ciudadanía, en virtud de que nadie se encuentra a salvo de la fabricación de pruebas para ser inculpado de delitos no cometidos por parte de la fiscalía, y en donde la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es partícipe por omisión o por aquiescencia de estas prácticas violatorias que deterioran la convivencia ciudadana.

¿Por qué permite este abuso de poder el gobernador del Estado, que afecta el proyecto de vida de las familias y cuya violación a derechos agrede a la sociedad en su conjunto? Lo primero podría ser porque desconoce lo que está sucediendo y no le están informando de las violaciones y abusos policíacos; en segundo, porque sus colaboradores del tribunal de justicia, de la secretaría de gobierno, de la fiscalía general o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le están engañando; tercero, porque el gobernador tiene conocimiento de lo que sucede y respalda las violaciones sistemáticas y generalizadas que se viven en Chiapas; cuarto, por el conjunto de complicidades que puede existir con sus colaboradores; quinto, porque delegó sus responsabilidades en sus colaboradores, quienes le vienen fallando a esa confianza; y, sexto, por frivolidad e indiferencia ante los problemas.

Cualquiera el que sea de los motivos señalados,  muestra a un gobernador poco involucrado con el sentido de la justicia, que representa una de las virtudes más preciadas que debe tener un gobernante, de la cual se desprende la honradez, la rectitud, la legalidad, el equilibrio, la responsabilidad, la libertad, la transparencia, la integridad, el respeto y la solidaridad, todos estos principios regulados por la Constitución.

Chiapas por su nivel de violencia y conflictividad requiere de un gobierno de tiempo completo y de funcionarios comprometidos y eficaces, algo que no viene sucediendo, lo que  obliga al gobernador Rutilio Escandón a rectificar hasta ahora lo caminado y realizar los cambios necesarios en el gabinete.

 

 

 

 

La administración de Rutilio Escandón está cometiendo un error de apreciación al considerar que Chiapas se puede gobernar con boletines de prensa. Pero a su vez, esto lo lleva a cometer otro error, al pensar que todo está bien y no se miden las consecuencias que tiene despertar el malestar entre los maestros de la sección 40, al modificar la edad de jubilación en el ISSSTECH.

La lección en Tapachula del 27 de enero no se ha entendido del todo. Los pobladores de la comunidad de Pavencul fueron agredidos por la policía municipal, en el que se puso en evidencia la falta de operación política y se privilegió la violencia con el uso desmedido de la fuerza policíaca. Esto despertó el malestar de otros sectores de Tapachula. De igual forma, el mal manejo de los migrantes por el gobierno federal terminó incrementando el malestar en la región de la costa, en donde se acrecentó el discurso del abandono de la región y el reclamo de pocos apoyos para mejorar la economía del Soconusco. 

La ausencia de una política diferenciadora de los gobiernos federal y estatal hacia toda esta región, está generando un fuerte distanciamiento hacia el presidente municipal y al gobernador del Estado, en el que también se está afectando la imagen de López Obrador.

En este sentido, creer que el malestar es sólo entre un grupo de alborotadores resentidos por el triunfo de MORENA, es una visión equivocada, que puede generar problemas de gobernabilidad en la entidad, por la insatisfacción que hay en contra de los gobiernos municipales de Tapachula, Tuxtla y San Cristóbal, que son los municipios de mayor importancia en la entidad gobernada por el partido MORENA.

En Chiapas lo que hay es una paz engañosa. El hecho de que los grupos indígenas- campesinos no se manifiesten por la falta de los apoyos, que se debieron de haber dado antes del inicio de la temporada de lluvias, no significa que todo esté tranquilo sino que se encuentran a la expectativa de un resurgimiento de la protesta para sumarse a las manifestaciones.  El campo es un sector muy golpeado por la inacción gubernamental, en el que se estima la producción más baja de maíz en la historia de Chiapas y con el café, que representa el producto de mayor exportación en la entidad, se tienen problemas de mano de obra, en el que todavía una gran parte de la cereza está sin cortar y se corre el riesgo que esta producción se pierda si llegara a caer una lluvia.

Ha sido un error reiterado de la administración de Rutilio Escandón desentenderse de los problemas y considerar que todo va bien y que en Chiapas se trabaja en unidad y armonía. La realidad es que hay muchos problemas sin atenderse y que cada día es mayor el desencanto en Chiapas hacia el gobierno de la 4t, que no deja de comportarse como el viejo PRI.

 

 

Los desplazados indígenas sufren graves afectaciones al proyecto de vida, a su vez, las condiciones de desplazamiento que padecen, trae consigo el rompimiento de lazos familiares,  sociales y culturales con la comunidad, y  los sitúa en una condición de vulnerabilidad laboral, en el acceso a las necesidades vitales como la alimentación, la salud y educación y que los expone a actos de violencia física o sexual, a ataques armados, desapariciones, todas ellas violaciones graves a los derechos humanos.

El problema de los desplazados indígenas no es un asunto reciente en la entidad sino que lleva más de 25 años, sin que haya de parte del Estado la mínima muestra de querer resolver de raíz esta situación, a pesar de que existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le pide al gobierno de Rutilio Escandón implemente un programa de construcción de paz y realice el desarme de los grupos paramiltares en este territorio indígena.

El actual gobierno mantiene la misma conducta de sus antecesores, de reproducir patrones de impunidad, porque no resuelve los agravios del pasado, en el que los desplazamientos forzados han producido muertos, quema de tierras, destrucción de viviendas y múltiples violaciones de derechos humanos, y donde la población afectada son mayoritariamente niños, niñas, adolescentes y mujeres, que por sus propias condiciones de vulnerabilidad requieren de protección especial, tal y como lo establecen los tratados internacionales y la normatividad nacional.

Para la construcción de la paz en el territorio indígena de Chiapas, el gobierno federal y el gobierno estatal tienen que entender que se debe desmovilizar y desarmar a los grupos paramilitares. Pero aún cumpliendo con esta recomendación de la CNDH, esto resulta insuficiente sino se realiza una investigación sobre las causas de la violencia y las agresiones y se determinan los mecanismos de  sanción a los responsables directos de los desplazamientos y a las autoridades que consintieron y promovieron durante estos años la actividad de los grupos paramilitares.  Junto a la sanción, el Estado tiene que garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sobrevivientes y emprender mecanismos de no repetición de esta violencia desbordada y de las prácticas de expulsiones y desplazamientos forzados en las comunidades indígenas.

La voluntad política se tiene que demostrar a través de acciones concretas que han sido manifiestas en las diferentes reuniones que han mantenido el grupo de desplazados con las autoridades. Estas acciones se resumen en la aplicación de tres mecanismos articulados entre sí, que están contemplados en los principios rectores de la ONU: 1) diseñar mecanismos de prevención aplicables antes de que el desplazamiento interno ocurra, es decir, la protección contra desplazamientos arbitrarios; 2) establecer un programa de ayuda para las situaciones actuales del desplazamiento; y 3) implementar medidas que garanticen a la población desplazada el retorno y la reintegración a la vida comunitaria. 

La ausencia de voluntad política y la dificultad de los funcionarios del gobierno de Rutilio Escandón para dimensionar esta problemática, va a conducir que sean las Cortes Internacionales quienes sancionen al Estado mexicano por el incumplimiento a las responsabilidades internacionales que hay en materia de atención a grupos desplazados.

 

 

El problema de los desplazamientos indígenas en Chiapas viene de varias décadas atrás, cuando en los años 70s en San Juan Chamula se dio una expulsión por razones religiosas. Sin embargo, la gravedad de este problema  se debe a que ningún gobierno ha querido resolver esta situación, misma que se agudizó a partir del año de 1994, en que se diseñó una política de Estado para crear, adiestrar y financiar grupos paramilitares con la finalidad de enfrentar entre sí a las comunidades indígenas, y a partir de allí generar un discurso distractor que señaló que la violencia en esas comunidades no era producida por el Estado sino debido a los conflictos intercomunitarios.

Son muchos los sucesos de violencia que se han presentado en los últimos años que terminaron provocando desplazamientos indígenas y el Estado no implementa medidas para prevenir estos desplazamientos, y de manera omisa continúa desestimando el clima de agravios, conflictos y de tensión social que prevalece en las comunidades en donde los grupos paramilitares actúan con impunidad.

En los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán existe una profunda polaridad social, que no está siendo entendida ni aquilatada por el gobierno de Chiapas, en donde dos diferentes grupos paramilitares impusieron condiciones en la región y la reincidencia de enfrentamientos y muertos, problema que podría resolverse con voluntad del gobierno y aplicando las políticas públicas adecuadas.

Sobre los desplazados de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han emitido medidas cautelares y recomendaciones al Estado mexicano y al gobierno de Chiapas para que atiendan esta situación, que eviten daños mayores o violaciones graves a los derechos de esta población, y ha recomendado al gobierno de Chiapas el desarme de los grupos paramilitares. Hasta ahora el gobierno chiapaneco ha sido omiso a esta recomendación y se ha dedicado a promover reuniones, que no resuelven las causas del problema.

Hacia los desplazados hay una desatención del gobierno y se ha omitido tomar las decisiones que procuren las condiciones del retorno de miles de desplazados que habitan los cinturones de miseria en la Ciudad de San Cristóbal de Las casas.

La región de Aldama, Chenalho y Chalchihuitán está convertida en un polvorín, sin que esto pareciera preocuparle a las autoridades del gobierno estatal y federal, quienes vienen incumpliendo las medidas cautelares de la CIDH y la recomendación de la CNDH, pues los grupos paramilitares continúan actuando en la impunidad, sin que haya visos de que se implemente un operativo de desarme y sin que se implemente un programa de cultura de paz y no violencia, que permita la convivencia comunitaria de todos los grupos.

La desatención política a los desplazados provoca los plantones indígenas que hoy día se encuentran afuera del palacio de gobierno y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son muestra de que en este gobierno, que se comprometió con la transformación, se continúan reproduciendo los mismos patrones de impunidad del viejo régimen.

 

 

 

El gobierno de Chiapas necesita urgentemente de oxígeno. A su agobio financiero y crisis de gobernabilidad se sumó el problema de la inseguridad, situación que complica en demasía las posibilidades de Rutilio Escandón para dar respuesta a las demandas y necesidades de la población chiapaneca.

Chiapas venía arrastrando desde hace varios años problemas de gobernabilidad pero mantenía en los niveles controlables los problemas de inseguridad. Al inicio del nuevo gobierno la inseguridad empezó a crecer y ahora se habla de secuestros, asesinatos, ejecuciones de activistas y asaltos bancarios. Lo grave de esta situación es que no se percibe en el gobierno de Rutilio Escandón es que haya una mínima capacidad de respuesta, lo que significa que los problemas de violencia y de inseguridad continuarán a la alza.

¿Cómo hacer frente a esta difícil situación? Uno, a través de un manejo diferente de una política eficiente y, otra, con la aplicación irrestricta de la ley; lo que permitiría construir nuevos acuerdos políticos y sancionar conductas y delitos, que hoy, por los niveles de impunidad son permitidas.

La violencia y la inseguridad va a ir a la alza debido al alto índice de impunidad que hay en Chiapas, que es el más alto del país, del 99%. Eso significa que de 100 delitos  que se cometen en Chiapas sólo uno se sanciona. Condición que evidencia los niveles de complicidad que hay entre los cuerpos policiales, ministerios públicos, jueces y delincuencia.

De continuar con esta dinámica de problemas de gobernabilidad con inseguridad, todo estará perdido para Chiapas, pues las actividades económicas sufrirán una terrible parálisis, mayor a la que existe y el campo se quedará sin condiciones posibles para su reactivación. Por eso Chiapas requiere urgentemente de oxigeno y una cirugía mayor. Pero Rutilio Escandón tiene otra mirada, está situado en otro punto de la realidad y está convencido que viene realizando un buen gobierno. Esto significa que puede ser el gobernador el que no escucha a nadie.

La violencia, pobreza, inseguridad, desempleo, deficiencia institucional inacción política y delincuencia organizada,  son una combinación fatal, que está presente en la entidad y  que no presupone buenos augurios para Chiapas. Todo esto se convierte en un estallido social con la ausencia de gabinete y de plan de gobierno que persiste en la entidad, lo que hace prácticamente imposible que el gobernador pueda tener márgenes de maniobra y que la presión social puede ocasionar el colapso del gobierno.

Los males de la entidad no se van a resolver en seis años. Pero es urgente que se sienten las bases para un proyecto de desarrollo, en el que puedan incorporarse todas las voces en la entidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiapas históricamente padece dos grandes problemas sociales: los bajos Índices de Desarrollo Humano y la falta de confianza y credibilidad en la impartición de justicia.

Estos dos problemas tienen relevancia en la forma de hacer “política” en la entidad. Por un lado, ha existido un abuso exacerbado en la utilización de los pobres en la promoción y las campañas políticas y, por el otro, se ha interiorizado la idea de impunidad en el imaginario de los funcionarios y políticos chiapanecos, debido a la ausencia de castigos al enriquecimiento inexplicable en los últimos gobiernos, lo que significa un deterioro en las formas de impartición de la justicia.

Los bajos Índices de Desarrollo Humano y la falta de justicia limitan y vulneran la implementación de un proyecto democrático, en virtud de que la pobreza y la falta de educación hacen imposible el establecimiento de la democracia. Pero, de igual modo, la ausencia de justicia hace inviable el proyecto democrático, porque eso significa que no prevalece la legalidad en la impartición de la justicia, situación que caracteriza a los gobiernos autoritarios y a la tiranía.

En este sentido, la crisis de la democracia en Chiapas, y muy seguramente en el país, estriba en los problemas de pobreza y en las deficiencias educativas, que se recrudece con la ausencia de una cultura de la legalidad, situación que tiende a generar que las demandas políticas se expresen con violencia y estén acompañadas por una carga de resentimiento social, en el que fácilmente se violan los derechos de personas y se pierde el sentido de la lucha democrática.

Esto sucede con frecuencia en la el movimiento magisterial, en las demandas de los grupos indígenas-campesinos y más significativamente en las luchas estudiantiles, como las que tienen las escuelas normales en la entidad. La pérdida de la perspectiva democrática y de una cultura de la legalidad en las acciones de lucha, provoca reacciones entre la población de molestias y rechazo, en el que peligrosamente se aplaude la violencia del Estado para reprimir a los manifestantes y se criminaliza la lucha social.

En este sentido hay una idea equivocada del orden social, en el que se piensa que la violencia del estado restablece el derecho y libertades de la población, cuando en realidad sucede lo contrario, y con ello se pierde de vista en que son las políticas erróneas del Estado y de los funcionarios lo que provoca la protesta y la exigencia del cumplimiento de las demandas ciudadanas. De allí que el uso de la fuerza pública para disolver las protestas sean un indicativo de la falta de capacidad política, en el que no existe voluntad en las autoridades para construir acuerdos; en el que siempre es más fácil reprimir que construir gobierno y democracia.

En Chiapas el exceso de protestas se debe al incumplimiento del gobierno en sus responsabilidades y a la frivolidad de los gobernantes. Si bien es cierto que también existen líderes que han hecho un negocio de la protesta, esto hay que decirlo, es responsabilidad exclusiva del propio Estado que fomenta y práctica la ilegalidad y la corrupción con líderes venales, situación que no debe servir de pretexto para desacreditar por igual a todas las protestas.

 

 

 

 

Los sucesos de violencia policíaca del 27 de enero en Tapachula representa un caso abierto de una violación de derechos humanos a un grupo de campesinos pertenecientes al Ejido Pavencul y a un grupo de periodistas que cubrían la movilización campesina, en donde Cinthya Alvarado, colaboradora de este periódico, fue arbitrariamente detenida y mantenida en los sótanos del palacio municipal, en el que la policía torturó a un grupo de pobladores de Pavencul que fueron detenidos.

El clima de desinformación promovido desde la presidencia municipal de Tapachula, en el que se buscó fabricar pruebas para inculpar a Cinthya Alvarado de incitación a la violencia, en el que esta periodista fue linchada en la redes sociales, queda desvirtuado con el video que empezó a circular, en donde se muestra la violencia policíaca que se ejerció sobre los detenidos.

Ante esta prueba incontrovertible, la presidencia municipal de Tapachula inició una campaña de disculpa y luego de promesas de investigación y sanción a todos los policías que participaron en ese acto aberrante de tortura. Pero nada dice de la campaña de linchamiento en contra de la colaboradora de este medio, en el que se circularon videos editados con el fin de demostrar que ella fue una de las personas que incitaron a la violencia, cuando en realidad lo que hizo fue cubrir el suceso bajo una actitud de indignación y de rechazo al despliegue policíaco que prevaleció en esa movilización de protesta campesina.

Lo paradójico de esta situación, es que el presidente municipal de Tapachula, Dr. Oscar Gurría Penagos, ahora busca sancionar a los policías que participaron en la violencia a los detenidos, cuando los policías recibieron órdenes de un mando policial y este mando, forzosamente recibió una instrucción de una autoridad municipal de intervenir con el uso la fuerza en contra de los manifestantes.

¿Qué autoridad fue la que dio la instrucción al mando policial de emplear el uso de la fuerza? Eso es lo que se tiene que esclarecer en la investigación. Pero finalmente el presidente municipal es la autoridad responsable de los actos que realicen sus subordinados. Aquí lo que se pretende es eximir de su responsabilidad al presidente municipal, publicitando que éste no se encontraba en Tapachula, como si su ausencia no se pudiera remediar a través de los medios de comunicación que prevalecen hoy día. Con esta excusa infantil, lo único que provoca es que se piense que Gurría Penagos carece de autoridad sobre sus subordinados, y que cualquiera de ellos puede tomar una decisión de esta magnitud sin consultar siquiera al presidente.

Los delitos en derechos humanos se pueden clasificar en delitos por acción, por omisión y por aquiescencia. La presunta ausencia del presidente municipal el día de los sucesos lo exime de los delitos por acción pero no por omisión ni por aquiescencia, sobre todo, porque él debió de estar enterado de lo que había sucedido segundos después y debió de haber instruido de inmediato la sanción correspondiente a los responsables.

Del 27 de enero al 4 de febrero, la presidencia guardó silencio y con ello se presume un encubrimiento a los responsables directos. Ayer 5 de febrero el presidente Gurría tomó decisiones cuando la situación era irremediable, empezó a circular un video que evidenciaba la actuación del cuerpo policíaco fuera de los protocolos del uso de la fuerza.

Ayer, en la sesión del período extraordinario del Congreso Local, diputadas se pronunciaron en contra de la violencia policíaca en Tapachula y se mencionó el juicio político al presidente municipal, algo que resulta inevitable y que debe impulsarse para que nunca más en Chiapas, ningún periodista sufra una agresión por los cuerpos policiales.

 

 

 

 

Es obvio que el deseo generalizado es que los conflictos que se viven en Chiapas se resolvieran en lugar de agudizarse.  Pero para ello se requiere fundamentalmente de oficio político, de conocimiento de las situaciones y de un trabajo diario de 24 horas de atención real de los problemas y no de simulaciones por parte de los funcionarios, que desafortunadamente eso es lo que vienen haciendo.

Es cierto en que hay demandas de los grupos que no fueron atendidas por el anterior gobierno y resulta  inconcebible que no se atiendan ni resuelvan por el actual gobierno; como es el caso de la falta de soluciones a la población de desplazados que se han visto obligados a movilizarse en Tuxtla Gutiérrez y en la Ciudad de México y realizar  plantones en ambas ciudades .

Hay problemas como el de la presencia de grupos paramilitares donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios.  Pero la administración de Rutilio Escandón carga con la presión de dos medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los desplazados de Chenalhó y de los desplazados de Chalchihuitán y dos recomendaciones de la CNDH, en donde le concedieron en febrero del 2019, seis meses para que se desarmaran los grupos paramilitares y se elabore un programa de pacificación en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán. Tiempo que ya concluyó, sin que se haya realizado esfuerzo alguno con el compromiso de la verdad, justicia y reparación a los agravios reiterados, de desplazamientos, desapariciones, asesinatos, persecuciones y encarcelamientos que por décadas se han vivido en las comunidades indígenas de estos municipios.  

La mayor dificultad del pasado que la administración de Rutilio Escandón no logra superar, es el relajamiento de la autoridad que se institucionalizó en los anteriores gobiernos, en el que se resquebrajó el orden y se debilitó la presencia del Estado.

Este escenario de debilidad de las instituciones es el que debió de desaparecer al inicio del gobierno, pero no se hizo, y desafortunadamente permanece en la gestión de Rutilio Escandón, que en los 14 meses que lleva la administración, continúan sin atenderse los problemas y la inseguridad se disparó a niveles peligrosos.

De manera oficiosa se reproduce el discurso de la confabulación, en el que se afirma que hay una intención por desestabilizar el gobierno de Rutilio Escandón. Este señalamiento es falso, pues no existe tal confabulación.  Ese discurso es una distracción creada por los propios funcionarios del gabinete, con el fin de ocultar la ineficacia e inventar enemigos para así justificar los ataques mediáticos hacia otros actores de la entidad con la colaboración de una prensa que desde siempre actúa contra sí misma.

Las condiciones de sobreviviencia de la población indígena quedó visibilizada en el mundo con la rebelión zapatista del 1 de enero de 1994. De ser una población ignorada, olvidada y discriminada, de pronto se convirtió en una preocupación del derecho internacional y en los últimos 25 años pasaron a ser sujetos colectivos de derechos y como pueblos indígenas se les reconoce la capacidad para ejercer su derecho al desarrollo y a la libre determinación .

Un instrumento internacional como el Convenio 169 de la OIT, al que se le consideró débil y no vincunlante, se convirtió para el movimiento zapatista en bandera para exigir el reconocimiento al derecho de la autonomía. A partir de ese instrumento jurídico se desarrolló un derecho convencional favorable a los pueblos indios, que mejoraron y fortalecieron los mecanismos de defensa de estas comunidades, que históricamente han sufrido de despojos, expulsiones, desplazamientos forzados, migración, destrucción de sus recursos naturales, destrucción de sus sitios sagrados, pérdida de su identidad cultural, explotación forzada, etc., etc.

Frente a esta condición de miseria y de violación generalizada de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y ambientales a la población indígena, las Naciones Unidas incorporaron en un conjunto de instrumentos internacionales la preocupación de los derechos a los pueblos indígenas, como fue en  la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD), la Convención sobre los Derechos del Niño, que fortalecieron las disposiciones contempladas por el Convenio 169 de la OIT. Pero además se aprobaron disposiciones normativas como la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Adicionalmente la OEA aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas.

Después de 1994, el movimiento zapatista se convirtió en un referente de la lucha política de los pueblos indígenas de América, y gran parte de esta lucha política de los pueblos originales y tribales se enfocó en la defensa de la tierra, de los recursos naturales y del territorio, que se han visto afectados por las decisiones de los gobiernos que autorizan y dan concesiones a la inversión privada para la exploración y explotación de empresas petroleras, mineras, madereras y energéticas, que ponen gravemente en riesgo la supervivencia física y cultural de estos pueblos.

En toda esta lucha por la defensa de la tierra y del territorio, la bandera es el derecho a la consulta y el consentimiento, libre, previo e informado, que el derecho convencional tiene establecido como un proceso previo a la planeación y ejecución de los proyectos de inversión, y que los gobiernos de los países americanos no están cumpliendo a pesar de las disposiciones internacionales que se encuentran incorporadas en el marco jurídico de casi todos los países miembros de la OEA.

En México se tienen tres décadas de incumplimiento al derecho a la consulta de los pueblos indígenas y a raíz de la reforma energética se dieron todas las facilidades al capital transnacional para participar en las concesiones petroleras, mineras y de producción de energías, lo que pone en riesgo el amplio territorio de los pueblos indígenas, que se encuentra susceptible de ocupación porque cientos de estos proyectos se encuentra en tierras en posesión y propiedad de comunidades indígenas.

El diferendo político que hay entre el gobierno de López Obrador y el EZLN no está debidamente calculado, sobre todo porque la razón jurídica le asiste a los pueblos indígenas, al existir un incumplimiento de la responsabilidad internacional del Estado, al no realizar la consulta indígena de acuerdo a los estándares internacionales y respetando las formas de gobierno y de toma de decisión en las comunidades, y más porque no se han construido mecanismos para la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y porque se construyó la visión de que el acuerdo es por mayorías y privilegiando el bienestar de las mayorías, cuando en los hechos se está construyendo la violación de los derechos de estas comunidades indígenas y se les está imponiendo una visión del desarrollo.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya resolvió casos sobre el derecho a la consulta, de restitución de tierras a los pueblos indígenas y canceló proyectos de desarrollo por la falta de la consulta y de estudios de impacto social, ambiental y cultural, las más emblemáticas son las del pueblo Saramaka en Surinam y la del pueblo Sarayaku en Ecuador, sentencias que los asesores en cuestiones indígenas de López Obrador conocen a la perfección, pero no son capaces de aclarar al presidente sobre su visión equivocada de las consultas y que se corre el riesgo que los litigios se internacionalicen y se emitan medidas provisionales que protejan a las comunidades y que invaliden las acciones del gobierno mexicano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe información estadística y estudios de sondeos de opinión que muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación cambie, lo que evidencia que no se viene gobernando. En un breve recuento se puede observar que las actividades económicas están paralizadas; el PIB presenta cuatro trimestres de decrecimiento; no hay crecimiento en el empleo; la inversión pública está estancada; el nivel de aprobación del gobernante aparece siempre reprobado y en los 10 últimos lugares; los problemas de gobernabilidad son permanentes y son muchos municipios en donde han existido situaciones de violencia; la inseguridad se apoderó de las calles; la ausencia de políticas para el campo hacen prever una crisis en la producción de maíz y una crisis en la soberanía alimentaria en la entidad.

Sin embargo, el mayor pesar de la sociedad chiapaneca se encuentra en el funcionamiento de dos dependencias: la fiscalía general, que se ha convertido en un peligro para la seguridad ciudadana, pues se caracteriza por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, en el que nadie está a salvo y, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien tiene como presidente a un execrable personaje desvinculado de la lucha por los derechos humanos y que convirtió a esa Comisión en una comparsa que legitima las violaciones de derechos de la fiscalía, y que por ese papel que desempeña, dejó de ser garante de los derechos humanos de la población en Chiapas.

Lo preocupante de esta situación, es que este tipo de actuación de la fiscalía no es un hecho aislado sino una práctica sistemática que provoca riesgos e inseguridad a la ciudadanía, en virtud de que nadie se encuentra a salvo de la fabricación de pruebas para ser inculpado de delitos no cometidos por parte de la fiscalía, y en donde la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es partícipe por omisión o por aquiescencia de estas prácticas violatorias que deterioran la convivencia ciudadana.

¿Por qué permite este abuso de poder el gobernador del Estado, que afecta el proyecto de vida de las familias y cuya violación a derechos agrede a la sociedad en su conjunto? Lo primero podría ser porque desconoce lo que está sucediendo y no le están informando de las violaciones y abusos policíacos; en segundo, porque sus colaboradores del tribunal de justicia, de la secretaría de gobierno, de la fiscalía general o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le están engañando; tercero, porque el gobernador tiene conocimiento de lo que sucede y respalda las violaciones sistemáticas y generalizadas que se viven en Chiapas; cuarto, por el conjunto de complicidades que puede existir con sus colaboradores; quinto, porque delegó sus responsabilidades en sus colaboradores, quienes le vienen fallando a esa confianza; y, sexto, por frivolidad e indiferencia ante los problemas.

Cualquiera el que sea de los motivos señalados,  muestra a un gobernador poco involucrado con el sentido de la justicia, que representa una de las virtudes más preciadas que debe tener un gobernante, de la cual se desprende la honradez, la rectitud, la legalidad, el equilibrio, la responsabilidad, la libertad, la transparencia, la integridad, el respeto y la solidaridad, todos estos principios regulados por la Constitución.

Chiapas por su nivel de violencia y conflictividad requiere de un gobierno de tiempo completo y de funcionarios comprometidos y eficaces, algo que no viene sucediendo, lo que  obliga al gobernador Rutilio Escandón a rectificar hasta ahora lo caminado y realizar los cambios necesarios en el gabinete.

 

 

 

 

Chiapas tiene un futuro incierto, polarizado y sin rumbo, en el que más de dos millones de niños, niñas y jóvenes de las ciudades y de las zonas rurales están condenados a vivir en la pobreza, sin posibilidades de mínimos cumplimientos a sus derechos sociales y económicos.

En los últimos 30 años Chiapas ha recibido los mayores recursos de la federación en política social y aún con ello, la brecha de pobreza y desigualdad social no solo no se redujo sino que continuó creciendo, a punto tal que 8 de cada 10 niños y jóvenes viven en la pobreza. La interrogante de este gasto está en el de conocer cómo se invirtieron estos recursos, que no tuvieron el impacto social esperado; que era el de mejorar las condiciones de vida de la población en la entidad. En la ausencia de resultados, lo más fácil es culpar a la corrupción, pero el fondo del problema es por qué no se realizaron las investigaciones correspondientes y la sanción de los responsables de ese desvío y despilfarro.

En estos 30 años Chiapas amplió su cobertura educativa al 100%, pero lo hizo con escuelas de mala calidad, en donde el mayor número de ellas son escuelas multigrado atendidas por un solo maestro. En este sentido Chiapas vive la terrible realidad, en que las zonas de mayor pobreza es donde se imparte la educación de peor calidad educativa.

Estos simples datos debieran despertar la indignación y provocar la exigibilidad al gobierno de que se cumpla con la eficacia adecuada en el ejercicio del gasto público, y que cada peso que se invierta en la entidad sea útil, para que la corrupción no sea lo que prevalezca en la realización de las obras ni en la distribución de los apoyos sociales. Pero eso no se realiza, no hay una vigilancia ciudadana y en contrasentido, se ha desarrollado un sentimiento que respalda las políticas represivas de las autoridades, como sucedió recientemente en Tapachula en el que a ciertas empresas se les invitó para que publicaran un desplegado de respaldo a la presidencia.

En Chiapas el desorden social ha sido lo provocado por el propio gobierno, quien ha usado indiscriminadamente los recursos presupuestales para negociar y cooptar a los grupos que manifiestan su malestar. Frente a esta relación perversa, hoy día amplios sectores de la población reclaman el restablecimiento del orden y aplauden al gobierno sus actuaciones violentas en contra de la población que protesta, lo grave es que se considera que esta represión es necesaria para el bienestar social cuando este bienestar es el que está afectado y destruido para el  78 % de la población chiapaneca que vive en la pobreza.

En efecto hay que reclamar un orden, pero no represivo, el orden debe ser en el gasto público, en el saneamiento de las finanzas, en la inversión pública. El orden que se le debe exigir al gobierno debe ser el de la legalidad, que los funcionarios no tomen decisiones en la ilicitud y que los daños ocasionados a las finanzas públicas no queden en la impunidad.

Las acciones represivas son promovidas, validadas y avaladas por el propio gobierno y filtradas a la sociedad a través de medios y voceros con el fin de construir consensos y reproducir estigmas a sujetos o acciones políticas que deben de ser castigadas. En Chiapas esté ejercicio ha sido exitoso a punto tal que la represión del  estado en contra de la protesta se le aplaude y con ello se pierde de vista que Chiapas se convirtió en una sociedad sin futuro.

 

La decisión política más desafortunada de la administración de Rutilio Escandón, es la utilización sistemática de la fuerza pública para resolver los problemas sociales en la entidad. Eso sólo provoca mayor violencia, contraviene las disposiciones de la presidencia de la república y se viene construyendo una imagen del gobernador como un represor.

Golpear y criminalizar a un grupo de periodistas en la Ciudad de Tapachula, en medio de una trifulca en el que se reprimió a un grupo de campesinos del Ejido de Pavencul, de la sierra en Tapachula, solo demuestra el falso discurso del restablecimiento del Estado de derecho  y en nada significa implementar una política de cero tolerancia. Por el contrario, la violencia policíaca es una evidencia de la práctica de violaciones de derechos y libertades y encubre la ineficacia de los funcionarios, como sucede con el secretario de gobierno, quien con anterioridad tuvo conocimiento de la decisión de los pobladores de Pavencul de bajar a Tapachula, a grado tal que ya los estaban esperando con la policía municipal y con miembros de la Guardia Nacional, quienes tenían resguardado el palacio municipal de Tapachula y estaban preparados para ejecutar un operativo de desalojo.

De igual manera se puede observar como se orquestó una respuesta para desacreditar a la periodista Cinthya Alvarado, a quien desde la fiscalía se le fabricaron pruebas para acusarla de incitación a la violencia, argumento que fue manejado por varios periodistas pues esa era la consigna, hacerla aparecer culpable de algo que solo pueden ser culpables funcionarios del gobierno municipal y estatal al no atender con eficacia las quejas y demandas de los pobladores.

En el linchamiento mediático en contra de esta periodista lo que se buscó fue intimidar a quienes critiquen al gobierno y crear un clima de temor entre los medios periodísticos, con la finalidad de construir incondicionalidad hacia el gobierno y con ello mandar una clara señal represora a todo tipo de protesta social. 

El gobernador está equivocado con su estrategia de pretender gobernar de la mano de la fiscalía, porque el fiscal general está señalado de practicar y promover la tortura. Además la fiscalía en esta administración se ha caracterizado por la fabricación de pruebas, la invención de culpables y la protección de funcionarios de la propia fiscalía como responsables de delitos, robos y secuestros, en contra de la población.

En toda su carrera política Rutilio Escandón se procuró una imagen de gente de izquierda y fue cuidadoso de no involucrarse en las prácticas de violación a derechos humanos en los gobiernos en el que desde distintas posiciones fue colaborador. Por eso el gobernador debe desmarcarse del agravio y ataque de los periodistas en Tapachula y promover la sanción de un presidente municipal que no goza de las simpatías en la población y quien ha sido señalado reiteradamente por presuntos actos de corrupción.

Resulta obvio que el gobernador no ha cultivado una buena relación con la prensa. Él ha clonado en Chiapas todas las acciones emprendidas por el presidente excepto las ruedas de prensa mañaneras. El gobernador no ha tenido ni una sola rueda de prensa ni reunión con periodistas. Los reprobables actos de violencia en Tapachula obliga a dar explicaciones y a fijar una postura de respeto y compromiso con la libertad de expresión. De no hacerlo se corre el riesgo que la incapacidad manifiesta de gobernar sea sustituido por mayor violencia policíaca.

 

 

 

En las elecciones del 2018, la negociación que se dio sobre el reparto de las presidencias municipales se acordó que los tres principales municipios –Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal- fueran para personas ligadas a MORENA. Este acuerdo con el exgobernador, fue lo que permitió que personajes sin posibilidades para ganar obtuvieran la presidencia.

En Tuxtla Carlos Morales ni siquiera hizo campaña, pero tenía la promesa de Manuel Velasco de que él lo haría presidente municipal; en la noche del día de las votaciones se supo que en las instalaciones de la UNACH y de la UNICACH se rellenaron las urnas. Hoy existe un clamor generalizado en la población por las ineficiencias  en el ayuntamiento.

En San Cristóbal de las Casas el triunfo de Jerónima Toledo solo se puede entender por el acarreo de votos que de manera descarada se orquestó con el consentimiento y patrocinio del gobierno. Los resultados del gobierno municipal son lamentables, en el que se condenó a la población a padecer el peor gobierno de la historia de esa ciudad.

En Tapachula la posibilidad de triunfo de Oscar Gurría se basaba en la eliminación de la candidatura del Cheque Orduña, quien fue conminado desde el palacio de gobierno, con una orden de aprehensión, que se le haría efectiva si no abandonaba sus intenciones de buscar la presidencia municipal. Hoy Tapachula es un desastre y Oscar Gurría debe abandonar la presidencia municipal, pues incurrió en el mayor de los agravios, que un gobierno supuestamente democrático no debe cometer jamás, agredir y encarcelar a periodistas.

Los tres gobiernos municipales son verdaderos desatinos, pero Tapachula es un caso extremo y por lo mismo inaceptable. Gurría ha sido acusado de corrupción en el manejo obras y en la contratación de los camiones para la recolección de la basura. Esas denuncias fueron hechas directamente con el presidente de la república por la periodista Cinthya Alvarado, colaboradora de este periódico, a quien el pasado lunes, en una protesta de pobladores del Ejido Pavencul, se ordenó su detención  y se pretendió fabricarle pruebas para acusarla de incitación a la violencia. La burda detención, acompañada por la agresión policíaca a otros periodistas, se convirtió un escándalo en la Redes Sociales y la solidaridad a los periodistas agredidos se hizo manifiesta de inmediato. Y la presión ejercida impidió que se le vinculara a proceso.

Este suceso mostró el alejamiento que existe entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales con los medios y periodistas. El mal manejo de la administración de Rutilio Escandón con los medios es inocultable. Y aquí no se trata de una disputa por los convenios de publicidad, pues estos existen de manera discrecional y fundamentalmente a revistas y portales que le pertenecen a Julio Rincón, execrable director del instituto de comunicación social, quien sorprendentemente es un nuevo millonario, que cambió su estilo de vida a costa del desvío de los recursos públicos y quien no puede soportar una investigación del órgano de fiscalización pues su riqueza y la posesión de sus bienes no corresponde con su nivel de ingreso.

La detención de la periodista Cinthya Alvarado y la agresión policíaca a otros compañeros de la prensa, abrió la Caja de Pandora, en el que van a brotar todos los males y corrupción que existe en el gobierno estatal y los gobiernos municipales, en el que los funcionarios continúan con las viejas prácticas de enriquecimiento ilícito, aún y cuando el gobernador predica y convirtió en un acto de fe el combate de la corrupción, algo que simplemente es una ficción de la 4t en Chiapas.

 

 

 

 

En México la cultura política se ha desarrollado a través de la invención de enemigos. Eso es lo que viene sucediendo en Chiapas, en donde resulta más fácil inventar enemigos e imaginar conspiraciones políticas que reconocer los yerros que a diario se cometen por las autoridades.

Los principales problemas de la administración de Escandón Cadenas es la ausencia de gabinete, la falta de proyectos y el descuido en el manejo de una agenda política. A esto se le agrega el desconocimiento que se tiene de la multiplicidad de problemas en la entidad, en el que se entrelazan problemas estructurales, como el de la pobreza, con problemas históricos, como el fracaso y desinterés de la clase política para modificar la estructura social en Chiapas, anclada en el pasado, con problemas coyunturales provocados por como se da la distribución y manejo del presupuesto, que es la causa de los conflictos en Bochil, Simojovel, El Bosque, San Juan Chamula, y Las Margaritas.

A un mes después de cumplir el primer año del gobierno, resulta claro que después de tres intentos en la búsqueda de la gubernatura, Rutilio Escandón no tiene cuadros formados para gobernar con eficacia y la actual administración se encuentra saturada por el nivel de incompetencia que hay en las diferentes secretarías, lo que evidencia que no hay un gobierno diferente y menos con los postulados de la izquierda.

El análisis político que se realiza en torno del gobernador no es el adecuado. La preocupación no debiera estar en el control político de MORENA –dominado por los verdes-morenos-, o en el de tener la mayoría de las presidencias municipales –hegemonizadas por los senadores chiapanecos-, y ni siquiera con restar la influencia del partido verde, porque eso fue una fugaz aventura que duró solo seis años. Este análisis está equivocado porque la única premisa está en la preocupación electoral y no en la de construir gobierno y a Rutilio Escandón le urge que empiece a gobernar.

El gobernador no debiera tener preocupaciones por lo electoral, porque  finalmente él ya está sentado en el palacio de gobierno; la preocupación electoral la tienen el secretario de gobierno, Ismael Brito y el fiscal general Jorge Luis Llaven, quienes aspiran a la gubernatura, se dan golpes entre sí, y andan en campaña, y en sus ambiciones políticas confunden al gobernador y lo comprometen, quien cayó en el juego de hacer suya la preocupación electoral de sus principales colaboradores y avala el uso de recursos públicos para fortalecer estructuras partidarias y formar nuevos partidos y organizaciones.

Es en esta lógica es que se construyó la invención del enemigo, se realizan campañas mediáticas de ataques y se difunden las ideas de la conspiración y la desestabilización de Chiapas, en el que obviamente se oculta que los problemas actuales que tiene Chiapas se debe, fundamentalmente, a la incompetencia que hay en los funcionarios y a la falta de ideas y proyectos para construir gobierno, en el que el propio Rutilio Escandón es responsable.

 

 

El Dr. Jorge Luis Zuart, Rector de la UNICH, no entiende el significado y el valor del diálogo  intercultural y por lo tanto no entiende que el principio liberal de la igualdad no aplica entre poblaciones desiguales como son los pueblos indígenas.  Por eso en distintas disposiciones del derecho internacional se establece que los pueblos indígenas requieren de una protección especial del Estado.

Esto no se puede perder de vista debido a que el reciente problema en la UNICH, originado por la negativa del ingreso a un estudiante indígena en la carrera de medicina en esa universidad, parte de la idea de que el proceso de evaluación para el ingreso se da en condiciones de igualdad. Situación que es improcedente. De allí que se haya generado todo el problema que se vivió y que por la indiscreción y falta de institucionalidad del Rector, el problema continúe aún y cuando ya existe un acuerdo del ingreso del estudiante a la escuela de medicina.

Y el problema continúa en virtud de que permanece el patrón de discriminación por parte del Rector al estudiante indígena. Sobre todo porque él fue el que filtró a la prensa que el estudiante no aprobó el examen psicométrico, cuando en realidad no existe la aplicación de ninguna prueba psicométrica ajustada a la personalidad de la población indígena. Lo que hubo en realidad fue una entrevista y de ella el comité entrevistador determinó que el estudiante no cubría las características del perfil de ingreso. La discriminación existe cuando en una entrevista sin criterios de objetividad se determina el rechazo o la aceptación de un estudiante. Y luego la discriminación continúa cuando es el propio Rector el que construye el argumento de que el joven indígena es un desequilibrado y que en realidad se corre un riesgo al poner la vida de personas en un médico así.

Lo grave de esta situación es que es el Rector es el que viene politizando este asunto, el mismo día en que se firmó una minuta de acuerdo en el que ya se determinó el ingreso de Fabián de Jesús en la universidad. Si él no estaba de acuerdo con esa decisión, así lo debió de haber manifestado con la autoridad que tomó ese acuerdo y debió de haber rechazado cualquier tipo de acuerdo que contraviniera la resolución del comité de admisión, e inclusive poner su renuncia, pero no acudir con un periodista para desde allí verter sus argumentos que son un linchamiento en contra del estudiante indígena y peor aún en contra del defensor de derechos humanos que defendió el caso.

El problema real está en el manejo ilegal que se desarrolla en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien por disposiciones constitucionales está obligado a cumplir y buscar que se cumpla el respeto, la protección, la promoción y la garantía de los derechos humanos, algo que no realiza y que en contrapartida promueve acuerdos políticos, que en muchos de los casos mantiene los patrones de violación de los derechos humanos.

La CEDH omitió realizar las medidas cautelares y junto con ello debió de haber realizado una investigación y emitir las posibles medidas de sanción, constituirse en la parte demandante y proponer las medidas de reparación del daño. Nada de esto hizo y promovió un acuerdo político y no una resolución en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos.

La entrevista que el Rector dio a un periodista de San Cristóbal, que circula en las redes sociales, busca  desacreditar al estudiante así como al defensor de derechos humanos, algo inevitablemente lo inhabilita para continuar en la rectoría, pues con sus dichos se convierte en un represor y en un potencial violador de derechos humanos.

 

 

 

Cuando se observan los actos que preside el gobernador se le ve rodeado de sus subordinados, que se esfuerzan en hacerse evidentes; pero cuando uno revisa los resultados del primer año de gobierno se comprueba que el gobernador es un hombre que está solo, que no tiene equipo de trabajo y que su intención transformadora es un discurso hueco, demagógico y cada día desgastado.

Rutilio Escandón está dejando ir la oportunidad de gobernar seriamente a Chiapas. Su problema principal es la ausencia de gabinete y con ello de proyecto de gobierno. Los eventos que preside no tienen la relevancia de la investidura de un gobernador. Esto se debe a que no hay acciones de impacto ni nada que presumir.

Los tres colaboradores en importancia que tiene, Ismael Brito, Jorge Luis Llaven y Javier Jiménez, están confrontados entre sí y dándose golpes bajos. Entre ellos se disputan el poder y la sucesión y también los negocios que se hacen bajo el amparo de la administración. Ninguno de ellos asume un compromiso social por Chiapas y si alguna vez le fueron útiles al gobernador, hoy ya no lo son, representan el viejo PRI de corrupción, que utilizan la estructura gubernamental en provecho propio y que inclusive mantienen ligas con la delincuencia organizada.

Brito, Llaven y Jiménez son los hombres de confianza del gobernador y con sus hechos de desmanes y ocurrencias lo han traicionado. Por eso está solo. Por eso no se ve por ningún lado a un personaje eficaz, que resuelva los asuntos de interés del gobernador.

Si comparamos el gobierno de Rutilio Escandón con los anteriores de Juan Sabines y Manuel Velasco, con todas las deficiencias y críticas que se le pueden realizar a ambos gobiernos, éstos tuvieron un operador que le resolvía los asuntos al gobernante, como lo fue Nemesio Ponce  y Roberto Rubio. Ahora no hay nadie y los tiempos de la administración transcurren sin resultado alguno.

Lo trágico es que la administración de Rutilio Escandón está integrada por malos y por los peores, que son los que dejan que los problemas sin importancia se conviertan en escándalos y son los que hacen evidente la ineficacia del gobierno. Entre ellos sobresale Juan José Zepeda Bermúdez, el vergonzoso presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que durante décadas ha vivido haciendo negocios con su relación con la esfera del poder, que si se hiciera una investigación seria de los recursos invertidos en Chiapas durante el gobierno de Felipe Calderón a través de SEDESOL se verá que Zepeda Bermúdez siempre salía beneficiado utilizando su amistad con Enoc Araujo, quien tenía influencia en la delegación de SEDESOL pues su pareja desempeñaba esa responsabilidad. Después se hizo restaurantero, pero su éxito se debe a los contratos que amañadamente le favorecieron.

Una muestra de lo inútil de este funcionario, quien es el que tiene el salario más alto de la administración, se puede observar en el asunto del estudiante indígena rechazado por la universidad intercultural, que debió de resolverse horas después de iniciada la huelga de hambre en el marco de los derechos humanos, pero la CEDH no emitió las medidas cautelares, aún y cuando son obligatorias, pues no se puede prejuzgar la veracidad de los hechos denunciados como violatorios. Al no realizarse investigación alguna, se corrieron versiones encontradas unas que favorecían al joven estudiante y otras que buscaban estigmatizarlo, muchas de estas versiones manejadas desde la esfera del gobierno.

La CEDH nunca revisó los procedimientos de ingreso de la UNICH. Esta dependencia no sabe a ciencia cierta si el procedimiento que se le aplicó a este joven es legal y si fue debidamente aprobado en sesión del Consejo Administrativo de la UNICH que preside la secretaria de educación en la entidad.

Así como este caso hay muchos en todas las dependencias de la administración en el que se observa la falta de oficio y de interés en los funcionarios por resolver las demandas de la población.

Por eso aunque al gobernador se le vea rodeado de aplaudidores, en realidad los resultados de gobierno nos muestran que está solo.

 

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