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Las máximas autoridades en el país deben de estar perfectamente informados que en Chiapas se vive en estos momentos una crisis social, debido a la inacción del gobierno y a la creciente presencia de la delincuencia organizada, que se refleja en gran parte del territorio con la guerra que hay entre cárteles y desplazamiento forzado por esta situación en varios municipios de la zona fronteriza de Sierra, cuyo conflicto alcanza una dimensión internacional, en virtud de que el ejército guatemalteco ha reforzado su frontera con México por los constantes enfrentamientos entre grupos de la delincuencia en Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera, guerra que se ha trasladado a otros municipios y regiones de la entidad, San Cristóbal de Las Casas, La frailesca y el corredor Berriozábal-Ocozocoautla-Jiquipilas, en donde existe constantes enfrentamientos armados; sin embargo, la preocupación mayor debiera de estar en un conjunto de comunidades indígenas, en donde la delincuencia organizada sentó sus bases sin que el Estado mexicano tome cartas en el asunto.
Hay tres sucesos recientes que muestran que los niveles de esta guerra entre grupos criminales también es en contra del Estado: primero, la ejecución del secretario de seguridad del municipio de Berriozábal, crimen que está siendo debidamente investigado, en virtud de que antes de ser ejecutado, lo obligaron a realizar declaraciones en donde fueron mencionados nombres de funcionarios que se encuentran coludidos con la delincuencia, si bien esta declaración no tiene ningún valor jurídico, por haber sido leída y realizada sobre claras acciones de tortura, si se debió de haber investigado el contenido de esa declaración para deslindar responsabilidades. Segundo, la ejecución de un comandante de la fiscalía del Estado, en las oficinas de esta dependencia en Ocozocoautla, en el que la delincuencia da claras muestras de empoderamiento frente al Estado. La tercera situación es el enfrentamiento entre la policía estatal con uno de los cárteles en donde fue abatido la segunda cabeza en importancia del cártel Jalisco, a quien se le señaló de ser el que realizó el secuestro del personal de la secretaría de seguridad pública, que luego fueron liberados.
Este último suceso, indica que en los próximos días puede haber una reacción de este cártel, en contra de objetivos del gobierno, o de funcionarios y comandantes ligados al cártel de Sinaloa, en el que se muestra, que el gobierno en Chiapas tiene involucramiento con los dos cárteles, por eso en muchos de los enfrentamientos salen a relucir nombres, que no son investigados por la fiscalía, lo que significa impunidad y complicidades que ponen riesgo el orden público en Chiapas.
Lo grave de toda esta situación, es que se han realizado denuncias en contra de funcionarios de Chiapas involucrados con la delincuencia organizada y los mismos siguen desempeñando sus funciones, en medio del deterioro de seguridad que se padece, en una total impunidad, situación que evidencia que los acuerdos de la delincuencia se encuentran en niveles más arriba y que los funcionarios señalados con insistencia sólo son peones de acuerdos cupulares entre la delincuencia organizada y funcionarios de un nivel superior del Estado.
El clima político electoral que priva en este momento en el país es poco propicio para unas elecciones libres que enrarece la vida democrática, esto debido a que voces desde el principal círculo del poder gubernamental están interviniendo en el proceso electoral y en los discursos diarios dictan instrucciones que sutil o abiertamente buscan proscribir actividades o acciones de la oposición, a punto tal que criticar al gobierno se convirtió en un grave delito equiparado a la traición a la patria. Esto significa simple y llanamente un intervencionismo gubernamental en las elecciones y un acotamiento a los derechos y libertades políticas, en el que se está limitando la participación política y obviamente el derecho a disentir.
En la democracia son válidos los ejercicios de campañas en contra del gobierno, es más, una función de los grupos de oposición es precisamente el de oponerse al gobierno y esto, es una democracia, es una práctica cotidiana; pero a la vez, en una democracia también son válidos los ejercicios que buscan construir la legitimidad del gobernante. Al respecto, el buen ejercicio de gobierno lo que busca es construir todos los días legitimidad y uno de los propósitos de la eficacia en el gobierno es el de ganar las elecciones y con ello buscar la reelección del partido gobernante. Por eso resulta desproporcionado que desde la presidencia de la república se realicen campañas y señalamientos en contra de la oposición y de manera sutil se prohíba la crítica y el disentimiento, debido a que el gobierno todos los días busca construir legitimidad y la conferencia mañanera se convirtió en un instrumento de legitimidad de las políticas del gobierno, pero desafortunada e indebidamente también se convirtió en el principal espacio para satirizar y descalificar a los grupos que tienen el derecho de disentir y expresar su disentimiento en contra del gobierno.
En realidad, gobernar es más complejo en un régimen democrático que en una dictadura. Y esta complejidad del gobierno reside en que la oposición, en la democracia, tiene derechos y libertades y busca ejercerlos plenamente; uno de los propósitos de todo movimiento opositor es el de sustituir al partido gobernante, desplazar en el siguiente proceso electoral y la obligación del Estado es respetar, proteger y garantizar los derechos de la minoría en los esfuerzos que realiza para construir la alternancia en el gobierno y ganar elecciones. Una mayoría que no respeta ni protege los derechos de las minorías se convierten en una tiranía de la mayoría, como acertadamente lo señaló Alexis de Tocqueville en su obra la Democracia en América.
En contrasentido, en las dictaduras es más simple gobernar porque están prohibidas las libertades políticas y porque se castiga cualquier acto opositor que incomode al gobernante. No hay libertad de prensa y los líderes opositores son perseguidos, expulsados, encarcelados o ejecutados.
En concreto, las democracias tienen mayores complejidades para gobernar porque la oposición y los grupos minoritarios tienen derechos y éstos se ejercen, ya sea de manera leal o de manera desleal al gobierno. Sin embargo, en este proceso electoral se está viendo, que sobre las dos candidatas a la presidencia de la república, el nivel de agresiones y descalificaciones está provocando violencia política por razones de género, un delito que está tipificado en la ley, y que no puede continuar reproduciéndose en la contienda electoral, que de por sí resulta compleja, con una fuerte intervención de la delincuencia organizada, como para que además se le adicionan otros condimentos que transgrede y profundicen aún más el conflicto y la frágil vida democrática en el país.
Chiapas tiene en este momento varias regiones de conflicto, la más nombrada en los últimos meses es la de la Sierra, que incluye a varios municipios de Frontera Comalapa a Motozintla, en donde la guerra entre los cárteles ha provocado el desplazamiento de miles de personas y se presentan serias dificultades para que el proceso electoral se realice en condiciones de libertad.
La región de La Frailesca es otra zona que se ha contaminado por la guerra entre los cárteles, situación que ha ocasionado cierre de negocios, cobro de piso y una inseguridad en la carretera. Como parte de la misma zona de influencia está el corredor de Berriozábal-Coita-Jiquipilas-Cintalapa, en donde hay ejecuciones extrajudiciales y los enfrentamientos armados son recurrentes. La región selvática de Montes Azules, es otro zona de conflicto y trasiego de droga e indocumentados, que se encuentra abandonada del papel del Estado.
Sin embargo, en este momento, la zona de mayor conflicto en la entidad son Los Chimalapas en la región fronteriza con Oaxaca, en donde una mala e ilegal resolución de la Suprema Corte de Justicia, mutiló el territorio ancestral de Chiapas, despojando a la entidad 180 mil hectáreas yque pasaron a propiedad al Estado de Oaxaca. Aquí hay varios miles de chiapanecos, que años antes de que se publicara la sentencia vienen sufriendo el acoso y agresiones de parte de comuneros de Oaxaca que quieren tomar posesión de esas tierras. Este caso fue mal defendido por las autoridades chiapanecas, y la sentencia de los ministros, que sin fundamentos extendieron la línea fronteriza en Arriaga, sin que formara parte en el conflicto, afectando aún más las condiciones sociales de la zona.
Con esa resolución, era previsible que los comuneros de Oaxaca iban a realizar todo lo que estuviera en sus manos, para apoderarse de las tierras ejidales y propiedad privada repartida a población de Chiapas, que habitan esa zona de disputa, como en realidad viene sucediendo, ya que los comuneros de Oaxaca interpusieron juicios de nulidad para la dotación de tierras, en los tribunales agrarios, en el que buscan que se declaren nulos el decreto de dotación de tierras, que se encuentran en lo que ahora es territorio de Oaxaca, en el que se encuentran las comunidades de Flor de Chiapas y Gustavo Díaz Ordaz, en el que se corre el riesgo que los habitantes de esas dos comunidades sean expulsados por acuerdo de la asamblea de comuneros zoques de Oaxaca.
El riesgo de enfrentamiento armados en Los Chimalapas es latente, y más porque esa población de Chiapas fue abandonada por el gobierno de Rutilio Escandón, quien se negó a continuar el litigio en las cortes internacionales, mismo que fue presentado por particulares a iniciativa del abogado Servando Cruz, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, y de manera sumisa, el gobierno de Chiapas acató una ilegal resolución de la Corte en donde no fueron escuchadas las personas afectadas ni la Corte ordenó que se realizara la consulta previa e informada, que establece el derecho internacional de derechos humanos, en los caso en que resoluciones administrativas o económicas afecte a población indígena y en este caso, hay que señalar que esa es una región zoque y particularmente, la población del Ejido Flor de Chiapas, es población tsotsil desplazada, a la que se le dotó de tierras en esa región, lo que obligaba a la Corte realizar la consulta previa, antes de emitir esa ilegal resolución, que por los niveles de violencia, no tarda en provocar una masacre, en la que los gobernadores de Chiapas y Oaxaca, así como los ministros que votaron la ilegal resolución son los directos responsables de lo que ahí suceda.
Los riesgos de gobernabilidad en la entidad no sólo son reales sino que se viven peligrosamente a diario. En Chiapas la enorme cantidad de demandas de la población sobrepasan en mucho a la capacidad de respuesta del gobierno, que incrementa a diario su déficit de atención social y deja sin respuesta la enorme cantidad de las demandas ciudadanas, debido en mucho a su falta de operación política y a la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, que tiene paralizada las principales actividades económicas, principalmente la agricultura, que representa la base económica y social en el Estado.
Los conflictos indígenas en Chenalhó, Aldama, Pantelhó, Oxchuc, Chilón, Tila y Chamula, hacen evidente que en el gobierno de Rutilio Escandón existe una grave ausencia del manejo de la situación política, que se complica por la indiferencia gubernamental y la ausencia de un programa de inversión pública en las comunidades, en el que se tenga el claro propósito la construcción de gobernabilidad y no las obras por ocurrencia.
Este escenario en la entidad muestra la debilidad de un gobierno, que por su falta de capacidad para construir acuerdos políticos, apuesta a la indiferencia y a la permisibilidad de la violencia, y llega al final de su período en las peores condiciones imaginables, en el que ha permitido la presencia y la creación de grupos paramilitares y más grave aún, la penetración de grupos de narcotráfico en las comunidades indígenas. En este sentido, el escenario político no puede ser más delicado, en donde se combinan el conflicto social con crisis económica y delincuencia organizada, todo ello aderezado con un gabinete sin oficio y sin experiencia, que después de cinco años de gobierno aún no se ha dado cuenta la dimensión de los problemas que tienen en jaque a la entidad.
Pantelhó es un claro ejemplo de lo que pasa por la ausencia de gobierno. Fueron muchas denuncias las que se presentaron en contra del grupo de “Los Herrera”, acusados de narcotráfico y responsable de decenas de asesinatos, sin que ninguna autoridad investigara e hiciera prevalecer el cacareado estado de derecho. Lo preocupante, es que con el surgimiento del grupo paramilitar “El Machete”, que se presenta bajo el discurso de grupo de autodefensa, éstos exigieron al gobierno, particularmente a la fiscalía, el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y en reunión de gabinete de seguridad el fiscal indígena, que días después fuera asesinado, señaló que las órdenes estaban listas pero que se requería del apoyo de la policía estatal y la responsable de esta secretaría, asustada manifestó que la situación de Pantelhó imposibilitaba el cumplimiento de esas órdenes, que se requería del apoyo de la Guardia Nacional o del Ejército. Frente a esta actitud negligente de los funcionarios del Estado, el grupo Machete decidió ejecutar ellos mismos la detención de los presuntos responsables y quemaron viviendas y vehículos, y desde el 26 de julio 2021, mantienen desaparecidas a 21 personas, y son señaladas como presuntos responsables de la violencia que sufrieron los pobladores. Hasta el día de hoy las personas desaparecidas continúan en esta condición, sin que el gobierno realice y acelera las investigaciones con la debida diligencia que esta situación requiere, todo ello ante la permisividad e irresponsabilidad del gobierno, que no toma decisiones y que establece acuerdos políticos con paramilitares para desentenderse de los problemas.
Esta situación de desaciertos y de ausencia de operación política, fue exhibida el día de ayer con la incursión de un grupo armado en una comunidad de Pantelhó, en el que dos menores de edad fueron asesinadas, todo ello con la presencia permanente de la Guardia Nacional en el municipio, que se muestra imposibilitada para garantizar la seguridad en esa zona, en el que el gobierno de Rutilio Escandón dejó en manos de un grupo paramilitar el control del gobierno municipal de Pantelhó.
Las máximas autoridades en el país deben de estar perfectamente informados que en Chiapas se vive en estos momentos una crisis social, debido a la inacción del gobierno y a la creciente presencia de la delincuencia organizada, que se refleja en gran parte del territorio con la guerra que hay entre cárteles y desplazamiento forzado por esta situación en varios municipios de la zona fronteriza de Sierra, cuyo conflicto alcanza una dimensión internacional, en virtud de que el ejército guatemalteco ha reforzado su frontera con México por los constantes enfrentamientos entre grupos de la delincuencia en Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera, guerra que se ha trasladado a otros municipios y regiones de la entidad, San Cristóbal de Las Casas, La frailesca y el corredor Berriozábal-Ocozocoautla-Jiquipilas, en donde existe constantes enfrentamientos armados; sin embargo, la preocupación mayor debiera de estar en un conjunto de comunidades indígenas, en donde la delincuencia organizada sentó sus bases sin que el Estado mexicano tome cartas en el asunto.
Hay tres sucesos recientes que muestran que los niveles de esta guerra entre grupos criminales también es en contra del Estado: primero, la ejecución del secretario de seguridad del municipio de Berriozábal, crimen que está siendo debidamente investigado, en virtud de que antes de ser ejecutado, lo obligaron a realizar declaraciones en donde fueron mencionados nombres de funcionarios que se encuentran coludidos con la delincuencia, si bien esta declaración no tiene ningún valor jurídico, por haber sido leída y realizada sobre claras acciones de tortura, si se debió de haber investigado el contenido de esa declaración para deslindar responsabilidades. Segundo, la ejecución de un comandante de la fiscalía del Estado, en las oficinas de esta dependencia en Ocozocoautla, en el que la delincuencia da claras muestras de empoderamiento frente al Estado. La tercera situación es el enfrentamiento entre la policía estatal con uno de los cárteles en donde fue abatido la segunda cabeza en importancia del cártel Jalisco, a quien se le señaló de ser el que realizó el secuestro del personal de la secretaría de seguridad pública, que luego fueron liberados.
Este último suceso, indica que en los próximos días puede haber una reacción de este cártel, en contra de objetivos del gobierno, o de funcionarios y comandantes ligados al cártel de Sinaloa, en el que se muestra, que el gobierno en Chiapas tiene involucramiento con los dos cárteles, por eso en muchos de los enfrentamientos salen a relucir nombres, que no son investigados por la fiscalía, lo que significa impunidad y complicidades que ponen riesgo el orden público en Chiapas.
Lo grave de toda esta situación, es que se han realizado denuncias en contra de funcionarios de Chiapas involucrados con la delincuencia organizada y los mismos siguen desempeñando sus funciones, en medio del deterioro de seguridad que se padece, en una total impunidad, situación que evidencia que los acuerdos de la delincuencia se encuentran en niveles más arriba y que los funcionarios señalados con insistencia sólo son peones de acuerdos cupulares entre la delincuencia organizada y funcionarios de un nivel superior del Estado.
El clima político electoral que priva en este momento en el país es poco propicio para unas elecciones libres que enrarece la vida democrática, esto debido a que voces desde el principal círculo del poder gubernamental están interviniendo en el proceso electoral y en los discursos diarios dictan instrucciones que sutil o abiertamente buscan proscribir actividades o acciones de la oposición, a punto tal que criticar al gobierno se convirtió en un grave delito equiparado a la traición a la patria. Esto significa simple y llanamente un intervencionismo gubernamental en las elecciones y un acotamiento a los derechos y libertades políticas, en el que se está limitando la participación política y obviamente el derecho a disentir.
En la democracia son válidos los ejercicios de campañas en contra del gobierno, es más, una función de los grupos de oposición es precisamente el de oponerse al gobierno y esto, es una democracia, es una práctica cotidiana; pero a la vez, en una democracia también son válidos los ejercicios que buscan construir la legitimidad del gobernante. Al respecto, el buen ejercicio de gobierno lo que busca es construir todos los días legitimidad y uno de los propósitos de la eficacia en el gobierno es el de ganar las elecciones y con ello buscar la reelección del partido gobernante. Por eso resulta desproporcionado que desde la presidencia de la república se realicen campañas y señalamientos en contra de la oposición y de manera sutil se prohíba la crítica y el disentimiento, debido a que el gobierno todos los días busca construir legitimidad y la conferencia mañanera se convirtió en un instrumento de legitimidad de las políticas del gobierno, pero desafortunada e indebidamente también se convirtió en el principal espacio para satirizar y descalificar a los grupos que tienen el derecho de disentir y expresar su disentimiento en contra del gobierno.
En realidad, gobernar es más complejo en un régimen democrático que en una dictadura. Y esta complejidad del gobierno reside en que la oposición, en la democracia, tiene derechos y libertades y busca ejercerlos plenamente; uno de los propósitos de todo movimiento opositor es el de sustituir al partido gobernante, desplazar en el siguiente proceso electoral y la obligación del Estado es respetar, proteger y garantizar los derechos de la minoría en los esfuerzos que realiza para construir la alternancia en el gobierno y ganar elecciones. Una mayoría que no respeta ni protege los derechos de las minorías se convierten en una tiranía de la mayoría, como acertadamente lo señaló Alexis de Tocqueville en su obra la Democracia en América.
En contrasentido, en las dictaduras es más simple gobernar porque están prohibidas las libertades políticas y porque se castiga cualquier acto opositor que incomode al gobernante. No hay libertad de prensa y los líderes opositores son perseguidos, expulsados, encarcelados o ejecutados.
En concreto, las democracias tienen mayores complejidades para gobernar porque la oposición y los grupos minoritarios tienen derechos y éstos se ejercen, ya sea de manera leal o de manera desleal al gobierno. Sin embargo, en este proceso electoral se está viendo, que sobre las dos candidatas a la presidencia de la república, el nivel de agresiones y descalificaciones está provocando violencia política por razones de género, un delito que está tipificado en la ley, y que no puede continuar reproduciéndose en la contienda electoral, que de por sí resulta compleja, con una fuerte intervención de la delincuencia organizada, como para que además se le adicionan otros condimentos que transgrede y profundicen aún más el conflicto y la frágil vida democrática en el país.
Chiapas tiene en este momento varias regiones de conflicto, la más nombrada en los últimos meses es la de la Sierra, que incluye a varios municipios de Frontera Comalapa a Motozintla, en donde la guerra entre los cárteles ha provocado el desplazamiento de miles de personas y se presentan serias dificultades para que el proceso electoral se realice en condiciones de libertad.
La región de La Frailesca es otra zona que se ha contaminado por la guerra entre los cárteles, situación que ha ocasionado cierre de negocios, cobro de piso y una inseguridad en la carretera. Como parte de la misma zona de influencia está el corredor de Berriozábal-Coita-Jiquipilas-Cintalapa, en donde hay ejecuciones extrajudiciales y los enfrentamientos armados son recurrentes. La región selvática de Montes Azules, es otro zona de conflicto y trasiego de droga e indocumentados, que se encuentra abandonada del papel del Estado.
Sin embargo, en este momento, la zona de mayor conflicto en la entidad son Los Chimalapas en la región fronteriza con Oaxaca, en donde una mala e ilegal resolución de la Suprema Corte de Justicia, mutiló el territorio ancestral de Chiapas, despojando a la entidad 180 mil hectáreas yque pasaron a propiedad al Estado de Oaxaca. Aquí hay varios miles de chiapanecos, que años antes de que se publicara la sentencia vienen sufriendo el acoso y agresiones de parte de comuneros de Oaxaca que quieren tomar posesión de esas tierras. Este caso fue mal defendido por las autoridades chiapanecas, y la sentencia de los ministros, que sin fundamentos extendieron la línea fronteriza en Arriaga, sin que formara parte en el conflicto, afectando aún más las condiciones sociales de la zona.
Con esa resolución, era previsible que los comuneros de Oaxaca iban a realizar todo lo que estuviera en sus manos, para apoderarse de las tierras ejidales y propiedad privada repartida a población de Chiapas, que habitan esa zona de disputa, como en realidad viene sucediendo, ya que los comuneros de Oaxaca interpusieron juicios de nulidad para la dotación de tierras, en los tribunales agrarios, en el que buscan que se declaren nulos el decreto de dotación de tierras, que se encuentran en lo que ahora es territorio de Oaxaca, en el que se encuentran las comunidades de Flor de Chiapas y Gustavo Díaz Ordaz, en el que se corre el riesgo que los habitantes de esas dos comunidades sean expulsados por acuerdo de la asamblea de comuneros zoques de Oaxaca.
El riesgo de enfrentamiento armados en Los Chimalapas es latente, y más porque esa población de Chiapas fue abandonada por el gobierno de Rutilio Escandón, quien se negó a continuar el litigio en las cortes internacionales, mismo que fue presentado por particulares a iniciativa del abogado Servando Cruz, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, y de manera sumisa, el gobierno de Chiapas acató una ilegal resolución de la Corte en donde no fueron escuchadas las personas afectadas ni la Corte ordenó que se realizara la consulta previa e informada, que establece el derecho internacional de derechos humanos, en los caso en que resoluciones administrativas o económicas afecte a población indígena y en este caso, hay que señalar que esa es una región zoque y particularmente, la población del Ejido Flor de Chiapas, es población tsotsil desplazada, a la que se le dotó de tierras en esa región, lo que obligaba a la Corte realizar la consulta previa, antes de emitir esa ilegal resolución, que por los niveles de violencia, no tarda en provocar una masacre, en la que los gobernadores de Chiapas y Oaxaca, así como los ministros que votaron la ilegal resolución son los directos responsables de lo que ahí suceda.
Los riesgos de gobernabilidad en la entidad no sólo son reales sino que se viven peligrosamente a diario. En Chiapas la enorme cantidad de demandas de la población sobrepasan en mucho a la capacidad de respuesta del gobierno, que incrementa a diario su déficit de atención social y deja sin respuesta la enorme cantidad de las demandas ciudadanas, debido en mucho a su falta de operación política y a la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, que tiene paralizada las principales actividades económicas, principalmente la agricultura, que representa la base económica y social en el Estado.
Los conflictos indígenas en Chenalhó, Aldama, Pantelhó, Oxchuc, Chilón, Tila y Chamula, hacen evidente que en el gobierno de Rutilio Escandón existe una grave ausencia del manejo de la situación política, que se complica por la indiferencia gubernamental y la ausencia de un programa de inversión pública en las comunidades, en el que se tenga el claro propósito la construcción de gobernabilidad y no las obras por ocurrencia.
Este escenario en la entidad muestra la debilidad de un gobierno, que por su falta de capacidad para construir acuerdos políticos, apuesta a la indiferencia y a la permisibilidad de la violencia, y llega al final de su período en las peores condiciones imaginables, en el que ha permitido la presencia y la creación de grupos paramilitares y más grave aún, la penetración de grupos de narcotráfico en las comunidades indígenas. En este sentido, el escenario político no puede ser más delicado, en donde se combinan el conflicto social con crisis económica y delincuencia organizada, todo ello aderezado con un gabinete sin oficio y sin experiencia, que después de cinco años de gobierno aún no se ha dado cuenta la dimensión de los problemas que tienen en jaque a la entidad.
Pantelhó es un claro ejemplo de lo que pasa por la ausencia de gobierno. Fueron muchas denuncias las que se presentaron en contra del grupo de “Los Herrera”, acusados de narcotráfico y responsable de decenas de asesinatos, sin que ninguna autoridad investigara e hiciera prevalecer el cacareado estado de derecho. Lo preocupante, es que con el surgimiento del grupo paramilitar “El Machete”, que se presenta bajo el discurso de grupo de autodefensa, éstos exigieron al gobierno, particularmente a la fiscalía, el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y en reunión de gabinete de seguridad el fiscal indígena, que días después fuera asesinado, señaló que las órdenes estaban listas pero que se requería del apoyo de la policía estatal y la responsable de esta secretaría, asustada manifestó que la situación de Pantelhó imposibilitaba el cumplimiento de esas órdenes, que se requería del apoyo de la Guardia Nacional o del Ejército. Frente a esta actitud negligente de los funcionarios del Estado, el grupo Machete decidió ejecutar ellos mismos la detención de los presuntos responsables y quemaron viviendas y vehículos, y desde el 26 de julio 2021, mantienen desaparecidas a 21 personas, y son señaladas como presuntos responsables de la violencia que sufrieron los pobladores. Hasta el día de hoy las personas desaparecidas continúan en esta condición, sin que el gobierno realice y acelera las investigaciones con la debida diligencia que esta situación requiere, todo ello ante la permisividad e irresponsabilidad del gobierno, que no toma decisiones y que establece acuerdos políticos con paramilitares para desentenderse de los problemas.
Esta situación de desaciertos y de ausencia de operación política, fue exhibida el día de ayer con la incursión de un grupo armado en una comunidad de Pantelhó, en el que dos menores de edad fueron asesinadas, todo ello con la presencia permanente de la Guardia Nacional en el municipio, que se muestra imposibilitada para garantizar la seguridad en esa zona, en el que el gobierno de Rutilio Escandón dejó en manos de un grupo paramilitar el control del gobierno municipal de Pantelhó.
En reiteradas ocasiones se ha hablado de la guerra entre los cárteles, que hay en gran parte del territorio de Chiapas y de la inacción política del gobierno, que toleró e inclusive auspició el crecimiento de la delincuencia organizada en la entidad, a punto tal, que está minado el territorio y la administración de Rutilio Escandón deja con grandes problemas de inseguridad y de violencia al próximo gobierno, además, con poco margen de maniobra, pues la guerra que hay no tiene cuartel y existe un clima de que la misma va a terminar cuando uno de los cárteles quede plenamente derrotado, de allí la violencia, que se va a profundizar en lugar de que alcance una tregua.
Las preguntas que se deben de realizar en este momento ¿es si está guerra tiene solución y si es posible cambiar la situación que prevalece en Chiapas? La respuesta a ambas preguntas es sí, pero se requiere de un gobierno de compromiso y que actúe aplicando la ley, que muestre sobre todo que hay Estado y que la impunidad no se negocia. Un elemento a favor es que esta situación que se vive en Chiapas ni a los propios cárteles les conviene, en razón de que están destinando muchos recursos para sostener los enfrentamientos que tienen y para reclutar sicarios.
El orden es un punto de acuerdo y conveniencia que se distancia del punto en donde todos pierden, que desafortunadamente es la situación en la que nos encontramos ahora. Por eso un elemento central a construir en lo inmediato es ese orden que se requiere, que es inexistente, pero que sí es posible construir. Para eso todos los funcionarios del próximo gobierno deben cumplir la consigna de la eficacia gubernamental, dicha en otras palabras, incrementar la satisfacción y cumplimiento del mayor número posible de las demandas de la población, y sobre todo proporcionar atención.
No es posible atender el total de demandas de la ciudadanía, ningún gobierno lo puede realizar, particularmente porque la demanda siempre va a ser superior a los recursos, pero sí se debe de atender lo que es posible y se deben establecer prioridades, esto implica la elaboración de una matriz de indicadores de desempeño, en donde la población y los funcionarios tengan conocimiento de qué va a ser lo realizable el primer año de gobierno, qué en el segundo y así hasta llegar el sexto año de gobierno. Pero esta atención no debe ser diseñada desde el escritorio sino con la participación de la población, qué ellos indiquen cuáles son las prioridades.
El problema central de Chiapas es que están por cumplirse 18 años de ausencia de gobierno en la entidad. En donde hubo un cúmulo de ocurrencias, decisiones mal tomadas como el biodiesel o las ciudades rurales; hubo frivolidad y se permitió que familiares ajenos al desempeño del gobierno tomaran decisiones, en uno la madre jugó un papel importante y en otro gobierno fue la esposa. Hubo una corrupción sin límites; en estos 18 años se fabricaron nuevos ricos ligados a la élite del gobierno, para colmo se dejaron decisiones en manos de personajes que no estaban calificados para esa responsabilidad: en un gobierno el nano fue importante, en otro, el chofer se convirtió en personaje clave y en este último un acomodador de artículos del Aurrerá es el vicegobernador. Esto no puede volver a suceder. El gobierno en acción no puede quedar en manos de diletantes sino en personas con experiencia y capacidad. Las ocurrencias no deben formar parte del estilo de gobernar, si se quiere cambiar el estado de cosas. El cambio sí es posible, pero para ello se deben de dejar de cometer los errores cometidos en estos últimos 18 años, en que Chiapas estuvo sin gobierno.
La desatención y la falta de cumplimiento a las demandas de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, por parte del gobierno de López Obrador, ocasionó una nueva pérdida de vida, que se convierte en noticia internacional. Los errores cometidos por el gobierno de Peña Nieto se están repitiendo en esta administración, y desde el exterior del país se reproduce la condena que tanto daño ocasionó al anterior gobierno y que ahora mella la de por sí alicaída credibilidad del presidente de la república.
Son muchos los frentes que tiene abiertos el presidente López Obrador, pero este, el de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, lo afecta en su desatención a los derechos humanos, debido a que esta desaparición de los estudiantes generó un horror internacional que rápidamente se convirtió en condena internacional y el gobierno de Peña Nieto se derrumbó por su falta de sensibilidad. Pero sobre esta desaparición de los estudiantes, López Obrador sacó raja política y lo utilizó como bandera de la podredumbre que representaban los gobiernos del PRI. Lastimosamente a cinco años de gobierno, el caso Ayotzinapa se revierte y ahora es un lastre de su gobierno.
El presidente siempre ha creído que su calidad moral y el respaldo del pueblo lo hacen indestructible, pero sus actos y sus dichos, pero sobre todo su empedernida personalidad de pelear con todos lo convierten en un personaje que se autodestruye, y su gobierno entró en una fase de autodestrucción, que afecta a la candidatura de Claudia Sheinbaum, que tiene que empezar a marcar su independencia si quiere ganar la presidencia de la república, sobre todo, porque un elemento de campaña en contra es que se le señala como un títere presidencial, que está convertida en un apéndice del presidente.
El caso de Ayotzinapa es hoy día una lucha transexenal, y la desatención política pega irremediablemente en el gobierno de la transformación, que en lugar de construir un verdad jurídica sobre la desaparición, terminó legitimando la versión del antiguo régimen y con ello se convirtió en un gobierno omiso y aquiescente, en el que tiene corresponsabilidad y por lo tanto se le puede sancionar por delitos que son imprescriptibles, como son los delitos de graves violaciones a los derechos humanos.
La estrategia que ha utilizado el presidente de destruir o desacreditar a los que considera enemigos de su gobierno no va a funcionar con los padres de los desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa, particularmente porque la lucha realizada por estos padres tiene la solidaridad internacional, y aunque en México haya mucha inconformidad por los métodos de lucha que utiliza, existe también un reconocimiento a esa lucha y se desaprueba que el gobierno no esclarezca las razones de ese crimen.
El INE tiene que investigar el cumplimiento de las condiciones de equidad en el proceso electoral al senado de la república, toda vez que las dos fórmulas al senado por parte de Morena, realizaron campañas anticipadas, para la gubernatura, y en el mismo ejercieron gastos estratosféricos que rebasa con mucho los topes de campaña. Solo el Dr. Pepe Cruz , en esa aventura, ejerció un gasto que se especula aproximado a los mil millones de pesos, entre lonas, que se colocaron en todas las cuadras de la geografía chiapaneca, entre el perifoneo diario en distintas colonias y comunidades de Chiapas, entre los espectaculares, el reparto de miles de playeras y gorras, la promoción de su imagen por call center y el pago a varias cuadrillas de promoción del voto, que realizaban una tarea de casa por casa, bajo el pretexto del combate al Covid pero que en realidad eran grupos de campaña de este candidato.
Misma situación se presentó con la candidata al senado Sasil de León, que de igual manera tapizó con espectaculares la geografía chiapaneca, pero ella en declaraciones ante el IEPC manifestó que no sabía quién pagó esos espectaculares que se colocaron sin su autorización. Argumento banal que debe ser investigado, porque ambos candidatos al senado realizaron campaña para ocupar un puesto de elección, pero en realidad están registrados por Morena para la contienda al senado de la república. Dicho en otras palabras en un mismo proceso electoral, tanto Sasil de León como Pepe Cruz, realizaron campaña para dos cargos diferentes de elección popular; uno de carácter local, la gubernatura, y otro federal, el senado.
¿De dónde salieron los recursos para estas campañas? Es una información que el INE debe investigar y hacer público, porque si resulta que se utilizaron recursos públicos se debe sancionar tal violación, pero el asunto puede ser peor si se utilizaron recursos privados, porque eso implica el lavado de dinero que representa un delito mayor. El punto es que para garantizar las condiciones de equidad, la transparencia y la igualdad de condiciones, se debe de conocer con precisión de dónde salieron los recursos millonarios para estas campañas, sobre todo, porque continúa el dispendio de recursos, particularmente del Dr, Pepe Cruz.
Sobre el Dr. Pepe Cruz pesa la denuncia difundida por el grupo Latinus, que hizo público la contratación en la secretaría de salud a su cargo de empresas fantasmas en contratos aproximados a las 500 millones de pesos, en donde indirectamente se involucra a la esposa del aún gobernador de Chiapas. Sobre esto no hay iniciado una carpeta de investigación en la fiscalía y la Auditoría Superior del Estado guarda un silencio cómplice, situación que evidencia un encubrimiento y delitos de omisión, que en su momento pueden llegar a ser sancionados los responsables de estas dependencias.
Misma situación guarda Sasil de León, cuando se desempeñó como secretaria de empoderamiento de la mujer, en el que la auditoría reflejó una falta de comprobación de recursos de aproximadamente 800 millones de pesos. Sobre estos señalamientos, sorprende que Morena haya postulado a estos candidatos, que representan el espíritu contrario a lo que tanto pregonan con el no robar y el combate frontal a la corrupción..
¿Qué pasó realmente en la visita del gobernador Rutilio Escandón al municipio de Carranza? Si bien es cierto ambas partes –La Casa del pueblo y el gobierno del Estado-, reconocen que no hubo un atentado como circuló en las redes sociales en contra del gobernador, también es cierto, y no se debe de omitir que sí hubo un suceso que ocasionó disparos en esa visita, en el que está involucrada la guardia personal del gobernador.
Esta administración se ha caracterizado por el ocultamiento de la información, viola reiteradamente el derecho a saber que tiene la población, y eso ocasiona un mundo de rumores y especulaciones, de noticias e información que se difunden en las redes sociales sin que se pueda verificar la veracidad de la misma. En este hecho en particular, no basta con un boletín de prensa y mucho menos utilizar a otros medios para que hagan circular que la noticia es falsa sino que debe existir una aclaración puntual de lo que sucedió, sobre todo porque La Casa del pueblo tomó una decisión al respecto, notifica que el gobernador tiene prohibida su presencia o estancia en Carranza, para acudir a la inauguración de otras obras futuras en el municipio.
Esto nunca se había visto en Chiapas, que una organización prohibiera a un gobernador su asistencia a la inauguración de obras en un municipio y más que éste municipio sea su casa, el lugar en donde nació y vive gran parte de su familia, especialmente su madre. Un suceso, en el que se desconoce qué pasó, ocasionó la ruptura entre una organización importante, con una larga lucha social, con un gobernador que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y que no ha sabido dignificar el cargo que ostenta.
Con más pena que gloria, Rutilio Escandón está concluyendo su gestión como gobernador de Chiapas, en medio de la peor crisis social de la entidad, ´provocada en gran parte por su ineficacia e ineptitud, en la que ahora tiene prohibido ingresar al municipio de Carranza a inaugurar obras. Eso significa que ni en su casa lo quieren y que no va a ser bien recibido. Ahora vale la pena explicar si esta organización de Bienes Comunales tiene facultad para prohibir la estancia o visita a un gobernador, cuando sobre todo existe la libertad y el derecho a la libre circulación. Y la respuesta es que sí, parcialmente si la tienen porque ellos son dueños de ese territorio y les asiste el derecho de prohibir el paso y la estancia en el territorio que es de su propiedad, inclusive la realización de obras en ese territorio requiere del consentimiento libre, previo e informado de los bienes comunales, al ser población indígena en los términos contemplados por el Convenio 169 de la OIT.
Es un hecho que Rutilio Escandón ha descuidado todas las formas de un gobierno y se ha rodeado de personal que no lo ayuda y que además se comportan como depredadores ya sea del presupuesto o de formas de convivencia. Por eso, el gobernador tiene que salir a informar qué es lo que pasó en realidad y solicitar las investigaciones correspondientes para la sanción respectiva al personal de su guardia que cometió este agravio que aún se desconoce la magnitud de las consecuencias. Lo que sí es un hecho es la ruptura del gobierno, con la más importante organización de esa región, que paradójicamente es el lugar en que nació..
La tortura es un delito que los cuerpos policíacos en México cometen de manera cotidiana. La tortura es, en la cultura policial, el método de investigación más eficaz, en el que las víctimas declaran su culpabilidad. En el siglo XVII y parte del XVIII, en Europa y Estados Unidos era común que los jueces en su sentencia ordenaran métodos de castigo corporal: azotes en el poste de castigo, Zambullidas, el cepo, la picota, la horca, la ejecución por descuartizamiento o desmembración utilizando caballos y en el caso de mujeres, la crueldad de la hoguera.
En los años previos a la Revolución Francesa, la reforma penal empezó a prohibir los métodos de tortura lo que significa que a partir de de los años de 1770, en Europa, no sólo fue prohibida sino castigada. Sin embargo, en países como México, la tortura es de tal vigencia y su práctica cotidiana, que es practicada por los cuerpos policiales y con una gran crueldad, por la delincuencia organizada, que realiza la decapitación y todavía la filma y lo exhibe en las redes sociales como una forma de generar respeto, a través del miedo y del terror.
Esto viene al caso, porque a este periódico llegó el vídeo de la casa donde la fiscalía del Estado practica la tortura, pese a que este delito es una causa que utilizan los jueces para ordenar la liberación inmediata por violaciones al debido proceso. El lugar de tortura es conocido en el personal de la fiscalía como El Aguacate, y está ubicado en la Colonia Plan de Ayala, en la parte de atrás de la oficina de Talleres Gráficos del Estado. A ese lugar llevan a los detenidos e inician la forma más primitiva y punible forma de investigación, la tortura.
La historia es recurrente, en donde los inculpados declaran ante el juez haber sido torturados y éste está obligado a ordenar la investigación de los policías y ministerios públicos que participaron en la tortura, y toda la declaración obtenida a través de métodos de tortura debe carecer de validez jurídica, pese a ello, el personal de las fiscalías sigue utilizando estos métodos y como en el caso que hoy se denuncia, la fiscalía del Estado tiene instalaciones oficiales para la práctica de la tortura, por lo que el fiscal del Estado, Olaf Gómez y todos sus subordinados, no pueden argumentar desconocimiento de este centro de tortura, y se debe ordenar la investigación inmediata, y poner a todos los participantes de este delito de tortura y tratos inhumanos a disposición de un juez.
Aquí hay delitos de omisión, de acción y de aquiescencia y el fiscal del Estado debe ser separado del cargo de manera inmediata, pues está convertido en una amenaza para la población, a la que constitucionalmente, está obligado a proteger y garantizar todos sus derechos humanos. Sobre todo, porque existen muchos casos en donde los excesos de tortura han ocasionado la muerte de los detenidos.
Chiapas vive una notoria crisis de gobernabilidad y de seguridad que está motivada por distintos orígenes. Un rezago social histórico en gran parte del territorio; la falta de oficio político en el actual gobierno de la entidad; la ausencia de toma de decisiones que se alimenta con la inercia de la mayoría de las secretarías y dependencias públicas; la indiferencia del gobernador frente a las demandas de la población que no son atendidas por ningún nivel de gobierno; la permisividad a los grupos paramilitares en la región indígena; a la aquiescencia ante el crecimiento de la delincuencia organizada; a la incapacidad en la aplicación de la ley; por el mal uso del presupuesto en el que no hay eficacia, y no se utilizan los recursos para construir gobernabilidad; a la guerra entre los cárteles que se vive en los municipios fronterizos de la sierra que ha ocasionado que haya miles de desplazados por la violencia y el reclutamiento forzado.
El bien común no es ni remotamente la preocupación de este gobierno. Aquí se están privilegiando los proyectos personales y se vino utilizando los recursos públicos para promocionar la imagen de los funcionarios, quienes ahora son candidatos al senado y pretenden quedarse con la presidencia municipal de Tuxtla, cuando es notorio que carecen del don de la virtud para desempeñarse en el servicio público y que con la indolencia con que actuaron le están hicieron un daño inocultable a Chiapas, especialmente en el manejo de la crisis del Covid, que ocultó la muerte de cientos de personas y en la corrupción en donde se dieron contratos a empresas fantasmas.
La guerra que se vive en Chiapas, que el gobierno busca ocultar y por eso la niega, son claros indicios de la ausencia de gobierno, en donde el gobernador Rutilio Escandón es exhibido en los medios nacionales por su falta de manejo político y por la creciente presencia del narcotráfico en su gobierno, en donde hay señalamientos que en la secretaría de seguridad y en la fiscalía del Estado se brinda protección a la delincuencia organizada.
El cambio de timón en Chiapas es urgente, pues se corre el riesgo de un mayor deterioro social por el efecto de las elecciones, donde hay municipios y regiones con dificultades para realizar campañas. Como sucedió en Motozintla, con cierre de calles y la carretera para impedir al candidato a la diputación federal por Morena realizar el inicio de su campaña. Aspecto delicado porque el gobierno federal y el INE no han diseñado las estrategias adecuadas para garantizar las elecciones en las zonas de conflicto armado.
Frente a este deterioro social, con problemas crecientes de gobernabilidad y de inseguridad, las demandas políticas han cambiado del combate a la pobreza a la garantía de seguridad. Sin embargo la nueva prioridad en Chiapas debe ser la construcción a la paz, que es un concepto globalizador e integral en el que se incorpora la seguridad, la justicia y la mejora de los derechos sociales, la paz, se presenta como un objetivo central de la política y a la vez, como un anhelo en el que confluyen distintos intereses.
Iniciaron las campañas federales para la elección del 2 de junio de 2024. En Chiapas, las candidaturas del partido gobernante Morena denotan la falta de cuadros políticos y la carencia de la formación política de sus militantes, que no son tomados en cuenta para la definición de las candidaturas, en razón a que la mayoría de los candidatos no se caracterizan por tener militancia política y menos convicciones transformadoras, que garanticen que se realizó una buena selección de cuadros.
Para el senado de la república las dos posturas que presenta Morena no representan a Chiapas y mucho menos son candidaturas que tengan tras de sí solvencia moral y compromisos políticos para el cambio. Sasil de León, candidata al senado representa los intereses de su familia, que ha hecho gran parte de su capital a través de contratos con el gobierno, particularmente de obra pública que es cobrada, pero que en muchas ocasiones no se realizan los trabajos; la muestra indiscutible del proyecto familiar se observa con la candidata suplente que lleva, su propia hermana. El otro candidato al senado es un impresentable del grupo Tabasco, el Dr. Pepe Cruz, que representa la corrupción y la impunidad que hay en los funcionarios de de este gobierno. Esa candidatura lo qye busca es garantizar el güero que lo proteja de próximas investigaciones judiciales por la evidencia del saqueo y corrupción realizada en la secretaría de salud; lleva como suplente a Julio Rincón, uno de los más urgidos de protección en el gobierno de Rutilio Escandón, con fuertes nexos familiares con la delincuencia organizada en el municipio de Parral en donde puso a una de sus primas en la presidencia.
Para el senado, con cualquiera de estas dos candidaturas, incluyendo las suplencias, Chiapas ya perdió y difícilmente se puede cambiar el sello de corrupción que acompaña la elección a la senaduría. Ellos son incapaces de ganar una elección limpia, en donde no participe el Estado a movilizando recursos a favor de ellos. Ni Sasil de León y menos Pepe Cruz, le suman votos al proyecto de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Esas dos candidaturas van a depender de la movilización y del trabajo que realice Eduardo Ramírez en la campaña a la gubernatura.
Lo mismo sucede con las candidaturas a las diputaciones federales, muchos de ellos son candidatos que restan y no suman votos. Posiblemente las únicas candidaturas que no necesitan de la movilización de recursos públicos para ganar son la de Carlos Morelos en Palenque, que tiene trabajo político, donde fue tres veces presidente municipal y diputado local en Palenque y la del junior de Roberto Albores Gleason, en Comitán, que tiene como apoyo el trabajo realizado por don Roberto Albores cuando fue gobernador del Estado. Todos los demás, insisto, son sumas que restan.
Esta situación de una mala selección de candidatos evidencia una sola cosa, el triunfo de Morena está garantizado por el manejo de los programas sociales y por la campaña falsa que se maneja que insiste con el argumento que la derrota de Morena significa que se les quiten los apoyos que reciben. Estas candidaturas no suman votos y todos ellos van a ser beneficiarios de la campaña que realice el candidato a la gubernatura, que prácticamente no lleva rival de la oposición.
Chiapas vive en estos momentos una peligrosa crisis social, debido a la inacción del Estado y al creciente malestar de la población, que se refleja en tres direcciones: una, cada vez más creciente, en el que grupos de población manifiestan el rechazo al voto a favor de Morena, en mucho, por la ineficiencia del gobierno que convoca al voto de castigo; la otra, al respaldo o aplauso a grupos de la delincuencia organizada y conformación de grupos de autodefensa, como se ha visto en municipios de la Sierra a favor del Cártel de Sinaloa o como sucede en el municipio de Pantelhó con el grupo Machete; una tercera se debe al desplazamiento forzado de población por conflictos con grupos paramilitares en los Altos o por la guerra que se vive en los municipios fronterizos de la Sierra, en el que la gente abandona sus bienes debido a la inseguridad. En Chiapas hay miles de desplazados ante el silencio del gobierno que continúa negando la inseguridad que se respira en Chiapas.
Hay sucesos políticos lamentables que nunca debieron de haber sucedido, si el gobierno de Rutilio Escandón asumiera compromisos reales con la legalidad y actuara con responsabilidad, como sucedió con el asesinato del hijo del “Tío Gil”, que precipitó la guerra entre los cárteles, o las complicidades que facilitaron el ingresoy crecimiento del Cártel Jalisco, o el asesinato del presidente municipal de Teopisca, o la designación de un fiscal general, como Olaf Gómez, sin ninguna experiencia en la persecución del delito, que permanece encerrado en su oficina con un miedo que se refleja con el enrejado que mandó a poner para cerca el ingreso de la fiscalía, o más recientemente la ejecución del secretario de seguridad de Berriozábal, cuyas declaraciones forzadas, carecen de validez jurídica, pero eso no significa que la cloaca que destapó no esté llena de verdades.
El gobernador del Estado debe de entender que no se puede gobernar sin tomar decisiones y menos dejar el gobierno en manos de funcionarios que han demostrado una incapacidad mayor que del propio gobernador que ya es decir mucho. A Chiapas se le dejó sin operación política,sin la procuración de justicia y sin la seguridad pública. Los tres responsables de estas áreas jamás debieron de ser nombrado y hoy la población está pagando el cúmulo de ineficacia que representa la administración de Rutilio Escandón, al que hoy se le pueden iniciar investigaciones judiciales, por ilegalidades cometidas, como liberar presos con sentencia, o por omisiones y aquiescencia en el combate a la delincuencia, o por los actos notorios de corrupción de él y sus colaboradores, actos que han sido ventilados en los medios nacionales..
Gran parte de los problemas de gobernabilidad y de inseguridad en Chiapas son producto de la impericia del propio gobierno, quien no tiene operación política ni mediadores del conflicto eficaces, situación que termina provocando que una simple tos se convierta en una pulmonía. La secretaría de gobierno tiene un ejército de colaboradores que cobran, pero no atienden ni resuelven los problemas y muchas veces los terminan complicando. Pero esta ineficacia no solo recae en la secretaría de gobierno, también participa la fiscalía del estado y la secretaría de seguridad pública, quienes están más interesados en brindar la protección a la delincuencia organizada y recibir los pagos semanales que estos grupos tienen establecidos para los funcionarios del gobierno, que en brindar protección y seguridad a la población.
Sin duda el desastre social que se vive en Chiapas se debe al mismo gobernador del Estado, que se caracteriza por la indiferencia a los problemas, a la frivolidad de su trato y a la falta de talento, en el que delega sus responsabilidades en otros porque le pesa tomar decisiones.
El Estado es el responsable de construir el orden público y de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Esto no viene sucediendo en Chiapas, en donde distintos grupos, con perspectivas y finalidades diferentes, –grupo paramilitar, de autodefensa y delincuencia organizada- imponen su propia ley y condiciones en gran parte del territorio chiapaneco, ya sea en los Altos de Chiapas, ya sea en Pantelhó o Altamirano, o en San Cristóbal y toda la franja fronteriza de la Sierra, en donde estos grupos armados no sólo retan al Estado sino que actúan en total impunidad y sobre la base de los hechos lo sustituyen, son un nuevo tipo de Estado..
Todo esto sucede por la inacción de un gobierno que se caracteriza por la indiferencia a la protesta social y que considera que es irrelevante gobernar, además de que mal ejerce un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos anuales, sin que haya los resultados que se debieran esperar con este ejercicio, en donde se han destinado más de 500 mil millones de pesos en estos cinco años de administración, sin que se note la transformación de Chiapas que tanto vienen pregonando, en el que a los problemas de pobreza y desigualdad social se le agregan los problemas de gobernabilidad y de inseguridad.
La situación social de Chiapas se encuentra en iguales o peores condiciones de violencia que se viven en otras entidades del país. La diferencia sustancial de la violencia en Chiapas en relación con la violencia en las otras entidades, que entraña peor peligro, es que aquí la protesta social está contaminada con la delincuencia organizada, en el que existe una gran complejidad para identificar la legitimidad de una lucha social, con el papel que juega la delincuencia organizada. Y esto es lo que ha descuidado la administración de Rutilio Escandón, al permitir y tolerar que los cuerpos de seguridad, algunas presidencias municipales y servidores públicos estén al servicio de la delincuencia organizada.
Para colmo de males, el gobernador Rutilio Escandón, en lugar de construir la gobernabilidad democrática que se requiere y combatir la delincuencia, se involucró de lleno en el proceso interno de las elecciones, primero promoviendo candidatos a la gubernatura del Estado y luego manoseando el proceso interno para imponer candidatos al senado, a las diputaciones federales, a las presidencias municipales y a las diputaciones locales, con puro personaje –hombres y mujeres impresentables-, cuyas cfandidaturas se pueden resumir en una sola palabra: escoria.
Rutilio Escandón deja como herencia al nuevo gobierno un territorio de Chiapas todo minado. Las tareas del próximo gobierno son reconstruir Chiapas; tarea nada fácil, porque todo es prioritario, la seguridad, la gobernabilidad democrática, el combate a la pobreza, la reactivación del campo, el respeto a los derechos humanos, la mejora de la educación, la garantía de los servicios de salud, todo esto en condiciones de malestar social, en el que se requiere de la participación de los mejores hombre y mujeres de Chiapas para poder dar respuestas a toda la problemática que se le viene al próximo gobierno, en condiciones sociales en el que a corto plazo resulta más viable que las cosas se descompongan a que se controle el desorden dejado por un gobierno fatuo, sin inteligencia ni sensibilidad, que convirtió en oropel las decisiones políticas importantes.
En Chiapas se repite la historia de saqueo por funcionarios que no tienen un proyecto de vida en la entidad, llámese personas nacidas en otra entidad o los nacidos en Chiapas que hicieron su vida en otro lugar y la oportunidad los retornó temporalmente pero su mira está puesto en otro lado, ejemplos son varios, los fuereños que acompañaron en su aventura a Juan Sabines Guerrero, en donde sobresale Nemesio Ponce; o Samuel Toledo Córdova, quien ocupó varias secretarías con Sabines y fue presidente municipal de Tuxtla. Recientemente aparecen en esta lista los funcionarios del grupo Tabasco, sobre quienes pesa la historia de haber otorgado múltiples contratos de obras y servicios a empresas fantasmas y que hoy uno aspira a ser senador y el otro presidente municipal de Tuxtla.
Son varios cientos de millones de pesos que se encuentran bajo esta situación y las empresas fantasmas fueron denunciadas en medios nacionales, en el que se involucra a personas allegadas a la esposa del gobernador, Rutilio Escandón, a quien se considera el poder tras el trono, sobre todo, en lo que se refiere a las decisiones financieras y a la contratación de obras y servicios, en donde el uso de los recursos públicos de Chiapas se convirtieron en el centro financiero de las actividades políticas y empresariales del grupo Tabasco.
A pesar de los escándalos nacionales por la corrupción exhibida, los funcionarios de Chiapas y los beneficiarios del grupo Tabasco fueron protegidos por el manto de la impunidad y la protección yl apoyo a todos los involucrados proviene directamente de la presidencia de la república, por eso no hay investigación alguna, debido a que ello podría provocar la inhabilitación del servicio público a algunos de los responsables, en el que paradójicamente, uno de ellos es candidato por Chiapas al senado y la otra candidata al senado por el Estado de de Tabasco.
El principio de no robar, que orgullosamente se menciona por lo militantes de Morena está inexistente en Chiapas. Aquí los funcionarios de Morena roban, mienten y traicionan con una desfachatez extrema, en donde se demuestra que no existen los principios en la vida cotidiana de estos personajes. Ellos le apuestan al ganador y ahora hasta quieren andar en hombros al candidato a gobernador, cuando semanas antes financiaban los ataques de desprestigio en medios locales y nacionales y fomentaban su golpeteo en las redes sociales.
El Dr, Pepe Cruz, un perverso y corrupto funcionario, sobre quien pesa cientos de personas fallecidas por Covid 19, quienes ni siquiera como estadística fueron tomadas en cuenta, se prepara para la campaña al senado, con todas las posibilidades para representar a Chiapas, en una responsabilidad que debiera avergonzar al espíritu chiapaneco. El otro hijo adoptivo de Tabasco, Ángel Torres, con pocas posibilidades pero mantiene su entusiasmo por ser presidente de Tuxtla, cuando él colaboró en su destrucción y por su falta de talento se impidió utilizar adecuadamente el presupuesto para corregir y resolver los problemas urbanos que aquejan a esta ciudad. Sobre ambos hay una estela de corrupción por daños que administrativamente no prescriben hasta dentro de cinco años, que pueden constituirse en demandas penales.
En Chiapas los funcionarios no cuidan las mínimas formas políticas, a tal punto, que están por cumplirse las 72 horas en que se encontró el cuerpo del secretario de seguridad del municipio de Berriozábal y el gobernador no ha salido a condenar enérgicamente este lamentable acto ni a señalar que ha instruido a la fiscalía del Estado para que encuentre y castigue a los responsables de esa ejecución, que no habrá impunidad ni mucho menos silencio.
No existe solidaridad a la memoria del funcionario ejecutado ni hacia sus familiares, que en el funeral estuvieron ausentes el gobernador Rutilio Escandón, la secretaría de seguridad del Estado, Gabriela Zepeda y el presidente municipal de Berriozábal. Con esa actitud, sobre la base de los hechos, a quien condenan es al propio funcionario ejecutado, porque lo hacen ver culpable o responsable por tener vínculos con la delincuencia, situación que deshonra no al funcionario caído sino a las autoridades estatales y municipales.
El principio de autoridad en Chiapas está perdido, sobre todo, porque fue depositado en personas que no son dignas de ejercer el mando y el poder en una entidad y por lo tanto, no representan con dignidad a las personas. El vídeo que circula en las redes sociales, en donde obligan a leer un comunicado al secretario de seguridad de Berriozábal, antes de ser ejecutado, no tiene validez jurídica alguna por haber sido obtenida a través de métodos de tortura, pero eso no exime a nadie de lo que ahí se señala y la autoridad debe ordenar la investigación de esos dichos. Pero Rutilio Escandón, en lugar de actuar como el gobernador del Estado y condenar enérgicamente ese hecho y ordenar al mismo tiempo la inmediata investigación de lo manifestado, decide comportarse con la indiferencia que lo caracteriza y hacer de cuenta que no sucedió lo que en realidad está sucediendo en Chiapas.
Chiapas requiere el reemplazo urgente del gobernador; el mismo Rutilio Escandón así lo considera, pues ha manifestado, en más de una ocasión, a su gente de mayor confianza que ojalá ya fueran las elecciones para entrega este paquete, lo que confirma que él mismo ya no quiere ser fingiendo de que es el gobernador y prefiere estar disfrutando los beneficios obtenidos lejos de Chiapas, seguramente en Los Cabos, en Baja California Sur, en donde ha comprado propiedades y en donde se comenta, que su capital está siendo manejado por un excompañero de escuela que posee un despacho de outsourcing.
Los días finales de esta administración se presentan como los peores de la historia de Chiapas, en donde el crimen organizado busca imponer condiciones y en donde, lamentablemente, al nuevo gobierno le queda minado todo el territorio, para que la dinamita le explote y pague las consecuencias de una pésima administración, que debe irse.
La ejecución del secretario de seguridad de Berriozábal y las dos personas que lo acompañaban, va más allá de una provocación al Estado, es un acto que pretende demostrar que el poder de la narcoviolencia es superior al poder del Estado, que la delincuencia está por encima del Estado mismo y por lo tanto de la aplicación de la ley. Situación extrema que vulnera todo ejercicio del derecho, lo que obliga al Estado a dar una respuesta que no deje dudas de que nadie se encuentra por encima del poder del Estado y que la ley se aplica hasta las últimas consecuencias.
¿Esto qué significa? Significa que la actuación del Estado debe caminar en dos sentidos, castigar a la delincuencia organizada e investigar la posible participación de funcionarios públicos en la protección y obtención de beneficios de la delincuencia organizada. Y esto no puede ser de otra manera, porque no se puede combatir a la serpiente solo arrancando la cola, sin afectar la cabeza. Es un hecho que el crecimiento del crimen organizado en Chiapas se dio bajo la protección de funcionarios del gobierno, y la aplicación de la ley no debe dejar duda alguna, por eso no puede existir selectividad.
Las preguntas son: ¿Hasta dónde el Estado va intervenir en la aplicación de la ley en Chiapas? ¿Hasta dónde el gobierno de la 4t va a tomar la decisión de combatir frontalmente al crimen organizado? La laxitud del gobierno de Chiapas condujo a esta situación, en donde el Estado predica Abrazos no balazos, en el que se orilló a cambiar este principio, debido a que el crimen organizado se fue al extremo de atentar y ejecutar a un secretario de seguridad y además lo exhibió en un vídeo que circula masivamente en las redes sociales y lo van a hacer en los medios nacionales e internacionales, en el que de manera forzada fue obligado a leer un documento en el que inculpa a varios funcionarios y comandantes de favorecer al otro cártel con quien se encuentra en disputa.
Esa declaración carece de toda validez jurídica, por haber sido obtenida bajo tortura, pero tampoco se puede llegar a pensar que lo ahí dicho es una falsedad. El Estado está obligado a investigar y más por haber sido exhibido de la manera como lo hizo este cártel, que muestra los niveles de complicidad a los que ha llegado el gobierno de Rutilio Escandón con la delincuencia. Para la prensa nacional y por el morbo local que despertó la circulación del vídeo, no hay duda, el crimen organizado está infiltrado en los niveles más altos del gobierno.
Por eso la gran incógnita, el Estado mexicano va a actuar con toda la fuerza para combatir la narcoviolencia o van a pesar más las complicidades y la protección al gobernador del Estado, quien directamente es el responsable, por actos de omisión y/o de aquiescencia, de la situación de violencia y de inseguridad que vive Chiapas.
A nueve meses de concluir este gobierno, los conflictos en Chiapas y la presencia de la delincuencia organizada, superan con creces el frágil funcionamiento de la administración encabezada por Rutilio Escandón, quien en lugar de atender los problemas con un ejercicio comprometido de gobierno, continúa con el falso discurso de negar la existencia de estos problemas e insiste en vender la imagen de un Chiapas seguro, cuando la realidad del Estado mucha frecuencia se difunde en los medios nacionales e internacionales donde se exhibe la inoperancia de un gobierno ausente.
La presencia y la disputa del territorio entre grupos de la delincuencia organizada en Chiapas son innegables. Los disturbios reincidentes en San Cristóbal por el grupo de “Los Motonetos”, la guerra que existe en toda la frontera de la sierra que involucra a por lo menos 10 municipios, los enfrentamientos y ejecuciones en el corredor Berriozábal-Ocozocoautla-Jiquipilas, así como la violencia en Montes Azules, que obligó al cierre de los principales centros turísticos en la región Selva y las ejecuciones en Pueblo Nuevo Y Rincón Chamula así lo demuestran. El gobierno actual ha sido omiso y complaciente con el crecimiento de la presencia de estos grupos, y son muchos los señalamientos que existen sobre un grupo de funcionarios a quienes se les acusa de estar al servicio y proteger las actividades de estos grupos delincuenciales.
Pero los escenarios de violencia en Chiapas van más allá de la presencia de los cárteles. Entre estos sobresalen la presencia de los paramilitares en Chenalhó que mantienen una actividad permanente de disputa entre pobladores de Chenalhó y Aldama, que ha ocasionado más de tres mil desplazados; el conflicto irresuelto de Pantelhó y los más de 20 desaparecidos por el grupo “El Machete”; la violencia y ejecuciones de líderes sociales en Venustiano Carranza; el incumplimiento de la ejecución de sentencia de la Suprema Corte, que ordenó la devolución de las tierras expropiadas al Ejido de Tila, en tiempos de Juan Sabines Gutiérrez y en donde medio pueblo está construido en esas tierras perteneciente al Ejido; la crisis migratoria en el Soconusco, que ha deteriorado la calidad de vida de los municipios fronterizos; la ilegal resolución del Supremo Tribunal que buscó dar fin a los problemas de los límites fronterizos en los Chimalapas, entre Chiapas y Oaxaca, que terminó despojando de un territorio ancestral a Chiapas y que incluye una franja del municipio de Arriaga que nunca formó parte de ese litigio.
Chiapas desde hace muchos años es un polvorín, lo desafortunado en este momento, es que se crearon las condiciones para que muchos conflictos estallen simultáneamente, particularmente por las condiciones electorales que se viven. Pero todos estos problemas carecen de importancia para Rutilio Escandón, que deja como herencia peores condiciones sociales al Estado que él recibió, donde con gran irresponsabilidad, ha dejado correr situaciones y conflictos que amenazan la seguridad de la población y la seguridad nacional del país. Junto a ello, el gobierno de Rutilio Escandón arrastra un tremendo déficit en la ausencia de un gabinete capaz, en el que nunca en los cinco años de gobierno se impulsaron políticas públicas, que aminorara la desigualdad social en la entidad y se construyeran mejores condiciones de gobernabilidad.
Debido a esta situación, los hilos del control político están sueltos en Chiapas y hay una realidad inocultable; el fracaso de la política de “Abrazos y no balazos”, que convirtió a Chiapas en un territorio en disputa por el crimen organizado con una complacencia total del gobierno de Rutilio Escandón.
Durante muchos años el discurso sobre la seguridad en Chiapas era que aquí no se tenían los actos de violencia que en otras entidades del país: no habían colgados en los puentes, no habían encajuelados, no habían descuartizados y no había enfrentamientos armados entre los grupos en las plazas públicas. Ese discurso ya no puede seguirse utilizando en este gobierno, debido a que lo único que faltaba para igualar los niveles de violencia d otras entidades sucedió ayer en Tapachula, un ataque armado en la Plaza Galerías, en el que hubo un herido.
Para poder resolver un problema, el primer punto es reconocerlo. Esto no lo ha podido hacer el gobierno de Chiapas, porque cumple instrucciones de la presidencia de la república de ocultar y negar la violencia, pero lo realidad se impone contra cualquier discurso de mentiras, sobre todo, porque en Chiapas ya apareció un colgado en uno de los puentes a escasos 200 metros en donde vive la hija del gobernador; ya hubo unos encajuelados en la Ciudad de Comitán en donde supuestamente apareció el cuerpo del presunto asesino del periodista Fredy López Arévalo; ya hubo encostalados en Chiapa de Corzo; ya aparecieron cabezas mutiladas en un hielera en una gasolinera de Villa Corzo y ya hubo una balacera en un centro comercial, qué más debe suceder para reconocer la violencia y encender la alerta máxima para atender estos niveles de inseguridad.
El fracaso de la política de abrazos no balazos es un rotundo fracaso, a pesar del discurso oficial de que en este país se combaten las causas de la violencia, en clara referencia a que los programas sociales,en donde se regala dinero y no se estimula la productividad, es el camino para garantizar la seguridad, lo que viene a ser una política discriminatoria porque se pone el énfasis de que la violencia y la inseguridad se debe a la pobreza, como si sólo los pobres roban y delinquen; y se ignora que los ricos también lo hacen pero ellos son protegidos por la justicia.
Los problemas de la inseguridad en la entidad sólo se pueden resolver a partir de un buen diagnóstico, que parta del reconocimiento de que este es el principal problema que se vive en Chiapas y a partir de allí diseñar un conjunto de políticas que atienda las múltiples variables que influyen en la incidencia delictiva. Pero en este gobierno no puede haber un buen diagnóstico en razón de que parte negando y ocultando la violencia y se traduce en un discurso de mentiras que pone a Chiapas entre las entidades más seguras del país.
El nuevo gobierno se va a enfrentar a una realidad que no puede ocultarse y que se debe atender como una política prioritaria, sobre todo, porque la población reconoce que el principal problema que se vive en estos momentos es la inseguridad, más allá de los problemas que representa la pobreza y la falta de justicia en la entidad.