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03
Wed, Jun
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En Chiapas hay un gobierno agotado. Eso se observa en los actos que preside el gobernador, que se caracterizan por la irrelevancia, rodeado de subordinados que no representan nada, que son poco conocidos, que no aportan nada a la gobernanza de la entidad y cuyo resultados en los 18 meses de administración son nada halagüeños.  Situación que evidencia que el gobernador está solo, sin equipo de trabajo y que su intención transformadora se quedó en un discurso hueco, demagógico y cada día más desgastado.

El gobernador Rutilio Escandón está dejando escapar la oportunidad de gobernar seria y eficazmente a Chiapas. Los problemas notorios son la ausencia de gabinete y de proyecto de gobierno, en donde quedó convertido en un mal clon del presidente, al que lo imita en todo y reproduce en la entidad decisiones que son nocivas para la Chiapas, como la política de austeridad, el cierre de la casa de gobierno y la negativa de destinar recursos de apoyo al combate a la  pandemia y al estímulo para la mejora de las actividades productivas, que lo convirtió en automático en el administrador del Estado y no así en el gobernador.

Las fallas que presenta la administración de Rutilio Escandón indican que hay  mayores deficiencias que las vividas en los gobiernos de Juan Sabines y Manuel Velasco, en el que la población llegó a considerar que nunca se tendrían peores gobiernos que el de ellos, pero Rutilio Escandón está empecinado en demostrar que él supera en mucho el desgobierno que se vivió durante doce años: con una economía decreciendo, con una disminución en el empleo, con una deuda pública que carcome el futuro de Chiapas, con una crisis sanitaria desbordada, en donde el número de contagios y de fallecimiento son mucho mayores a los que anuncia el gobierno, con  actividades agropecuarias colapsadas  y con una crisis económica en puerta que va a acrecentar el número de pobres en la entidad.

Hay que señalar, que el desorden social que se vive en Chiapas ha sido provocado por el propio gobierno, donde no se toman decisiones y se dejan avanzar los conflictos, a un punto en que se pone en riesgo la seguridad nacional. Pero eso no lo sabe el gobernador, que vive en una burbuja alejado de la realidad social, que lo hace levitar, razón por la cual el gobernador al caminar lo hace sin pisar el suelo.

Chiapas requiere urgentemente de un gobierno y de funcionarios de tiempo completo, comprometidos y eficaces, con el fin de evitar un colapso mayor. Lo que necesariamente debiera de obligar al gobernador Rutilio Escandón de rectificar el rumbo y realizar de inmediato los cambios que se requieren y que no pueden ser realizados por los funcionarios que hoy lo acompañan, quienes ya demostraron con creces el nivel incompetencia que los caracteriza.

 

 

En México la cultura política se ha desarrollado a través de la invención de enemigos. Eso es lo que viene sucediendo en Chiapas, en donde resulta más fácil inventar enemigos e imaginar conspiraciones políticas que reconocer los yerros que las autoridades cometen a diario, donde lo más grave es la indiferencia que tienen ante las demandas sociales de la entidad.

La administración de Rutilio Escandón Cadenas traía graves problemas como la ausencia de gabinete, la falta de proyectos y el descuido en el manejo de una agenda política, todo ello empeoró con la crisis sanitaria, que desnudó la ineficacia que prevalece en el manejo del presupuesto, en donde no se ha sabido responder a las necesidades sanitarias con recursos públicos y se recurrió a la caridad, ampliando con ello el riesgo de contagios y fallecimientos de la población.

A 18 meses de iniciado este gobierno, resulta claro que Rutilio Escandón no tiene cuadros formados para gobernar con eficacia y la actual administración se encuentra saturada por el nivel de incompetencia que hay en las diferentes secretarías, lo que evidencia que no hay un gobierno diferente y menos con los postulados de la izquierda; esta carencia de cuadros resulta imperdonable para un personaje que buscó la gubernatura en tres ocasiones.

A esto se le agrega un hecho evidente, que el gobernador no conocía la multiplicidad de problemas en la entidad, en el que se entrelazan problemas estructurales, como el de la pobreza, con problemas históricos, como el fracaso y desinterés de la clase política para modificar la estructura social en Chiapas, anclada en el pasado, con problemas coyunturales provocados por la inseguridad y por la manera como se da la distribución y el manejo del presupuesto,

En este sentido la preocupación política que existe en el entorno del gobernador no es el adecuado y allí se encuentra la principal fragilidad del gobernador. La preocupación principal no debiera estar en el control político de MORENA –dominado por los verdes-morenos-, o en el de tener la mayoría de las presidencias municipales –que se encuentran hegemonizadas por los senadores chiapanecos-, y ni siquiera con restar la influencia del partido verde, porque eso fue una fugaz aventura que duró solo seis años. Este análisis está equivocado porque la única premisa está en la preocupación electoral y no en la de construir gobierno y a Rutilio Escandón le urge construir gobierno y pensar en cual va a ser su legado político y como quiere que se le recuerde.

El gobernador no debiera tener preocupaciones por lo electoral, porque  finalmente él ya está sentado en el palacio de gobierno; la preocupación electoral la tienen sus funcionarios que sueñan con la sucesión, quienes se golpean entre sí y andan en campaña, y en ese juego de ambiciones políticas confunden al gobernador y lo comprometen, al sobreponer el discurso de la conspiración para minimizar y ocultar la inacción política del gobierno.

Es en esta lógica es que se construyó la invención del enemigo, se financian con recursos públicos campañas mediáticas de ataques y se difunden las ideas de la conspiración y la desestabilización de Chiapas, en el que obviamente se oculta que los problemas actuales que tiene la entidad se debe, fundamentalmente, a la incompetencia que hay en los funcionarios y a la falta de ideas y proyectos para construir gobierno, en el que el propio Rutilio Escandón es responsable.

 

 

 

 

 

En su segundo informe de gobierno López Portillo acuñó una de sus frases célebres: “Lo peor que le puede ocurrir a México es convertirse en un país de cínicos”.  Desafortunadamente Chiapas ya se convirtió, de años atrás, en lo que predijo el expresidente de la república.

Veamos cómo los últimos gobernadores de Chiapas presentan una perdida creciente del sentido de la realidad e inventaron una ficción de su gobierno. Así pasó con Juan Sabines y Manuel Velasco y resulta extremadamente preocupante que ese mismo problema se reproduzca en Rutilio Escandón, quien padece la peor crisis de la historia contemporánea de Chiapas y en la reunión que tuvo con el gabinete el fin de semana, mantiene un discurso triunfante, de satisfacción con su gobierno, cuando en realidad lo que se le reclama es que no hay gobierno ni gabinete ni programas de gobierno.

Lo paradójico es que los representantes de sectores empresariales en Chiapas felicitan al gobernador por el acuerdo con Nacional Financiera, de promover préstamos al 13.9% de interés anual para revitalizar la economía del Estado, cuando todos ellos saben perfectamente que ese acuerdo está destinado al fracaso, en virtud a que la tasa de interés es muy alta, en la que difícilmente alguien se va a comprometer a realizar un préstamo, pero pesa más la sumisión y la lambisconería con el gobernante que los principios de dignidad y de compromiso con Chiapas. En este sentido el cinismo no es solo de parte de la clase gobernante sino también de los representantes del sector empresarial en Chiapas, que simplemente son de vergüenza.

Ya se ha señalado en este mismo espacio, que la crisis sanitaria era buena oportunidad del gobernador Rutilio Escandón para hablar con franqueza a la sociedad chiapaneca y señalar que la entidad, en los últimos años tuvo gobiernos desafortunados, que terminaron sacrificando el futuro de varias generaciones y que es necesario construir un nuevo Chiapas, en donde ya no es posible perder un solo día en distracciones y pleitos estériles ni en pensar en procesos electorales que representan un gran distracción en los funcionarios públicos.

Pero la administración de Rutilio Escandón camina en sentido inverso: organiza reuniones de gabinete sin evaluación de resultados y sin rendición de cuentas y manifiesta que todo va bien, pero además instruye a los presidentes municipales a que firmen un panfleto de respaldo a su gobierno y allí se inventa y se difunde el discurso de que hay intenciones de dañar a Chiapas y se insinúa que hay situaciones de conspiración a su gobierno, algo que solo existe en la mente del que escribió el panfleto y seguramente del que instruyó la redacción del mismo.

En Chiapas no hay conspiración alguna ni mentes perversas que buscan romper con “la tranquilidad”, lo que existe es una ausencia de gobierno y una pérdida creciente y peligrosa del papel del Estado, pero eso no lo puede aceptar por obvias razones el gobernador, que prefiere inventar situaciones y construir un mundo irreal, en el que no se compromete ni quiere correr riesgos con la toma de decisiones.

Sin embargo los problemas que vive la entidad no se van a resolver por arte de magia y los conflictos se van a ir acrecentando, y más si se continúa con la política del cinismo en el que se presumen logros en una entidad en el que lastimosamente hay todo por hacer.

 

 

Los sucesos de violencia en Venustiano Carranza bien pudieron presentarse en más de 16 municipios de Chiapas, debido sobre todo a la falta de atención política y a la creciente pérdida de legitimidad del gobierno, que ha desaprovechado el bono democrático con el que llegó al poder, que despertó muchas expectativas y que hoy existen claras muestras de insatisfacción hacia este gobierno en muchos núcleos de la población.

El malestar social que prevalece en la atmósfera chiapaneca es una realidad, que no se puede ocultar y mucho menos pretender confundir con el rumor de una conspiración o la existencia de intereses perversos que buscan generar el desorden de Chiapas. En mucho los problemas se deben a la falta de oficio en las presidencias municipales y a la inoperancia del grueso de funcionarios de la secretaría de gobierno, que se comportan como si tuvieran un mal que los paraliza, pero también se debe a los excesos que comete la fiscalía general en la fabricación de delitos, y Carranza es una muestra de ese proceder, ya que existen muchos casos de detenciones provocadas por este ilegal comportamiento de la fiscalía y a pesar en que se han hecho las denuncias de estas detenciones, la respuesta ha sido el silencio.

Por eso es necesario que el gobernador Rutilio Escandón realice una evaluación de su gobierno, con base a resultados, y deje de imaginar que se están haciendo bien las cosas, pues eso es igual al engaño del canto de las sirenas, debido a que la pérdida de legitimidad que hay en Chiapas se debe fundamentalmente a la ausencia de gobierno y a la falta de proyectos políticos y de desarrollo que prevalece en la entidad.

La legitimidad se construye todos los días con acciones eficaces de gobierno, en donde se atienden y resuelven las demandas de la población, en el que se establecen compromisos y se cumplen. Eso no está sucediendo en Chiapas. Las secretarías que integran la administración mantienen una inmovilidad preocupante y se encuentran a la espera de las instrucciones del gobernador, instrucciones que no llegan simplemente porque no hay proyectos. Esto provoca que no haya un programa de educación, un programa de salud, un programa para el campo, un programa de infraestructura, un programa para la reactivación de las actividades productivas, un programa para la generación del empleo, etc., etc..

La política de austeridad ha provocado un desastre mayor para Chiapas, que requiere de una inversión eficaz, en donde la inversión de cada peso sea sometido a una medición de resultados. La ausencia de una inversión y la práctica sistemática por querer resolver los problemas sociales con el uso de la fuerza pública, está acumulando el malestar, como sucedió en Carranza, pero que puede suceder en Chamula, en Oxchuc, en Simojovel, en Bochil, en Tila, en Yajalón, en Chilón, en Pueblo Nuevo, en El Bosque, en Altamirano en Ocosingo, en Las Margaritas, y en una decena más de municipios en Chiapas.

La experiencia en Carranza debiera de servir para  una convocatoria a la mesura y a diálogos por la paz y no violencia, pero también a la construcción de un gobierno proactivo que responda a las necesidades y demandas de la población.

 

 

La crisis sanitaria le brinda la oportunidad al gobernador Rutilio Escandón de hablar con franqueza a la sociedad chiapaneca y de señalar que en Chiapas, con más de una década con gobiernos desafortunados, hay todo por hacer y que en la tarea de construir el Chiapas que todos anhelamos ya no se puede desperdiciar ni un solo día en el gobierno y mucho menos perder el tiempo en rencores, en pleitos estériles y en ajustes de cuenta, en donde finalmente hay una distracción en las obligaciones de gobernar y se promueve la división en la población chiapaneca.

Esto es necesario porque el gobierno de Rutilio Escandón no tiene una oposición ni contrapesos y además es falso que haya una intención conspiradora para buscar un interinato y nuevas elecciones. En realidad la única barrera que hay es el de la imaginación y de diseñar proyectos para gobernar la entidad, en el que lamentablemente no se ha venido haciendo y se ha creado un vacío de poder, que se viene subsanando con la represión y el empleo sistemático de la fiscalía general, que se caracteriza por la práctica de la tortura y la fabricación de pruebas.

La paradoja en Chiapas es que no existe la oposición, pero a su vez hay grandes ausencias de gobierno y esto se debe simple y sencillamente a que el gobernador no lo ha sabido construir, aún y cuando  no tiene a nadie enfrente que se lo impida y ya nos encontramos en el mes 18 de la gestión de gobierno, sin nada que nos indique en quñe consiste la cuarta transformación, ni qué es lo que se va a transformar ni cómo se va a dar esa transfromación,

En Chiapas las cosas no caminan bien y el gobierno no presenta alternativas ni políticas ni económicas, y la crisis sanitaria terminó desnudando la ausencia de programas que agudizan la situación,  y cuando algún funcionario presenta un programa, como lo hicieran el secretario de hacienda con el secretario de economía, donde finalmente buscan engatusar a la población con préstamos de Nacional Financiera a una tasa mayor de como lo ofrece la banca comercial, lo que representa un engaño y es un desliz del gobernador, al dejarse chamaquear por funcionarios que debieran ser despedidos por su ligereza e irresponsabilidad.

Si el gobernador quiere construir márgenes de legitimidad, eficacia y gobernabilidad, requiere del diseño de programas que permitan sortear la contingencia sanitaria y establecer condiciones mínimas para enfrentar la crisis económica que se avecina para ello se requiere: 1) elaborar un programa de alimentación en calidad y cantidad para 100 mil familias que viven en la pobreza, en donde todos los productos de abastecimiento sean de producción local, ya que su programa de despensas todo viene de Puebla; 2) crear un seguro de desempleo para 100 mil personas que estaban sin trabajo o que fueron despedidos en esta crisis sanitaria, lo que puede hacer posible que se queden en casa y evitar mayores contagios; 3) destinar un apoyo económico a vendedores y trabajadores de la economía informal a quienes se les está criminalizando y violando el derecho al trabajo para procurar el sustento de sus familias; 4) crear un fondo para establecer un programa emergente de recuperación económica y generación del empleo, en donde haya una negociación del gobierno con la banca para establecer préstamos mínimo al 7 % anual, en el que el gobierno absorba la deuda de los intereses y entonces  los préstamos se otorguen con tasa cero, eso sí es apoyar a los sectores productivos; y, 5) salir a enfrentar al virus y no estar detrás de él como está sucediendo, en el que se apliquen miles o millones de pruebas de detección, como la única forma de reducir la pandemia al identificar a la población portadora del virus que es asintomática, atenderla y crear un cerco sanitario para prevenir mayores contagios como sucedió en otros países que tienen reducida la pandemia.

 

 

 

 

 

Ayer el secretario de hacienda y el secretario de economía actuaron con deslealtad hacia el gobernador del Estado. Lo exhibieron al poner en su boca el anuncio del Programa de Financiamiento de Reactivación Económica por COVID-19, donde dio a conocer la apertura de una línea de crédito de 500 millones de pesos acordada entre el Gobierno del Estado y Nacional Financiera (Nafin), en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la entidad, algo que aunque lo haya dicho con mucha euforia, no representa ningún apoyo al sector empresarial y menos que con esas ideas se puedan resolver la situación económica de Chiapas.

Es un hecho que el gobernador Rutilio Escandón está urgido de anuncios que muestren que en Chiapas hay programas de gobierno, pero ayer lo chamaquearon. Nacional Financiera no es un banco que otorgue directamente préstamos bancarios, sino que utiliza como intermediarios a la banca de primer piso, quien para otorgar el préstamo exige un proyecto viable y garantías.

Esos tipos de programas financieros que le hicieron anunciar al gobernador, lo que buscan es apoyar a los bancos y no a los empresarios como se lo hicieron creer sus funcionarios, que lo expusieron al ridículo frente al sector empresarial de Chiapas que entiende de estos asuntos y que ni por asomo van a acudir a hacer efectivo este programa, porque además la tasa de interés del 13.9 % anual es muy cara, sobre todo porque el Baco de México bajó las tasas de interés a menos del 6% anual, lo que significa, que en estos momento con garantías, cualquier banco otorga un préstamo por debajo de la tasa de interés que eufóricamente el gobernador anunció como un logro de su gobierno.

Yamil Melgar, flamante secretario de economía del gobierno de Rutilo Escandón tiene un gran desprestigio en su desempeño público y no goza de la confianza de los hombres de negocios en la entidad; lo ven como un chamaco irresponsable, sin la seriedad y el entendimiento que se requiere para desempeñar el cargo que tiene. Sin embargo lo que sorprende es la complicidad con la que actúa Javier Jiménez, el secretario de hacienda, quien está obligado a conocer  que el mecanismo propuesto no es el más indicado para las necesidades que tienen las actividades económicas en Chiapas y que además debiera de tener conocimiento que ese tipo préstamos se vienen ofertando en la entidad desde el gobierno de Roberto Albores y que no han servido para gran cosa.

Sin duda que Chiapas requiere urgentemente de un programa emergente de recuperación económica, pero no como el que de manera deshonesta le hicieron presentar ayer al gobernador, el secretario de hacienda junto con el secretario de economía, en virtud a que esa propuesta no presenta ningún tipo de apoyo para estimular las actividades productivas, pues es un préstamo bancario como cualquier otro, con una tasa de interés alta, que propicia la usura.

 

 

 

 

La propagación del coronavirus en Chiapas debiera obligar a las autoridades a diseñar una política pública con el fin de garantizar la salud y la vida en la población. Sin embargo en los 90 días que lleva la pandemia, las decisiones del gobierno del Estado no ha sido lo eficaz que se requiere para hacer frente al contagio y la letalidad de este virus.

Son dos situaciones las que se perciben como impedimentos del gobierno para intervenir con la eficacia que se requiere: una, es la mezquindad en el manejo de los recursos, en donde el gobernador no quiere tomar decisiones para solicitar al Congreso Local a que efectúe una redistribución del presupuesto del Estado y se le asignen recursos necesarios para atender médica y socialmente los problemas generados por el COVID 19; la otra, es la sujeción política del gobernador a las decisiones del presidente, lo que lo  muestra como un gobernante sin libre albedrío, lo que lo convierte por si mismo en un mal gobernante.

Chiapas requiere de decisiones firmes con sentido social, pero no autoritarias ni que violen derechos humanos. El único camino viable es el marco de la legalidad, donde sea una preocupación del gobernador definir un presupuesto para la satisfacción de los derechos humanos y no mediado por cuestiones políticas, intereses económicos o por la corrupción.

En reiteradas ocasiones se le ha escrito al gobernador para que modifique el presupuesto de egresos de Chiapas, que fue aprobado en el Congreso bajo condiciones que ya no existen o que ya se modificaron. En este momento la mayor prioridad es el combate a la pandemia y en Chiapas no se han destinado los recursos suficientes para ello y en su lugar se acude a la caridad y los donativos. Lo grave de esta práctica es que nadie le dice al gobernador que con esas acciones se devalúa y se desprestigia y denota al mismo tiempo, una pobre visión de lo que es un gobierno. 

La multiplicación de los contagios en la entidad indica que la pandemia está fuera de control y que el desastre va a ser mayor. Lo inconcebible es que el gobernador pasó a depender de un charlatán sin las credenciales de un médico de prestigio, que se circunscribe a recibir el número de contagios que se reportan en las dependencias públicas, pero que ignora y no realiza acciones preventivas hacia las personas contagiadas que son asintomáticos. Así es imposible detener el avance de los contagios y se prevé que la cuarentena se prolongue.

Urge que el gobernador atienda con la seriedad y la responsabilidad que demanda esta crisis sanitaria. A su vez, tiene escuchar otros puntos de vista y valorar con seriedad y mesura, los efectos de una redistribución del presupuesto como  una forma integral de tomar decisiones eficaces en contra de los daños ocasionados por la pandemia.

 

 

 

 

 

El incremento en los contagios por COVID 19 en Chiapas va a estimular a voces que insistirán en la aplicación de las medidas restrictivas en la circulación de personas. Este tipo de acciones se tomaron en países de Europa como Italia y en América Latina hubieron países que aplicaron el toque de queda, sin que haya existido un éxito en el control de la propagación del virus.

Las medidas autoritarias de restricción de derechos y libertades no es una solución. Tampoco lo es responsabilizar a la población de sus cuidados pues el gobierno nunca ha trabajado sobre la construcción de nuevas ciudadanías que posibiliten la autoresponsabilidad en los cuidados. Otra situación que es insubsanable son los niveles de pobreza en Chiapas, en donde el 80% de la población carece de los mínimos vitales para sobrevivir; junto a ello está el problema de que el 70 % de la población ocupada lo hace en la informalidad por lo que tiene que salir todos los días a trabajar para obtener el sustento de su familia.

Para la Organización Mundial de la Salud, las dos medidas eficaces para evitar los contagios del coronavirus son el confinamiento en casa y la sana distancia: dos aspectos difíciles de cumplir en Chiapas, por las necesidades alimentarias de la población, de allí los graves riesgos de una contagio mayor en la población, en el que en cuestión de días se van a duplicar los contagios y los fallecimientos.

El único organismo capaz de resolver la disyuntiva social en la que se encuentra la entidad es el gobierno. Y para ello tiene que hacer un uso responsable del presupuesto, con el fin de atender la prioridad número uno que hay en Chiapas, que es la de garantizar la salud y la vida de la población. El único trabajo que debe realizar el gobernador es redistribuir el presupuesto y liberar menos del 2% de su presupuesto de 95 mil millones de pesos, que permitirá desarrollar cuatro acciones: 1) elaborar un programa de alimentación en calidad y cantidad para 100 mil familias que viven en la pobreza; 2) un seguro de desempleo para 100 mil personas que estaban sin trabajo o que fueron despedidos en esta crisis sanitaria; 3) destinar un apoyo económico a vendedores y trabajadores de la economía informal para procurar el quedarse en casa; 4) crear un fondo para establecer un programa emergente de recuperación económica y generación del empleo; y, 5) salir a enfrentar al virus y no andar detrás de él como está sucediendo; la única forma de reducir la pandemia es identificando a la población portadora que es asintomática, atenderla y crear un cerco sanitario para prevenir mayores contagios como sucedió en otros países que tienen reducida la pandemia. Todo ello significa un recurso no mayor a los mil 500 millones de pesos, que el Estado los tiene y que puede disponer de ellos.

Hasta ahora la actitud del gobernador no ha sido la más adecuada para enfrentar la crisis sanitaria. No ha hecho intentos por hacer uso del presupuesto y prefiere solicitar ayuda a la caridad, evadiendo sus responsabilidades y obligaciones constitucionales. Sin embargo ha permitido decisiones ilegales que violan derechos humanos, que lo sitúan en la ilegalidad y puede ser sometido a juicio por ello, debido a que las autoridades no pueden obrar de forma discrecional y como les plazca, sino únicamente hacer aquello que las normas les permita hacer de manera expresa y ninguna ley en el país le otorga facultades a un gobernador o a presidentes municipales para restringir libertades y derechos.

La posibilidad de Rutilio Escandón de trascender como estadista es la de instruir al congreso la racionalización y redistribución de los recursos presupuestales del Estado, en aras de cumplir con la satisfacción de derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la alimentación, a la salud y a la vida.

 

 

 

El crecimiento en los últimos días en el número de contagios del coronavirus en  Chiapas, muestra que la crisis sanitaria está desbordada y todo hace prever  que la realidad de las personas portadoras del virus es muy superior a lo que reportan las autoridades; que durante semanas tuvieron un discurso triunfalista, en el que presumían que Chiapas era la entidad con menos contagios y hoy se observa que la ausencia de medidas preventivas sitúa a la población en un riesgo mayor.

El gobierno en su irresponsabilidad al no enfrentar sus obligaciones de protección y de promoción de derechos busca trasladar la responsabilidad del combate al virus a la población y así lo repiten muchos de sus publicistas, pasando por alto que es el Estado el único organismo con la capacidad y los recursos suficientes para controlar la masificación de la pandemia; si el Estado no interviene con la fuerza y todos los recursos a su alcance la sociedad no lo podrá hacer y lamentablemente se pagarán los costos con vidas humanas ocasionada por las indecisiones políticas.

En muchas entidades los gobiernos tomaron al margen del gobierno federal previsiones y crearon mecanismos de apoyo y de estímulos fiscales, para evitar el cierre de empresas, el despido de los trabajadores y el apoyo con alimentos a los grupos de población con mayor vulnerabilidad. Sorprende que en estos esfuerzos de gobiernos estatales, en Chiapas no exista ninguna medida al respecto y queda claro que no se van a promulgar ningún tipo de estímulos, en virtud de que el gobernador aún no ha dimensionado las consecuencias de sus indecisiones.

En Chiapas se ha reiterado en infinidad de ocasiones que no hay gobierno. Hay un gobernador alejado de los problemas sociales de la población, que ignora las condiciones que tiene Chiapas, que está rodeado de una pléyade de funcionarios que ya demostraron su nivel de incompetencia y que solo añora los aplausos. En los 16 meses que lleva la administración el gobernador Rutilio Escandón ya tiró a la borda la poca legitimidad que le quedaba y al concluir la crisis de salud se le van a desbordar los problemas económicos y sociales y ya demostró que no tiene las habilidades para tomar decisiones en tiempos de crisis.

Chiapas está en ruinas, con graves problemas de gobernabilidad, con síntomas peligrosos de violencia y una población polarizada por los conflictos. La crisis que se está viviendo debiera de unir a la población chiapaneca para superar los problemas presentes y los que se avecinan, pero eso no lo percibe el gobernador, que vive en un mundo feliz y ausente, dominado por sus rencores y alejado de las grandes necesidades de Chiapas.

Son muchas las voces que le reclaman al gobernador que defina y elabore una política anticrisis, pero él se mantiene inalterable, sin entender la magnitud de los problemas que se le avecinan, con un presupuesto superior a los 95 mil millones de pesos que fueron programados para una realidad que la pandemia transformó y que no quiere modificar partidas que le permitan destinar recursos suficientes para los grupos población, que por sus condiciones económicas y su empleo en la informalidad, no pueden cumplir con la disposición de quedarse en casa.

El gobierno de Rutilio Escandón se desentendió de sus obligaciones constitucionales y de la responsabilidad social del Estado.

 

 

 

 

Bajo las acciones de combate al coronavirus, en Chiapas se vienen tomando decisiones que se encuentran fuera del marco de la Constitución y que significan flagrantes violaciones a los derechos humanos. Tal es el caso del cierre del centro de la Ciudad de Tapachula, el sinnúmero de retenes policíacos en los municipios y la determinación de la secretaría de transportes de regular la circulación de los vehículos particulares en Tuxtla Gutiérrez.

Es cierto que existe una legítima preocupación por el número de contagios y fallecimientos en la entidad, lo que obliga a tomar decisiones que busquen detener y luego disminuir la propalación de este problema de salud pública; pero todas las decisiones que se tomen deben de respetar la legalidad, las libertades y los derechos de las personas. Y no se deben tomar decisiones de ocurrencias, que no están respaldadas por ninguna opinión científica o de académicos, como es la determinación de regular el número de dos personas en vehículos particulares, en donde el copiloto debe ir en la parte trasera del automóvil.

Es cierto que hay un número considerable de pobladores que continúan realizando actividades en la calle y muchos de ellos no guardan las medidas mínimas sanitarias, como es el uso del cubrebocas, en el que se exponen al contagio y a la propalación del virus. Sin embargo la política a seguir no pueden ser las medidas restrictivas o de coacción, pues con ello se pierde de vista las condiciones socioeconómicas que prevalecen en Chiapas, en el que 8 de cada 10 habitantes vive en la pobreza o pobreza extrema y donde 7 de cada 10 personas con empleo trabajan en el mercado informal.

Bajo estas condiciones la aplicación de las medidas “Quédate en Casa” no pueden funcionar, pues las familias se quedan sin el sustento diario, y aquí es donde se percibe la mala actuación del gobierno de Rutilio Escandón, quien se desentendió de una responsabilidad social del Estado de proveer alimentación en calidad y cantidad a la población que acredite incapacidad para obtener alimentos en las condiciones de emergencia sanitaria que se vive en el país y en Chiapas específicamente.

El gobierno de Rutilio Escandón está obligado socialmente a destinar el máximo de los recursos para satisfacer las necesidades de salud y de alimentación, a este sector de población empleada en el mercado informal, al que es urgente que se quede en casa, y que el gobierno quiere restringir su circulación, pero que no le están destinando los apoyos y recursos que se requieren para que deje de trabajar y así cumplir con las medidas sanitarias en su casa.

El gobierno de Chiapas no ha cumplido con las medidas mínimas sanitarias con la población. No ha destinado ni un peso de su presupuesto para la compra de millones de cubrebocas y regalarlo en la población. De haberlo hecho tendría la autoridad para exigir el uso obligatorio del cubrebocas y restringir la circulación de personas que incumplan con esta disposición.

El desempeño hasta ahora del gobierno lo imposibilita para establecer medidas que limiten o restrinjan las facultades y derechos de las personas ni tampoco puede imponer obligaciones que regulen la vida cotidiana o el uso de sus propiedades como es el uso del vehículo. De continuar con estas medidas se acumularán las demandas en contra del gobierno.

 

Con el anuncio de la posible aplicación del hoy no circula en Tuxtla Gutiérrez, se percibió un enojo social en las redes sociales en contra del gobierno de Rutilio Escandón, que representa un indicador de que las cosas no andan bien.

El trato al gobernador por primera vez fue duro e irrespetuoso, y si la relación del gobierno con la ciudadanía no se modifica, se puede prever que este tipo de trato y de señalamientos va a ser recurrente, lo que no solo va a desgastar la imagen del gobernador sino que antes del segundo año de la administración, la imagen del gobernador padecerá de un descrédito, algo que no sucedió en el gobierno de Velasco Coello ni en el de Juan Sabines, en que el desprestigio de ambos fue generalizado antes de concluir los seis años de gestión.

Rutilio Escandón requiere convocar a la unidad y a la reconciliación y escuchar a todas las voces, aún a las más irreverentes en las críticas a la administración. Pero este llamado no puede realizarse si el gobernador no toma decisiones fundamentales que garanticen el retorno de la legalidad, la transparencia en la administración y la recomposición del gabinete.

¿Qué es lo que impide que en estos momentos se convoque un llamado a la unidad? El trabajo que se realiza en la fiscalía general, que utiliza las prácticas de tortura como el método más acabado de la investigación policial. Pero a su vez, no se puede convocar a la concordia, si se continúa manteniendo el derecho a la propiedad como el principal derecho humano en Chiapas, violando con ello el derecho a la vivienda adecuada, el derecho al agua, el derecho al trabajo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes a una vida digna, derechos que son violados por los desalojos emprendidos por la fiscalía sin que exista en la mayoría de ellos órdenes de un juez. En estos desalojos no se ha previsto la proporcionalidad de los derechos; sin duda hay predios que deben  retornar a sus propietarios, pero el Estado debe de hacerse responsable del otorgamiento de vivienda y, en otros casos, en donde la devolución no es posible, el Estado debe de implementar mecanismos de indemnización a los propietarios. Ese es el papel de un Estado democrático de derecho, que no se ha cumplido en la administración de Rutilio Escandón, en el que tiene extraviado el carácter social del estado.

La recomposición del gabinete es urgente, porque la mayoría de los funcionarios ya demostró el nivel de incompetencia que se manifiesta en la administración, en el que no se toman decisiones, la ilegalidad prevalece, el nivel de conflictos se incrementan y la corrupción continúa galopante como en sus mejores tiempos, sin que desde la cabeza se de un manotazo firme para que las cosas funcionen con eficacia y transparencia, y se atiendan los problemas de gobernabilidad, de inseguridad, las deficiencias en los programas de atención del campo, se construya nuevas ciudadanías autoresponsables, capaces de hacer frente a cualquier pandemia y se mejore las condiciones de bienestar de la población chiapaneca.

El gobernador no debe olvidar que su triunfo electoral se dio bajo un grito de contra-campaña que  decía “AMLO si Rutilio no”. Hasta ahora, en lo que va de esta administración, las indecisiones del gobernante nos demuestra cuanta razón había en ese grito de contra-campaña, pues este gobierno está muy por debajo de las expectativas esperadas, en el que no hay empleos y la economía tiene una tasa de decrecimiento peligroso, que va a incrementar la pobreza y la desigualdad social.

La convocatoria a la unidad y la reconciliación es necesaria para hacer frente a la crisis sanitaria y a la crisis económica que se viene, está en las manos del gobernador construir un nuevo pacto con la sociedad, en el que abandone sus rencores y le preocupe más cómo quiere que ser recordado como gobernante.

 

 

 

Las acciones de combate al coronavirus, implementadas por el gobierno,  no deben de servir de pretexto para violar derechos humanos. Los retenes, el cierre del centro de la Ciudad propuesta el 10 de mayo para Tuxtla y el implementado en Tapachula, así como el acuerdo del hoy no circula para la capital, son decisiones violatorias a derechos humanos y la población puede acudir al amparo para impedir las ilegalidades del gobierno.

La ineptitud de las autoridades está llevando a que se aprueben medidas ilegales y violatorias a derechos humanos, que van en contra de las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde esta última emitió una resolución que “señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral”. Algo que no está claramente especificado en la medida del hoy no circula, que resulta de una ocurrencia de un funcionario carente de inteligencia y de imaginación.

Pero lo más grave de las tonterías aprobadas por los funcionarios chiapanecos, es que evaden su responsabilidad y obligación constitucional de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, en la que trasladan esta responsabilidad a la población, que en su mayoría tiene que trabajar para llevar el sustento a su familia.

La decisión violatoria de derechos del hoy no circula, no establece la proporcionalidad del que sale con su vehículo por el simple hecho de salir con el que sale a buscar un ingreso para llevar alimentación a su familia, como lo realizan miles de trabajadores de la economía informal; a la que el gobierno de Rutilio Escandón no le ha destinado ni una sola política pública para restituir sus ingresos y garantizar su alimentación, pero sí tontamente aprueba una medida de restricción en el derecho a la circulación.

La irresponsabilidad del gobierno de Rutilio Escandón es extrema y su ineptitud como gobernante lo conduce a tomar decisiones violatorias de derechos que pueden y van a ser combatidas en los tribunales. Si bien es cierto que existe un grave problema de salud pública, también es innegable que la administración encabezada por Rutilio Escandón no ha tomado las decisiones adecuadas para evitar los contagios y la propalación del virus. Y no se ven acciones en el que se salga a combatir el virus, aún y cuando se realizó un trabajo de identificación de los lugares en un mapa de Tuxtla Gutiérrez en el que existen contagios del virus, lo que permitiría desarrollar una campaña de control, pero la administración no quiere destinar los recursos públicos para realizarla.

En el primer año de la administración, Rutilio Escandón mostró que no tenía conocimiento de los problemas de Chiapas y no tiene los proyectos que se requieren para cambiar el rumbo de la historia del Estado, pero el segundo año, marcado por los tiempos del coronavirus nos muestra que los peor que le pudo suceder a Chiapas es que Rutilio Escandón fuera el gobernador de la entidad quien no tiene ni idea de lo que está sucediendo y solo vive embriagado por los aplausos.

 

 

 

El manejo del gobierno a la crisis sanitaria no ha sido el adecuado, a punto tal que sectores de la población no están guardando las medidas preventivas para evitar los contagios.

En el concierto de errores, de ocultar información y el de privilegiar la relación política con el gobierno federal, se dejó de aportar recursos económicos necesarios a sectores que no podían dejar de laborar pues dependen de un sustento diario como son los trabajadores del mercado informal y se apostó a la caridad y al descuento de los trabajadores; junto a esto el gobernador suele hablar de economías y ahorros del gobierno, una información que es insostenible y que evidencia que la austeridad propicia mayores contagios en la población y mayor vulnerabilidad del personal en los hospitales.

Ahora, en un punto máximo de contagios se presentan varios dilemas. El más preocupante, la actitud gubernamental de hacer responsable a la población de mantener el aislamiento, cuando existe la necesidad de alimentación en una inmensa mayoría que vive al día, y a la que el Estado no la provee de sus necesidades mínimas, incumpliendo con ello sus obligaciones de proteger, sus obligaciones de garantizar y sus obligaciones de promover los derechos de la salud y de alimentación de estos sectores de población.

Bajo las condiciones de propagación del virus, es muy tentadora la apuesta de prohibir la circulación de las personas, y esto sin duda tendría respaldo social. Sin embargo, las medidas preventivas que se tomen no pueden violar derechos humanos, pues existen prohibiciones legales que lo impiden.

La apuesta del gobierno durante esta crisis sanitaria era la promoción de la construcción de nuevas ciudadanías, en donde obviamente se apostara a la auto-responsabilidad y a la reflexión de la importancia que representa el aislamiento como única medida que evita la propagación del virus, pero el gobierno es carente de ideas y no tiene ningún programa que favorezca la construcción de ciudadanías.

Pero aún y con una ciudadanía participativa, el problema no estaría resuelto del todo, porque seguiría estando presente el problema de la alimentación de las personas en condiciones de vulnerabilidad o que tienen que trabajar para garantizar su sustento diario. Y aquí está la gran falla del gobierno de Rutilio Escandón, en que no adoptó las medidas para atender a la población que no tiene capacidad para proveerse de alimentos en cantidad y calidad y la magnitud de la emergencia sanitaria que se está viviendo, el Estado está obligado a agotar el máximo de sus recursos para satisfacer las necesidades alimentarias de la población.

Lo verdaderamente cuestionable al gobierno de Escandón Cadenas, es que Chiapas cuenta con los recursos presupuestales para atender a esta población, lo que permitiría garantizar su aislamiento durante esta difícil de contagios, pero no lo quiso hacer. El presupuesto de este año es una cantidad superior a los 95 mil millones de pesos y bien pudo haber realizado los ajustes al presupuesto para liberar más de mil millones de pesos y atender todas las necesidades derivadas de la emergencia, pero se limitó a no hacer nada y ahora habrá que esperar el nivel de afectaciones a la salud y de pérdidas de vida ante una irresponsabilidad que puede entrañar juicios y sanciones.

 

 

 

Dentro de las medidas de seguridad para prevenir la propagación del coronavirus ninguna autoridad puede implementar acciones que resulten violatorias a los derechos humanos, así lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación, en donde hace un  “llamado a los Estados Miembros de la OEA a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen, los cuales deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los DESCA; asegurando el funcionamiento de los Poderes Públicos del Estado. Asimismo, la Resolución señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral”.

Esta explicación viene al caso debido a que la presidencia municipal de Tuxtla y la fiscalía general del Estado tomaron la decisión aberrante de iniciar carpeta de investigación en contra de los presuntos responsables, que evitaron que el municipio instalara las vallas para impedir el paso en la avenida central, el día previo a la celebración del día de las madres.

Esa decisión, aunque haya sido tomada en el marco de las medidas sanitarias, en el centro de Tuxtla, resulta violatoria al derecho humanos al libre tránsito, al derecho humano al trabajo y al derecho humano a garantizar la alimentación de las personas que laboran en los mercados y de los trabajadores de la economía informal. Si existiera un presidente de la Comisión de derechos humanos en Chiapas, involucrado en la defensa y garantía de estos derechos, ya estaría integrando la queja y efectuando la recomendación correspondiente en contra de las autoridades que tomaron esta decisión de cerrar el centro de Tuxtla bajo el pretexto de impedir los contagios.

Lo grave es que sobre este acto de violación de derechos humanos la presidencia municipal presenta una denuncia en contra de los presuntos responsables y el fiscal inicia la integración de la carpeta de investigación, lo que significa que estas autoridades están jugando con fuego e incumpliendo una resolución general de la CIDH, que formula que las decisiones de la autoridad deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos y aquí ni el fiscal ni el presidente municipal de Tuxtla lo están haciendo.

La ignorancia, el autoritarismo y la conducta propensa a la violación de derechos humanos de estos funcionarios los condujo, a utilizar el derecho penal sobre una acción colectiva, que responde al derecho legítimo de buscar el sustento diario, en el que decidieron protestar y rechazar una iniciativa del Estado violatoria a derechos humanos.

El fiscal en su pervertida conducta de torturador, que pone en riesgo la seguridad de las personas, confunde como delincuencia, lo que en realidad es un acto de inconformidad de un sector que se dedica al comercio, a quienes mediante un acto de autoridad les prohíben el derecho al trabajo.

Es necesario que el gobierno del Estado convoque a la conciliación y garantice los derechos humanos de la población en Chiapas y neutralice y sancione las conductas de los funcionarios que apuestan a la violencia, a la criminalización de la protesta y que pretenden incendiar a Tuxtla al provocar un enfrentamiento entre los locatarios y el municipio, si en la estupidez de la fiscalía deciden la detención de alguno de los inconformes que impidieron se violara derechos humanos, al pretender poner un cerco en el centro de la ciudad.

Lo que ignoran  el presidente municipal y el fiscal general, es que la medida que buscan implantar con la detención de cualquiera de los participantes, quedarán sujeto al incumplimiento internacional del Estado, y el caso se ventilaría de manera directa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

Qué mal hay en Chiapas, que el ejercicio del poder se presenta acompañado por una creciente pérdida del sentido de la realidad. Esto resulta evidente en los últimos gobernadores de Chiapas, que en medio de un desastre gubernamental y el deterioro social, sentían y expresaban que estaban realizando un gobierno de cambios y mejoras para la entidad.

Por ejemplo Juan Sabines  inventó la historia del Biodisel y estaba convencido que Chiapas sería una potencia en energías alternativas y que con esa producción se alcanzaría el progreso. En los excesos de la megalomanía organizó eventos como el del primer vuelo de Interjet con Biodisel, montó las estaciones expendedoras de este combustible y en medio de su delirio buscó embaucar al Secretario General de la ONU, que Chiapas era un importante productor de Biodisel.

Manuel Velasco también vivió en una burbuja que le impedía ver que su gobierno era un conjunto de banalidades, de corrupción y despilfarros, pero él siempre estuvo convencido que el pueblo de Chiapas lo quería y así lo vivía en los eventos que le organizaban en donde la gente llegaba porque les pagaban por asistir y les regalaban despensas, por eso los eventos que le organizaban en los municipios llegaban miles de personas que lo lo vitoreaban y él, embriagado de poder y evadido de la realidad, les hablaba a sus mujeres y se dejaba querer por la muchedumbre. 

En los eventos que le organizaban a Manuel Velasco Rutilio Escandón lo acompañaba y participaba en el culto a la personalidad que como tributo se le rendía al entonces gobernador; lo que significaba que tuvo un buen maestro del engaño t terminó contagiado de ese tipo de ejercicio de poder que construye otros niveles de la realidad en el que se deja de pisar la tierra.

Por eso no debe de sorprender la fase extrema de descomposición del poder que hay en estos momento en Chiapas, que pese a las graves crisis que hay en distintas dimensiones; la sanitaria, la económica, la social, la ausencia de gobierno y la crisis alimentaria que se avecina por la falta de decisiones políticas, Rutilio Escandón está convencido en que hay un extraordinario gobierno, que las cosas se están haciendo muy bien, que la crisis sanitaria está bajo control, a pesar del creciente aumento de contagios y fallecimientos,  y en donde el paroxismo de poder que lo embriaga, lo hace hablar un día de la paz, y en otro de una mesa de seguridad en el que le informan mentiras, pero le hacen creer que la delincuencia está disminuyendo y que Chiapas es un Estado seguro. De igual manera habla del combate a la corrupción, cuando su círculo cercano, que lo acompaña desde que era presidente del tribunal de justicia, no soportarían una investigación de enriquecimiento inexplicable y de lavado de dinero.

En la pérdida de sentido de la realidad, Rutilio Escandón  cree que su mejor funcionario es el fiscal general, que viene cometiendo un conjunto de violaciones a derechos humanos, en el que nadie está a salvo, fabrica pruebas, inculpa a inocentes y hace de la tortura el mejor instrumento de investigación policíaca.

En esta pérdida de sentido de la realidad que se vive en el gobierno, se creó una situación en el que nadie se atreve a señalar los errores en el gobierno y que se haya constituido un ejercicio de poder sin límites, pues la oposición no existe. Este mal de pérdida de la realidad en los gobernadores ha sido dañino para Chiapas, y ya se conoce el final de estos tipos de gobierno, que terminan con un gran desprestigio y con deseos en la población por ver a sus políticos en la cárcel. La auto-profecía ya está escrita solo hay que esperar el final del sexenio.

 

 

 

 

 

 

El nuevo dilema que se avecina en la entidad es el anuncio de un pronto retorno a la normalidad, en medio de la coyuntura de mayor contagio del coronavirus, en donde se prevé que este problema se incremente en lugar de que se normalice.

En Chiapas se vive una devastación de las actividades productivas. El turismo, que años anteriores mantenía un aporte importante al producto interno bruto local, hoy se encuentra en quiebra y no es cierto que esta actividad vaya a tener un repunte con la construcción del tren maya, porque ese proyecto resulta fantasioso y no hay visos en que llegue siquiera a construirse, por las violaciones que entraña al derecho al desarrollo que tienen las comunidades indígenas, en las que no fueron debidamente consultadas y nunca hubo el interés de construir una relación armónica entre los derechos de los pueblos con el proyecto del tren maya.

Junto a la quiebra de hoteles en la entidad está también el cierre de varios restaurantes, que reflejan la condición económica en la que se encuentra el turismo, cuya actividad internacional se calcula que inicie su recuperación en el año 2022, con una reestructuración de las compañías de aerolíneas, que han sido severamente afectadas y algunas de ellas en quiebra.

La otra actividad importante en Chiapas es la agricultura. Aquí también la ola de la crisis sanitaria terminó siendo devastadora. Las lluvias de mayo ya iniciaron y no se han distribuido los apoyos que reciben los maiceros, en el que los propios productores de maíz señalan que este 2020, puede ser el peor año de la producción de este grano en la historia de Chiapas. Pero la situación de los productores de café es todavía peor, porque aún y cuando se espera un repunte de este grano  aromático, como ha sucedido después de las guerras y este confinamiento forzado tiene las características de una guerra, los productores en Chiapas no tienen el financiamiento que se requiere y en el país prácticamente desapareció la banca de desarrollo, y los productores de café tienen el gran problema, que por primera ocasión el salario mínimo que se paga en Guatemala, es más alto que el que se paga en México, y es de ese país donde proviene la mano de obra para la cosecha del café, situación que incrementa los costos de la producción y que hace menos competitivos a los productores. La cosecha del café requiere más de 80 mil trabajadores agrícolas, que bien pudiera ser mano de obra local, pero se requiere de la intervención y regulación del Estado, que desafortunadamente no existe en Chiapas.

Otro sector duramente afectado son los productores de palma de aceite, que en los últimos diez años se incrementó en miles de hectáreas la siembra de palma, y la producción que hay es superior a la capacidad que tienen las empresas procesadoras de aceite, por lo que se corre el riesgo que mucha de esta producción no se comercialice, con pérdidas severas para los productores, quienes además sufren la competencia a partir de la importación de aceite de palma.

El dilema de la normalización del país y si vamos a continuar igual, con los problemas de desigualdad social que tanto daño ha provocado al país, o se va a reconstruir otro modelo, en donde la producción de alimentos  juegue un papel fundamental y entonces se requiere una reactivación del campo y con ello inversión y financiamiento.

Sin embargo mientras esa normalización se define, una decisión antiliberal que se debiera tomar es el cierre de la importación de maíz, café, aceite de palma y una veintena de otros productos agrícolas más, con el fin de que el mercado nacional se satisfaga con la de los productores mexicanos.

 

 

 

 

En el pico de mayor contagio del coronavirus, el gobierno se apresta al reinicio de clases. La idea, descabellada en sí, puede resultar hasta criminal, pues con la circulación de personas se multiplicarían los contagios.  Para esta enfermedad no hay medicina ni vacuna y lo único que resulta efectivo para evitar el contagio es la prevención, es quedarse en casa.

Sin embargo el gobierno ha fracasado en una política de medios, que interiorice en las personas la importancia de no salir de casa, o si las circunstancias son inevitables, por las necesidades sociales que se respiran en todo Chiapas, entonces se tiene que  asegurar que las personas que lo hagan, tomen todas las medidas preventivas.

Si bien es cierto que hay mucha presión para reanudar las actividades económicas y escolares, también es cierto que en Chiapas se tuvieron descuidos para proteger a la población, e inclusive el gobierno se desentendió de su obligación de proporcionar las condiciones mínimas, como son los cubrebocas. Por eso sorprende escuchar que el gobernador afirma que Chiapas de meses atrás se preparó para enfrentar la pandemia y continúa mencionando que en Chiapas hay capacidad hospitalaria, respiradores y medicina, cuando los propios trabajadores de los hospitales lo desmienten a diario.

Pero el dato significativo de que no se tomaron las precauciones, como lo anuncia el gobernador, es el contagio que se viene presentando en personal de atención a los pacientes, que ya ocasionó pérdidas de vida de trabajadores de la salud, en el que no se realizan estudios previos de detección. Al contrario de las afirmaciones del gobernador, el sentir en diferentes sectores es el señalamiento de irresponsabilidad y de poca sensibilidad del gobierno, al no tomar las decisiones a tiempo para destinar los recursos necesarios para disminuir el contagio comunitario, contrarrestar los daños de la enfermedad y evitar la muerte de aquellos contagiados por el coronavirus.

La emergencia sanitaria obligaba a destinar recursos a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, implementar programas de estímulos y apoyos para los trabajadores de la economía informal, que por sus propias condiciones no podían tomar la decisión de mantenerse aislados. De igual manera se debió de realizar una campaña en las comunidades y pueblos indígenas y brindarles la ayuda económica necesaria  para que disminuyeran sus actividades, sobre todo las de las fiestas.

La desinformación y la ausencia de gobierno, terminó ocasionando que la propia población estableciera filtros y retenes sanitarios y que el mal manejo en éstos se creara pánico innecesario, y con ello se produjeran violaciones de derechos humanos y brotes de violencia, que se hubieran evitado si el gobierno ejerciera un papel activo y protagónico.

El ocultamiento y manipulación de la información también está siendo dañino. Hay una actitud de buscar presumir que estamos mejor que la población de Estados vecinos y se pretende establecer una relación de un bajo número de contagios y fallecimientos con un servicio de calidad en salud, del que estamos muy lejos de tenerlo y eso ocasiona que se viertan datos que no son reales.

Nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia como la que se está viviendo, por lo que se debe actuar con mesura, para no precipitar un regreso de las actividades como se pretende implementar, en el que se profundice la curva de contagios.

 

 

 

 

En los últimos días se ha incrementado el número de contagios de coronavirus en Chiapas, lo que puede significar que se perdió la posibilidad de tener bajo control este problema de salud. Si el gobierno tenía las expectativas en que a finales de mayo se iba a levantar la cuarentena, eso ya no es posible; la tendencia muestra una línea ascendente de contagios, en el que se prevé la agudización del problema en los próximos días.

La ausencia de decisiones en el momento oportuno, en el que hubo una postura de cerrazón al no destinar los recursos públicos necesarios para enfrentar la contingencia sanitaria, en el que se apostó a la caridad, a las donaciones y al error de exprimir el salario de los trabajadores bajo el criterio de donativo voluntario, puede traer serias consecuencias debido al número de muertos que se avecinan, en el que sin duda hay una responsabilidad del Estado, al no tomar medidas preventivas, de protección y de promoción para garantizar la salud y la vida de la población.

Junto a este problema ya de por sí grave por las implicaciones que tiene, el gobierno de Rutilio Escandón enfrenta el problema de la baja producción en el campo que provoca la pérdida de la soberanía alimentaria, en el que miles de comunidades que viven del autoconsumo no están recibiendo los apoyos del gobierno para la siembra del maíz.

Hay una terrible ineficacia y corrupción en la secretaria agricultura, ganadería y pesca, en el que no dimensionan las consecuencias de la caída de la producción de maíz. Este gobierno no tiene posibilidades para igualar la producción de maíz en Chiapas en los años 90 del siglo pasado, en el que se producían dos millones de toneladas de maíz al año, lo preocupante es que en el 2019 no se llegaron ni a las 600 mil toneladas y este año, así como está de negligente el gobierno, no se van a superar las 300 mil toneladas de grano.

Lo mismo sucede con la producción de café, que fue afectada por una baja del precio y los productores tuvieron problemas para contratar mano de obra para la cosecha, porque la frontera con Guatemala tuvo muchas restricciones, se incrementó la extorsión policíaca, hay mucha inseguridad para los migrantes y el salario mínimo que se paga en Guatemala es de 200 pesos diarios, cantidad superior a la que se paga en México y este año por la desatención del gobierno al sector, la situación de la cafeticultura va a ser peor.

Los productores de palma africana también padecen serias dificultades para introducir su fruta en las empresas procesadoras de aceite, que están viviendo una situación de crisis, por la sobresaturación del mercado debido a la importación de aceite de palma.

La riqueza y potencial agrícola de Chiapas quedó convertida en un mito, pues se perdió la soberanía alimentaria. Resulta inaceptable que se mantenga una política de importación de maíz amarillo, de café y de aceite de palma, en lugar de estimular la producción local para abastecer el mercado interno.

El gobernador del Estado tiene encima dos graves problemas: el de la contingencia sanitaria, en el que no se tomaron decisiones eficaces y el problema ya superó las capacidades del sistema de salud, y el de la falta de programas de apoyo para reactivar la producción de granos, en donde la inacción del gobierno puede provocar una hambruna para los próximos meses.

 

 

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