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Thu, Nov
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En Chiapas cada vez hay más visos de un colapso de la administración que encabeza Rutilio Escandón, visión que contrasta con las evaluaciones que realiza el propio gobernador, quien considera que todo está muy bien y que incluso presume logros, que solo están en su imaginación y que le impiden tomar con seriedad decisiones políticas para evitar el desastre social y económico que se está viviendo en Chiapas.

La entidad atraviesa en este momento por una de sus situaciones más difíciles, en el que resulta notoria la pérdida de legitimidad del gobernador y en la que se está generalizando la crítica hacia las autoridades, a partir de la pobre reacción del gobierno ante el desastre ocasionado por las lluvias, así como en la desatención que se está proporcionan-do a los damnificados, pero sobre todo por sucesos que se convirtieron en burla en las noticias nacionales, como la calificación del semáforo verde, que muestran el nivel de deterioro que hay en la vida pública, sin que eso le resulte relevante al gobernador, quien se encerró en su burbuja, y se encuentra aislado de la terrible realidad que se vive en el Esta-do, en donde todos los indicadores económico de Chiapas se encuentran en rojo.

El discurso triunfalista del gobernador en la reuniones de gabinete no auguran un buen fin de año. Sobre todo, porque su optimismo no corresponde a la realidad que un amplio sector de la población chiapaneca percibe y que manifiesta la necesidad de cambios. Pero está claro, que las lecturas políticas que hace el gobernador tienen un sentido contrario, y aunque la población le exija cambios y remociones de funcionarios, Rutilio Escandón los va a sostener, lo que terminará provocando conflictos mayores y el convencimiento popular de que el gobierno de transformación que se prometió son puras vacila-das, en el que no se diferencia en nada con los gobiernos que lo precedieron.

El gobernador tiene una urgente necesidad por anunciar buenos resultados, por eso celebra con satisfacción que el gobierno federal haya anunciado el paso al semáforo verde en la lucha en contra del Covid 19, pero eso solo demuestra que se premian las mentiras y las imposturas de un gobierno que no tiene buenos resultados en nada, debido a que no hay programas concretos de gobierno ni hay una apuesta clara y responsable en la atención del bienestar de los grupos con mayor vulnerabilidad, y los recursos presupuestales se están dilapidando quien sabe en qué, pues en los dos años que lleva esta administración se han ejercido 180 mil millones de pesos, sin que se conozca a ciencia cierta en qué fue-ron empleados.

Aunque a Rutilio Escandón le faltan 4 años de gestión, cada vez resulta claro que las cosas no van a cambiar, simple y sencillamente porque no hay una visión de gobierno y muchísimo menos de Estado. Situación nada grata para Chiapas pues la profecía es que se van a cumplir 18 años de gobiernos malogrados, de manera ininterrumpida en la entidad.

 

 

 

El gobierno que se promociona como el de la transformación de Chiapas está quedando a deber, y lo peor de esta situación, es que no ha mostrado ninguna diferencia con los gobiernos encabezados por Juan Sabines y por de Manuel Velasco, que se caracterizaron por la corrupción, la indiferencia y el mal gobierno, tres cosas que están presente en esta ad-ministración, aún y cuando se insiste en señalar que la corrupción no se permite en este gobierno, pero la práctica de la asignación directa de las obras y el cobro del moche que realiza un sobrino del secretario de hacienda, que llega al 20%, así como las propiedades que hoy presumen los funcionarios más cercanos de Rutilio Escandón desmienten el discurso anticorrupción del gobernador.

En los 23 meses que lleva esta administración ha quedado claro que el gobernador carece de un proyecto de gobierno, que no tiene ni idea de lo que es la función social del Estado, que no se rodeó de los mejores hombres y mujeres de Chiapas, que le permitiera impulsar la transformación que requiere la entidad y con la que se comprometió en campaña y que tanto pregona en su discurso, aunque nunca ha señalado qué es lo que se tiene que transformar y cómo se va a lograr.

La crisis sanitaria desnudó la inoperancia de la administración y provocó un creciente número de contagios y fallecimientos, que no aparecen en las estadísticas, debido a que se escogió la estrategia de la mentira y del ocultamiento de la información. Esto reduce los márgenes de legitimidad del gobernador y evidencia que no ha sabido responder a esta crisis y no ha entendido que las prioridades en estos momentos son salvar vidas, reducir los contagios y tomar medidas preventivas para evitar  el repunte del COVID 19; pero prefiere ir por el camino fácil, el de la indiferencia a los problemas, y el de difundir los informes falsos que elabora irresponsablemente la secretaría de salud de la entidad, en donde la corrupción también es evidente y se ha denunciado directamente en las conferencias de prensa del presidente López Obrador, sin que haya pasado nada, lo que de-muestra que los actos de corrupción en la asignación directa de medicinas y equipos a empresas tabasqueñas se hacen con la instrucción del propio gobernador.

Bajo estas circunstancias, el panorama para Chiapas no es nada halagüeño. con un gobernador que no toma decisiones, que carece de proyecto de gobierno, que cierra los ojos ante la inacción del aparato público, que es incapaz de convocar a la unidad aun en período de crisis y que mantiene una postura de no escuchar a todas las voces, lo que lo convierte en un gobernante excluyente.

Todo esto hace prever que en el corto plazo se incremente los conflictos sociales, que haya un crecimiento de la pobreza, que haya un repunte de los contagios del Covid 19, que las personas damnificadas en los albergues vivan en un riesgo permanente a los contagios, que no se destinen recursos para apoyar a los que perdieron todo en el desastre provocado por las lluvias, que aumente la inseguridad y que se multipliquen los problemas de gobernabilidad. Triste futuro de la nueva normalidad en Chiapas.

 

 

¿Quién puede creer que una sociedad con las condiciones de pobreza, desigualdad social, ignorancia, baja cobertura en salud, hacinamiento y una mayoría de la población laboran-do en empleos informales como sucede en Chiapas se puede tener una baja incidencia de contagios y fallecimientos por Covid 19? Además todo eso se logró sin la realización de pruebas de contagio y con una política de austeridad, que dejó a los hospitales sin medicinas. Tal parece que la intención fue la de repetir tantas veces la misma mentira hasta que todos empezaron a creer que es verdad.

Las mentiras que se dicen sobre el control de la pandemia en Chiapas son infames e irresponsables. Aquí en lugar de desarrollar una estrategia de salud se terminó privilegiando una estrategia política, que consistió en negar el acceso a los enfermos en las clínicas Covid, difundir que en esos hospitales había disposición de camas, luego ocultar la información sobre los contagios y por último rendir informes en donde los contagios son mínimos y los fallecimientos son esporádicos. Mientras tanto fuera de los hospitales miles de chiapanecos se atendían en sus casas y muchos de ellos terminaron falleciendo sin que sus muertes aparecieran en las estadísticas oficiales.

Hoy esa estrategia de imposturas rindió frutos al gobierno de Rutilio Escandón. Sobre todo porque a nivel del gobierno federal se reconoce el trabajo realizado en Chiapas, en el control de los contagios, y como premio a ese desempeño, se le autoriza a pasar al semáforo verde, que permite la realización de todas las actividades. Logro que no lo tiene España, Francia, Italia, Alemania ni Estados Unidos, en donde el repunte de los contagios es notorio.

Lo vergonzante de esta situación, es que en varias partes se hacen la pregunta de cómo logró Chiapas una baja incidencia de los contagios, algo que resulta a todas luces inexplicable y que pone a las autoridades chiapanecas como bribones y farsantes, que no tienen el mínimo pudor al mentir sobre el número de muertos, pisoteando el dolor de cientos de familias chiapanecas que perdieron sus seres queridos.

Un conocido médico que atendía de 10 a 15 pacientes diarios enfermos de Covid 19 señaló que en el recuento de esos enfermos fallecieron aproximadamente 100 de ellos, lo curioso de esa situación es que el no firmó ninguna de las actas de defunción. Y no lo hizo simplemente porque en la funeraria extendieron los certificados, en donde se oculta la causa del fallecimiento.

En derechos humanos existe el derecho a conocer la verdad y eso es lo que se requiere urgentemente en Chiapas: conocer la verdad sobre el manejo de la crisis sanitaria. Esto es importante porque en la crisis del covid prevalecen las mentiras, y esto es un indicador que asegura que las mentiras continuarán en la crisis post-covid, que representa la parte más compleja de la pandemia, pues se vive hoy día en un mundo en donde prevalece la incertidumbre.

 

 

 

El peor mensaje que Rutilio Escandón puede difundir a la población, es uno cargado de falsedades, como el que se ha estado repitiendo en las últimas 12 semanas respecto al Co-vid 19 en Chiapas, en donde se oculta la información real de los contagios y de los fallecimientos y con ello se confunde a la población y se le coloca en graves riesgos.

Estas mentiras oficiales ya trascendieron a una decisión política en el gobierno federal, que acordó que Chiapas cambia al color verde del semáforo, lo que abre las posibilidades para que se puedan realizar todas las actividades, guardando siempre las medidas preventivas y la sana distancia.

El cambio al color verde en Chiapas, en las circunstancias de fraude informativo en que se dio, en lugar de aplaudir al gobernador y reconocerle méritos en su trabajo, lo desacredita y lo desnuda en toda su petulancia, sobre todo porque consiguió que se estableciera un criterio nacional se seguridad sanitaria en la entidad, sin importar el dolor de las familias que han perdido seres queridos y burlándose del sufrimiento causado por esta epidemia en todo el territorio chiapaneco, a quien el gobierno los ha dejado solos, sin la atención que se promociona, y sin la confianza en el sistema estatal de salud, en el que la población asegura que los contagiados solo llegan a morir a los hospitales públicos.

Las imposturas de Rutilio Escandón frente al Covid 19 lo hacen inconfiable como gobernante, y manda una mala señal a la población de que se puede mentir impunemente como él lo hace y que con mentiras pretende obtener reconocimientos, lo que provoca de que en Chiapas se reconozcan los contravalores y se tire la ética de gobierno al cesto de la basura.

El gobierno de la 4t promociona el discurso de no mentir, no robar y no traicionar, como los grandes principios del gobierno; pero en Chiapas Rutilio Escandón está muy lejos de cumplir estos principios. Aquí en Chiapas el gobierno miente, roba y traiciona. Y la prueba más fehaciente de todo esto se encuentra en las propias formas que se siguen para contener los contagios del coronavirus, en donde se miente sobre la información de los contagios, se roban los recursos públicos destinados para el combate a la epidemia y se traiciona a la población al ocultar la información y al exponerle a la realización de sus actividades cotidianas a sabiendas de que de que hay un repunte de la enfermedad y eso puede llegar a ocasionar la muerte.

El coronavirus está matando a población en todo el mundo, solo aquí en Chiapas el gobierno de Rutilio Escandón con una irresponsabilidad criminal está empecinado en repetir que no hay muertos, cuando todos los días se conocen de fallecimientos de amigos, familiares, vecinos y fa-miliares. Lamentablemente Rutilio Escandón dejó de ser el gobernador de Chiapas para convertirse en un simple jefe de departamento de mentiras oficiales.

 

 

 

 

El gobierno de Chiapas está errando el camino para construir la paz en un amplio territorio que comprende la región de los Altos y Norte del Estado, en el que la violencia se acrecienta, y hechos como la agresión de la religiosa del miércoles pasado, provocan que la noticia se internacionalice y que los ojos de los organismos internacionales de los derechos humanos pongan la atención en Chiapas y que se emitan condenas al Estado mexicano por esta violencia.

La obligación principal del Estado es la de erradicar los grupos paramilitares en toda la región, pues estos son los generadores de violencia y el principal obstáculo para el estable-cimiento de un proyecto para la construcción de la paz, a su vez se deben de realizar las investigaciones y sanciones de los responsables para limitar los patrones de impunidad que prevalecen en Chiapas.

La construcción de la paz debe formar parte de un plan, de una política pública que al mismo tiempo que mejore las condiciones de vida de la población, se garantice el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, situación que está ausente en gran parte del territorio.

Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana. Sobre todo porque el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz debe ser acordado con los miembros de la comunidad. Debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para construir la paz.

Por ello la decisión de militarizar la zona, con el establecimiento de la Guardia Nacional, no ha tenido resultados y la violencia y las agresiones paramilitares continúan en los municipios de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán. Problemas que no se van a resolver con la firma de pactos de no agresión como ingenuamente se viene realizando en la secretaría de gobierno en el que involucra al gobierno federal.

La presencia de la Guardia Nacional en la región viola la Ley de Concordia y Pacificación, con lo que queda claro que este gobierno no entiende la diversidad cultural y no en-tiende el papel histórico que le toca jugar en el proceso de concordia y pacificación de la zona de conflicto en estas comunidades indígenas. El gobierno, al otorgar su anuencia para la presencia de los militares, sobre la base de los hechos está cancelando en estas comunidades el derecho de vivir en paz y pone en entredicho el derecho a la vida y la dignidad de las comunidades.

El desconocimiento de los contextos indígenas y la falta de compromiso con la verdad del gobierno de Rutilio Escandón genera que Chiapas se encuentre al margen de la importante discusión que se está dando en diferentes países sobre la necesidad de implementar un modelo de justicia transicional, que permita investigar y conocer la verdad sobre los hechos violentos, que se haga justicia, se sancione a los responsables de la violencia generalizada en la región, se establezcan mecanismos de reparación y se promuevan acciones de reinserción e integración comunitaria, con el fin de establecer los mecanismos de no repetición de hechos de violencia, que debieran de avergonzar e indignar a la sociedad chiapaneca.

 

El gobierno de Rutilio Escandón, desde su inicio tuvo pleno conocimiento del grave conflicto que existe entre los municipios de Chenalhó y Aldama y jamás le ha dedicado el tiempo necesario para tomar las medidas eficaces para prevenir y/o evitar los riesgos a la vida y la seguridad personal provocada por esta violencia, que lleva más de 30 muertos y miles de indígenas desplazados, y que el día de ayer fuera herida con una arma de fuego una monja dominica, que realizaba actividades humanitarias, entregando alimentos en un paraje de Aldama.

Con su conducta omisa, el gobernador está incumpliendo con la obligación constitucional de garantizar el libre y pleno ejercicio de derechos a los habitantes de estos municipios, pero con su ausencia de mando y de toma de decisiones con responsabilidad, está impidiendo que se realicen las investigaciones y se sancione a los culpables de la generación de esta violencia y más cuando las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar son deberes constitucionales y establecidos también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de observación obligatoria en México.

Los niveles de impunidad que hay en la violencia generalizada en muchos municipios indígenas se debe fundamentalmente a la ausencia de efectividad en la investigación de los hechos y en la sanción de los responsables, en donde no existen detenidos en ninguna de las agresiones sucedidas en Aldama y Chenalhó, aún y cuando existe un destacamento policial en la zona, lo que contradice el discurso del fiscal del Estado, quien con gran ignorancia y mucha demagogia manifiesta que en Chiapas no hay impunidad.

Desafortunadamente el gobernador no entiende que hay crímenes que por la magnitud del horror que contienen y el dolor que provocan no deberían de quedar impunes, como viene sucediendo en este conflicto, en el que pareciera que en estos hechos violentos no cabe como respuesta el derecho, algo que resulta lamentable viniendo de un gobernante que es abogado y que además desempeñó el cargo de presidente del tribunal de justicia en Chiapas.

Resulta terrible imaginar que los delitos más graves del código penal en Chiapas no sean investigados y que por lo tanto no haya culpables, lo que hace evidente que no existe ninguna diferencia entre el actual gobierno y los que lo precedieron. Lo preocupante de esta agresión de ayer, es que esta historia se repite una y otra vez, a punto tal que toda la semana han habido disparos en total impunidad y con pleno conocimiento de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y ninguno actúa, convirtiéndose en cómplices de estas agresiones por su actuación omisa.

De igual manera, resulta difícil pensar que los crímenes sucedidos en lo que va de este gobierno en esta zona indígena, puedan llevarse a cabo sin contar con estructuras de organización paramilitar, y que éstas no cuentan con el respaldo de la estructura del Estado. El paramilitarismo se denunció en 1994 y a partir de esa fecha estos grupos actúan en total impunidad y bajo el amparo del Estado. Uno pudiera imaginar que un supuesto gobierno de izquierda iba a romper de inmediato con estas organizaciones, pero no ha sido así y la violencia se ha incrementado bajo la mira-da de un gobernante que no sabe qué hacer, y que como abogado que es, debiera de tener conocimiento que está incurriendo en el delito de homicidio por comisión de omisión y que cuando concluya se malograda gestión puede ser llamado a cuenta por su responsabilidad en estos crímenes.

 

El gobierno de Rutilio Escandón lleva 23 meses perdidos, promoviendo un acuerdo de no agresión entre el municipio de Chenalhó con el municipio de Aldama, cuando lo que en realidad debieran de hacer es aplicar la ley y con ello dar cumplimiento a las obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de provocar las violaciones a los derechos humanos. La falta de visión política y de ausencia en conocimientos en derechos huma-nos, ha conducido a este gobierno a promover acuerdos de paz, que en realidad son mecanismos que reproducen la impunidad, al incumplir el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas que establece el artículo 1º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de aplicación obligatoria en el país.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la justicia debe lograr el efecto útil que se espera, y en los casos graves de violaciones a derechos humanos, como sucede en Chiapas con los desplazamientos y la violencia en esos dos municipios, “debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”. Algo que ni por asomo se realiza en la entidad, en donde inexplicablemente el gobierno de la 4t protege y encubra a los grupos paramilitares, como en su momento lo hicieron los gobiernos del PRI y del verde.

Desde el momento en que la firma de este acuerdo de no agresión omite la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas a miles de pobladores que sufren condiciones de desplazamiento generada por la violencia de grupos paramilitares de Santa Martha, comunidad de Chenalhó, esta decisión del gobierno resulta incompatible con las disposiciones establecidas en la Constitución mexicana y en la Convención Americana de derechos Humanos. Este pacto de no agresión, tan cacareado como logro político, carece de efectos jurídicos, pero además en-cubre la obligación de investigar las violaciones cometidas, así como la identificación y sanción de todos los responsables de estas agresiones.

El gobierno hasta el día de hoy no hace manifiesto su interés por prevenir agresiones que multipliquen los desplazamientos en estas comunidades ni su compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos de la población indígena de Chenalhó y Aldama. Por el contrario, ha estado perdiendo el tiempo y creando falsas expectativas en la firma de un acuerdo de paz, que en realidad no tiene futuro, como se puede comprobar en los últimos días, en el que las agresiones continúan presentándose, como si no existiera la ley ni sanciones.

Lo que no alcanzan a entender los promoventes de la firma de paz, es que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, ya adquirieron pleno conocimiento de la violencia que prevalecen entre esos dos municipios y no han tomado las medidas eficaces para prevenir o evitar los riesgos mayores.

 

 

 

Se avecina un escándalo policial debido a la obligada detención del comandante Santos, quien es acusado del homicidio de uno de sus escoltas personales el sábado 14 de noviembre. La fiscalía del Estado y la secretaría de seguridad buscaron encubrir al coman-dante Santos bajo el argumento de la legítima defensa, pero fueron los propios policías los que hicieron pública la denuncia y eso orilló a que se procediera a la destitución del director de la policía estatal y que se iniciara la carpeta de investigación del comandante Santos.  

El fiscal del Estado se ha manejado desde un inicio bajo el doble discurso: le gusta hablar del combate frontal a la impunidad, cuando es de todos sabido que utiliza los métodos más retrógradas en la investigación policial para fabricar delitos y violar la presunción de inocencia, cada vez que monta el teatro de detenciones y exhibe a los presuntos culpables, quienes se declaran confesos a partir de los métodos de tortura que utiliza.

Son muchos los yerros  del fiscal general; recientemente inventó la detención de una presunta red de trata infantil y detuvo a un grupo de personas, cuando la realidad se impuso demostrando que los acusados son una familia ampliada, integrada por varias familias, que se dedican al comercio informal, y las señoras acusadas de trata son las madres de los niños; como el caso jurídicamente ya se le cayó, con graves consecuencias para la fiscalía por las violaciones a derechos humanos en las que incurrió, de inmediato se cambió el delito y ahora las mujeres están siendo sometidas a la justicia por maltrato infantil.

La fiscalía del Estado ha dado muestras de protección a la delincuencia organizada, es más, ministerios públicos y comandantes de la dependencia han sido señalados de formar parte de la red de la delincuencia organizada y de ser responsables de secuestros, asaltos y tráfico de droga, en donde el nombre del comandante Santos ha sido frecuentemente mencionado sin que la fiscalía haya realizado el mínimo intento de investigar y castigar a los malos funcionarios y depurar esa dependencia.

Lo criticable, es que propio fiscal ha sido acusado de practicar la tortura y de enrique-cimiento inexplicable, en el que se le relaciona como socio de una universidad privada por la zona comercial de Home Depot y de ser socio de la cadena de farmacias Guadalajara, que se ha extendido por todo el territorio chiapaneco. Asimismo incurre en tráfico de in-fluencias y corrupción al contratar el alquiler de uno de los anexos de la universidad, pro-piedad de su tío y protector, que fue bunker de campaña de Rutilio Escandón, para insta-lar las oficinas de una de las fiscalías de esa dependencia.

El fiscal Jorge Luis Llaven es un policía y piensa y actúa como policía, de allí que en la fiscalía no exista el interés por cumplir con los procedimientos jurídicos y prevalezca el abuso de autoridad en las investigaciones ministeriales y que el comandante Santos haya tenido manga ancha para actuar, lo que derivó en presuntas redes de protección a la delincuencia organizada, en donde no se puede ocultar que esta protección se brindó con la anuencia del fiscal del Estado. 

La investigación de los delitos cometidos por el comandante Santos deben de realizarse con la debida diligencia, pues el personal de la policía asegura que la detención fue pura simulación, debido a las complicidades que existen entre el comandante Santos con el fiscal del Estado.

 

 

En Chiapas se oculta la gravedad del virus Covid 19, pero son bastantes fallecimientos que no aparecen en los reportes estadísticos, pero existe el luto en las ciudades de la entidad. Junto a esto se vive un desastre por las lluvias en 54 municipios, y se corre el riesgo que el problema sea mayor por la presencia de nuevas lluvias en el norte del Estado, que ha sido la zona más afectada.

La situación real de los problemas de la entidad y no el del mundo ficción en el que se mueven las autoridades, obliga a una convocatoria hacia una reflexión colectiva para definir los nuevos rumbos de Chiapas con el fin de mejorar la convivencia y las condiciones de vida de la población, pero esta convocatoria no significa un manida unidad chiapaneca, pues se debe respetar la pluralidad política y rechazar todo tipo de manifestación de sumisión y/o de entreguismo como recurrentemente lo han hecho distintos grupos de personas en los gobiernos de la entidad.

Chiapas viene de 14 años de gobiernos desafortunados y de desaciertos en el ejercicio del poder y de seguir con la misma política de indiferencia, se está asegurando un período 18 años de malos gobiernos, en el que prevalece la corrupción, la violencia y la inseguridad acompañada, acompañada ahora por la crisis sanitaria, que por el mal manejo de ocultar información y publicitar datos falsos se prevé que este problema permanezca varios meses del próximo año.

Desafortunada y lamentablemente la administración de Rutilio Escandón es de las que considera que Chiapas se gobierna con boletines y anuncios mediáticos, sin que se atiendan y resuelvan los problemas que padece la sociedad.

El mundo ficción que recubre al gobernador y a su gabinete, contrasta radicalmente con la percepción de muchos sectores de la población que consideran que no se toman decisiones de gobierno y que los problemas sociales y de violencia se han acrecentado, a punto tal que en lo que va esta administración se ha perdido crecimiento económico, no se han creado empleos, todos los indicadores del semáforo económico están en rojo y na-die sabe en qué se han gastado más de 180 mil millones de pesos si toda la administración se queja de la imposición de una desastrosa austeridad.

En innumerables ocasiones se ha señalado la urgencia de contar con un programa emergente de recuperación económica y un nuevo pacto político, en donde se diseñe y se privilegien los nuevos rumbos de Chiapas y no los intereses electorales que prevalecen en los funcionarios de esta administración, que no saben gobernar, pero que tienen ya como único propósito ganar las próximas elecciones, aunque no saben para qué, pero tienen clara la idea de rapiña que prevalece en el gobierno de Rutilio Escandón, que habla de combatir la corrupción, cuando en este gobierno se practican las mismas formas de corrupción instaladas en los gobiernos anteriores. 

 

 

 

 

En Chiapas se viven dos realidades políticas: la de la gente común y la del gobernador del Estado y sus colaboradores, que viven en la ficción.

La realidad de la gente común es desgarradora, sufre en carne propia las malas decisiones políticas del gobierno, ven cómo cada día se deterioran las relaciones sociales y se profundiza la brecha de desigualdad, que padecen los problemas de inseguridad, que han sufrido la pérdida de un familiar, amigo, vecino o conocido por el coronavirus, pero que las muertes no aparecen en los reportes estadísticos del gobierno, porque esos reportes están llenos de mentiras o se oculta la información, como se oculta el ejercicio del presupuesto, que supera los 180 mil millones de pesos, sin que se conozca en qué y en dónde se invirtieron, porque a la luz del día solo se sabe de una pinchurrienta obra en la ampliación del aeropuerto, que representa el símbolo de la corrupción, pues esa obra se pagó dos ve-ces al mismo consorcio de empresas a quienes se les asignó de manera directa la construcción.

La situación real de los problemas de la entidad y no el del mundo ficción en el que se mueven las autoridades, quienes construyeron su propia realidad y no les interesa conocer los problemas de la entidad, obliga a una convocatoria hacia una reflexión colectiva para definir los nuevos rumbos de Chiapas con el fin de mejorar la convivencia y las condiciones de vida de la población, pero esta convocatoria no puede  ser una unidad chiapaneca forzada, en torno del gobernador, pues el en este momento representa la responsabilidad de un mal gobierno y la sumisión y el entreguismo a una política que no responde a los intereses de Chiapas.

Chiapas viene de 12 años de gobiernos desafortunados y de desaciertos en el ejercicio del poder, y el gobierno de Rutilio Escandón representa la continuidad de esos malos gobiernos, con lo que se asegura una continuidad de 18 años de gobiernos malogrados, corruptos, frívolos, indiferentes y demagogos.

Desafortunada y lamentablemente la administración de Rutilio Escandón es de anuncios mediáticos, ya sea a través de boletines o de videos sin que se atiendan y resuelvan los problemas que padece la entidad. En el que la población de Chiapas está siendo condena-da a no tener futuro, sino solo un pasado trágico que se repite una y otra vez.

El mundo ficción de la burbuja que recubre al gobernador y a su gabinete, contrasta radicalmente con la percepción de muchos sectores de la población que consideran que no se toman decisiones de gobierno y que los problemas se han acrecentado, a punto tal que la violencia, la inseguridad y la violación a derechos humanos, son parte de la normalidad con la que las personas se acostumbraron a vivir, lo interiorizaron y desgraciada-mente se encuentran conformes con ese destino.

El desastre natural del fin de semana pasado, que dejó sin nada a miles de personas en el Norte del Estado, representaba una oportunidad para devolver la sensibilidad al gobierno y que se asumiera el compromiso social de atender y responder a los problemas de la gente.  Pero eso no está en la cabeza del gobernador, quien no ha visitado la zona de desastre, y que ve a Chiapas con la misma mirada que los gobernadores que le precedieron: como el mejor negocio de su vi-da.

 

Chiapas arrastra en estos momentos un conjunto de problemas de extrema urgencia, que amerita la atención prioritaria del gobernador o por lo menos debiera de tenerlo ocupado, en lugar de andar en eventos intrascendentes como inaugurar calles, entregar títulos de propiedad e incluso asistir a la toma de posesión del nuevo responsable de la Guardia Nacional en Chiapas, lo que evidencia la indiferencia y la ausencia de gobierno que hay en Chiapas.

¿Cuáles son los graves problemas de la entidad que requieren atención inmediata? 1) el nulo crecimiento de la economía, que representa la tasa más baja del país con un decrecimiento alarmante; 2) la creciente pérdida de empleos y el cierre de negocios; 3) el repunte del contagio del coronavirus, que dolosamente se está manejando con cifras falsas; 4) el desastre ambiental y económico producidas por las lluvias en la Región Norte del Estado, que golpea con mayor fuerza a la población en condiciones de vulnerabilidad que perdió todo; 5)  los riesgos latentes que en toda la zona de desastre que afecta a 54 municipios se multipliquen los contagios de Covid 19; 6) los riesgos de que el estancamiento del agua de lluvia propicie brotes de dengue y que personas que ya sufrieron contagios desarrollen el dengue hemorrágico; 7) las dificultades que se pueden presentar en la creación de brigadas médicas para prevenir los contagios en la zona de desastre, debido a que el inútil y facineroso secretario de salud está peleado con los médicos; 8) los problemas de atención en la zona del desastre ocasionada por las lluvias que se van a convertir en problemas de gobernabilidad.

Frente a estos y más problemas en Chiapas, en este momento la única preocupación del gobernador Rutilio Escandón es lo electoral y con eso omite la atención no solo de la emergencia sanitaria que se está viviendo sino que deja de lado también el impacto dela crisis económica que se vive y con ello muestra su desinterés e incapacidad de gobernar, en donde el futuro a corto plazo de Chiapas no resulta halagüeño.

La preocupación del gobierno debiera estar en salvar vidas en este momento crítico que se está viviendo y evitar a toda costa daños sociales y económicos mayores, a su vez, debiera de estar integrando una comisión de especialistas ambientales para coordinar los trabajos de conservación y rehabilitación ambiental en la zona de desastre que en cada tempo-rada de lluvia resiente los efectos de la devastación de la naturaleza que existe en esa zona y gran parte del Estado.

Los efectos de ese desastre van a durar años y seguramente se va a trasladar a otro sexenio, por eso es necesario que se tomen decisiones preventivas de manera inmediata, no solo para aten-der no solo los problemas de campo sino también del gabinete. Bajo estas circunstancias se re-quiere una urgente renovación del gobierno y a la vez asumir un nuevo compromiso político para sentar las bases de nuevas relaciones sociales y económicas de la entidad, tendientes a mejorar la vida pública.

 

 

 

A finales de octubre del 2007 en Tabasco llovió en tres días el doble de lo que llueve en to-do el año, y las inundaciones fueron inminentes. El desastre provocó daños generalizados no solo en las ciudades sino también la pérdida de la ganadería. La población no se recuperaba del caos, cuando en Chiapas empezó a llover y la creciente de los ríos empezó a crecer y con ello las presas en Chiapas empezaron a desfogar el agua. La crisis de la inundación de Tabasco no se superaba, cuando surgió la amenaza de una nueva inundación.

Las condiciones políticas para el entonces presidente de la república, Felipe Calderón, no podía ser más complicada debido a que la tierra en donde nació el principal opositor a su gobierno estaba bajo el agua y con ello las circunstancias le daban elementos a López Obrador para demandar las desatenciones de un gobierno que era señalado de ilegítimo.

Estas circunstancias hizo que Felipe Calderón, y más de medio gabinete, pernoctaran varios días en Tabasco para atender la contingencia y allí se le informó de la amenaza que representaba las lluvias en Chiapas, que incrementó la creciente de los ríos. Bajo esa circunstancia se da el desgajamiento del cerro en la comunidad Juan de Grijalva, que formó un dique natural de piedras y arena que sirvió para que no se rebasará los límites del agua en la Presa Peñitas, y que los problemas de la inundación en Tabasco fueran de consecuencias mayores.

Sobre el desgajamiento del cerro en la comunidad Juan de Grijalva, que desapareció 100 viviendas, en la que se menciona que formó una ola de 50 metros, existe la sospecha de que no se debió al deslizamiento natural generado por la lluvia sino que fue provocado, con el fin de crear un dique en el río a escasos seis kilómetros de la Presa Peñitas.

El suceso, trágico para pobladores de esa región de Chiapas, resultó la salvación en el propósito de evitar un daño mayor en la población de Tabasco y evitar un conflicto político debido a la presencia de López Obrador, que inclusive puso una demanda en la procuraduría en contra del gobierno de Felipe Calderón por los malos manejos de la inundación. Lo paradójico de esta historia es que 13 años después de esa tragedia en Chiapas y Tabasco, se vuelve a repetir el desastre en circunstancias similares, salvo con una diferencia; en el 2007 el Estado tomó decisiones desde el mismo día y se elaboró un programa de reconstrucción. En Chiapas se destinaron recursos federales para desarrollar las Ciudades Rurales Sustentables, que nunca fueron la solución y que terminó siendo el símbolo de la corrupción en el gobierno de Sabines.

En el reciente desastre de apenas unos días el Estado está ausente y lo peor es que no se le toma la importancia que se requiere al dolor de las personas que perdieron todo y cuya única esperanza es la ayuda del gobierno. Mientras que en el 2007 el presidente de la república y el gobernador del Estado recorrieron la zona de desastre, en el 2020 el presidente de la república y el gobernador del Estado no han puesto un pie en la zona devastada en el norte del Estado.

 

El daño social que se está viviendo en Chiapas, ocasionado por las lluvias y el frente frío, requiere de una intervención decidida del Estado en el que se cumpla con las responsabilidades constitucionales de proteger y garantizar los derechos humanos de la población afectada. Es decir, que se les garantice plenamente la recuperación de todos los bienes perdidos por ese desastre natural.

Esta trágica experiencia repite los sucesos de las fuertes lluvias del 5 de noviembre del 2007, que trajo como consecuencia el desgajamiento de un cerro sobre el Río Grijalva, en el municipio de Ostuacán, cuyo taponamiento libró de la inundación a los municipios de Tabasco. En esa ocasión el gobierno de Felipe Calderón y de Juan Sabines propusieron como política pública la construcción de las Ciudades Rurales Sustentables, que en muy poco tiempo quedó demostrado que esa no fue la mejor solución a los problemas de pobreza en esa región y cuya construcción se convirtió en el símbolo de la corrupción del gobierno sabinista.

La fechas de los sucesos son las mismas, las lluvias que ocasionaron el reciente desastre iniciaron el 5 de noviembre, 13 años después del desgajamiento del cerro que produjo por lo menos 30 muertos, y que llevó a la construcción de la Ciudad Rural el Nuevo Juan Grijalva. Las lluvias de este año fueron previstas por el sistema metereológico, pero nadie tomó las precauciones debidas y el desastre tocó nuevamente las puertas de Chiapas y en este momento hay por lo menos 26 muertos.

La respuesta gubernamental en el 2007 no se compara con la respuesta que hay en este gobierno, en donde todos los funcionarios continúan sus actividades como si nada hubiera pasado. Lo que significa que no han dimensionado las consecuencias del desastre, que se pueden resumir en una sola idea: si Rutilio Escandón no asume la responsabilidad que representa gobernar a Chiapas, es mejor que se vaya. Y su salida debe construirse a partir de la derrota electoral del gobierno en la mayoría de los municipios y en la mayoría de los diputados en el Congreso Local.

La indiferencia gubernamental en los últimos días se concretan en el silencio ante los fuertes señalamientos de corrupción en la administración: A gritos se ha denunciado la corrupción en la secretaría de salud, en donde se denunciaron compras millonarias por adjudicación directa a empresas tabasqueñas sin que estos productos hayan llegado a los hospitales en Chiapas. De igual manera existe la denuncia del Consejo Coordinado de Chiapas que denunció asignaciones directas en la secretaría de obras para mantenimiento carretero, situación que pone en duda la transparencia del gobierno de Rutilio Escandón, que con frecuencia sale a decir que en Chiapas se acabó la corrupción, cuando todos saben que eso no es cierto.

Pero la peor indiferencia es la que se está viviendo frente al desastre natural que dejó en la orfandad total a miles de personas, que en otras circunstancias llevaría a instalar los tres poderes en la zona de desastre para garantizar la atención y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Pero eso no es posible con los funcionarios que hay en Chiapas, que se caracterizan por su falta de honradez y por su incompetencia.

 

En Chiapas estamos sufriendo el peor desastre natural en esta administración, que pone en evidencia la ausencia de gobierno de los últimos 14 años. Carreteras sin mantenimiento, puentes mal hechos, ríos y presas azolvadas, deforestación de bosques y selvas, ausencia de políticas ambientales, mala planeación en los asentamientos humanos, una inadecuada prestación de servicios públicos y a la corrupción en el manejo de los recursos destinados para atender los desastres y la reconstrucción.

En este momento los daños en 54 municipios de la entidad son incalculables; hay personas que en un instante perdieron todo y hoy quedan en la peor de las orfandades. Lo más lamentable en los desastres naturales, es que los grupos que más sufren y tienen pérdidas mayores son los que viven en condiciones de vulnerabilidad; quienes son sometidos a problemas de alimentación, al consumo del agua, a la pérdida de la vivienda, a la pérdida de sus cosechas y animales, al deterioro de los suelos de cultivo, al padecimiento de enfermedades e infecciones y al desplazamiento forzado por los desastres y donde los que más sufren son los niños, las mujeres, los enfermos  y los adultos mayores.

La magnitud del desastre hace ver lo desarticulado que están las acciones en los tres ni-veles de gobierno; no hay una coordinación y los reportes de los daños se vuelven más trágicos por la parálisis que se percibe, en donde la cabeza en protección civil se encuentra ausente y los servicios de salud está eclosionados, por culpa de un secretario que convirtió en un show el combate al coronavirus y convirtió en odios personales las críticas y ahora se dedica a perseguir a médicos y enfermeros en un momento en que más se re-quieren de la solidaridad de los trabajadores del sector salud.

En la población chiapaneca cualquier esperanza de mejora social se encuentra desmoronada. Hoy se requieren más que nunca de los liderazgos sociales, de esos personajes risilientes con actitudes positivas que saben tomar decisiones en los momento difíciles, que saben armar redes de ayuda mutua y que tienen la capacidad para desarrollar capacidades sociales de autoorganización. Pero la cultura de la dádiva y de control del voto institucionalizado en Chiapas en las últimas décadas ha mutilado este capital social que ahora se hace imprescindible.

Lo peor en este momento de dolor y desesperanza en cientos de miles de pobladores en Chiapas, es que a este desastre le quieran sacar provecho electoral y aparezcan los miserables de la política promocionándose, regalando despensas y tomándose fotos con los damnificados. De igual manera resulta lamentable la falta de sensibilidad de los funcionarios públicos, que en me-dio del peor desastre realizan actividades insensatas, como reunirse con los dirigentes de los partidos, como lo hizo el secretario de gobierno o promocionarse en la celebración del aniversario de una torre noticiosa, que ha hecho del periodismo el ejercicio de la extorsión y la mentira, como lo hizo el fiscal del Estado.

 

 

¿Por qué hay tantas protestas sociales en Chiapas y por qué muchas de estas protestas vienen acompañadas de la violencia? En realidad no hay una única respuesta para estas interrogantes, en virtud de que en la entidad son muchas décadas de incumplimiento en la satisfacción de derechos sociales, económicos y políticos. Durante muchos años el gobierno instituyó una cultura de la dádiva en lugar de mejorar las condiciones sociales de la población, a quienes se les confinó a vivir de las ayudas sociales. Son miles de millones de pesos destinados en las últimas décadas para programas sociales, aparentemente invertidos en Chiapas, que fueron derrochados mientras la pobreza y la desigualdad social en la población crecía.

En las comunidades chiapanecas existen cientos de miles de jóvenes a quienes se les ha robado el futuro, que no tienen formas de emplearse ni posibilidades de dotación de tierras en sus comunidades, que han crecido con un resentimiento social y a quienes se les impuso como opción el camino de la migración.

En Chiapas ha existido un despilfarro presupuestal sin que haya habido responsables y sin que se haya sancionado a algún funcionario por el desvío de recursos. Y ahora, están tomando decisiones un conjunto de funcionarios que no han demostrado que tengan competencias ni conocimiento y mucho menos sensibilidad. La caquistocracia es el gobierno de los peores y esos son los que están pretendiendo gobernar en Chiapas. Por eso no se puede dejar de señalar que la peor corrupción de la administración de Rutilio Escandón es la de haber nombrado a funcionarios sin competencias políticas ni académicas, que no han sido capaces de implementar proyectos de gobierno.

Pero la corrupción en la administración de Rutilio Escandón es real. Está presente en la secretaría de salud, en el ISSTECH, en la secretaría de obras, en la secretaría del campo, en el funcionamiento de la secretaría de seguridad, en la fiscalía del Estado, en el Instituto de Comunicación Social, en la secretaría de educación, etc. En este materia no hay ni un solo cambio; la corrupción sigue prevaleciendo con las mismas características de los gobiernos anteriores, sólo que en la actual administración se utiliza un discurso de auto-exculpación y se repite la mentira de que se acabaron los corruptos, cuando es obvio que todo sigue igual, o peor aún, debido a que los funcionarios no atienden los problemas sociales y suelen engañar a la población en las peticiones que realizan.

La falta de oficio político en la administración encabezada por Rutilio Escandón, es lo que ha provocado la violencia en muchas comunidades de la entidad, que terminan con reuniones en la secretaría de gobierno, donde no se dan solución a los problemas, pero sirven para tomarse la foto, elaborar el boletín y simular que se toman decisiones de gobierno, mientras que los conflictos se reproducen ante la pasividad de funcionarios que no entienden la función de gobernar.

 

 

 

La situación social de Chiapas presenta síntomas de alarma debido a problemáticas que no se atienden: es la entidad con menos crecimiento económico en el país; por décadas ha venido padeciendo problemas de gobernabilidad; tiene una alta deuda pública, que ocasiona el pago de 6 millones de pesos diarios; tiene un nulo crecimiento del empleo; está en riesgo la soberanía alimentaria por la baja producción de granos; hay una crisis por la inseguridad; se padece un ineficaz ejercicio de gasto público; se oculta y mal informa sobre los contagios y fallecimientos del Covid 19, existen graves deficiencias en la impartición de justicia y se tienen los índices de pobreza más alto del país, en donde el 78% de la población vive en la pobreza y la pobreza extrema.

Lo incomprensible es que pese a la gravedad de cada uno de estas problemáticas, no parecen tener importancia para el gobernador y sus funcionarios, que mantienen la misma indiferencia y frivolidad que los gobiernos anteriores y construyen un discurso ficción en el que repiten que todo está bien, mientras los conflictos se agudizan por la ausencia de gobierno, la falta de proyectos de desarrollo y la corrupción que prevalece en las oficinas públicas.

En Chiapas mantener un discurso de austeridad representa una verdadera irresponsabilidad en virtud de que la principal fuente de circulante de capital es la inversión pública y ésta no existe en la entidad, a pesar de que en el ejercicio presupuestal del 2019 se gasta-ron más de 91 mil millones de pesos, sin que haya una obra de infraestructura relevante que justifique el exagerado presupuesto asignado en ese año fiscal al Estado y en el 2020 se llevan más de 70 mil millones de pesos ejercidos sin que ello reactive las actividades productivas, que requieren de esta inversión, para la parálisis de la economía ocasionada por la pandemia del coronavirus.

Para males mayores hay que señalar que las principales licitaciones han sido asignadas a empresas que no son chiapanecas, como bien puede ser el de la compra de las medicinas, en donde se asignaron 2 mil millones de pesos sin licitación, a una empresa tabasqueña, cuya denuncia fue presentada en la conferencia mañanera del presidente de la república sin que hasta ahora exista el mínimo intento por investigar esa irregularidad, lo que significa que hay anuencia y complicidad del propio ejecutivo con el secretario de salubridad, quien actúa en total impunidad a pesar de las múltiples denuncias que se han hecho en contra de este funcionario.

Lo mismo sucede en el ISSTECH, en donde el actual director ha incurrido en distintos actos de corrupción, pero tiene el total respaldo y la confianza del gobernador, aún y cuando se hizo público la instalación de la sala VIP en el hospital, en donde se atendieron a familiares y recomendados del gobernador, incurriendo en el delito de discriminación en la prestación de los servicios de salud, en plena contingencia sanitaria, en el que existieron fallecimientos en el hospital por falta de respiradores, aún y cuando había disponibilidad de ellos en la sala VIP, lo que resultó un acto criminal, que debe ser investigado y sancionado.

Esta crisis sanitaria que se está viviendo en Chiapas, golpeó en un momento en que ningún funcionario en la entidad toma decisiones, y donde los responsables de las dependencias del sector salud están siendo señalados por enriquecimiento inexplicable, por los cada vez más evidentes actos de corrupción, que tienen la complacencia del gobernador.

 

Chiapas en la última década arrastra una etapa de nulo crecimiento económico. Esto ha provocado un aumento de la pobreza y poca generación del empleo, lo que pone en riesgo no solo la viabilidad del desarrollo sino la frágil gobernabilidad que hay en la entidad.

Es en las comunidades indígenas donde más se han resentido las políticas equivocadas de despilfarro y austeridad del gasto público en los últimos gobiernos, que ha ocasionado un mayor crecimiento de la población y con ello de la pobreza. Esto viene provocando una agudización de las problemáticas sociales en varios municipios, lo que complica la intervención y solución de los problemas. Entre los municipios de más alta conflictividad son San Juan Chamula, Oxchuc, Chenalhó, Zinacantán, Aldama, Ixtapa, El Bosque, Rincón Chamula, Simojovel, Bochil, Pueblo Nuevo, Tila, Chilón y Venustiano Carranza.

En cualquiera de esos municipios existen condiciones sociales para que una chispa se convierta en un problema mayor, sobre todo, por la fuerte presencia de grupos paramilitares, por la presencia del narcotráfico y porque las organizaciones sociales de toda esa región se encuentran fuertemente armadas, además de que se vienen propiciando tensiones en contra de Bases Zapatistas o de adherentes de la Sexta Declaración de la Selva, en donde hay problemas por la disputa y posesión de las tierras y por la exigencia de que los recursos municipales se entreguen en efectivo; situación que tiene divididas y confronta-das a cientos de comunidades, sin que exista una política de construcción de paz y de desarme en ese territorio y sin que haya el interés de parte de la secretaría de gobierno para atender la problemática.

Todo lo anterior fomenta en Chiapas la creación de escenarios de violencia en gran par-te del territorio del Estado y con ello se mella y se pone en riesgo la frágil gobernabilidad que existe, en un momento en que el gobierno mantiene una  restricción presupuestaria en la entidad, encubierta en una falsa austeridad, en el que no hay obras ni inversión pública, debido a la contingencia sanitaria, y donde la entrega de los apoyos de los programas de bienestar resultan dudosos, por la corrupción que prevalece y en donde se entregan los recursos su impacto social es imperceptible.

Bajo estas circunstancias se requiere una urgente renovación del gobierno y a la vez asumir un nuevo compromiso político para sentar las bases para la transformación de las condiciones socia-les y económicas de la entidad. La decisión no es un asunto sencillo, porque eso implica acabar con las complicidades con funcionarios que acompañan al gobernador desde el período en que fuera presidente del tribunal de justicia, pero que han demostrado con creces que llegaron al nivel de incompetencia y en el que la eficacia de un gobierno no puede estar determinada por los niveles de amistad o compadrazgos, debido a que la magnitud de los problemas en Chiapas son, por mucho, superior a la capacidad de respuesta de los funcionarios y el futuro de la entidad no puede seguir supeditada  a complicidades ni al desorden social y mucho menos a la indiferencia del gobernante, quien desafortunadamente no sabe cómo construir gobierno.

 

 

Chiapas cumple ya catorce años de gobiernos desafortunados. De éstos, la decepción mayor es la administración de Rutilio Escandón, del que se esperaba que conformara un gobierno de cambios y que mejorara el rumbo de la entidad. Sin embargo, le quedó a deber a Chiapas, en virtud en que lo que debía ser un gobierno democrático, que empoderara a los ciudadanos, que fortaleciera la transparencia y que mejorara la eficacia en el funcionamiento del gobierno, terminó siendo lo mismo que el gobierno de Juan Sabines y Manuel Velasco. Son 23 meses transcurridos de esta administración, y más que gobierno de transformación, lo que se observa es la continuidad de las mismas prácticas políticas de los gobiernos que dañaron a la entidad, y con su actuación como gobierno, están traicionando a la confianza de los electores, que confiaron en que iban a ser un gobierno diferente y hasta ahora han quedado a deber.

La crisis sanitaria que se está padeciendo y la crisis económica que la acompaña, debiera de despertar el interés o la preocupación del gobernador por construir  un gobierno diferente, pero ahora se está viviendo el mismo show mediático que hubiera montado Manuel Velasco o Juan Sabines y las mismas práctica de ocultar información, en el que se anuncia de que hay capacidad hospitalaria en la entidad, pero cuando los infectados han acudido a las clínicas Covid no los reciben y los regresan a su casa en donde muchos terminaron falleciendo.

El gobernador dejó en las manos del secretario de salud el manejo de la pandemia, pero este personaje no tuvo el liderazgo ni el reconocimiento de los distintos grupos de médicos, que lo vieron falto de conocimiento, de seriedad y con una rapacidad sorprendente, realizando un ejercicio del presupuesto en contubernio con empresas tabasqueñas, a quienes les ha comprado dos mil millones de pesos en medicinas, pero éstas no aparecen en un ninguna clínica u hospital del Estado, que siguen sufriendo el desabasto

La peor crisis en la historia de Chiapas, le tocó enfrentarse al peor grupo de funcionarios que haya existido en la entidad, y eso que la historia de Chiapas está llena de malos gobiernos, pero el caso de esta administración resulta exagerado, en donde la cabeza más brillante del gabinete es la del secretario de salud, quien por la ligereza de sus comentarios ha sido objeto de burlas en los medios nacionales, pero que aquí en Chiapas el gobernador lo sostiene debido a que le ha sido útil, en la opacidad en el manejo de los recursos, y en donde carece de importancia en que no hayan  resultados positivos en el sector salud.

Los daños ocasionados por la pandemia son irreparables y la mayoría de los hogares de Chiapas han sufrido la pérdida de familiares, de amigos, vecinos o conocidos, pero eso tampoco tiene importancia para el gobernador, que disfruta las mieles de poder, convencido de que hace política y de que se están haciendo bien las cosas.

 

 

 

 

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