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En México la educación se encuentra regulada por el artículo 3º constitucional. En el primer párrafo de éste se señala: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

Bajo este precepto constitucional, la educación obligatoria que se imparte en México está dirigido a niños, niñas y adolescentes en una condición etaria de 4 a 18 años de edad, que comprende el ciclo de preescolar a educación media superior, pero deja afuera a los infantes que tienen cumplidos un año de edad hasta 3 años 11 meses cumplidos, que de igual manera requieren la atención obligatoria del Estado, considerando sobre todo, que en las condiciones actuales del mercado laboral, hoy día laboran hombre y mujeres y este grupo de niños y niñas corren el riesgo de quedarse en casa solos o bajo el cuidado de vecinos y familiares que no poseen conocimientos especializados para desempeñar esa función.

La atención a este grupo etario de infantes se da en los centros que se conocen como  estancias infantiles, guarderías o Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), estas estancias aparecieron en el país en los mercados públicos de la Ciudad de México, en donde los comerciantes podían dejar a sus hijos en un lugar en donde los cuidaran; luego este servicio se empezó a ofrecer a hijos que no fueran de comerciantes ni que laboraran en los mercados.

Esta demanda del servicio de guarderías o estancias infantiles se generó a principios de los años 80 del siglo pasado, a partir de las demandas laborales que sindicatos de trabajadores de la administración pública hicieran al gobierno, y se empezó a brindar como una prestación laboral y no como una obligación del Estado. Fue así como las distintas dependencias del gobierno empezaron a abrir los CENDI para ofrecer este servicio a las madres trabajadoras al servicio del gobierno y años después, esta demanda se trasladó a  las instituciones de seguridad social, y tanto el Seguro Social como el Instituto de Seguridad Social al Servicio de Trabajadores del Estado, empezaron a ofertar el servicio del CENDI.

Fue hasta el año del 2007, con el gobierno del presidente Felipe Calderón, en que las estancias infantiles se multiplicaron con el apoyo del gobierno pero como parte de la política social del régimen y no como una obligación del Estado en materia educativa. Es decir, que el Estado Mexicano decidió implementar medidas económicas de protección pero no reconocer que los niños y niñas son sujetos de derecho.

A partir de su creación. el programa de las estancias infantiles vino a atender un doble objetivo de un sector de población fundamentalmente femenino que requería disponibilidad de tiempo para trabajar y que necesitaba que se le brindara una atención educativa a sus hijos menores de cuatro años de edad, en donde al mismo tiempo que los niños socialicen, desarrollen habilidades verbales y psicomotrices que les permitan el desarrollo de las capacidades en la primera etapa de la infancia.

El Estado Mexicano como tal no asumió la responsabilidad de la seguridad social de brindar el servicio de estancias infantiles sino que como parte de la política social destinó recursos para el apoyo a las madres trabajadoras con ingreso menores a la línea de bienestar y a los padres sin pareja, para que sus hijos puedan asistir a estancias infantiles. Fue así que de manera parcial, el Estado buscó cumplir con el artículo 4º de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes que señala. “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

Sin embargo pese a lo limitado de la visión tutelar del programa de estancias infantiles, la propuesta del gobierno panista fue más progresista que la del gobierno de López Obrador que está provocando una regresión de esta política al cancelar los apoyos a las estancias y destinar los recursos directamente a los padres, para que sean ellos los que decidan a donde llevan a sus hijos. Esta postura es violatoria a derechos humanos, pues elimina la atribución de ciudadanía que tienen los niños y niñas, pues ellos tienen ya el derecho para decidir, pero además se retorna a una arcaica visión de que son los padres los responsables de los hijos cuando la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes considera que son una responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad.

Las estancias infantiles con todas las deficiencias que poseen vienen cumpliendo una función social, que el Estado no quiso adquirir directamente y mientras no haya una mejor opción educativa para la primera infancia, éstas deben de seguir operando con el mismo esquema de financiamiento público.

La inseguridad pública en Chiapas pasó a ser un tema relevante y reiterado en las platicas y preocupaciones de la población. El juicio generalizado es severo: la delincuencia rebasó a la capacidad de respuesta del gobierno.

La sociedad chiapaneca vive condiciones de vulnerabilidad social en la que nadie está a salvo de la delincuencia. La misma condición de vulnerabilidad tiene un banco, que un Restaurant lleno de comensales como el Toks. Lo mismo puede suceder un feminicidio que el crimen artero de un activista social. Lo mismo se asesina a un colono en una colonia popular de Tuxtla Gutiérrez, donde un grupo paramilitar ligado al gobierno y jefaturado por el secretario general de gobierno Ismael Brito, quiere apropiarse de la colonia; lo mismo se queman expedientes de auditorías en las afueras de las oficinas de la Auditoría Superior del Estado para garantizar impunidad a funcionarios implicados de cualquier investigación y lo mismo se cierran casetas y se impone el cobro arbitrario de cuotas.

En concreto la delincuencia en sus distintas manifestaciones rebasó al gobierno. Lo único que salva a la administración de Rutilio Escandón es que aún no se viven en las calles de Chiapas el terror que genera el enfrentamiento de los grupos ligados al crimen organizado ni se presentan los ahorcados en los puentes peatonales como sucede en otras ciudades del país.

El fracaso de las reuniones mañaneras sobre seguridad es inocultable, pero el gobernador no lo quiere ver así y sus principales colaboradores le alientan y aplauden los mensajes triunfalistas de una administración que no solo no camina sino que no da muestras de que existe un gobierno.

Se llevan 70 días de gestión y todo parece indicar que la luna de miel del nuevo gobierno con la población acabó. La promesa de la cuarta transformación en Chiapas pasó a ser un discurso carente de sentido y alejado de una realidad, que no es vista por el gobernador ni por sus principales colaboradores.

Chiapas requiere urgentemente de seguridad si se pretende reactivar la economía. En la situación en como se encuentra la entidad y en la manera como se difunden las noticias, el turismo puede sufrir una fuerte contracción y ésta actividad ha representado en los últimos años la principal fuente de divisas en el Estado. Pero prácticamente resulta imposible promocionar el turismo chiapaneco con los índices de delincuencia e inseguridad que hay en este momento.

En materia de seguridad ni Gabriela Zepeda Soto, que es la secretaria de seguridad ni Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, garantizan confianza. Lo mismo sucede en la secretaría de gobierno, en donde Ismael Brito, no tiene los hilos del control de los conflictos y se ha perdido la posibilidad del orden en la entidad.

Al inicio de esta administración se tenía que haber cuidado que los problemas de gobernabilidad que se arrastraban, no se convirtieran en problemas de inseguridad pero no se hizo. Ahora Chiapas vive un peligroso cóctel de inseguridad pública con problemas de gobernabilidad.

 

 

 

 

En un acto por demás confuso de lo que es el Estado de derecho, la fiscalía del Estado consignó ante el juez a 9 profesores de telebachillerato acusados de motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial. Esto después del desalojo violento de maestros del día martes, que se vivió en el Libramiento Norte, en las cercanías de la “Torre Chiapas”.

La lucha y las movilizaciones de los maestros del bachillerato son legítimas, pues exigen el pago de salarios por más de tres años de adeudos que tiene la secretaría de educación. La lucha de estos docentes no es un hecho reciente ni tiene el propósito de dañar políticamente al gobierno que inicia. Las movilizaciones de los maestros con paros, platones y toma de edificios de la secretaría de educación y de la secretaría de hacienda tiene más de tres años y el gobierno no resuelve la situación laboral.

El cierre del Libramiento Norte del día martes generó una fuerte demanda de distintos grupos y manifiestos en las redes sociales que exigían la aplicación del Estado de derecho, sin que bien a bien los solicitantes de esta acción conozcan con claridad en qué consiste el Estado de derecho.

El Estado de derecho presenta en lo general dos reglas básicas fundamentales: nadie puede estar por encima de la ley y todos los actos de los funcionarios públicos deben estar apegados en el marco de la ley. Visto de esta manera, ninguno de esos dos preceptos fue violado por los maestros a quienes además, les asiste el derecho constitucional de manifestación. Sin embargo estos dos preceptos básicos del Estado del derecho, han sido violados sistemáticamente por el gobierno de Chiapas, quienes ilegal e inconstitucionalemente han retenido el salario de los docentes de telebachillerato por más de tres años; pero a su vez, los actos de los funcionarios de la secretaría de educación y de la secretaría de hacienda están al margen de la ley, en virtud en que tienen laborando a cerca de 600 maestros sin que se les pague.

La exigencia de la aplicación del Estado de derecho es correcta, pero quienes debían de encontrarse bajo proceso penal, son todos los funcionarios responsables directa e indirectamente de haber omitido el pago de estos docentes. Lo sorprendente es que los profesores de telebachillerato son las víctimas y la inaplicación de la ley y la selectividad de los procesos penales, los convierte ahora en culpables de supuestos hechos delictivos.

¿Quién es el culpable directo de todas estas irregularidades en el pago de los docentes de telebachillerato? La respuesta es sencilla: Ricardo Aguilar Gordillo, quien era el secretario de educación cuando se suscitó esta falta de pagos. Es a él al que la autoridad debiera de tener bajo proceso y más cuando existe una denuncia pública de parte de la profesora Sonia Rincón Chanona en contra de Aguilar Gordillo por no haber comprobado más de 300 millones de pesos.

Es a raíz de esta denuncia en que se inició con los atentados e incendios en la secretaría de educación, en donde los ataques siempre fueron dirigidos a áreas importantes de documentación, a recursos humanos y a las oficinas de recursos financieros en donde se encuentran las pólizas y contratos.

Es de muchos conocidos el enriquecimiento de Ricardo Aguilar Gordillo, primero en la delegación del ISSSTE y luego exageradamente en la secretaría de educación, en donde una empresa de su hermano fue el proveedor único en todo el período en que se desempeñó como secretario de educación.

Si el gobierno de Rutilio Escandón quiere aplicar el Estado de derecho tiene que investigar a Ricardo Aguilar, quien tiene pasaporte de impunidad por haber participado en la campaña a favor de MORENA como dirigente de las Redes Sociales Progresistas, presuntamente financiada con recursos de la secretaría de educación.

De igual manera debe investigar el fideicomiso de los recursos que aportan las empresas denominadas como terceros, que son todas aquellas empresas que se dedican a los préstamos en efectivo y para compra de muebles, seguros y autos que son descontados vía nómina a más de 70 mil trabajadores de la subsecretaría de educación federalizada, y que aportan el 10% mensual a ese fideicomiso, del monto total que se descuenta vía nómina a todos los trabajadores que tienen un adeudo.

Esta cantidad es de dos millones de pesos mensuales aproximadamente que el secretario de educación maneja indiscriminadamente, pues ese fideicomiso no está registrado ni ha sido auditado. Es realmente la caja chica y la fuente de corrupción en la secretaría de educación.

 

En la integración de la nueva administración el gobernador Rutilio Escandón debía de tener especial cuidado en cinco áreas: educación, gobierno, salud, seguridad y el campo, de estas áreas depende la gobernabilidad y la seguridad de Chiapas.

Las designaciones que el gobernador realizó, no han resultado en estos dos meses de gobierno, lo eficaz y convincente que requiere la magnitud de esa responsabilidad. En educación por ejemplo, la responsable de esa secretaría ha incurrido en graves omisiones. Recientemente manifestó  que en la secretaría de educación se asignaron plazas a maestros al margen de los resultados del examen profesional de ingreso a la carrera docente, de ser cierto eso, en lugar de señalarlo a la prensa debió de haber iniciado el procedimiento correspondiente en contra de los funcionarios responsables por violación al artículo 3º constitucional. De no hacerlo, la secretaria tiene que ser sancionada por omisión.

En seguridad la delincuencia se incrementó y se corre el riesgo que la inseguridad en Chiapas se convierta en un problema permanente, por los problemas estructurales que tiene la entidad. En el campo no hay ningún plan de rescate y en el cualquier momento inician las protestas por la falta de apoyos. En salud, anuncian un 85% de abastecimiento en los hospitales de la entidad, cuando en realidad estos se encuentran en las mismas condiciones que cuando terminó el gobierno anterior. En la secretaría de gobierno la situación es más compleja; se atienden a los grupos pero no resuelven nada. Y en el caso de Amatán se designó un consejo municipal, pero 30 días tarde, después de que este gobierno se manchó de sangre.

Bajo estas condiciones no se percibe que cambien las cosas en la entidad y por el contrario, los conflictos pueden llegar a agudizarse. Es muy poco tiempo lo que lleva esta administración, por lo que pareciera injusto que se le pidan cuentas de lo que no se hizo en los últimos doce años. Pero también hay que ver el otro sentido, que en tan solo 68 días ya hizo crisis el gabinete y se requiere hacer ajustes...

Esta historia ya la hemos vivido en otras ocasiones en la entidad. En que se nombra un gabinete, y ante la presión social de exigencia para la realización de cambios, el gobernante no escucha y no realiza cambio alguno. Así fue con Velasco Coello, que se resistió a realizar los cambios en su gabinete y la situación transitó de mal a peor., a punto tal que terminó con una aceptación menor del 10%.

La administración de Rutilio está empezando y él no puede darse el lujo de permanecer impávido ante lo que es evidente, no tiene gabinete y su administración presenta dos graves problemas: ingobernabilidad e inseguridad.

Esto lo debiera a impulsar a realizar los movimientos e incorporar a gente con mayor oficio y experiencia.

En Chiapas la cultura política se construye a través de la conspiración. Así fue desde el siglo XIX en que los grupos coletos conspiraban para derrocar a los gobiernos liberales y así continuó en el siglo XX, en que los mismos grupos coletos de San Cristóbal conspiraban para buscar que la capital de Chiapas regresara a su ciudad, después de que Emilio Rabasa estableciera la capital del Estado en Tuxtla Gutiérrez.

La cultura de la conspiración continuó con los gobiernos posrevolucionarios, en donde los agraristas conspiraban en contra del gobierno de los “Mapaches” y luego los mapaches conspiraron en contra de los agraristas. En el Chiapas moderno los sabinistas conspiraban en contra de don Salomón González Blanco y después de la rebelión zapatista del 1 de enero de 1994, grupos cercanos a la pastoral de la Iglesia conspiraron en contra de Eduardo Robledo.

Dentro de esa cultura política de la conspiración, surgió la bandera del interinato. Entre 1976 y 1982, Chiapas tuvo tres gobernadores. En 1982 es designado gobernador el Gral. Absalón Castellanos y en distintos momentos de su período de gobierno se especulaba que caía y vendría un interinato. Con Patrocino González, que se caracterizó por una concentración autoritaria del poder, su gobierno terminó con dos interinatos. Eduardo Robledo Rincón sólo duró 60 días en el poder y le sucedieron dos gobiernos interinos. Pablo Salazar duró los seis años del gobierno, pero también se especuló con un gobierno interino, y cuando Santiago Creel se perfilaba como el candidato de Fox a la presidencia, en la prensa nacional se manejó el nombre de Pablo Salazar como secretario de gobernación.

El gobierno de Juan Sabines Guerrero no fue la excepción, también fue insistente el rumor del interinato. En sus delirios y ambiciones este personaje se promovía como posible secretario de desarrollo social, y ya en plena locura, el gobernador Sabines llegó a pensar que podía ser candidato del PRD a la presidencia de la república. Con Manuel Velasco siempre se habló de la posibilidad del interinato, pues sus intereses siempre estuvieron en la Ciudad de México, y en las condiciones absurdas del poder en Chiapas, Manuel Velasco fue gobernador interino de sí mismo.

La cultura política de la conspiración y del interinato, está presente en el análisis especulativos  sobre el actual gobierno, que apenas cumplió 67 días. Rutilio Escandón tuvo descuidos que están teniendo su cobro en este momento. Él sabía de la ausencia de gobierno que Chiapas arrastraba y debió de haber tomado las medidas preventivas para hacer frente a esa ausencia de gobierno y no lo hizo. Del 2 de julio al 7 de diciembre, ya como gobernador electo, se dedicó a recorrer el Estado y a tener reuniones, en donde no comunicó sus ideas de gobierno ni presentó estrategias claras para fortalecer a los sectores productivos con quienes paradójicamente se reunía.

Tres eran las acciones de gobierno que Rutilio Escandón debió de haber cuidado: el diseño del plan de gobierno; la definición de un gabinete que no dejara dudas que cubría los requisitos para el reto que significa Chiapas; y, definir un plan de gobierno para los primeros cien días, que garantizara tomar decisiones desde el primer minuto de su toma de posesión. Plan de gobierno no tiene aunque su publicista, extrañamente defenestrado, insiste en afirmar que la UNACH lo elaboró y allí está la equivocación. La comunidad académica de la UNACH no elaboró nada, quienes trabajaron en ese documento, hasta ahora desconocido, fue el Rector en ese momento y un grupo de burócratas de la universidad sin prestigio académico y con dudoso talento para el diseño de políticas públicas. Desafortunadamente, tampoco hay gabinete de gobierno, y en las circunstancia que hay en Chiapas, es conveniente realizar ajustes e incorporar a funcionarios con mayor oficio. Por último, la ausencia de un programa de acciones inmediatas ha ocasionado que el gobernador se pierda en reuniones que no tienen resultados eficaces y que asista a inaugurar eventos, que terminan desprestigiándolo, porque no se logra distinguir lo que es urgente y prioritario para Chiapas.

Sin duda, la cultura de la conspiración es nociva y evidencia la falta de visión de proyecto de quienes insisten crear especulaciones, pero los interinatos han sido de lo más dañino para el Estado, pues corroe la legitimidad, daña y debilita la vida institucional y ha constituido una legión de nuevos ricos que han sangrado el presupuesto de Chiapas.

 

Lo deseable sería que los conflictos que se viven en Chiapas se resolvieran en lugar de agudizarse.  Para ello la secretaría debiera de crear una mesa de diálogo con los diferentes grupos y organizaciones demandantes, y a la vez, tomar medidas preventivas para evitar el surgimiento de nuevos conflictos.

Es cierto de que hay demandas de los grupos que no fueron atendidas por el anterior gobierno y resulta  inconcebible que no se atiendan y resuelvan con el actual gobierno; como es el caso de la falta del pago de los maestros interinos, la atención de las demandas de los estudiantes de las normales o la solución a la población de desplazados que se han visto obligados a realizar plantones afuera del palacio de gobierno.

Hay problemas como el de la presencia de grupos paramilitares donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios. El  nuevo gobierno carga con la presión de dos medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los desplazados de Chenalhó y de los desplazados de Chalchihuitán y dos recomendaciones de la CNDH, en donde le concedieron seis meses para que se desarmen los grupos paramilitares y elabore un programa de pacificación en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán. Esto implica el compromiso de verdad, justicia y reparación a los agravios reiterados, de desplazamientos, desapariciones, asesinatos, persecuciones y encarcelamientos que por décadas se han vivido en las comunidades indígenas de estos municipios.  

El punto crítico que la administración de Rutilio Escandón no logra superar, es el relajamiento de la autoridad que se institucionalizó en los anteriores gobiernos, en el que se creó en el imaginario de la población que el Estado no funciona en la entidad y esto se refleja en los índices de impunidad que tiene Chiapas que es del 99%.

Este escenario de debilidad de las instituciones es el que se debía de borrar de un plumazo , pero que desafortunadamente permanece en la gestión de Rutilio Escandón, que en los dos meses que lleva la administración los problemas sin atender continúan y la inseguridad se disparó a niveles peligrosos, que ha mostrado la deficiente capacidad de respuesta que hay.

En los pocos días que lleva el gobierno estatal, se percibe que no se elaboró un plan de acciones para los primeros 100 días, que resultan fundamentales para el establecimiento de la seguridad y la nueva gobernanza, lo que hace presuponer que la gobernabilidad está prendida con alfileres a la agenda del gobierno federal en Chiapas, en donde la presencia del presidente de la república fortalece siempre al gobernador, pero eso no significa que los problemas de la entidad se van a resolver como si fuera por arte de magia.

Por ello el oficio político es fundamental y se requiere de una operación política eficaz de 24 horas diarias, sobre todo porque los conflictos en la entidad se gestan y se mueven bajo aguas subterráneas y sólo se conocen cuando estallan.

 

 

 

Hoy día se convirtió en un lenguaje común hablar de austeridad y en el exceso del uso se le incorpora la palabra republicana. Bien a bien desconozco si los republicanos promueven la austeridad, en virtud que la austeridad forma parte del discurso neoliberal que promueve medidas restrictivas del gasto público.

De igual manera el adelgazamiento del aparato público no es un planteamiento de la izquierda sino del pensamiento conservador que propone el Estado modesto. El sociólogo francés Michel Crozier es un exponente importante de este tipo de visión del Estado  y en su libro Estado Modesto, Estado Moderno escribió: “Hoy en día nuestros tecnócratas y políticos confunden el hecho de que están demasiados ocupados, con lo que sería trabajar sobre lo real. Dedican demasiadas horas al juego fascinante del poder y de la reconstrucción del mundo en los planes. Pero nunca analizan seriamente el terreno sobre el que aplican sus políticas, nunca preparan con el cuidado necesario la reforma que pretenden llevar a cabo para el bien de los administrados que van a rechazarla o desviarla. Ciegos y sordos respecto al mundo real, deciden en función de principios y visiones a priori, y nos mantienen en debate de pura retórica”.

En este debate de retórica, hay un error el considerar que la austeridad es igual a la eficacia y todavía el error es mayor el creer que con la austeridad se combate a la corrupción. Lo real, es que los problemas que enfrenta la sociedad son cada vez mayores a la visión omnipotente de los gobernantes, que toman decisiones sin diagnósticos y que incluso elaboran programas de gobierno con puros supuestos que no están dirigidos a resolver las causas de los problemas sociales.

A nivel nacional hay un debate sobre las estancias infantiles. Se detectó corrupción en el manejo de los recursos en ellas y se tomó la decisión de particularizar los apoyos directamente a los padres, quienes tomarán la decisión de a donde y con quien dejar a sus hijos infantes. En lo absurdo de este debate un funcionario de primer nivel tuvo la ocurrencia de señalar que los abuelos cuiden a los nietos, sin considerar la importancia que tiene la socialización en este período y obviando las condiciones del apego en los niños y lo que representa la estimulación temprana. Situaciones en las que interactúan las estancias infantiles.

Las estancias infantiles subvencionadas por SEDESOL, hoy Secretaría del Bienestar, estaban destinadas al apoyo de madres solteras y al apoyo de familias en condiciones de pobreza. La dependencia le otorgaba un apoyo por niño o niña a las estancia infantiles que eran centros privados, que supuestamente se encontraban bajo la supervisión de SEDESOL. De allí que si hay corrupción la responsabilidad está compartida con el Estado. En este caso lo que se debió de haber realizado es la mejora de los sistemas de control y supervisión y no tomar la decisión de desvincular a las estancias infantiles y dejar la responsabilidad exclusivamente sobre los padres porque eso contraviene con los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes que establece que la responsabilidad es del Estado, de los padres y de la sociedad.

El Estado, por los problemas que representa, no quiere administrar las estancias infantiles, pero no se desliga de su responsabilidad, en virtud de que destina una cantidad específica por cada infante, por eso se multiplicaron las estancias infantiles en el país.  Ahora, dentro sus acciones anticorrupción, el gobierno decidió la entrega del monto de apoyo directamente a los padres y ellos decidirán qué hacer con sus hijos. Con esto se corre el riesgo que los niños no socialicen y no reciban la estimulación temprana que se requiere para el ingreso del preescolar o de la primaria. La decisión sin duda es equivocada y evidencia un desconocimiento sobre las etapas del desarrollo del infante y la importancia del papel que juegan las estancias infantiles.

 

En las redes sociales se está viviendo un proceso de comunicación en el que está triunfando la desinformación y en el que prevalecen las notas falsas. En ambos propósitos se percibe la intención de generar confusión y la premeditación de que  asuntos relevantes pasen inadvertidos.

Un forma de crear desinformación es la de inventar notas. Ejemplo de ello es la afirmación de que uno de los hijos del exgobernador Juan Sabines va a ser diputado local, a partir de la renuncia de Eduardo Zenteno. Esa situación es imposible porque él no es el suplente y no puede llegar por la vía plurinominal en virtud de que nunca apareció en el listado de ningún partido, pero sobre todo, porque Eduardo Zenteno llegó como diputado por la vía de la elección.

De igual manera ayer se anunció que el exfiscal de Chiapas había sido designado como coordinador de delegaciones de la fiscalía general de la república, información que resultó falsa.

Ayer, de igual manera, empezó a circular masivamente un video supuestamente de Anonimus, en el que se le pide al secretario general de gobierno Ismael Brito Mazariego, que renuncie para dar paso a la gobernabilidad.

Aquí lo que se percibe es una utilización malsana de las redes sociales, en donde se promueve la desinformación de manera perversa por unos, y de manera ingenua o inocente por otros, que buscan influir en el estado de ánimo de sectores de la población y generar corrientes adversas de opinión.  

De igual forma se perciben intenciones encubiertas de grupos y personas que a través de troles y desde el anonimato buscan manipular la opinión y construir climas de linchamiento.

Es cierto que las condiciones sociales en Chiapas se encuentran deterioradas a niveles peligrosos, que no existe gobernabilidad y que la inseguridad en el Estado se ha incrementado. De igual manera resulta cierto en que no hay gabinete ni plan de gobierno y lo que prevalece son la ocurrencias inundadas por un discurso demagógico, más cercano al viejo PRI que al proyecto político de un gobierno de izquierda.

Resulta evidente que ha habido sucesos violentos como el del municipio de Amatán, y en Rincón Chamula, la agresión en el palacio de gobierno a los profesores interinos a quienes no se les paga desde hace dos años. Hubo también hechos violentos en San Cristóbal de Las Casas en respuesta a la detención de uno de los líderes señalado por delincuencia organizada, en el que sus huestes amenaza con mayor violencia si no lo liberan. Frente a estas agresiones al orden el Estado se encuentra paralizado y los funcionarios no saben qué hacer.

Se llevan sólo dos meses de esta nueva administración y hay voces que convocan a la ruptura y que le apuestan a los interinatos. Sin embargo nada de eso parce preocuparle al gobernador Rutilio Escandón que vive en una nube y no alcanza a distinguir el deterioro social que vive Chiapas. El gobernador construyó un nivel de realidad en el que, sin decisiones políticas, todo esta bien y pronto se va a estar mejor. Por ello urge de que vuelva a la realidad y decida de una vez por todas asumir la función de gobernador.

 

 

 

 

La gestión de Rutilio Escandón como gobernador del Estado despertó desde el 1 de julio sensaciones y  expectativas encontradas. Por un lado, grupos de población mantenían la esperanza de un gobierno diferente que resolviera las demandas y problemas de la gente y que hubiera una mejora de Chiapas, sobre todo porque se arrastraban doce años de desatenciones y gobiernos malogrados; por otro lado, se veía con desconfianza a Rutilio Escandón, pues sus resultados como presidente del tribunal de justicia no eran alentadores, sin nada que presumir, sin embargo cuando se dio a conocer el gabinete surgió desaliento, en virtud de que la magnitud de los problemas que hay en Chiapas obligaba a la designación de un grupo de funcionarios con probadas capacidades, con prestigio y con un conocimiento pleno sobre lo que Chiapas necesita y lo que debe realizarse.

De igual manera Chiapas arrastra otro problema, que históricamente ha sido gobernado desde una mirada del centro del país, en donde lo local no importa. Eso obligaba a tener, a partir del primer día, una agenda para Chiapas, que desafortunadamente no la construyó el gobernador y se corre el riesgo en que Chiapas se administre desde la capital del país.

Es cierto que el gobierno de Manuel Velasco concluyó en medio de una gran tensión social que fue heredada a la actual administración, pero también es cierto que Rutilio tuvo el tiempo suficiente para desarrollar estrategias de negociación política que le permitiera tener márgenes de operación política, y empezar a resolver los problemas de gobernabilidad persistentes en el Estado de años e inclusive décadas atrás.

De igual manera el derroche presupuestal fue excesivo en los últimos doce años, lo que hacía vislumbrar situaciones complicadas para este año y peor aún si no mejoraban las condiciones del crecimiento económico, en donde Chiapas tiene una tasa negativa de crecimiento.

Después de doce años de gobiernos malogrados, que terminaron con una deslegitimidad, un hartazgo y un malestar popular, era obvio que difícilmente se iba a lograr reconstruir los márgenes de gobernabilidad en los próximos seis años. Con este panorama, el peor escenario que podía llegar a suceder es que se incrementara la violencia y la inseguridad en el Estado. Y desafortunadamente sucedió. Hoy día Chiapas presenta problemas de gobernabilidad y de inseguridad.

Bajo estas circunstancias Rutilio Escandón debe primero regresar a la realidad y luego dejar de lado su soberbia y sus rencores, reconocer que no tiene gabinete y que carece de plan de gobierno y debe empezar a tomar decisiones que enderecen el rumbo de la entidad. Para ello, dos acciones prioritarias que deben implementarse de inmediato son la creación de un programa emergente de recuperación económica y generación del empleo y el impulso de un modelo de justicia transicional, que apueste a la pacificación y la concordia en un importante territorio del Estado, que a la vez recupere la verdad, que se sancione a los responsables del clima generalizado de violaciones a derechos humanos en las comunidades indígenas, que se garantice la reparación integral del daño de las víctimas, de los familiares y de la comunidad y que se constituyan mecanismos de no repetición de agravios y crímenes.

En las condiciones sociales de Chiapas, el futuro resulta poco halagüeño para la actual administración, aún y cuando de verdad sean funcionales los apoyos económicos que el gobierno federal viene instrumentando, debido a que estos programas no inciden en la mejora de la gobernabilidad ni inciden en la disminución de la violencia y la inseguridad.

 

 

 

 

La violencia y la inseguridad se viene apoderando de la información que se comparte en las redes sociales, como una forma de mostrar lo que sucede en varias comunidades de la entidad, que las autoridades se resisten en confirmar, como lo mencionó el gobernador del Estado en una reunión de seguridad, en donde dijo vamos bien pero puede estar mejor.

Frente a ese señalamiento, la percepción de la gente es que no vamos bien y con lo que se viene haciendo en materia de seguridad no se puede estar mejor. El gobernador del Estado puede estar mirando su propia realidad, pero esa realidad no corresponde con la percepción generalizada de la población, en el que se considera que la inseguridad está creciendo.

En estos momento en Chiapas no existe un programa estatal de seguridad, no existe un programa de fomento al empleo, no existe un programa de estímulos para el crecimiento económico, no existe un programa de salud, de educación y de fomento a las actividades agropecuarias. En este momento lo que hay en Chiapas es un gobernante de ocurrencias, que sólo está a la espera de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eche a andar sus acciones de política social para subirse a la campaña y promoción de estos apoyos.

En los últimos días hemos sido testigos de la violencia en Amatán, la inoperancia en las acciones para prevenir el desplazamiento interno, la inacción en el pago a los maestros, los homicidios de empresarios gasolineros y de activistas y luchadores sociales, las amenazas de linchamiento en Pueblo Nuevo y la violencia en San Cristóbal de Las Casas; hemos visto el crecimiento de los feminicidios y a la vez hay una preocupante incertidumbre sobre la detención de los presuntos responsables de delitos que la policía ha incriminado. Lo extremo de esa incertidumbre está en la duda del supuesto suicidio de una joven profesora en el puente de Tonalá- Arriaga.

El gobernador  no está comunicando adecuadamente a la sociedad chiapaneca. Su discurso se percibe hueco, demagógico y con muchos cliché que hacen referencia al presidente de la república.

Estos primeros 60 días de la administración de Rutilio Escandón y se dice claramente administración y no gobierno, en virtud de que no hay gobierno, debe conducir a una reflexión que convoque a amplios sectores de la población para definir el Chiapas que se quiere vivir. En estos 60 días ya se mostró una cara del Chiapas que no se debe vivir. Pero más grave aún, la entidad arrastra 12 años de desaciertos en el ejercicio del poder y se corre el riesgo en que ese período se convierte en 18 años, si no se cambia el rumbo del quehacer político en Chiapas.

La historia de las malas decisiones y las consecuencias de ellas ya se conocen en la entidad. Continuar en ese camino es cerrar toda posibilidad de mejora de las condiciones sociales en Chiapas y caer en el desafortunado espiral de la degradación política de los gobiernos.

La situación social y económica de Chiapas es poco halagüeña y el gobernador Rutilio Escandón parece estar empeñado en enturbiar el ambiente con sus declaraciones cargadas de demagogia, cuando habla de los gobiernos irresponsables que ha habido en Chiapas y de aquellos que no tuvieron conciencia.

Paradójicamente Rutilio Escandón colaboró con los últimos gobiernos en Chiapas. Fue senador con Pablo Salazar; fue diputado federal con Juan Sabines y fue presidente del tribunal de justicia con Manuel Velasco. Y en ningún momento hizo un comentario similar al que pronunció el fin de semana; es más, con Sabines y con Velasco Rutilio Escandón fue cómplice.

El actual gobernador habla de irresponsabilidad y falta de conciencia, pero en 60 días que tiene su administración existen severos problemas de inseguridad y de ingobernabilidad como no se había presentado en los gobiernos que lo precedieron, lo que indica que sus cartas credenciales no son mejores como para tener autoridad moral y hacer señalamientos.

Resulta claro que Rutilio Escandón se metió a enjuiciar en un momento en que él está siendo sometido a evaluación y juicio y los resultados no le son favorables. Pero con su comentario el gobernador incurre en un error todavía mayor: distraerse en pleitos con exgobernadores que quitan mucho tiempo, cuando su administración encuentra la salida y Chiapas se está desmoronando en sus manos.

Las condiciones en Chiapas indican que hay todo por hacer y Rutilio en lugar de ponerse a trabajar está perdiendo el tiempo en desacreditar a exgobernadores que ya fueron juzgados por la población. Rutilio Escandón se equivoca si cree que se legitima linchando mediáticamente a Sabines o a Velasco Coello. Sobre todo porque lo que la gente quiere es el castigo. Y el gobernador no tiene condiciones para sancionar ni a uno ni a otro.

Si Rutilio tiene pruebas sobre quienes son los responsables de la crisis que vive Chiapas, lo que debe hacer es presentarlas ante la fiscalía para que se investigue y se finquen responsabilidades y no utilizar las ferias pueblerinas como el espacio del ajuste de cuentas con sus antecesores.    

Rutilio Escandón no puede acusar a nadie de corrupción, porque él fue partícipe de ese desvío de recursos cuando presidió el Tribunal de Justicia. Él conoce muy bien el enriquecimiento inexplicable que tuvieron sus principales colaboradores  y que ahora lo acompañan en la primera línea de la gubernatura. Él sabe que uno de sus más importantes colaboradores utiliza una outsourcing para limpiar las irregularidades presupuestales con facturación.

Asimismo el gobernador debe estar enterado del operativo que se viene montando en la Auditoría Superior del Estado con las auditorías a las presidencias municipales. En el que se le va a instruir a los presidentes que contraten un despacho específico de contadores para solventar las auditorías y allí se va a emplear la outsourcing que tienen para solventar las observaciones y comprobar los gastos utilizando facturas apócrifas, en el que todos los participantes en esta maniobra se enriquecen, a costa de los municipios.

El gobernador lo que debe hacer es ponerse a trabajar, que Chiapas tiene mucho por hacer, en lugar de andar perdiendo el tiempo, buscando problemas.

 

 

 

El gobierno de Chiapas necesita urgentemente de oxígeno. A su agobio financiero y crisis de gobernabilidad se sumó el problema de la inseguridad, situación que complica en demasía las posibilidades de Rutilio Escandón para dar respuesta a las demandas y necesidades de la población chiapaneca.

Chiapas venía arrastrando desde hace varios años problemas de gobernabilidad pero mantenía en los niveles controlables los problemas de inseguridad. Al inicio del nuevo gobierno la inseguridad empezó a crecer y ahora se habla de secuestros, asesinatos, ejecuciones de activistas y asaltos bancarios. Lo grave de esta situación es que no se percibe en el gobierno de Rutilio Escandón es que haya una mínima capacidad de respuesta, lo que significa que los problemas de violencia y de inseguridad continuarán a la alza.

¿Cómo hacer frente a esta difícil situación? Uno, a través de un manejo diferente de una política eficiente y, otra, con la aplicación irrestricta de la ley; lo que permitiría construir nuevos acuerdos políticos y sancionar conductas y delitos, que hoy, por los niveles de impunidad son permitidas.

La violencia y la inseguridad va a ir a la alza debido al alto índice de impunidad que hay en Chiapas, que es el más alto del país, del 99%. Eso significa que de 100 delitos  que se cometen en Chiapas sólo uno se sanciona. Condición que evidencia los niveles de complicidad que hay entre los cuerpos policiales, ministerios públicos, jueces y delincuencia.

De continuar con esta dinámica de problemas de gobernabilidad con inseguridad, todo estará perdido para Chiapas, pues las actividades económicas sufrirán una terrible parálisis, mayor a la que existe y el campo se quedará sin condiciones posibles para su reactivación. Por eso Chiapas requiere urgentemente de oxigeno y una cirugía mayor. Pero Rutilio Escandón tiene otra mirada, está situado en otro punto de la realidad y está convencido que viene realizando un buen gobierno. Esto significa que el gobernador no escucha a nadie.

La violencia, pobreza, inseguridad, desempleo, deficiencia institucional y delincuencia organizada,  son una combinación fatal , que está presente en Chiapas y  que no tiene buenos augurios. Todo esto se convierte en un estallido social con la ausencia de gabinete y de plan de gobierno que persiste en la entidad, lo que hace prácticamente imposible que el gobernador pueda tener márgenes de maniobra.

Los males de la entidad no se van a resolver en seis años. Pero es urgente que se sienten las bases para un proyecto de desarrollo, en el que puedan incorporarse todas las voces en la entidad.

 

Chiapas tiene 12 años sin resultados de gobierno, en ese período se fue deteriorando la convivencia, la gobernabilidad y las condiciones sociales del Estado. Por eso no debiera de sorprender la movilización y la protesta de los grupos, que lo único que reflejan es el abandono de políticas de bienestar que han sufrido de varios años atrás. Paradójicamente de todo esto tenía pleno conocimiento el gobernador Rutilio Escandón, y en los 50 días que lleva de gobierno no ha realizado intento alguna de atender y querer resolver los rezagos económicos y sociales que sean posibles de tener soluciones.

Por eso la pregunta que se hacen algunos comentaristas sobre quién es el que está detrás de estas movilizaciones resulta oficiosa y por demás especulativa. Lo que está detrás de las movilizaciones es el abandono, los incumplimientos y la improductividad del campo. Lo que está detrás es la capacidad de movilización que tienen algunas organizaciones, que coinciden en que la coyuntura es favorable y que además no coincidieron con la candidatura de Rutilio Escandón; de esto último el gobernador debiera de estar profundamente agradecido porque gracias a ese rechazo, él está ocupando el espacio en el palacio de gobierno, veamos porqué.

Las organizaciones que se manifestaron ayer no tuvieron apoyos en el anterior gobierno y terminaron confrontados a él. Eso originó que no participaran en los proyectos políticos que orquestó Manuel Velasco para controlar las candidaturas de todos los partidos. Pero además se aferraron para cerrarle el paso de la candidatura de Eduardo Ramírez Aguilar en el PRD. De esta manera, fueron José Antonio Vázquez y Saraín Osorio, los que promovieron en todo momento a José Antonio Aguilar Bodegas para que fuera el candidato perredista y dejar sin oportunidades a Ramírez Aguilar para ser candidato a la gubernatura, a quien con anterioridad la CIOAC lo había señalado de tener responsabilidad en el asesinato del líder de la organización Luis Hernández Cruz.

En este momento la historia sería otra si la CIOAC y la UNTA no hubieran maniobrado en contra de Eduardo Ramírez. Solo basta observar el número de votos que obtuvo Rutilio Escandón a la gubernatura y los que obtuvo Ramírez Aguilar para el senado. La diferencia fue de 400 mil votos a favor del segundo, lo que deja entrever que ERA seguramente le hubiera ganado las elecciones a Rutilio. Por eso la afirmación de que el actual gobernador debiera de estar agradecido de los líderes de la CIOAC, que indirectamente construyeron el camino para su triunfo a la gubernatura.

En lugar de especular sobre si alguien está maniobrando en contra del gobernador se debe de prestar atención sobre el fondo de los problemas de Chiapas y eso se resume en la improductividad que hay en grandes extensiones de tierra destinadas para la producción de subsistencia, en posesión de campesinos empobrecidos, abandonados y que se les creó la cultura de sobrevivir gracias a los apoyos sociales.

Pero Chiapas no sólo tiene improductividad en el campo sino que sufre parálisis de otras actividades productivas, debido sobre todo a los problemas de desorden social y  a la inacción de la justicia, que produce ingobernabilidad.

Frente a esta situación es correcto que hayan voces que demandan la aplicación de la ley, pero se equivocan de sentido, en virtud de que la demanda de aplicación de la ley está cargada al uso de la fuerza pública hacia los grupos generadores de desorden social y ese no es el camino.

La aplicación de la ley debe iniciar hacia los funcionarios públicos que firman minutas con las organizaciones que no pueden cumplirse. Se debe aplicar la ley a las autoridades que establecen acuerdos de complicidad con liderazgos espurios que fomenta la corrupción y la cooptación de líderes. Se debe de aplicar la ley a funcionarios que aceptan desempeñar un cargo sin tener los conocimientos mínimos de la problemática a la que se van a enfrentar. Se debe aplicar la ley por el delito de omisión a los funcionarios que saben de las inconformidades y tienen conocimiento de que van a existir movilizaciones y no realizan acción alguna para evitarla, atendiendo y resolviendo los problemas para disminuir la protesta.

Sin duda es urgente que se aplique la ley, pero primero el Estado debe apegar todo su funcionamiento en el marco de la ley y nadie debe tomar decisiones que son ilegales. Y eso Rutilio Escandón no lo está haciendo. Como muestra un botón, promovió la designación de un funcionario como titular de la Auditoría Superior del Estado que no cubre los requisitos de ley. Sobre todo, el de tener cinco años de experiencia como mínimo en la realización de auditorias. Y así simplemente no se puede.

 

El gobierno de Juan Sabines Guerrero representó una historia política en el que un desadaptado social ejerció el poder sin límites en medio de una patología que se agravó por un comportamiento libertino, que lo condujo a perseguir e incluso a detener a todos aquellos que lo ayudaron para alcanzar un sueño que terminó en pesadilla.

Juan Sabines como gobernador arraigó a Manuel de la Torre, quien fue el que lo rescató de la deuda y de la miseria en la que vivía en sus primeros días en Tuxtla Gutiérrez. Luego persiguió y encarceló a Pablo Salazar, quien le tendió la mano a petición de María de los Ángeles Moreno y lo hizo su protegido; en esa período de la historia lo condujo de diputación local a la presidencia municipal de Tixtla Gutiérrez y      de allí lo catapultó a la gubernatura del Estado. El pago que recibió Pablo Salazar, por esa carrera política meteórica que le hizo a Sabines, fue 18 meses de cárcel.

Sabines también persiguió a José Antonio Aguilar Bodegas, quien fue su padrino político y lo introdujo al juego político chiapaneco en el gobierno de Roberto Albores Guillén. Ya como gobernador, Sabines también traicionó a Andrés Manuel López Obrador, y desde el primer minuto se puso a las órdenes del presidente Felipe Calderón, con quien estableció buenas relaciones a partir de que ambis padecen de las mismas debilidades. Por todos estos actos de deslealtad, el columnista Raymundo Riva Palacios le escribió a finales de ese malogrado gobierno una columna que le tituló “El Traidor del Trópico”.

En el gobierno de Sabines se ejercieron 300 mil millones de pesos, sin que se hayan realizado obras significativas que justifiquen tal dispendio de recursos. Pero además endeudó al Estado en 16 mil millones de pesos, pero dejó de pagar a contratistas de obra y el pago de servicios por una cantidad que se calculó en 20 mil millones de pesos. Muchas familias se empobrecieron ante tal irresponsabilidad del no pago de los adeudos; algunos constructores se murieron por el pesar ocasionado por la pérdida de su capital y hay varia viudas, madres y esposas que todavía maldicen el nombre de Juan Sabines por el daño ocasionado al patrimonio familiar de cientos de familias.

Este personaje busca retornar al escenario chiapaneco, que desangró y lo condenó a la miseria, en el que su irresponsabilidad produjo una deuda en el que existe una obligación de pago de más de 4 millones de pesos diarios por 30 años.

Su primer acto fue la publicación de una carta en el que manifiesta su rechazo a la suspensión del programa Amanecer. Su segundo acto fue la difusión de un video en el que trata como falso el endeudamiento de Chiapas en su gobierno, donde se vierten elementos que pueden tipificarse como causas del delito de colusión de funcionarios, en el que participaron diputados de diferentes legislaturas, al autorizar que se contrajera deuda para destinos que no contempla el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es el financiamiento del gasto corriente en educación, salud, empleo, seguridad y la reconstrucción de Chiapas, en el que el gobierno de Pablo Salazar dejó una cantidad cercana a los 2 mil millones de pesos para que se concluyera con la reconstrucción de los daños ocasionados por el Stan. Esta irregularidad en los expedientes de la deuda, al hacerse público, obliga a la fiscalía a investigar, pues esas decisiones ocasionaron un grave daño económico a las finanzas públicas.

El tercer acto de aparición se dio el día de ayer, en la convocatoria para una reunión de los XV años de la Fundación Sabines, un organismo inexistente, pero que representó un magnífico pretexto para hacerse presente en las redes sociales.

Estos tres actos del retorno de Juan Sabines y su familia, obliga a la interrogante sobre si se contó con la anuencia del gobernador Rutilio Escandón, lo que estaría prefigurando una alianza entre ellos, que no resulta saludable para Chiapas. En el caso en que el gobernador no haya tenido conocimiento de estos movimientos, la situación resulta todavía peor, pues eso significa que Sabines y su familia se aprovechan de la debilidad del gobierno de Rutilio Escandón y buscan desestabilizar más al Estado, que padece graves problemas de gobernabilidad y de inseguridad.

 

 

 

 

La defensa de Juan Sabines de su gobierno vía un video en las redes sociales, no pudo haber sido más inoportuna como el momento actual que se vive en Chiapas, de pleno derrumbamiento del gobierno de Rutilio Escandón.

La defensa de Sabines de sí mismo resulta inoficiosa y es una muestra clara de la pérdida de sentido de la realidad que padece este siniestro personaje. Se esmera en demostrar que su gobierno no endeudó a Chiapas en la magnitud que se señala, pero mañosa y perversamente oculta la realidad de la deuda por obras y servicios que su gobierno no pagó y que a muchos negocios y ciudadanos todavía se les debe y en la que él, a través de la defensa que hace de su gestión, abre la posibilidad de ventilar la deuda y exigir el pago de la misma, así como el fincamiento penal de responsabilidades.

En su inútil defensa, Juan Sabines cae en un error al evidenciar la ilegalidad de los empréstitos que le autorizó el Congreso. La deuda, de acuerdo al contenido del video, se aplicó para la reconstrucción de desastres, en seguridad, educación, salud y empleo. Aún y cuando señala que dos mil millones de la deuda contraída para la reconstrucción y la seguridad la absorbió la federación, todas éstas fueron ilegales al contraponerse a los términos que mandata el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución, que expresa literalmente  “Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado”. Ese mismo párrafo termina señalando: “En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.”

De acuerdo con lo dicho en la defensa delatadora de Sabines, en Chiapas se contrajo deuda para el gasto corriente en educación y salud, que debieron de haber sido previstas en el presupuesto de egreso y se contrajo para la reconstrucción y la seguridad que no son inversiones públicas productivas. Y como colofón, toda la deuda de Sabines no se realizó bajo las mejores condiciones del mercado, lo que implicó una renegociación de la deuda.

El video de la defensa del gobierno de Juan Sabines enturbia más las condiciones políticas de Chiapas, en donde no hay gobierno ni Estado. Pero la coyuntura obliga a que Rutilio Escandón sea favorable para la investigación de la verdad sobre la deuda pública de Sabines, sobre los contenidos de los expedientes que sirvieron de soporte al Congreso para autorizar la deuda, para que se investigue en qué realmente se destinaron todos los empréstitos y se evalúen los verdaderos resultados sociales de esa deuda que afecta y imita las condiciones de desarrollo de la entidad.

Todos los responsables del endeudamiento de Chiapas, ya sea por acción u omisión debe ser llamados a cuenta y en el caso de que se comprueben que existió responsabilidad, los funcionarios que participaron en esa felonía a la sociedad chiapaneca deben ser sancionados.

De no integrarse la investigación sobre la deuda, Chiapas pierde, pues Juan Sabines abrió un frente en contra de Manuel Velasco, quien tiene la responsabilidad de haber otorgado un salvoconducto de impunidad a Juan Sabines y todos sus compinches que desangraron financieramente a Chiapas, lo que va a originar que otros actores políticos de la entidad aprovechen la ocasión para el ajuste de cuentas en el espacio del no poder, pero que inevitablemente el conflicto va a arrastrar al gobernador Rutilio Escandón, quien no logra demostrar que tiene cualidades para ser el gobernador de Chiapas.

 

El ejercicio del poder en muchas ocasiones está acompañado de una creciente pérdida del sentido de la realidad. Esto resulta evidente en los últimos gobernadores de Chiapas, que en medio de un desastre gubernamental creían que estaban realizando un gobierno ejemplar.

Juan Sabines  inventó la historia del Biodisel y en el extremo de la megalomanía organizó eventos como el del primer vuelo de Interjet con Biodisel, montó las estaciones expendedoras de este combustible y en medio de su locura buscó embaucar al Secretario General de la ONU, que Chiapas era un importante productor de Biodisel.

La pérdida del sentido de realidad en Sabines Guerrero  resulta emblemática, pues a la fecha, con el proyecto de las ciudades rurales, sigue pensando que las acciones de su gobierno redujeron la pobreza y que el programa de Amanecer fue un instrumento promotor de inversión.

Manuel Velasco también vivió en una burbuja que le impedía ver la realidad de su gobierno, en el que estaba convencido que el pueblo de Chiapas lo quería y se lo hacía sentir en los eventos, en donde miles lo vitoreaban y él les hablaba a sus mujeres. En esa pérdida de sentido de realidad se promovió en todo el país en la búsqueda de la presidencia, y Chiapas vivió un período de corrupción, despilfarro e impunidad.

Tal parece que los males del ejercicio del poder se contagian en virtud de que el gobierno de Rutilio Escandón vive una fase extrema de descomposición social con problemas de gobernabilidad y de inseguridad nunca vistos, pero él está convencido que viene realizando un extraordinario gobierno. Un día habla de la paz y seguridad en Chiapas. Otro día menciona que en Chiapas nadie está por encima de la ley. Con frecuencia suele hablar de que en Chiapas se acabó la corrupción. La pérdida de sentido de la realidad en Rutilio Escandón no le permite visualizar que en Chiapas no hay gobierno o peor aún, no hay Estado.

Gran parte de este mal en Chiapas se debe a la actitud de lisonja que se expresa en torno del gobernador y a la ausencia de una oposición real, que lo presione a ser cuidadoso en la toma de decisiones. Esta situación ocasiona que nadie se atreva a señalarle al gobernador los errores y  que no haya límites al ejercicio del poder del gobernante. A eso hay que agregarle los significados de la cultura política que considera que el jefe nunca se equivoca o la del jefe siempre tiene la razón, pero también está la desafortunada frase de que en Chiapas ni las hojas de los árboles se mueven sin la autorización del gobernador.

 

 

El gobierno de Chiapas está errando el camino para construir la paz en un amplio territorio que comprende la región de los Altos y Norte del Estado. La obligación del Estado es la de erradicar la violencia en los municipios en donde prevalecen grupos paramilitares, pero la decisión que tomó fue la de militarizar la zona, como si los militares inhibieran la violencia o como si la paz se construyera por decreto.

La construcción de la paz debe formar parte de un plan, de una política pública que mejore las condiciones de vida de la población y que disminuya el rencor, la discriminación, la ignorancia, el dogmatismo, la marginación y la impunidad.

Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana. Sobre todo porque el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz debe ser acordado con los miembros de la comunidad. Debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para construir la paz.

Por ello la decisión de militarizar con patrullajes como una forma de evitar las agresiones paramilitares en los municipios de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán sólo genera el retorno a las condiciones de antes del año 2000, en el que existían retenes militares y que fueron retirados por el gobierno de Vicente Fox.

Con la acción del patrullaje militar en Aldama , Chenalhó y Chalchihuitán, resulta claro que el gobierno de Rutilio Escandón no entiende la diferencia que existe entre la razón de la fuerza y la fuerza de la razón y no entiende el papel histórico que le toca jugar en el proceso de concordia y pacificación de la zona de conflicto en las comunidades indígenas. El gobernador, al otorgar su anuencia para la presencia de los militares, sobre la base de los hechos está cancelando en estas comunidades el derecho de vivir en paz y pone en entredicho el derecho a la vida y la dignidad de las comunidades.

Chiapas se encuentra al margen de la importante discusión que se está dando en el centro del país sobre la necesidad de implementar un modelo de justicia transicional. Aquí no existe el interés de investigar sobre la verdad de los hechos violentos y el que se haga justicia, se sanciones a los responsables de la violencia generalizada en la región, se establezcan mecanismos de reparación y se promuevan acciones de reinserción e integración comunitaria.

Tal parece que la lógica en el gobierno de Chiapas es mantener la violencia o peor aún, impulsar la pacificación de las comunidades con el uso de la fuerza y el patrullaje militar.

El gobernador Rutilio Escandón requiere que alguien le explique que el gobierno chiapaneco tiene dos medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una por los desplazados de Chenalhó, que interpuso el defensor de derechos humanos Diego Cadenas y otra por los desplazados de Chalchihuitán que interpuso el Frayba. A su vez tiene dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; una por los hechos de violencia en Chenalhó y la otra por los hechos de violencia de Chalchihuitán.  Con estas disposiciones, el gobernador está obligado a establecer mecanismos de prevención para que no se repitan hechos de violencia en la zona, pues de suscitarse él sería la autoridad responsable por acción y omisión y compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano.

Días después de la terrible tragedia ocasionada por el incendio en Tlahuelilpan, Estado de Hidalgo, se ha desatado una campaña mediática que busca desacreditar el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e indirectamente hacia la actividad de los propios defensores de derechos humanos.

No hay en los medios y en las redes sociales nada más desafortunado, que esa campaña que está dirigida en contra de la propia población y que atenta sobre uno mismo, pues una de las funciones de las comisiones defensoras de derechos es la de ser garantes de que las autoridades respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.

Uno de los señalamientos más reiterados que descalifica el trabajo de las comisiones es que sólo sirven para defender a delincuentes y junto a este argumento también se escucha la frase de que los derechos humanos son sólo para los humanos. Lo paradójico es que en el país hay una crisis generalizada de derechos humanos, en donde a diario somos víctimas de abusos, excesos y arbitrariedades de autoridades de los tres niveles de gobierno. Esas violaciones se traducen en una baja calidad educativa, en un mal servicio de salud, en retenes policíacos que son todos ilegales, en detenciones arbitrarias, en malos servicios públicos, en violaciones a derechos políticos, en la corrupción de los funcionarios, en las prácticas de tortura, en violaciones al debido proceso, etc., etc., Todo esto hace que sea imposible encontrar una persona que no sienta que se violan sus derechos humanos.

En los medios y en las redes sociales hay una carga de sobepolitización de los hechos que termina desinformando o manipulando la información, lo que finalmente produce los mismos efectos. Ejemplo de ello es la investigación que la CNDH solicita para los militares y fuerzas de seguridad que estaban presentes en los sucesos lamentables del incendio del ducto de gasolina, que produjo cerca de cien muertos y decenas de heridos. El desconocimiento y la manipulación generó que se criticara la decisión de la CNDH, cuando en realidad esta dependencia está cumpliendo con sus atribuciones legales.

Al respecto veamos lo que establece el artículo 1º de la Constitución cuando señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencia,  tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y además tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

En estricto sentido los militares en el área del desastre estaban ahí para proteger, cuando se da la explosión, frente a esa tragedia con un centenar de muertos, era el propio presidente de la república quien estaba obligado a instruir se realizara las investigaciones correspondientes y que se sancione a los responsables y en ese momento no lo hizo.  Esa omisión presidencial es lo que llevó a la CNDH a solicitar la investigación y lo hizo porque ese es su deber.

Otro ejemplo del desconocimiento de la ley y de la obligatoriedad hacia los derechos humanos se encuentra en la crítica que se realiza a la ayuda humanitaria  a la caravana de migrantes centroamericanos. En esa situación México no tiene opción a decidir si ayuda o no. Está obligado por los convenios internacionales firmados por el país. Y cuando un extranjero pisa suelo mexicano, sin importar si es ilegal, tiene la protección de las leyes mexicanas y por lo tanto la universalidad de los derechos humanos lo protegen en los términos del artículo 1º de la constitución ya mencionado. De existir el incumplimiento a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el Estado Mexicano queda sujeto a ser demandado por el incumplimiento a la responsabilidad internacional del Estado.

El argumento que se escucha, sobre que el Estado mexicano antes de ayudar a los migrantes debiera de atender y resolver los problemas de pobreza y empleo a los mexicanos es válido, pero planteado de manera equivocada, Sobre todo porque no se puede atentar sobre los derechos humanos de las personas y que además son universales, sino que el enojo y malestar debe encaminarse hacia la exigibilidad y cumplimiento pleno de los derechos humanos de toda la población chiapaneca. Para ello es factible y deseable demandar al Estado para que cumpla con sus obligaciones, como ya lo vienen haciendo varios organismos defensores de derechos humanos.

 

 

 

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