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Wed, Jul
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Ya se ha señalado que el gran elector en Chiapas fue el gobernador Manuel Velasco, quien actuó como alquimista electoral para acomodar las cifras de resultados de acuerdo a su conveniencia. En esta acción se pisotearon los derechos políticos de la población y con ello se violó el derecho a la elección. No por algo más del 50 % de los municipios en la entidad se encuentran actualmente en litigio en el tribunal electoral.

Rutilio Escandón, el gobernador electo, se comprometió a que en Chiapas se tendrá un verdadero Estado de derecho, lo que implica que no va a haber nadie por encima de la ley. La oferta política es válida y tentadora pero con pocas posibilidades de que se llegue a cumplir.

En un amplio sector de la población chiapaneca existe el consenso para declarar a Manuel Velasco Coello como el peor gobernante en la historia de la entidad. Las estadísticas económicas así lo confirman: el crecimiento de la economía durante este  sexenio es de tasa negativa; La pobreza y la pobreza extrema pasó del 74 al 78%; de acuerdo con el INEGI, en el 2017 solo se crearon 35 nuevos empleos formales. Lo grave es que el ejercicio presupuestal del sexenio superan los 420 mil millones de pesos, en el que nadie sabe en donde o en qué fueron ejercidos.

El gobierno de Manuel Velasco Coello, desde el primer día de gestión, demostró una  parálisis en la toma de decisiones, en la que bien a bien nunca se supo quien era el que mandaba – pero el rumor popular señalaba que era su madre-, ese gobierno se caracterizó por sus decisiones cada vez más desacertadas, que terminaron convirtiendo la gobernanza de la entidad en un polvorín, en el que se preveía que las elecciones iban a ser de alto riesgo, por la descomposición social generalizada,  debido a la inacción política y a la desatención de los problemas de la entidad.

Chiapas padece una multiplicidad de problemáticas, pero tres sobresalen en su urgente atención, por el nivel de deterioro alcanzado:  las condiciones sociales de pobreza y desigualdad social que se viven en todo el territorio;  la ausencia de un sistema de justicia eficaz y la necesidad de construir mecanismos para la paz, que disminuya los conflictos y la violencia en la entidad.

En la actualidad, la crisis social en Chiapas es severa: 77.4% de la población vive en pobreza y pobreza extrema; tiene el primer lugar en el país en muerte materno infantil; el primer lugar en infección del SIDA; el 84% de sus niños y adolescentes viven en pobreza; la economía de la entidad no sólo no tuvo crecimiento sino que tiene una tendencia negativa; se cayó la producción del café por la contaminación de la roya, que representó durante décadas el principal artículo de exportación y de ingreso a las comunidades; hay una deuda pública de más de 40 mil millones de pesos, lo que hipotecó el futuro de Chiapas; el crecimiento del producto interno de la entidad es del -2%; ocupa el primer lugar en el país en rezago educativo; el 18% de la población es analfabeta; y así, se pueden seguir enumerando una cantidad preocupante de cifras oficiales negativas, que muestran la verdadera cara de un Chiapas, con una profunda desigualdad económica, con graves problemas de gobernabilidad, con gobiernos ineficaces y que sitúa al gobernador Velasco Coello con las peores calificaciones de todos los gobernadores en el país.

Los gobiernos encabezados por Juan Sabines y Manuel Velasco llevaron a Chiapas a una situación de profunda problemática, en donde no solo se pervirtieron a las instituciones sino que se produjo una descomposición social, en donde prevalecen actitudes de agresión y violencia que evidencia una incapacidad creciente para la negociación.

En días pasados la exministra Olga Sánchez Cordero, quien va a ocupar la secretaría de gobernación en el nuevo gobierno, en una entrevista para la televisión, habló sobre la propuesta de amnistía que en campaña propuso Andrés Manuel López Obrador.

En Chiapas hay un malogrado gobierno, que redujo estrepitosamente los índices de legitimidad y popularidad del gobernante y al mismo tiempo acrecentó el malestar y la indignación de la población, pues Manuel Velasco no tomó decisiones, aún y cuando Chiapas representa el caos social y su única preocupación fue la de ganar las elecciones. Ya se ha dicho en otras ocasiones que el gobierno de Velasco Coello se describe con 10 palabras: ineficacia, corrupción, pobreza, indiferencia,  despilfarro, caprichos, opacidad, frivolidad, incertidumbre e impunidad.

Mientras el IEPC inició la entrega de constancias de mayorías a los candidatos ganadores de la contienda electoral del 1 de julio, un importante número de comités municipales del IEPC se encuentran tomados o bajo el acecho de militantes y simpatizantes de candidatos que se dicen ganadores o de quienes reclaman la existencia de un fraude.

Lo razonable es que después de las elecciones todo retornara a la normalidad y en los casos en que haya inconformidad en los resultados, ésta se dirimiera en los tribunales como establece la ley. Sin embargo en Chiapas la violencia se ha constituido como el significado de normalidad, y aunque los asesinatos sea una recurrencia en las comunidades, la autoridad termina concluyendo de que no pasa nada.

En reiteradas ocasiones se mencionó que el gobernador Manuel Velasco Coello, al intervenir directamente en el proceso electoral se convertía en automático en el responsable de la violencia poselectoral. Esta ya se presentó en los municipios de Venustiano Carranza, Tila, Ocozocuatla, Tapilula y La Concordia, en donde se reportan tres muertos, varios heridos y carros y viviendas incendiadas.

En las elecciones del 2006, Vicente Fox utilizó de manera ilegal los recursos en manos del presidente para impedir el triunfo electoral de López Obrador y el beneficiario de ese acto fue Felipe Calderón. Doce años después, con un país más maltrecho y con una delincuencia organizada que tiene infiltrada a las policías municipales de los municipios más importantes del país, lo que representa riesgos para la seguridad y para el establecimiento de un gobierno democrático, López Obrador gana la presidencia de la república.

La historia escribió Carlos Marx se repite dos veces, la primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Chiapas, en menos de doce años conoció las dos partes de la historia. Tuvo una tragedia con el gobierno de Juan Sabines y luego vino la miserable farsa con el gobierno de Manuel Velasco.

Los riesgos de la elección del 1 de julio en Chiapas son altos. Ya se ha documentado en varias ocasiones los conflictos poselectorlaes que se perfilan en más de 15 municipios. Pero además la intervención gubernamental ha sido grosera y abusiva, que con frecuencia se habla de una elección de Estado, en el que se atropellaron a partidos y candidaturas.

La rebelión indígena zapatista de enero de 1994, se manifestó como una respuesta al fracaso político de la clase gobernante mexicana, quien en 70 años de gobierno, no logró sostener la continuidad de un programa de justicia social y de construcción de un Estado de derecho. Este hecho mostró la  crisis y el agotamiento del régimen político del partido hegemónico y no fue casualidad que el movimiento indígena estallara en Chiapas, la entidad federativa de la República Mexicana con los mayores índices de desigualdad social en el país, y que en ese momento, expresaba las mayores contradicciones de un modelo de modernización económica –que propuso la integración del país al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá-, con la prevalencia de una sociedad tradicional, como la chiapaneca, con una larga historia de resistencia, de conflictos internos por la lucha de la tierra y gobernada por un grupo político con fuertes anclajes al pasado, que establecía como su principal fuente de dominación la violencia institucionalizada.

En distintos sectores de la población existe la percepción de que las elecciones del 1 de julio en Chiapas, son las que presentan las mayores ilegalidades y falta de transparencia en la historia de la entidad. El principal responsable de esta situación es el gobernador Manuel Velasco Coello, quien decidió cancelar toda posibilidad de una elección  en condiciones de igualdad y libertad, que fortaleciera un proyecto democrático.

La ausencia de una cultura de respeto a los derechos humanos genera la reproducción  de prácticas  violentas y autoritarias no sólo de parte de las autoridades, sino entre la propia población y las organizaciones políticas. 

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