En una entrevista que dio el secretario de obras, Ángel Torres Culebro, señaló que los empresarios que se oponen a la obra del circuito vial en Tuxtla tienen cola que les pisen, y con base a los nuevos acontecimientos, se observa que el gobierno de Chiapas realizó todas las presiones a su alcance para que estos empresarios se conviertan de pronto en los promotores del beneficio de dichas obras y las entrevistas que dieron, con su nueva postura, se difunde en todos los medios, en el que aparece la mano del gobierno.

Sin embargo, el hecho que dos empresarios, que fueron presionados y amenazados con sabe qué argumentos significan tres cosas: una, que el gobierno va con todo para garantizar la construcción de los puentes sin que haya autorización del estudio de impacto ambiental y de impacto social, que no le importa realizar consulta alguna a la población, ni derribar árboles, algunos de ellos con una edad superior a los cien años, que va a utilizar todos los medios a su alcance para que nadie impida la realización de esas obras; dos, que esa obra faraónica no es ninguna solución a la movilidad de la población, porque la mayoría de ésta utiliza transporte público, que poco o nada va a utilizar estos puentes ya que éstos transitan por las laterales y mucho menos se va a resolver el congestionamiento vial del centro de la ciudad, situación que confirma la verdadera razón de esta obra, es el soporte financiero para las campañas del 2024 y el circuito vial representa el monumento de la corrupción del gobierno de Rutilio Escandón. Y tres, el hecho en que dos empresarios se hayan doblado ante las presiones del gobierno, no significa que otros sectores de la población, inconformes con la construcción del circuito vial, vayan a abandonar la lucha, que parcialmente ya se judicializó por que se han interpuesto varias decenas de amparos en los juzgados federales.

Esta obra ha despertado las pasiones, hay defensores a ultranza de esta mal llamada modernización de Tuxtla, pero a su vez, hay grupos de población inconformes, que están convencidos de que esta obra no es la solución de la movilidad en Tuxtla Gutiérrez. El concepto de la movilidad está siendo mal empleado por el secretario de obras y de sus aplaudidores, que no logran entender, que el centro de la movilidad está en las personas y no en los vehículos. Por eso cuando algunos especialistas que se han manifestado en contra de las obras, mencionan la necesidad de mejorar primero las condiciones del transporte urbano, no los entienden-

El punto de esta discusión, que va a terminar de polarizar a la población, está en el cumplimiento del principio de legalidad, que hasta este momento está siendo violentado por las autoridades municipales y estatales. El municipio autorizó ya la obra del circuito vial y el derribo de casi medio millar de árboles, violando su propia normatividad y normas federales y convencionales, esto en virtud, de que para se autorice una obra de las dimensiones del circuito vial, se requiere primero la autorización de parte del consejo consultivo metropolitano y éste no ha sesionado, lo que significa que el acuerdo del cabildo es nulo en derecho.

El gobierno estatal también está en la ilegalidad, porque no ha armonizado la ley de movilidad estatal con la ley general de movilidad, armonización que debió de realizarse hace tres meses y ésta no se realiza porque en la ley general, existen claras restricciones para la autorización de obras como el circuito vial, que concentra la mayor cantidad de recursos en esta obra y deja en la desprotección otro tipo de obras básicas y necesarias para la población. Parte de esta ilegalidad, se encuentra en la ausencia de consulta a la población y más en virtud de que se encuentra asignada la obra cuando aún no tienen autorizado por parte de SEMARNAT el estudio de impacto ambiental.

Son estas ilegalidades las que se van a explotar en los tribunales federales, con el riesgo de que un juez otorgue la suspensión provisional y obligue al gobierno de Chiapas a que apegue sus decisiones al marco de la ley. 

Es muy conocido que en Chiapas  no hay paz ni justicia. Esto es una realidad que se palpa todos los días, aunque la demagogia en boca de los políticos pregonan  que en la entidad se vive en paz y hasta rinden informes de  una supuesta eficacia de la seguridad pública en la entidad.

Este discurso lisonjero le hace daño a Chiapas y mella la credibilidad del gobierno tanto federal como de la entidad y termina fomentado la construcción de un mundo irreal, que no corresponde con la condición de deterioro de la dinámica social que se vive en la entidad, situación que confirma que estos funcionarios y políticos no están a la altura de las circunstancias sociales que Chiapas requiere atender urgentemente.

Chiapas ha vivido sucesos políticos que en otras circunstancias el gobernador ya hubiera sido llamado a cuentas e inclusive orillado a pedir licencia. Entre estos sucesos están la presencia de grupos de autodefensa en más de 10 municipios de la entidad; el largo conflicto político en el municipio de Oxchuc, que con frecuencia impide la circulación vehicular; el conflicto en el municipio de Pantelhó en donde el grupo armado El Machete desapareció a 23 personas; las varias decenas de asesinatos en el conflicto entre Chenalhó y Aldama, que además produjo desplazamiento forzado de población;  los problemas sociales en Tila que vive un virtual estado de sitio; los enfrentamientos armados de grupos delincuenciales en Frontera Comalapa, cuya carretera se convirtió en el paso más peligroso de la entidad, así como los enfrentamientos en el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, zona de enfrentamientos entre cárteles; los graves problemas generados en los municipios fronterizos por la falta de una adecuada política migratoria que obliga a un reclamo enérgico al gobierno federal para que preste atención a esta problemática; y  la ilegal resolución de la Suprema Corte, que despojó a Chiapas más de 160 mil hectáreas de su territorio para entregárselo a Oaxaca, cuyo silencio y complacencia del gobernador lo descalifica para seguir gobernando el Estado.

Bajo estas circunstancias, resulta muy complejo construir gobierno y más si  se deja esta responsabilidad en manos de diletantes y aventureros, a quienes no les interesa garantizar la paz y mucho menos atender las demandas de la población con el fin de disminuir los problemas sociales que prevalecen en gran parte del territorio chiapaneco.

Las condiciones políticas en Chiapas son de una extrema fragilidad, ya que cualquier chispa puede provocar la violencia en las comunidades y más bajo la circunstancia de que la mayoría de las organizaciones se encuentran fuertemente armadas.  

En estas condiciones de caos social  y de violencia el sector que mantiene sus beneficios es el de los grupos de la delincuencia organizada que abiertamente operan en Chiapas y que se encuentra articulado a los diversos conflictos mencionados, que tienen bajo su control a cuerpos policiales, y varias presidencias municipales, y quienes semanalmente aportan recursos a funcionarios de la secretaría de seguridad y de las fiscalía estatal y general de la república, quienes protegen a la delincuencia organizada y colaboran en la creación de patrones de impunidad.

El trasiego como la corrupción es público, por eso sorprende e indigna que esto no sea del conocimiento de los funcionarios federales que reproducen el discurso de un Chiapas seguro, como se informó en la reciente visita presidencial a Chiapas.

En la historia de la Universidad Autónoma de Chiapas, las gestiones de la rectoría con mayor cuestionamiento, deslegitimación y descrédito, han sido aquellas en las que los rectores fueron reelectos, a punto tal, que en dos casos la universidad entró en conflicto y paralización de actividades, en que el Rector tuvo que renunciar y en un tercer caso, el gobernador de la entidad, en ese momento Patrocinio González Garrido, le dio una salida digna al Rector y lo hizo diputado federal. La cuarta reelección de un Rector es la que vive actualmente la Universidad, con Carlos Faustino Natarén Nandayapa, quien al igual que sus antecesores tiene un descrédito por su falta de comprobación de grados académicos, con validez oficial de estudios, y que lo convierte en una autoridad ilegal e ilegítima para continuar desempeñando el papel de Rector en la Universidad.

En su currículum el Rector manifiesta haber realizado estudios de maestría en la UNAM, algo que ahora se sabe no es cierto, sólo se inscribió dos semestres; uno lo aprobó y en el otro ya no se presentó para continuar sus estudios. Pese a ello, en la página de transparencia de la misma UNACH, se señala que Natarén Nandayapa tiene como grado máximo comprobable la Maestría en Derecho Constitucional, algo que tampoco es cierto o que por lo menos, el Rector no ha podido demostrar.

En su currículum manifiesta haber obtenido el grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid, un doctorado de tercer ciclo, que en México, en realidad, equivale a una maestría. Sin embargo los estudios en el extranjero, tal y como lo indica el artículo 42 de la Ley General de Educación, para que tenga validez oficial de estudio debe de estar revalidado, documento de revalidación, que a la fecha no ha sido exhibido para demostrar la validez de sus estudios.

Bajo estas circunstancias, el Rector no cumple con las disposiciones de la Ley Orgánica, que textualmente señala como requisito para ser Rector: Tener, preferentemente, grado de maestría o doctorado otorgado por institución de educación superior que tenga reconocimiento por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La redacción de este artículo es deficiente, al incorporar entre comas la palabra preferentemente, pero esto lo que significa es que los grados de maestría o de doctorado hayan sido obtenidos en un programa académico con reconocimiento CONACYT. Con esto se configura la pretensión perversa de dejar fuera de la posibilidad de ocupar la rectoría a todos aquellos académicos que obtuvieron sus posgrados en programas académicos que no están reconocidos por el CONACYT.

Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, el Rector de la UNACH no cumple con estas disposiciones legales y su nombramiento ha sido producto de un fraude, que debe de ser sancionado.

En la primera gestión del Rector, se creó un clima de persecución y de terror en la Universidad, en el que docentes, hombres y mujeres, fueron despedidos a través de la fabricación de delitos, acusados varios de ellos por plagio académico y varios más, por estar cobrando una categoría de docente sin tener los grados de estudio. Estas causas que motivaron los despidos, renuncias y jubilaciones forzadas, son menores a la usurpación de grados académicos y fraude genérico cometido por el Rector; quien paradójicamente también ha cobrado un salario con una categoría de docente, que no corresponde a sus grados de estudio.

La Junta de Gobierno, quien hasta ahora ha guardado un silencio cómplice, es partícipe del presunto fraude académico, pero además, como todos sus integrantes forman parte de la comunidad universitaria, se encuentran bajo el delito de falta de probidad, al validar un nombramiento fuera de la norma, falta grave, que de acuerdo a la relación laboral de la universidad amerita la rescisión laboral.

A sólo unas horas de terminada la conferencia mañanera del presidente en Tuxtla, en donde el secretario de la defensa ratificó el discurso de mentiras oficiales de que Chiapas es la entidad más segura del país, hubo una balacera en San Cristóbal de Las Casas, que denota quienes son los dueños del territorio. En ese mensaje el General Crescensio Sandoval omitió las ocasiones en que la Guardia Nacional, organismo militarizado, ha sido atacada y humillada por los grupos paramilitares y delincuenciales en Chiapas. Omitió que la Guardia Nacional fue desarmada en Chenalhó y cómo este cuerpo militar ha sido replegado por el grupo de “Los Motonetos” en San Cristóbal de Las Casas y cómo el grupo paramilitar “Machete” mantiene el control de Pantelhó a pesar de que la Guardia Nacional se encuentra apostada en ese municipio.

El general secretario de la defensa omitió, o peor aún, desconoce, que en Chiapas hay muertos con violencia que no se cuentan, que no son parte de las estadísticas oficiales; en Pantelhó y en los enfrentamientos entre Chenalhó y Aldama hay cientos de asesinados que no se cuentan porque no llegan los ministerios públicos, son los propios familiares los que levantan los cuerpos y luego los entierran. En Frontera Comalapa son cientos los asesinados en enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, pero ellos mismos levantan a los muertos y los entierran, sin que el ministerio público levante un reporte de los hechos. Pero además se conoce de diversos enfrentamientos en el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, en donde los muertos son enterrados en fosas clandestinas, y por ello no forman parte de las estadísticas oficiales.

Pero el presidente no se quedó atrás en las falsedades. Mencionó que en Chiapas no se consumen drogas o si se hace es mínimo, por eso no hay violencia en el Estado. Para verificar esta mentira basta con recorrer los bares en San Cristóbal o en Tuxtla en donde el narcomenudeo se realiza está presente en total impunidad. Otra falsedad es cuando reprueba las agresiones que sufrió la ministra presidente en la marcha morenista del 18 de marzo, cuando él mismo es el promotor de la violencia en contra de la Suprema Corte, en contra de los periodistas y en contra de todo aquel que ose criticar a su gobierno.

Pero la falsedad que no puede pasar por alto es el señalamiento de que en la marcha del 26 de febrero realizada por grupos de la sociedad civil se quemó una imagen del presidente, como fue señalado en la conferencia mañanera, en donde el propio presidente se sorprendió de las mentiras que su vocero le dijo. En su incredulidad el presidente manifestó que no sabía que en esa marcha se había quemado una imagen de él, y la realidad es que no lo sabía porque ese hecho es falso, y así fue desmentido por un comunicado del Frente Cívico Nacional.

Después de esta visita del presidente de la república a Chiapas, queda de manifiesto que la entidad es abandonada a su suerte, en el que prevale el discurso de las mentiras oficiales.

El gobernador Rutilio Escandón agradece el apoyo que ha brindado el presidente López Obrador para alcanzar el bienestar de la población en Chiapas. Asegura que en la entidad se reciben más de 30 mil millones de pesos al año en los distintos programas sociales, que benefician a más de dos millones de chiapanecas y chiapanecos, recursos que no han ayudado para disminuir la pobreza y cuyo ejercicio resultan inexplicable, por la ausencia de resultados en el de procurar bienestar a la población.

Algo se está haciendo mal en Chiapas, que el dinero en la entidad no está teniendo el impacto social que se requiere, sobre todo porque en el año 2022, Chiapas es la entidad del país que más creció en el envío de remesas del extranjero y fueron más de 2 mil millones de dólares los que se enviaron a Chiapas, cantidad que de sumarse con los recursos de los programas sociales hacen una cantidad de 70 mil millones de pesos, recurso importante para iniciar el cambio del rostro de Chiapas, pero esto no es así, pues la pobreza y la desigualdad social sigue creciendo.

Pero estos recursos no son los únicos que se distribuyen en Chiapas, está los recursos generados por la delincuencia organizada: tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, trata, pornografía, etc., etc., que dejan un importante margen de recursos. A esto hay que agregarle los ingresos por actividades turísticas, que de acuerdo a los informes, se indica que Chiapas fue visitado por más de 3 millones de personas, dejando un margen superior a los 10 mil millones de pesos.

Como se puede observar, los ingresos en Chiapas por las diferentes actividades alcanzan los 100 mil millones de pesos, una cantidad similar al presupuesto que la entidad recibe cada año y que de acuerdo a los informes oficiales, se han ejercido en estos cuatro años un presupuesto de 400 mil millones de pesos. Por eso hay preguntas obligadas que deben de realizarse ¿En dónde están invertidos estos recursos? ¿Por qué con la inyección de miles de millones de pesos cada año no cambian las condiciones sociales en Chiapas?

Hoy que el presidente de la república está en Chiapas se debe de señalar que las cuentas económicas de los ingresos en la entidad no corresponden con el nivel de vida de la población. Y esto se debe a que el gobierno federal y estatal no está realizando adecuadamente su trabajo. A esto hay que señalar que los niveles de delincuencia e inseguridad han crecido en este gobierno y que en Chiapas se viven condiciones que anteriormente no se habían presentado, como los enfrentamientos recurrentes entre los cárteles, las ejecuciones extrajudiciales y sobre todo, la contaminación de cientos de comunidades indígenas en donde la delincuencia organizada ha fortalecido su presencia, con la complicidad y aquiescencia de las autoridades.

La política y el gobierno en Chiapas viven hoy día una fase de descomposición, que pone en riesgo a la seguridad nacional del país, debido sobre todo, a que un conjunto de instituciones que hacen posible la unidad de la sociedad están dejando de funcionar y esto es lo que provoca la violencia,  la impunidad con la inaplicación del derecho, las ejecuciones extrajudiciales  y el caos social que se percibe en varios puntos del territorio chiapaneco.

La violencia y ejecuciones a cargo del grupo de “Los Motonetos” en San Cristóbal de Las Casas o los enfrentamientos de la delincuencia organizada en Frontera Comalapa o en el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, son una clara expresión de que el Estado no está funcionando. Pero esta situación de violencia se extiende a otros municipios y está presente en Aldama y Chenalhó, en Tila, en Carranza, en Chilón, en El Bosque, en Rincón Chamula, en Pantelhó, en Oxchuc, en San Juan Chamula, en Pueblo Nuevo, etc., municipios que arrastran una historia de violencia, en el que es claro de que no existe la voluntad política del gobierno para buscar restituir los lazos comunitarios, que permitan disminuir los enfrentamientos y la violencia, y construir acciones institucionales dentro de un modelo de cultura de paz.

El mayor riesgo que prevalece en Chiapas, es la actitud de un gobierno que considera que los conflictos siempre han existido y por lo tanto esta violencia no fue provocada por la administración actual, por lo que no hay compromiso para resolver esos problemas, lo que origina una indiferencia y despreocupación del gobernador, en el que se abandona a su suerte a la población, que da cuenta de lo recurrente de los enfrentamientos en la entidad, en la que se han acumulado asesinatos políticos, desplazamientos forzados, despojos de tierras, desapariciones, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, etc., que paradójicamente son responsabilidad del Estado por no tomar las medidas preventiva y garantizar el derecho a la vida o bien por la inoperancia del gobierno, por lo que resulta fatal para Chiapas la indiferencia del gobernador a este caos que amenaza generalizarse.

En concreto, los crímenes sucedidos en los últimos meses son una responsabilidad del Estado, debido a que las autoridades tienen conocimiento con antelación de los problemas que se gestan en la entidad, sin que nadie implemente medidas preventivas o de protección ante la oleada de violencia y enfrentamientos que se dan entre los distintos grupos u organizaciones, o por no realizar una investigación con la debida diligencia que conduzca al castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos sucesos.

Está claro que la gobernabilidad de Chiapas no es preocupación del gobernador, y por lo tanto, no hay disposición ni capacidad política para tomar las decisiones necesarias para restablecer el orden sin violencia en la entidad. Lo preocupante de esta situación, es la actitud del gobierno federal, que no percibe la conflictividad que hay en Chiapas y considera que todo está bien y hasta hay afirmaciones desproporcionadas que afirman que Chiapas tiene un gobernador de lujo, afirmación que debe ser precisada; de lujo porque le sale demasiado caro a Chiapas.

Son varios anuncios que muestran que la plaza se calentó en Chiapas sin que eso genere preocupación alguna en el gobierno, que continúa sin tomar las medidas preventivas, de protección y garantías a la población, sobre todo en los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, que cada vez son más frecuentes en distintos lugares del Estado, como sucede en San Cristóbal, en Frontera Comalapa, en Berriozábal, en Ocozocuautla y en Pueblo Nuevo, o en todo el conflicto migratorio en Tapachula, que muestran que la autoridad se encuentra rebasada.

Estos problemas de violencia e inseguridad no fueron generados por el gobierno de Rutilio Escandón sino que son herencia del pasado, como muchos otros conflictos que están latentes en la entidad en el que se corre el riesgo de que estallen por la inacción política que caracteriza al actual gobierno. Es en esta inacción donde radica la responsabilidad del actual gobierno, que conoce de los problemas de violencia pero los oculta, se desentiende de ellos y por su indiferencia, no se toman las medidas preventivas y la atención que corresponde para evitar llegar a la situación en la que se encuentra en este momento. Entre las cosas que no se hicieron de manera adecuada son los nombramientos de los funcionarios de la fiscalía del Estado y la secretaría de seguridad pública, y junto con ello, no se realizó la depuración y una selección rigurosa a través de los controles de confianza de los comandantes de las distintas corporaciones policíacas, así como del personal de la fiscalía, en el que existen señalamientos de comandantes y servidores públicos, que se encuentran al servicio de la delincuencia organizada

En Chiapas es fantasiosa la coordinación de las dependencias en el combate a la delincuencia, pues no existe una cabeza que establezca el mando en las operaciones y existen detenciones de grupos de delincuentes que han terminado en un fiasco, al ser puestos en libertad. El propio fiscal no tiene el control de la fiscalía y en la secretaría de seguridad se reconoce la autoridad y se rinden informes a personajes que ya no forman parte de la administración pública, pero que son señalados de tener fuertes vínculos con los grupos criminales. Esto significa que el control de las dependencias de seguridad está diluido y con ello el gobierno de Rutilio Escandón ha perdido capacidad de respuesta ante la delincuencia organizada.

Los sistemas de inteligencia tienen identificado a los principales líderes de los grupos de la delincuencia que operan en todo el territorio de Chiapas y conocen además quienes son las autoridades que proporcionan protección a estos grupos, que actúan en plena impunidad y que ya impusieron no solo el terror en la población, sino un poder que ejerce dominación sobre el resto de la sociedad, pero no se ejecuta ninguna operación para detener a los responsables, y con ello, establecer los límites a la delincuencia e imponer la fuerza del Estado. Esta situación provoca que la población quede indefensa y expuesta no sólo frente a la delincuencia sino ante los propios servidores públicos, quienes han sido señalados de ser ellos quienes detienen a personas para luego entregarlos a los grupos de la delincuencia, y muchas de estas personas tienen reporte de desaparecidas.

Esta realidad es la que se oculta a través del discurso de mentiras de un Chiapas seguro, que lamentablemente repiten el secretario de gobernación y la secretaria de seguridad pública federal y que seguramente es el que se va a escuchar el próximo lunes por parte del presidente de la república, quien estará en Chiapas presidiendo la reunión de la mesa de seguridad.

En Chiapas en los últimos meses se ha incrementado la violencia y la inseguridad en distintos municipios, en donde la delincuencia organizada ha ganado terreno y ejerce el control que le corresponde al Estado ejercer. Lo significativo de esta situación, es que esta problemática ha sido desestimada por el actual gobierno estatal y por el gobierno federal, que considera que la inseguridad disminuyó en Chiapas y celebran que Chiapas es un Estado seguro. Con esta actitud se demuestra que la principal estrategia para resolver los problemas de seguridad son la indiferencia y el olvido; y no se ponderan las consecuencias de la falta de operación política y sobre todo los señalamientos hacia funcionarios de la secretaría de seguridad pública y de la fiscalía del Estado que colaboran con la delincuencia organizada.

Otro problema central de la administración de Rutilio Escandón es la falta de proyectos de desarrollo,   en el que busca posicionar a Chiapas como destino de inversión, pero no se sabe qué es lo que se puede promocionar, pues desconoce los nichos de oportunidad que tiene el Estado. A la vez, tampoco se puede ocultar que un aspecto fundamental que detiene la inversión es la inseguridad y la falta de garantías judiciales, aspectos que, en las circunstancias actuales, no se pueden garantizar en la entidad y no hay visos de que esta situación se pueda llegar a mejorar en el transcurso de este gobierno.

Bajo estas circunstancias qué beneficios se puede obtener con la visita del presidente, si el gobernador simple y sencillamente carece de proyectos para Chiapas, y no sabe, en concreto, qué provechos sacar de las visitas del presidente.

Durante todo este gobierno se ha vendido la ilusión de que este sexenio iba a ser de beneficio para Chiapas, los informes financieros y sobre todo el semáforo económico muestran que eso es puro discurso, debido a que beneficios o mejoras de los indicadores sociales y económicos de la entidad son inexistentes. Y más si se realiza un estudio comparativo sobre la asignación de recursos adicionales entre Chiapas y Oaxaca, se puede observar con claridad en dónde están los apoyos presidenciales, a punto tal, que Oaxaca se benefició en el diferendo de los Chimalapas, quien recibió un territorio perteneciente a Arriaga, que no se encontraba en disputa y Chiapas perdió 160 mil hectáreas de su territorio ancestral.

El discurso de los beneficios para Chiapas se quedaron solo en discurso, pero los daños ocasionados a la entidad esos sí son reales. Tapachula es una de las ciudades más golpeadas en el  país por los desaciertos presidenciales, El presidente Canceló el proyecto de las Zonas Económicas Especiales en Tapachula y no hubo nada a cambio. El presidente, por una mala política migratoria, condenó a Tapachula a convertirse en una Ciudad-cárcel para los migrantes y convirtió a esta ciudad  el muro de contención del que hablaba el presidente Trump, y con esto, provocó que miles de migrantes quedarán estacionados en Tapachula, sin posibilidades para continuar su ruta al norte, y prácticamente sin futuro. Con su política de desastre en Tapachula, el presidente benefició a la delincuencia organizada, que incrementó los costos de la trata y tráfico de personas, a punto tal, que el Instituto de Migración presume la detención de más de 80 mil migrantes, quienes, paradójicamente, habían pagado a los grupos delincuenciales su traslado a Estados Unidos.

Tapachula es hoy día una de las ciudades más peligrosas del país, debido a la falta de políticas adecuadas y eficaces, que la han empobrecido. Una región rica en recursos naturales está convertida en un cinturón de miseria por los más de 100 mil migrantes de distintas nacionalidades que están estacionados, y que viven la extorsión de los distintos cuerpos policiales, particularmente de los agentes de migración. Lo paradójico, es que la producción agrícola de la región continúa, pero la exportación de sus productos se realiza por los puertos de Guatemala porque este gobierno no ha tenido la intención de rehabilitar el ferrocarril, porque sus proyectos de desarrollo están en otros puntos.

La falta de proyectos ha ocasionado que las visitas presidenciales a Chiapas no se vean traducidas en beneficios reales, como va a suceder en la próxima visita que realiza a Chiapas el presidente.

La historia política de México se ha caracterizado en la práctica por la destrucción del enemigo. Así fue desde el inicio del México independiente, que derivó en un enfrentamiento por el poder entre conservadores y liberales, que concluyó con la República Restaurada, en donde los liberales triunfaron política y militarmente y construyeron una visión de Estado-nación. Durante el porfiriato,de igual manera, se constituyó una sola fuerza política en torno del dictador, en donde los otros grupos políticos fueron perseguidos, encarcelados o asesinados. La Revolución mexicana formó una nueva clase política que nada tenía que ver con el porfiriato – de todos los caudillos de la Revolución el único que tenía antecedentes de colaboración con la dictadura era Venustiano Carranza que había sido senador por Coahuila, pero que fue derrotado por Álvaro Obregón-. De allí que la nueva clase política creó un nuevo régimen político, que enaltece el nacionalismo revolucionario pero que excluyó la posibilidad de un proyecto democrático, pues estaban convencidos de la idea de un Ejecutivo poderoso, que no debía tener controles por el Legislativo.

El nuevo régimen se constituyó con el asesinato de Obregón, que se había reelecto presidente de la república y cuyo asesinato condujo a la creación de un partido nacional, que aglutinara a todos los partidos locales y regionales y quienes no accedieron a sumarse al nuevo partido fueron perseguidos y aniquilados. Este partido, el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del Partido Revolucionario Institucional, tuvo como propósito inicial, que desde la figura del partido se controlara al presidente, concepción que se transformó en el gobierno del General Lázaro Cárdenas, en donde el partido político pasó a ser un apéndice del poder presidencial, y a través del partido el presidente controlaba la elección de gobernadores, senadores, diputados, ministros de la Corte, y algo muy importante, controlaba la sucesión presidencial. La concentración del poder en el presidente condujo a un largo período de años en la que el PRI ganaba todas las elecciones, lo que le restó credibilidad democrática frente a los ojos del mundo, situación que llevó al régimen político a la invención de la oposición, que no constituyó una competencia política, y años después, en el gobierno de López portillo se aprueba una reforma política que otorgó reconocimiento a otras fuerzas políticas, incluida la del Partido Comunista Mexicano.

El elemento en común de estos tres períodos políticos fue la ausencia y el aniquilamiento de la oposición, factor que ilustra la frágil práctica de la vida democrática en el país, en donde la lucha política concluye con el aniquilamiento de una de las fuerzas, lo que cancela la posibilidad de la construcción de acuerdos, que caracteriza el ejercicio de la política y con ello se ´produce el cierre del pluralismo político. El régimen político en México se construyó sobre la base del sometimiento y la disciplina política, situación que impide el cuestionamiento y el ejercicio democrático.

En el año 2000 se derrota por primera vez el régimen del PRI, pero los gobiernos de alternancia que le sucedieron no lograron transformar este régimen político y el PRI recuperó la presidencia en las elecciones del 2012, sin embargo una gestión ineficiente y un desprestigio internacional ocasionada por graves violaciones de derechos humanos, en donde sobresale la matanza de Ayotzinapa y la de Tlatlaya, produjo en las elecciones del 2018 un nuevo gobierno de alternancia bajo el discurso de la transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Esta transformación implicaba construir un nuevo régimen político, que concretara la división de poderes, que cancelara los poderes metaconstitucionales del presidente, que apostara a un proyecto democrático, que se estableciera sobre el respeto de los derechos humanos, que construyera un nuevo federalismo, que diera impulso a un proyecto educativo bajo el eje central de la construcción de nuevas ciudadanías, que se investigara y sancionara los crímenes del pasado y las desapariciones de miles de personas bajo la perspectiva de una justicia transicional, pero nada de esto se ha concretado. La transformación real que propone el gobierno de López Obrador es regresar a la historia del aniquilamiento de la oposición y la centralización del poder en el presidente, en donde se cancela el pluralismo político, el cuestionamiento y la reflexividad que caracteriza a la democracia, y con el aniquilamiento de la oposición, se apuesta al retorno del viejo régimen político, que nada tiene que ver con un proyecto democrático.

México históricamente ha vivido gobiernos autoritarios. Así fue desde el inicio del gobierno del México independiente, con el surgimiento del imperio de Agustín de Iturbide, luego con un proceso de inestabilidad por guerras internas y con las guerras con tres países extranjeros: con España, con Francia y Estados Unidos, con este último se produjo la pérdida de la mitad del territorio del país. Posteriormente fueron 15 años de la dictadura de Juárez y 30 de la Dictadura de Porfirio Díaz. En esta etapa la preocupación de los grupos políticos fue la construcción de la nación y no la construcción del ciudadano como se vivió en Europa y los Estados Unidos, en donde la democracia surge de la mano con el Estado moderno.

Este proceso es lo que explica la ausencia de vida democrática y el surgimiento de gobiernos autoritarios en México. Esta situación no cambió en el Siglo XX, sobre todo, porque después de la Revolución mexicana se constituyó el más largo período de gobiernos autoritarios: la dictadura institucional del PRI, que por obvias razones careció del interés por construir una nueva ciudadanía en México, que de manera reflexiva y lúcida pudiera impulsar procesos democráticos, y en los casos en que desde la educación, primero con Cárdenas, luego con López Mateos y por último con Salinas de Gortari, se buscó impulsar la construcción del ciudadano, esto se realizó desde una perspectiva que despolitizaba al ciudadano, lo que resultó una incongruencia, en virtud de que la calidad del ciudadano se construye desde su capacidad para tomar decisiones políticas.

El profundo déficit histórico de ciudadanía en México produce dos problemas: una baja calidad de vida democrática y una pobre cultura política, en donde los electores son fácil presa de los proyectos demagógicos, de la manipulación gubernamental y de la compra del voto a través de los programas sociales.

El surgimiento del Estado moderno y la transformación del mundo oscurantista medieval a la modernidad, se dio con el surgimiento del ciudadano y la democracia. En este sentido, México ha vivido una modernidad interrumpida, porque la democracia ha sido un proyecto que no se ha terminado de constituir y fortalecer. Lo que significa que en los distintos procesos histórico-sociales del país, como es la Independencia, la Reforma y la Revolución, no confluyó en un proyecto de vida democrática ni se dio el proceso de formación del ciudadano.

El actual gobierno se constituyó sobre la idea de la cuarta transformación del país, aspecto que solo se puede mencionar en el discurso, debido a que la realidad es muy distinta, sobre todo porque los tres procesos previos fueron interrumpidos por la ausencia de un proyecto democrático. Paradójicamente, en esta cuarta transformación, también está ausente el proyecto de democracia, que deviene en una tiranía de la mayoría ocasionada por una ausencia en la división de poderes, y que reproduce el régimen priista en la concentración del poder y en el debilitamiento del federalismo, al subordinar al Congreso y a los gobernadores.

De igual manera, hay una ausencia de proyecto en la construcción de nuevas ciudadanías, lo que convierte a la democracia en México en un proyecto inacabado o en un modelo atípico de una democracia sin ciudadanos y por consiguiente de una democracia sin demócratas.

En el mundo griego, lugar en donde nació la democracia, existe un concepto conocido como graphe paranomon, que traducido es una acusación a la ilegalidad. Esto significa, que si un ciudadano propone una ley que es aprobada; pero esta ley es contraria a otras leyes y provoca perjuicios a otros ciudadanos, el responsable de proponer esta ley puede y debe ser sancionado, por haber incitado al pueblo a votar a favor de una ley ilegal, situación que constituye a este procedimiento es un mecanismo real de protección de la democracia, en virtud de la responsabilidad que implica presentar una ley ante la asamblea para su aprobación.

La aplicación de este concepto en la democracia actual y particularmente en México, abriría la posibilidad de castigar a diputados y senadores que aprueban leyes contrarias a la legalidad. Ejemplos hay varios, pero lo más reciente se pueden señalar, en Chiapas, la decisión que tomó la anterior legislatura en la aprobación de que no hubieran elecciones en seis municipios y que se nombraran concejos municipales por tres años, esta decisión la revocó el Tribunal Electoral, pero solo se hicieron elecciones en cuatro municipios y en los dos restantes, se vive una condición de ilegalidad. El otro ejemplo de aprobación de leyes ilegales en el país se puede observar en la aprobación de las seis leyes que integran lo que se conoce como el plan B, en donde se aprobaron disposiciones que son contrarias a la Constitución y que actualmente están siendo sometidos a recursos tanto en el Tribunal Electoral como en el Tribunal de Justicia.

En este momento se han tomado ya dos decisiones contrarias a la aprobación de esas leyes que integran el plan B: Una a través de un Ministro que otorgó la suspensión de su aplicación en las elecciones de en el Estado de Coahuila y en el Estado de México; la otra, la tomó el Tribunal Electoral, quien ordenó la reinstalación del Secretario Ejecutivo del INE, quien fue renunciado por las disposiciones de un transitorio en una de esas leyes que disponía la desaparición de la Secretaría Ejecutiva. En ambas decisiones, se ha desatado una campaña que busca desacreditar el desempeño de los tribunales en México.

Resulta más que obvio que la democracia en México es un proyecto inacabado. La democracia en México es totalmente atípica, en virtud de que se vive una democracia sin ciudadanos, lo que termina produciendo una democracia sin demócratas. En donde la gran paradoja, es que los defensores de estas iniciativas del gobierno dicen defender la democracia y los opositores a estas reformas también afirman defender la democracia. Lo que es un hecho es que la democracia en México es un proyecto inacabado, en mucho debido a que es una democracia reciente, pero sobre todo a que existe una larga trayectoria de prácticas autorías en el país, que produjo una cultura política poco afín a la vida democrática y de esta cultura se alimentan no solo los partidos políticos sino toda la población.

Un error en la aprobación de estas leyes del plan B es que se aprobaron sin que se diera un debate público, lo que afecta directamente al pluralismo político al retroceder políticamente a los años obscuros del PRI, en donde se aplastaba a la disidencia con el voto de las mayorías. La construcción del pluralismo político en México fue una batalla de largos años de represión y persecución, en los tiempos actuales es incompatible la existencia del pluralismo con un gobierno que reproduce prácticas autoritarias y de mayoriteos. De ahí que resulte entendible del por qué se multiplique la protesta social en el país.

El derecho a la libertad de expresión está compuesto por dos dimensiones: una dimensión individual, que representa el derecho que tienen todas las personas a emitir ideas, opiniones y puntos de vista diversos, y, una dimensión social, que comprende el derecho de recibir información veraz y plural que permita a las personas normar criterios sobre los asuntos de interés públicos.  Esta segunda dimensión es lo que viene a conformar lo que se conoce como el derecho a la información que tiene una sociedad a estar bien informada. Ambas dimensiones el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar.

En Chiapas es muy común que se violen las dos dimensiones de la libertad de expresión. El caso más reciente se está viviendo en la discusión que se desarrolla en torno de la construcción de los puentes, obras que promueve y realiza el gobierno estatal en Tuxtla Gutiérrez. En este ejemplo se puede observar las campañas publicitarias del Estado que busca construir legitimidad en la construcción de esos puentes, en el que diferentes actores que salen en el vídeo promocional descalifican a quienes se oponen o rechazan la construcción de los puentes, y lo hacen a través de la frase , no se dejen engañar, situación que provoca una especie de censura sutil y de intimidación hacia quienes critican las obras, censura que por cierto está prohibida en la Constitución, lo que está genera violaciones a la dimensión individual de la libertad de expresión.

Pero en realidad la más grande violación a la libertad de expresión de esta construcción de puentes en Tuxtla Gutiérrez se da en el derecho a la información, en donde el secretario de obras realizó una faraónica presentación del proyecto, pero solo de palabras, en virtud de que se le han pedido los estudios que soportan dicho proyecto y se ha negado a proporcionarlo, es decir, que los estudios de impacto ambiental, de impacto social, de impacto en el escurrimiento hídrico, los estudios de movilidad de las personas, la proyección del número de personas que van a utilizar los puentes, etc., etc, no son públicos, lo que genera un ocultamiento de información.   

El gobierno de Chiapas tiene una práctica que se asume como  una política de difundir mentiras oficiales. Así lo hizo en la crisis sanitaria del Covid 19, así lo hace en materia de seguridad y así está sucediendo en la campaña de legitimación de las obras en Tuxtla Gutiérrez. Lo primero que hay que señalar, es que la construcción del segundo piso no se encuentra contemplado el programa de desarrollo urbano de Tuxtla Gutiérrez, esta obra vial es una ocurrencia reciente, con la llegada de Ángel Torres Culebro como secretario de obras; otro aspecto que hay que señalar, es la información que vierte el propio secretario de obras en el vídeo promocional en el que señala a los puentes como una obra de beneficio a la movilidad vehicular, aspecto que resulta preocupante y que deja entrever el real propósito de este programa de obras. Las cosas no son así, el secretario de obras no entiende que la movilidad se  refiere al desplazamiento de las personas y del colectivo de personas y se relaciona con el transporte público y no con el privado. Esto significa que los puentes, en la concepción del secretario de obras, benefician al transporte vehicular privado y no al transporte público, que seguirá utilizando las vialidades laterales.

Otro aspecto que el gobierno rechaza es el derecho a la consulta pública, por eso desarrolla su campaña desacreditante del no se dejen engañar, cuando la consulta en estos tipos de obras se deben de realizar. Hay acuerdos internacionales en la materia, recientemente firmados por México, como el Acuerdo de Escazú, que los funcionarios estatales y municipales, así como los defensores de estas obras deben de leer, para que entiendan que hay obligaciones que el gobierno no está cumpliendo, tanto en el derecho a la consulta pública como al derecho a transparentar la decisiones públicas. La movilidad es un derecho humano establecido en la Constitución que se está violando con la realización de estas obras, en donde el gobierno estatal tiene la obligación de informar y transparentar el programa de obras y la consulta pública tiene la función de construir un consentimiento informado, que en este momento no existe, en virtud de que hay ciudadano inconformes, que deben de ser consultados.     

En este sentido, la peor política de comunicación que un gobierno puede asumir, es la de construir un conjunto de mentiras oficiales, que se contraponen a la posibilidad de garantizar el derecho a la información de los asuntos que son de interés público.

El gobierno de la 4t, que se autonombra como el de la transformación, mantiene un desencuentro con el movimiento de las mujeres, que representa en este momento, una real resistencia hacia un gobierno que se proclama como protector de las mujeres, pero en el que se mantiene la impunidad ante los feminicidios. El grito de justicia, justicia, que se escucha en todas las marchas de mujeres en el país no deja dudas. Ahora no se puede señalar, como lo ha hecho este gobierno, que solo es un grupo de mujeres a quienes se les ha buscado estigmatizar por violentas sino que son decenas de miles de mujeres, particularmente jóvenes, que salen a protestar por la falta seguridad que se vive a diario y por la creciente violencia que hay en el país, en donde 12 mujeres son asesinadas cada día.  

La cifra de 4 mil feminicidios del año pasado evidencia que no se han tomado las medidas preventivas para proteger a las mujeres y garantizar una vida libre de violencia, y como consecuencia de ello, se siguen cometiendo los horrendos crímenes en contra de las mujeres. Lo grave e indignante de muchos de estos crímenes es la impunidad con que se realizan, por la falta de una investigación con la debida diligencia y porque la fiscalía en todas las entidades del país ya asumió como patrón declarar que muchos de estos feminicidios fueron suicidios y se da carpetazo a la investigación, aún y cuando existe jurisprudencia, que aún y cuando en realidad sea un suicidio se tiene que investigar, en virtud de que el suicidio puede representar la expresión extrema de la violencia y por lo tanto se tiene que clasificar como feminicidio

En realidad, muchos de estos feminicidios son investigados por la autoridad, debido a la presión social de los familiares y la participación de estos grupos de mujeres que se movilizan y protestan y obligan a la autoridad a que se investigue. Situación que profundiza las diferencias entre estos grupos con las fiscalías, por las formas en que se procura la justicia en el país, que tiende a reproducir los patrones de impunidad y a encubrir estos crímenes.

En las marchas del 8 de marzo realizadas en años anteriores así como las que se van a realizar en este día, sobresalen dos lecciones que debemos de aprender: una, la profundidad que tiene el significado de justicia, justicia, que muestran las fallas no solo de un sistema judicial sino de la propia convivencia en la sociedad. La otra, es que la mayoría de las manifestantes son mujeres jóvenes, que irradian luz y esperanza, a quienes el Estado no les está garantizando condiciones de seguridad, ni una vida libre de violencia.

Las fallas del sistema son muchas, lo que obliga a las mujeres a salir a las calles a protestar para exigir justicia. Esto, en lugar de críticas a las forma de esta protestas debiera de generar indignación, pero vemos cómo desde el gobierno se insiste en crear estigma a las legítimas protestas del feminismo.

El desencuentro de los distintos grupos de mujeres con el gobierno, en lugar de subsanarse se polariza, y hoy, con mucha claridad se observa que el movimiento social más crítico y distante a la promesa de la transformación del país, es la protesta de las mujeres, que inunda las calles con el grito de justicia y de esperanza.

Las pretensiones de la rectoría de la UNACH es continuar con las simulaciones en la construcción del proyecto académico de la Universidad que Chiapas necesita y no el de garantizar la legalidad y la transparencia en la institución. Bajo el pretexto de la elaboración del proyecto universitario 2022 2026, el Rector convoca a la reflexión colectiva y envía a los docentes una encuesta mal estructurada, con preguntas inconexas, que carece de secciones, que no aborda los problemas sustantivos del diseño de un proyecto universitario y que no garantiza la confidencialidad del encuestado, situación que conduce a que los resultados de la encuesta no sean útiles para los fines que persigue.

La UNACH vive hoy una crisis de legalidad generada por el propio Rector, que tiene fuertes señalamientos de que carece de la Maestría, aunque el manifestó haberla estudiado en la UNAM, cosa que es falsa, y que el doctorado que estudió en la Universidad Complutense de Madrid carece de validez oficial de estudio en México, al no haber realizado los trámites de revalidación de estudios en el extranjero a lo que obliga la ley. Este asunto que pudiera ser intrascendente en Chiapas, por la normalización de la ilegalidad en las que se conducen las autoridades en todos los niveles de gobierno y órganos autónomos, tiene una  relevancia en virtud de que el Rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa, realizó una persecución a docentes y administrativos, que condujo a despidos, renuncias forzadas  y a jubilaciones y pensiones obligadas, en donde el argumento central de la autoridades fue la legalidad.

Sin embargo, la legalidad en las perspectiva del Rector significa fabricar delitos y luego a través del acoso y el hostigamiento laboral, orillar a la renuncia, al despido o a la jubilación. Así fue como despidió a varios docentes bajo el argumento de plagio académico, sin importar el género y la situación de vida, sobre todo de mujeres, jefas de familia, que fueron rescindindas de su relación laboral. Cabe aclarar que la universidad no es autoridad competente para sancionar el plagio académico, pero esto sólo fue el pretexto, para que en aras de la legalidad, fueran despedidos decenas de maestras y maestros de la universidad.

De igual manera, despidió a personal académico o los orilló a la jubilación, bajo el argumento de que ocupaban plazas y categorías que no correspondían a su nivel de estudios. Aquí las autoridades actuaron con abuso de poder y fueron omisas al no sancionar a ningún Rector, en virtud de que fueron ellos quienes otorgaron las recategorizaciones al personal académico sin que se cumplieran con las disposiciones normativas de la universidad. Pero Carlos Natarén Nandayapa prefirió castigar a profesoras y profesores, con el fin de reducir la plantilla de personal, aunque con esto se cometan ilegalidades.

Esta decisión de despidos, renuncias forzadas y jubilaciones obligadas, hoy son vistas con otra perspectiva: toda esta política de limpieza y persecución fue realizada por un Rector que carece de la autoridad académica y moral para emprender esa tarea, sobre todo, porque el Rector construyó un supuesto prestigio académico a través de la mentira y la ilegalidad, que lo sitúa en la condición de fraude, al estar cobrando la categoría de profesor de tiempo completo más alta de la universidad, sin contar con los grados de estudio que amparen esa categoría. A su vez, aplicó sanciones a universitarios y afectó proyectos de vida de docentes, cuando él mismo viola las disposiciones normativas al no cumplir con los requisitos normativos para ocupar la plaza de profesor de tiempo completo que ocupa.

Bajo estas circunstancias, más que discutir el proyecto de universidad que Chiapas requiere, es fundamental el retorno de la legalidad en la Universidad, para evitar que impostores sigan medrando con el trabajo universitario.

En la comida que se organizó en la Rectoría de la UNACH días después de que Carlos Faustino Natarén Nandayapa fuera reelecto para un segundo período como Rector, éste platicó a los asistentes sobre su tesis de Maestría y aseguró que la misma había sido asesorada por el destacado jurista Héctor Fix Zamudio, historia que ahora, los Directoras de Facultades y Escuelas que asistieron a esa comida, saben que no es cierto; sobre todo porque la UNAM ya desmintió que en esa institución haya obtenido el grado de Maestría el Rector de la UNACH.

La historia de mentiras sobre los estudios del Rector continúan cuando en la semblanza que aparece en la página de la UNACH, Natarén Nandayapa señala haber realizado estudios de Maestría en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM,  algo que tampoco es cierto. Lo que sí es verdad, es que de acuerdo al kardex que proporciona la UNAM, Carlos F. Natarén se inscribió en el posgrado pero sólo aprobó los créditos del primer semestre y ya no continuó con sus estudios de maestría.

Natarén Nandayapa continuó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, en un momento en que el Real Decreto 778/1998, permitía realizar estudios doctorales directamente de la licenciatura. En España, en ese momento, los estudios del 2º ciclo eran los estudios de licenciatura y no el Master como sucede actualmente. Por eso los doctorados del tercer ciclo de España y de Francia fueron muy cuestionados en México, porque de acuerdo a las normas mexicanas esos estudios representan en realidad una Maestría; inclusive en algunas Universidades, como la Universidad Autónoma Metropolitana, se desarrolló un amplio debate para que los estudios realizados en esos países con doctorados de tercer ciclo tuvieran validez como estudios de maestría.

El mismo Real Decreto 778/1998, que ampara el doctorado de Carlos Faustino Natarén, señala en el artículo 13.1 “El título de Doctor obtenido y expedido de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos anteriores tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”. Pero eso no implica que esos estudios tenga validez en México, que en esta materia se regula bajo la Ley General de Educación, Ley Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución, que en su artículo 142 expresamente señala: “Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos extranjeros podrán adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Secretaría”.

Esto significa que los estudios realizados en el extranjero deben ser revalidados en México para que tengan validez oficial de estudios, aspecto que en el caso particular del Rector de la UNACH, éste deberá de presentar el documento de revalidación de estudio, para que se le pueda acreditar sus estudios doctorales. De no poseer este documento, el grado de sus estudios no puede ser considerado como tal. Situación que estaría violando la Ley Orgánica de la UNACH, al no contar con estudios de Maestría ni con los estudios del doctorado, que son un requisito para ser Rector.

El 10 de octubre del 2022, dos días después de la reelección del Rector de la UNACH,en este mismo espacio se escribió: “La Junta de Gobierno está obligada a transparentar la designación y a rendir cuentas del proceso, en el que se debe de garantizar que se cumplen con los términos de la convocatoria y de la Ley Orgánica. Para ello, los integrantes de la Junta de Gobierno deben de publicar los grados de maestría y doctorados que tienen, así como dar a conocer los grados del Rector debidamente legalizados para acabar de una vez con el sospechosismo. De igual modo el Rector debe de informar sobre las denuncias de las observaciones de los resultados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, para dar fin con las especulaciones que presuponen una nueva estafa maestra en la UNACH”.

Transcurrió un tercio del año de ese escrito, y la Junta de Gobierno sigue guardando un silencio cómplice sobre una realidad que es indefendible: el Rector de la UNACH nunca cursó y menos se graduó de una maestría en la UNAM, como lo hizo creer, en donde además suele platicar que su tesis había sido asesorada por el destacado jurista Héctor Fix Zamudio, algo que resultó una fantasía, y que por escrito, autoridades de la propia UNAM ya desmintieron, lo que pone en evidencia la mitomanía de Carlos Faustino Natarén Nandayapa, y que lo deja sin calidad académica y mucho menos calidad moral, para dirigir la Universidad Autónoma de Chiapas.

Pero además, la transparencia y el manejo de recursos de la UNACH están señalados por la Auditoría Superior de la Federación, en los ejercicios 2020 y 2021, en donde la Universidad no ha podido justificar el ejercicio de varios millones de pesos, situación que contradice el discurso del saneamiento de las finanzas de la UNACH, en el que se presume que se subsanó una deuda de varios años atrás con el ISSSTE, el FOVISSSTE y con el SAT, pero se oculta que a los trabajadores se les descuenta puntualmente las cuotas del ISSSTE y a todos los trabajadores se les retiene el impuesto. De ahí que en lugar de presumir que ya se saldó esa deuda, la Universidad debe explicar a los trabajadores ¿qué se hizo con los recursos millonarios que mensualmente se les descuenta a todo el personal y que la UNACH indebidamente no reportó ni al ISSSTE ni al SAT?

El silencio de la Junta de Gobierno, y del propio Rector de la Universidad, condujo a que por la vía de la denuncia y por la vía de amparo, interpuesta por docentes de institución, la comunidad universitaria conozca la verdadera situación académica del Rector y que, a través de una resolución de un Juez de Distrito, la Junta de Gobierno transparente la resolución de la designación de un nuevo período rectoral del licenciado Natarén Nandayapa, quien incumple con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica que él mismo promovió.

Los riesgos de gobernabilidad en la entidad no sólo son reales sino que se viven a diario.  En Chiapas la enorme cantidad de demandas de la población sobrepasan en mucho a la capacidad de respuesta del gobierno, que incrementa a diario su déficit de atención social y que deja sin respuesta a la enorme cantidad de las demandas ciudadanas, debido en mucho a su falta de operación política y a la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, que tiene paralizada las principales actividades económicas, principalmente la agricultura, que representa la base económica y social en el Estado.

Los conflictos indígenas en Chenalhó, Aldama, Pantelhó, Oxchuc, Chilón, Tila y Chamula, hacen evidente que en el gobierno de Rutilio Escandón existe una grave ausencia del manejo de la situación política, que se complica por la indiferencia gubernamental y la ausencia de un programa de inversión pública en las comunidades, en el que se busque la construcción de gobernabilidad.

Este escenario en la entidad muestra la debilidad de un gobierno, que por su falta de capacidad para construir acuerdos políticos, apuesta a la indiferencia y a la permisibilidad de la violencia, que ha permitido la creación de grupos paramilitares y la penetración de grupos de narcotráfico en las comunidades indígenas. En este sentido, el escenario político no puede ser más delicado, en donde se combinan el conflicto social con crisis económica y delincuencia organizada, todo ello aderezado con un gabinete sin oficio y sin experiencia, que después de cuatro años de gobierno aún no se ha dado cuenta de las dimensiones de los problemas que tiene en jaque a la entidad.

Pantelhó es un claro ejemplo de lo que pasa por la ausencia de gobierno. Fueron muchas denuncias las que se presentaron en contra del grupo de “Los Herrera”, acusados de narcotráfico y responsable de decenas de asesinatos, sin que ninguna autoridad investigara e hiciera prevalecer el cacareado estado de derecho. Lo preocupante, es que con el surgimiento del grupo paramilitar “El Machete”, que se presenta bajo el discurso de grupo de autodefensa, éstos exigieron al gobierno, particularmente a la fiscalía, el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y en reunión de gabinete de seguridad el fiscal indígena, que días después fuera asesinado, señaló que las órdenes estaban listas pero que se requería del apoyo de la policía estatal y la secretaria de seguridad, asustada manifestó que la situación de Pantelhó imposibilitaba el cumplimiento de esas órdenes, que se requería del apoyo de la Guardia Nacional o del Ejército. Frente a esta actitud negligente de los funcionarios del Estado, el grupo Machete decidió ejecutar ellos mismos la detención de los presuntos responsables y quemaron viviendas y vehículos, y desde el 26 de julio 2021, tienen retenidas a 21 personas, señaladas como presuntos responsables de la violencia que sufrieron los pobladores. Estas personas hasta el día de hoy continúan desaparecidas por el grupo “El Machete” con la grave responsabilidad del Estado, quien ha sido permisivo con este grupo, a punto tal que le entregó el control del poder municipal.

Esta situación de desaciertos y de ausencia de operación política, produjo el día de ayer una nueva oleada de violencia en Pantelhó, en donde familiares de uno de los comandantes del grupo “El Machete” fue emboscada y asesinada, lo que hace previsible el recrudecimiento de la violencia, en donde el Estado mexicano se ve incapaz de garantizar los derechos humanos en ese municipio.

La Universidad Autónoma de Chiapas y el Colegio de Bachilleres, dos instituciones educativas importantes en Chiapas, padecen problemas similares: lo fraudulento de las acreditaciones académicas de sus autoridades. En la UNACH, el rector de la institución manifestó tener una maestría de la UNAM, cosa que no es cierta y además ostenta un grado de doctor que no tiene validez oficial de estudios en México y el Director General del Colegio de Bachilleres se ostenta como licenciado sin realmente serlo. Ambas situaciones las conoce perfectamente el gobernador del Estado, quien apoyó a ambas autoridades, y quienes le ocultaron las irregularidades de su condición académica, situación que hace caer al mismo gobernador en una condición de encubrimiento.

Lo grave de esta situación irregular de los grados académicos, es que ambas instituciones educativas tienen restricciones normativas para desempeñar el cargo de Rector de la UNACH y de Director General del Colegio de Bachilleres. La Ley Orgánica de la Universidad establece como uno de los requisitos para ocupar el cargo de Rector poseer preferentemente el grado de maestría o de doctorado y, en el Colegio de Bachilleres, la normatividad establece como requisito para ser Director general poseer título a nivel licenciatura; condición que se incumple en ambas instituciones y que sitúa a ambas autoridades como probables responsables de fraude.

En la UNACH se vive una situación de persecución y acoso laboral que condujo a despidos, a presiones de “renuncias voluntarias” y a la realización de trámites de jubilación o pensión; son más de 500 trabajadores de la universidad en esta condición. En algunos casos el despido laboral está acompañado por denuncias de daño patrimonial y le reclaman por la vía civil a los trabajadores la devolución de las remuneraciones que a juicio de las autoridades se cobraron ilegalmente. En la lógica del Rector se limpió de indeseables a la Universidad. Lo que se ocultó en la UNACH y al mismo gobernador, es que el propio Rector incumple con los requisitos normativos para ocupar una plaza de profesor de tiempo completo y que incurre en un daño patrimonial a la institución, al cobrar el salario de una categoría de profesor, sin cumplir con los requisitos de estudio, pues jurídicamente en México el Rector solo tiene el grado de Licenciatura, como así mlo señala por escrito la Dirección General de Profesiones.

La situación del Director General del COBACH es similar. Ha despedido a trabajadores a su arbitrio y además tiene señalamientos de acoso a trabajadoras y carece de una licenciatura. Y ante esta irregularidad, el Director del COBACH ha buscado en instituciones educativas que le regalen un título de licenciatura, así se lo solicitó al mismo Rector de la UNACH y así se lo ha solicitado a dueños de universidades privadas en la entidad.  

Ante estas irregularidades la Junta de Gobierno de la UNACH guarda un ominoso silencio, que sitúa a los miembros de esa Junta en situación de fraude y de falta de probidad, al designar como Rector de la Universidad a un personaje que no cumple con los requisitos de ley. Misma situación de silencio se guarda en la oficina del gobernador, respecto al director del COBACH, que no lo exime de responsabilidades.

Triste y grave la situación que prevalece en estas dos instituciones educativas, en el que se pisotea la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas y se privilegia el fraude académico.