En los últimos gobiernos se construyó un discurso en  los gobernadores de vender la idea de un Chiapas seguro, debido al bajo índice de delitos, en el que no existió el ajustes de cuenta ni encajuelados ni personas colgadas en los puentes y con una ausencia de enfrentamientos callejeros o en las plazas comerciales entre grupos de la delincuencia organizada, como sucedía en otras entidades del país. Este discurso, parcialmente cierto, es insostenible en el gobierno que encabeza Rutilio Escandón, que prometió la transformación y que está convertido en una tragedia para la entidad, por la ineficacia en las acciones, aunque el propio gobernador esté convencido de que lo ha hecho bien y se atreva a decir que hay una misión cumplida.

El Chiapas seguro del que hablaron autoridades estatales y federales es un discurso falso, que ya semodificó en los 10 días de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, en su programa de gobierno de seguridad estableció que Chiapas es un objetivo prioritario, en virtud de que ya no se puede ocultar el trasiego de drogas en la entidad, así como la trata, el tráfico de personas, el tráfico de armas, etc. En donde la violencia que se está viviendo desde los últimos tres años en distintos puntos convirtió el territorio de Chiapas en espacio de guerra entre los cárteles.

Anteriormente en Chiapas existía un pacto entre los grupos de la delincuencia organizada, que tuvieron claro que esta plaza no debía de incendiarse, pues todos necesitaban de cierta tranquilidad para realizar sus operaciones ilícitas, lo que dio por resultado que se invisibilizara cualquier enfrentamiento entre los distintos grupos que por décadas operan en la entidad en condiciones de impunidad. Dentro de las reglas de este pacto se entendió la importancia de tener un procurador-hoy fiscal-, con antecedentes policíacos y no un jurista, pues es más fácil llegar a acuerdos con un policía que con un profesionista interesado en la aplicación del derecho y peor aún, interesado en disminuir los índices de impunidad con el castigo de los delitos. Por eso en los últimos seis sexenios en Chiapas la procuraduría estuvo en manos de un funcionario formado e interiorizado con las funciones policíacas. Los gobernadores que pasaron por alto esta regla fue Juan Sabines Guerrero, que designó a Amador Rodríguez Lozano, que vivió el escándalo del decomiso de cocaína que se convirtió lactosa y se corrigió con su despido para nombrar a un personaje con antecedentes policíacos, y ahora  Rutilio Escandón, al nombrar a Olaf Gómez como fiscal, cuyos orígenes están en el poder judicial, en donde se desempeñó en el consejo de la judicatura y luego como juez, y a quien le explotó en sus manos la guerra que hay entre los cárteles.

El escenario en la entidad se descompuso por la falta de manejo con los grupos y la avaricia de funcionarios en materia de seguridad que empezaron a recibir sobornos de todos los grupos, en el que en realidad se vendía impunidad, todo esto dentro de un escenario en el que no existe gobierno en Chiapas y  en donde nadie toma decisiones. Todo esto evidenciado con la actitud frívola e indiferente del gobernador que considera una irrelevancia gobernar.

Hoy Chiapas vive su peor tragedia gubernamental y nunca ha estado en peores condiciones sociales como está ahora, en donde el gobernador presume un logro inexistente con la creación de empleo, pero ignora que en Chiapas el principal empleador es el gobierno y durante esta administración hubo miles de despidos y el segundo empleador en importancia es el crimen organizado; son estas actividades ilícitas las que mantienen la actividad económica en Chiapas y se complementa con el ingreso de remesas que en el 2023 Chiapas percibió más de 3 mil millones de dólares, lo que mantiene pujante la construcción de viviendas, sobre todo en municipios indígenas. Por eso lo mejor para Chiapas es que ya concluya esta tragedia de gobierno.

Transcurrieron nueve días del nuevo gobierno de la república, lo suficiente para que se caigan las mentiras del discurso que expresaba la idea de un Chiapas seguro, repetido con insistencia por Rutilio Escandón y el expresidente López Obrador, pero estas mentiras no pueden sostenerse para siempre y en la estrategia de seguridad del nuevo gobierno encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, Chiapas es uno de los objetivos prioritario, en el que se van a atender a 12 municipios de la entidad.

Esta decisión echa a la borda no solo ese falso discurso sino que pone en condiciones difíciles el futuro inmediato de Rutilio Escandón, que siempre privilegió la frivolidad y la indiferencia en todos los problemas en la entidad, a punto tal, que para él gobernar Chiapas es una  irrelevancia, por eso los malos resultados y por eso en este Estado existe una gobernanza criminal, lo que significa que los que mandan y controlan el ejercicio del poder son los cárteles, son quienes venden seguridad a través del cobro de derecho de piso que se convirtió en un nuevo impuesto para negocios, empresas y transportistas, situación imputable al gobernador, que tiene que ser investigado y, en su caso sancionado, por las evidentes muestra de protección que tiene su administración en la protección de la delincuencia organizada.

Chiapas vive un total abandono, en donde hay todo por hacer para el próximo gobierno. En donde Eduardo Ramírez ha perdido su derecho a equivocarse, debido a las condiciones desastrosas que recibe la entidad. Él no tiene tiempo para experimentos, ni puede mantener la incorrecta idea de que echando a perder se aprende. Él desde el primer minuto de su gobierno tiene que cambiar el estado de cosas en la entidad, que requiere no solo reconstruirse sino dar dirección y rumbo a las decisiones políticas y que se tiene claridad en lo que se tiene que hacer.

El próximo gobernador no puede dedicarse a perder el tiempo en venganzas y ajustes de cuenta, aún y cuando amplios sectores de la población lo demanden, en virtud del desastre en que dejan a Chiapas los que se van y porque mantuvieron una actitud de rapiña, en el que se enriquecieron sin límite alguno, en donde muchos funcionarios debieran terminar en la cárcel. Esta experiencia la vivió Chiapas en el gobierno de Pablo Salazar, en que se persiguió y encarceló a varios funcionarios. Lo mismo sucedió en la administración de Juan Sabines Guerrero, Ambas experiencias indican, que el encarcelamiento, aunque sea justo y necesario, distrae al gobernante de los objetivos centrales de construir gobierno.

Con esto no se trata de justificar la corrupción y las ilegalidades de la administración que fenece y convertirse en cómplice del mayor atraco vivido en Chiapas, sino expresar con claridad que no se puede construir gobierno con la ventaja y el ajuste de cuentas. Para ello los órganos responsables en revisar el ejercicio presupuestal tendrán que hacer su trabajo y si los resultados de las revisiones obligan a pedir cuentas que así se haga, Son dos criterios de hacer las cosas: una a través de venganzas e infiernitos y otra a través de la legalidad, en donde todos los implicados tienen el derecho de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo y no a las arbitrariedades del poder y al linchamiento mediático. 

La administración de Rutilio Escandón se ha caracterizado por la inauguración de calles, parques y mercados, situación que demuestra que nunca tuvo un plan de gobierno y tampoco buscó construir gobernabilidad a través de la construcción de obras y del uso racional del gasto público, junto a esto, el gobernador tampoco mostró interés alguno en atender los problemas de la entidad y actuó con frivolidad e indiferencia, por eso fue rebasado fácilmente por la delincuencia organizada, a punto tal de que lo que existe en Chiapas es una gobernanza criminal, es decir que gobiernan los cárteles y no un gobierno legítimamente constituido.

En cada ocasión que se presentaron situaciones graves en Chiapas, que ameritaba la intervención del Estado mexicano, hubo siempre el encubrimiento de funcionarios federales, particularmente del expresidente López Obrador, que se empecinó en mantener el falso discurso de un Chiapas seguro, en el que se buscó ocultar las condiciones de guerra que se vive en Chiapas y respaldó la nula gestión de Rutilio Escandón. Así sucedió con el asesinato del hijo del “Tío Gil”, quien traía como guardia personal a dos policías estatales que murieron en el mismo atentado, sin que el gobierno explicara qué hacían dos policías protegiendo a un delincuente; lo mismo sucedió con la presencia de “Los Motonetos” en San Cristóbal, que se apropiaron de esa ciudad e impusieron sus condiciones frente a la inacción del Estado; Se guardó silencio y hubo complicidad con el surgimiento del grupo “El Machete en Pantelhó, quienes desaparecieron a 21 personas sin que haya existido una investigación con la debida diligencia sobre qué es lo que sucedió y todavía le entregaron el municipio; se mantuvo el silencio en el asesinato del líder del grupo “Las Abejas de Chenalhó, Simón Pérez en Simojovel; el Estado fue exhibido cuando fueron detenido 16 trabajadores administrativos de la secretaría de seguridad pública por un cártel y tuvo que intervenir el presidente para mandar un mensaje a las cabezas principales de los cárteles para que fueran liberados a través de aquella hilarante frase de que me voy a quejar con sus papás y se dio la orden de que fueran liberados; se ha guardado silencio ante las distintas ejecuciones extrajudiciales que han sucedido en Chiapas en los últimos meses y también con los enfrentamientos entre los cárteles en Frontera Comalapa, en el corredor Berriozábal-Ocozocuatla-Jiquipilas y en el municipio de La Concordia, que terminó incendiando toda la región de La Frailesca.

La legitimidad política con la que ganó Rutilio Escandón es sólo una anécdota del pasado, pues su nivel de aceptación lo tiene en el lugar 31 en el desempeño de los gobernadores del país, debido, sobre todo, a la indiferencia en la atención de los problemas sociales. En contrasentido, la magnitud de estos problemas obligaba a tomar decisiones rápidas y profundas, situación que contrasta con la actitud contemplativa que tiene todo su gabinete, en donde extrañamente nunca se tomaron decisiones para mejorar el gobierno o por lo menos para intentar construir un gobierno, que terminó rebasado e incluso subordinado a la delincuencia organizada.

El paso de Rutilio Escandón resultó una verdadera tragedia para Chiapas, que lo mejor para la entidad es que el gobernador hubiera solicitado licencia, ya que en estos sesenta días que quedan a esta terrible administración los problemas en la entidad se van a profundizar e incluso multiplicar ante la inutilidad manifiesta del gobernante, lo que está provocando que el nuevo gobierno, toma la dirección de Chiapas sobre las condiciones más deplorables que se pueden imaginar, lo que significa que la irresponsabilidad e in eficiencia de la administración de Rutilio Escandón va a impactar en la futura gobernabilidad en Chiapas que en este momento se encuentra bajo una gobernanza criminal.

El gobierno de Rutilio Escandón ha resultado una pesadilla para Chiapas, no sólo no modificó las condiciones de atraso estructural de la entidad sino que muchos de sus problemas los profundizó: la entidad mantiene los primeros lugares en aspectos negativos. En pobreza, en analfabetismo, en muerte materno infantil, en violaciones a la libertad de prensa, en el número de municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, en el número de feminicidios, etc., etc. No obstante esos señalamientos, el gobierno continúa  tomando decisiones políticas  inadecuadas e inventando primeros lugares en seguridad y provocando malestar en la población, que se da cuenta de las mentiras porque reconoce que existe una desatención social generalizada, en donde los problemas de la población son ignorados y nadie en las oficinas de la administración pública estatal se preocupa en realizar acciones para garantizar la gobernabilidad.

Los malos resultados en el gobierno son inaceptables, porque Chiapas no está en el abandono, cada año recibe un presupuesto considerable de recursos por parte de la federación, que si se aplicaran adecuadamente, con base a proyectos de desarrollo y no de ocurrencias, la historia de Chiapas se hubiera transformado radicalmente en los últimos años, pero los funcionarios del gobierno, sobre todo los que ahora gozan de fuero constitucional, se enriquecieron, en donde el presupuesto fue un botín y estos funcionarios no tuvieron obstáculo alguno para hacer rapiña  estos recursos públicos. 

Lo que sucede en realidad, es que históricamente Chiapas ha estado mal gobernado y no se ha fomentado la construcción de nuevas ciudadanías, que hubiera posibilitado una mayor participación política y establecido controles al ejercicio megalómano del poder de los últimos gobernantes, que optaron por el derroche y la corrupción.

Los gobiernos chiapanecos generalmente han sido retrógrados, carentes de proyectos de desarrollo y con una ausencia de visión de futuro. A punto de que hoy resulta complejo determinar cuál fue el legado de los últimos gobernantes de la entidad, particularmente el de Rutilio que será recordado como el gobernador que entregó Chiapas a la delincuencia organizada.,

La imagen que Chiapas proyecta por sus ineficiencias en el servicio público, es la de el paraíso de la oportunidades perdidas y más si se considera que en lo que va de este siglo se ha ejercido un presupuesto superior a un billón 600 mil millones de pesos, en donde los indicadores de bienestar y el índice de desarrollo humano no mejoraron en la entidad. La situación en el campo en los últimos 15 años es de un claro deterioro, a tal punto que en la década de los 70 y 80 la entidad atraía fuerza de trabajo y hoy es expulsor de ella.

Chiapas antes del levantamiento zapatista de 1994, no aparecía dentro de las entidades con migrantes en el extranjero y a partir de los últimos 25 años, lamentablemente se ha convertido en una de las siete entidades con mayor expulsión de población migrante y se encuentra entre las cinco con mayores percepción de ingresos por remesas, y mantiene el  75 % de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

La entidad está incendiada por problemas de gobernabilidad y por la disputa del territorio entre los cárteles de la delincuencia organizada, pero el gobernador continúa sin mirar estas problemáticas y considera que existe una misión cumplida en el desempeño de su administración.

La ausencia de gobierno origina que cualquiera se sienta con facultad para desestabilizar el orden público e imponer sus propias condiciones. Esto sucede con los pobladores de Pantelhó, que el pasado viernes agredieron afuera del Congreso a dos mujeres periodistas con larga trayectoria en los medios. Esta agresión, aunque fue realizada por estos pobladores es una violación de derechos humanos del gobierno de Chiapas, que no garantiza el respeto del trabajo periodístico y que a la fecha no ha implementado los mecanismos de protección que se debe brindar  a todos  los trabajadores de los medios y para colmo mayor tampoco realiza las investigaciones con la debida diligencia para castigar a los responsables.

El Estado es el responsable de respetar y garantizar la libertad de expresión, y esta protección incluye cualquier tipo de agresión por parte de particulares, como sucedió el viernes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de manera oficiosa debe iniciar una queja en contra de las autoridades responsables de la seguridad pública, quienes en todo momento deben estar atentos para prevenir, proteger y garantizar el ejercicio libre de los periodistas,  que desafortunadamente no es la primera vez que son agredidos  por grupos de manifestantes, que terminan actuando en la impunidad, debido a que la autoridad se mantiene omisa ante estas agresiones.

Pero estas agresiones no fueron las únicas sucedidas en este fin de semana. Otro periodista fue intimidado en la puerta de su casa por sujetos agresivos que llegaron a tocar con violencia, en la madrugada de este domingo, con el firme propósito de intimidarlo, en donde esta visita debe considerarse como un primer aviso de lo que puede suceder después, si no se toman las medidas preventivas que correspondan y si la fiscalía no realiza la investigación para dar con los responsables, aunque resulta claro que la fiscalía y la secretaría de seguridad se encuentran más al servicio de la delincuencia organizada que de la población.

La gran paradoja, es que estos actos sucedieran horas previos a la celebración del día de la libertad de prensa, que en apariencia no ha sido acosada como en otros gobiernos, sí se han producido hechos como la desaparición de un dueño de un portal de noticias de la Ciudad de Comitán, se produjo la detención de otro más de ese mismo municipio, fue baleado otro reportero en Villaflores y fue ejecutado en Cintalapa un corresponsal de José Cárdenas, sin que se conozca quienes fueron los responsables de estos hechos, como también se ignora el móvil y los autores de la ejecución del periodista Fredy López Arévalo.

El Organismo de la Naciones Unidas ha señalado en innumerables ocasiones, que la libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad libre y democrática, pero esto desafortunadamente no lo entienden las autoridades y mucho menos lo entiende la delincuencia organizada, que han convertido este oficio en el trabajo más peligroso en México y eso que se dice que en estos gobiernos vivimos en las libertades democráticas y en el respeto irrestricto de la libertad de prensa, qué tal si no lo viviéramos.

El final de la administración de Rutilio Escandón va a representar las situaciones de mayor complejidad, por la ausencia de autoridad, en el que nadie toma decisiones, lo que permite realizar a la delincuencia organizada cualquier actividad ilícita, como en realidad lo viene haciendo. El cado del asesinato de los migrantes por manos de militares es un ejemplo claro de ello. En este suceso la condena generalizada en la militarización de la seguridad pública, que representa un error garrafal, que va a traer graves costos al gobierno de Claudia Sheinbaum y que contradice los principios de la izquierda, que históricamente acusa a los gobiernos de la derecha de impulsar la militarización como una forma de garantizar la dominación política, pero estas críticas a la militarización ocultan una realidad, la impunidad en la que el crimen organizado realiza sus actividades delincuenciales.

Junto a esta libertad del crimen organizado hay otra situación igual o peor de delicada, la complicidad y protección del gobierno, que permite, tolera y fomenta las actividades ilícitas de la delincuencia, que han constituido un estado dentro del Estado-nación, y cobran impuestos, a través del cobro del piso y venden seguridad, a través de su grupo de sicarios, generan empleos a través de actividades lícitas con empresas que lavan dinero o a través de la actividad criminal propia y son en este momento la actividad económica más importante del país.

En Chiapas particularmente, la delincuencia organizada controla la delegación de la fiscalía general de la república en la entidad, controla la fiscalía general del Estado y controla los mandos policíacos de la seguridad pública, y se el lujo o el descaro de acudir a la propia residencia del gobernador para desarmar y exhibir a su guardia personal, en medio del azoro e incredulidad de sus vecinos, todo esto sucedió aún y cuando se publicitaron notas señalando que este suceso había sido falso, pero sus propios vecino confirman lo sucedido ese día. Bajo estas condiciones, cómo se puede garantizar seguridad en Chiapas, si la delincuencia está presente en las propias dependencias públicas responsables de garantizar la seguridad a las personas.

El crimen realizado por los militares en contra de los migrantes es condenable en todos los sentidos, pero es indispensable preguntarse qué hacía un camión con migrantes en la carretera, si de Tapachula a Huixtla hay que pasar por lo menos tres retenes. La respuesta es simple, hay una pudrición de los cuerpos de seguridad, en la que se protege a la delincuencia organizada. Hoy día, el tráfico de migrantes es la actividad más lucrativa del crimen organizado, que hizo de esta actividad una verdadera empresa, en donde en cada camión en el que transportan entre 100 y 150 migrantes obtienen una cantidad que va de los 600 mil a los 900 mil dólares y diariamente transitan varios camiones con migrante por esa carretera. Sobre este negocio participan los dos carteles en importancia del país, por lo que este lucrativo negocio dejó de ser una actividad de los polleros y pasó a ser parte de una empresa de los cárteles.

Hay un escándalo mediático por el asesinato de los migrantes, en el que se aprovecha para demostrar el error del gobierno en su apuesta a la militarización de la seguridad pública, pero se está dejando de lado el negocio que representa el tráfico de personas y la corrupción y complicidades que prevalecen en el gobierno de Chiapas, en donde simplemente ayer un importante periodista del periódico Universal escribió en su columna sobre la la inutilidad de Rutilio Escandón y el daño que esta administración le hizo y sigue haciendo a Chiapas.

Chiapas es nuevamente noticia nacional debido a los disparos realizados por dos soldados a un vehículo que transportaba migrante, en el que seis de estos resultaron muertos de este ataque realizado. El suceso muestra, en medio de la discusión de la reciente aprobación de la ley qe incorpora a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, que la militarización de la función policial es un fracaso, simplemente porque los militares no realizan funciones preventivas como debe realizarse en la seguridad pública y cuando disparan lo hacen a matar y no para intimidar o prevenir.  

Este hecho lamentable y cuestionable en todos los sentidos, contiene un problema aún mayor, que pone en duda el funcionamiento de todos los cuerpos de seguridad del Estado mexicano, al ser partícipe o cómplices del tráfico no sólo de migrantes sino también de drogas, en virtud  de que si ese transporte se encontraba en el lugar de la carretera en donde sucedió el incidente se debe a la corrupción y podredumbre de los cuerpos de seguridad, que establece retenes en la carretera no para prevenir los delitos sino para participar en los sobornos y beneficios de las actividades ilícitas.

En el tramo de Tapachula a Arriaga hay por lo menos ocho retenes establecidos por todos los cuerpos de seguridad del Estado mexicano -Ejército, Marina, Aduanas, Migración, FGR, policía estatal, policía ministerial y Guardia Nacional-, pese a ello, diariamente circula en esa carretera camiones y autobuses con migrantes y de manera terrestre, por esa misma carretera se realiza traslado de drogas, sin que los retenes realicen decomisos o detenciones, y no lo hacen por pudrición que existe en el sistema de seguridad, en el que se contamina cualquier buena acción que se intente implementar con el afán de mejorar la seguridad pública y la seguridad nacional.

Este asesinato de migrantes resulta un buen pretexto para el linchamiento mediático a la decisión de militarizar las funciones de la seguridad pública, pero este propaganda deja de lado el problema mayor, las complicidades construidas por los cuerpos de seguridad con la delincuencia organizada, que diariamente circulan en esa carretera desarrollando sus actividades ilícitas, en el que se reparten sobornos para construir los patrones de impunidad y las complicidades, en donde los agentes del Estado mexicano terminan realizando protección o promotores de las actividades de la delincuencia organizada.

El asesinato de los migrantes es injustificable, pero este acto reprobable forma parte de un diagnóstico extremadamente delicado, que cuestiona el funcionamiento de todos los cuerpos de seguridad que realizan operaciones en Chiapas y que evidencia la pudrición que existe en estos organismos, que requieren una limpia de raíz, si de verdad se busca establecer un nuevo orden, que garantice la seguridad y las libertades en México, sobre todo porque esta purulencia que existe convierte en automático en basura cualquier buen propósito encaminado a construir un Estado social de derecho y democrático en el país.

El nombramiento más delicado en el próximo gobierno es el de la Fiscalía General del Estado, que sin estar vacante, debido a que Olaf Gómez Hernández tiene un nombramiento hasta diciembre del 2029, es un cambio urgente e inaplazable, no solo por los malos resultados de esa dependencia sino por la infiltración de la misma por la delincuencia organizada y porque hay una frivolidad en el fiscal, que no asume ninguna responsabilidad en la procuración de justicia, al grado tal, que todos los viernes en la tarde se despide de sus colaboradores diciendo nos vemos el lunes y se desaparece los fines de semana, para dirigirse a su casa en Puerto Arista, en donde ya son famosas en el pueblo las francachelas que organiza, mostrando la irrelevancia que tiene para él la fiscalía del estado.

Se tiene conocimiento que Olaf Gómez en más de una ocasión le ha presentado su renuncia del cargo al gobernador, pero éste con la irresponsabilidad que lo caracteriza no se la ha aceptado, evidenciando el grado de desastre que hay en la seguridad en Chiapas,  que durante este sexenio se convirtió en ríos de sangre por la guerra entre los cárteles, con cientos de homicidios, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, donde Chiapas, que nunca había tenido colgados en los puentes, encajuelados, personas descuartizadas y embolsadas y frecuentes enfrentamientos armados entre los cárteles, hoy está convertido en uno de los lugares de mayor violencia e inseguridad, que constante ha sido negada y ocultada por el gobernador, pero que representa una realidad innegable.

Por la eso la renuncia del actual fiscal en el próximo gobierno es inevitable, lo que ha despertado el interés, la ambición y la disputa por ocupar ese cargo, debido a que ese espacio representa un enriquecimiento inmediato por las redes de soborno que están establecidos con la delincuencia organizada, que aporta a esa dependencia cientos de miles de dólares semanalmente, lo que implica protección y complicidades, para todas las actividades ilícitas que realiza en Chiapas la delincuencia organizada; tráfico de migrantes, de drogas y de armas, así como secuestros, robo de autos y el establecimiento del cobro de derecho de pisos a las actividades productivas.

Ese cargo lo ambiciona el actual delegado de la Fiscalía General de la República, Alejandro Vila, que es identificado por los nexos que tiene con ambos cárteles, en donde una de la subdelegación atiende los intereses del Cártel Jalisco y otra subdelegación atiende las relaciones con el Cártel de Sinaloa, en donde la protección a la delincuencia se traduce en que no han realizado detenciones de drogas ni detenciones de personas vinculadas con el tráfico de drogas o de migrantes, cuyas detenciones corresponden al ejército y a la marina, y para colmo de males, en algunas detenciones realizadas integran mal las carpetas de investigación lo que provoca que los jueces de control ordenen la liberación de los presuntos delincuentes. Esto precisamente sucedió cuando fue detenido un personaje importante de los cárteles y fue liberado inmediatamente.

Se comenta que Alejandro Vila realiza gestiones para ofrecer varios millones de dólares para obtener el nombramiento de fiscal general, y ayer fue visto desayunando en el hotel Holiday Inn, con una de las personas más allegadas al gobernador electo, lo que provocó entre sus allegados la expresión de que ya tiene amarrado el nombramiento, cuando lo peor que le puede suceder a la próxima administración es colocar como funcionarios a personas que están plenamente identificados por sus vínculos con el crimen organizado, particularmente el delegado de la fiscalía, donde la DEA tiene puestos los ojos en él, y en los últimos operativos montados tanto por el ejército y la marina no ha sido notificada la delegación de la FGR por la desconfianza que despierta el delegado por sus vínculos con ambos cárteles.

Toda la apuesta del próximo gobierno recae en los nombramientos de la fiscalía del Estado y en la secretaría de seguridad pública, en donde una mala decisión, con personajes vinculados con la narcoviolencia, puede echar a perder el esfuerzo de varios años de trabajo realizado para ocupar el cargo, por eso mismo los colaboradores cercanos al gobernador electo deben comprometerse con Chiapas y cortar de tajo sus ambiciones por mantener relaciones peligrosas. 

El sistema político mexicano surge como una consecuencia de la Constitución de 1917, que le otorga facultades metaconstitucionales al presidente de la república, lo que le permite poseer una concentración de poderes extraordinarios y que prefigura un sistema presidencialista, en donde en el papel existe una división de poderes que no aplica ni funciona, lo que posibilita la figura de un presidente que está por encima de la ley y sin límite alguno, más que el que le otorga su propia  conciencia o su autoresponsabilidad.

En este sentido, nadie está por encima del presidente, cuyo poder no se comparte con nadie ni está sujeto a ninguna disposición, aunque exista un juramento que señala expresamente de cumplir y hacer cumplir la ley. Por esta razón, el historiador Daniel Cosío Villegas definió a este sistema como una monarquía sexenal absoluta y Octavio Paz lo llamó el “Ogro filantrópico”, en el que puede ser feroz, pero al mismo tiempo es generoso, es un filántropo que regala o proporciona el bienestar y más recientemente el escritor Mario Vargas Llosa lo llamó la dictadura perfecta.

En el año de 1997, cuando el PRI perdió por primera ocasión la mayoría en el Congreso, surgió la posibilidad de ponerle límites al poder del presidente, se abrió el régimen a un pluralismo político y se empezó a hablar de la transición a la democracia, que era un imposible construir por las facultades metaconstitucionales del presidente, que cobijaba el autoritarismo en lugar de un proyecto de democracia. Esta transición de la democracia parecía consolidarse con el gobierno de la alternancia que surgió en el año 2000 con el triunfo electoral de Vicente Fox, que tampoco obtuvo la mayoría en el Congreso y que obligaba a privilegiar una política de alianzas y de construcción de acuerdos que fortalecía el pluralismo político; sin embargo esta transición quedó inconclusa porque no se eliminaron las facultades metaconstitucionales del presidente, ni se consolidó la división de poderes y el presidente continuó montado y gobernando con la misma estructura del sistema autoritario.

Con el triunfo de López Obrador, cuyo principio político era la transformación, se abría la posibilidad de la construcción de un proyecto de democracia, que eliminara los poderes extraconstitucionales del presidente, que se consolidara el pluralismo político y que se construyera una verdadera división de poderes pero sucedió lo contrario, el presidente López Obrador aprovechó para sí mismo la estructura del viejo sistema político y lo revivió con una reconcentración de poder en manos del presidente, que combatió la existencia del pluralismo político, que anuló el poder del Congreso, que combatió a todos los organismos autónomos capaces de construir una verdad distinta a la enarbolada por el presidente, que con ataques desde la presidencia, que representa el poder del Estado, empezó a intimidar el ejercicio de la libertad de expresión y que con miles de millones de pesos convertidos en programas sociales compró popularidad y sumó voluntades y lealtades, que mostraron la existencia del “Ogro filantrópico” de Octavio Paz, de tal modo que la frase de Vargas Llosa que hablaba de la dictadura perfecta se transformó en la expresión de la democracia imperfecta.

Con el ascenso de la Dra. Claudia Sheinbaum surge la renovación de la esperanza de construir un régimen democrático, que abandone las prácticas del autoritarismo y el de la simulación democrática, lucha política en donde ella surgió y caminó desde su juventud, se abandonen las ocurrencias y la soberbia del ejercicio del poder, en donde los límites del poder sea la autoresponsabilidad del gobernante, que se perdió en los últimos seis años, en el que privó la desmesura, el hubris del presidente, en el que se inventaron enemigos del gobierno, se limitó el pluralismo político, se acusó a periodistas y organismos defensores de derechos humanos y se abandonó el ejercicio de gobernar por un activismo político, en donde lo relevante fue ganar las votaciones y no la construcción de nuevas ciudadanías.

A unas horas de que concluya el sexenio de López Obrador e inicie un nuevo gobierno en manos de la Dra. Claudia Sheinbaum, existe la conveniencia de reestructurar el sistema político mexicano, que en lugar de transformarse ajustó su maquinaria y se recrudecieron las formas de dominación. Es decir, que el presidente López Obrador aprovechó la estructura creada por el régimen del PRI y la cultura política heredada, para establecer su gobierno bajo un nuevo discurso, que convoca a la transformación, pero en realidad se consumó el gatopardismo de cambiar para seguir igual.

Hay en este momento un discurso de la continuidad, algo que nunca se ha presentado en el sistema político, aún y cuando durante muchos años se habló de los gobiernos de la revolución mexicana, en razón de que cada presidencia ha tenido su estilo personal de gobernar, lo que los hace diferente, aspecto que sin duda se va a presentar en este gobierno que está por iniciar: Claudia Sheinbaum terminará imponiendo su estilo personal y se alejará, con ruptura o sin ella, de las formas y enemistades de López Obrador,  para construir los nuevos rumbos del país y establecer las nuevas prioridades; una de ellas es la de la seguridad, en donde hay un fracaso total del gobierno.

De manera sutil, pero enfática, ya se envió el mensaje de combate a la delincuencia organizada, Esto fue a través de quien ocupará la secretaría de seguridad Omar García Harfuch, en su intervención en el senado, para fijar su posición sobre la Guardia Nacional, previo a su solicitud de licencia. En ese mensaje el futuro secretario señaló la importancia de fortalecer los sistemas de inteligencia –en el que se va a constituir una subsecretaría de inteligencia-, lo que significa que sí habrá combate a la delincuencia, bajo nuevas características de la guerra a los cárteles, en donde no necesariamente la apuesta sea la de continuar con los ríos de sangre y la violencia, pero sí la de poner punto final a la absurda idea de abrazos y no balazos.

La nueva presidenta hereda un país polarizado, en la que además tiene muchas crisis que pueden explotar en cualquier momento; desde un sistema financiero, con problemas de liquidez para continuar con las ocurrencias del obradorismo; una crisis del sistema de impartición de justicia, ocasionado por una reforma que no tiene visos de funcionalidad; una gran parte del territorio nacional bajo control de los cárteles, que han construido una estructura de poder que semeja a un Estado dentro del Estado-nación; y,  una relación conflictiva con los Estado Unidos, en el que no importa quién gane la presidencia de este país, debido a que vendrán decisiones difíciles en materia migratoria y de combate a los cárteles de la drogas.

Sin embargo, el principal problema del nuevo gobierno es la falta de oposición, de la necesidad de un referente político de disputa, lo que implica que la disputa se va a desarrollar al interior del propio partido gobernante, en donde ya existen cabezas que sueñan con las elecciones del 2030, situación que representa la posibilidad de que entre ellos empiece la destrucción. 

¿A quién creerle y quiénes mienten? Chiapas vive una terrible realidad; vive una guerra entre cárteles y el presidente de la república y el gobernador del Estado, hacen todos lo posible a su alcance para ocultar y negar esta guerra, y juntos han creado el falso discurso de que en Chiapas hay paz y tranquilidad, como lo han afirmado en innumerables ocasiones, incluso en la conferencia mañanera, en la que se insiste en desmentir la grave situación de violencia e inseguridad que hay en Chiapas, en donde los Estados Unidos han emitido cuatro alertas para no visitar lugares de Chiapas, en donde se recrudeció el desplazamiento de personas, debido al reclutamiento forzado que realiza la delincuencia organizada en comunidades de la región fronteriza de la Sierra, en donde la población civil es utilizada para establecer retenes en las carreteras y de escudo humano en los enfrentamientos con el ejército.

En el mapa de conflictos en Chiapas, la violencia está presente en los municipios de la Sierra, en la Región Selva, en los Altos de Chiapas, en la Región de la Frailesca, en Tapachula, y en el corredor Berriozábal-Ocozocoautla-Jiquipilas, en donde existen escenarios de disputa entre los cárteles, por el control del territorio, en condiciones de guerra que no se debe seguir ocultando por parte de las autoridades, sobre todo, por la infiltración que existe en todas las dependencias públicas responsables de garantizar la seguridad por parte de los cárteles, en el que la delincuencia organizada está aprovechando en las comunidades indígenas el discurso de los usos y costumbres y lo pervierte para obtener impunidad, como sucede en Pantelhó, Chenalhó y San Juan Chamula.

Sobre esta guerra entre cárteles surge dos interpretaciones: una realidad que el gobernador Rutilio Escandón ignora y que no quiere mirar, en donde no dimensiona las consecuencias de su indiferencia y la inacción del gobierno y la otra, es la complicidad y participación de las acciones de la delincuencia organizada, en el que se mantiene a funcionarios señalados por sus vínculos con los cárteles, y se continúan recibiendo lo sobornos para proteger el tráfico de personas y de drogas en Chiapas. Sin embargo, son muchos muertos y desaparecidos los que hay que cargarle a esta administración y alguien tiene que ser responsable de esta ausencia de seguridad que hay en la entidad, aunque con frecuencia el gobierno ha publicado boletines en el que se habla de saldo blanco, publicaciones que confirman que el gobernador no asume la responsabilidad de su cargo ni representa los intereses de Chiapas.

En las últimas semanas se ha sabido de operativos realizados por las fuerzas armadas en Tonalá-Arriaga, en la Región de La Frailesca y recientemente en Tapachula, operativos en donde hubo detenciones y donde no fueron informados las autoridades de Chiapas ni la Delegación de la Fiscalía General de la República, lo que denota la desconfianza que hay en los mandos militares a los funcionarios en la entidad, quienes se convirtieron en parte del problema, ocasionado por la guerra entre los cárteles, que conduce al señalamiento de la existencia de un narcogobierno en Chiapas.

Hoy se cumplen 10 años de la terrible desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, suceso que marcó el desprestigio internacional del gobierno de Enrique Peña Nieto y la posterior caída del PRI y prácticamente su desaparición después de los fracasos electorales del 2018 y 2024, que marcaron el ascenso de López Obrador y del Partido Morena. En estos diez años los sobrevivientes de los estudiantes desaparecidos han esperado justicia y esperan conocer del paradero de los mismos, sin que el gobierno haya cumplido su palabra de localizarlos.

En los primeros cuatro años de esa desaparición, el gobierno de Peña Nieto construyó una verdad histórica, que las investigaciones realizadas por la comisión del grupo de expertos de la OEA, se encargó de derrumbar. Durante este período el presidente López Obrador, en su papel de opositor, obtuvo raja política y realizó campaña de acusaciones del incumplimiento del gobierno, pero los seis años siguientes, correspondientes al gobierno obradorista, tampoco hubo resultados y lo peor de todo, es que se recurrió a los mismos argumentos de la verdad histórica del gobierno del PRI, que nadie cree, y el presidente asumió una defensa a ultranza del ejército, invalidando con ello la imparcialidad de las investigaciones.

Un compromiso incumplido de López Obrador es con la investigación veraz y eficaz de la verdad de este suceso, en donde él obtuvo beneficios políticos pero no mostró la voluntad política que se requiere, al establecer una alianza con el ejército, al otorgarle poderes económicos y políticos, más allá de lo recomendable, en aras de mantener un respaldo de las fuerzas armadas, cuando la lealtad de este organismo no es hacia las personas sino hacia las instituciones.

La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es un acto vergonzoso del Estado mexicano, no sólo por la misma desaparición de estos jóvenes sino por la cerrazón en las investigaciones para conocer la verdad y castigar a los responsables, para que nunca más pueda volver a presentarse un suceso igual o similar a esta desaparición. La falta de cumplimiento del actual gobierno para saber la verdad, muestra a la vez, una falta de compromiso con los derechos humanos, en el que han existido innumerables agravios en contra de defensores y organismos defensores de derechos humanos, en el que incluso, se mantiene la política de militarización y se insiste en una Guardia Nacional incorporado a la Secretaría de Defensa, cuando existen disposiciones del derecho internacional firmadas por México, para que los cuerpos policiales sean una guardia civil y no militar.

Transcurrieron diez años, y los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa continúan desaparecidos y con el paso del tiempo, la lucha alrededor de las exigencias de su aparición se ha convertido en un símbolo de la resistencia a las prácticas de los gobiernos que simulan el respeto de los derechos humanos, pero en realidad son cómplices de las violaciones de derechos humanos.

Después del silencio sobre la violencia y la inseguridad en el Sexto Informe de Gobierno queda demostrado que esta administración de Rutilio Escandón nunca fue una opción política. La enseñanza que deja al próximo gobierno es que se requiere de políticas que al mismo tiempo que construya paz y gobernabilidad democrática, garantice la seguridad de las personas y sus bienes, tres aspectos que se deterioraron durante la actual administración y por lo tanto no son posibles en observar en los poco más de 60 días que le quedan al gobierno, sobre todo porque los funcionarios involucrados con la delincuencia organizada continuarán en sus cargos y los beneficios económicos generados por la protección y complicidad de las actividades ilícitas seguirán fluyendo para el enriquecimiento de funcionarios, que de una u otra forma están sometidos a los intereses en torno de la delincuencia organizada, con el silencio de un gobernador convencido de que lo ha hecho bien y que considera su misión cumplida.

Sin embargo la realidad cotidiana que se vive en Chiapas es una muy distinta a los supuestos de realidad de Rutilio Escandón, que simplemente no conoce Chiapas y que nunca visitó la mayor parte del territorio, en donde sobresalen las acusaciones realizadas por el comandante Galeano, en septiembre del 2021, en la que acusó al gobierno de Chiapas de mantener vínculos con el narcotráfico y de que había condiciones para una guerra civil dichos que tres años después se confirma de que son ciertos. Chiapas vive una guerra entre los cárteles  Jalisco Nueva Generación en contra del grupo Sinaloa, en el que nadie está  salvo, pero lo más grave de todo, son las claras señales de que en Chiapas hay un narcogobierno, que no solo protege las actividades ilícitas de la delincuencia organizada sino que reproduce patrones de impunidad en donde la delincuencia puede acudir al lugar que habita el gobernador y desarmar a su guardia personal, en una provocación al propio Estado y no pasa nada, lo que significa que la delincuencia tiene bajo su control el territorio de Chiapas.

Los sucesos de violencia reiterados en Chiapas, que el gobernador niega y oculta nos deja una enseñanza que ilustra la mala calidad de gobierno que hay en Chiapas, que fue mal gobernada por el PRI, que las cosas no cambiaron con los gobiernos del PAN y del PRD, que se mantuvo la misma tónica con el gobierno del partido verde y que ahora que Morena gobierna, hay claros indicios que éste lo hizo igual o peor que todos los demás. Chiapas vive una terrible pesadilla de caos y de impunidad, en el que no se tomaron en el momento adecuado las medidas preventivas para evitar que la violencia alcanzara los niveles que hoy se viven en gran parte del territorio.

Pese a la situación de violencia, enfrentamientos armados y ejecuciones extrajudiciales, el gobernador Rutilio Escandón muestra o simula una mayor preocupación por los desastres que se pueden ocasionar las lluvias, que por las condiciones de guerra por el control del territorio que se vive en Chiapas.

Rutilio Escandón en su Sexto Informe de Gobierno expresó la frase “Misión Cumplida”, frase que requiere una reflexión, pues se desconoce a ciencia cierta cuál fue su misión durante este período, sobre todo, porque a vista de amplios sectores de la población, durante esta administración se entregó Chiapas a la delincuencia organizada y hoy se viven en gran parte del territorio situaciones de violencia e in seguridad que jamás se habían presentado , todo ello con la complicidad de funcionarios del gobierno, que han sido denunciados en innumerables ocasiones sin que se realicen las investigaciones y sanciones correspondientes, lo que presupone amplias complicidades con la esfera superior del gobierno.

Esta administración de Rutilio Escandón representa la continuidad del desastre de Chiapas iniciada en la gestión de Juan Sabines y continuada por Manuel Velasco y Rutilio Escandón, que representan 18 años de gobiernos desafortunados, que impidieron el progreso y bienestar de Chiapas, a pesar de que en conjunto de estas tres administraciones se ejerció un presupuesto superior al billón cuatrocientos mil millones de pesos, una cantidad, que pudo haber cambiado el rostro de pobreza y desigualdad de Chiapas, pero que fue ejercida por ocurrencias, despilfarro y corrupción, sin resultados.

La violencia e inseguridad que se oculta en este gobierno alcanzó situaciones inimaginables: ejecuciones extrajudiciales, personas encajueladas y embolsadas, cuerpos descuartizados y aunque la indiferencia de esta administración lo niegue, por primera ocasión hubo colgados en los puentes, lo que significa que Chiapas llegó a las mismas condiciones de violencia que otras entidades de la república como Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, etc., etc, violencia que debió de haber generado medidas de prevención para garantizar la seguridad de las personas, pero el gobierno se concentró en negar los sucesos y se atrevió a mencionar que esto era solo difusión en los medios para desprestigiar al gobierno.

El legado de la administración de Rutilio Escandón no es la reducción de la pobreza en Chiapas como quiere hacer creer, su legado, su verdadero legado es haber permitido, tolerado y apoyado el ingreso en Chiapas del CJNG, y el inicio de una guerra entre cárteles, que tiene brotes de un guerra civil, como fue anunciada por el EZLN años atrás, sin que se analizará o comprendiera lo dicho por su vocero subcomandante Marcos, que fue de los primeros en anunciar que en Chiapas existía un narcogobierno.

Rutilio Escandón deja un Chiapas en peores condiciones sociales que como lo recibió, en donde hay todo por hacer y reconstruir. Pero a su vez, deja como legado una violencia generalizada ocasionada por la guerra entre cárteles, en la que no existen visos de que vaya a parar sino por el contrario, se va a agudizar porque no hay gobierno: el que termina no acaba de irse y el que va a entrar no acaba de llegar. Chiapas vive un interregno que va a tener una cuota superior de violencia.

Hoy Rutilio Escandón presenta su último informe de gobierno, en el que no van a existir críticas ni diagnóstico del estado que guarda la administración en Chiapas. Lo que ha sido usual en estos informes de gobierno son las mentiras y las estadísticas amañadas, como los anuncios de la reducción de pobreza, en el que se asegura que se redujo en un 10%, pero con el crecimiento poblacional en los últimos seis años, hay más población en condiciones de pobreza que cuando inició la administración de Rutilio Escandón.

En este informe, fiel a la indiferencia mostrada en todo este período, el gobernador no va a hablar de la inseguridad y la violencia, y va a repetir las cifras amañadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del INEGI, en donde Chiapas aparece como una de las entidades más seguras del país, pero se oculta que el registro de estos datos son proporcionados por las mismas dependencias de Chiapas, en donde se ocultan y maquillan los delitos, en aras de mostrar un Chiapas seguro.

Son capaces de mencionar que se invirtieron más de mil millones en cámaras de seguridad en los municipios, pero el gobernador no va a informar que cada vez que hay un delito de alto impacto y los afectados o sus familiares solicitan los vídeos del C5, esta dependencia ha reportado en innumerables ocasiones que las cámaras están descompuestas, pero cada vez que los abogados de la delincuencia organizada solicitan estos vídeos el C5 los proporciona, situación que evidencia la gran influencia y control que tiene el crimen organizado sobre la información del C5.

En este informe no se va a hablar sobre la guerra entre los cárteles que hay en Chiapas y tampoco se va a hablar de los enfrentamientos y masacres recurrentes producto de esta guerra, ni se va a hablar de los desplazamientos forzados de población en los municipios fronterizos de la Sierra, que produjo que decenas de familias buscaran refugio en Guatemala, en la que huyeron de la violencia en sus comunidades; tampoco se va a hablar del reclutamiento forzado de jóvenes, que son obligados a participar como fuerza de tarea de los cárteles y difícilmente se va a mencionar que población civil es forzada por el crimen para participar en los bloqueos de carreteras y como escudos humanos, que impiden el paso del ejército.

En este informe el gobernador jamás va a mencionar, que gran parte del crecimiento de la delincuencia organizada se debe a que funcionarios de la delegación de la FGR, de la fiscalía del Estado y de la secretaría de seguridad pública protegen y son cómplices de los cárteles, que semanalmente reciben miles de dólares para encubrir las acciones delictivas y no realizan detenciones ni operativos, que son las fuerzas armadas los que hacen las operaciones y lo realizan sin informar a las autoridades del Estado porque no confían en ellas y más aún, en las últimas detenciones los delincuentes han sido trasladados a la Ciudad de México porque en Chiapas se manipulan las carpetas de investigación, con el fin de que sean liberados por los jueces de control.

El informe va a ser triunfalista, tal y como han sido los anteriores, sin credibilidad, sin reflexión y sin autocrítica, lo que deja traslucir una realidad inexistente del mundo según Rutilandia.

El primero en acusar al gobierno de Chiapas de vínculos con el narcortráfico, al mismo tiempo que mencionó que Chiapas se encontraba al borde de una guerra civil, fue el EZLN, en septiembre del 2021 en voz del comandante Galeano. La acusación directa de narcogobierno mellaba en ese momento la credibilidad de un gobierno que manifestaba tener los principios de no mentir, no robar y no traicionar, aspectos que se repetían pero que siempre estuvieron bajo sospecha, debido a que la realidad mostraba otras circunstancias. Hoy transcurridos tres años de esa acusación, quedan menos dudas y muchas certezas, del involucramiento de funcionarios en la entidad con la delincuencia organizada.

A partir de la acusación del EZLN, hubo otras denuncias en medios nacionales que confirmaban los vínculos de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada y los nombres de los acusados coincidían siempre. El gobierno de Chiapas guardó silencio y los funcionarios señalados continuaron en sus funciones, situación que terminó configurando la idea de que las complicidades en Chiapas del gobierno con la delincuencia organizada era mucho peor, en donde participaban en la protección y sobornos de la delincuencia altos mandos del gobierno local y la delegación de la fiscalía general de la república y en donde estaban involucrados presidentes municipales, constituidos como jefes de plaza municipales.

El señalamiento de guerra civil realizado hace tres años por el EZLN ya no parece tan descabellado, porque en realidad en gran parte de la entidad existe una guerra entre el Cártel de Sinaloa en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde la población no se encuentra a salvo y en la región fronteriza de la Sierra, los pobladores son sujetos al reclutamiento forzado y obligados a participar en retenes, lo que ha provocado desplazamientos, a punto tal que algunos de ellos pasaron a territorio de Guatemala en busca de protección y huyendo de la guerra. En esta guerra existen denuncias de funcionarios que colaboran a favor del Cártel de Sinaloa, pero también hay la denuncia de funcionarios y mandos policíacos que están al servicio del Cártel Jalisco; en medio de estas acusaciones se encuentra un gobierno que no gobierna y que perdió todo el sentido de su responsabilidad social.

La desconfianza hacia los funcionarios locales y hacia la mesa de seguridad, que sesiona todos los días es de tal magnitud, que las fuerzas armadas han realizado operativos en la costa y en la frailesca, sin que informara a las autoridades locales y ahí realizó detenciones importantes y decomiso de armas y drogas, al mismo tiempo que los detenidos fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México, entre ellos el segundo del CJNG, denominado “El Peligro”; estos operativos realizados por la inteligencia militar bajo sospecha a muchos funcionarios y al mismo gobierno de Chiapas, que no ha realizado la tarea que le corresponde de depurar a sus funcionarios públicos y el de beneficiarse por los sobornos del crimen organizado.

Estos operativos abren la posibilidad del próximo gobierno de realizar una limpia de funcionarios que por acción, omisión o aquiescencia han servido a los intereses de la delincuencia organizada, en donde el mensaje claro sería el de cero participación en los sobornos, y la recuperación del papel del Estado como garante de la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes, aspecto que se perdió en este gobierno y que es urgente recuperar si se quiere establecer paz y gobernabilidad.

Es de tontos pensar que alguien en los medios de comunicación desea que le vaya mal a Chiapas. Así como es falso afirmar que si le va bien al gobernador le va bien a Chiapas, debido a que existen evidencias de que a gobernadores les ha ido muy bien, se enriquecieron del erario y hasta continúan en el desempeño público, como Juan Sabines, Manuel Velasco y ahora con la promesa a Rutilio Escandón de incorporarlo a la administración pública federal, pero a Chiapas le ha ido muy mal en estos gobiernos; esto pese al enorme presupuesto ejercido en estos tres gobiernos, quienes tuvieron en conjunto un monto superior a un billón 400 mil millones de pesos de presupuesto, que fue derrochado y mal invertido.

Por eso se ha mencionado en muchas ocasiones que el problema de Chiapas no es la falta de presupuesto sino la de malos gobiernos, en el que se ha tenido, en los últimos 18 años, tres gobiernos desafortunados, en el que se gobernó con ocurrencias y se careció de proyectos viables, con posibilidades de cambiar el rostro de pobreza de Chiapas. En contrasentido, lo que se pudo observar es el enriquecimiento de un grupo de funcionarios, que actuaron como aves de rapiña con el presupuesto y con ello se cancelaron posibilidades de mejorar la calidad de vida de la población y peor aún se gobernó con mentiras y se  inventaron datos falsos, sobre lo bien que le fue a Chiapas.

De los últimos gobiernos, el más desafortunado es el que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, quien deja como legado el haber entregado a Chiapas a la delincuencia organizada y el haber tenido un pésimo manejo en la pandemia del Covid 19, en donde miles de muertos en la entidad no fueron registrados, en aras de publicitar un Chiapas como la entidad con el mejor manejo del país de esta crisis mundial de salud. Al respecto, se tuvo la mayor mortandad de médicos en el combate a este virus y solo en Tuxtla se tienen datos extraoficiales de más de 150 fallecimientos diarios, que nunca fueron contabilizados.

La administración de Rutilio Escandón nunca tuvo un plan de gobierno y en el último tramo de gobierno, en donde incorpora a Ángel Torres Culebro como secretario de obras, inició un programa de construcción de puentes, con la idea de modernizar las ciudades, cuando solo provocó llenar de asfalto la ciudad en obras faraónicas innecesarias, como bien se puede comprobar en estos días, con la puesta en operación del puente en el libramiento norte, que demuestra lo que se dijo siempre, que esas obras eran el monumento a la corrupción de esta administración.

El 23 de septiembre se da el último informe de gobierno, con el que se cierra esta administración y se espera que el gobernador pida licencia para incorporarse a un cargo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, una decisión doblemente desafortunada: primero, por la inutilidad que representa Rutilio y segundo, porque eso implica designar un interinato por 60 días, que representa el infortunio mayor de Chiapas, que se encuentra bajo el control del crimen organizado. Por eso la decisión más saludable es una iniciativa de ley que adelante la toma de protesta del nuevo gobierno, que buscaría poner fin a este interregno, que puede ocasionar mayores daños a la entidad. 

Los gobiernos federal y estatal, al ocultar los graves problemas de inseguridad que hay en Chiapas, avalan y justifican el desempeño de funcionarios del gobierno involucrados con la delincuencia organizada y esta postura, con la información que se tiene es indefendible. En las conferencias mañaneras el presidente ha señalado que sean los chiapanecos quienes decidan, como si esto fuera una decisión electoral y no política y con ello -consciente o inconscientemente- encubre el problema de corrupción que hay en los servidores públicos que protegen y obtienen sobornos de la delincuencia organizada.

El involucramiento de servidores públicos en la delegación de la fiscalía general de la república, en la fiscalía del Estado, en la secretaría de seguridad pública y en mandos policiales  se debe de investigar para deslindar responsabilidad y no asumir la defensa a ultranza como lo hace el presidente y el gobernador, en aras de mantener un discurso de mentiras con el fin de no reconocer el fracaso de la política de seguridad del gobierno federal y el crecimiento de la violencia e inseguridad que pone al gobierno de la cuarta transformación como el gobierno de mayor número de muertes violentas en la historia del país, cuando él se comprometió que en seis meses de su gobierno se iban a notar los resultados de su política de atender las causas y ya concluyó el sexenio y la violencia continúa en el país, lo que evidencia el fracaso de la política en seguridad.

La investigación de los servidores públicos involucrados con la delincuencia es urgente realizarla, pues hay conductas que no pasan desapercibidas, como el incremento de propiedades en ranchos, casas y vehículos en Chiapas y otras ciudades del país; el despliegue de guardaespaldas en los hijos de funcionarios de las dependencias de seguridad, que se observa no solo en las escuelas donde estudian sino en las calles en el que se muestra el despliegue intimidatorio; las patrullas y guardias en las casas, incluso de personas que ya no son funcionarios pero continúan gozando de esos privilegios, todo ello pagado con recursos públicos; en los viajes constantes que realizan los funcionarios y/o familiares para ver a sus hijos que estudian fuera de la entidad, en el que los gastos son excesivos y no corresponde con el austero salario que perciben; la investigación in situ en el lugar en donde viven, que a simple vista se puede observar que no corresponde el nivel de vida con el ingreso legal que tienen.

El gobierno se equivocó al acusar a los medios  como los responsables de crear una percepción de que en Chiapas hay mucha inseguridad, cuando esto no es un problema de percepción sino de una realidad lacerante, que hace insostenible el falso discurso de un Chiapas seguro y del ridículo e irresponsable mensaje del gobernador, cuando difunde que hay saldo blanco en delitos de alto impacto, discurso que la población no le cree y terminó siendo el hazmerreir.

Las referencias sobre la seguridad en Chiapas han sido unos mensajes desafortunados del presidente, pues en Chiapas, las circunstancias de violencia y de enfrentamientos constantes entre los grupos de la delincuencia organizada, muestra que esta situación solo puede presentarse bajo la protección del gobierno y el discurso de defensa a ultranza, que niega la inseguridad en Chiapas, confirma las evidencias de que esta protección a funcionarios y al crimen organizado sí existe.