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06
Fri, Dec
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 La inseguridad se apoderó de Chiapas, pero ni el gobernador ni sus funcionarios se dan por enterado. Ellos siguen el mismo discurso del antiguo régimen en el que se  vende la idea de que todo está muy bien y minimizan los problemas.

 

Asombra la publicidad del gobierno cuando anuncian que la inseguridad disminuyó y que eso se debe gracias al trabajo del gobernador y a la mesa de seguridad, cuando la realidad es otra; la fiscalía general del Estado manipula la información y el registro de los delitos, porque no se levantan las denuncias de los afectados sino que se elaboran actas administrativas que suelen archivarse. Dicho en otras palabras, la fiscalía en Chiapas juega con el dolor de las personas y oculta información de los delitos que a diario se cometen.

La administración de Rutilio Escandón debe dejar de mentir en materia de seguridad, porque una cosa es la percepción que tiene el gobernante y otra la percepción de la ciudadanía que sufre los embates de la delincuencia. Lo grave es que se han contratado medios nacionales e incluso se estuvo transmitiendo un programa de chismes desde Chiapas para difundir las mentiras del gobierno, que busca a toda costa hacer creer que Chiapas es un Estado seguro, cuando hay carreteras que no se pueden transitar por las noches.

La inseguridad en la entidad está acompañada por indignación y un profundo malestar en la población por la poca capacidad de respuesta que tiene el gobierno y más cuando la entidad ha sido nota nacional  por los distintos sucesos de inseguridad.

Las reuniones mañaneras de la mesa de seguridad no han funcionado y la razón fundamental de que no funciona se debe a que Chiapas es una sociedad en la que la ley no se aplica. Situación que conduce a una impunidad del 99 %.

En Chiapas no hay un plan estatal de seguridad y prevención del delito. Mucho de la ausencia de trabajo en materia de seguridad viene recayendo en los municipios, cuando éstos no son los culpables del incremento de la delincuencia. Sobre todo porque los municipios solo tienen atribuciones en materia de prevención pero no para el combate de la delincuencia.

Chiapas tiene hoy serios problemas de gobernabilidad y graves problemas de inseguridad, pero el gobernador Rutilio Escandón señala que va muy bien y que puede estar mejor y ese va a ser el tono de su primer informe de gobierno en donde seguramente va a estar ausente la autocrítica y la reflexión que de rumbo a la transformación prometida.

Lo cierto es que la administración de Rutilio se le observa como la continuidad del pasado, en donde no se diferencia en nada de los gobiernos pasados. En este primer año de administración se dio continuidad a la indiferencia, la impunidad, la corrupción, la frivolidad, a los caprichos, la opacidad, la ineficacia y el rencor.

En Chiapas ha sido una práctica cotidiana el uso de la represión y la violencia institucional como mecanismo de control político. La lista de líderes sociales asesinados es larga e incluso, en la primera mitad del siglo XX se llegó a la aberración de aprobar una ley en la que se autorizaba a los grandes propietarios a la creación de  las guardias blancas, que se encargaron de desaparecer cualquier brote de protesta.

La violencia institucional en Chiapas ha tenido diferentes patrones de comportamiento. Primero la creación de las guardias blancas, luego la intervención directa de los militares y los cuerpos de seguridad, después del levantamiento zapatista surgen los grupos paramilitares y ha sido una constante en el territorio las ejecuciones extrajudiciales.

Lo que sorprende e indigna, es que en la mayoría de los crímenes y desapariciones forzada no ha existido detención de los responsables ni la investigación ministerial de los hechos ni castigo a los culpables ni la búsqueda de  acciones judiciales que ponga límites a los abusos de poder, en el que prevalece un clima de impunidad.

Así sucedió con los crímenes de los comisariados de los bienes comunales de Venustiano Carranza, de Andulio Gálvez, Sebastián Núñez Pérez, Rubicel Ruíz Gamboa, etc., etc.

En los gobiernos de los últimos 50 años han existido asesinatos políticos, desalojos, desapariciones, detenciones arbitrarias, persecuciones, tortura y desafortunadamente la clase política chiapaneca se empecina en mantener este estado de cosas, perpetuando la impunidad. Pero de igual forma son notorios los crímenes de lesa humanidad en Chiapas, en el que no deben de quedar en el olvido los sucesos de Bolomchan, en el  municipio de Sitalá,  Acteal, en Chenalhó, la masacre en el municipio de El Bosque,  los asesinados en Chinkultic, en el municipio de Trinitaria y los de Viejo Velasco, en Palenque.

La ausencia de los límites de poder de los gobernantes en Chiapas ha creado este clima de crímenes e impunidad. En donde la señal clara y peligrosa es de que en Chiapas nadie está a salvo de  la arbitrariedad en el ejercicio del poder, esto aplica para el actual gobierno, que no se caracteriza por el respeto a las libertades y a los derechos ciudadanos y en donde la violencia y la inseguridad alcanzaron situaciones preocupantes de impunidad.

La inacción y desatención política del gobierno ante varios conflictos en la entidad, está creando condiciones para una nueva masacre, sin que esto parezca preocupar a los funcionarios, que dedican gran parte del tiempo a la realización de actividades de promoción política, en el que se adelantaron los tiempos políticos, en lugar de construir condiciones de gobernabilidad, que mucho necesita Chiapas.

 

La mejor oferta política que el gobierno le puede ofrecer a la sociedad chiapaneca es la garantía de la legalidad, en donde todos los actos y decisiones del gobierno estén apegados al marco la ley. Esto que es un principio de obligatoriedad en un Estado democrático, no es cierto para el Estado Mexicano y muchísimo menos para el Estado de Chiapas, en el que de manera reiterada se toman decisiones al margen de la ley y de manera sistemática y generalizada se violan derechos humanos, lo que significa que la llamada cuarta transformación en la entidad es puro discurso demagógico.

En Chiapas no hay división de poderes y el gobierno de Rutilio Escandón ni por asomo promueve la autonomía del poder judicial, que está instalado en la ilegalidad, pues su integración incumple con lo que establece la Constitución local. A esta ilegalidad se le suma la práctica de liberar presos sentenciados, a través de una Mesa de Reconciliación que es inconstitucional e inconvencional.

Este adefesio ilegal sólo funciona en Chiapas, porque solo en esta entidad se pueden cometer aberraciones jurídicas y acciones criminales promovidas por los gobernadores. Esta mesa de reconciliación, ha permitido liberar en los últimos años a homicidas, secuestradores, feminicidas, tratantes, ladrones de autos y violadores, a través de un mecanismo en el que se presume que existen negociaciones económicas para procurar la liberación de presos sentenciados en el que la sentencia fue confirmada por los tribunales federales.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que esa mesa de reconciliación es ilegal porque sólo un juez tiene facultades para liberar a un sentenciado y los jueces son autónomos y sus decisiones no pueden ser avasalladas por ningún instrumento, así esté enmascarado de “legalidad” e integrado por los tres poderes del Estado.

En el actual gobierno se han realizado dos eventos de liberación de presos a través de la mesa de reconciliación: uno el 29 de diciembre, en el que se liberaron a 142 sentenciados y otro, el 10 de mayo, que se liberaron a 12 sentenciados, pero se viene preparando una tercera liberación de presos sentenciados para este mes de diciembre.

El gobernador en ambos eventos expresó que la liberación de los presos era un acto de justicia, de humanidad y de derechos humanos, discurso que frente a la inseguridad que hay en Chiapas resulta inentendible e incongruente. Inentendible porque un acto de justicia sería la liberación de inocentes, a quienes la fiscalía los incriminó y fueron enjuiciados con fabricación y la alteración de pruebas. Pero además es incongruente, porque después de la liberación de aproximadamente 2 mil sentenciados a través de ese mecanismo, el compromiso del gobierno debiera ser garantizar justicia, la aplicación estricta a la ley y se debiera de implementar los mecanismos más eficaces de no repetición en la detención y vinculación a procesos a personas inocentes.

Para ello se debiera de realizar una investigación para sancionar a policías, ministerios públicos, fiscales, jueces y magistrados, que han incurrido en violación a derechos humanos en la participación de imponer castigos de privación de la libertad mediante maniobras de fabricación de pruebas y uso de la tortura para la incriminación de culpables.

En Chiapas la legalidad no es un compromiso del gobierno de Rutilio Escandón y por consiguiente tampoco es creíble un discurso que busca favorecer el respeto a los derechos humanos.

 

 

 

 

El más grave problema en Chiapas es la ausencia de justicia, misma que viene reproduciendo patrones de impunidad, sin que haya visos de que esta situación mejore. Frente a esta falta de justicia se erige un tribunal de justicia en la entidad que se encuentra totalmente prostituido y funcionando en la inconstitucionalidad, pues el tribunal de justicia constitucional se encuentra ilegalmente integrado.

Al respecto el artículo 73 de la Constitución señala expresamente que este tribunal de justicia constitucional “en pleno se integrará por tres magistrados que durarán en su encargo nueve años” y el mismo se encuentra actualmente integrado por cinco magistrados constitucionales. Esta falta no puede pasarse por alto en virtud de que la Constitución del Estado establece en el artículo cuarto transitorio que: “El Congreso del Estado de Chiapas, deberá de aprobar, expedir y reformar, a más tardar el día 15 de Agosto del 2017, las Leyes que sean pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales.” La omisión en la integración del tribunal de justicia constitucional no es un delito menor, debido a que evidencia su imposibilidad de impartir justicia desde el momento mismo que el propio tribunal de justicia viola disposiciones constitucionales.

Pero las irregularidades del funcionamiento del tribunal son aún mayores. En el tribunal se tienen siete años que no se realizan los exámenes de control de confianza, mismos que son obligatorios realizar cada año de acuerdo a lo que dispone el artículo 12 del Código de organización del Poder Judicial de Chiapas, que expresamente señala: “Para el ingreso y permanencia en el cargo, los servidores públicos del Poder Judicial deberán someterse y aprobar los exámenes físicos, toxicológicos, psicológicos, socioeconómicos, dactiloscópicos y conocimientos o aptitudes, y en general de Control y Confianza según sea el caso, que previamente determine el Consejo de la Judicatura. Los servidores públicos del Poder Judicial, se sujetarán a un programa de evaluación permanente, establecido por el Consejo de la Judicatura, para que de forma aleatoria se verifique el cumplimiento de los requisitos señalados con anterioridad. El incumplimiento a lo dispuesto por este artículo será sancionado en términos de este Código y demás disposiciones aplicables.”

El último año en que se aplicó este examen de control de confianza fue en la presidencia de Rolando Rovelo y cuyos resultados fueron entregados  a la presidencia de Rutilio Escandón, los resultados de esos exámenes son escalofriantes, pues un poco más del 50% del personal del poder judicial evaluado resultó con problemas de consumo de cocaína. Lo grave de esta situación es que en lugar de tomar decisiones al respecto el informe de resultados toxicológicos fue guardado por la secretaría particular de la presidencia del tribunal y nunca más se realizaron ese tipo de exámenes, solo que éstos son de carácter obligatorios y deben de realizarse con urgencia, debido a la persistencia de comentarios que señalan que magistrados constitucionales, magistrados regionales y jueces son consumidores de algún tipo de drogas y mucho del personal del poder judicial presentan problemas de alcoholismo.

Junto a estos problemas graves de funcionamiento continúa funcionando la inconstitucional mesa de reconciliación, que en este momento se encuentra integrando expedientes para otorgar la liberación de presos condenados para este mes de diciembre, aún y cuando en este espacio se ha señalado reiteradamente que esa mesa de reconciliación es inconstitucional y viola la autonomía de los jueces y con base a los hechos se constituye en una cuarta instancia, no contemplada en la Constitución.

El tribunal de justicia requiere urgentemente de una cirugía, que cambie el rostro de la corrupción y de la ilegalidad, debido a que así como viene funcionando no responde a las exigencias de justicia pues sus procesos internos se encuentran lamentablemente prostituidos. 

 

 

 

Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura y fabricación de pruebas para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  actual administración se busca presumir el combate a la delincuencia con el discurso de la cero tolerancia y con frecuencia se anuncia la detención de presuntos responsables de delitos de alto impacto como parte del compromiso de erradicar la impunidad.

Sin embargo, muchas de estas detenciones fantasiosas se han revertido en los amparos en los tribunales federales, en donde los jueces suelen ordenar la liberación de muchos de los procesados, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles o poco creíbles o violatorias al debido proceso. 

En esta perverso funcionamiento de la fiscalía general se cuenta con la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien mantiene fuertes vínculos con la administración pública y que en los hechos está subordinada al ejercicio del poder, lo que la convierte en una dependencia inútil par la defensa de los derechos humanos, situación que recrudece la vulnerabilidad de las personas, a punto tal en que nadie se encuentra a salvo de las arbitrariedades de la fiscalía.

A un año del inicio de la administración autodenominada de la cuarta transformación los peores resultados se encuentran en la seguridad pública, que ha mellado en el espíritu de las personas, que cada vez con mayor fuerza expresan su desencanto con el gobierno local, quien no ha sabido cumplir con las expectativas que ellos mismos fomentaron durante la campaña. La tarea debían tenerlo claro que no iba a ser sencilla por la terrible descomposición social que dejaron los anteriores gobiernos, pero lo real es que la nueva administración no ha realizado los esfuerzos necesarios para sacar adelante un conjunto de acciones que se requieren para sentar las bases de un nuevo Chiapas.

La conclusión de este primer año de la administración de Rutilio Escandón es que se mantuvieron vigentes los problemas de gobernabilidad, se acentuaron los problemas de inseguridad y se recrudecieron los problemas de pobreza y desigualdad social en la entidad. Lo que significa que de transformación no hay nada y sí mucho de continuidad en el desastre gubernamental que caracteriza a Chiapas, se observa que no hay gabinete ni plan de gobierno ni agenda política para Chiapas. En todo este primer año de la administración el gobernador Rutilio Escandón se ha esforzado en replicar en la entidad las disposiciones del gobierno de López Obrador, como si Chiapas no tuviera un cúmulo de problemas históricos, que no se van a resolver con la agenda federal, que está pensada hacia el futuro pero no para atender los problemas del pasado.

 

 

En Chenalhó, de años atrás existe una profunda polaridad social, que no está siendo aquilatada en la justa dimensión por el actual gobierno de Chiapas, y las aguas están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un enfrentamiento en la población con gravísimas consecuencias.

En diciembre de 1997, ya hubo en Chenalhó una masacre que el gobierno tampoco atendió con la celeridad debida y eso ocasionó la renuncia del gobernador en turno, Julio César Ruíz Ferro.

Al respecto, son muchos los avisos de violencia que se han presentado en el último año en Chenalhó y el gobierno continúa desestimando el clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en ese lugar, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en este municipio, pues sobre los grupos paramilitares que actúan en este municipio, la CNDH emitió a principios del año dos recomendaciones para que el gobierno estatal iniciara el proceso de desarme de los grupos e implemente una política pública para la construcción de la paz en esa región y a la fecha no se ha realizado ninguna acción para cumplir con esta recomendación.

Sobre la masacre de Acteal, se ha señalado que ésta formó parte de una estrategia de los gobiernos federal y estatal para desarticular al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), levantado en armas en 1994, y que las personas que la ejecutaron fueron entrenadas por el Ejercito mexicano. Todos los inculpados de estos sucesos fueron liberados por resolución de la suprema corte hace diez años, lo que mantiene en la impunidad esta barbarie y los afectados continúan en la espera de que se les haga justicia.

Un camino que los afectados señalan como parte de una solución integral es que el presidente de la república, en un acto público reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en los sucesos de Acteal, algo que no debiera representar obstáculo para un gobierno democrático, que estuviera preocupado en garantizar justicia a las víctimas y la sanción a los responsables directos e indirectos de esa masacre.

Hay muchas señales que indican que los problemas pasados y presentes en Chenalhó se vienen agudizando, a tal punto, que se prevén mayores enfrentamientos en la región. Lo delicado de esta situación, es que la administración de Rutilio Escandón parece ignora las consecuencias que puede ocasionar esta violencia, en el que no se descarta la pérdida de la gubernatura como le sucedió a Ruíz Ferro, lo que significa que este gobierno está más preocupado por responder por los responsables del conflicto que el de atender a las víctimas.

 

 

El gobierno de Rutilio Escandón no está previendo las consecuencias de los conflictos sociales que se vienen presentando en diferentes puntos de la entidad: Chilón, Chamula, Chenalhó, Aldama, Agua Azul, Cancuc, Arriaga, Ocosingo, Tila, Bochil, Ixtapa y Simojovel.

En las delegaciones de la secretaría de gobierno existe una ausencia de operación política, a punto tal, que pobladores de estos municipios viajan a protestar afuera del palacio de gobierno y del congreso del estado. Eso significa que no hay instancias de negociación en los municipios y que las autoridades municipales están siendo rebasadas.

La tensión social en muchos de esos municipios es histórica. Sin embargo los gobiernos anteriores hicieron uso del derroche de recursos que permitía construir condiciones mínimas de gobernabilidad. Pero eso ha tenido cambios significativos, porque el ingrediente nuevo en este gobierno es la austeridad y la negativa de tomar acuerdos económicos con las organizaciones.

Ambas medidas que pudieran considerarse como razonables, en realidad no lo son, en virtud de que Chiapas no puede gobernarse sino se toman acuerdos políticos con las miles de organizaciones que existen en el estado. Aquí existe un error de apreciación en el gobierno chiapaneco, que sigue las instrucciones del presidente de la república sin matizar que Chiapas es punto y aparte, y que se tiene que negociar con todos los grupos, pues los riesgos de violencia son muchos y los recursos presupuestales reducidos.

Una dificultad que no se puede soslayar, es la condición de que en las comunidades indígenas todas las organizaciones están armadas, de allí que la generalización de la violencia entraña enfrentamientos armados. Por eso sorprende la pasividad en asuntos como Chamula, Chilón, Tila y Chenalhó, en el que el tráfico de armas pasa por los distintos retenes que hay, sin que ninguna autoridad de los distintos niveles de gobierno busque construir condiciones de paz y de legalidad.

De igual manera la decisión de cancelar el transporte aéreo, está generando desatención de muchos de estos conflictos sociales y en contrasentido, son los pobladores de estas comunidades los que trasladan su protesta a Tuxtla Gutiérrez. En este sentido es relevante señalar, que Chiapas tiene miles de comunidades en que el acceso más fácil es por aire. Y por decisiones de escritorio que desconocen la realidad, se convirtieron en puntos que nunca van a ser visitados por el gobernador ni por los secretarios, y de antemano, son comunidades condenadas a la exclusión social y política.

Chiapas se ha convertido en una tierra de nadie, en el que la inacción del gobierno produjo que en varias regiones de la entidad no exista el Estado, lo que acentúa la exclusión y la diferencia. Esta condición no ha sido suficientemente entendida en este gobierno, que construyó una realidad imaginaria homogénea y allí se encuentra su mayor debilidad y las causas de su posible fracaso.

 

Es una realidad que la operación política en Chiapas no está funcionando y no funciona, porque prevalece una visión clientelar por parte de los funcionarios y no una visión de Estado, de preocupación real por mejorar las condiciones de gobernabilidad y atender las demandas de la población, sin que esto conlleve a un beneficio electoral o a construir redes de complicidad para la obtención del voto. Ismael Brito no está trabajando para ser secretario de gobierno sino para obtener beneficios electorales en el futuro. Además está rodeado de personajes de la peor ralea, que en un gobierno democrático estarían sometidos a juicios, ya sea por golpear mujeres, por dedicarse a la trata, a la extorsión, por enriquecimiento inexplicable o por incurrir en delitos electorales.

Lo que debiera ser un gobierno democrático, que empoderara a los ciudadanos, que fortaleciera la transparencia y que mejorara la eficacia, está convertido en una continuidad de lo mismo que ha dañado a Chiapas y con su actuación como gobierno se está traicionando a los chiapanecos, que confiaron y votaron debido a que iban a ser un gobierno diferente.

En la entidad ha sido reiterado el uso de la fuerza y la arbitrariedad en el ejercicio del poder, pero eso sólo ha ocasionado mayor polaridad y una acumulación de enconos, que ha hecho de Chiapas una sociedad de conflictos, que se acostumbró a que hay que cerrar carreteras, tomar las casetas o secuestrar funcionarios, para que el gobierno establezca la mesa de negociación. Pero al mismo tiempo la inacción del gobierno y el desprecio hacia la movilización política generó que en el gobierno no se tomen mecanismos de prevención de conflictos.

En estas prácticas de represión la presente administración resultó igual o peor a los gobiernos que lo antecedieron. Las estadísticas son desalentadoras: tres defensores de derechos humanos han sido asesinados (Sínar Corzo, Noé Jiménez y José Luis Álvarez); ha sido permisivo en los homicidios en la Región de Los Altos debido a los conflictos entre Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán; es omiso en la atención a los problemas de desplazados a pesar que la CNDH emitió 2 recomendaciones para que se de el desarme de los grupos paramilitares y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos medidas cautelares para evitar riesgos que pongan en peligro la vida de los desplazados y de los defensores; y en este gobierno se han incrementado los homicidios dolosos, los feminicidios, los asaltos bancarios el secuestro y la violencia generalizada.

El peor síntoma que manifiesta la administración de Rutilio Escandón es que está gobernando con la mano de la fiscalía, lo que significa la incapacidad del diálogo y la construcción de acuerdos y se privilegia la represión y la violación a derechos humanos. Lo grave es que la fiscalía se caracteriza por las prácticas de tortura, la invención de delitos, la fabricación de pruebas, la intromisión sobre el poder judicial en la prevalencia de jueces de consigna, lo que implica que el tribunal de justicia queda sujeta y subordinada a los caprichos y violaciones de derechos humanos que orquesta la fiscalía general.

La situación de los derechos humanos en Chiapas no puede estar peor. Sobre todo, porque nadie está a salvo de la invención de delitos y la fabricación de pruebas que realiza la fiscalía, situación que confirma que la cuarta transformación se encuentra lejos de Chiapas.

 

 

 

 

El compromiso de mayor seriedad que el gobierno de Rutilio Escandón podía ofrece a la sociedad chiapaneca era el de la garantía de la legalidad, en donde todos los actos y decisiones del gobierno estuvieran apegados al marco la ley. Esto que es un principio de cumplimiento obligatorio en un Estado democrático, no es cierto para el Estado Mexicano y muchísimo menos para el Estado de Chiapas, en el que de manera reiterada se toman decisiones al margen de la ley y de manera sistemática y generalizada se violan derechos humanos, lo que significa que la llamada cuarta transformación en la entidad es un discurso falso y demagógico.

Por eso resulta cuestionable la actitud asumida por el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, de repetir como merolico de feria el discurso de cero tolerancia, pues en Chiapas la justicia no existe, el derecho se aplica discriminadamente y lo más grave aún es que la fiscalía fabrica pruebas para incriminar a inocentes y de manera reiterada viola el principio de presunción de inocencia de los detenidos.

En Chiapas no hay división de poderes y el gobierno de Rutilio Escandón ni por asomo promueve la autonomía del poder judicial, que está instalado en la ilegalidad, pues su integración incumple con lo que establece la Constitución local. A esta ilegalidad se le suma la práctica de liberar presos sentenciados, a través de una Mesa de Reconciliación que es inconstitucional e inconvencional y que reproduce los mecanismos de impunidad. En los últimos años –con la participación del fiscal y el gobernador como funcionarios del anterior gobierno-, se han liberado a homicidas, secuestradores, feminicidas, tratantes, ladrones de autos y violadores, y durante este gobierno se han realizado dos eventos de liberación de presos a través de esa ilegal mesa de reconciliación: uno el 29 de diciembre, en el que se liberaron a 142 sentenciados y otro, el 10 de mayo, en que se liberaron a 12 sentenciados.

El discurso de la lucha frontal contra la impunidad y el de cero tolerancia que utilizan los funcionarios en Chiapas no es creíble y termina siendo una burla para los sobrevivientes de una víctima, así como para los familiares de personas inculpadas de un delito a través de pruebas fabricadas por el ministerio público.

Socialmente lo más sano y práctico para el gobierno de Rutilio Escandón y para la sociedad chiapaneca es el retorno a la legalidad, no solo porque la legalidad debiera ser el principio de toda transformación política sino debido a que en Chiapas existe un déficit de justicia y de desatención social, que viene generando un profundo resentimiento en los movimientos de protesta, que han hecho de la manifestación violenta un instrumento político para hacerse escuchar y para garantizar que sean atendidos por los funcionarios públicos. Pero además porque en Chiapas existe una impunidad en la actuación de los cuerpos policíacos y en las instituciones impartidoras de justicia, que terminan legitimando las acciones violentas en la protesta en grupos como el FNLS, en los estudiantes de Mactumatzá y en diversas acciones que realizan los maestros y los grupos campesinos.

Asimismo resulta incongruente que el gobierno convoque a la legalidad a los grupos que se han radicalizado, cuando el gobierno no actúa en el marco de la legalidad y detiene a activistas sociales, les inventa delitos, los tortura y obtiene una declaración de inculpado a través de estos métodos aberrantes y violadores de derechos humanos.

 

 

 

La entidad arrastra problemas históricos de pobreza y desigualdad social, que el secretario de hacienda del gobierno federal manifestó que Chiapas no tiene crecimiento y que se requieren más de 200 años para que la entidad iguale una economía como la del Estado de Nuevo León. Este comentario debiera de obligar a las autoridades chiapanecas a tomar con mayor seriedad la responsabilidad histórica que tienen para buscar sentar las bases para la transformación del Estado y no distraerse como lo han venido haciendo en este primer año de gobierno, en el que la economía chiapaneca decreció.

Resulta obvio que los problemas de la entidad no se van a resolver en un gobierno de seis años, pero lo que resulta imperdonable es que transcurrió el primer año sin que se haya notado cuáles son las políticas de cambio o en que consiste la transformación prometida.

Después de padecer gobiernos malogrados, que generó un hartazgo, una deslegitimidad y un malestar popular, el inicio del gobierno de Rutilio Escandón estaba marcado por la tensión y los conflictos, y que una tarea primordial era reconstruir los márgenes de gobernabilidad y establecer un programa emergente de recuperación económica, pero no se hizo ni lo uno ni lo otro y a eso se le gregó el problema del incremento de la violencia y la inseguridad,

Bajo este desafío lo peor que podía suceder en la entidad, y desafortunadamente se produjo, es la continuidad de un gobierno con una aplicación selectiva de la ley, la subordinación del poder judicial a los caprichos de la fiscalía general, la prevalencia de jueces de consigna, la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, la práctica de linchar mediáticamente en las redes sociales a presuntos culpables violando la presunción de inocencia y criminalizar a  activistas políticos violando inescrupulosamente los derechos humanos.

En esta administración ha sido reiterado el uso de la fuerza y la arbitrariedad en el ejercicio del poder, pero eso sólo ha ocasionado mayor polaridad y una acumulación de enconos, que ha hecho de Chiapas una sociedad de conflictos, que se acostumbró a que hay que cerrar carreteras, tomar las casetas o secuestrar funcionarios, para que el gobierno establezca la mesa de negociación. Pero al mismo tiempo la inacción del gobierno y el desprecio hacia la movilización política generó que en el gobierno no se tomen mecanismos de prevención de conflictos y se deja que estos estallen para escuchar y atender las quejas y demandas.

En este sentido, lo que debiera ser un gobierno democrático, que empoderara a los ciudadanos, que fortaleciera la transparencia y que mejorara la eficacia, está convertido en la continuidad de lo mismo que ha dañado a Chiapas y con los pobres resultados obtenidos en este primer año de administración está traicionando a los chiapanecos, que confiaron y tenían expectativas en que éste iba a ser un gobierno diferente.

 

Ayer la administración de Rutilio Escandón difunde la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de que Chiapas se encuentra en segundo lugar nacional en menor incidencia en delitos de alto impacto, sin embargo se oculta que esta información estadística es generada a partir de los reportes que las propias entidades envían a esa dependencia, lo que conduce a la situación de presumir como logro, la información de seguridad que la propia entidad produce y envía, en el que muy probablemente se está reportando información estadística rasurada.

Los hechos sobre violencia e inseguridad se difunden a diario en las redes sociales, donde se comparten fotos, videos e información de lo que sucede en varias comunidades, que muestran a la vez, la descomposición política y social en la entidad, en la que el hartazgo y malestar de esta situación se dirige a los presidentes municipales, en el que incluso se han convocado marchas de protesta en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios para exigir mayor seguridad. Esta realidad contrasta con la visión que están reportando las autoridades, que consideran que todo está bien.

Frente a ese señalamiento, la percepción de la gente es que no vamos bien y con lo que se viene haciendo en materia de seguridad, aun y con la presencia de la Guardia Nacional, no se puede estar mejor. El gobernador del Estado tiene el derecho de mirar y expresar su propia realidad e incluso presumir como exitoso el trabajo que se realiza en la mesa de seguridad,  pero esa realidad de papel y de estadísticas no corresponde con la percepción generalizada de la población, en el que se considera que la inseguridad está creciendo, y con ello se acentúa la impunidad porque el sistema de justicia no funciona.

Cómo mejorar las condiciones sociales de Chiapas, si en estos momento no existe un programa estatal de seguridad, no existe un programa de fomento al empleo, no existe un programa de estímulos para el crecimiento económico y de fomento a las actividades agropecuarias, no existe un programa de salud ni de educación. En este momento lo que hay en Chiapas es un gobernante que replica las acciones que emprende el presidente pero esto resulta insuficiente para disminuir los problemas de gobernabilidad y de inseguridad en el Estado.

El gobernador  no está comunicando adecuadamente con la sociedad chiapaneca. Su discurso se percibe vacío, demagógico y con muchos clichés que hacen referencia al presidente de la república, pero no propone soluciones. No muestra que tiene conocimiento de la problemática del Estado ni oferta acciones de gobierno. En su mensaje no habla de los problemas de la cafeticultura ni de los problemas de la ganadería, no hace referencia a las necesidades de los productores de leche o de quesos, no habla de los problemas de la autosuficiencia alimentaria del maíz, no hay una propuesta para fomentar el turismo, no hace referencia a los problemas de la contaminación del agua en las cuencas y los ríos y no habla de las dificultades que hay para la generación de empleos ni de la recesión económica que hay en Chiapas, donde existe un decrecimiento de la economía.

Los problemas de inseguridad en la entidad no se van a reducir con las campañas mediáticas que se realizan presumiendo un segundo lugar en disminución de delitos de alto impacto como se está realizando. Eso sólo va a provocar un mayor distanciamiento de una sociedad que sufre a diario los embates de la inseguridad y confirma los índices extremos de impunidad que se viven en Chiapas.

Resulta claro que hay una urgencia en esta administración por presumir logros, pero en lo que se equivocan es en difundir logros que no son creíbles.

 

Uno de los grandes yerros de las designaciones de personas para integrar el gabinete que hiciera Rutilio Escandón se presentó en el nombramiento de la actual secretaria del campo. Aquí no se valoró la importancia que tiene esta secretaría, no sólo para la promoción de programas que mejoren la productividad agrícola sino también por el papel político relevante que tiene el gobierno para establecer condiciones de  gobernabilidad y de atención a miles de productores y trabajadores agrícolas.

La situación, es que el cambio climático está modificando la temporada de lluvias y fríos que impacta en la producción agrícola período, en el que se requiere conocimiento y experiencia en la materia para evitar que haya un abandono del campo chiapaneco, como está sucediendo en este gobierno, en el que se comparten responsabilidades e ineficiencias entre el gobierno del Estado y la figura del superdelegado del gobierno federal, en el que ni siquiera se cumplió con la integración del Censo de Bienestar que haga posible la inscripción de los productores beneficiados con los apoyos de los programas, y estos apoyos que de manera reiterada manifiesta el presidente que se han otorgado para Chiapas, en el caso de que sean ciertos, la entrega se ha realizado a través de un manejo discrecional

La situación en el campo no es un asunto sencillo y se puede regresar a la época de los ochenta, en donde la violencia institucional, que era promovida por el Estado, ocasionó una represión generalizada hacia los trabajadores y productores agrícolas, que se movilizaron en la exigencia de garantías para la producción agrícola.

Chiapas sigue teniendo una mayoría de población rural y su principal actividad económica continúan siendo las actividades agropecuarias, y en el proyecto de presupuesto del gobierno federal había la intención de reducir en un 40% de los recursos destinados al campo, en donde el sector más afectado es el de la producción agrícola de exportación, lo que ocasionó la movilización de distintas organizaciones en rechazo a esa visión y lograron que se programaran ampliaciones presupuestales que estaban eliminadas. Esto pareciera no preocuparle al gobierno de Chiapas, en virtud de la parálisis que persiste en la secretaría del campo en la entidad, que ha dejado a la deriva a distintos grupos de productores.

El gobernador Rutilio Escandón trae un discurso de combate a la corrupción pero no suficientemente claro que designar a funcionarios que no tienen las competencias para desempeñar una responsabilidad es un acto de corrupción y no percibe que los subejercicios presupuestales, como el que hay en las distintas dependencias de la administración también es corrupción, y la asignación de obras sin licitaciones como se viene realizando también es corrupción, pero lo más grave, es que tampoco le resulta claro, que los recursos públicos destinados para procurar la autosuficiencia alimentaria, que no son ejercidos, representan una violación a derechos humanos, en el que deben ser sancionados los funcionarios responsables de esos atropellos, por los riesgos que esto representa para la soberanía alimentaria.

 

 

 

 

 

 

A días de cumplir el primer año de gobierno los resultados obtenidos por la administración de Rutilio Escandón están por debajo de las expectativas que el cambio despertó en la población y en mucho esto se debe a la falta de un proyecto de gobierno que atienda las necesidades centrales de Chiapas y que mejore las condiciones sociales. Pero en realidad el problema de la gobernanza es mucho peor, sobre todo porque el Estado ha desaparecido en varios puntos del territorio chiapaneco, en el que las instituciones responsables para generar la cohesión social están desaparecidas y se vive en situaciones sin ley.

Desde el primer día de gobierno Rutilio Escandón mostró cual iba a ser su estilo personal de gobernar, supeditarse plenamente a los intereses del centro del país y emprender en Chiapas las acciones de López Obrador y se tomaron tres decisiones desafortunadas y contrarias a la gobernabilidad en la entidad. Primero, se cerró la casa de gobierno que era el centro de la operación y los acuerdos políticos, misma que se convirtió era el espacio en donde se atendían a los diferentes grupos; segundo, se dejó de emplear la flota aérea y con ello se perdió la atención directa del gobierno en las comunidades, en donde hay personas que no saben quien es el gobernador, y, tercero, se emprendió una política de austeridad, sin pies ni cabeza en Chiapas, que provocó una pobre inversión pública y disminuyó el circulante, que aunado a la falta de proyecto prácticamente paralizó la economía de la localidad e incrementó el desempleo.

Bajo estas circunstancias las cosa pública no podría estar peor; las condiciones sociales en Chiapas se encuentran deterioradas a niveles peligrosos, en el que no existe gobernabilidad, donde la inseguridad en el Estado se ha incrementado, donde la violencia cada vez es mayor, donde la corrupción en la procuración y la impartición de justicia tiene una impunidad del 99% y en el que los municipios fronterizos están viviendo las calamidades sociales generadas por una ausencia política de atención a las migraciones.

Después de doce años de gobiernos malogrados, que terminaron con una deslegitimidad, un hartazgo y un malestar popular, era obvio lo complicado que iba a resultar reconstruir los márgenes de gobernabilidad en los próximos seis años. Con este panorama, el peor escenario que podía llegar a suceder es que se incrementara la violencia y la inseguridad en el Estado. Y desafortunadamente sucedió, en el que ahora se convirtió un lugar común las ejecuciones en la vía pública, los asaltos en negocios y a personas, el incremento de feminicidios y ahora lo inusual de suicidios de niños y adolescentes, sin que nadie tome decisiones ni de investigación las causas ni de creación de políticas públicas para atender estos problemas. Solo se mantiene el discurso demagógico y de ocurrencias del antiguo régimen de negar la realidad y de repetir la fantasía de que todo va muy bien.

El punto crítico que la administración de Rutilio Escandón no logra superar, es la herencia del relajamiento de la autoridad que se institucionalizó en los anteriores gobiernos. Este escenario de debilidad de las instituciones es el que debe ser superado de inmediato, pero desafortunadamente no hay indicios de que el gobernador se haya dado cuenta de esta situación y se incurrió en el error de gobernar de la mano de la fiscalía lo que ha  generalizado la tortura, la fabricación de delitos y la violación de derechos humanos.

Bajo esas circunstancias se requiere urgentemente un cambio de rumbo para Chiapas. Lo que se ha visto hasta hoy de la administración de Rutilio Escandón, es más con lo mismo, en el que se continúa con la misma frivolidad, ineficacia, indiferencia, demagogia e impunidad de los gobiernos que le antecedieron.

 

 

La inseguridad se convirtió en un problema serio en Chiapas, pero el gobierno tiene una incapacidad funcional que lo hace inoperante y considera que con negar el problema y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos bancarios, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control.

La campaña publicitaria de un Chiapas seguro que promueve el gobierno es insustancial. De nada sirve que se oculte o se niegue una situación cuando de manera reiterada acontecimientos de violencia o de inseguridad en Chiapas sean noticia nacional, que reduce las posibilidades de un turismo seguro en la entidad. De allí la falacia del Chiapas imaginario que se percibe en los funcionarios y la mesa de seguridad, que cada vez se encuentra más desacreditada.

Frente a ese Chiapas imaginario se levanta una realidad que padece una desigualdad social, que vive en la pobreza que tiende a incrementarse; una población preocupada  por la falta de circulante y de una ausencia de inversión pública, que está temerosa de los despidos injustificados que realiza la administración, que acumula agravios y cuyo malestar es creciente.

La fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad improvisan acciones que son violatorios a los derechos humanos. En este sentido los retenes policíacos, inconstitucionales en todos los sentidos, se han convertido en mecanismos de extorción y de intimidación a la ciudadanía, que no resuelven los problemas de inseguridad ni de tráfico de armas, ni de drogas ni de personas. Junto a esto la fiscalía general continúa con sus prácticas de tortura y la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes.

Con estas medidas, la administración de Rutilio Escandón está reconociendo su incapacidad de brindar seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, en donde su apuesta es criminalizar la protesta social e infundir temor en la población.

Ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad hay talento para garantizar la tranquilidad ciudadana. En esas dependencias lo que hay son acuerdos con la delincuencia organizada y en las delegaciones de ambas dependencias se tienen establecidas cuotas a los mandos de un conjunto de ilícitos que a diario se suceden, sobre todo en los municipios fronterizos, que va del tráfico de azúcar, de ganado, de personas y las rutas de paso de drogas que están claramente establecidas por los principales cárteles del país.

El reto del gobierno de Rutilio Escandón era el de garantizar seguridad con respeto a los derechos humanos, algo en lo que se fracasó desde el nombramiento de los funcionarios responsables de la seguridad y la justicia, que han mostrado total ineficacia para restablecer la paz y la tranquilidad de la población chiapaneca, lo que convierte a esta administración en una amenaza para los derechos humanos.

 

 

 

La inseguridad se apoderó de Chiapas, pero ni el gobernador ni sus funcionarios se dan por enterado y continúan con el mismo discurso del antiguo régimen, en el que se  vende la idea de que todo está muy bien, minimizan los asaltos y asesinatos y construyen una realidad ficción, de que son un gran gobierno.

Asombra el cinismo y la irresponsabilidad cuando anuncian que la inseguridad disminuyó y que eso se debe gracias al trabajo del gobernador y a la mesa de seguridad, cuando la realidad es otra; la fiscalía general del Estado manipula la información y el registro de los delitos, porque no se levantan las denuncias de los afectados sino que se elaboran actas administrativas que suelen archivarse. Dicho en otras palabras, la fiscalía en Chiapas juega con el dolor de las personas y oculta información de los delitos que a diario se cometen.

La administración de Rutilio Escandón debe dejar de mentir en materia de seguridad, porque una cosa es la percepción que tiene el gobernante y otra la percepción de la ciudadanía que sufre los embates de la delincuencia. Lo grave es que se contrata campañas publicitarias transmisión para difundir el discurso ficción del gobierno, que busca a toda costa hacer creer que Chiapas es un Estado seguro, cuando hay carreteras que no se pueden transitar por las noches y se han incrementado los delitos de alto impacto .

La inseguridad en la entidad está acompañada por indignación y un profundo malestar en la población, que se traducen en convocatorias para marchas de protesta en contra de la inseguridad, sin que haya respuesta eficaces por parte de las autoridades responsables, que se manejan con el discurso de la cero tolerancia, cuando hay sospechas que desde la fiscalía se protegen a delincuentes.

Sólo el fin de semana se presentaron homicidios en los municipios de Suchiate, ejecuciones en Tapachula y una balacera en un mercado en SCLC, que se convierten en nota nacional y que evidencian el grave problema de inseguridad en la entidad. Pero también hay asaltos diarios a personas y negocios que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de la población.

Las reuniones mañaneras de la mesa de seguridad cumplen con la finalidad de difundir que hay preocupación en la administración pero no son funcionales y gran parte de que esta mesa no funcione se debe a que Chiapas es una sociedad en la que la ley no se aplica. Situación que conduce a una impunidad del 99 %.

En Chiapas, pese al discurso de la cero tolerancia, no hay un plan estatal de seguridad ni de prevención del delito y las policías continúan realizando retenes como un mecanismo para extorsionar a la población y no para inhibir la delincuencia.

Chiapas tiene hoy serios problemas de gobernabilidad y graves problemas de inseguridad pero el mensaje en las reuniones de gabinete el mensaje es que todo va muy bien y que puede estar mejor. Lo cierto es que la administración de Rutilio es la continuidad del desastre chiapaneco y en nada se diferencia de los gobernadores que lo precedieron. Continúa con la misma indiferencia, impunidad, corrupción, frivolidad, caprichos, opacidad, ineficacia y rencor.

 

 

 

 

En Chiapas, desde el momento en que fueron interrumpidos los diálogos para la paz entre el Estado Mexicano y el EZLN, no ha existido un nuevo intento por construir un plan de paz para la entidad, a pesar de que todas las organizaciones sociales en las regiones Selva, Norte y Altos se encuentran fuertemente armadas, lo que genera constantes brotes de violencia en gran parte de ese territorio.

Mucha de la violencia armada que se vive en la entidad fue creada por el Estado mexicano, que durante el gobierno de Ernesto Zedillo financió la formación de grupos paramilitares con el fin de confrontarlos con los grupos afines al zapatismo, y crear así un ambiente y un discurso que señalara que los conflictos en Chiapas se debían a la existencia de enfrentamientos intercomunitarios. De esa manera, a través de la formación de grupos paramilitares entre la población indígena, se buscó eximir al Ejército de toda responsabilidad del clima de violencia que se generalizó en la entidad.

En el período que lleva la administración de Rutilio Escandón, se han presentado distintas agresiones armadas con su dosis de muertos y heridos. Han sido reiteradas las balaceras en el municipio de Aldama, provocadas por grupos paramilitares de Santa Martha en Chenalhó; se vivió también un enfrentamiento en Amatán, que produjo la muerte de dos dirigentes de la MOCRI-CNPA y ello ocasionó la desaparición de poderes y la creación de un Concejo Municipal; de igual manera han existido enfrentamientos armados en San Juan Chamula, Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, Chilón, Tila, Yajalón y Venustiano Carranza.

Paradójicamente el gobierno de Rutilio ha recibido dos recomendaciones por parte de la CNDH, originada por la desatención a los desplazamientos forzados provocados por los grupos paramilitares de Chenalhó, que afecta a más de 5 mil personas, la mayoría niñas, niños y mujeres, de los municipios de Aldama, Chachihuitán y Chenalhó. En ambas recomendaciones se le otorgó un plazo de seis meses al gobierno de Chiapas, para establecer un plan de pacificación en la región y garantizar el desarme de los grupos paramilitares, este plazo ya feneció y no se dio cumplimiento a la recomendación y ni siquiera hay intentos para definir estrategias para desarmar los grupos paramilitares ni se ha tomado ninguna decisión para garantizar el retorno con dignidad de los desplazados. Lo que sí se hace son acciones de oropel con las ferias de canje de armas, que e nada reducen la violencia y la inseguridad en Chiapas.

En este primer año de gobierno ha quedado claro que hay una continuidad de los gobiernos anteriores. No ha existido ninguna política de cambios que de señales que hay un nuevo gobierno preocupado por la mejora de la población. Lo más delicado es la ausencia de proyectos, que permita construir gobierno y abandonar las ocurrencias y las acciones de maquillaje que mucho daño le han hecho a la entidad.

En este primer año de la administración el gobernador Rutilio Escandón le ha quedado debiendo a Chiapas: integró que poca eficacia un gabinete que ha sido rebasado por las problemáticas de la entidad, no ha resuelto problemas heredados y se acrecentaron los problemas sociales y de inseguridad, en mucho, por la inacción de los funcionarios públicos, no se percibe que haya inversión pública a pesar de que la federación registra que se han canalizado más de 50 mil millones para Chiapas, no se han brindado apoyos para incentivar las actividades económicas de la entidad,  en los tres trimestres de este gobierno Chiapas ha tenido un decrecimiento de la economía, no se han creado fuentes de empleo y para males han existido miles de despedidos de la administración pública. A todo esto hay que agregar el incremento de la inseguridad, en el que nadie queda a salvo.

El silencio de Rutilio Escandón sobre estas situaciones resultan preocupantes pues muestra indiferencia y una ausencia de visión de gobierno, en momentos en que se percibe una crisis económica mayor.

 

 

 

En las condiciones críticas de inseguridad que se vive en Chiapas, que se recrudece con la fabricación de pruebas, con la práctica sistemática de la tortura y con la prevalencia de jueces de consigna, que violentan derechos al dictar resoluciones al margen del derecho, bien vale la pena realizar las siguientes interrogantes  ¿En manos de quién está la seguridad y la justicia en Chiapas? ¿El Fiscal General, la Secretaria de Seguridad y el Presidente del Tribunal de Justicia tienen los perfiles adecuados para garantizar la seguridad en Chiapas? ¿Son confiables estos funcionarios para impulsar los cambios en seguridad e impartición de justicia que Chiapas requiere en el marco de un gobierno que se dice de transformación? ¿En lo que va de este gobierno se han notado cambios en la seguridad y la impartición de justica? ¿De verdad hay un Estado de derecho y se combate la impunidad?

Existe la sensación y el reclamo de que el gobernador del estado se equivocó en los nombramientos del fiscal general y que mandó un claro mensaje de ilegalidad en su gobierno y de carencia de calidad moral, pues Jorge Luis Llaven Abarca carga, de años atrás, con el estigma de torturador desde su paso como funcionario menor en la procuraduría. De igual manera no se percibe que haya sido un acierto el nombramiento de la secretaria de seguridad Gabriela del Socorro Zepeda Soto, a quien se le señala de ser una subordinada más del fiscal general y quien ha sido rebasada por la delincuencia.

A su vez, Chiapas también padece de una falta de respeto en la figura del presidente del Tribunal de Justicia, con trayectoria política pero nula participación en labores jurídicas. Juan Oscar Trinidad nunca ha sido un abogado litigante y carecía de antecedentes para desempeñar esa responsabilidad, lo que le impide ser la cabeza de los juzgadores e impartidores de justicia. El nombramiento de Juan Oscar Trinidad está viciado por la inconstitucionalidad de su nombramiento, pues la ley establece que deben ser tres los magistrados constitucionales y cuando él fue nombrado para el cargo en ese momento habían cuatro; lo lamentable que ninguno de los magistrados impugnó la violación del nombramiento, lo que desnuda la pobre calidad moral de los personajes que integran el tribunal constitucional en la entidad, incapaces para defender la autonomía del poder judicial.

La mayor gravedad en el funcionamiento del tribunal de justicia es que ningún juez y magistrado está ahí por concurso de oposición y a los jueces los tienen por contrato cada seis meses, violando con ello disposiciones constitucionales. Lo que significa que no hay una seguridad laboral, por eso las deficiencias en la impartición de justicia y la existencia de jueces por consigna, que dificulta el ejercicio del derecho y el acceso a la justicia.

Si el gobernador Rutilio Escandón de verdad quiere trascender y conformar un gobierno de transformación, su punto de partida es en la seguridad y la justicia, pero no en las ferias que se vienen realizando en donde dolo se promueve la figura del fiscal sino a través de una amplia reforma del poder judicial, que le otorgue real autonomía, y quienes desempeñen los cargos de responsabilidad lo hagan por méritos propios y no por las recomendaciones que cada uno de los magistrados constitucionales ha tenido. Así como viene funcionado el aparato de seguridad y justicia no hay garantías de cambio y sí de un mayor deterioro, pues cada vez son mayores las denuncias en contra del fiscal Llaven Abarca por sus prácticas de tortura y de fabricación de culpables.

 

 

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, lleva semanas repitiendo un discurso demagógico de cero delincuencia y asegurando que en Chiapas no se negocia la ley y la justicia. El mensaje recurrente del fiscal es insostenible en los hechos, pues él forma parte de un red de complicidades al interior de esa dependencia, en el que se viola la ley sistemáticamente y en la que se práctica la tortura como el método principal para inculpar a los detenidos.

Como muestra de esta afirmación se reconstruye la historia publicada los días 9 y 10 de mayo en esta misma sección del Diario Contrapoder en Chiapas.  Aquí la narrativa de los hechos: Omar Alejandro Acero Arroyo, fiscal de alto impacto, junto con 30 ministeriales sin orden de detención ni de cateo irrumpieron dentro de la propiedad  de don José Gregorio Coutiño Cruz, quien fue detenido junto con otros cinco familiares y expuestos a la opinión pública como los responsables del homicidio de Santos Abdul Guízar Manzur.

En el montaje que armaron en el operativo de detención, la fiscalía denunció que habían sido detenidos en flagrancia por robo en una gasolinería. Versión que fue desmentida con un video, en el que se observa cómo, con lujo de violencia, el detenido fue sacado de su domicilio. Ante esa evidencia el juez de control resolvió la no vinculación a proceso, poner en libertad a todos los detenidos y dar vista al ministerio público para la investigación de lo que resulte de la alegada tortura, denunciada por el detenido con la evidencia del video.

La ausencia de la investigación ministerial para encontrar al responsable o responsables del homicidio del señor Guízar Manzur, en el que se reproducen patrones de impunidad por parte de la fiscalía, probablemente conlleva a otra desgracia a la familia del finado, pues seis meses después es asesinado el joven Yusef Guízar Moreno, hijo de Abdul Guízar, y ahora ambos crímenes están sin resolver.

Sin embargo, el fiscal de alto impacto, señalado como responsable de fabricar pruebas y de torturar a detenidos continúa realizando sus funciones con normalidad en la fiscalía general, situación que evidencia las redes de complicidad al interior de esa dependencia, pero algo mucho más grave, con la fabricación de pruebas y la inculpación de inocentes se puede estar generando desde la propia fiscalía la protección de delincuentes.

La ausencia de investigación en los delitos de alto impacto en la entidad están provocando un clima de zozobra y de impotencia en la ciudadanía, pues las denuncias carecen de resultados y además ponen en riesgo la vida y la de los familiares de los denunciantes, en virtud de que se presume que la delincuencia cuentan con la protección de funcionarios de la fiscalía.

El discurso de la tolerancia cero y del combate a la impunidad que promueve a diario en su campaña mediática el fiscal general es atractivo pero irreal, y existen una enorme cantidad de evidencias que muestran que la delincuencia organizada opera desde el interior de la fiscalía; gran problema que el gobernador no quiere atender y mucho menos reconocer.

 

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