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En el siglo XIX Manuel Payno escribió la novela los Bandidos de Río Frío, en donde el capitán de los rurales responsable de perseguir a un grupo de bandoleros que asaltaban el paso de las diligencias de Veracruz a la Ciudad de México, era el jefe de los asaltantes. Esta novela, en donde confluye la imaginación con la realidad, describe la historia real de un coronel, jefe de guardias del presidente Santa Anna, quien a la vez era el líder de una banda de asaltantes a finales de la  década de 1830.

Esta historia en una realidad permanente en nuestro país, en donde los responsables de la seguridad pública, son en repetidas ocasiones los jefes de las bandas delincuenciales, donde actúan bajo el manto de la impunidad, en contra de la sociedad que los contrata para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Esta situación los chiapanecos la estamos viviendo en la actualidad, en donde existen señalamientos reiterados sobre funcionarios responsables de la secretaría de seguridad y de la fiscalía del Estado, de estar vinculados con la delincuencia organizada y no se realiza investigación alguna al respecto ni se hacen los cambios que correspondan.

En días pasados hubo la detención de una presunta célula de un cártel que opera en Chiapas, y a la semana siguiente todos los detenidos fueron puestos en libertad. Lo grave de esta situación es que los informes policiales se alteraron con el propósito de que no fueran coincidentes los hechos y que a partir de las contradicciones el juez se quedara sin elementos para ordenar la vinculación a proceso y la prisión.  La noticia de este suceso se ventiló a nivel nacional, y se decidió por mantener la impunidad a los funcionarios señalados.

En estas condiciones de funcionarios responsables de la seguridad al servicio de la delincuencia organizada, queda en evidencia la calidad en la realización de los exámenes de control de confianza, que son de carácter obligatorio para la contratación de los trabajadores en las dependencias policíacas y de procuración de justicia, en el cual cada año se destinan recursos a esta dependencia superiores a los recursos de varias secretarías de Estado. En estas circunstancias resulta imposible deslindar de responsabilidad a este centro estatal de evaluación de control y confianza, que incurre en la acción u omisión de no haber detectado la personalidad desviada de estos funcionarios o peor aún, que habiéndola detectado, se pasó por alto esta señal de presencia de conductas inapropiadas.

¿En manos de quién está la seguridad pública de los chiapanecos? ¿Por qué el centro estatal de control y confianza no detectó la conducta delictiva de los funcionarios que reiteradamente han sido señalados por sus vínculos con la delincuencia? ¿Desde cuándo la fiscalía tiene conocimiento de los actos delictivos de estos funcionarios y se encuentra omisa? ¿Quién los propuso para desempeñar ese cargo que los hace impunes? ¿Por qué el centro estatal de control y de confianza tiene un presupuesto superior a los 100 millones de pesos, si ya nos enteramos de que no sirve para nada y cuyo presupuesto es el doble de lo que reciben la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad Politécnica o a la secretaría de turismo?

La investigación sobre los funcionarios que han sido señalados en distintos momento no debe tirarse en saco roto, en virtud de que el nivel de responsabilidades que tienen no es un asunto menor, como para mantener el discurso d cada de que no pasa nada; sobre todo porque todos los días suceden actos de violencia y porque la delincuencia organizada cada día adquiere el control de mayor territorio imponiendo su dominio.

Ya cumplió una semana la desaparición del periodista Roberto Flores, Director del portal Chiapas Denuncia Ya. Esta grave agresión, es un acto de intimidación y de censura previa a todo el ejercicio de la libertad de expresión, que se vuelve una afrenta mayor por la inacción del Estado para localizar con vida a un periodista que está desaparecido, situación que violenta no solo las leyes mexicanas sino disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Las Naciones Unidas consideran a la libertad de expresión como la piedra angular de toda sociedad libre y democrática. Esta libertad de expresión comprende no sólo el derecho a difundir informa­ciones e ideas, sino también la libertad de investigación y el derecho a “recibir” información y opiniones.

Por la importancia que tiene la libertad de expresión para la consolidación de la democracia, distintas disposiciones del derecho internacional señalan la prohibición de la censura previa. Y las amenazas, intimidaciones, campañas de desprestigio y todo tipo de agresiones directas o indirectas como los asaltos, acosos policíacos y asesinatos, representan mecanismos de censura previa.

Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa crítica o incómoda constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el Estado de derecho, que es lo que se pone en riesgo cuando se amenaza, desparece o se asesina a un periodista.

Resulta claro, que cualquier acción inhibitoria, amenaza o represalia por la manifestación de las ideas, sólo puede ser evitado a través de la acción eficaz del Estado para castigar a aquellos que lo cometan. Sin embargo, numerosas agresiones en contra de periodistas han quedado en la impunidad, en virtud de que las fiscalías no han logrado esclarecer los hechos y en muchos casos ni siquiera se realiza una investigación con la debida diligencia.

La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las y los periodistas, como en los casos de Roberto Flores, Mario Gómez y Fredy López Arévalo, propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual las agresiones a los periodistas son toleradas, aceptadas o normalizadas, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social de que el ejercicio de la libertad de expresión puede ser silenciado.

En este sentido, la mejor manera de combatir las agresiones y amenazas en contra de periodistas es la de una investigación eficaz por parte de la fiscalía y la sanción de los responsables, sea éste un funcionario público o parte de los poderes fácticos. Las agresiones hasta hoy sufridas por distintos compañeros sin investigación y sin sanción provoca un clima de intimidación y de temor al ejercicio de la libertad de expresión y a su vez la sociedad se ve impedida a conocer la verdad sobre diversos hechos socavando con ello el derecho a la información. La impunidad fomenta la vulnerabilidad a los periodistas, debido a que los crímenes de periodistas en Chiapas Mario Gómez y Fredy López Arévalo no han sido investigados con la debida diligencia y resulta gravemente preocupante que lo mismo suceda con la desaparición de Roberto Flores.

El proceso de designación de la UNACH entró en una fase de prácticas y señalamientos que poco o nada tienen que ver con el espíritu universitario y que desprestigia el trabajo y la proyección que la universidad debe tener. Por un lado, existe una campaña de desprestigio y desacreditación que invade la esfera de la vida privada; pero por el otro, se vive un derroche de recursos y de acciones que nada tiene que ver con prácticas democráticas que deben prevalecer en la universidad; el acarreo de trabajadores al viejo estilo de la CTM, el albazo en la publicación de la convocatoria y el registro del Rector, acompañado de los líderes de los sindicatos simboliza la opresión de los trabajadores y del trabajo académico.

La universidad no debe ser un campo de disputas políticas sino un espacio de construcción y difusión de saberes. En este sentido el trabajo docente no debe estar disociado de la investigación y más en las condiciones de una sociedad del conocimiento, en donde los saberes se constituyen en formas de dominación y colonización del conocimiento. En este sentido es inocultable la poca presencia de la UNACH en la generación del conocimiento a través de la investigación en donde el aparato de administración de la universidad no privilegia el desarrollo de esta actividad sustantiva de la universidad. Esto viene acompañado con un bajo número de docentes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, un bajo número de Cuerpos Académicos Consolidados y una pobre presencia en Chiapas de programas de posgrado de calidad, registrado en lo que era el Programa Nacional de Posgrados hoy Sistema Nacional de Posgrados.

La poca presencia de la investigación de la UNACH no es un problema ocasionado por la actual administración sino que es un problema que surgió con la misma fundación de la UNACH y no se ha logrado revertir este rezago en la generación del conocimiento. En lo que sí se puede señalar como responsabilidad de esta gestión rectoral es el poco liderazgo que hay hacia el fomento y desarrollo de la investigación, por eso sorprende que se señale como uno de los logros del Rector de la Universidad, el que la UNACH aparezca en el ranking de universidades en el lugar 128 de Latinoamérica y en el 17 en el país. La sorpresa no se relaciona con la veracidad o no de la información sino porque cualquier aprendiz de políticas públicas o un estudioso de cuestiones educativas conoce, perfectamente, que los resultados de la implementación de políticas no son de inmediato. Dicho en otras palabras, de ser cierto este avance en el ranking de universidades, no se debe a ninguna acción implementada en los últimos tres años sino de los últimos 10 ó más años, sobre todo porque al interior de la universidad no se conoce ningún proyecto implementado que favorezca el fomento o desarrollo de la investigación.

En la actualidad la UNACH no tiene un proyecto de Universidad ni colectivo ni personal, lo que existe es una visión tropicalizada de una institución que privilegia la docencia sobre la investigación, que nada tiene que ver con las necesidades sociales y de desarrollo impuestas en este el Siglo XXI, y que por lo tanto en nada incide en la solución de los problemas de la sociedad chiapaneca. En esta perspectiva, la UNACH, así como viene funcionando y con sus resultados de logro educativo no resulta la institución útil que la sociedad requiere para revertir el atraso y el subdesarrollo y tampoco para incidir en la mejora de la vida pública.

En los últimos meses en Chiapas hay un incremento de la protesta social y de la violencia generada por la presencia de la delincuencia organizada. Esto significa claros problemas de gobernabilidad y de inseguridad, que representa las dos problemáticas de los gobiernos que no tienen legitimidad y que no poseen capacidad de respuesta y de atención a las demandas.

Lo significativo de todas estas protestas ciudadanas y de esta violencia, cada vez más generalizada, es que han sido desestimadas por el actual gobierno estatal, que considera que la ausencia y el olvido son extraordinarias estrategias políticas para resolver problemáticas sociales y de inseguridad y no pondera las consecuencias de la falta de operación política y de ausencia de gobierno y por lo tanto también desestima, que Chiapas representa una preocupación latente no solo de la seguridad nacional sino del país vecino, que observa que la porosidad de la frontera sur de México es un paso propicio para el terrorismo de ese país.

Otro elemento en común que tienen estos sucesos en Chiapas, es que se han difundido a través de las Redes Sociales y no por los medios de comunicación tradicionales, quienes por complacencia con el gobierno, ocultan e ignoran las acciones ciudadanas de protesta, con la creencia que con eso se le resta viabilidad y se reduce la movilización. Sin embargo, ahora el gobierno financia a páginas y periodistas para que difundan la presencia gubernamental en las Redes y provoquen la sensación de un respaldo popular a las acciones del gobierno, al difundir los boletines del gobierno, muchos de ellos que con sus mentiras contrastan con el sentir y la percepción de la realidad.

La situación actual en Chiapas es delicada, pues se percibe un gobierno sin operación política, sin experiencia, sin conocimiento de las problemáticas y sin la sensibilidad que se requiere para reconstruir relaciones armónicas entre los grupos y entre las comunidades. Una muestra de estos desaciertos se observan en San Cristóbal de Las Casas, en donde se presenta un programa para reconstruir el tejido social y abrir oportunidades a las personas que participan en el grupo de los Motonetos, y 72 horas después, hay una respuesta violenta de este grupo que se enfrentó a elementos de la Guardia Nacional, en el que se exhibe la falta de oficio y la ineficacia que hay en el gobierno.

Transcurridos los primeros cuatro años de la actual gestión gubernamental, queda claro que el gobierno de la 4t le queda debiendo a Chiapas, en el que no se logró construir un programa de desarrollo ni se consolidó un grupo de funcionarios que hicieran frente a la descomposición social que se vive en la entidad. Lo delicado de esta situación es que restan dos años de gobierno, en donde los problemas de gobernabilidad y de inseguridad, se van a ver influidos por la disputa de la sucesión de la gubernatura y de las presidencias municipales, lo que hace prever un mayor cúmulo de problemas por la ausencia de operación política del gobierno.

La Universidad Autónoma de Chiapas vive en este momento un proceso de reelección de Rector. Este proceso que debiera ser terso, como resultado de un reconocimiento a la gestión realizada, se encuentra inmersa en un ambiente de resistencia silenciosa debido al clima de terror que se estableció en la Universidad, producto de la represión, la persecución, el acoso y la intimidación que hay, en el que recientemente se aprobó al interior del Estatuto Integral de la Universidad una Ley Mordaza, a través del artículo 33, que expresamente señala: “abstenerse de hacer comentarios que perjudiquen el prestigio de la Universidad”.

La posibilidad de la reelección del Rector se construyó desde el momento mismo de la designación y sobre ese interés particular se vino trabajando en los últimos tres años de la gestión. Para eso se cambió a los miembros de la Junta de Gobierno y se nombró una Junta a modo del Rector. Sin embargo hay descuidos en la designación de los miembros de la Junta; la Ley Orgánica establece que cuatro miembros deben ser miembros activos del  personal académico de la Universidad y en realidad los cinco miembros son personal docente de la Universidad, una de ellas ocupa un cargo de dirección de la Universidad, bajo las instrucciones del Rector, lo que éticamente la invalida para ser miembro de esta Junta de Gobierno, pero su nombramiento se establece bajo argumentos leguleyos y no bajo los principios universitarios.

En el intento reeleccionista el Rector se equivocó en la construcción de los aliados, En lugar de contar con el respaldo de los docentes miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que son los que con su trabajo mejoran los indicadores de la Universidad y le proporcionan prestigio a la misma, buscó el cobijó de los líderes sindicales, quienes son partícipes de las violaciones laborales aplicados a más de un centenar de docentes y trabajadores administrativos, que condujo al despido, a la renuncia o a la jubilación o pensión, sin que estos líderes hayan defendido los derechos de los trabajadores, asumiendo, sobre la base de los hechos, el papel de sindicatos blancos al servicio del patrón, en detrimento de la seguridad laboral de los trabajadores universitarios.

El acoso y la intimidación de los trabajadores condujo a una pérdida de la dignidad en los universitarios, quienes guardan silencio ante la suma de atropellos y fabricación de delitos en los despidos, para evitar problemas o conflictos o poner en riesgo la seguridad laboral, pero con ello se pierde una esencia central de la educación que es la transformación del ser humano, capaz de generar las transformaciones sociales.

La UNACH carece de un proyecto universitario construido a partir del consenso o el acuerdo de los universitarios, situación que provoca un incumplimiento con los compromisos de Responsabilidad Social Universitaria, que debe identificar a las universidades públicas en el desarrollo de un trabajo universitario con incidencia y retribución social. Esta ausencia de compromiso universitario es lo que ocasiona un distanciamiento de los docentes al intento reeleccionista, en donde acompañan al actual Rector los líderes del sindicato y el acarreo de trabajadores al estilo pueril y lastimoso de la CTM, en el que a cambio del respaldo el Rector se compromete con la reelección de los líderes de los sindicatos, en el que prevalecen los acuerdos e intereses personales y no los institucionales.

La Universidad Autónoma de Chiapas, desde su momento de fundación, tiene el problema de la ausencia de un proyecto de Universidad, aunque hay que señalar, que lo más cercano a ello, se encuentra en la gestión realizada por los rectores Pedro René Bodegas y Ángel René Estrada, quienes impulsaron la profesionalización del profesorado y la diversificación y el crecimiento de la Universidad, aunque el segundo Rector mencionado, padeció la intromisión constante del gobierno sobre la gestión y se fortaleció la idea de una Universidad a disposición de los caprichos de las autoridades.

La gestión del actual Rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa, despertó muchas expectativas académicas, en virtud de que en la Universidad hay todo por hacer. La crisis no sólo era económica sino de proyecto universitario, en donde lo primero que había que definir era el tipo de Universidad que se quiere, en el que entra la discusión si se quiere o no una Universidad involucrada a la atención de los problemas sociales de la entidad y a la definición del tipo de Universidad, una que privilegia la docencia y la formación de profesionales o una que impulsa el fortalecimiento de la investigación.

En la actual gestión, en el que había todo por hacer, no se avocó a la discusión y definición de estos problemas; en el que sigue existiendo una Universidad alejada de los problemas de la entidad, en el que el trabajo que se realiza en ella no representa una gran utilidad para la sociedad chiapaneca, y en la definición del tipo de Universidad las cosas resultan de mayor cuestionamiento, pues se tomaron decisiones en el que se privilegia la docencia, en deterioro de la investigación y el crecimiento de los perfiles docentes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores.

La crisis financiera se atendió con la participación del gobierno del Estado, como así se realizó también en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), por lo que la participación del gobierno no debe considerarse como un éxito del actual Rector sino como una política impulsad por el gobernador, que fue acompañada en ambas instituciones por el despido de docentes y trabajadores, provocando problemas de otro tipo, porque ahora ambas instituciones tienen acumulados varias decenas de juicios laborales, que al momento de resolverse se va a generar un nuevo boquete financiero por el pago de los salarios caídos.

Sin embargo, en la UNACH, el saneamiento de las nóminas se convirtió en una política de persecución, de acoso laboral y venganzas, en donde se perdieron las formas jurídicas y la legalidad, y se fabricaron pruebas, intimidaciones y amenazas, a tal grado, que la Universidad solicitó la participación de la fiscalía, a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, quien se caracteriza por sus métodos gansteriles, para perseguir e intimidar a docentes y trabajadores administrativos, en el que la Universidad pasó a vivir una verdadera época de terror y de violación de derechos humanos. Todo esto se acompañó por la ilegalidad en la toma de decisiones, en el que el Rector se convirtió en el poder unipersonal en la toma decisiones, violando reincidentemente la Legislación Universitaria.

En esta rectoría se volvió una práctica violatoria por carecer de sustento jurídico en la Legislación Universitaria, destituir a Directores de las Facultades, Escuelas e Institutos, para nombrar encargados, el 40% de las autoridades personales en la UNACH son encargadas, sin legitimidad y sin el respaldo de los académicos, lo que permitió consolidar la política de terror y amenazas en la Universidad.

Hoy que se vive un período de designación del Rector, afloran los descuidos y las ilegalidades: una Junta de gobierno ilegalmente constituida, en el que sus decisiones pueden ser combatidas jurídicamente; un Consejo Universitario con visos de ilegalidad por errores legales en la Ley Orgánica; una aprobación del Estatuto de la Universidad a destiempo, sin la participación de la comunidad y con claros visos de ilegalidad; una convocatoria que se publicó con el adelanto de por lo menos cinco semanas y una persecución en contra de los perfiles que podían disputar la Rectoría de la Universidad.

Un proceso que debía ser transparente, tranquilo y dentro de los compromisos universitarios, se vino descomponiendo.

El protagonismo de los exgobernadores en Chiapas, no es una buena señal para la gobernabilidad en el Estado, en virtud de que fomenta el rumor, la incertidumbre política y exhibe la imagen del actual gobierno, al no establecer los límites de esa presencia y del activismo que tienen.

Los exgobernadores ya tuvieron su tiempo y su momento. Su aportación y sus desaciertos son parte de la historia que se viene escribiendo. Sin embargo, mantienen vivas las expectativas políticas y al interior de ellos el deseo de mantener posiciones políticas y disfrutar del poder a través de sus vástagos.

Lo que no se puede perder de vista, es que el movimiento zapatista de 1994, fue un reflejo de la incapacidad manifiesta de la clase gobernante, que nunca emprendió acciones para disminuir las desigualdades sociales, resolver los problemas agrarios y mejorar las condiciones políticas, para erradicar la violencia y la presencia de las guardias blancas al servicio de los ganaderos y de los finqueros en la entidad.

El movimiento zapatista desplazó por su falta de resultados a esa elite gobernante, quien fue señalada como la directamente responsable de esa rebelión y la que debía de pagar los costos políticos del movimiento con su exclusión del poder local. Desde ese momento era previsible la necesidad de construir una nueva clase política en Chiapas, que estableciera nuevos tipos de relaciones sociales y que fuera capaz de acercar a un conjunto de organizaciones a participar en la toma de decisiones políticas. Eso es lo que representó, después del levantamiento armado, la experiencia de más de 280 organizaciones que se integraron en el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC).

El desplazamiento de la vieja clase gobernante en Chiapas se hizo evidente en las elecciones locales del año 2000. La derrota del candidato del PRI implicaba, sobre todo, el sacrificio de un grupo político, que no fue capaz de reciclarse políticamente. Desafortunadamente, el gobierno de Pablo Salazar, quien fue el beneficiado de esta ola de movilización política que impulsaba a través de la protesta la necesidad de construir un nuevo orden político en Chiapas, no logró construir el gobierno de transición que se requería, aún y cuando integró en su gobierno a importantes líderes sociales y representantes de ONG, al final de su gobierno terminó regresando el gobierno de la entidad a un aventurero que mantenía herencias con la vieja clase gobernante, quien recuperó posiciones e intereses en la entidad. Pablo Salazar sobre la base de los hechos construyó un grupo político con el que gobernó, pero no pudo construir una candidatura que le permitiera refrendar un triunfo democrático que desplazara de manera definitiva a la vieja clase gobernante, que estaba herida de muerte desde el levantamiento zapatista.

Por eso cuando llegó el momento del proceso electoral del 2006, Pablo terminó impulsando para la gubernatura, no a un candidato surgido de la lucha y del gobierno de la transición sino a un candidato ligado a la vieja clase gobernante,  pero ahora con sus cachorros, en el que finalmente se terminó cancelando las posibilidades para la transición a un régimen democrático.

El retorno de la vieja clase gobernante con Juan Sabines Guerrero canceló las posibilidades de construir un nuevo orden político en Chiapas, con una nueva clase política y abrió las posibilidades para establecer en Chiapas los gobiernos de la juniorcracia, que tanto daño le ocasionaron al Estado y que mantiene viva la posibilidad de la continuidad de la juniorcracia.

El pasado enfrentamiento entre una célula de la delincuencia organizada con la policía estatal en Tuxtla Gutiérrez, así como el enfrentamiento de “Los Motonetos” con la guardia Nacional en San Cristóbal de Las Casas se suman a la ola de inseguridad y de crímenes que se viven en Chiapas, en donde la violencia se ha venido incrementando y con ello el número de ejecuciones y masacres, sin que la autoridad responsable implemente medidas preventivas y se realice la investigación con la debida diligencia que conduzca  a la detención y castigo de los responsables de estos delitos.

La presencia de los cárteles y la disputa entre ellos son innegables en Chiapas. El gobierno actual ha sido omiso y complaciente con el crecimiento de la presencia de estos grupos, que con sus disputas representan un riesgo para la población, debido a los encuentros callejeros que se vienen suscitando en la entidad y más, porque muestran una actitud de enfrentamiento en contra de la Guardia Nacional y del Ejército, que evidencia el desarrollo de mecanismos de control del territorio que realizan estos grupos.

Si en Chiapas existiera un gobierno democrático, se tendrían investigaciones y responsables de estos delitos bajo proceso, pero lo que hay es un gobierno de simulación democrática, que no está interesada en el cumplimiento de la ley, y que inexplicablemente reprodujo las condiciones de alianza con los grupos de la delincuencia que se  formaron durante el régimen del PRI y que no fueron afectados por los gobiernos en lo que va de este siglo, en el que pasaron gobierno perredistas, panistas, del partido verde y ahora Morena, que es el responsable del crecimiento de la violencia y del dominio de la delincuencia organizada.

Un compromiso incumplido del gobierno en la entidad, autodenominado de la transformación, es la falta de justicia. Lo grave de esta situación, es que existen dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señalan el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el establecimiento de un programa de cultura de paz, que permita reconstituir las condiciones de convivencia armónica en las comunidades, sin que el gobierno haya implementado ninguna estrategia que muestre indicios de un interés por cumplir con estas recomendaciones, en donde la violencia en las comunidades indígenas no disminuye ni se realizan acciones de prevención.

La falta de atención del gobierno de Chiapas al incremento de ejecuciones y masacres en distintas comunidades, sitúa a varias autoridades en calidad de responsables por el delito de omisión por comisión, y en otras circunstancias, debieran de estar vinculados a proceso. En este sentido, el fiscal general, la secretaria de seguridad pública y el propio gobernador del Estado, son responsables directos  de este clima de violencia en la entidad, que ha conducido a más de un centenar de muertos en lo que va de este gobierno, en el que se reproduce la impunidad por la falta de investigación y aplicación de la ley, en el que los mensajes entre líneas que se envía es que desde el gobierno se protege a la delincuencia organizada.

El día de ayer se presentaron dos sucesos en Tuxtla Gutiérrez que tiene que ver con la presencia de la delincuencia organizada. En la madrugada, un grupo armado incendió una bodega en el que se encontraron armas de grueso calibre y horas después se vive un enfrentamiento entre delincuentes con la policía estatal, en donde un elemento de la policía resultó herido, sin que haya detenidos en ninguno de los dos sucesos.

La presencia de la delincuencia organizada es notable en varios puntos del territorio en Chiapas como sucedió en San Cristóbal de Las Casas o la detención de una célula del CJNG, que a la semana fueron puestos en libertad por la inconsistencia de las pruebas que se presentaron ante el juez o el asesinato del presidente de Teopisca o las actividades paramilitares que realiza el grupo Machete en Pantelhó o los enfrentamientos armados recurrentes en Frontera Comalapa.

La violencia provocada por los grupos de la delincuencia organizada no son hechos aislados sino que son frecuentes y sistemáticos, lo que evidencia que la plaza se está calentando, situación que se traduce en enfrentamientos entre los cárteles por el control de la plaza; ante una pasividad del gobierno, que deja entrever que existe un consentimiento hacia la actividad de estos grupos.

Las condiciones sociales en Chiapas, permite la operación de los grupos de la delincuencia en las comunidades y en los conflictos políticos, la protesta social, que puede ser legítima, se contamina con la presencia de la delincuencia organizada, como sucede en Pantelhó, Teopisca, Oxchuc y Chenalhó, lo que ocasiona graves y peligrosos problemas de gobernabilidad y de inseguridad.

El panorama social resulta poco halagüeño para Chiapas, no solo porque no hay voluntad del gobierno para atender la problemática de la delincuencia organizada sino porque existen muchos señalamientos del contubernio y colaboración de funcionarios y mandos de la fiscalía y de la secretaría de seguridad con los cárteles; en donde se percibe que el control y el poder lo tienen los jefes de los cárteles, que se muestran sin descaro y con mucha ostentación en las calles, bares y restaurantes e las principales ciudades del Estado.

La disputa entre los cárteles se puede incrementar en Chiapas, lo que pondría a la entidad en las mismas condiciones de violencia que se vive en otras entidades del país, en el que los gobiernos no tomaron las decisiones adecuadas para evitar la descomposición social y el dominio de los cárteles y hoy viven graves problemas de violencia y de inseguridad.

La política no está funcionando en Chiapas, en el que se envían mensajes contradictorios. Por un lado, el gobernador insiste en publicitar éxitos malogrados en materia de seguridad, cuando presume que hubo 24 horas sin delitos de alto impacto, en el que considera que se garantiza paz y orden en la entidad, cuando el fin de semana se presentó en San Cristóbal nuevamente un suceso que pone en riesgo la vida de la población, en el que hubo un enfrentamiento de Los Motonetos con la elementos de la Guardia Nacional, a tal grado que la tienda Walmart tuvo que cerrar las cortinas de las puertas de acceso y salida por seguridad, quedando encerrada población, en el que habían niños.

No es la primera ocasión en que suceden este tipo de movilizaciones de este grupo de la delincuencia, que pone en riesgo a la población; la paradoja de esta situación, es que recientemente el gobierno en presencia del subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, realizó un evento en el que se proponen restablecer el tejido social en San Cristóbal y con ello construir nuevas oportunidades hacia elementos del grupo de Los Motonetos y 72 horas después de ese programa de gobierno, anunciado con bombo y platillo, la violencia se apodera nuevamente de esa ciudad.

El hecho es que la política no está funcionando en Chiapas, que de acuerdo a los resultados de una encuesta publicitada por el Periódico Financiero, el gobernador Rutilio Escandón tiene un 29% de aprobación y se encuentra entre los seis gobernadores peor evaluados. Con ese 29% de aprobación se evidencia una pérdida peligrosa de legitimidad, en virtud, que de acuerdo a ese resultado de la encuesta, el gobernador carece de representatividad, y eso se refleja con los problemas de gobernabilidad y de seguridad que hay en el Estado.

Se ha señalado reiteradamente que en Chiapas no hay gobierno, y eso se demuestra con resultados de encuestas que califican al gobernador entre los gobernadores con peores resultados. Este problema no es un asunto menor, porque representa la legitimidad o no de un gobierno que perdió credibilidad y que insiste en reproducir una estrategia de informar mentiras y que cada día está más alejado de los intereses de Chiapas.

En Chiapas no hay un pacto entre el gobierno y la sociedad chiapaneca, pero cada vez resulta más claro que sí hay un pacto de impunidad con la delincuencia organizada, como se puede observar en los sucesos de San Cristóbal en que no hubo detenidos y peor aún, quienes estaban detenidos fueron liberados, en el que se envía una mala señal de impunidad y de dominio por parte de la delincuencia organizada, que impone condiciones y exhibe el funcionamiento de un gobierno que solo tiene 29% de aprobación.

La política y el gobierno en Chiapas viven hoy día una fase de descomposición, situación que se agudiza aún más, con la sospecha de la subordinación de las autoridades al cártel Jalisco nueva generación que produjo la liberación de la célula de este cártel detenida en días pasados y puesta en libertad el 9 de septiembre, que pone en riesgo a la seguridad nacional del país, debido a que un conjunto de instituciones que hacen posible la unidad de la sociedad están dejando de funcionar provocado por la violencia,  la impunidad con la inaplicación del derecho, las ejecuciones extrajudiciales  y el caos social que se percibe en varios puntos del territorio chiapaneco.

La violencia y ejecuciones que se ha presentado en los últimos meses no se había vivido en Chiapas, a grado tal que grupos como “Los Motonetos” en San Cristóbal o los enfrentamientos en Frontera Comalapa, que actúan en total impunidad, son una clara muestra de que el Estado no viene funcionando. Pero esta violencia que sucede en San Cristóbal o Comalapa no es un hecho  aislado, ya que la violencia está presente en Aldama y Chenalhó, en Tila, en Carranza, en Chilón, en El Bosque, en Rincón Chamula, en Pantelhó, en Oxchuc, en San Juan Chamula, en Simojovel, etc., municipios que arrastran una historia de violencia, en el que es claro de que no existe la voluntad política del gobierno para buscar restituir los lazos comunitarios, que permitan disminuir los enfrentamientos y la violencia, y construir acciones institucionales dentro de un modelo de cultura de paz.

La peor que está sucediendo en Chiapas, es la indiferencia del gobernante que considera que los conflictos en la entidad siempre han existido y por lo tanto esta violencia no fue provocada por la administración actual, por lo que no hay compromiso para resolver esos problemas, lo que origina la despreocupación del gobernador hacia esa violencia y los enfrentamientos que ocasiona que son recurrentes en la entidad, en la que se han acumulado asesinatos políticos, desplazamientos forzados, despojos de tierras, desapariciones, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, etc., que paradójicamente son responsabilidad del Estado por no tomar las medidas preventivas y garantizar el derecho a la vida o bien por la inoperatividad del gobierno, por lo que resulta improcedente la indiferencia que muestra el gobernador a este caos que amenaza generalizarse.

En concreto, los crímenes sucedidos en los últimos meses son una responsabilidad del Estado, debido a que las autoridades tienen conocimiento con antelación de los problemas que se gestan en la entidad, sin que nadie implemente medidas preventivas o de protección ante la oleada de violencia y enfrentamientos que se dan entre los distintos grupos u organizaciones, o por no realizar una investigación con la debida diligencia que conduzca al castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos sucesos.

Está claro que la gobernabilidad de Chiapas no es preocupación del gobernador, y por lo tanto, no hay disposición ni capacidad política para tomar las decisiones necesarias para restablecer el orden sin violación a derechos y libertades en la entidad. Lo lamentable, es que los funcionarios en Chiapas no entienden ni perciben la magnitud de los problemas, y se terminan tomando decisiones que resultan contraproducentes, como bien puede ser el uso selectivo de la represión policíaca a grupos que protestan y deciden tomar las casetas de pago o cerrar las carreteras, debido a que la violencia policial no resuelve los problemas y sí, en muchos casos, los termina agudizando, como sucede con la reciente detención de pobladores de Oxchuc, que protestan por el incumplimiento del Estado de realizar las elecciones de autoridades municipales a través del mecanismo de usos y costumbres, situación que contrasta con el trato que recibió la célula del CJNG, que fue liberada a través de otro tipo de presiones.

La policía Estatal detuvo a una célula perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, mismos que fueron puestos en libertad el pasado viernes 9 de septiembre, debido a que la defensa mostró un vídeo que muestra que  los detenidos se encontraban en otro lugar el día y la hora  en que el informe policial homologado señala que fueron detenidos, por la portación de armas de uso exclusivo del ejército.  

Esta detención causó temor en la población por el despliegue policíaco que hubo, provocado por el rumor de que el cártel CJNG intentara la liberación de los detenidos. Sin embargo, este temor se convirtió en un escándalo político al conocerse la noticia de que habían sido liberados. En este operativo fracasado, la fiscalía estatal y la policía estatal  dieron una lección de fabricación de pruebas para detener a presuntos delincuentes, en el que ningún ciudadano está exento de sufrir este tipo de atentados o peor aún, dieron una lección de cómo se fabrican pruebas para que los presuntos culpables demuestren su inocencia y sean liberados.

La detención de la célula del Cártel Jalisco fue noticia nacional, como noticia nacional se convirtió la liberación de los mismos, lo que evidencia el gran poder que tiene este cártel en Chiapas, que dobló a las autoridades del Estado.

Si en ese operativo se detuvieron a inocentes, el gobernador debe de realizar una limpieza inmediata en la secretaría de seguridad, comenzando por la secretaria y los subsecretarios y  fincar responsabilidades a quienes participaron en ese operativo.  Pero si en realidad se detuvo a presuntos responsables de delitos y luego fueron liberados, el gobernador debe instruir la investigación correspondiente y fincar responsabilidades a quienes participaron en el montaje que permitió la liberación de los detenidos.

Es fácil de señalar la responsabilidad del juez en esta liberación, pero eso pecaría de una ignorancia superlativa, en virtud de que el juez dicta sentencia a partir de las pruebas que presente el ministerio público, en este caso, por el tipo de delito, le corresponde al ministerio público federal. Sin embargo, esa detención no fue realizada por la Fiscalía General de la República sino por la policía estatal; quien presentó el informe policial homologado al ministerio público federal. En ese informe, ya no correspondía la hora de la detención, lo que permitió demostrar a la defensa con un vídeo, de que los detenidos se encontraban en otro lugar en la hora en que la policía menciona en que se dio el operativo. Frente a ese argumento y prueba en vídeo, el juez estaba obligado a ordenar la liberación de los detenidos.

Aquí la gran incógnita es saber ¿Quién ordenó a la fiscalía del Estado que se modificara el informe policial y con ello abrir la posibilidad de la liberación de los detenidos? Y ¿Por qué se dio esa orden?

Durante meses se mantuvo la promesa de que este iba a ser un sexenio favorable para Chiapas, pero ya transcurrió más de la mitad de la gestión correspondiente y esa promesa no ha sido cumplida y no hay visos de que se llegue a cumplir en los siguientes meses. Es más, en este sexenio las desigualdades sociales se están profundizando en Chiapas, a punto tal que los beneficiarios del programa sembrando vida son 80 mil productores, de un padrón de poco más de 700 mil productores, lo que significa que sólo el 10% de los productores agrícolas tiene beneficios del gobierno, lo que viene generando un profundo malestar en el campo, en donde el sector maicero es el más desprotegido, en el que se prevé una crisis por el hambre, situación que provoca un malestar social, que solo requiere de una chispa para que surja el conflicto y se multiplique la movilización.

Para mejorar las condiciones de esta situación, el gobierno requiere mejorar su funcionamiento político y abandonar la indiferencia que hay en la atención de los problemas y demandas, en el que se está mandando un mensaje de un abandono del gobierno y en algunos puntos como Pantelhó y Frontera Comnalapa una ausencia del Estado. Esto implica que en los próximos meses, el gobierno de Rutilio Escandón debe hacer una apuesta por un ejercicio eficaz del presupuesto en donde cada peso que se invierta debe permitir construir gobernabilidad, a partir de acuerdos políticos y no de obras de ocurrencias, que solo sirven de maquillaje dentro de un discurso de gobierno que no convence.

En el escenario actual de Chiapas se muestra una debilidad institucional del gobierno, que ha perdido su capacidad para construir acuerdos políticos, en el que la protesta y el malestar social lo tiene desbordado. En este sentido, el escenario político no puede ser más delicado, en donde se combinan el conflicto social con la crisis económica, todo ello aderezado con un gabinete sin oficio y sin experiencia, que después de 45 meses de gobierno, aún no se ha dado cuenta de las dimensiones de los problemas que tiene en jaque a la entidad.

Cinco son los grandes problemas que tiene Chiapas, en el que poco o nada se viene realizando en este gobierno autodenominado de la transformación: la pobreza, la falta de justicia, la falta  de gobernabilidad, la creciente inseguridad y las dificultades para mejorar la productividad en el campo, que está propiciando la migración de miles de jóvenes, que se quedaron sin perspectiva de futuro.

La conjugación de estos cinco problemas de la entidad sirvió de caldo de cultivo para el fortalecimiento de una delincuencia organizada, que sentó su presencia en muchas comunidades indígenas y en una vasta extensión de suelo agrícola que está cambiando su tipo de producción a sustancias prohibidas, lo que ha convertido a Chiapas en territorio de disputa de los cárteles que se han constituido en un poder fáctico, que está sustituyendo, cada vez en mayor extensión, al Estado mexicano, sin que se dé cumplimiento a la promesa del gobierno de que este sería el sexenio de Chiapas..

La Ciudad de San Cristóbal de Las Casas vive una creciente ola de violencia ocasionada por la presencia del grupo delincuencial denominado “Los Motonetos”, situación que obliga a una intervención determinante de parte de las autoridades  federales y estatales para establecer las condiciones del retorno de la legalidad en la región, en virtud de que la violencia se ha extendido a varios municipios indígenas que tienen como cabecera a San Cristóbal.

Los sistemas de inteligencia tienen identificado a los principales líderes de los grupos de la delincuencia que operan no solo en San Cristóbal sino en todo el territorio de Chiapas y conocen además quienes son las autoridades que proporcionan protección a estos grupos, que actúan en plena impunidad y que ya impusieron no solo el terror en la población, sino un poder que ejerce dominación sobre el resto de la sociedad, en el que sobre la base de los hechos los grupos de la delincuencia están sustituyendo al Estado.

En este sentido, resulta evidente que la transformación que prometió el gobierno de la 4t en Chiapas en materia de inseguridad es inexistente, y que la política de abrazos no balazos es un discurso de simulación, que aparte de que no tiene resultados, deteriora el funcionamiento del Estado, a punto tal que el combate a la delincuencia se realiza con la construcción de mentiras oficiales que difunden la noticia de que l delincuencia en el país viene a la baja. En este sentido,  se debe de reconocer que los asuntos públicos en la entidad no caminan, y que en un futuro inmediato la situación social va a empeorar debido a la inacción del Estado.

En Chiapas son varias señales que muestran que la plaza se está calentando con la presencia de los grupos de la delincuencia organizada, sin que eso genere preocupación alguna en el gobierno, que continúa sin tomar las medidas preventivas de protección y garantías a la población, que corre el riesgo de quedar en medio de los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, como ha sucedido en San Cristóbal y en Frontera Comalapa, en el que se evidencia que la autoridad se encuentra rebasada.

La violencia e inseguridad que se vive en la entidad no fue ocasionada por el gobierno actual, pues la presencia de la delincuencia organizada en Chiapas data de varias décadas atrás, que condujo al establecimiento de un pacto entre los distintos grupos para que esta plaza no se calentara, en virtud de que este paso fronterizo es necesario para todos y su alteración afectaba todas las actividades al margen de la ley que se realizan en este paso obligatorio. Pero este pacto se deterioró con el actual gobierno, por el desempeño realizado por los dos fiscales que han ocupado el cargo.  

En Chiapas es irreal la coordinación de las dependencias en el combate a la delincuencia y no existe una cabeza que establezca el mando en las operaciones. El propio fiscal no tiene el control de la fiscalía y en la secretaría de seguridad se reconoce la autoridad y se rinden informes a personajes que ya no forman parte de la administración pública. Esto significa que el control de las dependencias de seguridad está diluido y con ello el gobierno de Rutilio Escandón ha perdido capacidad de respuesta ante la delincuencia organizada.

En Chiapas, como sucede en muchas sociedades tradicionales, existe una pobreza de cultura política en donde se fortalecen las prácticas del rumor, la conspiración y los mensajes anónimos. Esto significa que la acción política se desarrolla tras bambalinas, con golpes a traición, sin dar la cara, en el que el malestar se oculta en un caudal de ríos subterráneos, que crece y cuyo estallido sorprende, por lo silencioso en que se desarrolla la conspiración.

Frente a las prácticas del rumor, la conspiración o los anónimos no es mucho lo que se puede hacer  para evitar las tensiones y el conflicto, debido a que prevalece la especulación en lugar de la certeza. Y en Chiapas existe mucha especulación, alimentada por el rumor y la conspiración. Ejemplo de ello es el rumor que se esparce sobre la posibilidad de un interinato en el gobierno, o peor aún, el rumor de un familiar del gobernador que se relaciona con la detención reciente de una célula perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que supuestamente se termino dejando en libertad a un pez gordo, rumor que se esparce de manera anónima y que golpea directamente en la legitimidad del gobernante.

Este tipo de rumores se esparce porque la autoridad no sale a la luz pública a transparentar las acciones. En las oficinas de la fiscalía, el fiscal del Estado se encierra y no sale a aclarar los hechos ni da a conocer la versión oficial; esto termina colaborando para que el rumor crezca y se afirme de la veracidad de un hecho que no ha sido comprobado, pero que golpea en la confianza y credibilidad de un gobierno a quien se le involucra de ligas con la delincuencia organizada.

Las condiciones sociales en Chiapas no están para continuar con la incertidumbre que genera la política del rumor ni para continuar con acciones conspirativas, que promueven de manera enfermiza el interinato. Chiapas tiene problemas reales, que afectan la convivencia cotidiana y afectan, al mismo tiempo, a la gobernabilidad democrática. Pero muchos de los problemas que vive la entidad se están generando por la propia indiferencia de un gobernador, que considera que es irrelevante gobernar, en el que no se toman decisiones, a tal grado que su gabinete ha demostrado su total incompetencia y no realiza los cambios necesarios.

Esta inercia en el gobierno es lo que permite la continuidad del rumor y la invención de sucesos, que provoca la confusión entre la realidad y la imaginación, confusión de la que no está ajeno el gobernador, quien parece convencido de que las mentiras oficiales que se difunden forman parte de una realidad que es irrefutable, en el que todo está bien en el gobierno y donde sus empleados le hacen creer que es el mejor gobernador de la historia de Chiapas.

En los últimos meses se ha incrementado la violencia y la inseguridad en distintos municipios de Chiapas: Tila, Chilón, Pueblo Nuevo, Oxchuc, Yajalón, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, San Cristóbal, Tuxtla, Tapachula y Comitán. Junto a esto se han presentado conflictos y enfrentamientos armados en Chenalhó, Aldama, Pantelhó, Carranza, Frontera Comalapa y en San Cristóbal. Más recientemente,  se han presentado ejecuciones extrajudiciales en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza y Frontera Comalapa.

Lo significativo de todos estos problemas, es que han sido desestimados por el actual gobierno estatal, que estableció un discurso oficial que la inseguridad disminuyó en Chiapas, discurso que contrasta con la realidad y la percepción de las personas. ¿Cómo este gobierno puede reducir la inseguridad? Si la principal estrategia para resolver los problemas es la indiferencia y el olvido; y no se ponderan las consecuencias de la falta de operación política y de ausencia de gobierno, a la vez de que se desestima, que Chiapas representa una preocupación latente de seguridad nacional para el estado mexicano.

Otro elemento en común que tienen estos sucesos en Chiapas, es que se han difundido a través de las Redes Sociales y no por los medios de comunicación tradicionales, quienes por complacencia con el gobierno, ocultan e ignoran las situaciones de violencia e inseguridad, con la creencia de que los problemas sociales se resuelven ocultando la información. Lo inaudito es que cuando hay situaciones en que se difunden ataques o enfrentamientos armados, el gobierno financia a personas para que difundan la falsedad de las noticias, aún y cuando hay evidencias en fotos o vídeos.

En el exceso de subordinación con el gobierno, hay en las redes sociales comentarios que buscan dar legalidad y legitimidad al desempeño del gobernador y los boletines del gobierno se difunden con el propósito de legitimar el discurso de mentiras oficiales, que buscan construir un mundo paralelo de éxitos que nada tiene que ver con la situación real de Chiapas, en donde nadie está a salvo de ser afectado por el incremento de las acciones emprendidas por la delincuencia organizada, que paradójicamente cuenta con la protección de los cuerpos policiales.

Un problema central de la administración de Rutilio Escandón es su falta de proyectos de desarrollo,   en el que busca vender a Chiapas pero no se sabe qué vender, pues desconoce los nichos de oportunidad que tiene el Estado. Pero tampoco se puede ocultar que un aspecto fundamental que detiene la inversión es la inseguridad y la falta de garantías judiciales, dos aspectos que se descuidaron y que es una responsabilidad estatal mejorar, pero inexplicablemente esto no es una prioridad en el actual gobierno, que prefiere seguir repitiendo que Chiapas es una entidad segura.  

La transformación social que prometió el gobierno actual en Chiapas no se observa en la forma ni mucho menos en el fondo. Aquí sólo existe el discurso de la simulación que construye y difunde mentiras oficiales, que se contraponen a la realidad y a la percepción de las personas. Es un hecho que los asuntos públicos en la entidad no caminan por el rumbo adecuado y por la indiferencia que manifiesta el gobernador a los problemas de la entidad, en el que todo hace prever  que las cosas  se van a poner peor.

Hay varios anuncios que muestran que la plaza en Chiapas se está calentando sin que eso genere preocupación alguna en el gobierno, que continúa sin tomar las medidas preventivas de protección a la población, sobre todo en los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, que cada vez son más frecuentes en distintos lugares del Estado y por el cobro del derecho de piso que la delincuencia está imponiendo en varias ciudades de la entidad. Este clima de tensión y de violencia ya se vivió en otras entidades como Morelos, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, en donde no se tomaron las medidas preventivas adecuadas y la autoridad terminó siendo rebasada por la delincuencia, como desafortunadamente viene sucediendo en Chiapas, en donde la delincuencia organizada asume el control de un mayor territorio en la entidad, bajo la complaciente mirada de las dependencias encargadas de la seguridad.

Resulta claro que la presencia de la delincuencia organizada no fue generada por el gobierno de Rutilio Escandón sino que tiene décadas operando en Chiapas, con un perfil diferente. Sin embargo la responsabilidad de este gobierno es inocultable debido a que no se tomaron las medidas preventivas y la atención que correspondía para evitar que llegara a la situación en la que se encuentra en este momento. Entre las cosas que no se hicieron adecuadamente fue la depuración y selección rigurosa con los controles de confianza de los comandantes de las distintas corporaciones policíacas, como del personal de la fiscalía y, fundamentalmente, la separación del poder judicial con la fiscalía, que mantiene una dependencia inaceptable, principalmente a través de los jueces de consigna.

En días pasados existió un operativo policíaco en Tuxtla debido a la detención de una célula de la delincuencia organizada, en el que presuntamente fue detenido un personaje clave de la delincuencia en Chiapas, pero que fue inmediatamente liberado por instrucciones superiores para evitar una tensión mayor en la población.

Sobre este operativo la fiscalía guarda un silencio cómplice, que en nada abona con la transparencia del ejercicio público de la autoridad y se dejan correr los rumores y las especulaciones en el que incluso se señala que en la protección a este grupo participa un familiar del gobernador, en el que se narra una historia que no es desmentida ni aclarada con hechos reales y concretos, situación que propicia una mayor especulación que en nada abona a una eficaz gobernanza en Chiapas.  

Chiapas desde hace muchos años es un polvorín, lo desafortunado de las condiciones actuales, es que varios conflictos estallaron de manera simultánea, sin que haya mediaciones o negociaciones por parte del gobierno, lo que significa que estos conflictos se volvieron un problema para la gobernabilidad. A su vez, las cosas se complican debido a que el gobierno en Chiapas declinó en su obligación y responsabilidad de gobernar, lo que acrecienta el caos y la violencia.

Lo que sucedió en Teopisca es una clara demostración de la irresponsabilidad con que se viene gobernando Chiapas. Al asesinato del presidente municipal, se debió haber nombrado un nuevo presidente entre los miembros que integran el ayuntamiento; pero hubo alguien que tuvo la ocurrencia de pedir la renuncia a los regidores para desaparecer el ayuntamiento y nombrar un Concejo municipal, esa maniobra ya había sucedido en el período anterior con el municipio de Arriaga y los resultados fueron desastrosos en virtud de que regidores hicieron público que los obligaron a renunciar y el Tribunal Electoral ordenó que se restituyeran los derechos de los regidores. Lo mismo sucedió ahora con Teopisca, el Tribunal Electoral declara la invalidez del Concejo municipal y restituye los derechos a los regidores.

¿Quién instruyó y operó la renuncia de los regidores? De acuerdo con un boletín de la secretaría de gobierno, carente del sentido político, señala que fue el Congreso del Estado. La pregunta que surge entonces es ¿desde cuándo el Congreso del Estado funciona con autonomía y ejerce plenamente sus facultades constitucionales? Es de todos conocido que los diputados y el Congreso Local, responden a las instrucciones del Ejecutivo. En este sentido, nadie tiene las facultades para instruir la renuncia de los regidores, pero si ésta fue inducida u obligada, eso solo se pudo realizar con la anuencia del gobernador y operada por la secretaría del gobierno.

La integración de Concejos municipales es una atribución del Congreso Local, pero que el Ejecutivo promueve para nombrar a las autoridades municipales, sin que medien procesos electorales. Esa era una de las intenciones del gobernador en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en la de San Cristóbal de Las Casas, en donde fueron electas autoridades municipales que no son del todo de su agrado. Pero la protesta por la falta de elección en cinco municipios en donde se nombraron ilegalmente Concejos municipales paralizó la intención de renunciar a los presidentes, pero esto ocasionó que en San Cristóbal se incrementó la violencia a niveles que el control de la ciudad quedó en manos de la delincuencia organizada.

Los sucesos de Teopisca son una muestra de la ligereza con que se toman las decisiones en Chiapas, sin que nadie sea responsable de los daños sociales y económicos por el cierre de la carretera.

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