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Wed, Jan
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La libertad de expresión en México ha estado acompañada por las dificultades que caracterizan a los gobiernos autoritarios y eso terminó provocando la construcción de un proyecto democrático con una baja calidad, que con frecuencia se niega la existencia de la democracia en el país.  Los gobiernos autoritarios han predominado la historia política de México de finales del siglo XIX a los inicios del Siglo XXI, con más de 100 años de autoritarismo -30 años durante el porfiriato y más de 70 años con el PRI, que la cultura política de la población mexicana está atravesada por esos autoritarismos y, por consiguiente, de los déficits democráticos, en el que sobresalen las dificultades para construir una prensa libre.

Las luchas políticas de los años sesenta, período en que se inició el proceso de transformación política en el país –por cierto hoy olvidado y suplantado por una ficticia 4ª transformación-, tuvo como principal carencia la ausencia del respaldo de un prensa que fuera crítica y que decidiera difundir o acompañar esta lucha democratizadora. Fue hacia los años setenta en que aparecieron los primeros intentos de una prensa crítica que buscó alejarse de los controles del Estado, pero ese intento fue abortado en el gobierno de Luis Echeverría con el golpe que se le dio al periódico Excélsior, que provocó la salida de Julio Scherer de la dirección de ese medio.

Las dificultades para construir una libertad de expresión plena no son exclusivas de México sino que es un problema en todos los países latinoamericanos, que se caracterizan también por las dificultades en construir proyectos democráticos. Estas dificultades condujeron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  a interpretar la libertad de expresión a partir de dos perspectivas: una que se le denomina como estándar democrático y la otra, denominada como estándar de las dos dimensiones.

En la perspectiva del “estándar democrático”, la Corte Interamericana considera que la libertad de expresión es un valor que, si se pierde, pone en peligro la vigencia de los principios esenciales para la existencia de una sociedad democrática. La protección del derecho a expresar las ideas libremente se torna así fundamental para la plena vigencia del resto de los derechos humanos. En este sentido, sin libertad de expresión no hay una democracia plena, y sin democracia, el ejercicio de la libertad de expresión puede llevar a la persecución, al confinamiento y a la pérdida de la vida. En palabras de la Corte Interamericana: La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública [...]. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre.

La perspectiva del estándar de las dos dimensiones considera que la libertad de expresión tiene una vertiente individual, que todos la pueden ejercer, pero también existe una vertiente social o colectiva, que tiene que ver con el derecho que tiene la sociedad a estar bien informada y con una pluralidad de opiniones. En este sentido, la población no sólo tiene el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole política. En donde el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar estas dos dimensiones de la libertad de expresión.

Sin embargo, con los 51 asesinatos de periodistas en lo que va de este gobierno, queda claro que la libertad de expresión no se ejerce plenamente y eso origina la pobre calidad democrática en el país.

La violencia en contra del ejercicio periodístico continúa en México. Son 51 trabajadores de la prensa, en sus distintas modalidades, los que han sido asesinados en lo que va de este gobierno, que, paradójicamente,  por ser producto de un proceso democrático, debiera caracterizarse por el respeto irrestricto a la libertad de expresión y sin embargo, el trabajo periodístico se ha hecho cada vez más inseguro y riesgoso en el país.

Es preciso señalar que el Estado no es el que está asesinando a periodistas; pero la responsabilidad de todos los Estados es la de respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión así como la de tomar medidas preventivas para que ningún periodista sea agredido por ejercer el periodismo y eso no se viene realizando. La ausencia de mecanismos para garantizar la libertad de expresión y un ambiente que empieza a criminalizar al ejercicio del periodismo, termina siendo intimidatorio y juega un papel de censura previa y de autocensura, que está prohibida en la Constitución. En este sentido la intimidación y el asesinato de periodistas resultan ser medios indirectos de censura y de violaciones a la libertad de expresión, situación que nos aleja cada vez más para ser una sociedad democrática, sobre todo porque la democracia se construye solo donde hay libertad de expresión.

En México resulta más que obvio que no se está protegiendo a los periodistas, pero lo más grave es que tampoco se respeta su trabajo. A diario vemos cómo el presidente López Obrador ataca a medios y periodistas y lo hace bajo la idea de que él también tienes  derecho a la libertad de expresión y se equivoca. La libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos que las autoridades están obligadas a respetar, proteger y garantizar.

La ausencia de protección y de garantía se observa cuando los crímenes de periodistas no son investigados con la debida diligencia. Esto provoca que el 99 % de los crímenes queden impunes. Por eso se ha señalado en reiteradas ocasiones que cada vez que un asesinato de periodista no es debidamente investigado existe un crimen de Estado. Eso es lo que viene sucediendo con estos 51 casos, que se mantienen impunes y el Estado mexicano tiene una responsabilidad internacional.  

Entre esos 51 crímenes de periodistas sucedidos en este gobierno se encuentra el de Fredy López Arévalo, arteramente asesinado a finales del mes de octubre del año pasado, sin que las investigaciones avancen. Lo sintomático de este crimen, que está a punto de cumplir 100 días, es que el gobernador Rutilio Escandón no se ha manifestado al respecto, solo publicó un twiter el día del asesinato y después su silencio, lo que indica el nivel de importancia que tiene para él el papel de la justicia y el esclarecimiento del crimen.  

México, y Chiapas en particular, viven una severa descomposición social, en donde la violencia y la inseguridad suelen ser buenos pretextos para cometer crímenes políticos y hacerlos pasar como asaltos. Lo que significa que van a continuar los agravios y asesinatos.

La democracia en México es de una pobre calidad, debido en mucho a que existen partidos políticos con una gran pobreza, que no son capaces de construir ciudadanía y muchos de estos partidos no compiten políticamente sino que buscan alianza para mantener el registro. En el país la meritocracia no existe, por lo que poco importa si los políticos y los gobernantes tienen talento o si son idóneos para desempeñar el cargo.

En el Congreso de la Unión pocos son los representantes populares que tienen ideas propias y que sobresalen por su inteligencia; la mayoría de los diputados y senadores brillan por su mediocridad e ignorancia. Por eso mismo la profesión con mayor desprestigio en el país es la de los políticos y en concreto la de los diputados.

Con una pobre representación popular, llámese Morena o PRI o PAN o Movimiento Ciudadano, el debate político está ausente en el Congreso y se ejerce el mayoriteo de votos sin reflexión ni análisis, como era en los tiempos del PRI. Por eso el Poder Legislativo no ejerce contrapesos y está imposibilitado para influir en la construcción de gobierno o de reencauzar las políticas que pongan como preocupación central el interés público.

Aún y con la pobreza de diputados y senadores, en legislaturas pasadas sobresalieron en el debate representantes chiapanecos, que daban luz en el debate: por el grupo de la izquierda sobresalieron Eraclio Zepeda y Jorge Moscoso Pedrero; por el PAN es indiscutible la calidad de tribuno de Juan José Rodríguez Prats; por el PRI, la lista es larga, pero de los últimos años sobresalieron como tribunos Patrocinio González Garrido, Cuauhtémoc López Sánchez y César Augusto Santiago, a quienes se les puede cuestionar de muchas cosas pero no de falta de inteligencia.

En las últimas legislaturas la representación chiapaneca ha sido vergonzante por su carencia de talento. Sin embargo ésta que inició el pasado 1 de septiembre, está predestinada  a ser la peor representación chiapaneca.

La sola postulación de personajes como Ismael Brito, Jorge Luis Llaven Abarca  o los impostores indígenas Roberto Rubio o Manuela Obrador, son una muestra de la decadencia política y el desprecio con que se está gobernando a los chiapanecos. A quien se les imponen representantes que no representan nada, profundizando con ello la brecha entre los ciudadanos y el ejercicio del poder.

El actual gobernador no está identificando el riesgo que representa para la seguridad nacional el malestar social que existe en Chiapas. La violencia y los conflictos están presentes en todo el territorio chiapaneco y no existe una debida atención a estos problemas. Esto va a generar que desde el gobierno federal se impulsen cambios en el gabinete, pero es  bastante incierto que los niveles de violencia vayan a disminuir solo con estos cambios, sobre todo porque resulta claro que lo que no funciona es la cabeza.

En Chiapas son varias señales que indican que la plaza se viene calentando sin que eso genere preocupación alguna en el gobierno, que continúa sin tomar las medidas preventivas de protección a la población, sobre todo en los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, que cada vez son más frecuentes en distintos lugares del Estado. La noticia de ayer en las redes sociales fue la ejecución de un abogado de Villaflores, que fue baleado junto con su esposa, y en el que con escepticismo se considera, como en  otras ejecuciones recientes en la entidad,  que la fiscalía no va a investigar y que va a quedar impune.

Cada día es más notorio, que la función del Estado no está presente en la entidad, en mucho por la ausencia del gobierno, que se desentendió de todos los problemas y ninguna dependencia busca mediar en la atención de las demandas sociales. Esta situación hace prever que los problemas sociales pueden empeorar.

La situación de caos social en la entidad, es tan evidente que los analistas nacionales, ya están abordando la situación en medios nacionales como sucedió en el periódico Reforma, en la columna de Templo Mayor,  en el que se habla del cuñado incómodo del secretario de gobernación, quien ya no puede ignorar lo que está sucediendo en Chiapas. La indiferencia del gobernador Rutilio Escandón, pasó a ser una preocupación en el secretario, a quien le puede estallar un conflicto similar, como le sucedió a Patrocinio González Garrido y a Emilio Chuayffet, quienes tuvieron que abandonar el cargo por los sucesos de Chiapas: el movimiento zapatista de 199 y la masacre de Acteal en 1997.

Rutilio Escandón está convertido en el eslabón más débil del proyecto político de Adán Augusto López Hernández, quien se perfila como el heredero de AMLO, pero los acontecimientos de violencia y conflictos en Chiapas, si no se toman medidas adecuadas y eficaces, lo pueden descarrilar. En este sentido Chiapas pasó a jugar un lugar clave para la sucesión presidencial, lo que obliga a construir gobierno en la entidad, para evitar la repetición de conflictos como los de 1994 y 1997, que le estallarían directamente al secretario de gobernación.

Hay muchos señalamientos sobre la administración de Rutilio Escandón que sitúan a Chiapas como narcoestado. Así lo manifestó el subcomandante Galeano cuando denunció que el gobernador protege a los grupos paramilitares y que Chiapas se encuentra al borde de una guerra civil. Las señales de que las cosas no caminan bien en Chiapas son notorias y se requiere urgentemente de cambios profundos, para evitar una tragedia de graves consecuencias, que cambie los rumbos de la sucesión.

La pandemia del Covid 19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la sociedad mundial. Se tienen dos años conviviendo con este virus y la ciencia y la población, todavía no terminan de aprender la vasta enseñanzas que este virus ha dejado, que está obligando a que se toman decisiones para modificar patrones de vida.

En México estamos en la cuarta ola del repunte del virus, que está siendo la de mayor aceleración de los contagios, en donde el país llegó a la cifra de más de  44 mil contagios en un solo día, récord que puede seguir aumentando. Lo sorprendente es que en Chiapas no hay información sobre el número de contagios. El gobierno de Rutilio Escandón continúa con la farsa de que en Chiapas se controló el coronavirus y no reportan datos reales.

Hoy es prácticamente imposible que no hayan personas a tu alrededor que no esté siendo afectadas por el virus, en cualquiera de sus variantes, pero el sector salud sigue maquillando las cifras y mantiene su postura francamente irresponsable de mantener el semáforo en verde.

En Chiapas se está violando el derecho a la información, al no brindar información veraz, oportuna y sistemática. En este sentido, la población tiene derecho a saber sobre los contagios y muertes ocasionadas por el virus Covid 19 y el Estado está obligado a informar puntualmente y sin reserva.

Ayer inició la jornada para vacunar la dosis de refuerzo para los trabajadores de la educación y los mensajes del gobernador siguen siendo triunfalistas y minimizando los efectos del contagio, como si la población en Chiapas no padeciera de comorbilidad y muchos de los fallecimientos se dieron después de los contagios por Covid.

Esta jornada de vacunación se inserta dentro del esquema del retorno a clases presenciales, aspecto en donde la propia UNESCO está de acuerdo pero hace la precisión, dentro de las condiciones adecuadas, y este último aspecto es el que no se cumple en la educación en Chiapas: no hay condiciones adecuadas en los planteles escolares, llámese primaria, secundaria, preparatoria o universidad; no hay instalaciones adecuadas, las aulas no están bien ventiladas, los servicios sanitarios son infames y más del 80% de de las escuelas, en todos los niveles, carecen de agua.

El retorno a clases y el regreso a la normalidad son deseables. Hay muchos maestros que están de acuerdo en retornar a clases presenciales, pero esto no significa que el Estado en Chiapas haya tomado las medidas de prevención, protección y garantía de la salud. Son muchas familias que perdieron a seres queridos por la falta de recurso para la compra de medicinas o para contar con un tanque de oxígeno. La pandemia ha mostrado que la población en pobreza es la que tiene menos condiciones para superar la fase de contagio y en esto ha fallado rotundamente el gobierno en Chiapas, que tiene una población con 75% de pobres y que se desentendió de los enfermos y de los fallecimientos. Pero en lo que más ha fallado es en el derecho a la información, en el que sigue vertiendo informes falsos, que ocultan la cruda realidad de los contagios por Covid 19 en Chiapas. 

En los tres años del gobierno encabezado por Rutilio Escandón, se han presentado diversos asesinatos que no han sido investigados y los responsables no han sido castigados. Este clima de impunidad inició con la ejecución del activista Sínar Corzo, hace tres años, y se prolonga a nuestros días, con la ejecución del empresario ganadero Alfredo D’Argence y Morell, la del hijo del “Tío Gil”, el asesinato del Comandante Santos, que era el brazo derecho de Jorge Llaven Abarca como fiscal del Estado, el asesinato en Simojovel del expresidente de Las Abejas Simón Pérez, la ejecución ordenada en contra del fiscal indígena Gregorio Pérez, el cobarde asesinato del periodista Fredy López Arévalo y hace dos días le ejecución en Cintalapa del médico del CERESO del AMATE.

Pero estos no son los únicos muertos en el gobierno de Rutilio Escandón. En Carranza han sido ejecutados líderes y activistas de la CIOAC y de la OCEZ, en Pantelhó, son decenas de asesinados y la respuesta a este clima de violencia se dio con el surgimiento del grupo de autodefensa denominado “El Machete”, que desde julio del año pasado tiene desaparecidas a 21 personas, sin que el Estado haya garantizado la seguridad de las personas y el esclarecimiento de estas desapariciones. En Chenalhó y Aldama todos los días hay operaciones paramilitares con más de 50 muertos y cientos de heridos de bala, sin que el Estado busque resolver ese conflicto, a pesar de que existen medidas cautelares sobre esos suceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos recomendaciones al gobernador del Estado por parte de la Comisión Nacional de derechos Humanos.

En Ocosingo y Altamirano se han presentado agresiones de parte de la organización ORCAO a Bases del Ejército Zapatista, a punto tal, que el subcomandante Marcos, hoy Galeano, declaró que Chiapas se encuentra al borde de una guerra civil. Pero los sucesos de violencia también se viven en Comitán, y más encarnizado en Frontera Comalapa, que vive una disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control de esa plaza fronteriza.

Pero los homicidios también lo sufren las mujeres en donde Chiapas se encuentra entre las entidades con mayor número de feminicidios, que tampoco son investigados y donde la fiscalía asumió un patrón recurrente de construir escenarios para presentar estos feminicidios como suicidios.

Las condiciones de violencia extrema en Chiapas son alarmantes, que en innumerables ocasiones el Estado ha sido noticia nacional, en el que se han exhibido a las autoridades, sin que se tomen las medidas preventivas para evitar conflictos que resquebrajan la de por sí frágil gobernabilidad en la entidad y sin que hayan culpables o responsables de todos estos crímenes que producen horror e indignación.

Lo peor que le podía pasar a Chiapas, es la constitución de un gobierno con una actitud  irresponsable, que considera que los conflictos siempre han existido en la entidad,  por lo que esta violencia puede continuar igual, pues no fue generada por la administración actual, lo que provoca que no haya compromiso para resolver esos problemas, situación que origina una despreocupación del gobernador, hacia esa violencia y los enfrentamientos que ocasiona que son recurrentes en la entidad, en la que se han acumulado asesinatos políticos, desplazamientos forzados, despojos de tierras, desapariciones, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, etc., que paradójicamente son responsabilidad del Estado por no tomar las medidas preventiva o bien por la inoperatividad del gobierno, por lo que resulta improcedente la indiferencia que muestra el gobernador a este caos que amenaza generalizarse.

En concreto, los crímenes y heridos sucedidos en las últimas horas en Aldama, Chenalhó y Cintalapa son una responsabilidad del Estado, debido a que las autoridades tienen conocimiento con antelación de los problemas que se gestan en la entidad, sin que nadie implemente medidas preventivas o de protección ante la oleada de violencia y enfrentamientos que se dan entre los distintos grupos u organizaciones,

Está claro que al gobernador no le preocupa nada de lo que sucede en Chiapas, y por lo tanto, no hay disposición ni capacidad política para tomar las decisiones necesarias para restablecer el orden sin violencia ni con arbitrariedades. Lo lamentable de esta situación, es que los funcionarios en Chiapas tampoco entienden ni perciben la magnitud de los problemas y no tienen idea de cuáles son las decisiones que se deben implementar para cambiar el rostro de violencia en varios puntos del territorio chiapaneco.

Chiapas requiere urgentemente de orden, pero no necesariamente de represión  o  de operativos policíaco-militares sino de un orden con acuerdos políticos. Esto significa privilegiar la vía política sobre el uso de la fuerza policíaca, en donde la historia nos muestra ejemplos de que han sido contraproducentes.

Sin embargo, esta vía política y de acuerdos requiere de funcionarios con oficio y talento, algo de lo que carece la administración de Rutilio Escandón, por eso cada día que pasa se corre el riesgo de que los problemas se agudicen y estalle la violencia con graves consecuencias, no solo para los funcionarios, que pueden ser sancionados por omisión, sino para el conjunto de la sociedad que continúa acumulando agravios y desorden.

Cuando se llega a pensar que las cosas no podían estar peor en Chiapas, la realidad nos da crueles ejemplos, que nos lleva a la conclusión que lo peor está por venir, en virtud de la indiferencia y abandono en el ejercicio de gobierno por las autoridades del Estado, que envueltos en el conjunto de mentiras oficiales, todavía pretenden engañar a la población cuando manifiestan que las cosas van muy bien.

Prueba de ello es el boletín de la fiscalía del Estado en el que da a conocer que los presuntos asesinos del periodista Fredy López Arévalo fueron encontrados asesinados dentro de la cajuela de un vehículo. La primera reacción fue de indignación por la manera en que pretenden dar carpetazo  a ese horrendo crimen que agravia a la sociedad. Pero la segunda reacción es de sorpresa ¿Cómo en el Estado más seguro del país se encuentran cadáveres encajuelados? Sobre todo porque la saña de encajuelar cadáveres es una característica que emplea la delincuencia organizada, realidad que contradice el mundo feliz de Rutilandia.

La situación socio-económica en Chiapas –de pobreza, inseguridad, desempleo, delincuencia organizada y problemas con los migrantes-, amerita tomar decisiones políticas en el más alto nivel de gobierno y no se viene realizando. Durante muchos meses se tuvo como discurso de que a Chiapas le iba a ir muy bien con el gobierno de López Obrador, pero eso no se observa después de tres años de gobierno. Es más, en este gobierno se han tomado decisiones de muchas afectaciones a la entidad, prueba de ello es la cancelación de la Zona Económica Especial en Tapachula, sin que ese programa fuera sustituido por otro, con una inversión similar a la que estaba destinada para estimular la inversión y el desarrollo en la región; otra decisión contraria a los intereses de Chiapas es la ausencia de una política migratoria, lo que ha deteriorado la calidad de vida de los municipios fronterizos; y, por último, la decisión ilegal del despojo del territorio chiapaneco aprobada por la Suprema Corte, en la que el presidente ha guardado silencio, en virtud de que su política ha favorecido a Oaxaca y tiene el compromiso del Gobernador Murat de apoyar a Morena, para que este partido gane esa gubernatura.

El problema mayor que vive Chiapas en este momento, es la ausencia total de autonomía del gobernador Rutilio Escandón frente al gobierno federal. En realidad, nunca ha existido autonomía del Estado frente al centro, pero nunca como ahora, el gobierno de Chiapas se encuentra tan sometido a los designios del presidente. A punto tal, que Rutilio Escandón está convertido en un clon defectuoso de López Obrador.

Chiapas requiere urgentemente de atención política y de inversión económica. Son muchos los problemas de gobernabilidad que hay en todo el territorio, y muchos de estos problemas se debe a la desatención que existe hacia las demandas del campo. Chiapas es un Estado agrícola y este sector no es irrelevante ni debe estar en el abandono en que se encuentra.

Ayer circuló en las redes sociales un boletín de la fiscalía del Estado, en el que manifiesta que fueron encontrados muertos en Comitán a los presuntos asesinos del periodista Fredy López Arévalo.  La nota en sí se asemeja a un mal chiste, en el que prevalece el interés de la fiscalía en dar el carpetazo a la investigación.

La fiscalía está confundiendo el deber de investigar como una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. A nadie le interesa saber que los asesinaos materiales del periodista Fredy  fueron ejecutados,  si no se investiga a fondo el móvil del crimen que conduzca a la detención del asesino intelectual. Más que un pretexto para cerrar el caso, la fiscalía tiene ahora la obligación de investigar un doble crimen: el de Fredy López Arévalo y el de sus asesinos.

En este sentido, el gobernador Rutilio Escandón debe de entender que la impunidad en el caso de un periodista asesinado  lo convierte en un crimen de Estado, en donde él, como responsable del gobierno, debe de dar las explicaciones de la ineficacia en la investigación y asumir la responsabilidad que implica un crimen de Estado.

La fiscalía de Chiapas creó ya una narrativa que justifica la impunidad del crimen de Fredy y con ello, se envía una señal de intimidación a los periodistas. Se muestra la vulnerabilidad de la libertad de expresión en el Estado. Se evidencia la poca importancia del gobierno de Rutilio Escandón hacia el trabajo periodístico. Se envía la señal de permiso para asesinar a periodistas y lo peor de todo, se encubra a los verdaderos asesinos, al asesino intelectual de tan horrendo crimen.

El asesinato de Fredy, y el de cualquier periodista, representa la ausencia de protección del Estado a los periodistas y a la libertad como derecho fundamental. El daño a la sociedad es inmenso, en virtud de que se hace evidente que cualquiera puede ser asesinado. Esto afecta a la libertad política, a la libertad de reunión, a la libertad de expresar opiniones, a la libertad de participación, a la libertad de elección, etc. etc..

La obligación de la fiscalía es investigar con la debida diligencia como una obligación primordial del Estado; con la finalidad de que los delitos graves, que dañan a la sociedad entera,  no queden impunes. Por eso debe continuar la investigación hasta dar con el culpable intelectual de tan horrendo crimen.

Basta ya de la terrible práctica de la fiscalía del Estado de la fabricación de pruebas para incriminar a inocentes y buscar responsables de los delitos graves que a diario se cometen en la entidad. La fiscalía, en el gobierno de Rutilio Escandón, ha estado al servicio de la delincuencia organizada, de allí la ineficacia de esta dependencia.

El crimen de Fredy López Arévalo no debe quedar impune ni se debe buscar encubrir al asesino intelectual.

La circulación de vehículos entre Comitán-Chamic-Frontera Comalapa se ha convertido en la región de mayor riesgo para la población, debido a la reincidente  desaparición de personas, sin que la autoridad emprenda un programa de prevención y protección en la zona, con el fin de garantizar la seguridad y  el libre tránsito de personas  en esos puntos, lo que indica los niveles de complicidad y aquiescencia que hay entre los cuerpos policiales y la fiscalía del Estado con la delincuencia organizada.

En la actualidad, existen muchos puntos críticos en el estado que no están siendo atendidos adecuadamente, en mucho, debido a la falta de coordinación en las acciones del gobierno, situación que provoca inseguridad y problemas de gobernabilidad. A eso hay que agregarle la ineficacia con que vienen funcionando la mayoría de las secretarías, lo que ha conducido a un reiterado señalamiento de que no hay gobierno en Chiapas, lo que ha permitido el crecimiento de la violencia y la fuerte presencia de grupos delincuenciales.

En la entidad es ya un lugar común la toma de casetas, el cierre de carreteras, los conflictos y enfrentamientos en las comunidades indígenas y ahora la violencia que entraña la presencia de la delincuencia organizada, que tiene en Chiapas un vasto territorio de impunidad, como sucede en la región fronteriza de Comitán y Comalapa, lugar en donde hay una disputa por el control de la plaza, lo que ha generalizado la violencia en la región y se difunde lo peligroso que resulta transitar por esa zona, entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana.

Hay conflictos y problemas que se pueden prever y así adelantar las posibles medidas de solución. Pero estas medidas de prevención no se practican en este gobierno, que prefiere asumir con indiferencia los problemas de la entidad. En mucho con la idea de que los problemas prevalecen de años atrás y que así ha sido la historia de Chiapas.

La descomposición social que hay en Chiapas y la manifiesta incapacidad de construir gobierno en la administración actual, hacen prever, que en la sucesión de la gubernatura en el 2024, la delincuencia organizada va a jugar un papel preponderante en la definición de la política en el Estado y desafortunadamente el gran elector; a punto tal, de que los cuerpos de seguridad y la procuración de justicia se encuentran a su servicio, de allí los altos niveles de impunidad y de abandono en la procuración de justicia.

En la peor crisis en la Europa de la posguerra, no sólo por la destrucción de infraestructura sino de pérdida de sentido,  resurgió en el debate académico el concepto de ciudadanía. El punto de partida de esta discusión, fue la famosa conferencia en la Universidad de Cambridge de Thomas Marschall, “Ciudadanía y clases sociales”. Ahí este autor plantea una evolución histórica de la ciudadanía y de los derechos humanos en tres fases: en el siglo XVIII se adquirieron los derechos civiles;  en el siglo XIX, se adquirieron los derechos políticos; y, en el siglo XX, con la expansión del Estado de bienestar, se adquirió la responsabilidad de proporcionar un conjunto de derechos sociales a la población. En esta lógica Marschall consideró, que la ciudadanía existe sólo cuando se atiende plenamente estos tres tipos de derecho.

La construcción de ciudadanía se convirtió así en el motor de los derechos humanos y de la lucha democrática, no sólo en Europa, sino que se exportó y se empezó a adoptar en todo el mundo. De tal manera que la democracia representativa empezó a ser recomendada a los gobiernos por la ONU e incluso impuesta como parte integrante de los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional.

En México, desde la lucha por la independencia prevaleció una visión autoritaria, de tal manera que el primer gobierno después de la independencia fue el Imperio de Iturbide. Esta tradición autoritaria, en lugar de ser sustituida, al paso de los años se convirtió en un modelo de dominación en la que surgieron tres formas distintas de dictadura: la dictadura constitucional con Benito Juárez, la dictadura personal de Porfirio Díaz y la dictadura institucional con el ascenso del PNR, que se transformaría en PRM y actualmente en el PRI.

En el país se vivió una concentración del poder, y la actividad política se convirtió en un predominio total del Estado sobre la población y las organizaciones. Esto produjo un sistema político y una cultura de marginación política, de populismo y clientelismo hacia las clases populares y una restricción férrea a la participación política, lo que se convirtió en un obstáculo para la construcción de ciudadanía. En este sentido, la democracia que se vive en México es de ficción. En donde las elecciones no corresponden a un ejercicio político de elección libre de los gobernantes y representantes, debido a que la ausencia de ciudadanía en un grueso de la población en condiciones de pobreza posibilita la compra del voto.

Esto ha generado un déficit en la formación ciudadana; un déficit en las prácticas democráticas, un déficit en la división de poderes y un déficit en la manera como se proporcionan los derechos humanos, en donde la carencia de derechos sociales dificulta la constitución de la vida digna. La tradición de política autoritaria permanece a través de las distintas formas mediante las cuales se constituye la dominación y el ejercicio del poder. Esta situación es aún peor en las sociedades donde prevalece la tradición, como es Chiapas, que se encuentra a la zaga, del lento e inacabado proceso de formación de vida democrática en el país.

En este sentido lo que mella la democracia es la ausencia de ciudadanía. Sin ciudadanos con derechos no se construye la democracia. De allí que en México, y particularmente en Chiapas, la prioridad es reducir la pobreza, otorgando los derechos sociales y reduciendo las políticas clientelares de apoyos sociales, para hacer efectivo el voto libre, sin artelugio en la compra del voto, para hacer efectivos los derechos políticos. Por eso los riesgos de la democracia en el país es la carencia de ciudadanía y la carencia con que se proporcionan los derechos sociales. Hoy día hay una campaña que busca relacionar a la democracia con la participación en la revocación de mandato del presidente de la república. Esto es falso, en virtud de que la democracia no se construye ni se fortalece con el voto y menos si este voto no es libre, al estar condicionado a la entrega de apoyos sociales.

Una sociedad con calidad democrática no requiere ni practica la revocación de mandato. Esta práctica de revocación de mandato es más común en los gobiernos autoritarios, en donde el gobernante tiene dificultades de legitimidad democrática. 

En Oxchuc se vive una larga jornada de errores políticos y las acciones de violencia en la cabecera municipal amenazan con desbordarse. Oxchuc es el primer municipio en el que desarrollan elecciones por usos y costumbres, pero ésta se realizó a mediados de diciembre sin medidas preventivas y de protección por parte del Estado y la asamblea terminó con un ataque armado en el que hubo un muerto y varios heridos.

A partir de ese momento resulta más que obvio, que difícilmente se podía construir un ambiente de concordia en la población y que se debían de tomar medidas políticas de consenso para garantizar la seguridad de la población. Y en lugar de esto, el Congreso Local  nombró un Concejo municipal, decisión que no fue sometida a una auscultación como indica la Constitución, en el que se nombra como presidente del Concejo a una persona que no cuenta con el respaldo de ninguno de los dos grupos en disputa, situación que en lugar de conciliar, enciende más los ánimos y la beligerancia, sobre todo, porque sobre la base de los hechos, en estos momentos en Oxchuc hay tres presidentes municipales: dos que se autonombran autoridades electas y uno designado por el Congreso.

Bajo esta situación, el gobierno debió de tomar las previsiones para evitar que el cierre de la carretera en Oxchuc derivara en un problema mayor con los conductores. Tal y como sucedió el día de ayer, en donde dos turistas extranjeros fueron agredidos por los pobladores. Agresión que se viralizó en las redes sociales y que se convirtió en noticia nacional, con imágenes que evidencian la ausencia de gobierno en la entidad y que muestran que Oxchuc es un pueblo sin ley.

Lo que pasó en Oxchuc tiene repercusiones nacionales, no solo porque exhiben a un gobernante emanado de las filas de Morena, que no sabe tomar decisiones sino porque se va a aprovechar para golpear mediáticamente al secretario de gobernación,  por el parentesco que lo une con Rutilio Escandón, funcionario que se perfila como el heredero de AMLO a la presidencia de la república, quien paradójicamente tiene su lado más débil en el mal gobierno de su cuñado en Chiapas.

El gobernador Rutilio Escandón debe reconsiderar la integración de su gabinete y el rediseño de su programa de gobierno, en virtud de que a partir de este momento, Chiapas forma parte del escenario de la sucesión presidencial, y los errores y conflictos en Chiapas van a repercutir en la secretaría de gobernación, que a su vez, debe prestar mayor atención de lo que sucede en Chiapas, para evitar que haya un descarrilamiento del proyecto de sucesión presidencial, donde Adán Augusto López lleva mano.

La renovación política en Chiapas en este año 2022 que inicia, no solo es deseable sino urgente. Sobre todo, porque Rutilio Escandón, con su marcada indiferencia, decidió dejar de gobernar la entidad y algo peor aún, dejar la seguridad en manos de la delincuencia organizada, como se puede observar con claridad en la negociación que se realizó con el grupo de “motonetos” en San Cristóbal de Las Casas, con quienes se hizo el intercambio de funcionarios retenidos a cambio de liberar a presuntos delincuentes pertenecientes a este grupo, que ya impuso su ley en esa ciudad colonial.

En Chiapas no hay gobierno, y para males de la población, tampoco hay un combate a la delincuencia. La administración de Rutilio Escandón decidió mantenerse al margen de la solución de conflictos graves como la retención de 21 personas por el grupo de autodefensas en Pantelhó. Decidió que los conflictos en Frontera Comalapa se resuelvan entre los grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza. Decidió no molestar a los grupos paramilitares de Chenalhó, que un día y el otro también realizan disparos y agresiones a pobladores de Aldama. Decidió acatar la ilegal resolución de la Suprema Corte de Justicia que acordó el despojo de territorio a favor de Oaxaca. Y decidió despreocuparse de los conflictos que hay en los municipios de Altamirano y Oxchuc, provocados por la desatención gubernamental y la falta de oficio político.

Las preocupaciones del gobernador son banales. Le preocupa estrenar una guayabera distinta cada día. Le preocupa tener bien hidratado su rostro para mostrarse seguro y vender la idea de que todo está bien. Le preocupa mantenerse en el ánimo del presidente López Obrador. Le preocupa construir el futuro cargo político.

Por eso mantiene la misma práctica política que su antecesor Manuel Velasco, que se molestaba cuando le daban malas noticias de su gobierno y entonces sus colaboradores cercanos le ocultaban toda la problemática, sin importar que Chiapas se desmoronara socialmente.  

Los problemas de gobernabilidad y de inseguridad en la entidad se encuentran en su momento más crítico, debido a que ninguno de los funcionarios públicos busca restablecer los hilos de la negociación y el acuerdo y el sistema de impartición y procuración de justicia dejó de funcionar. Lo más delicado de esto último, es que la fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad pública se encuentran infiltrada y responden más a los intereses de la delincuencia organizada que a las demandas de la población.

Chiapas tiene 15 años de gobierno desafortunados en donde el ejercicio de gobierno pasó a ser intrascendente. Esta indiferencia a los asuntos públicos no va a cambiar en este año 2022, lo que hace prever mayores problemas de ingobernabilidad y de inseguridad.

A partir del movimiento zapatista de 1994, en Chiapas se instrumentó una guerra de baja intensidad en contra de las comunidades zapatistas por parte del gobierno federal y estatal. La estrategia oficial fue la de financiar, armar y entrenar a grupos civiles en comunidades indígenas, con el fin de que se enfrentaran indígenas en contra de los indígenas simpatizantes del EZLN. De esta manera se construía la imagen perfecta de que la violencia era producto de un conflicto intercomunitario y no se desgastaba ni se mancillaba la reputación de las fuerzas armadas, quienes tras bambalinas operaban todo este proceso.

El punto extremo de esta guerra de baja intensidad se vivió con la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. Los grupos paramilitares asesinaron a 45 indígenas entre mujeres, hombres y niños, que demostró la impunidad con que operaban estos grupos, así como la protección que recibían de los cuerpos policíacos.

A 24 años de esta horrenda masacre, los grupos paramilitares continúan con la protección del Estado no importando si en el gobierno es de Priistas, panistas, verdes o Morenos, pues los grupos paramilitares siguen actuando en total impunidad. A punto tal, que los presuntos responsables de esa masacre todos fueron liberados por resolución de la Suprema Corte de Justicia en el gobierno de Felipe Calderón y Juan Sabines y retornaron a las comunidades en donde viven los sobrevivientes que aún esperan que se haga justicia.

Esta historia no debe olvidarse porque se mantiene intacta en esa región los orígenes del conflicto y en los hechos se obliga a las víctimas y sobrevivientes a convivir con los actores principales de la violencia armada, sin que el Estado implemente políticas de prevención y protección a la población, particularmente a las víctimas, en virtud de que los grupos paramilitares no han sido desarmados a pesar de que existe una recomendación de la CNDH, para que el Estado desarme a estos grupos y establezca un programa de cultura de paz en la región. Al respecto el gobierno federal y estatal de MORENA ha sido omiso y con esto, se convirtieron en los directamente responsables de la violencia y de las ejecuciones que se viven de manera cotidiana en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.

Los grupos paramilitares no han sido desarmados y la violencia en el municipio de Chenalhó se mantiene latente. Esto no puede pasar desapercibido porque la persistencia de este grupo se debe fundamentalmente por los apoyos oficiales que esos grupos continúan recibiendo y siguen bajo la protección del gobierno.

A 24 años de esta masacre, el grupo denominado Las Abejas de Acteal, continúan en la larga de espera de la justicia.

En el país se tiene una experiencia de cerca de 45 años en la construcción de la democracia de procedimiento. En los años 70 del siglo pasado se empezó la creación de leyes, instituciones y procedimientos en materia político-electoral.

La famosa Ley LOPPE, promovida por Jesús Reyes Heroles, en el gobierno de López Portillo, es el punto de partida de todo este proceso de construcción de la democracia, que abrió los espacios políticos paran constituir un sistema multipartidista. A partir de allí se dio el registro al Partido Comunista Mexicano y surgió también el Partido Socialista de los Trabajadores, en el que militantes de éstos junto con la Corriente democratizadora expulsada del PRI, formaron al Partido de la Revolución Democrática (PRD), de donde se desprendió lo que hoy es el partido gobernante de MORENA..

Durante muchos años 4 fueron los partidos políticos con registro en el país: PRI, PAN, PPS y PARM. Con la reforma de la Ley de Organizaciones y Procedimientos Políticos Electorales (LOPPE), se amplió el número de partidos y se buscó perfeccionar la representación política en el Congreso con las diputaciones plurinominales.

Con la ampliación del sistema multipartidista, se buscó crear una mayor competencia política, sin que se lograra del todo, pero sí se produjo que se abriera el pluralismo político aunque no se mejoró la calidad de la participación de la población en la política y en las elecciones.

Con el pluralismo y las diputaciones plurinominales, se logró que en los Congresos de las entidades, cómo en el Congreso de la Unión, se diera la coexistencia de las diferentes fuerzas políticas del País, y que surgiera en algunas entidades los gobiernos divididos, por la presencia de partidos de oposición gobernando municipios. Y cuando el PAN obtuvo sus primeras gubernatura, se vivió la convivencia de la diversidad política en todos los niveles de gobierno, hasta el punto en que en el año 2000, el país conoció el gobierno de la alternancia y así se ha mantenido.

La democracia de procedimiento, que se traduce en elecciones periódicas, ha tenido significativas transformaciones, pero esto no ha constituido un régimen democrático. Esto debido a que en México las elecciones no son libres y al interior de los partidos se continúa coaccionando el voto, a través de diversos mecanismos, en el que se destaca la cultura de la dádiva, que limita considerablemente el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, por la amenaza del retiro de los apoyos sociales.

Toda esa fase de construcción macrosocial de la democracia en el país, no se tradujo en la construcción de un ciudadano informado, participativo y democrático, que reprodujera las prácticas democráticas en todos los ámbitos de la vida cotidiana en la sociedad. Esto significó la combinación de una cultura autoritaria con la cultura de la dádiva, que vulnera la construcción de nuevas ciudadanías, en la que ambas son contrarias a los principios democráticos.

La ausencia de construcción de ciudadanías, con derechos y obligaciones, ha sido la mayor falla del modelo democrático como procedimiento implementado en México y es a la vez una de las más graves carencias, en la exigencia a la rendición de cuentas a los gobernantes.

La calidad de la democracia en el país, y con ello la existencia de un régimen democrático, sólo se puede dar con la participación del ciudadano, que se involucra en actividades políticas y que interviene en la solución de los asuntos que son del interés colectivo.

Por ello es cuestionable que la votación de la revocación de mandato hoy día en disputa fortalezca la democracia participativa; sobre todo porque ésta se construye con ciudadanos y toda la población que vive de las becas y apoyos sociales no se han constituido en nuevas ciudadanías y representan una masa desinformada y despolitizada que es presa de la coacción y manipulación del voto.

En México se requiere urgentemente construir nuevas ciudadanías, que fortalezca la democracia de procedimiento, pero que al mismo tiempo se desarrolle una cultura democrática en todos los ámbitos de la vida cotidiana que permita construir una democracia de régimen. Aspecto que no está presente en los intereses del actual gobierno, que ha socavado la participación política y que reconstruyó el modelo autoritario de gobierno de un solo hombre.

En la carretera Tuxtla-San Cristóbal, circulan cientos de vehículos de transporte de carga y de pasajeros que son piratas, la mayoría de ellos pertenecen a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas Asociación Civil (AMOTAC), sin que la Guardia Nacional aplique la ley e imponga las sanciones que correspondan, en el que se cometen actividades ilícitas.

Este transporte pirata, aparte de circular sin los permisos autorizados, regularmente no cuenta con las pólizas de seguros en caso de accidente, situación delicada en esa carretera que presenta un alto número de siniestros.

En los accidentes en donde este transporte pirata está involucrado, en muchas ocasiones  los usuarios no reciben el apoyo hospitalario y en el caso de muertes los deudos no reciben la indemnización correspondiente, situación que compromete al Estado quien está obligado a garantizar la protección de la población.

El comportamiento de una práctica sospechosa de las patrullas de los cuerpos policíacos, se presenta cuando en la carretera vienen escoltando a autobuses de pasajeros o camiones de carga, en donde se presume que vienen brindando protección y vigilancia.

En la salida de San Cristóbal sobre la autopista, el retén de diferentes cuerpos de seguridad es permanente. Sin embargo, por ahí se da el trasiego de vehículos robados, de drogas y de migrantes, lo que resulta cuestionable la función que realiza ese retén, que constitucionalmente es ilegal, y por donde recientemente pasó el transporte que se accidentó en el Puente de Chiapa de Corzo, que ocasionó 56 muertes de migrantes que eran transportados ilegalmente, con la protección de los cuerpos policíacos.

Sobre la carretera costera de Tapachula- Mapastepec, existen cuatro diferentes retenes. Uno a cargo de la marina; otro de la Guardia Nacional, un tercero del Ejército y el cuarto de la PGR. La presencia de estas áreas de control, debieran de ser un límite para las actividades ilegales, pero resulta todo lo contrario, pues la delincuencia organizada continúa desarrollando sus actividades con la aquiescencia de los cuerpos policíacos.

En estos retenes –ilegales-, el comportamiento de los agentes del Estado no es el más adecuado. Sus abusos son reiterados y la población civil sufre con frecuencia sus arbitrariedades, pero al mismo tiempo le brinda protección al transporte ilegal y se desentiende de las actividades de la delincuencia organizada, en el que claramente se encubren las actividades ilícitas.

En el accidente en que fallecieron 56 migrantes abrió la Caja de Pandora de la corrupción que prevalece en los diversos cuerpos de seguridad en el país, particularmente en Chiapas, situación que el Estado debe atender urgentemente, en virtud de que en Chiapas se vive un gobierno de ficción que presume la seguridad en la entidad y en el mundo irreal en que vive el gobernador Rutilio Escandón llegó al extremo de manifestar en la reunión con los embajadores de Estados Unidos y Guatemala: “Tengan la seguridad de que Chiapas estamos trabajando de manera muy unida, en equipo, con los tres órdenes de gobierno, las 24 horas, atentos de la incidencia delictiva”, como si el embajador de Estados Unidos fuera un retrasado mental, al que se le puede engañar con demagogia y como si no recibiera información de primera mano sobre la corrupción en Chiapas en donde la fiscalía del Estado y la secretaría de seguridad se encuentran al servicio de la delincuencia organizada.

La Región de los Altos cada vez presenta mayores dificultades de gobernabilidad y la presencia de grupos paramilitares o de autodefensas que se han venido constituyendo está profundizando la violencia y con ellos los riesgos de un conflicto mayor

Los mayores rezagos en el Índice de Desarrollo Humano en la entidad se encuentran en los municipios que conforman esa región. Allí no sólo se vive una crisis de legitimidad y de pobreza extrema, sino de acumulación de agravios que ha polarizado a la población, en la que el Estado poco o nada hace para tomar medidas preventivas y de protección a estas comunidades indígenas.

El suelo de la región es poco apto para el desarrollo de actividades agrícolas y existe un proceso de desertificación del suelo, con un deterioro ambiental alarmante y los programas sociales no tienen impacto en la reducción de la pobreza, lo que genera cada vez un mayor número de pobres. A esto hay que agregarle que zonas cafetaleras como Pantelhó, no está en condiciones sociales para una cosecha de este grano, situación que propicia mayores problemas de pobreza.

La cabecera de esa región es la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que vive su propio drama político, debido a  que el gobierno municipal tiene abierto varios frentes de lucha y la fuerte presencia de la delincuencia organizada dificulta la toma de decisiones y las posibilidades para construir acuerdos y consensos. Pero lo sintomático es que todo ese territorio se encuentra abandonado y, peor aún, con una gran polarización, que los problemas y enfrentamientos entre los grupos, las comunidades y en contra de las autoridades surgen por distintos lados, como sucede en Oxchuc, Chenalhó, Aldama, Calchihuitán, Pantelhó, Chamula y Zinacantán.

Esto debiera obligar al Estado a prestar una mayor atención a toda esa área de influencia, con el fin de contrarrestar cualquier potencial de conflicto radical y evitar la ruptura del orden social. Sin embargo hay muestras de desentendimiento gubernamental y de desconocimiento de lo conflictivo que resulta ese territorio; en donde hay pugnas intercomunitarias, de presencia de paramilitares, conflictos religiosos, grupos de desplazados, migración, problemas de límites territoriales, conflicto con el transporte, presencia de grupos de delincuencia organizada, todo ello rodeado por las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad social.

Bajo esas condiciones sorprende que la crisis de gobernabilidad en ese territorio no sea mayor. Aunque los conflictos ocasionados por los paramilitares de Chenalhó en contra de las bases zapatistas y del grupo de Las Abejas en Acteal, así como la pugna de límites territoriales entre este municipio con Aldama y Chalchihuitán, no dejan de representar riesgos para la seguridad nacional. Nada más que esta situación adquiere visos de alarmante con la presencia de la delincuencia organizada en varios municipios indígenas, que altera la organización social comunitaria y representa un riesgo político en la integración de gobiernos municipales, como sucede actualmente en Pantelhó y Oxchuc. 

En la política lo que parece es. Y en Chiapas parece que el gobernador  no construyó las relaciones para garantizar gobernabilidad, lo que lo muestra con una debilidad extrema ante los conflictos que se viven en los municipios indígenas. El caso más ilustrativo es el de Oxchuc, que es el único municipio en la entidad en la que las elecciones de la autoridad municipal se realiza por usos y costumbres, en la a pesar de que hubo reuniones entre los habitantes y las autoridades para cuidar el proceso de elección, éste terminó en enfrentamiento con un muerto y varios heridos.

La obligación del Estado de proteger a la población no se cumplió en Oxchuc, y esto provocó que no se tomaran las medidas preventivas para evitar la violencia, en un proceso en el que de antemano se preveía que podía terminar con enfrentamiento, debido a la existencia de intereses manifiestos entre los grupos que guardan agravios y enconos.

La experiencia de las elecciones a través de usos y costumbres se tiene que revisar para evitar la violencia y el predominio de grupos paramilitares o que se encuentren ligados a la delincuencia organizada, y los mecanismos de esta forma de elección deben estar expresamente contemplados en la Constitución del Estado. En Oxchuc, lo que parecía ser un mecanismo para reconciliar y procurar relaciones armónicas en las comunidades terminó en un enfrentamiento que divide aún más a las comunidades entre sí y que complica las posibilidades de una reconciliación entre los liderazgos y entre la población y las comunidades.

El problema del nombramiento de la autoridad municipal queda en suspenso, a menos de que se quiera incendiar más a las comunidades, con una decisión del Comité municipal en la que reconoce a un triunfador de ese proceso. En este sentido, la prudencia indica que el Congreso debe tomar cartas en el asunto y nombrar un Concejo Municipal, mientras se acuerdan los tiempos para un nuevo proceso, en el que el Estado garantice la participación y la seguridad de la población.

El problema más grave en Oxchuc no es la de nombrar a las autoridades municipales sino la de institucionalizar la presencia del Estado; esto implica hacer justicia: investigar con la debida diligencia y castigar a los responsables del enfrentamiento. La gran duda al respecto, es si el gobierno de Rutilio Escandón está dispuesto a investigar y castigar, en un entorno social en donde no existe la ley y en donde la población de Oxchuc está acostumbrada a las movilizaciones y cierre de la carretera en total impunidad.

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