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Distintas estadísticas y sondeos de opinión muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación cambie, lo que evidencia que no se viene gobernando. En un breve recuento se puede observar que las actividades económicas están paralizadas; el PIB presenta cuatro trimestres de decrecimiento; no hay crecimiento en el empleo; la inversión pública está estancada; el nivel de aprobación del gobernante aparece siempre reprobado y en los 10 últimos lugares; los problemas de gobernabilidad son permanentes y son muchos municipios en donde han existido situaciones de violencia; la inseguridad se apoderó de las calles; sin embargo, el mayor pesar de la sociedad chiapaneca se encuentra en el funcionamiento de la fiscalía general, que se ha convertido en un peligro para la seguridad ciudadana, pues se caracteriza por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, en el que nadie está a salvo.

En los últimos días se difundió la detención y vinculación a proceso de don Anivar Gómez, cuya única falta es haber estado en su negocio de papelería, ubicada enfrente de la escuela normal de Mactumatzá, el día en que el gobierno montó un excesivo operativo policíaco en contra de los estudiantes de esa institución, en la se que llenó de gases lacrimógenos gran parte de los alrededores de la escuela normal, y los vecinos y transeúntes tuvieron que buscar refugio y protección del abuso policial, como intentó hacerlo Anivar Gómez, momentos antes de que fuera detenido sin motivo alguno, para luego ser torturado.

El juez, que tuvo conocimiento del caso, debió de haber ordenado la liberación inmediata del inculpado, por la incongruencia de la declaración policíaca presentada por el ministerio público, en el que se declara que Anivar Gómez fue detenido bajando de un automóvil, cuando existe un video que muestra que la detención se hizo en las afueras de su negocio. Con la vinculación a proceso, el juez faltó a la ley y se convirtió en un cómplice del abuso de poder de la fiscalía general, que evidencia las prácticas ilícitas que dan vida a los jueces de consigna, que tanto daño le han hecho a la sociedad al violentar los procesos de impartición de justicia.

¿Por qué permite este abuso de poder el gobernador del Estado, que afecta el proyecto de vida de una familia y cuya violación a derechos agrede a la sociedad en su conjunto? Lo primero podría ser porque desconoce lo que está sucediendo y no le están informando de las violaciones y abusos policíacos; en segundo, porque sus colaboradores del tribunal de justicia, de la secretaría de gobierno y de la fiscalía general le están engañando; tercero, porque le tiene demasiada confianza al fiscal general y lo respalda incondicionalmente; cuarto, porque considera correcto aplicar una sanción ejemplar sin importar la veracidad de los hechos; quinto, por el conjunto de complicidades que puede existir con sus colaboradores; sexto, porque delegó sus responsabilidades con sus colaboradores; y, séptimo, por frivolidad e indiferencia ante los problemas.

Cualquiera el que sea de los motivos señalados,  muestra a un gobernador poco involucrado con el sentido de la justicia, que representa una de las virtudes más preciadas que debe tener un gobernante, de la cual se desprende la honradez, la rectitud, la legalidad, el equilibrio, la responsabilidad, la libertad, la transparencia, la integridad, el respeto y la solidaridad.

Chiapas requiere urgentemente de un gobierno y Rutilio Escandón debe de rectificar hasta ahora lo andado, en el que malgastó la quinta parte del período para el que fue electo.

 

 

La detención de Anivar Gómez en el operativo policíaco del jueves pasado en contra de los estudiantes de la escuela normal de Mactumatzá, ratifica la práctica de la tortura, la fabricación de delitos y la inculpación de inocentes que realiza la fiscalía en Chiapas. Ya se ha señalado que Anivar Gómez es un comerciante, propietario de una papelería ubicada enfrente de las instalaciones de esa normal, quien fue detenido por los policías en el momento en el que huía del exceso de gases lacrimógenos que se utilizó en ese operativo, que afectó a transeúntes y vecinos que habitan la colonia Plan de Ayala, aledaña a la institución.

Ese solo hecho debió de servir al juez de control para instruir la inmediata liberación, del hasta hoy inculpado, quien en sus declaraciones manifestó la notoria muestras de tortura del que fue objeto por la policía, mismas que deben ser investigadas.

Con estas prácticas de ilicitud de la fiscalía general y de la secretaría de seguridad, la integridad, la libertad y seguridad personal de la población en Chiapas se encuentra en riesgo, ya que nadie está exento de ser inculpado y vinculado a proceso con pruebas montadas por la policía y los ministerios públicos.

Esas prácticas policiales características del viejo régimen del PRI se mantienen con plena vigencia en Chiapas, en un gobierno que se dice democrático y que debiera de ejercer la legalidad. Desafortunadamente la delincuencia organizada en la entidad actúa dentro del propio entripado de la fiscalía, con el conocimiento del fiscal general, que mantiene una complicidad silenciosa de los abusos y atracos que cometen los cuerpos de seguridad en contra de la ciudadanía.

El gobernador Rutilio Escandón se equivocó en los nombramientos de su gabinete, pero el máximo error en el que incurrió fue en el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca, quien tiene públicos señalamientos de la práctica de tortura que realizó en sus anteriores cargos y en el que fue implicado en la muerte de un detenido. Razón de sobra para que un gobierno democrático se abstuviera para poner en duda la credibilidad del cambio prometido.

El caso de la arbitraria detención de Anivar Gómez ya fue denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  situación que involucra al gobernador del Estado, quien mantiene otras ocupaciones y no se da cuenta del abuso de poder de sus colaboradores, que pone en riesgo la seguridad de la población.

Pero estas omisiones y acciones ilícitas del gobierno en Chiapas no son las únicas. También mantienen una actitud violatoria al derecho humanitario de las familias  desplazadas de Chenalhó, a quienes se les dejaron de proporcionar la ayuda alimenticia a la que está obligado el Estado por disposiciones internacionales, lo que reproduce las condiciones de vulnerabilidad de estas familias y en el que las autoridades chiapanecas pierden de vista que las personas en desplazamiento forzado tienen derecho a gozar, en plena igualdad, de los mismos derechos y libertades bajo el derecho interno e internacional que el resto de los ciudadanos del país y que es el propio gobierno de la entidad el obligado a garantizar la satisfacción de las necesidades de protección y asistencia de estas personas, algo que no se viene realizando, situación que provoca la violación y privación de múltiples derechos a este grupo de desplazados.

 

En diciembre del 2006, el que era el presidente de México, Felipe Calderón, le declaró la guerra al narcotráfico y sacó a los militares de los cuarteles para que realizaran funciones de seguridad pública. En esa lógica, el 25% de miembros del Ejército pasó a realizar funciones de vigilancia policíaca, lo que vino a representar que casi 50 mil militares participaran en esos operativos y que se empezara a hablar de la militarización en el país.

La decisión presidencial de utilizar al ejército en funciones policíacas también fue acompañada por una redistribución presupuestal, en donde a las fuerzas armadas en el sexenio de Felipe Calderón se le duplicó el presupuesto. Para ser precisos, en el año 2006, último año de Vicente Fox, el presupuesto de las fuerzas armadas fue 37 mil 740 millones de pesos, para el año 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, las fuerzas armadas ejercieron un presupuesto de 74 mil 161 millones de pesos. Esta tendencia alzista del presupuesto a las fuerzas armadas continuó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se mantuvo la política de la guerra contra la delincuencia organizada y en el año del 2018, el presupuesto asignado a las fuerzas armadas fue de 123 mil 253 millones de pesos. Con ese presupuesto era inevitable la militarización del país y prácticamente imposible retirar al ejército de las calles, pues sobre la base de los hechos se creó un poder presupuestal en manos de las fuerzas armadas, recursos que no son auditados.

Aún y cuando en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador manejó un discurso de que regresaría al Ejército a los cuarteles, esa promesa de campaña se incumplió y peor aún, se creó la Guardia Civil, misma que está compuesta por miembros de las fuerzas armadas y el presupuesto del 2019 para este sector, en el primer año de gobierno de AMLO, ascendió a 123 mil 253 millones de pesos.

En todos estos años el presupuesto ha sido creciente para las fuerzas armadas, en el que también existe el negocio en la compra de armas, municiones, equipamiento, vehículos y alimentación. Las fuerzas armadas llevan más de doce años de empoderamiento presupuestal y militar, pero los resultados en el combate a la delincuencia organizada no han sido ni siquiera medianamente satisfactorios y hay antecedentes claros e irrefutables de que esta política de combate a la delincuencia ha resultado un fracaso.

Pese a ello, el gobierno de López Obrado continúa con la misma tendencia, pero se le aderezó la mofa del discurso de abrazos no balazos y pretende dar un toque humanista al combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, el proyecto de presupuesto  del año 2020 para las fuerzas armadas asciende a 187 mil 737 millones de pesos, en el que está incluido el presupuesto asignado para la Guardia Civil, en la Secretaría de Seguridad, pero que sobre la base de los hechos lo ejercerán las fuerzas armadas.

La austeridad presupuestal del gobierno de López Obrador no aplica para las fuerzas armadas, lo que implica que hay una prioridad nacional hacia este sector, en el que obviamente se prioriza el combate a la delincuencia organizada con la militarización del país, bajo una estrategia que no ha tenido éxito y en donde se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos en el país.

El discurso humanista de combate a la delincuencia organizada no es congruente con el proyecto de presupuesto 2020 para las fuerzas armadas. En el que ahora sí aplica señalar que nunca como ahora el gobierno federal pretende destinar un presupuesto histórico a las fuerzas armadas, sin que se explique ¿Para qué? si la nueva política es de abrazos y no balazos.

 

 

 

Es una práctica reiterada que los gobiernos en turno le soliciten cartas de respaldo a organismos empresariales para legitimar acciones violentas institucionales en contra de grupos sociales, tal y como sucede hoy día con las acciones realizadas en contra de los estudiantes de la escuela normal de Mactumatzá y lo sintomático es que los organismos empresariales se prestan a estos mecanismos de farsa, que construyen discursos que buscan fortalecer que la idea de bienestar está ligado al orden social. Algo que seguramente es cierto, pero lo equívoco es considerar que el orden social se construye con violencia y represión a los grupos que protestan.

El orden social se construye con instrumentos de legalidad que acompañan a la eficacia del Estado y  en Chiapas estas dos condiciones están ausentes. No hay legalidad en muchas de las decisiones de los funcionarios en Chiapas y mucho menos existe una eficacia gubernamental, de allí que la represión que ha desatado esta administración solo puede generar mayor violencia.

Si los organismos firmantes de cartas de respaldo y reconocimiento a las acciones represivas que realiza la administración de Rutilio Escandón están interesados en el bienestar de Chiapas, entonces lo primero que tiene que exigir es eficacia y eficiencia en las acciones de gobierno, dos condiciones previas para la construcción de gobernabilidad democrática.

Es una paradoja en Chiapas hablar del bienestar cuando el 78% de la población vive en la pobreza. Por eso hay que cuestionarse a qué bienestar se refiere o de qué Estado de derecho aplauden que se restablezca. Cuando en Chiapas se viola todos los días el derecho a una educación con calidad que mandata la Constitución. Y lo grave es que el pobre logro educativo en Chiapas no se debe a falta de recursos económicos, en virtud en que el presupuesto destinado a la educación en la entidad es superior a los 26 mil millones de pesos anuales.

Chiapas se encuentra entre las cinco entidades del país que mayores recursos destinan a la educación pero es el último lugar en logro educativo. ¿Por qué no hay correspondencia entre el presupuesto invertido en educación con calidad educativa en los estudiantes? ¿Por qué en las instituciones de educación en Chiapas se encuentran con mucha frecuencia a estudiantes que no entienden lo que leen?  ¿Por qué en Chiapas existe el egreso de profesionistas que no tienen el dominio de conocimientos básicos en lo que han sido formados? Los problemas de la realidad chiapaneca van más allá de simples cartas de respaldo a una administración que no sabe para qué es gobierno y donde los grupos firmantes de respaldo se convierten en cómplices de la ineficacia de funcionarios, que convocan a reuniones a los grupos pero que son incapaces de solucionar las demandas.

En Chiapas no hay gobierno y gran parte de esta situación se debe a que no existe gabinete ni proyectos de gobierno. Y esto lo saben muy bien los grupos empresariales en Chiapas, pero no se atreven a exigir eficacia  y responsabilidad a los funcionarios y prefieren seguir jugando el triste rol de aplaudidores.

 

Chiapas es una sociedad con un futuro incierto, desgastado, paralizado, en el que más de dos millones de niños, niñas y jóvenes de las ciudades y de las zonas rurales están condenados a vivir en la pobreza, sin posibilidades de mínimos cumplimientos a sus derechos sociales y económicos.

En los últimos 30 años Chiapas ha recibido los mayores recursos de la federación en política social y la brecha de pobreza y desigualdad social no solo no se redujo sino que continuó creciendo, a punto tal que 8 de cada 10 niños y jóvenes viven en la pobreza. La duda es cómo se invirtieron esos recursos que no tuvieron el impacto esperado, que era el de mejorar las condiciones de vida de la población en la entidad. Lo más fácil es señalar la culpa de la corrupción, pero el fondo del problema es por qué no se realizaron las investigaciones correspondientes y la sanción de los responsables de ese desvío y despilfarro.

En estos 30 años Chiapas amplió su cobertura educativa al 100%, pero lo hizo con escuelas de mala calidad, en donde el mayor número de ellas son escuelas multigrado atendidas por un solo maestro. En este sentido Chiapas vive la terrible realidad, en que las zonas de mayor pobreza es donde se imparte la educación de peor calidad educativa.

Estos simples datos debieran despertar la indignación y provocar la exigibilidad al gobierno de que se cumpla con la eficacia adecuada en el ejercicio del gasto público, y que cada peso que se invierta en la entidad sea útil, para que la corrupción no sea lo que prevalezca en la realización de las obras ni en la distribución de los apoyos sociales. Pero eso no se realiza, no hay una vigilancia ciudadana y en contrasentido, se ha desarrollado un sentimiento que respalda las políticas represivas de las autoridades, como se viene haciendo con los jóvenes de la escuela normal de Mactumatzá, que representan a una generación de futuro incierto, y que ahora se les criminaliza.

En Chiapas el desorden social lo provocó y lo toleró el propio gobierno, en condiciones de gran generosidad presupuestal. Hoy día amplios sectores de la población reclaman el restablecimiento del orden y aplauden al gobierno sus actuaciones violentas en contra de la población que protesta, lo grave es que se considera que esta represión es necesaria para el bienestar social cuando este bienestar es el que está afectado y destruido para el  78 % de la población chiapaneca que vive en la pobreza.

En efecto hay que reclamar un orden, pero no represivo, el orden debe ser en el gasto público, en el saneamiento de las finanzas, en la inversión pública. El orden que se le debe exigir al gobierno debe ser el de la legalidad, que los funcionarios no tomen decisiones en la ilicitud y que los daños ocasionados a las finanzas públicas no queden en la impunidad.

Las acciones represivas son promovidas, validadas y avaladas por el propio gobierno y filtradas a la sociedad a través de medios y voceros con el fin de construir consensos y reproducir estigmas a sujetos o acciones políticas que deben de ser castigadas. En Chiapas esté ejercicio ha sido exitoso a punto tal que la violencia del  estado en contra de la protesta se considera necesaria y se le aplaude y se deja de lado que Chiapas es una sociedad sin futuro.

 

 

 

 

Mientras el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, continúa sus actos de promoción política a través de la realización de ferias de seguridad y justicia en los municipios de la entidad, en el que reproduce su discurso falaz en que en Chiapas se garantiza el Estado de derecho y la ley se aplica sin distinción alguna, los elementos de la fiscalía siguen fabricando pruebas para inculpar a inocentes y con su práctica sistemática de tortura para que los inculpados se declaren confesos, tal y como sucede con la detención de un vecino de la escuela de Mactumatzá, detenido en el operativo que se realizó el fin de semana en contra de los estudiantes de esa escuela normal.

El señor Anivar Gómez Vázquez, dueño de un negocio enfrente de la escuela normal Mactumatzá, fue detenido el 31 de octubre por elementos de la policía en el operativo que se realizara en contra de los estudiantes de esa escuela y soy se encuentra vinculado a proceso por los delitos de robo con violencia y agravado, robo de vehículos, daños, secuestro, motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, ataques a las vías de comunicación, delincuencia organizada y los que resulten, y desde el fin de semana se encuentra recluido en el Amate, con claros signos de haber sido torturado.

El estado de salud del señor Anivar Gómez es delicado, pues como consecuencia de la tortura presenta síntomas de una lesión cráneo encefálica sin que se le haya brindado la atención de los servicios médicos adecuados, aún y cuando estos le fueron requeridos a la autoridad, lo que pone en riesgo la integridad y la seguridad del detenido.

Lo preocupante de esta situación, es que este tipo de actuación de la fiscalía no es un hecho aislado sino una práctica sistemática que provoca riesgos e inseguridad a la ciudadanía, en virtud de que nadie se encuentra a salvo de la fabricación de pruebas para ser inculpado de delitos no cometidos por parte de la fiscalía.

Los operativos realizados en contra de los estudiantes de la escuela de Mactumatzá fueron un exceso en busca de legitimidad perdida, en el que previamente se realizó una campaña de linchamiento a los estudiantes de la normal, con el propósito de construir aceptación y consenso en grupos de población, que reclamaran la actuación represiva del Estado para luego aplaudir la actuación del Estado, y publicitar que la let se aplica y que se restablece el Estado de derecho.

Lo grave es que entre los funcionarios de la actual administración en Chiapas se desconoce el significado y los alcances de lo que es el Estado de derecho, en donde el primer fundamento es que la autoridad debe de someter todos sus actos al principio de la ley, algo que no se realiza, tal y como se puede observar en el caso de la detención del señor Anivar Gómez, en el que se incurrió en una detención arbitraria y con abuso de poder para luego inculparlode delitos fabricados por la propia fiscalía.

Al fiscal general Llaven Abarca le gusta repetir el discurso del restablecimiento del Estado de derecho, algo que si de verdad existiera en la entidad, Él sería fácilmente vinculado a proceso por los excesos en los que incurre en la aplicación de la ley y por su práctica sistemática en la violación a los derechos humanos.

 

 

 

La peor decisión política que pudo haber tomado la administración de Rutilio Escandón, es la utilización sistemática de la fuerza pública para resolver los problemas sociales en la entidad. Eso sólo está provocando mayor violencia, contraviene las disposiciones de la presidencia de la república y se está construyendo una imagen del gobernador como represor.

Golpear y criminalizar a los estudiantes de la escuela normal de Mactumatzá, como se viene realizando, no es restablecer ningún Estado de derecho ni significa implementar una política de cero tolerancia. Por el contrario, la violencia institucional es una evidencia de violación de derechos y libertades y encubre la ineficacia de los funcionarios, como sucede con el secretario de gobierno y la secretaria de educación, en donde uno reitera su voluntad al diálogo pero no resuelve las demandas de los estudiantes y la otra publicita la entrega de más de 20 millones de pesos a esa institución, que genera linchamiento mediático y desinformación, con el fin de ocultar su incapacidad para construir un proyecto académico para las escuelas normales.

En el linchamiento mediático en contra de los estudiantes de Macumatzá lo que se busca es infundir el temor a las movilizaciones, criminalizar liderazgos y construir simpatía en la población para continuar con las acciones violentas contra los estudiantes para luego generalizarla en contra de toda lucha social.

El gobernador está equivocado con su estrategia de pretender gobernar de la mano de la fiscalía, porque el fiscal general está señalado de practicar y promover la tortura. Además la fiscalía en esta administración se ha caracterizado por la fabricación de pruebas, la invención de culpables y la protección de funcionarios de la propia fiscalía como responsables de delitos, robos y secuestros, en contra de la población.

En toda su carrera política Rutilio Escandón se procuró una imagen de gente de izquierda y fue cuidadoso de no involucrarse en las prácticas de violación a derechos humanos en los gobiernos en el que desde distintas posiciones fue colaborador. Por eso sorprende que ahora su administración se caracterice por el uso de la violencia institucional, generada por la incapacidad de sus colaboradores y se convierta en noticia nacional por los abusos y excesos policíacos.

Resulta obvio que esta administración no tiene una política hacia los jóvenes y resulta lamentable que el secretario de gobierno considere que la lucha estudiantil es solo para obtener dinero y beneficio personal. Por eso la secretaría de educación debe aclarar a detalle para qué fueron destinados los recursos entregados a la escuela normal, en virtud de que existe un expediente técnico para esa institución, en donde se detallan las partidas presupuestales y el uso de los recursos.

En concreto, los recursos entregados a Mactumatzá es parte del cumplimiento de compromisos contraídos por el gobierno federal con las escuelas rurales de años atrás y no son una dádiva del gobierno del Estado como se pretende hacer creer en la opinión pública. Si hay corrupción en el uso de esos recursos la secretaría de educación es corresponsable de esos ilícitos al ser omisa en la vigilancia y aplicación de esos dineros.

Los actos de violencia en contra de los estudiantes de la normal Matumatzá muestra el tamaño de funcionarios que hay en Chiapas, que buscan ocultar su incapacidad con el uso de la fuerza policíaca.

 

 

 

 

La entidad, en décadas anteriores, arrastra problemas estructurales de pobreza, desigualdad social e injusticia que no van a resolverse en los próximos seis años, pero que en las expectativas de la población, por el discurso de la cuarta transformación, se esperaba que desde el inicio de la gestión el gobernador buscara sentar las bases para la transformación de Chiapas y el mejoramiento de la impartición de justicia pero esto simplemente no se ha hecho.

Después de doce años consecutivos de gobiernos malogrados, que generó una deslegitimidad, un hartazgo y un malestar popular, parecía obvio que los inicios del gobierno de Rutilio Escandón iban a estar marcados por la tensión y los conflictos, y que una tarea primordial era reconstruir los márgenes de gobernabilidad democrática, a través de una política de garantizar la legalidad con la aplicación correcta de la ley.

Bajo este desafío lo peor que podía suceder en la entidad, y desafortunadamente se produjo, es la continuidad de un gobierno con una aplicación selectiva de la ley, la subordinación del poder judicial a los caprichos de la fiscalía general, la prevalencia de jueces de consigna, la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, la práctica de linchar mediáticamente en las redes sociales a presuntos culpables violando la presunción de inocencia y asesinando y criminalizando a  activistas políticos violando inescrupulosamente los derechos humanos.

Para dejar de ser igual a los gobiernos que lo precedieron, la administración de Rutilio Escandón requiere dar un salto, pero eso no es posible con el gabinete que lo acompaña, que no ha sabido estar a las alturas de las circunstancias que la problemática en la entidad requiere, en el que no hay preocupación para resolver los problemas. El cambio de funcionarios es urgente, así lo sugirió el propio presidente, sin embargo el gobernador se resiste y con ello se incrementan los asuntos sin resolver y se acumulan los agravios sociales de un gobierno que prometió ser diferente pero que resultó lo mismo pero más austero, en el que prácticamente no existe inversión pública y el circulante sufre una grave parálisis.

A los problemas de gobernabilidad, de inseguridad y de impartición de justicia, se le suma el de la crisis económica que vive la entidad, que ya está considerada en recesión económica, pues lleva cuatro trimestres con cifras rojas en el que no hay crecimiento y sí presenta datos de decremento económico; tres de estos trimestres sin crecimiento corresponden a la actual administración, quien durante los once meses de gobierno no ha presentado un solo programa para reactivar las actividades económicas y no tiene ningún plan emergente de mejora económica ni de estímulos para incentivar la producción agropecuaria. Junto a ello, en este año se puede vivir la peor cosecha de maíz, lo que pondría en riesgo la soberanía alimentaria de la región.

La necesidad de tomar medidas drásticas para cambiar el rumbo de la entidad saltan a la vista y los informes estadísticos de INEGI así lo indican, en donde los resultados de esta administración continúan en la misma dirección que los gobiernos que ahora son criticados y que hacen insostenible una defensa de lo que eufemísticamente se hace llamar cuarta transformación.

 

 

Chiapas históricamente padece dos grandes problemas sociales: los bajos Índices de Desarrollo Humano y la falta de confianza y credibilidad en la impartición de justicia.

Estos dos problemas tienen relevancia en la forma de hacer “política” en la entidad. Por un lado, ha existido un abuso exacerbado en la utilización de los pobres en la promoción y las campañas políticas y, por el otro, se ha interiorizado la idea de impunidad en el imaginario de los funcionarios y políticos chiapanecos, debido a la ausencia de castigos al enriquecimiento inexplicable en los últimos gobiernos, lo que significa un deterioro en las formas de impartición de la justicia.

Los bajos Índices de Desarrollo Humano y la falta de justicia limitan y vulneran la implementación de un proyecto democrático, en virtud de que la pobreza y la falta de educación hacen imposible el establecimiento de la democracia. Pero, de igual modo, la ausencia de justicia hace inviable el proyecto democrático, porque eso significa que no prevalece la legalidad en la impartición de la justicia, situación que caracteriza a los gobiernos autoritarios y a la tiranía.

En este sentido, la crisis de la democracia en Chiapas, y muy seguramente en el país, estriba en los problemas de pobreza y en las deficiencias educativas, que se recrudece con la ausencia de una cultura de la legalidad, situación que tiende a generar que las demandas políticas se expresen con violencia y estén acompañadas por una carga de resentimiento social, en el que fácilmente se violan los derechos de personas y se pierde el sentido de la lucha democrática.

Esto sucede con frecuencia en la el movimiento magisterial, en las demandas de los grupos indígenas-campesinos y más significativamente en las luchas estudiantiles, como las que tienen hoy día las escuelas normales en la entidad. La pérdida de la perspectiva democrática y de una cultura de la legalidad en las acciones de lucha, provoca reacciones entre la población de molestias y rechazo, en el que peligrosamente se aplaude la violencia del Estado para reprimir a los manifestantes y se criminaliza la lucha social.

En este sentido hay una idea equivocada del orden social, en el que se piensa que la violencia del estado restablece el derecho y libertades de la población, cuando en realidad sucede lo contrario, y con ello se pierde de vista en que son las políticas erróneas del Estado y de los funcionarios lo que provoca la protesta y la exigencia del cumplimiento de las demandas ciudadanas. De allí que el uso de la fuerza pública para disolver las protestas sean un indicativo de la falta de capacidad política, en el que no existe voluntad en las autoridades para construir acuerdos; en el que siempre es más fácil reprimir que construir gobierno y democracia.

En Chiapas el exceso de protestas se debe al incumplimiento del gobierno en sus responsabilidades y a la frivolidad de los gobernantes. Si bien es cierto que también existen líderes que han hecho un negocio de la protesta, esto hay que decirlo, es responsabilidad exclusiva del propio Estado que fomenta y práctica la ilegalidad y la corrupción con líderes venales, situación que no debe servir de pretexto para desacreditar por igual a todas las protestas.

En el caso de la movilización de los estudiantes de las normales hay que señalar enfático que esta lucha es legítima, simple y sencillamente porque en Chiapas no se garantiza una educación con calidad y resulta reprobable que la secretaría de educación quiera desprestigiar a la normal de Mactumatzá difundiendo que se le han proporcionado más de 20 millones de pesos en esta administración, ya que ello solo indica que la calidad no está relacionado al presupuesto y muestra la incapacidad de esa dependencia para restablecer una administración escolar que impulse un proyecto académico con calidad.

Esta falta de capacidad manifiesta de la secretaría de educación es lo que provoca la movilización de los estudiantes, quienes en lugar de soluciones son presas de la represión de un gobierno que ha hecho del uso de la fuerza policíaca una práctica cotidiana.

 

 

 

El PRI no gobierna Chiapas desde las elecciones del año 2000.  En los últimos 18 años han gobernado alianzas perredistas con panistas, el partido verde y ahora MORENA, sin embargo la cultura y el estilo de gobierno del PRI ha continuado en a entidad, con gobiernos de izquierda o derecha, sin importar las siglas y colores.

El elemento en común de estos gobiernos es la reiterada violación a derechos humanos, la poca tolerancia a una prensa crítica y la pretensión de gobernar con la mano de la fiscalía, lo que hace fácil e impune la represión, las amenazas, la persecución, la desaparición, el encarcelamiento y el homicidio y las amenazas a todo aquel que disienta con el estilo de gobernar.

Sobre estas prácticas de represión y violación de derechos humanos la administración de Rutilio Escandón no se ha podido sustraer, y ya recibió recomendaciones y medidas cautelares de los organismos de derechos humanos de México y de América. Las estadísticas son desalentadoras: tres defensores de derechos humanos han sido asesinados (Sínar Corzo, Noé Jiménez y José Luis Álvarez); ha sido permisivo en los homicidios en la Región de Los Altos debido a los conflictos entre Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán; es omiso en la atención a los problemas de desplazados a pesar que la CNDH emitió 2 recomendaciones para que se de el desarme de los grupos paramilitares y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos medidas cautelares para evitar riesgos que pongan en peligro la vida de los desplazados y de los defensores; y en este gobierno se han incrementado los homicidios dolosos, los feminicidios, los asaltos bancarios el secuestro y la violencia generalizada.

De igual manera en la secretaría de gobierno se han tomado decisiones que son violatorias a los derechos políticos, como es la destitución del Cabildo del municipio de Arriaga, en el que la síndica y los regidores fueron intimidados para que pusieran la renuncia. Esta decisión  fue revertida por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Federal Electoral. Esta acción de amenazar a los regidores para desaparecer el ayuntamiento también fue empleada en el municipio de Bochil, que terminó en un sonoro fracaso y fueron exhibidas las maniobras del secretario, pero la desaparición de poderes sí se logró en Chalchihuitán, en donde una mujer fue destituida de la presidencia municipal por el congreso local, por maniobras orquestadas por la secretaría de gobierno en clara violación de la voluntad popular.

Sin embargo, el peor síntoma de violencia manifiesta en la administración de Rutiljo Escandón es que está gobernando con la mano de la fiscalía, lo que significa la incapacidad del diálogo y la construcción de acuerdos y se privilegia la represión y la violación a derechos humanos. Lo grave es que la fiscalía se caracteriza por las prácticas de tortura, la invención de delitos, la fabricación de pruebas, la intromisión sobre el poder judicial en la prevalencia de jueces de consigna, lo que implica que el tribunal de justicia queda sujeta y subordinada a los caprichos y violaciones de derechos humanos que orquesta la fiscalía general.

La situación de los derechos humanos en Chiapas no puede estar peor. Sobre todo, porque nadie está a salvo de la invención de delitos y la fabricación de pruebas que realiza la fiscalía, situación que confirma una deuda superior de la administración de Rutilio Escandón en materia de derechos humanos.

 

 

Por diversas razones, pero fundamentalmente por la falta de oficio político, Chiapas ha venido arrastrando de años atrás, problemas de gobernabilidad, sin embargo, pese a las complicaciones sociales, la gobernabilidad se mantenía en condiciones manejables, situación que cambió con el nuevo gobierno, en el que los problemas de gobernabilidad se acentuaron, al mismo tiempo que incrementaron  los problemas de inseguridad.

Al inicio del nuevo gobierno la inseguridad empezó a crecer y ahora es un lugar común las noticias de secuestros, homicidios con violencia, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales de activistas, asaltos bancarios, asaltos a restaurantes y robos con violencia. La gravedad de la inseguridad que se vive en gran parte de la entidad está acompañada por la simulación política y a las acciones mediáticas promovidas desde las oficinas de gobierno, que buscan ocultar e incluso negar la situación que se vive en las calles y en el patrimonio de las familias.

La administración que encabeza Rutilio Escandón realiza todos los días reuniones matutinas de seguridad y celebra la disminución estadística de las denuncias de delitos graves, que sitúa a Chiapas como uno de los lugares más seguros en el país. Esta información es engañosa en virtud de que las fiscalías tienen la instrucción de que no se levanten denuncias sino actas administrativas, mismas que no se contabilizan en los informes estadísticos que se reportan al sistema nacional de seguridad pública.

La situación social que se vive en Chiapas es de gran complejidad pues existe  estancamiento y regresión en las actividades económicas locales, que se agudiza por la pobre inversión pública en la entidad; los problemas de gobernabilidad están acompañados de actos de violencia en varios municipios: Escuintla, Aldama, Chenalhó, Tila, San Juan Chamula, Bochil, Ixtapa, El Bosque y Zinacantán, que se manifiestan en reclamos a las presidencias municipales y en donde se agravan por la ausencia de operación política; pese a la mesa de negociación federal continúa latente el conflicto magisterial en la entidad quienes construyen acuerdos con otras organizaciones para estallar el paro de labores y la movilización política; los problemas de inseguridad afectan directamente a la población que no se le puede seguir engañando con informaciones estadísticas manipuladas; en la franja fronteriza los problemas generados por la migración continental y transcontinental está provocando una sensación de abandono gubernamental y resentimiento social.

Bajo estas circunstancias, se percibe cada vez con mayor fuerza, que la administración de Rutilio Escandón no se encuentra al nivel de las circunstancias que Chiapas requiere y que de continuar con esta inercia las actividades económicas van a sufrir una parálisis mayor y seguramente se va a presentar una delicada regresión económica, que incremente la pobreza y la marginación social.

La administración de Rutilio Escandón requiere urgentemente de oxigeno y de una cirugía mayor que impacte en la definición de un nuevo rumbo para la entidad. Sin embargo se están viviendo realidades diferentes; el gobernador tiene otra mirada y está situado en otro punto de la realidad chiapaneca, en el que está convencido que viene realizando un buen gobierno y que sus funcionarios son honestos y eficientes. Esta visión ajena a lo que está pasando en Chiapas complica considerablemente las posibilidades de cumplir con las expectativas que la gente se hizo con el cambio de gobierno y se corre el riesgo de que se repita la historia delos gobiernos anteriores: que ante las dificultades sociales se sustraiga a la responsabilidad de gobernar.

 

 

 

 

 

Chiapas vive un delicado abandono político y económico y sobre eso la fiscalía viene construyendo un clima de impunidad y corrupción, a través del falso discurso de la cero tolerancia, en el que se aplica selectivamente la ley y donde se fabrican pruebas para inculpar y encarcelar a personas inocentes.

El fiscal general promueve una campaña en redes sociales un video en el que se señala que una ley que no se cumple es letra muerta, sin darse cuenta que con este video se demuestra que él viola la ley al realizar un uso indebido de los recursos públicos para posicionar su imagen y con ello realizar actos anticipados de campaña política.

De igual manera, el fiscal general viene utilizando el programa de las ferias de seguridad y justicia que se organizan en los municipios, para promocionar su imagen, con el fin de posicionar su persona como preferencia electoral en el ánimo de los ciudadanos.

Con esta propaganda el Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana debe de iniciar una investigación con el fin de sancionar los actos anticipados de campaña que se vienen realizando bajo el amparo de programas de gobierno y con recursos públicos. Todo ello con la finalidad de no caer en lo que el propio video de la fiscalía señala, en el sentido de que la ley que no se cumple es letra muerta.

La conducta del fiscal general ha sido reincidente en la realización de actos anticipados de campaña y desde el inicio de su cargo dispuso de un aparato de publicidad que promueve su imagen pública, con resultados dudosos en su desempeño y con decisiones ilegales emprendidas por la fiscalía, como son los desalojos sin orden del juez, de más de 7 mil hectáreas que se encontraban invadidas y la detención de más de 200 personas en estos operativos, en el que se presume violaciones al debido proceso, pues esos desalojos y las propias detenciones se realizaron al margen de la ley.

El desempeño faccioso en la actuación de la fiscalía violenta el principio de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, y por los mecanismos de actuación que tiene no puede ser garante de la seguridad de la población en Chiapas. Lo extremo del comportamiento y del discurso del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, es el ofrecimiento de una fiscalía con cero tolerancia, en el que los hechos muestran claramente la falsedad de ese discurso, aunque resulte atractivo en sectores de la población, discurso que reproduce condiciones de impunidad, pues con la fabricación de pruebas,  no se castiga a los verdaderos culpables.

El gobernador Rutilio Escandón se ha manifestado en contra de que los servidores públicos realicen actos de campaña, sin embargo estos se continúan realizando sin que haya una amonestación o sanción del  gobernante, situación que hace suponer, que los actos que realiza el fiscal general cuentan con el consentimiento del gobernador.

 

Ayer en la entrega de la medalla Belisario Domínguez la nota que se viralizó en las redes fue la fotografía del presidente López Obrador con el gobernador Rutilio Escandón y los senadores Manuel Velasco, Eduardo Ramírez y Sasil de León. Dicha foto pareciera mostrar el acuerdo político en Chiapas, a solo un día después en que 21 presidentes municipales, que ganaron las elecciones con el apoyo del exgobernador Velasco, decidieron abandonar la “oposición” y se sumaron al partido MORENA. En lenguaje subliminal, abandonaron al exgobernador y se sumaron al nuevo proyecto.

El acto tiene muchos significados, pues sin oposición real al gobierno, la administración de Rutilio Escandón no controla los hilos del poder en la entidad y desde palacio de gobierno se han orquestado campañas en contra del anterior gobierno y se deja insinuar que es el senador Eduardo Ramírez Aguilar el que está detrás de la “desestabilización” de la administración de Rutilio Escandón.

En México la cultura política se ha desarrollado a través de la invención de enemigos. Eso es lo que viene sucediendo en Chiapas, en donde resulta más fácil inventar enemigos e imaginar conspiraciones políticas que reconocer los yerros que a diario se cometen por las autoridades.

Los principales problemas de la administración de Escandón Cadenas es la ausencia de gabinete, la falta de proyectos y el descuido en el manejo de una agenda política. A esto se le agrega el desconocimiento que se tiene de la multiplicidad de problemas en la entidad, en el que se entrelazan problemas estructurales, como el de la pobreza, con problemas históricos, como el fracaso y desinterés de la clase política para modificar la estructura social en Chiapas, anclada en el pasado, con problemas coyunturales provocados por la distribución y manejo del presupuesto, que es la causa de los conflictos en Bochil, Simojovel, El Bosque, San Juan Chamula, y Las Margaritas.

A poco menos de que se cumpla el primer año del gobierno, resulta claro, que después de tres intentos en la búsqueda de la gubernatura, Rutilio Escandón no tiene cuadros formados para gobernar con eficacia y la actual administración se encuentra saturada por el nivel de incompetencia que hay en las diferentes secretarías, lo que evidencia que no hay un gobierno diferente y menos con los postulados de la izquierda.

El análisis político que se realiza en torno del gobernador no es el adecuado. La preocupación no debiera estar en el control político de MORENA –dominado por los verdes-morenos-, o en el de tener la mayoría de las presidencias municipales –hegemonizadas por los senadores chiapanecos-, y ni siquiera con restar la influencia del partido verde, porque eso fue una fugaz aventura que duró solo seis años. Este análisis está equivocado porque la única premisa está en la preocupación electoral y no en la de construir gobierno.

Rutilio Escandón no debiera tener preocupaciones por lo electoral porque  finalmente él ya es gobierno, la preocupación electoral la tienen el secretario de gobierno, Ismael Brito y el fiscal general Jorge Luis Llaven, quienes aspiran a la gubernatura y andan en campaña, y en sus ambiciones políticas confunden al gobernador, que hace suya la preocupación electoral de sus principales colaboradores. En esta lógica es que se construyó la invención del enemigo y en que se difunde las ideas de la conspiración y la desestabilización de Chiapas, en el que obviamente se oculta que los problemas actuales de Chiapas se debe a la incompetencia de los funcionarios y a la falta de ideas y proyectos para construir gobierno.

 

 

La decisión de incorporar a 21 presidentes municipales de “oposición” al partido gobernante de MORENA salió contraproducente, debido a que ninguno de los presidentes suma calidad política ni trabajo, pero sí producen desprestigio.

Con la suma de los 21 presidentes municipales la administración de Rutilio Escandón no obtiene ningún beneficio y va a quedar bajo sospecha de que esta acción fue concertada directamente desde el palacio de gobierno. Lo que significa que incorporó problemas y no calidad gubernamental.

Sin embargo el fondo político debe analizarse desde otras perspectivas, en la que lo electoral pasa a ocupar un lugar preponderante en el escenario por encima de la gobernabilidad del Estado. En esta administración los dos partidos locales –Mover a Chiapas y Chiapas Unido-, fueron expropiados y en la dirigencia se colocaron a personeros del gobierno. Junto a esta acción, en contubernio entre el secretario de gobierno con el sabinista Ernesto Gutiérrez se intervino en las elecciones internas de MORENA para buscar ganar la mayoría de delegados y tener el control estatal de ese partido y además están realizando acciones para que otro partido estatal obtenga su registro.

Chiapas está viviendo graves conflictos sociales y la preocupación del secretario de gobierno es la de controlar las elecciones que se van a realizar en el año 2021, en donde se deja entrever, que las ambiciones políticas son una prioridad mayor, por encima de los intereses de la población en Chiapas.

En estos 10 meses transcurridos, la administración de Rutilio Escandón no ha mostrado rumbo y sí una cauda de conflictos que han provocados muertes violentas en la población, sin que ninguna autoridad haya asumido la responsabilidad que le corresponde. No obstante esta situación, se observa cómo se destina tiempo y recursos económicos para una elección futura, que debiera de ganarse como el resultado de los éxitos y buenas acciones del gobierno, pero como esto no existe, se pretende refrendar el triunfo con el viejo estilo del PRI, avasallando y violando los derechos políticos.

Los problemas sociales que hay en Chiapas debiera de tener ocupado en su totalidad a los funcionarios, pero la falta de compromiso con Chiapas y las ambiciones por escalar nuevas posiciones, hace que se distraigan en cuestiones electorales y con ello se pierde la perspectiva de gobierno y provoca que los conflictos sociales se acentúen y tomen los matices de violencia como los que se han presentado en las últimas semanas.

La tarea fundamental del gobernador debe ser construir condiciones de gobernabilidad democrática, es decir, construir gobierno sin decisiones autoritarias, que suelen provocar violaciones a derechos en la población. Por eso decisiones como la de sumar a 21 presidentes municipales al partido MORENA son equivocadas y no pueden justificarse,  pues eso puede ocasionar mayores divisiones políticas pues la población votó por partidos y hoy los presidentes municipales traicionaron a los electores.

 

 

La delincuencia organizada que se volvió transnacional, por el monto de sus ingresos, es la segunda economía más importante del mundo, sólo por detrás de la industria armamentista. ¿Pero qué negocios son los que controla la delincuencia organizada para tener los altos ingresos que obtiene?

Los negocios son de muchos tipos: contrabandos diversos como el narcotráfico y las armas; el tráfico consentido y la trata engañosa de adultos y de niños; el tráfico de órganos y el tráfico de una cantidad inmensa de bienes de consumo legal que ingresan desde el exterior, incluyendo bebidas alcohólicas, drogas lícitas y partes de aparatos electrónicos, entre muchos otros productos que pasan a venderse en el comercio legal. También se ejerce el contrabando hacia el exterior de minerales estratégicos, piedras preciosas, maderas y hasta animales exóticos. La explotación de la prostitución y la trata suma mucho dinero, donde se somete especialmente, pero no exclusivamente, a las mujeres al trabajo sexual esclavo y semiesclavo. Otras fuentes de ese gran lago de capital sumergido, subterráneo, no declarado, son las casas de juego, los casinos, públicos o clandestinos, en los que es muy difícil medir los dineros que por allí circulan. También el pago de varias formas de protección mafiosa, como, por otra parte, de servicios de seguridad privada, cuyas contabilidades son siempre ambiguas pues es común contratar, para estos servicios a policías en sus horarios fuera de servicio.

Desde  la Conferencia de la ONU sobre Crimen Global Organizado de 1994 se estimó, que solo el narcotráfico ya rendía cifras anuales mayores que las transacciones globales de petróleo. Eso da una idea de la importancia de esa segunda economía, de la que se puede suponer que en los últimos años duplica especularmente sus ingresos.

Pero la delincuencia organizada también posee ingresos por negocios lícitos, que se constituyen a partir del lavado de dinero, que bien pueden estar en las compañías inmobiliarias, hoteles, restaurantes, etc.

El espectacular crecimiento de la delincuencia organizada solo puede entenderse por la protección que tiene por agentes del propio Estado –fuerzas policiales y militares, instituciones de seguridad y carcelaria, del sistema judicial con jueces y magistrados, políticos de todos los niveles y en todos los cargos-, de allí las redes de macrocriminalidad que se han construido, que le dan fortaleza y que a la vez lo inmuniza; a punto tal que se le ha llegado a considerar como un mal necesario.

Una estrategia de combate a la delincuencia organizada es la huella del dinero y por eso en lospaíses latinoamericanos se crearon normas en contra del lavado de dinero. Pero así como la economía se globalizó, también se globalizaron las redes de la criminalidad y se crearon paraísos fiscales en varias partes del mundo en donde se lava el dinero.

Esto muestra la desigualdad en la lucha en contra de la delincuencia organizada que se lleva en los países latinoamericanos en relación a los Estados Unidos, principal consumidor de la droga y lugar donde se dan facilidades para el lavado de dinero, sobre todo porque allí no hay un rigor a la ley para investigar y procesar a los responsables de este delito. Inclusive en el 2013 el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, señaló que los actos de corrupción y fraude cometidos por los ejecutivos de los bancos norteamericanos no pueden ser judicializados debido al tamaño de esas instituciones y su  incidencia en las economías nacional y mundial.

Esto muestra los niveles de intocabilidad que suelen tener las redes de macrocriminalidad, que paradójicamente se convierten en estructurantes de la política y la economía en los Estados-nación.

Frente a esto es entendible el fracaso de las políticas anticrimen en México y despierta a nuevas reflexiones del sonado fracaso del gobierno en la detención del hijo del Chapo Guzmán, el pasado jueves en Culiacán Sinaloa.

 

 

 

 

Los dos pensadores de mayor importancia en la Ciencias Sociales coinciden sobre la visión del Estado. Marx consideraba al Estado como violencia y Weber como el monopolio de la violencia legítima. Sin embargo en los países latinoamericanos se observa que la violencia ya no es sólo por parte del Estado sino que se desarrollaron carteles de la droga, quienes han perfeccionado la “pedagogía de la crueldad” surgida de la violencia del Estado contra los disidentes y que ahora los carteles la ponen en práctica en la guerra informal y los enfrentamientos contra sus antagonistas.

La fuerza que adquieren estos grupos de la delincuencia organizada están provocando una progresiva pérdida del control del Estado, a punto tal que se tiene conformada una estructura paraestatal, cuya organización financiera, militar y del poder es superior a la del Estado y que se ha constituido a su vez, en una importante empresa, que genera empleos y que está constituido por un importante capital humano transnacional, tal y como sucede con el cártel de Sinaloa, en el que se señala que actúa en el 80% de los países del mundo, en el que políticos de los distintos países forman parte de su nómina.

Estos grupos criminales mantienen una guerra informal entre sí por el control del mercado y las rutas, pero aparte mantienen una guerra formal declarada por el Estado, que ha ocasionado más de 100 mil víctimas y más de 300 mil desaparecidos en los últimos 15 años. En esta guerra un senador norteamericano señaló un tráfico diario de 2 mil armas de alto poder y en el informe del año 2015 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre México, se señaló que existen en el país más de 20 millones de armas sin registro y que los beneficios de los carteles superan los 120 mil millones de dólares al año.

Frente a esta estructura paramilitar y paraestatal, el gobierno de AMLO ordenó la detención del hijo del Chapo Guzmán, en un operativo que ocasionó se evidenciara la debilidad del Estado y que México aparezca en la mirada del mundo como un país incapaz de controlar los niveles de violencia y de garantizar la seguridad a la población.

Esa debilidad del Estado mexicano se busca ocultar a través de un discurso humanista del presidente, en el que se privilegió la vida de la población inocente, algo que sin duda resulta loable. Pero a la luz del capital nacional e internacional el mensaje es otro: se reconoce que  el crimen organizado en México es hoy una estructura de poder transnacional en expansión y no parece haber medida pública capaz de contenerlo. Esto incrementa las calificaciones de riesgo país en México y puede llegar a afectar las inversiones directas, lo que afectaría las posibilidades económicas. Un costo que el gobierno mexicano hasta en este momento no ha cuantificado.

 

 

 

Dos riesgos que presentan los Estados en vía a la democracia son la continuación del uso del derecho para violar otros derechos humanos y la debilidad del Estado para impulsar los cambios que sean necesarios. Ambas situaciones parece que se están viviendo en este momento en México, a través de la maniobra jurídica para convertir todas las instalaciones militares en asunto de seguridad nacional y con ello dejar sin efecto los amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; la otra situación se encuentra en la subordinación del Poder Judicial al presidente, que cancela posibilidades de impartición de justicia, así como la postura del gabinete de seguridad de liberar al hijo del Chapo Guzmán, quien fuera detenido ayer en un operativo militar en Culiacán, Sinaloa.

Esto no es asunto menor, debido a que experiencias similares se han vivido en otros países de América latina, en donde el nivel de la crítica en muchas ocasiones busca colapsar el funcionamiento de gobiernos electos democráticamente. Así sucedió en Argentina y Brasil, en donde la derecha logró la obtención del triunfo electoral en ambos países. Y el retroceso en derechos sociales y económicos ha sido notable, a punto tal, que en las elecciones de unas semanas más en Argentina se espera el triunfo nuevamente de las posturas democráticas, pero el daño ocasionado por esa aventura política está hecho.

En México, la violencia es un riesgo mayor para la vida democrática del país, Violencia que se vive en gran parte del territorio nacional, en el que los Estados con mayor producto interno bruto, son los que más están sufriendo el asedió de esta violencia, ejemplo de ello son Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja california Norte, Estado de México, Michoacán y la Ciudad de México. Junto a ello, algunos desatinos del presidente han desatado la crítica que busca colapsar al gobierno.

En este camino ya no se diferencia entre la crítica que busca construir un mejor gobierno con la crítica que está en contra del gobierno. En este sentido el maniqueismo ha triunfado, en el que se junta a los buenos con los malos y ambos se desechan, por la intención de imponer un solo punto de vista. Con ello se aniquila el pluralismo y eso finalmente ocasiona el alimento del colapso del gobierno.

En estas circunstancias la aprobación de la ley de revocación del mandato es inoportuna. Pues se abre la posibilidad de iniciar campañas a favor y en contra del presidente, en un momento en que la violencia provocada por la delincuencia organizada mantiene un repunte, y en condiciones de una crisis económica mundial, en donde México tiene prendida su economía con alfileres y en donde los programas sociales difícilmente van a reducir los niveles de pobreza, como sí sucedió en Brasil y en Argentina, en los gobiernos de Lula da Silva y los Kirchner, respectivamente.

El desatino judicial de los tribunales en la resolución de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, al aplicar un derecho para violar derechos humanos, va a llevar la polémica en las cortes internacionales, pues los amparos interpuestos no eran solo de los grupos económicos sino también de pueblos indígenas del Estado de México, que son afectados por la obra y el gobierno incumplió con el derecho a la consulta que mandata el Convenio 169 de la OIT y una docena de resoluciones sobre la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero a su vez, lo sucedido ayer en Sinaloa, muestra una debilidad del Estado en la lucha en contra de la delincuencia organizada, que va a ser utilizada por grupos contrarios al presidente para colapsar al gobierno.

Si esto fuera un juego de la pirinola, el movimiento rotatorio de la misma está a punto de caer en el lado de la cara que dice: todos pierden.

 

 

El tráfico de armas en Chiapas es una realidad que viene ocasionando que muchos protestas sociales terminen en enfrentamientos armados, sin que a la fecha la fiscalía tanto del Estado como el de la república inicien una carpeta de investigación sobre la procedencia de las mismas.

Es un secreto a voces que en San Cristóbal de Las Casas se venden todo tipo de armas y municiones sin que ninguna autoridad intervenga para poner un alto a este tráfico, aún y cuando existen múltiples retenes policíacos y militares. Por ello no es gratuito que las organizaciones en las comunidades indígenas se encuentren fuertemente armadas y que existan grupos paramilitares, lo que genera un riesgo  permanente de estallidos de violencia  con pérdidas de vida humana.

En esta administración, que se suponía era de orígenes distintos, se continúa con la política de tolerancia, indiferencia, complicidad, valores entendidos y permisibilidad a los grupos armados en la entidad; signo inequívoco que indican los graves  problemas de  gobernabilidad que se viven en el Estado, originado, fundamentalmente, por el desconocimiento que tienen los funcionarios públicos de la realidad chiapaneca. Muestra de esto se percibe es el excesivo operativo policíaco que se montó desde el palacio de gobierno para acompañar y restituir al presidente municipal de San Juan Chamula, quien fuera destituido en una asamblea comunitaria y que presenta graves problemas de legitimidad y donde se evidencia una confusa negociación de la secretaría de gobierno con el grupo opositor del presidente para restablecer el orden, en el que se requirió un fuerte operativo militar para ocupar el edificio de la presidencia municipal.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que no existe gabinete ni plan de gobierno ni agenda política en la entidad. No hay una fuerte inversión pública en obras, no existe un programa de reactivación de la economía y de la producción agrícola y ni siquiera hay un plan estratégico de seguridad ni indicadores ni metas que nos puedan orientar en qué consiste la transformación que vienen realizando.

Pese a esto, el gobernador tiene reuniones quincenales de evaluación con sus colaboradores, en donde se escucha la voz de la complacencia del gobierno, en donde el propio gobernador suele afirmar de que vamos bien, pese a que los resultados y el sentir popular lo desdicen. Esas reuniones no están sirviendo de ayuda para mejorar las condiciones de Chiapas. El hecho es que no se viene gobernando, lo que se viene realizando es mal administrando, en donde la austeridad se ha convertido en una política de no gasto y de no inversión, lo que tiene prácticamente colapsada la economía del Estado, que requiere de la inversión gubernamental.

El turismo, que representa una fuente importante de ingresos para Chiapas, tiene su principal problema en la inseguridad y en la violencia que se vive en las carreteras, en donde se volvió parte de la vida cotidiana que grupos pongan retenes y ejerzan un cobro ilegal por el derecho del tránsito vehicular.

Los últimos acontecimientos de violencia en Chenalhó, Oxchuc, Bochil San Juan Chamula y Simojovel van a quedar impunes, en virtud de la prevalencia de una intervención facciosa de la fiscalía, que instrumenta órdenes arbitrarias de aprehensión, que no investiga las acciones de omisión de las autoridades municipales y estatales, que no abre carpeta de investigación por los delitos del uso de armas para uso exclusivo del ejército ni solicita la atracción de la fiscalía general de la república, que fundamenta sus detenciones hacia los pobladores, muchos de ellos inocentes y en donde su accionar no busca romper los cacicazgos locales quienes patrocinan la violencia.

 

 

 

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