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En plena crisis de inseguridad provocada por los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en distintos puntos del territorio de Chiapas, lo que evidencia el calentamiento de la plaza, el día de ayer, en un exceso de frivolidad, fantasía  y cinismo, el gobernador Rutilio Escandón salió a presumir los buenos resultados de la Mesa de Seguridad, que reflejan una  baja incidencia de delitos en el Estado. Esta expresión del gobernador no es creíble, pues se están ignorando los muertos en los enfrentamientos de Aldama y Chenalhó, las ejecuciones en el municipio de Carranza, los muertos y enfrentamientos en Pantelhó, la violencia en Oxchuc y sobre todo las ejecuciones en Tuxtla Gutiérrez en el que falleciera el hijo del “Tío Gil” y los enfrentamientos en el municipio de Frontera Comalapa, en el que se disputa el control de la plaza.

La irrealidad en la que vive el gobernador lo lleva a ignorar la reciente declaración del EZLN, en el que es señalado por tener alianzas con el narcotráfico. Señalamiento que no es un asunto menor si se relaciona por los distintos hechos delictivos en el que participaron comandantes de la policía en los tiempos en que Jorge Luis Llaven Abarca se desempeñó como fiscal general, en el que fueron notorias las entregas de dinero, y estos repartos continúan con el nuevo fiscal general.

La mesa de seguridad no ha dado buenos resultados, simple y sencillamente porque no existe ningún plan de seguridad y de mejora de la convivencia, que incida en una cultura en la construcción de paz y sobre todo, porque no se implementan acciones preventivas y de protección para evitar la violencia y los enfrentamientos armados. Junto a ello resulta obvio que no hay un sistema de inteligencia policial que se adelante a los acontecimientos.

El comunicado del EZLN no debe echarse a saco roto, pues representa un llamado de atención ante la inacción política del gobierno, que no ha puesto freno al activismo de los grupos paramilitares, que actúan bajo la complacencia del gobierno, y en palabras del EZLN, “solapa y alienta los crímenes” cometidos por estos grupos paramilitares. En el comunicado se deja sentir una advertencia: el EZLN va a tomar las medidas necesarias para detener y sancionar a los responsables del secuestro que sufrieran dos autoridades de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva, Chiapas. Para luego rematar con el señalamiento: “Ante la acción y omisión de las autoridades estatales y federales frente al crimen actual y los anteriores, toaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la ORCAO y funcionarios que los apadrinan”.

Que alguien le explique al gobernador que su administración se encuentra en el punto de ruptura y que para evitar un enfrentamiento mayor, tiene que desmantelar a los grupos paramilitares, que fueron organizados y financiados por el gobierno de Ernesto Zedillo, precisamente con el fin de enfrentar al EZLN y disfrazar estos enfrentamientos bajo el discurso de que son conflictos intercomunitarios.

Durante años el gobierno vendió la idea de un Chiapas seguro, con un bajo índice de delitos, sin ajustamientos ni encajuelados ni personas colgadas en los puentes y con una ausencia de enfrentamientos callejeros o en las plazas comerciales entre grupos de la delincuencia organizada. Este discurso, parcialmente cierto, es insostenible en la actual administración de Rutilio Escandón, que prometió la transformación y que está convertido en la peor tragedia para la entidad.

El Chiapas seguro fue un discurso parcialmente cierto, porque aquí por décadas de construyó el trasiego de drogas, la trata, el tráfico de personas, el tráfico de armas, etc. Pero la violencia que se está viviendo no ocurría por la existencia de un pacto entre los grupos de la delincuencia organizada, que tuvieron claro que esta plaza no debía de incendiarse, pues todos necesitaban de cierta tranquilidad para realizar sus operaciones ilícitas en condiciones de impunidad.

Dentro de las reglas de este pacto se entendió la importancia de tener un procurador-hoy fiscal-, que fuera policía y no un jurista, pues es más fácil llegar a acuerdos con un policía que con un profesionista interesado en la aplicación del derecho y peor aún, interesado en disminuir los índices de impunidad con el castigo de los delitos. Por eso en los últimos seis sexenios en Chiapas la procuraduría estuvo en manos de un funcionario formado e interiorizado con las funciones policíacas. El gobernador que rompió esta regla fue Rutilio Escandón, al nombrar a Olaf Gómez como fiscal, cuyos orígenes están en el poder judicial, en donde se desempeñó en el consejo de la judicatura y luego como juez.

El escenario se descompuso porque se sigue realizando el cobro de cuotas a los grupos, pero también se quiere aplicar la ley y castigar los delitos, algo que es imposible de realizar con éxito. Junto a esta situación se vive una ausencia de gobierno, en donde nadie toma decisiones y peor aún, en donde el propio gobernador ha mostrado que para él gobernar resulta irrelevante. Él parte del viejo criterio priista que consideraba que para tener éxito en la política en México solo se debía de estar bien con una persona, con el presidente, y eso es lo que practica Rutilio Escandón, que se mantiene indiferente  a los distintos incendios que hay en Chiapas, sin darse cuenta que esos incendios pueden quemar al secretario de gobernación o al propio presidente de la república.

La falta de oficio político, el desconocimiento de la realidad chiapaneca, la frivolidad de sus actos y la indiferencia que muestra ante los problemas sociales de la entidad, hacen del gobernador Rutilio Escandón en parte fundamental del problema en Chiapas y no de la solución y un buen ejercicio de gobierno.

Esta situación es insostenible, y la presencia de su cuñado en la secretaría de gobernación le va a terminar siendo desfavorable, porque los conflictos de Chiapas se terminarán atendiendo en gobernación y los jalones de oreja y manotazos en la mesa van a ser recurrentes, en virtud de que Rutilio Escandón nunca se preparó para ser gobernador; no tiene un plan de gobierno ni un grupo de posibles colaboradores, no conoce los problemas de la entidad y tampoco se preocupa en tomar decisiones.

La transformación que prometió el gobierno actual en Chiapas no se observa en la forma y mucho menos en el fondo. Aquí sólo existe el discurso de la simulación que construye y difunde mentiras oficiales. Es una realidad que la cosa pública en la entidad no camina, bien pero que nadie se sorprenda si la situación social empeora aún más, ya que hay evidencias que indican que  se van a poner peor.

Son varios anuncios que muestran que la plaza se está calentando sin que eso genere preocupación alguna en el gobierno, que continúa sin tomar las medidas preventivas de protección a la población, sobre todo en los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, que cada vez son más frecuentes en distintos lugares del Estado. La noticia de ayer en las redes sociales fue el enfrentamiento de grupos de la delincuencia organizada en el municipio de Frontera Comalapa, que representa una prueba  que la autoridad se encuentra rebasada.

Pero lo que complican aún más las frágiles condiciones de gobernabilidad en la entidad fue la reciente declaración del EZLN en el que señala que Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil, debido a que el gobierno de Rutilio Escandón solapa a grupos paramilitares, como anteriormente lo hicieran los gobiernos emanados del PRI, pero también el del PRD, así como el gobierno que surgió bajo las siglas del Partido Verde.

Resulta claro que ninguno de estos dos problemas fueron generados por el gobierno de Rutilio Escandón sino que fueron heredados como muchos otros conflictos que están latentes en el que se corre el riesgo de que estallen. Sin embargo la responsabilidad de este gobierno es inocultable debido a que no se tomaron las medidas preventivas y la atención que correspondía para evitar llegar a la situación en la que se encuentra en este momento. Entre las cosas que no se hicieron fue la depuración y selección rigurosa con los controles de confianza de los comandantes de las distintas corporaciones policíacas, así como del personal de la fiscalía.

Sobre todo porque fueron notorios los hechos en el que se involucraban a comandantes de la policía en la protección y tráfico de drogas. El caso más sonado fue el del Comandante Santos, brazo derecho del exfiscal y hoy diputado federal, Jorge Luis Llaven Abarca, quien tiene muchos señalamientos por sus acuerdos con la delincuencia organizada y que se convirtió en el hombre fuerte del gobernador, a punto tal que es considerado como el alfil que puede sustituir al gobernador.

De igual manera son obvios los desaciertos cometidos por el gobernador en los nombramientos realizados en la secretaría de seguridad y en la fiscalía de Estado, quienes están más al servicio de la delincuencia organizada que de la protección de los bienes y de las personas en la entidad. Con esos funcionarios lo único seguro es la impunidad y el dominio a plena luz del día de las redes de macrocriminalidad.

El gobierno en Chiapas no ha entendido que los Derechos Humanos se han convertido en la piedra angular de las políticas públicas en los gobiernos democráticos. Problemas centrales como la seguridad, la justicia, el medio ambiente, la atención a los grupos vulnerables, la migración, la atención a la mujer, la gobernabilidad democrática, la construcción de nuevas ciudadanías y las políticas anticorrupción, se encuentran bajo la mirada de la transversalidad de los Derechos Humanos.

En el país, todas las entidades federativas han elaborado normas jurídicas y planes y programas para garantizar el respeto a los derechos humanos. Pero aún y con todo ese esfuerzo realizado, el impacto de estos programas ha sido limitado, en mucho, por la falta de voluntad política, que se traduce en bajos presupuestos, en la discontinuidad de las acciones de prevención, en la baja calidad de los servicios de atención implementados, en la práctica policíaca de inventar culpables, en la dificultad de una articulación interinstitucional y en la debilidad de una cultura democrática que privilegie el respeto a los derechos humanos.

Ya se ha reiterado en otras ocasiones que el gobierno en Chiapas carece de una política en materia de derechos humanos. Una política en derechos humanos significa la ampliación de los derechos de la ciudadanía y una relación entre gobernantes y gobernados de respeto y de búsqueda de la armonía. Pero también significa prácticas democráticas y la búsqueda de la eficacia en las acciones de gobierno, que proporcionan legitimidad al gobernante. Por lo consiguiente, la ausencia de una política en materia de derechos humanos no es un asunto menor. Muestra la actitud de un gobernante distante a sujetar sus actos de gobierno a la ley, lo que significa prácticas sistemáticas de violación a derechos humanos.

Esta situación se percibe con claridad en la indiferencia gubernamental en la atención a los dos casos de privación de la libertad que existe: uno en Pantelhó, en el que hay 21 personas retenidas, desde hace 50 días, por el grupo de autodefensas denominado El Machete; y, el otro caso, es el del defensor de derechos humanos Ángel Ancheita Villafuerte, que fue privado de la libertad hace 30 días en la Comunidad Nueva Palestina y que ahora fue llevado a la Comunidad de Corozal.

En ambos casos la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido omisa al no emitir las medidas cautelares al gobierno de Chiapas, debido a que no se viene incumpliendo con las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. Aquí existe una interpretación equivocada, al considerar que en ambas situaciones el gobierno no es responsable de lo que está sucediendo, de allí el silencio y complicidad de la CEDH. Sin embargo, el Estado incurre en responsabilidad internacional, al no garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad y por la falta de una debida diligencia en la investigación de los sucesos que originaron el malestar en las comunidades, que produjo la privación de la libertad, así como a la falta de prevención y protección de los derechos humanos de las personas retenidas.

La falta de justicia, la pobreza y la desigualdad social, son tres problemáticas que permanecen inalterables en Chiapas. En enero de 1994, estalló en una región del estado, el más importante movimiento social de las últimas décadas en el país, pero en realidad pareciera que no pasó nada en este territorio. Las cosas no sólo no cambiaron sino que en muchos indicadores de desarrollo se empeoró.

Sin embargo, en estos 27 años, la federación envió cientos de miles de millones de pesos a la entidad, que si se hubieran empleado adecuadamente, las condiciones sociales serían otra muy distinta a la que estamos viviendo.

¿Qué pasó realmente? ¿En qué se utilizaron esos recursos? ¿Por qué no hubo un cambio en la mejora de la calidad de vida en los chiapanecos? ¿Por qué se continúa en el atraso?

Una medida que se le aplaudiría al Congreso Local, es que acordara la integración de una comisión de la verdad, con el propósito de investigar y conocer cuál fue el destino que tuvieron esos recursos públicos, en dónde se invirtieron. Esto porque resulta inaceptable que no se hayan producido mejoras en la entidad, pese a los cuantiosos recursos que fueron canalizados al estado.

En muchos aspectos sociales Chiapas está peor. Por ejemplo en educación, se pasó de un presupuesto de 7 mil millones de pesos en 1994, a más de 30 mil millones de pesos en el 2021, pero el Estado continúa con el rezago educativo más alto en el país. Inclusive es más alto el porcentaje de personas que no han concluido la primaria en este momento en comparación con los datos del año 1994. De la misma manera el analfabetismo no ha disminuido en la entidad, pero sí se redujo en el resto del país.

En estos 27 años, los niveles de pobreza y de pobreza extrema crecieron en Chiapas, cuando en otras entidades del país se redujo.

Es un hecho que en estos 27 años, Chiapas tuvo oportunidades para mejorar su destino. Por eso se ha señalado que el problema de la entidad no ha sido la falta de presupuesto, porque la federación le ha canalizado recursos considerables que han sido desperdiciados y dilapidados. En este sentido el problema de la entidad se debe a la falta de proyectos y rumbo que incida en la construcción de un Chiapas mejor. El problema está en la cabeza del gobierno en donde indiscutiblemente se han tenido pésimos gobernadores, a punto tal que el gobierno de Pablo Salazar resulta inmejorable comparados con los que le precedieron.

Del año 2000 al 2021, se han destinado a Chiapas más de un billón 150 mil millones de pesos, pero en ese período el Estado ha sido gobernado por políticos y funcionarios depredadores, que por la corrupción en su desempeño y por lo escandaloso que resultaron en sus decisiones políticas, pronto se convirtieron en gobiernos desafortunados, por lo que deben ser investigados y castigados aquellos que resulten responsables del saqueo y despilfarro. 

Hay un señalamiento reiterado sobre la ausencia de gobierno en Chiapas. Al respecto, son muchas las pruebas que validan este dicho, sin que haya una mínima preocupación en el gobernador, para cambiar ese estado de cosas, y quien se muestra feliz inaugurando calles en los municipios, como si con esto se cumpliera con la alta responsabilidad que significa gobernar uno de los Estados más complejos del país.

Pantelhó es una muestra de la ausencia de gobierno. Fueron muchas denuncias las que se presentaron en contra del grupo de “Los Herrera”, sin que ninguna autoridad investigara e hiciera prevalecer el cacareado estado de derecho. Lo preocupante, es que el surgimiento del grupo de autodefensa “El Machete”, éstos le exigieron a la fiscalía el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y en reunión de gabinete de seguridad el fiscal indígena, que días después fuera asesinado, señaló que las órdenes estaban listas pero que se requería del apoyo de la policía estatal y la secretaria de seguridad, asustada manifestó que la situación de Pantelhó imposibilitaba el cumplimiento de esas órdenes, que se requería del apoyo de la Guardia Nacional o del Ejército. Frente a esta actitud negligente de los funcionarios del Estado, el grupo Machete decidió ejecutar ellos mismos la detención de los presuntos responsables y quemaron viviendas y vehículos, y desde el 26 de julio tienen retenidas a 21 personas, presuntos responsables de la violencia que sufrieron los pobladores. Estas personas continúan retenidas por el grupo de autodefensa y el Estado ha permitido que a estos 21 retenidos se les viole derechos humanos, lo que significa que el Estado de Chiapas es incapaz de garantizar los derechos humanos en la entidad.

Todos los días hay agravios entre Chenalhó y Aldama y la autoridad ha sido incapaz de implementar medidas preventivas y de protección con el fin de garantizar el cese de hostilidades. Se han firmado pactos de no agresión. El subsecretario federal de derechos humanos ha estado reunido con los grupos agresores, pero la situación sigue siendo la misma y los enfrentamientos continúan, haciendo evidente que no hay gobierno.

Otra muestra más de la ausencia de gobierno se vive en la comunidad de Nueva Palestina, quienes tienen retenido desde hace 28 días al defensor de derechos humanos Ángel Ancheita Villafuerte. La falta de talento de los funcionarios del estado que negocian este caso es evidente, a punto tal que manifiestan que es un problema entre particulares, ignorando que son obligaciones del Estado proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas y en este caso, al igual que los 21 detenidos en Pantelhó, el gobierno no lo está haciendo y por lo tanto incurre en una responsabilidad internacional del Estado y por estos hechos, puede ser denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ambos casos los retenidos debieron de ser presentados ante un juez, y al no hacerlo se incurre en una privación ilegal de la libertad y esta privación de libertad, en la que subyace la tortura psicológica, es lo que está permitiendo el Estado. Con ello se deja de respetar y garantizar el goce pleno de los derechos humanos y aunque esto sea generado por particulares el Estado se convierte en responsable al incumplir con lo dispuesto por el artículo 1º de la Convención Americana de derechos Humanos. Esta situación ya lo resolvió la Corte Interamericana en la sentencia del caso Velásquez Rodríguez VS Honduras que en el párrafo 172 señala: “En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”.

La política y el gobierno en Chiapas viven hoy día una fase de descomposición, que pone en riesgo a la seguridad nacional del país, debido sobre todo, a que un conjunto de instituciones que hacen posible la unidad de la sociedad están dejando de funcionar y esto es lo que deja el paso abierto a la violencia, a la inaplicación del derecho, a las ejecuciones extrajudiciales  y al caos.

La violencia y muertos del día de ayer en San Cristóbal de Las Casas son una clara representación de que el Estado no está funcionando. Pero lo que sucedió en San Cristóbal no es un hecho  aislado, ya que lo mismo sucede en Tila, en Carranza, en Chilón, en El Bosque, en Rincón Chamula, en Chenalhó, en Oxchuc, en San Juan Chamula, etc., municipios que arrastran una historia de violencia, en el que es claro de que no existe la voluntad política del gobierno para buscar restituir los lazos comunitarios, que permitan disminuir la violencia y construir acciones institucionales dentro de un modelo de cultura de paz.

La peor irresponsabilidad que hay en Chiapas, es la actitud de un gobierno que considera que los conflictos siempre han existido en Chiapas y por lo tanto esta violencia no fue provocada por la administración actual, por lo que no hay compromiso para resolver esos problemas, lo que origina una despreocupación del gobernador, hacia esa violencia y los enfrentamientos que ocasiona que son recurrentes en la entidad, en la que se han acumulado asesinatos políticos, desplazamientos forzados, despojos de tierras, desapariciones, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, etc., que paradójicamente son responsabilidad del Estado por no tomar las medidas preventiva o bien por la inoperatividad del gobierno, por lo que resulta improcedente la indiferencia que muestra el gobernador a este caos que amenaza generalizarse.

En concreto, los crímenes sucedidos en las últimas son una responsabilidad del Estado, debido a que las autoridades tienen conocimiento con antelación de los problemas que se gestan en la entidad, sin que nadie implemente medidas preventivas o de protección ante la oleada de violencia y enfrentamientos que se dan entre los distintos grupos u organizaciones,

Está claro que al gobernador no le preocupa nada de lo que sucede en Chiapas, y por lo tanto, no hay disposición ni capacidad política para tomar las decisiones necesarias para restablecer el orden sin violencia en la entidad. Lo lamentable, es que los funcionarios en Chiapas no entienden ni perciben la magnitud de los problemas, y se terminan tomando decisiones que resultan contraproducentes, como bien puede ser el uso selectivo de la represión policíaca a grupos que protestan y deciden tomar las casetas de pago o cerrar las carreteras, debido a que la violencia policial no resuelve los problemas y sí, en muchos casos, los termina agudizando.

A la mitad del camino en la gestión gubernamental, lo ideal sería que el gobierno evalúe objetivamente los resultados obtenidos y a partir de ahí, tomar las decisiones pertinentes para mejorar el desempeño de la administración. Los informes de gobierno no representan un buen instrumento de evaluación, a menos de que hayan comparaciones, autocríticas y se realice un ejercicio de problematización de las condiciones socioeconómicas de la entidad.

La tradición política en el país, convirtió a la actividad de los informes en el día de los gobernantes. Son actos oficiales de lucimiento personal y de autoelogios, en donde se hace énfasis en las acciones cuantitativas pero se omite profundizar en los resultados cualitativos; aquí lo que importa es el número, como un dato más y no el impacto que se tiene en los cambios y la transformación social de los contextos.

En el gobierno de Chiapas es imprescindible realizar una evaluación situacional, porque hay indicios que señalan de que existen dificultades para entender la complejidad de la problemática social en la entidad. Esto se acrecienta, porque no hay correspondencia entre los perfiles de los funcionarios con las funciones básicas que desempeñan las distintas dependencias. Muchos de ellos llegan a aprender y Chiapas ya no está para el ensayo-error, sino para la toma de decisiones que mejore los resultados.

Si las pretensiones del gobernador Rutilio Escandón son continuar en la política y aspirar a otros cargos en el país, entonces debe construir, en un corto plazo, el gobierno adecuado para Chiapas. Sobre todo, porque le tocó jugar con la responsabilidad de la transformación y en este momento le queda debiendo a Chiapas, en virtud de que los resultados del gobierno son nulos. En este sentido, de nada sirve un aparato publicitario, que anuncia que todo va muy bien, si esto no va acompañado con el respaldo y reconocimiento de la ciudadanía.

En las estructuras administrativas se suele hablar del principio de Peter. Esto es una relación que existe entre el desempeño adecuado en un puesto con el nivel de incompetencia. Es decir, que un desempeño adecuado puede permitir a los empleados ascender a los cargos directivos, hasta alcanzar un  nivel de responsabilidad en que se es incompetente.

El principio de Peter, bien podría ser un parámetro para evaluar el desempeño de los funcionarios que integran el gabinete, porque es notorio que muchos de ellos muestran su nivel de incompetencia en las responsabilidades que les fueron asignadas. Esta situación representa a la mitad del período de gestión, el principal lastre que tiene el gobernador Rutilio Escandón, quien no tiene buenos resultados de gobierno, y pese a ello, se resiste a instrumentar los movimientos necesarios del gabinete, que permitan un cambio de rumbo.

Chiapas tiene problemas sociales con una larga trayectoria histórica de desatención y rezago, que se vienen acentuando en este gobierno. Entre ellos se encuentran los problemas agrarios, de salud, educación, vivienda, justicia, pobreza extrema, desempleo, violencia comunitaria, etc., etc. A esos hay que agregarle los problemas actuales: crisis fiscal, endeudamiento público, restricción del gasto, ineficacia administrativa, corrupción, deficiencia de servicios, desconocimiento, improvisación de funcionarios, ocurrencias, impunidad,  insatisfacción ciudadana y la protesta de la población  migrante estacionada en los municipios fronterizos, que mantiene la esperanza de construir mejores condiciones de vida en los Estados Unidos

Los riesgos de gobernabilidad en la entidad no sólo son reales sino que los estamos viviendo a diario.  La cantidad de demandas de la población sobrepasan en mucho a la capacidad de respuesta del gobierno, que incrementa a diario su déficit en la capacidad de respuesta, debido a su falta de operación política y a su ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, que tiene paralizada las principales actividades económicas y no atiende con eficacia las demandas campesinas, aún y cuando haya disponibilidad de los recursos federales.

Los conflictos indígenas en Chenalhó, Aldama, Pantelhó, Oxchuc, Chilón, Tila y Chamula, hacen evidente que en el gobierno de Rutilio Escandón existe una grave ausencia del manejo de la situación política, que se complica por la indiferencia gubernamental y la ausencia de un programa de inversión pública en las comunidades.

Este escenario en la entidad muestra la debilidad de un gobierno, que por su falta de capacidad para construir acuerdos políticos, apuesta a la represión y a la violencia institucionalizada. En este sentido, el escenario político no puede ser más delicado, en donde se combinan el conflicto social con crisis económica, todo ello aderezado con un gabinete sin oficio y sin experiencia, que aún no se ha dado cuenta de las dimensiones de los problemas que tiene en jaque a la entidad.

Para mejorar la cara de esta situación, el gobierno requiere mejorar su operación política; hacer los cambios de gabinete con gente de mayor experiencia y capacidad y realizar inversiones inmediatas tanto en el campo como en las ciudades. El gobierno de Rutilio Escandón ya no puede seguir postergando un ejercicio eficaz del presupuesto público, ni debe continuar beneficiándose con las compras y con la asignación de obras a empresas de Puebla y Tabasco, y menos debe mantener los recursos públicos en el sistema de especulación financiera.

El desastre político y económico en la entidad, aderezado con el problema de los migrantes que está a punto de desbordarse, representa una amenaza para la seguridad nacional del país, situación que no pasa desapercibida para los organismos internacionales de derechos humanos, que tienen puesta su atención en Chiapas y que exigen la eliminación de la violencia  de los grupos policiales en contra de los migrantes, a quienes se les impide la libertad de tránsito.

En Chiapas los conflictos, la violencia y las protestas continúan en ascenso. El incremento de este malestar es síntoma de que prevalece una insatisfacción en la atención de las demandas ciudadanas; pero también significa una respuesta al incumplimiento de las expectativas en la mejora de las condiciones de vida, que fueron despertadas durante largos meses de campaña en el que prevaleció el discurso de la cuarta transformación y no se ve nada de este cambio en  la entidad.

Está claro que Gobernar no es lo mismo que hacer campaña. La diferencia más simple se sintetiza entre resolver problemáticas y demandas y ofrecer apoyos. Mientras para uno se requieren de recursos económicos y de establecimiento de prioridades, para lo otro es un ejercicio en donde sólo se requiere de lengua y saliva.

El gobernador Rutilio Escandón ya no debe continuar en una actitud de indiferencia. Eso le ocasiona costos políticos porque no realiza giras y en las pocas que realiza priva el engaño y la falsedad, como ha sucedido con la inauguración de obras inconclusas en Huixtla y San Cristóbal. Desafortunadamente, los políticos en la entidad se acostumbraron a inventar imágenes falsas de la  realidad y suelen construir escenarios de futuros fantasiosos y por lo consiguiente irreales.

En Chiapas, las condiciones de déficit fiscal que se tiene, convierten en un asunto por demás peligroso la sobrecarga de demandas de la ciudadanía. Por eso no es fortuito el incremento de la protesta, porque en distintos grupos de interés, se tiene lo suficientemente claro la incapacidad  de respuesta financiera y también política, que existe en el gobierno, debido a una aplicación mal entendida de la política de austeridad, en una sociedad donde las condiciones de pobreza y de falta de empleos indican que se requiere de una mayor inversión pública.

Junto a las dificultades financieras que padece el gobierno, se suma la ineficacia en la capacidad de respuesta de muchas dependencias públicas, que está ocasionando un subejercicio presupuestal, que afecta y dificulta la atención de las demandas y la relación con los gobernados. Cuando este subejercicio se haga público, el linchamiento al gobierno por parte de las organizaciones será inevitable y las presiones y los reclamos políticos continuarán con más agresividad, porque sólo  a un gobierno irresponsable, como el que se está viviendo, se le ocurre no ejercer el presupuesto

Lo inentendible de esta situación, es que el gobernador persista en mantener al mismo grupo de colaboradores cuando las circunstancias políticas y las consecuencias de la crisis sanitaria por el Covid 19 obligan a realizar con urgencia los cambios, no solo de funcionarios sino de políticas públicas encaminadas a la construcción de paz y a la gobernabilidad.

Las expectativas que se generaron con la propuesta de la transformación de Chiapas, disminuyeron considerablemente y cada vez hay mayor desesperanza en que se cumplan los compromisos de la campaña electoral.

La legitimidad política que obtuvo Rutilio Escandón es sólo un recuerdo, pues su nivel de aceptación lo tiene en el lugar 22 entre los gobernadores de la entidad, debido, sobre todo a la indiferencia en la atención de los problemas sociales. En contrasentido, la magnitud de estos problemas obliga a tomar decisiones rápidas y profundas, situación que contrasta con la actitud contemplativa que tiene todo su gabinete, en donde extrañamente no se toman decisiones para mejorar el gobierno.

En los últimos 20 años se heredaron problemas que no se atendieron ni resolvieron y ahora empiezan a estallar como si estuvieran programados a través de una secuencia debidamente organizada. A partir de la rebelión indígena zapatista, se evidenció el agotamiento de un régimen político chiapaneco, fundado en la exclusión y la desigualdad social, que ya no daba para más. En esa crisis, que afectó a todo el sistema político del país, se tomaron decisiones como la renuncia del gobernador Eduardo Robledo Rincón, quien sólo tenía 60 días en el cargo. A éste le sucedieron dos gobiernos interinos: el de Julio César Ruíz Ferro, destituido por la matanza de Acteal y el de Roberto Albores Guillén, a quien le tocó entregarle, el gobierno a Pablo Salazar Mendiguchía, en un proceso en el que se sospecha fue negociado desde la presidencia de la república en el que a Roberto Albores le correspondió cargar con la derrota del PRI.  

La responsabilidad histórica del gobierno de Pablo Salazar era la construcción de una nueva clase política en la entidad, que fuera capaz de sustituir al grupo gobernante ligado al PRI, pero este compromiso no lo pudo cumplir Pablo Salazar y la terminó entregando el poder a los cachorros del PRI – Juan Sabines, Manuel Velasco y Zoé Robledo-, quienes carecen de ideología y de escrúpulos y se disfrazan de cualquier color de acuerdo a las conveniencias.

La suma de costos, de equivocaciones políticas y daños económicos son incalculables para Chiapas, que padece un alto deterioro de sus condiciones sociales, alcanzando niveles de pobreza alarmantes y limitando las posibilidades de gobernabilidad, a punto tal que Chiapas es hoy una bomba de tiempo.   

El gobierno de Juan Sabines fue de mitos, alucinaciones y derroches, que a través de costosas campañas mediáticas se vendía la idea de progreso y buen gobierno, que se derrumbaron estrepitosamente cuando dejó la gubernatura. Pero la desgracia de Chiapas continuó con el ascenso de Manuel Velasco, que produjo sus propias fantasías y se inventó un Chiapas imaginario, que poco o nada tenía que ver con el Chiapas real, que requería de toma de decisiones y de un buen gobierno. Lo que sucedió fue el surgimiento de un gobierno de indiferencia, despilfarro, de engaño e incumplimientos. Pero los males de Chiapas se acentúan con el gobierno de Rutilio Escandón, que perfeccionó la indiferencia, a punto tal que considera que gobernar resulta irrelevante.

Lo común de estos tres sexenios gobernadores, es que cada uno de ellos desperdició las oportunidades políticas-financieras, para construir un Chiapas mejor, a partir del incremento de las aportaciones federales, que esos gobiernos han tenido. El futuro de Chiapas es poco halagüeño. Los problemas están resultando demasiado grandes y se corre el riesgo de un recrudecimiento de la violencia en varios puntos de la entidad, sobre todo en las comunidades indígenas, que están a la espera de la atención de los problemas que se hicieron públicos hace 27 años con el levantamiento armado zapatista.

A finales del tercer año de la administración, el gobierno de Rutilio Escandón enfrenta los cuestionamientos más severos hasta estos momentos, debido fundamentalmente a la ausencia de plan de gobierno; a la carencia de un gabinete eficaz; al encubrimiento de funcionarios de los gobiernos anteriores, donde funcionarios de Juan Sabines y Manuel Velasco se enriquecieron e inexplicablemente continúan en libertad en el goce de su riqueza mal habida; en la poca inversión de recursos públicos, que tiene paralizada las actividades económicas; en el desaseo en el manejo del movimiento magisterial, que en el corto plazo amenaza con movilizaciones, sin visos de solución, en la desatención de los problemas de la entidad y en la permisibilidad al adelanto de campañas políticas en donde Zoé Robledo aparece con la venia presidencial, lo que provoca un debilitamiento mayor en el ejercicio político del actual gobierno.

Ante esta situación, distintas voces han señalado la urgencia de un golpe de timón en la política del Estado, en el que exista una voluntad manifiesta de construir gobierno. Esto no es una demanda oficiosa. Ni un argumento maniqueo que busca fastidiar a los funcionarios. En realidad, esta solicitud de cambios en la política, con frecuencia se convierte en la plática cotidiana de los lugares públicos y privados. Y con sorpresa se insiste en repetir la cantaleta de que en Chiapas no pasa nada.

Pero lo verdaderamente preocupante es que en Chiapas sí pasan cosas; todos los días vemos cómo la pobreza se incrementa y se vuelve más difícil mantener los estándares de vida de la gente; Aparte de que la inseguridad, el cierre de carreteras, las marchas, plantones y manifestaciones se han convertido en parte del folcklor chiapaneco, que acompaña los matices del paisaje de la localidad.

Mantener el estado actual de cosas, puede ocasionar la agudización de la crisis económica y política en la entidad, sobre todo porque existen intereses mezquinos en exgobernadores, que están viendo la oportunidad de reposicionarse y volver a establecer  antiguos cacicazgos, ya sea a través de sus cachorros o bien a través de alguno de sus leales.

El golpe de timón es necesario, porque eso significa la recuperación y el ejercicio del poder, que en este momento se encuentra diluido. Pero más que nada, significa la señal inequívoca de que entró en acción el Estado. Por lo mismo, se re   quiere aprovechar todas las potencialidades de Chiapas para fomentar el empleo y reactivar las actividades económicas.

A principios del año 2013, el Bloque Democrático ganó el Comité Ejecutivo de la Sección 7 del magisterio y lo hizo a contracorriente, pues el grupo ligado a la Maestra Elba Esther Gordillo operaba con el gobierno de Manuel Velasco para continuar con una dirigencia que representara el oficialismo. En este sentido, el triunfo del Bloque era poco previsible, pues las condiciones les eran adversas, con un proceso viciado por las prácticas clientelares al interior del sindicato, en el que los votos de los delegados son comprados o bien los delegados son hospedados en los mejores hoteles con apoyos económicos.

Sin embargo, las estrategias para evitar la victoria del Bloque fallaron. De nada sirvió el uso de la fuerza pública el día en que se celebraba el Congreso en las instalaciones del polifórum. De nada sirvió que se acuartelaran a los Delegados sindicales en hoteles en esta ciudad capital, con todos los gastos pagados para asegurar el triunfo, en el que los Elbistas los reunían y tiraban línea. De nada sirvió el uso dispendioso de los recursos y las promesas realizadas a los Delegados, para garantizar los votos necesarios. Finalmente, el Bloque obtuvo el triunfo y demostró ser en ese momento la corriente hegemónica del sindicato en Chiapas y hoy se encuentra constituido como la fuerza dominante del Comité Ejecutivo Sindical de la sección 7.

La elección del Comité de la sección 7 representaba para el gobierno de Manuel Velasco la tranquilidad o la movilización, y las instrucciones de la federación fueron impedir el ascenso de la CNTE, pues ellos representaban el rechazo a la reforma educativa que se estaba cocinando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como finalmente sucedió. En agosto del 2013, el ciclo escolar inició con un largo movimiento magisterial y cada año las movilizaciones se repitieron con protestas que llegaron a durar hasta  tres meses, poniendo en jaque el débil gobierno de Manuel Velasco, quien ahora se le señala de estar promoviendo las protestas, cuando los maestros no necesitan de personajes caguencles para protestar.

Esto es importante señalarlo, porque a partir de la falsedad del dicho del presidente López Obrador, que inventó una alianza de la CNTE con el exgobernador, se viene promoviendo una campaña mediática en contra de los maestros, para contraponerlos con los padres de familia y justificar las órdenes de aprehensión que el gobierno quiere emprender en contra de la dirigencia.

Probablemente los métodos de lucha empleados por el magisterio no son los más adecuados. Seguramente existe el malestar ciudadano cuando se ven afectados por las marchas y plantones que desquician el tráfico. Quizás a los maestros no les asiste la razón para realizar protestas, cuando existe una urgente necesidad de mejorar los resultados escolares y de mejorar la calidad educativa en la entidad y en el país. También se puede estar de acuerdo con el señalamiento de que algunos profesores no tienen las competencias básicas para desempeñar su profesión y que con su trabajo afectan el futuro de los niños. Sin embargo, lo que resulta inobjetable, es que el gremio magisterial tiene el pleno derecho para protestar si se sienten vulnerados por decisiones de la autoridad. Y eso es lo que están haciendo. Defendiendo sus derechos en contra de las malas decisiones del gobierno que mantiene de la supuesta derogada reforma educativa, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que no fomenta el crecimiento profesional de los maestros y sí la segregación.

Pero también protestan por la decisión del gobernador Rutilio Escandón, quien con un ilegal decreto canceló y prohibió la Caja de Ahorro y con ello los miles de préstamos a una tasa del 6% anual, que los profesores realizaban para atender sus diversas necesidades. Los recursos de esta Caja de Ahorro son de los propios socios que participan en ella, en el que se les descuenta el 2% de su salario quincenal y que hoy no pueden obtener los beneficios que generan sus propios ahorros.

Por esta arbitrariedad, la movilización de los maestros es legítima ya que el gobierno de Rutilio tiene secuestrada la Caja de Ahorro, y eso es lo que los maestros buscaron explicar al presidente, pero en lugar de ser escuchados fueron acusados de conspirar en contra del gobierno, en el que se obvió decir que la razón jurídica les asiste a los maestros.

La administración de Rutilio Escandón se caracteriza por la falta de plan de gobierno, la ausencia de gabinete y por la indiferencia manifiesta del gobernador ante los problemas sociales de la entidad. Esto ha provocado constantes señalamientos a la falta de gobierno en Chiapas y que los conflictos y la violencia hayan crecido de una manera alarmante, sin que eso preocupe a las autoridades, que terminó construyendo un discurso que relaciona a los problemas y conflictos sociales con acciones de conspiración.

Y cada vez que se presentan situaciones graves que alteran el orden, se filtra de inmediato en los medios y redes sociales que todo se debe a las acciones de conspiración. Así sucedió con los sucesos violentos en el municipio de Venustiano Carranza; con  el asesinato del hijo del “Tío Gil”; con las movilizaciones de los estudiantes de Mactumactzá; con el surgimiento del grupo de autodefensa  “El Machete” en el municipio de Pantelhó; con el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez en Simojovel y con las movilizaciones de los maestros en la gira del presidente en Chiapas del fin de semana.

El discurso de la conspiración busca encubrir la incapacidad del gobernador para construir gobierno en Chiapas. Pero al mismo tiempo le permite inventar enemigos y señalarlos como responsables de los problemas y conflictos de la entidad. Esta maniobra le redituó beneficios a Rutilio Escandón, pues recibió el espaldarazo del presidente, quien insinuó que Manuel Velasco propició los actos para poner en mal al gobernador con la ayuda de los maestros.

Este señalamiento del presidente muestra la ligereza de sus expresiones para propiciar linchamientos mediáticos, pues la tinta corrió para culpar al exgobernador de los malos resultados de Rutilio, ocultando que la ineficacia del gobierno es real y que no hay resultados del trabajo realizado.

Ojalá y fuera cierta la ruptura de López Obrador y Manuel Velasco, porque entonces se conocería cuántos recursos del erario de Chiapas fueron transferidos para subvencionar la campaña del ahora presidente.  Se conocería a dónde fueron a parar los recursos de la estafa maestra de la UNACH y de la Universidad Politécnica. Se haría público cuántos recursos de la UNACH fueron transferidos a la campaña de Morena.

Sin embargo, el gobernador Rutilio Escandón no hizo buenos cálculos al meterse con los profesores de la CNTE, que históricamente a partir de de septiembre de 1979 han sido opositores a todos los gobiernos de la entidad y en innumerables ocasiones maestros  han sido reprimidos, encarcelados y asesinados  y pese a ello, el movimiento magisterial  se mantiene vivo. Por eso, es previsible una andanada de agresiones y órdenes de aprehensión en contra de los líderes del magisterio, que van a responder como lo han hecho en los últimos 40 años, con la movilización, el cierre de carreteras y los plantones en el centro de Tuxtla. Los malos cálculos del gobernador les brinda el pretexto a los maestros para continuar con su lucha y las movilizaciones.  

A tres meses de cumplir la mitad del período de gestión por el que fue electo, el  gobernador Rutilio Escandón no ha sabido jugar con la responsabilidad histórica de mejorar las condiciones sociales de la población ni con la transformación del Estado  y, hasta ahora,  le está quedando a deber a Chiapas, aún y con el respaldo manifiesto que tiene de la presidencia de la república.

Los resultados de su gobierno indican que no es suficiente contar con el respaldo presidencial, si éste no viene acompañado con ideas y programas de gobierno, aspectos de los que carece el gobierno en Chiapas, por eso su ausencia de resultados positivos, a punto tal que llevaron al presidente a inaugurar las instalaciones del IMSS, que fue construido por el anterior gobierno y que viene funcionando desde hace 18 meses.

Su incapacidad de gobierno y la falta de diálogo para construir acuerdos políticos, lo ha llevado a la confrontación y distanciamiento  con organizaciones sociales y sindicatos, que en su momento fueron aliadas del presidente y de Morena y que lo llevaron al triunfo de la gubernatura. Este es el caso del sindicato de maestros y el sindicato del sector salud, que mantienen un constante enfrentamiento con el gobierno estatal, debido a la falta de cumplimiento de acuerdos y al rechazo del discurso ficción que utiliza Rutilio Escandón, en el manejo de los datos de contagios y fallecimientos del Covid 19 y ahora en la información falsa que vertió sobre el número de escuelas que iniciaron clases presenciales.

La mitomanía del gobernador raya en la enfermedad; manifiesta que las escuelas están listas para el inicio de clases y es falso pues no se garantizan condiciones seguras en ninguna de las escuelas en Chiapas. En su discurso menciona que los padres de familia participaron en las labores de limpieza de las escuelas y es falso, en la escuela donde se dio el inicio de clases fue acondicionada por la secretaría de educación con el fin de tenerla lista para el show del gobernador. Habla de 19 mil escuelas en actividades presenciales y es falso, la inmensa mayoría de las escuelas continúan sin clases presenciales. El gobernador pretende constituirse en vanguardia de clases presenciales y en el combate al Covid, pero en realidad lo que se reportan son mentiras.

Rutilio Escandón imita al gobierno de Juan Sabines, que construyó grandes historias de falsedad: el biodiesel, las ciudades rurales, el cumplimiento de los objetivos del milenio y el combate a la pobreza, todas estas acciones resultaron puras mentiras, en el que se hicieron montajes mediáticos con el fin de vender las ficciones oficiales. Así está el gobierno de Rutilio, construyendo mentiras ante la ineptitud de construir gobierno. El extremo de las falsedades de Rutilio Escandón fue el de construir el escenario de la conspiración en contra de su gobierno, cuando en realidad lo que existe es una desatención de un gobierno que resulta a todas luces disfuncional. 

Un político que le ha hecho mucho daño a Chiapas es el presidente  Andrés Manuel López Obrador. Él es corresponsable de los 15 años ininterrumpidos de malos gobiernos en la entidad. Él puso a Juan Sabines Guerrero como gobernador, con las consecuencias  funestas que esta decisión provocó en la entidad, que le robó el futuro y la esperanza a más de dos millones de niños y adolescentes, con el pago de una deuda impagable, en el que se destinan seis millones de pesos diarios para el pago de intereses.

López Obrador mantuvo siempre  una complicidad con el gobierno de Manuel Velasco Coello, del que ahora cada vez se obtienen más evidencias de que financiaba su campaña con recursos públicos del Estado, a punto tal de que el exgobernador recibió como pago una senaduría, a pesar de las prohibiciones contempladas al respecto en la Constitución. De igual manera, AMLO puso como candidato a la gubernatura a Rutilio Escandón, quien no ha podido construir un gobierno en la entidad y le da un espaldarazo en el evento de ayer en Tapachula, a pesar de las notorias evidencias del caos en la entidad,  que demuestran que Rutilio  no puede ser el gobernador.

Pero los daños provocados por el presidente de la república en Tapachula son mayúsculos y criminales. Por un lado canceló el programa de desarrollo de la región implementado por Peña Nieto, las Zonas económicas especiales, y no propuso ningún proyecto alternativo que lo sustituyera. Por el otro, provocó la peor crisis humanitaria en la región, al estimular primero la migración Centroamericana y cuando el presidente Norteamericano Donald Trump le somató el escritorio, se estableció un retén en la ciudad para evitar la migración internacional hacia los Estados Unidos. Hoy día hay cerca de 100 mil migrantes en la franja fronteriza, sin que el Estado meicano defina una política pública para atender esta situación.

Para colmo de males, López Obrador manda señales adelantadas para la sucesión en Chiapas y muestra a Zoé Robledo como el elegido, a pesar del cúmulo de denuncias de corrupción que hay en el IMSS, en donde se ha señalado, que el que decide las compras y las asignaciones de contratos en esa dependencia es Gabino Robledo, hermano de Zoé.    

Zoé Robledo es hijo de Eduardo Robledo, quien fuera gobernador constitucional de Chiapas, pero su gestión solo duró 60 días. Se comenta que él supo que su gobierno era insostenible, y un día antes de su salida ordenó que se retiraran de los bancos los fondos de la administración pública y todo ese recurso se lo llevó. En un  día saqueó a Chiapas y ahora lo quieren volver a saquear con su hijo.

Zoé debe su carrera a Juan Sabines, y como diputado local fue cómplice en la autorización de los préstamos con que Chiapas fue endeudado. Lo grave de esto, es que muchos de estos préstamos se otorgaron violando los términos de la Constitución que señala que deben ser para una inversión productiva, y el propio Sabines, al término del mandato de Manuel Velasco, hizo público que la deuda se utilizó para el pago de nómina y para la reconstrucción de los daños provocados por el Stan, que son pruebas de las irregularidades cometidas en esos préstamos, en donde Zoé Robledo fue un actor protagónico, y ahora se apresta a tomar por asalto los recursos de Chiapas para imitar a su padre con el saqueo de Chiapas.

Una situación recurrente en los gobernadores de Chiapas es soñar con la idea de la incorporación al gabinete presidencial e inclusive pagan inserciones para que su nombre sea manejado para ocupar distintos cargos. Quienes sí lo lograron son don Jorge de la Vega, que fue incorporado por el presidente José López Portillo como secretario de industria y comercio, así como don Patrocinio González Garrido, quien ocupó la secretaría de gobernación con el presidente Carlos Salinas de Gortari.

En el gobierno de Vicente Fox, el nombre de Pablo Salazar se mencionó varias veces para ocupar una secretaría, y cuando se acercaba la sucesión se llegó a señalar que ocuparía la secretaría de gobernación en lugar de Santiago Creel, al que muchos le auguraban ser el candidato a la presidencia y terminó siendo candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Lo mismo sucedió con Juan Sabines, quien no tuvo límites para promocionarse en los medios nacionales y se llegó a mencionar que sería incorporado al gabinete de Felipe Calderón como secretario de desarrollo social.

Con Manuel Velasco sucedió lo mismo. En varias ocasiones se creó la burbuja que anunciaba su incorporación al gabinete, algo que finalmente no se dio, pero sí se convirtió en senador. Lo paradójico es que en la prensa nacional, que suele especular sobre los cambios, se menciona la incorporación de Rutilio Escandón al gabinete, hay quienes lo ubican en la secretaría del bienestar y otros en la Comisión Federal de Electricidad.

Este cambio sería beneficioso para la entidad, pues se abriría la posibilidad de construir gobierno y privilegiar la vida política, algo inexistente en lo que va de esta administración, pues tempranamente  el gobernador abandonó la oportunidad de cumplir con los compromisos de la transformación y de realizar un buen gobierno…

Ayer muy orondo el gobernador señalaba de una inversión de 30 mil millones de pesos por parte del gobierno federal para Chiapas. Pero fundamentalmente, el problema de Chiapas no es de dinero sino de la ausencia de programas. Para qué proyectos se requiere el dinero, si no se tiene claro hacia qué proyecto de inversión se va a canalizar ese recurso y cuál es el impacto que se espera alcanzar.

En lo que va de este Siglo XXI se ha destinado un presupuesto de un billón 200 mil millones de pesos y el rostro de pobreza en Chiapas no ha mejorado. De allí que presumir una inversión como la que supuestamente se destinó para Chiapas representa más de lo mismo: despilfarro y ausencia de planeación.

El Presidente de la República está de gira por dos días en Chiapas, en un momento en que la entidad se encuentra al borde del colapso y con evidencias claras que muestran que la transformación que  ofreció no camina. Las condiciones sociales de Chiapas están hoy peor que nunca. Sin gobierno, sin agenda pública, sin programas de desarrollo, con una corrupción igual o mayor que en los gobiernos anteriores, con una caída en la producción de maíz, con mucha indiferencia del gobernador, que llegó a la conclusión de que los problemas ya estaban antes de que él fuera el gobernador y considera irrelevante gobernar.

El gobierno en Chiapas perdió legitimidad y no hay esfuerzo alguno para construir consensos, lo que implica que se prescindió de la negociación, en circunstancias de incremento de la violencia con la protesta social a la alza y con un movimiento magisterial que se encuentra en pié de lucha. Todo ello se debe fundamentalmente a que en Chiapas se abandonó la vía política como la opción de gobierno.

Dentro del discurso del gobernador se escucha reiteradamente la lucha contra la corrupción y se menciona la política de la 4t, pero sobre la base de los hechos no hay resultados ni de una ni de la otra y la muestra más clara del caos se encuentra en el municipio de Carranza, lugar donde nació, que no tiene gobierno municipal, en donde no hubo elecciones y donde prácticamente es imposible instaurar un gobierno por la vía democrática.

La economía en Chiapas está hecha trizas, sus dos pilares importantes; la producción agrícola y el turismo están en crisis, con una población en 75 % en pobreza, sin posibilidades de abandonar esta condición simplemente porque no se genera empleos y con serios problemas provocados por la migración internacional, en los municipios de la frontera sur. Lo inadmisible es que frente a esta situación, que dificulta la viabilidad de construir gobierno, el gobernador decide cancelar la vía política y con ello, pone en riesgo la gobernabilidad democrática del proyecto presidencial, pues las condiciones de violencia en Chiapas y la porosidad de su frontera representan un problema de seguridad nacional, que prende la alarma en los Estados Unidos, debido a sus políticas de combate al terrorismo.

Los problemas de Chiapas son un asunto serio y desafortunadamente no existe una atención debida por el gobierno federal, que minimiza los daños que se pueden sufrir por una escalada de violencia que derive en una masacre. La frontera sur está abandonada y colapsada por la ausencia de políticas migratorias que provoca que miles de haitianos, africanos, cubanos y centroamericanos, se posesionen de las calles de Tapachula sin ninguna medida sanitaria que proteja la salud de la población.

Se requiere urgentemente de decisiones políticas. Políticas de seguridad, políticas de gobernabilidad, políticas de fomento a la producción y el empleo, políticas de inversión, políticas para reducir la pobreza y políticas para construir el consenso. Nada de esto es preocupación de la autoridad local, que considera que todo esto es irrelevante.

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