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07
Wed, Dec
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En el evento organizado por el canciller Marcelo Ebrard, en donde integró su estructura territorial en cada uno de los 300 distritos electorales apareció la figura del exgobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero, quien en los hechos es un subordinado del canciller, al desempeñar el cargo de cónsul en Florida, y quien es responsable de un millonario endeudamiento de la entidad, que canceló el futuro de miles de niños, niñas y adolescentes, que ocasiona un pago de seis millones de pesos diarios, y cuyos préstamos fueron autorizados por el Congreso Local al margen de la Constitución, lo que significa que la presencia  del exgobernador chiapaneco en las filas y pretensiones de Marcelo Ebrard, es una suma que resta.

A la fecha, se desconoce a dónde fueron a parar los 20 mil millones de pesos que fueron autorizados como préstamos. Al inicio de este gobierno, Juan Sabines decidió atacar al gobierno de Manuel Velasco, que encubrió plenamente los derroches, la corrupción y el desorden financiero de Sabines, pero éste consideró que se le había atacado y desprestigiado, y publicó sus argumentos que pretendían justificar el endeudamiento, en ese documento señaló que parte de la deuda su utilizó para pagar los daños ocasionados por el huracán Stan y para salarios, lo que evidenció la ilegalidad de los préstamos, razón por la cual el gobierno de Rutilio Escandón le debió de abrir la investigación correspondiente, no por los delitos administrativos que están prescritos pero si por fraude que está vigente.

En las reglas no escritas del sistema político mexicano, el castigo a un gobernador o a un exgobernador tiene que estar autorizado por el presidente de la república, por eso no hay sanciones a muchos exgobernadores, que aunque puedan comprobarse los delitos, se requiere la anuencia del presidente en turno para procesarlo. Esto significa que Juan Sabines tuvo el respaldo de Enrique Peña Nieto y obviamente la protección de Andrés Manuel López Obrador, quien lo terminó ratificando como cónsul en Florida.

El daño patrimonial a Chiapas y a cientos de constructores y prestadores de servicio, a quienes no se les pagó los contratos en el gobierno de Sabines, debe de ser investigado. Para eso es necesario que se forme una Comisión de la Verdad, que esclarezca los destinos de los préstamos y el impacto social que se produjo al contraer esa deuda pública. Sobre todo, porque Sabines pretende regresar a la vida política, inclusive promover a sus hijos, en donde uno de ellos ya concluyó una licenciatura en la UNACH, realizada en los programas a distancia, pero más, porque un corresponsable de esa deuda pública, Zoé Robledo, pretende ser gobernador de Chiapas.

En Chiapas, más allá de cualquier fobia, los habitantes de la entidad tienen el derecho de saber la verdad de cómo, por qué y para qué, se contrajo una deuda de miles de millones de pesos que no sólo empobreció más a Chiapas sino que la condenó a un pago de seis millones de pesos diarios durante 30 años.

El derecho a la verdad es un derecho humano y por lo tanto es imprescriptible.

En el régimen político mexicano la conclusión del cuarto año de gobierno representa el principio del final de ese gobierno. Eso significa el declive de la presencia del presidente de la república y el fortalecimiento de la imagen de quien se perfile como el sucesor o sucesora. Esto resulta claro en el gobierno obradorista, en donde los aspirantes a la república fortalecen las estrategias de campaña para obtener el beneficio de la candidatura y empiezan a copar la incidencia de su presencia en las noticias y los medios.

Por ejemplo, Claudia Sheinbaum tapizó el país con espectaculares y pintas de barda con su nombre. Adán Augusto López, realizó una gira en el país promoviendo la aprobación de los Congresos estatales la reforma que militariza el país. Ricardo Monreal, un día antes de la marcha convocada por el presidente, en la Arena México convocó a sus seguidores y expuso su plan de reconciliación, en un momento en que desde las conferencias mañaneras se apuesta a la división y a la cultura del odio. Marcelo Ebrard, el pasado fin de semana convocó a su estructura y conformó su representación en cada uno de los distritos electorales del país.

Sin embargo, hay que aclarar que el viejo régimen político del PRI no se ha extinguido, pero si ha sufrido cambios; uno de ellos, que puede resultar explosivo, es que se acabó con la disciplina partidista, lo que significa que en la sucesión presidencial la facultad de decisión del presidente puede ser cuestionada, y eso es lo que sucede con las acciones emprendidas por Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, que en un discurso dentro de la idea de la transformación, apuestan a una definición por la vía democrática y no a una imposición del presidente.

La disciplina partidista es lo que permitió que el régimen del PRI se prolongara por décadas en el poder; pero eso se acabó, y ahora la ausencia de disciplina política es lo que puede ocasionar la ruptura al interior del partido Morena, como sucedió en 1988 en el PRI, cuando un grupo de priistas distinguidos fue orillado a la expulsión, y con ello se vivió la ruptura y la posibilidad de la derrota del PRI, que hasta en ese momento era prácticamente invencible.

Con la ausencia de la disciplina partidista, las formas políticas cambiaron mucho. Sobre todo, que al final del gobierno se puede retar al presidente. Así sucedió cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo retaron a Miguel de la Madrid y esta historia se repitió cuando Felipe Calderón retó a Vicente Fox y ganó la candidatura del PAN y la presidencia de la república, sin tener los afectos del presidente.

En el escenario político actual, Ricardo Monreal abrió sus cartas y señaló que él va a estar en las boletas electorales para presidente y, a su vez, Marcelo Ebrard decidió mover sus piezas y jugar su última oportunidad para ser presidente de la república. Todo esto dentro de un aprendizaje histórico, que muestra que la disciplina permitió la continuidad del régimen y la indisciplina produjo su ruptura.

En cuatro años de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado mantener un nivel de aceptación del 55%, aún y cuando las calificaciones a las acciones concretas de gobierno, seguridad, combate a la pobreza, creación de empleos, etc., son menores. En este gobierno se continuó con el desmantelamiento de los cimientos simbólicos que le daban sentido al estado-nación. El régimen político, tal y como lo conocemos, surgió de la Revolución Mexicana. De allí se constituyó el espíritu fundante de la nación, que permitió constituir una política de masas en torno al reparto agrario, a las leyes laborales, a la propiedad de la nación de todos los recursos naturales del subsuelo, a la expropiación petrolera, a la energía eléctrica; con López Obrador se busca crear el espíritu fundante del régimen en el Juarismo, en la restauración de la república y en la derrota del movimiento conservador.

En estos cuatro años se ha pretendido acabar con la visión neoliberal que se posicionó en el régimen del PRI después de la crisis petrolera de 1982. Sin embargo, los principios neoliberales como el de la austeridad se continúan aplicando y  se logró fue el triunfo de los intereses privados sobre el interés de la nación, en donde se terminó imponiendo una visión económica sobre la estructura política del estado y se financiaron obras, que en este momento, hay indicios claros de que no son la panacea de la solución de los problemas.

El presidente en el discurso de la marcha del 27 de noviembre presumió los logros de sus reformas, pero éstos, en caso de ser ciertos, pues hay muchos cuestionamientos a esos logros,  difícilmente se pueden traducir en beneficios directos a la población. Sobre todo, porque no hay crecimiento económico, no hay creación de empleo, el bienestar ha sido solo un discurso que no está acompañada en calidad de vida, la estrategia de seguridad ha sido un fracaso, la reforma educativa implementada no aborda los aspectos centrales para mejorar los resultados de la educación, no se mejoró en condiciones competitivas en el mercado internacional, la creación de las universidades Benito Juárez son un desastre; pero todo esto se diluye con la entrega de más de 350 mil millones de pesos en programas sociales que se entregan a 25 millones de personas, que más que una adecuada política social se convirtió en un acertado programa electoral del gobierno, que ha generado falsas expectativas y de movilidad social, que han servido de contención a la protesta social.

Las expectativas de un mejor futuro para el país aún se encuentran en dudas, en el que se vende la idea de la transformación del país a través de una eficiente campaña de publicidad, que mantiene la imagen del presidente ores económicos, muy alejados de la promesa de crecimiento al 6% anual que fueron prometidos.

El proyecto de la democracia se enriquece a través de la participación, reflexión y buen juicio de los ciudadanos en la solución de los asuntos públicos. En este sentido, la democracia implica tener ciudadanos educados, que identifiquen con claridad, que el rumbo más conveniente para la convivencia social es el de mantener la prioridad del bien común por encima de las pasiones e intereses personales.

En la democracia representativa, la responsabilidad del fortalecimiento de la vida democrática se ha dejado en las manos de los partidos. Desafortunadamente, los partidos políticos en México y particularmente en Chiapas, viven una crisis severa, que prácticamente desaparecieron y no son opciones políticas; hoy día  ninguno de los partidos representa los intereses y las demandas de la ciudadanía y aquí está incluido el partido gobernante Morena.

En mucho la fragilidad de la democracia en la entidad, está generada por la pobre participación política de la población y más porque en los procesos electorales se pervirtió el sufragio, a partir del desarrollo de mecanismos de inducción,  compra y corporatización del voto. En este sentido las posibilidades de construcción de nuevas ciudadanías están limitadas y se debe fundamentalmente a que la venta del voto conlleva a una situación de pérdida de derechos y de libertad de la población, en virtud de que se abre paso a la formación de gobiernos autoritarios y sin compromisos sociales, situación que reproduce violaciones sistemáticas a derechos humanos y a la integración de gobiernos excluyentes.

El fortalecimiento de la vida democrática depende fundamentalmente de la calidad en la participación política de la ciudadanía, de allí que, el cierre o disminución de la participación ciudadana debilita y pone en riesgo cualquier proyecto democrático, debido a que no puede existir democracia sin ciudadanos. De allí que la disminución de la participación ciudadana y el deterioro que se vive de los partidos políticos, socava a la democracia, y más como sucede en Chiapas, en donde las dirigencias y un sector importante de los militantes del partido terminaron doblegados al ejercicio del poder de los gobernantes y con ello se desnaturalizó el papel de la política y de la misma participación ciudadana.

Una consecuencia extrema de este proceso son los gobiernos desafortunados en los últimos 16 años, que en apariencia se constituyeron con apoyo popular, pero que convirtieron sus propios intereses privados en acciones de gobierno, y tomaron malas decisiones o dejaron de gobernar afectando directamente el interés público. Los riesgos del debilitamiento de la participación política, del entreguismo de los partidos y de la compra e inducción del voto, es que en las elecciones del año 2024, se vuelva a elegir a un mal gobernante, que agudizaría la crisis social que existe en Chiapas, sobre todo, porque desde el centro del país se pretende imponer nuevamente un gobernador, como ha sucedido siempre en la vida política de la entidad, que ha sido gobernada por extraños y desnaturalizados de Chiapas.

La Región de los Altos cada vez presenta cada vez mayores dificultades de gobernabilidad y no se percibe que alguna instancia del gobierno estatal o federal esté atendiendo las distintas problemáticas que allí se viven a diario.

Los mayores rezagos en el Índice de Desarrollo Humano en la entidad se encuentran en los municipios indígenas que conforman esa región. Allí se vive una crisis de legitimidad y una pobreza extrema. El suelo es poco apto para el desarrollo de actividades agrícolas y existe un proceso de desertificación del suelo, con un deterioro ambiental alarmante.

La cabecera de esa región es la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que vive su propio drama político, debido al crecimiento de organizaciones de la delincuencia organizada y al abandono gubernamental, en donde la presidencia municipal tiene abierto varios frentes de lucha, entre ellos  asuntos que no son de su competencia, como son los efectos del desplazamiento forzado o la migración interna e internacional que se vive en SCLC. Lo sintomático de todo este territorio es que se encuentra abandonado y, peor aún, con una gran polarización, que los problemas y enfrentamientos entre los grupos y entre las comunidades surgen por distintos lados y muchos de ellos entrelazados con los intereses de la delincuencia organizada.

Esto debería obligar al gobierno estatal y federal a prestar una mayor atención a toda esa área de influencia, con el fin de contrarrestar cualquier potencial de conflicto radical y evitar la ruptura del orden social. Sin embargo hay muestras de desentendimiento gubernamental y de desconocimiento de lo conflictivo que resulta ese territorio; en donde hay pugnas intercomunitarias, paramilitares, conflictos religiosos, grupos de desplazados, migración, problemas de límites territoriales, presencia de grupos de delincuencia organizada, todo ello rodeado por las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad social.

Sorprende que la crisis de gobernabilidad en ese territorio no sea preocupación del gobierno, aún y cuando los conflictos ocasionados por los paramilitares de Chenalhó y Pantelhó no dejan de representar riesgos para la seguridad nacional. Históricamente la ciudad de San Cristóbal de las Casas ha sido cuna e instigadora, de los movimientos sociales más relevantes en la entidad. Así fue en la rebelión indígena tseltal de 1712; en el movimiento tsotsil de 1868; en el conflicto por el control de la capital del Estado en contra de Tuxtla Gutiérrez en 1911; en el movimiento de defensa del orden institucional encabezado por los finqueros y rancheros en contra del Ejército Constitucionalista en 1914-1920, en donde SCLC conformó su propia división bajo el mando del general Alberto Pineda; y últimamente con el movimiento zapatista de 1994.

A partir de esta trayectoria histórica de los movimientos sociales en la entidad, se puede prever, que si en el futuro se llegara a presentar un nuevo movimiento social, la tendencia nos indica que sería en el territorio de influencia que ejerce la ciudad de San Cristóbal.

Esto no puede perderse de vista, en virtud de que las posibilidades de construir consensos para la gobernabilidad en SCLC están rotas, debido sobre todo a la impericia mostrada por el gobierno de Rutilio Escandón, quien con un indiferencia tolera y fomenta que se agudicen los problemas de la región, particularmente en SCLC, esto aún y con la presencia de la Guardia Nacional.

La acción política convierte a los individuos en personas deliberantes, capaces de elegir con responsabilidad y en libertad. La política, en este sentido, no acepta pasiva y ciegamente lo que ya está allí, lo que fue instituido, sino que lo vuelve a cuestionar. La política es una creación del mundo griego y es entendida como el cuestionamiento lúcido, explícito e ilimitado del orden establecido, que pone en tela de juicio a la ley, al mito de los Dioses  y el ejercicio del poder. Al momento de crearse la política, nace la libertad efectiva y con ello se vuelve ilimitada la fuente de cuestionamiento del estado de las cosas; en donde todo aquello que asegura la continuidad y la reproducción de la sociedad es puesto en duda, lo que permite la interrogación, de si la ley es justa, si los dioses son falsos o si el gobierno es malo.

La transformación de la sociedad entre los griegos, se debió al desarrollo de la filosofía, que permitió el florecimiento y la renovación del pensamiento y a la creación de la política, que permitió no sólo cuestionar a las instituciones sino transformarlas, aspectos que produjeron la construcción de una sociedad nueva y diferente; inédita hasta ese momento en el mundo antiguo.

Esta visión de la política, que fue capaz de construir un mundo nuevo -y que de la misma forma fue recreada en el período del renacimiento y su onda expansiva llegó hasta el siglo de las luces que dio forma al Estado moderno-, fue transformada radicalmente por los pragmáticos, que la convirtieron en show, en campañas publicitarias y en mediciones de la popularidad de los políticos.

La política ha sido pervertida y secuestrada por el pragmatismo, más interesada en ganar elecciones que en construir el bien común. Por el predominio del pragmatismo, en la sociedad actual no se promueve el cuestionamiento ni la reflexión ni la libertad en la deliberación del ciudadano, porque eso pone en riesgo la continuidad y la reproducción de la sociedad de individuos conformes, que viven, piensan y actúan dentro de ese conformismo.

Por ello los “políticos pragmáticos” –que en el sentido griego de la política no debiera de llamárseles como políticos-, convierten todo en Show. El Presidente López Obrador por ejemplo, todas las mañanas se presenta en su programa, en donde el ejercicio del gobierno lo convierte en un show, en el que inclusive asuntos de importancia los traslada a un mecanismo manipulado de consulta pública, en el que acuerda no construir el aeropuerto en Texcoco, que iba a ser el más importante de América Latina, construir el Tren Maya sin el consentimiento informado de los pueblos originarios, someter al linchamiento público a los expresidentes de la república, realizar informes públicos de los supuestos avances del gobierno y a convocar marchas de autoapoyo.

La política no es ni puede ser considerada como un show publicitario, pues considerada así, significa la expropiación de la facultad de cuestionar, que sólo los humanos tenemos y porque con ello se produce un cierre o clausura de la posibilidad de transformar a la sociedad y sus instituciones, que paradójicamente solo se puede realizar a través de la actividad deliberadora de la  política.

En las condiciones actuales en México se vive una expropiación de la actividad política, en donde las decisiones políticas están en manos de un círculo cada vez más pequeño, que son los que deciden el rumbo del país. Esta expropiación de la política implica a la vez una expropiación de la vida democrática, aún y cuando haya ejercicios de consulta, en virtud de que todo lo que somete a consulta ha sido definido por ese pequeño círculo de personas quienes toman decisiones a nombre de las mayorías que se encuentran silenciadas. Por eso, para que haya una transformación de México se requiere de una mayor actividad de la política, entendida como el cuestionamiento lúcido, explícito e ilimitado del orden establecido, y obviamente de más vida democrática.

Carlos Salinas de Gortari buscó trascender al imponer una concepción de liberalismo social a su gobierno. Lo mismo pretende hacer ahora Andrés Manuel López Obrador al caracterizar a su gobierno como humanismo mexicano, que fue sacado de la chistera en el discurso que cerró la marcha el domingo. En realidad, ni uno ni otro va a trascender con visiones teóricas de un gobierno, pues frente a la concepción del nacionalismo mexicano, largamente acariciado y el de la cultura del PRI, que continúa reafirmándose con este gobierno, las modas ideológicas son pasajeras.

La visión del humanismo mexicano no resulta afortunado en un momento en que presidentes latinoamericanos de izquierda se alejan de la visión obradorista, esto es claro en el discurso del presidente de Chile en el senado de la república, quien en su mensaje indirectamente realizó críticas al estilo de gobierno del presidente de México o bien la negativa del presidente de Argentina de visitar el país al referirse a los incumplimientos de López Obrador o bien al rechazo del nuevo presidente de Brasil al militarismo, que en México se está imponiendo desde la esfera presidencial.

Con el discurso del humanismo se despoja de un discurso de izquierda y todo queda reducido a un amasijo de frases expresadas por personajes de la historia de México, en la que los seguidores del presidente, sobre todo los pensantes,  van a buscar justificar, caracterizar y darle sentido, con el fin de mantener la ilusión de un gobierno en el que un sector de la izquierda desorientada en México considera que desde el 2018 se ganó el gobierno.

El presidente López Obrador nunca fue de izquierda ni formó parte del movimiento democrático que inició con el movimiento de médicos y de los ferrocarrileros a finales de los 50 del siglo pasado y que se profundizó con la represión a los estudiantes en 1968. López Obrador aparece en la política después de la fundación del Frente Democrático fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo que buscaron la democratización del PRI y que formarían una amplia alianza de partidos para buscar la presidencia en 1988. Fue en esta acción que un grupo de militantes del PRI se alió con los partidos de izquierda para formar un frente electoral, que al final de las elecciones terminó conformándose en el PRD y en donde la izquierda tradicional mexicana inició un proceso de dirección del partido por los priistas.

Con esta alianza en el PRD. la izquierda tradicional fue descarnada, sustraída y modificada desde adentro y luego fue purificada con un nuevo movimiento que dio paso a la formación de MORENA, cuyo gobierno propone el humanismo mexicano como forma de gobierno, en medio de una muchedumbre sin conciencia de clase, que está motivada por los apoyos económicos y no por el rumbo del país.  

La característica principal de la administración de Rutilio Escandón es la indiferencia. Hasta ahora parece no preocuparle ninguno de los problemas que existen en la entidad, salvo la de quedar bien con el presidente y apoyar con recursos públicos a dos corcholatas que buscan la presidencia: obviamente a su cuñado, Adán Augusto López, secretario de gobernación y a Claudia Sheinbaum, quien aparece como la favorita del presidente. En el ámbito local el gobernador copó con los miembros de su gabinete al partido Morena y con ellos piensa maniobrar las elecciones locales y ganar las diputaciones federales y el Congreso Local.

Sin embargo, en la administración de Chiapas se descuidaron las acciones que posibilitan la construcción de gobernabilidad y que procuren la seguridad ciudadana y de sus bienes; se dejó de lado la negociación política y hoy día existen muchos focos de tensión en todo el estado; la proyección del programa de construcción de puentes en Tuxtla y Tapachula responden más a las ocurrencias del gobernador y del secretario de obras, que a las necesidades de la población y a la construcción de ciudades amigables e inclusivas;  la percepción que existe en la ciudadanía sobre la corrupción, es similar a la opinión que se tiene sobre el gobierno de Juan Sabines y de Manuel Velasco; a la fecha, en la gestión de Rutilio Escandón, se tiene ejercido un presupuesto superior a los 400 mil millones de pesos, pero a ciencia cierta nadie sabe en qué y en dónde se invirtieron; lo peor de todo es el crecimiento de la delincuencia organizada, quien sobre la base de los hechos extendió su control territorial, sustituyendo el papel del Estado.

La calificación del desempeño del gobierno es negativa en todas las encuestas y el gobernador aparece entre los peor evaluados. Estos resultados, que son del conocimiento de las autoridades, debió de haber obligado a mejorar los indicadores de desempeño, pero eso no se percibe que haya sucedido, pues la indiferencia llega a tal grado, que no se toman  decisiones y se envía la señal de que resulta irrelevante gobernar.

En este sentido resulta claro, que dentro de las estrategias de fortalecimiento de la imagen del presidente de la república, el gobernador de Chiapas va a buscar sobresalir en el acarreo de contingentes en la marcha del 27 de noviembre, y se prevé un derroche de recursos públicos en esa movilización, como sucedió en la visita de Adán Augusto López y en la reciente visita a la entidad de Claudia Sheinbaum.

La ausencia de un plan de gobierno y por ende de políticas públicas, genera que el gobernador no tenga nada que informar, por eso la estrategia comunicativa fue la de reportar, en los años de la pandemia, los logros en materia del control del coronavirus, en el que sin recato alguno, se reportaban falsedades y se alteraron a la baja el número de fallecimientos en la entidad. En fechas recientes, el gobernador se convirtió en metereólogo,  y se dedica a reportar el estado del tiempo y a dar consejos de cuidados sobre las lluvias y de los frentes fríos; pero a la vez, sale a reportar mentiras sobre la seguridad en Chiapas y acuñó una frase de saldo blanco en delitos de alto impacto en Chiapas, que para mal de su estrategia de comunicación, la terrible realidad de Chiapas, lo sale a desmentir, pues la violencia ha crecido por la falta de gobierno y peor aún por la falta de Estado en algunas regiones de Chiapas. 

La política convierte a las personas en individuos deliberantes, capaces de elegir con responsabilidad y libertad sobre un conjunto de opciones. Sin embargo, en la lucha por el poder, los partidos políticos abrazaron el pragmatismo, que terminó sustituyendo a la política, como una actividad creadora, lúcida, reflexiva y colectiva, que busca transformar el orden de las cosas en la sociedad. Esta sustitución generó que terminara prevaleciendo el interés individual sobre el bienestar colectivo y que se terminara confundiendo la actividad política con la politiquería.

En este momento es de una complejidad extrema que en la entidad, alguien realice la actividad política del bien común. Los intereses y el bienestar colectivo se dejaron de lado en aras de intereses particulares y de triunfos electorales al costo que sea. De allí que el pragmatismo haya conducido a alianzas antinatura, entre partidos con ideologías contrarios PAN-PRI o la alianza MORENA-Partido Verde-, esto se realiza con el fin de obtener triunfos electorales, pero estas alianzas no necesariamente tienen el propósito de construir buenos gobiernos..

Si de por sí en Chiapas con los gobiernos de Juan Sabine y Manuel Velasco se pervirtieron los fines políticos de los partidos y de las militancias, y con ello se degradó la actividad política, con el predominio del pragmatismo desaparecieron las ideologías, los principios y la étical en la política, lo que juntó al agua con el aceite,  lo que hizo que se perdieran los propósitos de la política.

Esta pérdida de sentido político ha sido determinante para que se desaprovecharan en la entidad, oportunidades inmejorables para transformar las condiciones sociales y el rumbo de la historia, como fueron el movimiento indígena de 1994 y la alternancia política en el año 2000, en donde se presentaron doblemente la ocasión para impulsar las reformas sociales más trascendentales, necesarias para mejorar las condiciones de la población en la entidad, oportunidades que no fueron aprovechadas simplemente porque no hubo proyectos de gobierno como tal,  en donde en lugar de gobernantes se tuvieron aventureros y facinerosos.

Del año 2000 a la fecha se han ejercido un presupuesto superior a un billón 200 mil millones de pesos y la paradoja es que en Chiapas se incrementó la pobreza, la producción agrícola ha sufrido un deterioro y las condiciones sociales no mejoraron.

En el 2006, con el gobierno de Juan Sabines se dio un cambio generacional, en donde los jóvenes llegan al poder, pero esta generación no entendió el valor de la política como servicio, sino que fue formada dentro del pragmatismo, en donde se repite la frase que los fines justifican los medios y entonces Chiapas vivió un proceso irresponsable de saqueo, de arbitrariedades y de un uso enfermizo del poder, en donde el terror y la persecución se convirtió en una actividad cotidiana.

La generación de jóvenes que llegó al poder con Juan Sabines y luego con Manuel Velasco, no tuvo la preparación política ni académica para gobernar y los resultados negativos, ante la ausencia de proyectos de gobierno, saltan a la vista. En el 2018, hubo nuevamente un cambio generacional en el gobierno, pero el pragmatismo continuó presente, y Chiapas siguió siendo  gobernada por la frivolidad y la indiferencia, en donde se perdió nuevamente la oportunidad del desarrollar un proyecto social que sentara las bases para la transformación de Chiapas, que continúa siendo gobernada por la rapiña y la demagogia de los gobiernos anteriores.

El futuro de Chiapas es incierto porque la actividad deliberante de la política está enclaustrada y la nueva generación de jóvenes abrazó el pragmatismo, que sin duda, hace posible ganar las elecciones, pero ha demostrado que no sirve para construir gobiernos responsables, que escucha y resuelve los problemas de la gente.  La actividad política y no la politiquería es lo que permite construir gobierno y cuestionar y transformar el funcionamiento de las instituciones. La política es importante, pero eso no lo entienden los pragmáticos, que desafortunadamente son los que gobiernan.

Los problemas de gobernabilidad y de inseguridad se vienen incrementando en la entidad, ante un aparato público administrativo que no tiene capacidad de respuesta. Aquí no se trata de ser un crítico oficiosos de la administración de Manuel Velasco Coello, pero hay una realidad social, que viene acentuando las contradicciones políticas, a punto tal, que el caos puede generalizarse ante la pasividad de los funcionarios, que están más dedicados a la frivolidad y al enriquecimiento ilícito.

En un breve recuento sobre los conflictos que están minando la gobernabilidad en el Estado se pueden mencionar: El asesinato del hijo del “Tío Gil”, que representa la más clara expresión de la disputa del territorio entre cárteles; El conflicto de tierras en el Ejido de Tila, que ya ganó en todas las instancias judiciales el juicio de la devolución de sus  tierras expropiadas, a través de un mal decreto del gobernador Juan Sabines Gutiérrez y que a la fecha existe una inejecución de sentencia; la ola de asesinatos ocasionada por grupos paramilitares que operan en Chenalhó y Aldama, que ha provocado el asesinato de más de medio centenar de indígenas y miles de desplazados; la presencia del grupo delincuencial “Los Motonetos” en San Cristóbal de Las Casas qu e impusieron terror y control social en ese ciudad; el control del municipio de Pantelhó por el grupo para militar “El Machete”, que quita e impone autoridades municipales y están denunciados por la desaparición de 21 pobladores;  los continuos enfrentamientos entre grupos de la delincuencia en Frontera Comalapa, Jiquipilas y Coita; el problema irresuelto de nombramiento de autoridades por usos y costumbres en el municipio de Oxchuc; el pésimo manejo de la resolución ilegal de la Suprema Corte de Justicia a los límites Chimalapas que despoja de miles de hectáreas a Chiapas y que de un plumazo convirtió en población oaxaqueña a miles de pobladores de los municipios de Arriaga y Cintalapa y el creciente malestar de la población en Tuxtla Gutiérrez, que tiene que padecer la destrucción de la ciudad ante la inoperancia y la falta de planeación de las obras urbanas que se están realizando.

La situación tensa y de conflicto es una realidad social, que el gobernador está desestimando de manera peligrosa y hasta en ocasiones irresponsable. Los mensajes políticos que envía en sus actos son de desprecio, frivolidad e indiferencia y sobre la base de los hechos, no le dedica tiempo a la atención que requiere la compleja problemática que vive el Estado.   

La administración de Rutilio Escandón no se encuentra a la altura de las circunstancias que Chiapas requiere. Él piensa que gobernar es andar inaugurando calles, dar el estado de las condiciones del tiempo y recomendar cuidados antes las lluvias y el frío que azota en estos momentos a algunas comunidades,  esto en momentos en que Chiapas es un polvorín, que amenaza estallar.

Los múltiples problemas sociales de Chiapas ameritan atención especial y sobre todo, toma de decisiones políticas,  pero esta administración pretende gobernar con boletines mal hechos o con mensajes que mal informan a la población al querer  vender la imagen de un Chiapas seguro, que la realidad cotidiana se encarga de desmentir.

¿Qué es lo que verdaderamente le importa de Chiapas al gobernador Rutilio Escandón? ¿Por qué en situaciones críticas en la entidad, el gobernador  se comporta como si no le interesaran los problemas de Chiapas? ¿Hasta cuándo el gobernador se va a dar cuenta que su obligación fundamental es la de gobernar y asumir las responsabilidades que esto representa?

Estas interrogantes son relevantes si se relacionan con hechos concretos que dan evidencia de que al gobernador está ajeno a los problemas que padece Chiapas. La entidad estaba en ruinas cuando concluyó el gobierno anterior; la prensa local, que no dudó en aplaudir las frivolidades en el ejercicio del poder al exgobernador Manuel Velasco, al final de su gobierno lo empezó a cuestionar y se creó en la sociedad un clima de linchamiento, en donde las Redes Sociales jugaron un papel importante.

De todo esto tenía puntual conocimiento el licenciado Rutilio Escandón, quien desde la presidencia del Tribunal de Justicia, fue partícipe de este desastre social y por lo tanto tuvo pleno conocimiento de las veleidades del poder y el derroche de recursos, por lo que tuvo tiempo suficiente -del día de la elección a la toma de su gobierno-, para prever un conjunto de políticas que cambiaran el rostro de Chiapas desde el primer día de su gobierno. Sin embargo, ya transcurrieron cuatro años de esta administración, en donde las condiciones sociales y económicas se  deterioraron, a pesar de realizarse un ejercicio presupuestal superior a los 400 mil millones de pesos.  

En estos cuatro años de administración, se hicieron evidentes la ausencia de un plan de gobierno y peor aún de estrategias políticas para gobernar,  no existe un gabinete que tome decisiones y se implementó una política supuestamente de austeridad, que lo único que ocasionó es que agudizaran los problemas de gobernabilidad de la entidad. De igual manera se emprendió un discurso de anticorrupción pero al mismo tiempo se guardó un silencio cómplice al saqueo de las finanzas ocasionada por los gobiernos anteriores; esto aún y cuando la población le exigía que se procediera en contra de los funcionarios que se enriquecieron con los desvíos de recursos públicos.

Hay comportamientos del gobernante que resultan inentendibles. Por ejemplo, el silencio que guardó cuando ejecutaron al hijo del “Tío Gil” en Tuxtla Gutiérrez, quien llevaba a dos policías estatales comisionados como guardias personales. Lo mismo ha sucedido en las balaceras recurrentes entre paramilitares en Chenalhó y Aldama, así como en las acciones emprendidas por el grupo paramilitar “El Machete”, en Pantelhó, quienes desaparecieron a 21 personas en medio de una total impunidad.

Mas reciente están los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia en Frontera Comalapa, Jiquipilas y Ocozocuautla o la pérdida del control de San Cristóbal de Las Casas, en manos del grupo de “Los Motonetos”, que impusieron el terror en ese municipio y cuyas acciones afectan directamente a las actividades turísticas de la entidad.

Lo delicado de todos estos señalamientos, es que en medios nacionales se han señalado los nombres de funcionarios de la fiscalía y de la secretaría de seguridad que están involucrados con los grupos de la delincuencia organizada y no pasa nada.

La visita a Chiapas de Claudia Sheinbaum, gobernadora de la Ciudad de México, tiene varias lecturas. El clásico acarreo de personas contó con el respaldo y financiamiento del gobierno, a punto tal, que para ese evento fueron movilizados miles de beneficiarios de los programas de Bienestar en la entidad. La aspirante a la presidencia de la república estuvo acompañada por los aspirantes a gobernador Zoé Robledo y Plácido Morales, quienes utilizando recursos públicos y descuidando las funciones que tienen encomendadas se placean en Chiapas en una actitud de impunidad al realizar actos anticipados de campaña. Sin embargo, en el evento del sábado ¿A quién se buscó  respaldar en ese acto, a la visitante o a los aspirantes a la gubernatura, que en su momento fueron empleados de Juan Sabines y colaboradores de Manuel Velasco? Resulta obvio que Chiapas tiene una importancia electoral porque ya se demostró que Chiapas proporciona más de un millón de votos,  necesarios para ganar la presidencia del país.

Entrar a detalle en el mensaje de Claudia Sheinbaum  carece en este momento de importancia, de  debido a que es muy complejo hablar de políticas exitosas en la Ciudad de México, sobre todo cuando el Partido Morena perdió las elecciones del año 2021 en esa Ciudad, y esa derrota prácticamente se ratificó en la marcha por la defensa de la autonomía del INE del 13 de noviembre, en donde la columna de manifestantes en el Paseo de la Reforma estaba compuesto prácticamente de capitalinos y en donde la visita representa un claro acto anticipado de campaña en doble sentido, pues se deja entrever la disputa por el poder, y que desde el centro del país se está diseñando sobre Chiapas un incierto camino de imposición de gobernador.

El desempeño del gobernador Rutilio Escandón no es de respeto a las prácticas democráticas sino que demuestra  su política de conveniencias, al apoyar a la corcholata favorita del presidente, aún y cuando sus intereses están puestos en la figura del secretario de gobernación, quien perdió sus posibilidades por ser un pusilánime secretario y no un concertador de la política nacional, a lo que estaba obligado al asumir su responsabilidad, del que se hace cada vez más evidente que no estaba preparado para ocupar ese cargo.

En Chiapas hay un desfiguro de la política, en el que se utiliza a la población indígena como si fueran personajes de un circo al que hay que exhibirlos, como se hizo con el secretario de gobernación, en su visita al Congreso del Estado cuando se votó a favor de la reforma que militariza en el país, y como quedó demostrado el pasado sábado en la visita de la gobernadora de la Ciudad de México, en el que se movilizaron a mujeres de las comunidades en un acto deplorable al utilizar las necesidades y el hambre de la población con fines políticos de quienes dicen no ser clasistas pero medran con la imagen de los más necesitados.

Los partidos políticos en Chiapas viven una crisis severa, en la que se normalizó el entreguismo y con ello  dejaron de ser opciones políticas; hoy ninguno de los partidos desempeña funciones relevantes y hay un distanciamiento con la ciudadanía

Aparentemente, la ausencia de una lucha partidaria deja sólo en el escenario político al partido en el gobierno, quien en el papel, no debiera tener dificultades para asegurar el triunfo electoral en el 2024. Sin embargo, también existe un notorio distanciamiento entre un amplio sector de la ciudadanía con el gobierno, que no puede pasarse por alto, pues el gobierno de Rutilio Escandón perdió la legitimidad, en mucho por considerar que gobernar resulta irrelevante.

En esta condición, tres son los detalles que se descuidaron en estos 4 años de gobierno: 1) En el transcurso de este gobierno no hay resultados sobresalientes y en el cuarto año se concentraron las obras en la remodelación de parques, mercados y en la construcción de puentes, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, lo que significa que no existe definición de prioridades en las obras en relación con  las necesidades de la población, en donde la voluntad del gobernante se impuso sobre el interés público, en el que hay miles de comunidades sin el acceso al agua y saneamiento; 2) Hay un bajo perfil en los funcionarios públicos, que aparte de que no saben qué hacer, tampoco existe una agenda pública ni plan de gobierno, condiciones que generan una incertidumbre mayor; y, 3) en las elecciones internas para delegados de Morena, el gobierno apostó copar con sus funcionarios los cargos, lo que generó que funcionarios cuestionados por su inoperancia controlen la dirigencia estatal de ese partido, lo que termina dividiendo a los activistas y militantes de ese partido con los empleados del gobierno.

De allí que lo que parece un triunfo electoral fácil, se complicó por el propio accionar del gobierno, que no logra percibir, que las circunstancias cambiaron y que por lo tanto no se puede continuar actuando de la misma manera que en el régimen anterior, sobre todo, porque los contextos políticos ya se modificaron. Sin duda, al gobernador le ha funcionado hasta ahora su indiferencia ante los problemas de la entidad, pero frente al factor que representa la delincuencia organizada que está buscando controlar territorios, no significa que esa estrategia vaya a seguir funcionando; sobre todo, porque en estos momentos, los resultados y la eficacia en la toma de decisiones van a ser determinantes y aquí existe una ausencia de gobierno.

La pérdida de legitimidad de los partidos en un escenario de una reforma electoral,  está abriendo la posibilidad del surgimiento de liderazgos ciudadanos, que, hacia el 2024, pueden llegar a constituirse en candidaturas. Esta es una condición hasta ahora inédita, pero que  puede resultar atractiva y más en un escenario en donde el accionar del gobierno está reprobado, no hay crecimiento de la economía y los partidos no tienen credibilidad ni consenso ciudadano.

En este escenario, el gobierno de Morena en Chiapas carga un desprestigio y una acumulación de 16 largos años de gobiernos desafortunados en la entidad, sin un liderazgo político del gobernador, quien está severamente cuestionado y que representa la continuidad malsana de los gobiernos de Juan Sabines y Manuel Velasco, con quienes mantuvo una relación de colaboracionismo y de subordinación.

Chiapas vive una realidad incuestionable, no tiene en este momento opciones políticas, pero las circunstancias están generando el resurgimiento de una participación ciudadana, situación que genera una oportunidad propicia para el fortalecimiento de nuevos liderazgos y de candidaturas ciudadanas.

La marcha del pasado domingo, organizada desde la sociedad civil, que junto distintos tipo  de intereses, no ha sido debidamente entendida, por quienes continúan haciendo análisis desde una perspectiva del pasado, sin darse cuenta que la acción política ya cambió y que los partidos políticos tradicionales quedaron en el pasado y superados por una nueva realidad, en donde la población civil decidió salir a marchar y desde la misma sociedad tendrán que surgir las nuevas perspectivas y los nuevos proyectos políticos.

Continuar con el análisis y la pobre descalificación que asegura que quienes salieron a marchar buscan el retorno del PRI-PAN, no solo es falaz sino que no entienden que el retorno del pasado es imposible y sobre todo, que el malestar ciudadano va más allá de los partidos y esto es lo que no logran entender ni el presidente de la república ni los aplaudidores de Morena, que cuando se votó, en el 2018 por la propuesta de la transformación se votó por la esperanza de un México diferente y no por un gobierno que busca reconstituir los hilos del poder de un régimen al estilo del PRI de los años 50 y tampoco se votó por un partido que se parece cada vez más al viejo PRI.

Los partidos políticos en el país viven un proceso de degradación política, que está propiciando la clausura o cierre de posibilidades para que surja un sector de militantes y actores políticos que reconstruyan escenarios hacia el bienestar común y que el punto central de preocupación sea la mejora de la calidad de vida, y esto hay que señalarlo, tampoco es la preocupación del presidente u mucho menos de Morena..

Por ejemplo el PRI -que a pesar de las derrotas electorales, continúa siendo el partido referente,  se encuentra copado por una dirigencia política que carga con el estigma de la traición. Allí se constituyó una dirigencia  de partido dominada por la corrupción y los traidores, quienes privilegian los intereses personales sobre el bien colectivo y se han colocado al servicio del gobernante sin importar principios ni ideologías.

La historia del PRD también está significada por la traición de sus militantes y la constitución de dirigencias políticas espurias. La historia de las traiciones institucionalizadas en este partido surge con alianzas mantenidas con el PAN en elecciones a gobernadores y más con alianzas de expriistas a quienes hicieron candidatos a gubernaturas con el fin de obtener triunfos electorales en entidades, y estas alianzas con el PAN y con expriistas fueron realizadas en la dirigencia en manos de Andrés Manuel López Obrador,  

En el PAN, la fractura y los acuerdos con el gobierno se dio en el proceso que se denomina como el de la concertacesión, en donde el régimen del PRI le entregó al PAN gubernaturas: Baja California Norte, Guanajuato y Chihuahua, y empezó la consolidación de este partido como partido gobernante, que les permitió ganar la presidencia en el año 2000 y retenerla en el 2006, en un proceso electoral cuestionado.

Hablar en este momento de los partidos satélites de Morena no tiene ningún sentido, así como tampoco hablar de Movimiento Ciudadano, que sobre la base de los hechos le hace el trabajo sucio al presidente de dividir a la oposición partidaria, proponiendo candidatos propios, muchas veces sin posibilidades de obtener los votos necesarios.

Hoy hay que pensar en un relevo generacional, con jóvenes que no conocieron el régimen autoritario del PRI, pero que tienen institucionalizada la cultura del PRI porque ésta permea todos los ámbitos de la vida social, y a quienes se les viene quitando como proyecto de vida, mejores perspectivas sociales. Es en esta generación donde se está gestando el desplazamiento de los liderazgos tradicionales,  y en donde desde la sociedad civil se tendrán que constituir las nuevas posibilidades políticas.

Hoy no hay anuncio de saldo blanco de delitos de alto impacto de parte del gobernador, porque el saldo blanco es una ficción, alejada totalmente de la trágica realidad que se vive en Chiapas en materia de seguridad, en el que sobresale la incapacidad de este gobierno para reducir los enfrentamientos entre los grupos de la delincuencia organizada y en contra de la policía y la Guardia Nacional, como ha sucedido en Frontera Comalapa, en San Cristóbal de Las Casas, en Jiquipilas y en Ocozocuautla.

Las afectaciones a la población civil van en aumento, los grupos de la delincuencia levantaron a un abogado-empresario del estacionamiento de Plaza Cristal, a plena luz del día y se encuentra desaparecido y ayer volvió a suceder con un arquitecto, en el que su vehículo fue baleado y él se encuentra desaparecido. Con anterioridad habían levantado de una marisquería a un par de jóvenes, quienes afortunadamente aparecieron con vida.

Pero el hecho más alarmante, es la emboscada que sufrió un comandante de la policía estatal el pasado domingo en Ocozocuautla, en el que fallecieron policías y varios de ellos se encuentran hospitalizados en Tuxtla Gutiérrez, en el que la fiscalía del Estado guarda un sospechoso silencio, en virtud de que personal del hospital Gómez Maza ha comentado, que hay heridos de este enfrentamiento en ese hospital, de nacionalidad colombiana y de Sinaloa, lo que significa que nadie está a salvo..

La situación de violencia e inseguridad es crítica en Chiapas, como para que el gobernador continúe con sus actitudes de frivolidad y de indiferencia ante los problemas de la entidad y mantenga el discurso oficial de mentiras de un saldo blanco en delitos de alto impacto, cuando la propia realidad se encarga de desmentirlo.

En mucho, el crecimiento de esta violencia se debe a las decisiones del gobernador, al nombrar en la fiscalía a alguien sin antecedentes en la dependencia y sin experiencia en actividades de investigación policíaca, que para las condiciones en Chiapas son necesarias, debido a que décadas atrás se estableció un pacto, en donde los grupos podían trabajar en la entidad, pero no actuar con la desfachatez  y la ostentación y mucho menos calentar la zona, que ponía en riesgo las actividades de todos. Chiapas se convirtió en una zona de tráfico, utilizada por los diferentes cárteles, lo que comprometía a todos a garantizar la tranquilidad de la entidad, de tal manera que los negocios y los intereses de todos se realizara bajo las condiciones de todos ganan.

Esto generó que los procuradores en Chiapas fueran policías, más que jurisconsultos, y la regla se cumplió, excepto en el inicio del gobierno de Juan Sabines Guerrero, que terminó con la burla de la cocaína convertida en lactosa y en el gobierno de Rutilio Escandón, en donde la delincuencia está desbordada, sobre todo porque el pacto se rompió y es previsible una mayor violencia, ante una inoperancia de la fiscalía y un gobernador que no entiende el nivel de las responsabilidades de su función.

Las manifestaciones ciudadanas en defensa de la autonomía del INE, del domingo pasado, en distintas ciudades del país no han sido entendidas por el gobierno, que sin reparo alguno las adjetiva y descalifica y en una muestra evidente de un trabajo policíaco,  hace señalamientos en contra de personas que decidieron unirse a la manifestación, sin que ninguno de éstas haya sido convocante y mucho menos determinante en la convocatoria de esa movilización ciudadana.

Minimizar las marchas, difundiendo datos falsos del número de asistentes, no es más que la reproducción de formas autoritarias del ejercicio del poder, en el que queda claro que la cultura del PRI está muy presente en el presidente y sus colaboradores, así como en Morena y sus seguidores, que no entienden la importancia del diálogo y la búsqueda de los consensos, en la construcción de las reformas políticas-electorales, como la que se propone.

La reacción de la ciudadanía fue inesperada; ni los mejores cálculos optimistas estuvieron cerca a la respuesta que hubo. Esto, que en un gobierno democrático obligaría a la apertura y al pluralismo político, tiene una respuesta de cerrazón que en nada ayuda a la construcción de acuerdos y confronta más a una sociedad que ya de por sí está dividida por la desigualad social y por la discriminación.

Desde el año de 1977, que inició el largo proceso de reformas y de perfeccionamiento de la democracia en México, todas las reformas fueron discutidas por los partidos, los especialistas y académicos y el rasgo fundamental de las ochos reformas que se han aprobado en el país, es que los partidos desfavorecidos y los candidatos perdedores, fueron escuchados y muchas de sus propuestas fueron incorporadas al texto de la ley. Ninguna reforma electoral se aprobó con el avasallamiento de la mayoría que en esos momentos estaba en manos del PRI, a punto tal, que las mismas reformas llevaron a la derrota de ese partido; primero en la pérdida de la mayoría de la Cámara de Diputados, en 1997, y luego la presidencia de la república, en el año 2000.

La democracia tiene dos fases: una formal, denominada también democracia de procedimiento, que establece con claridad las reglas del juego y de impugnación de resultados; y otra llamada sustantiva o democracia de régimen, que implica un ejercicio cotidiano de la vida democrática y de construcción de nuevas ciudadanía. En este país, la democracia de procedimiento, constituida a través de las reformas electorales, le otorgó la autonomía al instituto electoral, dejó en manos de los ciudadanos las elecciones, se produjo la alternancia del poder y se garantiza el pluralismo político en el Congreso.

Sin duda, el fortalecimiento de la democracia de procedimiento no ha sido acompañado de una democracia de régimen o sustantiva, en virtud de las deficiencias de ciudadanía y al ejercicio de prácticas y cultura no democráticas en los partidos políticos y en la sociedad. Esto ha llevado a que en las elecciones prevalezcan vicios y perversiones y a que los procesos se ensucien y que haya robos y fraudes en las elecciones. Todo esto se traduce en acarreos, compra de votos, robo e incendio de urnas y esto es lo que se debe de acabar para que haya elecciones limpias y libres.

Pero las afectaciones a esta cultura no democrática, no está contemplada en la reforma que propone el presidente, que habla de una democracia real, pero no señala cómo reducir las prácticas no democráticas que tanto el presidente de la república como su partido ponen en práctica todos los días. Lo que sí propone esta reforma es la reducción de la autonomía del instituto, quitar el manejo y control del padrón electoral, acabar con el servicio civil de carrera en el instituto, politizar la elección de consejeros y magistrados mediante votaciones directas, reducir el pluralismo político, eliminar el federalismo en las elecciones con un organismo nacional, reducir las posibilidades de la alternancia política y abrir las puertas al financiamiento de las elecciones con los recursos del narcotráfico.

En muchos sentidos, la reforma electoral del presidente es regresiva y eso resulta a todas luces inconstitucional, por eso se dio una reacción ciudadana de defensa a un órgano electoral, que si bien puede y debe ser reformado, esto tiene que realizarse a través de una reforma progresiva y no una reforma regresiva como la que se propone.

En el momento en que más insiste el gobernador de repetir las mentiras oficiales del supuesto saldo blanco en delitos de alto impacto y señalar que Chiapas es un Estado seguro, la realidad lo vuelve a contradecir, y en Ocozocuatla se vivió ayer un enfrentamiento entre grupos armados, en donde varios policías están hospitalizados por heridas de bala, en el que se presume que en esta refriega participó un comandante de la policía estatal preventiva, que fue amenazado con anterioridad por la delincuencia organizada.

Pero los delitos de alto impacto se presentaron también en Chiapa de Corzo, en donde un ingeniero fue asesinado, en el municipio de Palenque, en donde un miembro de la iglesia testigos de Jehová fue asesinado y en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, en el que un vecino fue balaceado. Los hechos, sucedidos en un solo fin de semana, desmienten el discurso de mentiras que la administración de Rutilio Escandón busca instaurar en Chiapas en materia de seguridad.

La agresión a un comandante de la policía, es una provocación al aparato represivo del Estado, en el que la delincuencia se instaura por encima del poder público, al mismo tiempo en que este grupo actúa con tal impunidad, que puede orquestar un ataque en contra de quien sea, pues los poderes fácticos están por encima de la ley y del orden que debe establecer el Estado.

En Chiapas se llegó a un punto en que la población civil se encuentra a merced de la delincuencia, y lo grave de esta situación, es que comandantes, ministerios públicos, fiscales, presidentes municipales y funcionarios de las dependencias de seguridad en el Estado y en los municipios forman parte del personal y de los mecanismos que protegen el actuar de la delincuencia organizada. La interrogante es si el gobernador del Estado conoce del involucramiento de funcionarios estatales y municipales con la delincuencia organizada o su indiferencia llega a tal situación en que lo ignora.

En ambas situaciones el gobernador se encuentra en el delito de omisión, por estar obligado de conocer lo que pasa en su alrededor: el gobernador debe ser la persona más enterada de lo que sucede en Chiapas, por lo que resulta imposible que no tenga conocimiento. Pero además, la periodista Anabel Hernández lo escribió en un artículo, en el que señaló nombres y apellidos de los funcionarios de Chiapas al servicio de la delincuencia organizada y en la información hackeada a la SEDENA, ya se hizo público un informe militar que señala a funcionarios de Chiapas involucrados con la delincuencia.

Los enfrentamientos armados se convirtieron en un lugar común en Chiapas; suceden en San Cristóbal de Las Casas, en Frontera Comalapa, en Jiquipilas, en Rincón Chamula y ahora en Ocozocuautla, pese a esta situación, el gobernador continúa con la estrategia de mentiras oficiales, difundiendo que hay días de saldo blanco, cuando Chiapas está convertido en la cara del caos y la violencia. 

A menos de un mes de cumplir los cuatro años de gobierno, los conflictos en Chiapas y la presencia de la delincuencia organizada, superan con creces el frágil funcionamiento de la administración encabezada por Rutilio Escandón, quien en lugar de atender los problemas con un ejercicio comprometido de gobierno, continúa con el falso discurso de negar la existencia de estos problemas y pretender vender la imagen ce un Chiapas seguro, cuando la realidad del Estado es reflejada con gran frecuencia en los medios nacionales e internacionales.

La presencia y la disputa del territorio entre grupos de la delincuencia organizada en Chiapas son innegables. Los disturbios reincidentes en San Cristóbal por el grupo de “Los Motonetos”, los enfrentamientos y ejecuciones en Frontera Comalapa y en Jiquipilas, así como la violencia en Pueblo Nuevo Y Rincón Chamula así lo demuestran.  El gobierno actual ha sido omiso y complaciente con el crecimiento de la presencia de estos grupos, y son muchos los señalamientos sobre un grupo de funcionarios a quienes se les acusa de estar al servicio y proteger las actividades de estos grupos delincuenciales.

Pero los escenarios de violencia en Chiapas van más allá de la presencia de los cárteles. Entre estos sobresalen la presencia de los paramilitares en Chenalhó que mantienen una actividad permanente de disputa entre pobladores de Chenalhó y Aldama, que ha ocasionado más de tres mil desplazados; el conflicto irresuelto de Pantelhó y los más de 20 desaparecidos por el grupo “El Machete”; la violencia y ejecuciones de líderes sociales en Venustiano Carranza; el incumplimiento de la ejecución de sentencia de la Suprema Corte, que ordenó la devolución de las tierras expropiadas al Ejido deTila, en tiempos de Juan Sabines Gutiérrez y en donde medio pueblo está construido en esas tierras perteneciente al Ejido; la crisis migratoria en el Soconusco, que ha deteriorado la calidad de vida de los municipios fronterizos; la ilegal resolución del Supremo Tribunal que buscó dar fin a los problemas de  los límites fronterizos en los Chimalapas, entre Chiapas y Oaxaca, que terminó despojando de un territorio ancestral a Chiapas y que incluye una franja del municipio de Arriaga que nunca formó parte de ese litigio.

Chiapas desde hace muchos años es un polvorín, lo desafortunado en este momento, es que se están creando condiciones para que muchos conflictos estallen simultáneamente. Pero también porque en la administración actual, con su indiferencia y falsos discursos, ha dejado correr situaciones y conflictos que amenazan la seguridad de la población sino la seguridad nacional del país. Junto a ello, el gobierno de Rutilio Escandón arrastra un tremendo déficit en la ausencia de un gabinete capaz, que permita tomar decisiones e impulsar políticas públicas, que aminoren la desigualdad social en la entidad y que emprenda la investigación con la debida diligencia, todos estos conflictos sociales y enfrentamientos de la delincuencia organizada y sancionar a los responsables.

Debido a esta situación, los hilos del control y de la gobernabilidad están sueltos en Chiapas y hay una realidad inocultable; la política de “Abrazos y no balazos” ha sido un fracaso en Chiapas, que se convirtió ya en un territorio de disputa con la complacencia de las autoridades locales y federales, en donde sus vínculos con esta delincuencia cada vez son más evidentes. 

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