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La inacción política en estos cinco años de gobierno en Chiapas, produjo que en varias partes del territorio se hiciera justicia por propia mano, evidenciando la profunda debilidad que existe en el sistema de justicia en la entidad.

El interés por escuchar el discurso de José Antonio Meade en Chiapas terminó con la sensación en que desaprovechó el momento de su mitin de despegue. No ofertó nada nuevo ni se comprometió con nada en concreto.  Omitió hacer una mención a la necesidad de acuerdos de paz a la región chiapaneca y obvió la crisis de desplazados que representa la más importante crisis internacional humanitaria de México.

La decisión de iniciar el recorrido del candidato del PRI a la presidencia de la república en San Juan Chamula, o es un acto desesperado del gobernador Manuel Velasco Coello para subirse a un tren en donde no está invitado y además es mal visto, o José Antonio Meade inicia su caminar hacia la presidencia, con actos engañosos que le arman sus colaboradores del PRI en Chiapas.

El gobernador de Chiapas ha estado interviniendo en decisiones que tienen que ver con el proceso electoral. Esta situación descalifica de antemano los resultados de la jornada y coloca al gobernante como presunto delincuente electoral.

Gobernar Chiapas exige visión, rumbo, experiencia, conocimiento, responsabilidad, aspectos que no están presentes en el actual gobierno, pero en la que tampoco este gobierno tiene la preocupación de mejorar sus resultados ni la de contratar a funcionarios que realicen adecuadamente las funciones propias de gobernar.

El gobierno del Estado padece una peligrosa parálisis en la toma de decisiones, en la que bien a bien se desconoce quién es el que manda, pero se rumora que es Roberto Rubio el que viene tomando decisiones cada vez más desacertadas, que han convertido la gobernanza de la entidad en un polvorín, en donde  se percibe una descomposición social de alto riesgo hacia el proceso electoral en el 2018.

Los colaboradores de Manuel Velasco siguen haciendo de las suyas sin cuidar las formas. Ayer el congreso local designó a los magistrados del tribunal de justicia administrativa, dentro del mecanismo para cumplir con la integración del sistema anticorrupción en la entidad, en el que dos de los magistrados los puso Roberto Rubio y el tercero fue la propuesta de Ramón Cancino Ibarra, al que ya se la debía Eduardo Ramírez.

Garantizar el Estado de Derecho es el principal compromiso que establece cualquier gobierno que se precie de ser democrático. Bajo ese principio, la aplicación de la ley debe realizarse sin distingos y sin ninguna condición que implique un carácter selectivo. Esto obliga a que el principal responsable de garantizar y cumplir el Estado de Derecho sean los tres poderes que integran el Estado, quienes están obligados a sujetar todas sus actos y  decisiones bajo el principio de la ley.

El pasado miércoles 29 de noviembre y viernes 1 de diciembre la organización MOCRI EZ se manifestó en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Chiapas. El motivo, protestar por la resolución del Juez Primero de Distrito, quien ordenó la excarcelación de Francisco González Zebadúa, quien fuera acusado de ser el presunto asesino del Andrés Jiménez Pablo, líder de la MOCRI, que fue ultimado el sábado 12 de agosto en una cantina en Ocozocuatla.

En el gobierno de Chiapas se llegó a la situación extrema en la que ningún funcionario asume sus responsabilidades y a nadie parece importarle los incendios sociales que hay en gran parte del territorio. La inacción está generalizada en el gobierno, en un momento en el que la protesta y los conflictos tienen un repunte, en medio de una crisis presupuestaria, donde el gobierno manifiesta no tener dinero y los acreedores le demandan el pago de los servicios prestados.

El marxismo creó una categoría de análisis para referirse a un sector de población en condiciones de pobreza, que viven de manera miserable y que no tienen posibilidades de adquirir una conciencia de clase, en virtud de que básicamente carecen de intereses; por lo que acepta venderse y ponerse al servicio de los políticos en el poder en contra de la clase trabajadora. A este grupo Marx los conceptualizó como Lumpen o Lumpenproletariado, quienes por sus condiciones miserables son fáciles de instrumentalizar, para ponerse al servicio de quienes están interesados en romper huelgas, paros y para ocasionar desmanes y agresiones en contra de los movimientos sociales.

Definida la candidatura del PRI a la presidencia de la república, la situación de la candidatura a la gubernatura en Chiapas adquiere matices diferentes, en virtud de la recomposición que puede darse entre los intereses políticos de los grupos locales y los intereses  nacionales que existen sobre Chiapas.

La inoperancia del gobierno en Chiapas viene provocando una confrontación entre pobladores de Chenalhó y Chalchihuitán, que por el número de desplazados significa el conflicto más grave de violación a los derechos humanos en el gobierno de Velasco Coello.

Las cosas en Chiapas difícilmente pueden estar peor que en este momento. Hay una alerta social sobre los sucesos en Chalchihuitán, en el que más de 4 mil personas fueron desplazadas de sus comunidades por conflictos con pobladores de Chenalhó, y ni el gobernador ni el secretario de gobierno se dan por enterados, y que sea la Comisión Interamericana la que emita al Estado mexicano las medidas cautelares por graves violaciones a los derechos humanos que ponen en riesgo la vida de las personas…

Hay muchos Chiapas, pero el más irreal es el que miran los funcionarios públicos, principalmente el gobernador del Estado y el secretario de gobierno.

Al finalizar el quinto año de gobierno, resulta imposible saber qué es lo que realmente le importa como gobernador a Manuel Velasco Coello. Sobre todo porque lo que reincidentemente se perciben son indecisiones, ocurrencias, indiferencia y una ausencia de gobierno.

La ausencia de una cultura de respeto a los derechos humanos genera la reproducción  de prácticas  violentas y autoritarias no sólo de parte de las autoridades, sino entre la propia población y las organizaciones políticas. 

La crisis financiera que vive hoy día la Universidad Autónoma de Chiapas puede llegar a poner en riesgo las actividades universitarias, pues la deuda actual que tiene supera con creces los mil millones de pesos.

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