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En los cierres de campaña entre las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se perciben estrategias para asegurar el voto. Ambas candidatas tienen programado realizar gira en Chiapas el próximo domingo 26 de mayo; Xóchitl Gálvez visita Zinacantán, en donde busca asegurar más de 100 mil votos de la zona indígena, antiguo bastión del PRI y en donde el PRD también posee capital político, en el que el grueso de la votación que esperan obtener de la zona Altos son de los municipios de Zinacantán y San Juan Chamula, actualmente gobernados por el PRI. Claudia Sheinbaum al respecto, visita Tuxtla Gutiérrez, en donde busca impulsar a los candidatos de Morena a la presidencia municipal y a una de las diputaciones federales de Tuxtla que están en disputa y en foco rojo.

Xóchitl Gálvez extrañamente no visita Tuxtla Gutiérrez, en donde la lectura política es que prevaleció más los intereses del PRI sobre la postura del PAN, en el que la candidata presidencial visita la zona indígena, en donde el PRI busca ratificar el triunfo en dos de los municipios indígenas más importantes y asegurar el triunfo en la diputación federal con cabecera en San Cristóbal. Y el PAN, como es su costumbre, no defendió la importancia de visitar Tuxtla, en donde Paco Rojas aparece bien posicionado, y en donde una diputación federal puede ganarla ese partido, a pesar del uso político que se le quiere dar a una disputa familiar, en donde lo único que se evidencia es el fracaso que tuvo como padre el principal denunciante de esa candidatura, a quien por cierto se le debe la creación del porrismo estudiantil en la UNACH y fue además el principal artífice de la caída de su hermano como rector de esa institución.

La preocupación en Tuxtla se incrementó después del debate que hubo entre los candidatos a la presidencia municipal, en donde es complicado hablar de un ganador, pero en donde sí existe un indiscutible perdedor y ese es Ángel Torres, que representa una imposición del grupo Tabasco, a través de la esposa del gobernador Rutilio Escandón, a quien se le ha señalado en medios nacionales de ser la operadora financiera del saqueo de Chiapas orquestado por el grupo Tabasco, grupo político que se posicionó con la candidatura de la presidencia de Tuxtla y con la senaduría en manos de Pepe Cruz, un siniestro personaje que debiera estar en prisión en lugar de estar realizando campaña al senado.

Sobre el desprestigio de los candidatos del grupo Tabasco y sobre la candidatura a la diputación de un oriundo de San Cristóbal en Tuxtla, Claudia Sheinbaum viene a la ciudad capital de Chiapas para evitar la derrota de Morena en la presidencia y en la diputación federal, viene a ver los escombros del gobierno de Rutilio Escandón, que con su ineptitud e indiferencia ante los problemas de la entidad está convertido en el principal lastre de Morena y su candidata presidencial, que requiere obtener una diferencia en Chiapas de un millón de votos y que se difícil que la puede tener, porque los resultados de Rutilio Escandón como gobernador son patéticos, y es un fuerte candidato para ser sometido a proceso judicial por sus omisiones, que se traducen en actos criminales y por el grado de corrupción que prevalece en esta administración.

Mientras la visita de Xóchitl Gálvez tiene la intención de garantizar un voto indígena, con histórica presencia del PRI, Claudia Sheinbaum viene a recomponer los desaciertos de Rutilio, y a tratar de enderezar una situación política que se complicó por las malas decisiones de Morena en las candidaturas, que no fueron resultado de ninguna encuesta sino por el acuerdo financiero entre el gobernador de Chiapas y Mario Delgado, presidente de Morena, por eso la crítica situación, de venir a sacar agua del barco.

La ausencia de gobierno en Chiapas está provocando un incremento de la violencia que muestra distintas caras. Hay una violencia generada por el crimen organizado que está acompañada de enfrentamientos armados, masacres y ejecuciones extrajudiciales, en el que el gobierno actúa con complicidad y por supuesto otorga impunidad; pero en los últimos días se ha vivido una violencia magisterial, que provoca violaciones a derechos humanos, en donde el Estado es el responsable de estas violaciones al no tomar medidas preventivas y de protección a la población que garantice el goce de los derechos humanos.

Sobre la violencia generada por el crimen organizado se ha visto cómo la administración de Rutilio Escandón mantiene una actitud de indiferencia y la niega, bajo el falso discurso de un Chiapas seguro y que Chiapas es la segunda entidad más segura en el país, discurso que resulta preocupante no por lo que se dice sino porque de ser cierto, entonces todo el país está en llamas y se hace insostenible una defensa sobre las acusaciones a la 4t, de que es un gobierno protector del narco, que dejó ya gran parte del territorio nacional bajo el control del crimen organizado.

Sobre la violencia que ahora viene realizando el movimiento magisterial, se aplica a la perfección el desafortunado comentario que hiciera el presidente sobre el Covid 19, de que la protesta de los maestros le viene como anillo al dedo, debido a que el movimiento magisterial asume un discurso de antipartido y por lo mismo de rechazo al proceso electoral y desarrolla una estrategia de violación a los derechos políticos de la ciudadanía impidiendo la libre manifestación de la población que participó en la marcha de la marea rosa del domingo 19 y luego agrede e incendia las oficinas de los partidos políticos y del INE.

La inacción del gobierno de Rutilio Escandón es un permiso para la generalización de la violencia en la entidad en donde peligrosamente se entrecruza el crimen organizado y el movimiento magisterial en virtud de que están plenamente identificados que en la agresión de la marcha ciudadana del domingo 19 participaron en ese acto elementos del grupo “Maiz”, unn grupo armado del crimen organizado y promotor de la violencia en Frontera Comalapa y otros municipios fronterizos de la Sierra Madre, lo que debiera de encender las luces de alarma de penetración del crimen organizado en el movimiento magisterial, pero en realidad esto no es preocupación del gobernador Rutilio Escandón, quien solamente tiene preocupaciones banales.

En México el plantón de los maestros se va a levantar antes del 28 de mayo, lo que va a confirmar que dicho acto fue acordado con la presidencia con el propósito de enrarecer la marcha impulsada por el movimiento de la Marea Rosa; pero en Chiapas este movimiento va a tener una ruta diferente, debido a que finalmente las acciones de lucha de los maestros tiene el propósito la de boicotear hasta donde sea posible las elecciones, lo que significa que desde oficinas del gobierno estatal se viene promoviendo un boicot al candidato Eduardo Ramírez Aguilar, en donde la apuesta es de que haya problemas o de que no se instalen el 20% de las casillas electorales, lo que implica la existencia de una causal para anular las elecciones. 

Rutilio Escandón y sus publicistas no entienden que la comunicación política es una especialidad y no un simple discurso, en el que no es suficiente con enviar mensajes a la población sino que estos mensajes sean creíbles e interiorizados por la gente, lo que hace que se produzca una aceptación y un consenso, dos aspectos que el gobernador tiene perdido, esto tomando en cuenta que las evaluaciones al desempeño de su gestión en las encuestas es del 5.1%, lo que representa el gobernador del país peor evaluado.

La realidad es que existe una disociación entre la administración de Rutilio Escandón con la población, por su falta de carisma, empatía y su indiferencia a los problemas que afectan a la población y que deterioran las relaciones sociales. La imagen del gobernador es una imagen acartonada, sin credibilidad, sin respaldo social, sin liderazgo, sin convicción y sin autoridad, que no mueve ni emociona a nadie y que además se oculta y se protege con la imagen del presidente de la república, en donde los resultados son contrastantes, mientras López Obrador tiene una aceptación en Chiapas del 60%, Rutilio Escandón tiene una rechazo del 80%, y está convertido en el peor lastre en las elecciones para la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum, a punto tal que se viene gestando un discurso que se expresa como ningún voto a Morena y en una decisión que establece un voto cruzado a favor de Eduardo Ramírez y de Xóchitl Gálvez, situación que marca que un posible crecimiento a favor de la oposición en Chiapas se debe fundamentalmente al desastre de Chiapas ocasionado por Rutilio Escandón..

En Chiapas no hay gobierno y en algunas partes del territorio no hay Estado, eso significa que en algunos puntos del territorio la delincuencia organizada ha sustituido las funciones del Estado, y esto viene sucediendo con la aquiescencia de la administración de Rutilio Escandón y con la complicidad de algunas áreas del gobierno federal, que mantienen los brazos cruzados ante el crecimiento y poderío de la delincuencia organizada, que tiene bajo su servicio a fuerzas policiales, que controlan presidencias municipales, que tiene cooptados a ministerios públicos estatales y federales y que funcionarios de primer nivel de la administración de Rutilio Escandón cobran con la delincuencia organizada, recurso que se calcula en dos millones de dólares mensuales, y del que Rutilio Escandón tiene perfecto conocimiento.

El panorama de Chiapas es caótico y así está siendo difundido por los medios nacionales e internacionales, a tal grado que el gobierno norteamericano emitió cuatro alertas a sus conciudadanos sobre la inseguridad que existe en San Cristóbal de Las Casas, en Frontera Comalapa, en Suchiate y en el corredor Berriozábal-Ocozocouautla. Esta situación extremadamente delicada, no puede combatirse con una publicidad barata y poco creíble, de un gobernador que manifiesta mentiras que nadie cree sobre que Chiapas es un Estado seguro o en las farsas montadas en donde se le ve caminando en lugares vacíos para mostrar la seguridad que existe en la entidad.

Rutilio Escandón no ejerció las atribuciones de gobernador, y ahora, al final de su gestión, se encuentra sometido al poder fáctico y a las decisiones del crimen organizado, que aunque faltes seis meses de la administración su mejor decisión es adelantar el sexto informe de gobierno e inmediatamente después pedir licencia, debido a que estos últimos meses, con un gobernante sin legitimidad ni capacidad son los de mayor riesgo a la entidad en donde el crimen organizado va a echar su resto para tener el control de Cjiapas antes de que se constituya el próximo gobierno.

En el debate en busca de la presidencia hubo dos preguntas claves que muestran el estilo que se propone como gobierno: la primera tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa y la segunda tiene que ver con la representación plurinominal. En ambas la candidata Claudia Sheinbaum se manifestó en contra de una visión progresista en los derechos humanos y confirmó el autoritarismo del que se le acusa, en aspectos fundamentales de la impartición de justicia y en el pluralismo que debe existir en la vida política.

Sobre la prisión preventiva oficiosa no hay vuelta de hoja, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió una sentencia en contra de México, por violación a los derechos humanos por la persistencia del mecanismo de la prisión preventiva oficiosa, que obliga a mantener el principio de la presunción de inocencia y las personas deben tener un juicio en libertad y no bajo las condiciones de prisión. El pronunciarse a favor de la permanencia de este tipo de violaciones a derechos es un indicador del autoritarismo y de la pérdida de libertades, porque es un lugar común que los mi misterios públicos solicitan la prisión preventiva, incluso cuando ellos mismos fabrican pruebas en contra de personas inocentes, como ha sucedido en miles de casos, en que personas que no han cometido algún delito están en prisión.

La segunda muestra de autoritarismo está en el pronunciamiento por la desaparición de la representación proporcional o diputados plurinominales, que otorga la representación en el Congreso de las minorías y abre la posibilidad política de gobiernos de alternancia. El argumento de que la representación proporcional termina siendo un gasto oneroso para el Estado, resulta banal, porque si un gobierno ha incurrido en gastos onerosos es el de López Obrador, que destina más de 2 mil millones de pesos para mantener el programa de los siervos de la nación, que sobre la base de los hechos son la estructura electoral de Morena. Otro gasto oneroso es el de la Guardia Nacional, que hasta ahora no ha demostrado su efectividad y le cuesta al erario 120 mil millones de pesos al año, lo que significa mantener una política de seguridad muy cara por el fracaso mayúsculo que representa.

Durante años, fue la izquierda la que mantuvo la demanda de la representación proporcional en el Congreso, debido a que existía un régimen político en donde un solo partido –el PRI- ganaba todos los cargos de elección popular, y las minorías carecían de representación. Ahora un gobierno de supuesta izquierda es el que pretende cancelar la representación de las minorías en el Congreso. Situación que implica un golpe al pluralismo político, pluralismo que costó mucha sangre, muchos desaparecidos y muchos muertos en el país, en donde las mayores pérdidas la vivió el movimiento social de izquierda.

La intención de cancelar o limitar el pluralismo político, es una muestra extrema de una cultura autoritaria, que no quiere sufrir ningún tipo de cuestionamiento y esto implica a su vez, pérdida de libertades. Cuando en la sociedad surge un movimiento que demanda la defensa de la democracia, lo que está de fondo, es la defensa del pluralismo político, el derecho de ejercer libremente la libertad de expresión, sin censura previa y sin que esto ocasiones persecución o linchamientos, práctica que desafortunadamente se realiza en este gobierno llamado de la transformación, pero que bien a bien, después de más de cinco años de gobierno, no se sabe qué es lo que se tiene que transformar  y en qué se debe de transformar la nación, lo que es un hecho es que hay un rechazo social cada vez más activo, al rechazo de cualquier tipo de cambio que fortalezca las prácticas autoritarias.

En septiembre del 2021, el subcomandante Marcos realizó dos acusaciones que en su momento no fueron consideradas como una alerta nacional, señaló que Chiapas estaba al borde de una guerra civil y vinculó al gobernador Rutilio Escandón con el narcotráfico. A tres años de esas acusaciones se confirma que Chiapas vive una guerra entre grupos de la delincuencia organizada y también se confirma que el gobierno chiapaneco solapó el crecimiento de la delincuencia organizada y que recibe mensualmente aportaciones del crimen organizado, mismo que es recibido por funcionarios y comandantes de la fiscalía del Estado y de la secretaría de seguridad pública, en el que en vídeos de la misma delincuencia organizada, se habla de dos millones de dólares que se entregan mensualmente en Chiapas.

La actual situación de guerra que se vive en la entidad se debe a la ambición manifiesta por el gobierno de Rutilio Escandón, en el que se conoce que recibe sobornos por parte de los dos cárteles en importancia del país, lo que les otorga impunidad y derechos a la delincuencia, y esta es la causa principal de la violenta disputa del territorio que ha ocasionado múltiples enfrentamientos armados y un sinnúmero de muertos que no son reportados al registro del sistema nacional de seguridad pública y debido a esta manipulación de datos, Chiapas aparece como una entidad con baja incidencia de delitos de alto impacto.

En Chiapas hay una violencia que tiene permiso y que no se persigue, lo que reproduce una impunidad total entre los grupos de la delincuencia organizada, a grado tal, que cuando son detenidos cabezas importantes de la delincuencia organizada, estos son liberados en lugar de los hechos, y en los casos en que hay detenciones de sicarios, las carpetas de investigación y los vídeos son manipulados de tal manera que los jueces de control en el Amate, ordenan la liberación inmediata de los presuntos delincuentes, lo que evidencia el nivel de contubernio de las dependencias responsables de la seguridad pública con el crimen organizado.

En días recientes, Chiapas presentó un registro de 32 personas muertas con violencia, debido a cuestiones políticas y esto viene acompañado con la renuncia en el IEPC de 515 candidatos a distintos cargos de elección popular, debido, sobre todo, a que el gobierno de Chiapas no ha tenido la intención ni la capacidad de brindar seguridad a los candidatos ni la de garantizar un proceso electoral en condiciones de paz, situación que pone en riesgo las elecciones en la entidad.

Ayer mismo, en la Marcha por la Democracia realizada en Tuxtla Gutiérrez, el gobierno de Rutilio Escandón no proporcionó la seguridad que se requería y con ello estimuló la agresión que sufrió esta marcha por parte de maestros, policías encubiertos y golpeadores contratados para intimidar, amenazar y reproducir el miedo a los votantes, lo que muestra el nivel de violencia que se puede esperar del gobierno de Rutilio Escandón, ante un resultado adverso en las elecciones federales y particularmente en la elección de presidente municipal en Tuxtla. Situación que conduce a una conclusión, si el gobierno de Chiapas no es en realidad un narcogobierno, sí se comporta como tal.

En Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón se esfuerza en ser el principal lastre al gobierno de Morena y de la candidata Claudia Sheinbaum. En la entidad no existe oposición y los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD, salvo en la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, no había posibilidades de ser competitivos. Sin embargo, el malestar de la administración de Rutilio Escandón ha generado un malestar de tal magnitud, que con frecuencia en las reuniones se escucha decir ni un voto a Morena, o bien la expresión, mi voto es por Eduardo Ramírez para la gubernatura, pero no para Claudia Sheinbaum, situación que puede ocasionar que la diferencia que pueda existir entre ambas candidatas a la presidencia no sea sustantiva.

Los enfrentamientos en Chicomuselo, que dejó once muertos, y las ejecuciones del día de ayer en La Concordia y en Villaflores, en donde fueron ejecutados la candidata del Partido Popular Chiapaneco en La Concordia y ejecutado un líder de mototaxis en Villaflores, acrecentó el rechazo del voto a Morena, y esto no se puede desligar del pésimo trabajo realizado por Rutilio Escandón que está más interesado en el cuidado de su pelo, en la hidratación de su rostro y en lucir cada día diferentes guayaberas impecablemente planchadas que no quiere saludar de abrazo a nadie para que no se arrugue su vestimenta.

Rutilio Escandón no es solo un desastre para Chiapas sino que está convertido en la cabeza más importante de la anticampaña a Morena y de Claudia Sheinbaum. A la vez de que se le señala como el responsable del crecimiento de la delincuencia organizada y de tolerar, y en mucho permitir, que funcionarios de su gobierno colaboren abiertamente con el crimen organizado y de recibir sobornos por parte de los dos cárteles de importancia en el país y que tienen convertido a Chiapas en un territorio de guerra, sin que haya intento alguno de aplicar la ley y de restablecer el Estado democrático de derecho.

Los tres sucesos mencionados –Chicomuselo, La Concordia y Villaflores-, forman parte de la guerra entre cárteles que va a agudizar aún más la difícil situación que se vive en esa parte del territorio de Chiapas, sobre todo, porque el asesinato de la candidata del Partido Popular Chiapaneco en La Concordia es una afrenta directa a la cabeza del Cártel Jalisco en la región, que había apostado con esa candidatura el control del municipio. Si La Concordia estaba ya incendiada, se prevé que la violencia se incremente, con posibilidades de que no se permita la instalación de casillas y las elecciones estén en riesgo de realizarse.

En La Concordia se comenta que el rancho del padre de la candidata asesinada, en días pasados había sido invadido por sicarios y se produjo un enfrentamiento con varios muertos, noticia que a pesar de que se difundió, fue desestimada por los gobiernos federal y estatal, horas después de ese suceso se produjo el enfrentamiento en la zona de construcción del puente, enfrentamiento que fue mencionado en la mañanera del presidente soli para acusar al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de que estaba faltando a la verdad al mencionar una cifra de muertos que según el presidente no era cierta, aunque los dichos del Frayba están plenamente confirmados.

Todos estos sucesos articulados entre sí, obligaban a los sistemas de inteligencia en el país a considerar a La Concordia en zona de alerta roja, y a tomar medidas preventivas para evitar un caos mayor, pero como en Chiapas no hay gobierno, nadie toma decisiones y esto, en las condiciones de guerra que hay en la entidad, solo sirve para atizar más el fuego, como en realidad está sucediendo en los municipios fronterizos de la Sierra y en la Frailesca.

La situación de guerra entre los cárteles en Chiapas presenta muchos puntos de violencia, ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos armados como el más reciente en el municipio de Chicomuselo, que no se habían visto en el pasado y que no se han tomado las medidas necesarias, en mucho, debido a la indiferencia que caracteriza al gobernador y a la falta de coordinación en las acciones del gobierno, situación que provoca inseguridad y problemas de gobernabilidad. A eso hay que agregarle que existen funcionarios de la fiscalía del Estado, de la secretaría de seguridad, presidentes municipales y cuerpos policíacos que se encuentran al servicio de la delincuencia organizada, lo que ha conducido a un reiterado señalamiento de que no hay gobierno en Chiapas.

En la entidad es un lugar común la toma de casetas, el cierre de carreteras, los conflictos y enfrentamientos en las comunidades indígenas y ahora la violencia que entraña la presencia de la delincuencia organizada, que tiene en Chiapas un vasto territorio de impunidad, como sucede en San Cristóbal de Las Casas, con el grupo de los motonetos, en la región fronteriza de Comitán y Comalapa, en los municipios de Pueblo Nuevo y Rincón Chamula, en un importante territorio de la Selva Lacandona y en el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, en donde no solo hay una disputa por el control de la plaza sino la clara intención de destruir al cártel rival que opera en Chiapas.

Hay conflictos y problemas que se pueden prever y así adelantar las posibles medidas de solución. Pero estas medidas de prevención no se practican en este gobierno, que prefiere asumir una actitud de indiferencia ante los problemas;  en donde existe un convencimiento desde la cabeza en que los problemas vienen de décadas anteriores y que así ha sido la historia de Chiapas, lo que significa que no hay una responsabilidad que pueda imputarse al actual gobierno, esta indolencia junto con la corrupción de funcionarios que se encuentran al servicio de la delincuencia es lo que ocasionó, en este gobierno el crecimiento del crimen organizado en Chiapas.

La descomposición social en la entidad y la manifiesta incapacidad de construir gobierno en la administración actual, hacen prever, que en las últimos meses de esta gestión, los enfrentamientos entre los grupos de la delincuencia organizada se van a incrementar, por la intención de crear condiciones de sumisión al nuevo gobierno, que a su vez puede llegar a enfrentar conflictos postelectorales en virtud de que en algunos municipios cada uno de los cárteles financia a candidatos a las presidencias municipales en un afán de  buscar jugar un papel preponderante en la definición de la política en la entidad, desde el control municipal, lo que significa que los enfrentamientos armados se trasladaron a la política, que a su vez pueden reproducir conflictos y violencia postelectoral.

La transformación prometida por este gobierno se quedó en el discurso, sobre todo porque en Chiapas lo que hubo es una continuidad de gobiernos desafortunados, en donde se llegó a pensar que ya no podía haber gobiernos peores en Chiapas, pero Rutilio Escandón superó esos ejercicios y deja a Chiapas en las peores condiciones sociales y con una guerra entre los cárteles.

La violencia que se vive en Chicomuselo fue noticia en la televisión nacional; pero ni esto hace que el gobernador Rutilio Escandón abandone su actitud de indiferencia ni perciba que esto exhibe la ausencia de gobierno en Chiapas, en donde la realidad está por encima del discurso de ficción que los gobiernos estatal y federal quieren institucionalizar en la entidad, en el que sin rubor alguno la niegan y ocultan esta violencia.

Rutilio Escandón, en su mundo imaginario, no reconoce que en Chiapas se vive una guerra entre los cárteles, que afecta a todos los municipios fronterizos de la Sierra y que se trasladó a los municipios de la Frailesca y a los municipios de Tuxtla, Berriozábal, Ocozocoautla y Jiquipilas; pero esta guerra también se vive en municipios de la Selva Lacandona, lo que genera un espectro de violencia, nunca antes visto en la entidad.

Lo grave de esta situación, es que la delincuencia organizada tiene ojos y oídos en la mesa de seguridad y todo lo que se informa en esas reuniones los reportes llegan de inmediato al crimen organizado. Así sucedió con el director de seguridad pública del municipio de Berriozábal, que minutos antes de que lo levantara el cártel, había estado en la mesa de seguridad en donde rindió un informe de la situación del municipio, y al llegar a Berriozábal lo levantaron y luego lo ejecutaron. Dicho en otras palabras, funcionarios que participan en la mesa de seguridad son quienes informan a la delincuencia organizada de los operativos y estrategias, lo que significa que una mesa de coordinación institucional en contra del crimen organizado, es a la vez una mesa de en donde sale información para los cárteles.

Rutilio Escandón, que debe ser la persona más informada de lo que sucede en Chiapas, sabe muy bien qué funcionarios de su administración, son a la vez subordinados y/o enlaces de los cárteles, y por lo tanto no desconoce de los sobornos que reciben los funcionarios por parte de los dos cárteles y tampoco ignora de la impunidad que se le otorga a las actividades ilícitas de la delincuencia organizada. Es más, el gobernador conoce perfectamente que cuando la policía estatal detuvo a un importante capo, con solicitud de detención y extradición por el gobierno de los Estados Unidos,  éste fue liberado inmediatamente, y luego por errores cometidos a propósito en el informe policial, todos los sicarios que lo acompañaban fueron liberados por el juez de control en el Amate.

Se tiene conocimiento que en esta detención una persona muy cercana al gobernador y con mucha influencia sobre él, fue quien se apersonó al lugar de la detención y fue quien ordenó la liberación de este presunto delincuente, que es buscado por la DEA y que éste organismo tiene documentado todo este proceso de corrupción e impunidad que concluyó con la liberación.

La publicidad del gobernador en el que exhorta a la población a cuidarse y extremar precauciones ante las altas temperaturas que hay en Chiapas, no le favorece en nada, debido a que estas recomendaciones que buscan evitar  un golpe de calor o alguna afectación a la salud, contrasta con la inacción gubernamental para prevenir, proteger y garantizar la seguridad de las personas, sobre todo por la guerra entre los cárteles, que ayer ocasionó varios muertos en la comunidad Nueva Morelia, en Chicomuselo, sin que estos enfrentamientos armados le ocasionen preocupación alguna al gobernador, en el que incluso niega que exista esta guerra y que haya tantos muertos y desplazados en estos municipios fronterizos de la Sierra, como se publicita en los medios.

Rutilio Escandón y sus publicistas no entienden que la comunicación política es una especialidad y no un simple discurso, en el que no es suficiente con enviar mensajes a la población sino que estos mensajes sean creíbles e interiorizados por la gente, lo que hace que se produzca una aceptación y un consenso, dos aspectos que el gobernador tiene perdido, esto tomando en cuenta que las evaluaciones al desempeño de su gestión en las encuestas es del 5.1%, la calificación más baja en los gobernadores del país.

La realidad es que existe una disociación entre la administración de Rutilio Escandón con la población, debido a su discurso de mentiras, a su falta de carisma, empatía y a la indiferencia que muestra a los problemas que afectan a la entidad y que deterioran las relaciones sociales. La imagen del gobernador es una imagen acartonada, sin credibilidad, sin respaldo social, sin liderazgo, sin convicción y sin autoridad, que no mueve ni emociona a nadie y que además se oculta y se protege con la imagen del presidente de la república, en el que más que gobernador del Estado juega el papel de jefe de una oficina sin importancia que se encarga de mal administrar Chiapas.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que en  esta entidad no hay gobierno y en algunas partes del territorio no hay Estado, eso significa que en algunos puntos del territorio la delincuencia organizada ha sustituido las funciones del Estado, y esto sucede con la aquiescencia de la administración de Rutilio Escandón y con la complicidad de algunas áreas del gobierno federal, que mantienen los brazos cruzados ante el crecimiento y poderío de la delincuencia organizada, que tiene bajo su servicio a fuerzas policiales, que controla presidencias municipales, que tiene cooptados a ministerios públicos estatales y federales y que funcionarios de primer nivel de la administración de Rutilio Escandón cobran con la delincuencia organizada.

El panorama de Chiapas es caótico y así está siendo difundido por los medios nacionales e internacionales, a tal grado que el gobierno norteamericano ha emitido cuatro alertas a sus conciudadanos sobre la inseguridad que existe en San Cristóbal de Las Casas, en los municipios fronterizos de la Sierra, en la frontera de Suchiate y en el corredor Berriozábal-Ocozocoautla. Esta situación no puede combatirse con una publicidad barata y poco creíble, de un gobernador que quiere mostrar su preocupación por las altas temperaturas que puede afectar la salud de la población, cuando permite, tolera y es cómplice de la violencia y de la guerra que hay entre los cárteles en varios municipios de la entidad.

Existe una realidad irrefutable de que en Chiapas  no hay paz ni justicia. Esta situación se palpa todos los días, aunque la demagogia en boca de los políticos pregonan  que en la entidad se vive en paz y hasta rinden informes de  una supuesta eficacia de de la seguridad pública en la entidad, donde Chiapas es el segundo Estado del país más seguro.

Este discurso falso y lisonjero le hace daño a Chiapas y mella la credibilidad del gobierno tanto federal como de la entidad y termina fomentado la construcción de un mundo irreal, que no corresponde con la condición de deterioro de la dinámica social que se vive en la entidad, situación que confirma que estos funcionarios y políticos no están a la altura de las circunstancias sociales que Chiapas requiere atender urgentemente.

Chiapas ha vivido sucesos políticos que en otras circunstancias el gobernador ya hubiera sido llamado a cuentas, orillado a pedir licencia e incluso sometido a proceso judicial. Entre estos sucesos están la presencia de grupos paramilitares en más de 10 municipios de la entidad; el largo conflicto político en el municipio de Oxchuc, que con frecuencia impide la circulación vehicular; el conflicto en el municipio de Pantelhó en donde el grupo armado El Machete desapareció a 23 personas; las varias decenas de asesinatos en el conflicto entre Chenalhó y Aldama, que además produjo desplazamiento forzado de población;  los problemas sociales en Tila que vive un virtual estado de sitio; la guerra entre grupos delincuenciales en Frontera Comalapa y otros municipios de la Sierra, cuya carretera se convirtió en el paso más peligroso de la entidad, así como los enfrentamientos en el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, zona donde la guerra entre los cárteles se reprodujo, en el que nse afectó también la Región de la Frailesca; los graves problemas generados en los municipios fronterizos por la falta de una adecuada política migratoria que obliga a un reclamo enérgico al gobierno federal para que preste atención a esta problemática; y por último, las cuatro alertas emitidas por el gobierno norteamericano, sobre la inseguridad de algunas zonas del territorio chiapaneco.

Bajo estas circunstancias, resulta muy complejo construir gobierno y más si  se deja esta responsabilidad en manos de la frivolidad, de diletantes y aventureros, a quienes, con su indiferencia, hacen evidente que no les interesa garantizar la paz y mucho menos atender las demandas de la población con el fin de disminuir los problemas sociales que prevalecen en gran parte del territorio de Chiapas.

Las condiciones políticas en Chiapas son de una extrema fragilidad, que cualquier chispa puede provocar la violencia en las comunidades y más bajo la circunstancia de que la mayoría de las organizaciones se encuentran fuertemente armadas. 

En estas condiciones de caos social  y de violencia el sector que mantiene sus beneficios es el de los grupos de la delincuencia organizada que abiertamente operan en Chiapas y que se encuentra articulado a los diversos conflictos mencionados, que tienen bajo su control a cuerpos policiales, y varias presidencias municipales, y quienes semanalmente aportan recursos a funcionarios de la secretaría de seguridad y de las fiscalía estatal y general y quienes protegen a la delincuencia organizada y colaboran en la creación de patrones de impunidad. En el que ya no sorprende la inacción del Estado hacia la delincuencia, porque cada vez se confirma la complicidad del gobierno de Rutilio Escandón  con el crimen organizado.

La inseguridad es en este momento el principal problema que más afecta a la población, por eso, los dos nombramientos que mayor cuidado debe tener por parte del próximo gobernador es el del fiscal del Estado y el del secretario(a) de seguridad pública, pues a partir de estos nombramientos se va a evaluar la seriedad y el compromiso del próximo gobierno, que va a encontrar socialmente destrozada la entidad y con un amplio territorio bajo el control del crimen organizado, que sobre la base de los hechos, tiene el control político de municipios y de los cuerpos policiales, quienes le otorgan impunidad.

Son muchas las personas que manifiestan tener ya el compromiso con el próximo gobernador para ocupar la fiscalía del Estado, que de pronto se convirtió en el mayor botín, por la enorme cantidad de recursos ilícitos que esta dependencia recibe por parte de la delincuencia organizada. Esta intención que prevalece en los aspirantes a ocupar la fiscalía representa un hilo muy delgado entre la continuidad y el cambio en materia de seguridad en el próximo gobierno, debido a que mantener el estado de cosas de extorsión y violencia no tiene mayor complicación, cualquiera puede ocupar este cargo, pero si la voluntad del gobernante es cambiar esta situación, ¡cuidado!, el nombramiento de fiscal va a requerir un examen cuidadoso porque ahí se encuentra el anuncio de cambio y transformación prometido para los próximos años.

El principal problema del aparato público respecto a la inseguridad es la complicidad que prevalece entre funcionarios y delincuencia, que llegó a tal punto, que lo mismo recibe recursos del Cártel Jalisco (hoy Cártel Chiapas-Guatemala) que del Cártel Sinaloa, situación que rompió la hegemonía y el control de un cártel sobre otro y ocasionó la guerra que se vive en estos momentos en varios puntos de la entidad y que se refleja en la violencia y ejecuciones que la población percibe de manera cotidiana y que pone en riesgo su seguridad personal, familiar y de sus bienes.

Por eso el primer paso a seguir si se quiere regular la violencia y la inseguridad que hay en Chiapas, es eliminar esta red de corrupción que prevalece entre los funcionarios de la fiscalía, la secretaría de seguridad, las presidencias municipales y todos los cuerpos policiales, que mande la señal de que se acabó el pacto de complicidad, corrupción e impunidad, que prevalece entre el gobierno y el crimen organizado. 

La segunda decisión, estrechamente ligada al primer paso, es que ninguno de los que han participado en la complicidad, corrupción e impunidad puede ocupar un cargo en el área de seguridad, porque eso significa reproducir la red de macrocriminalidad entre el gobierno y la delincuencia organizada, en donde se envía la señal del gatopardismo, cambiar para que todo siga igual.

En los últimos tres años, fueron varios los anuncios que mostraban el incremento de la violencia y la inseguridad en Chiapas y se habló del calentamiento de la plaza por actividades del crimen organizado, sin que esto provocara la atención y preocupación del gobierno, que nunca tomó las medidas preventivas, de protección y garantías a la población, sobre todo en los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, que cada vez fueron más frecuentes en distintos lugares del Estado; en San Cristóbal de Las Casas, en Frontera Comalapa y demás municipios de la Sierra, en el corredor de Berriozábal-Ocozocoautla-Jiquipilas, en la región de la Selva y con la red criminal en torno del tráfico de personas y conflicto migratorio en Tapachula, con claras señales de que las autoridades estaban rebasadas.

Esta situación de violencia e inseguridad no fueron generadas por el gobierno de Rutilio Escandón sino que son herencia del pasado, como muchos otros conflictos que están latentes en la entidad, sin embargo el problema se acrecentó en este gobierno, debido a que funcionarios de la fiscalía del Estado y de la secretaría del Estado empezaron a recibir dinero de los dos cárteles más importantes del país, establecidos en Chiapas y sobre ello existe una inacción política de un gobierno que se caracteriza por la indiferencia y que deja avanzar los problemas. Y en esto reside la responsabilidad del gobierno de Rutilio Escandón, que conoce de los problemas de violencia pero los oculta, se desentiende de ellos y por su indiferencia y la corrupción, no se tomaron las medidas preventivas hasta llegar al punto de la crítica situación en la que se encuentra la entidad en este momento. En este sentido es importante señalar, que entre las cosas que no se hicieron de manera adecuada son los nombramientos de los funcionarios de la fiscalía del Estado y la secretaría de seguridad pública, y junto con ello, no se realizó la depuración y una selección rigurosa a través de los controles de confianza de los comandantes de las distintas corporaciones policíacas, así como del personal de la fiscalía, en el que existen señalamientos de comandantes y servidores públicos, que se encuentran al servicio de la delincuencia organizada y pese a ello, no se ordena la investigación y se reproduce la complicidad entre gobierno y delincuencia organizada.

En Chiapas es fantasiosa la coordinación de las dependencias en el combate a la delincuencia, pues no existe una cabeza que establezca el mando en las operaciones y existen detenciones de grupos de delincuentes que han terminado en un fiasco, al ser puestos en libertad. El propio fiscal no tiene el control de la fiscalía y en la secretaría de seguridad se continúa con la recolección de dinero del crimen organizado pese a que ya no forma parte de la institución el personaje largamente señalado de ser el intermediario del gobierno y la delincuencia. Esto significa que el control de las dependencias de seguridad está diluido y con ello el gobierno de Rutilio Escandón no solo perdió capacidad de respuesta ante el crimen organizado sino que se subordinó ante el control del territorio ejercido por los cárteles.

Los sistemas de inteligencia del país y de la DEA tienen identificado a los principales líderes de los grupos de la delincuencia que operan en todo el territorio de Chiapas y conocen además quienes son las autoridades que proporcionan protección a estos grupos, que actúan en plena impunidad y que ya impusieron no solo el terror en la población, sino un poder que ejerce dominación sobre el resto de la sociedad, pero no se ejecuta ninguna operación para detener a los responsables, y con ello, establecer los límites a la delincuencia e imponer la fuerza del Estado. Esta situación provoca que la población quede indefensa y expuesta no sólo frente a la delincuencia sino ante los propios servidores públicos, quienes han sido señalados de ser ellos quienes detienen y desaparecen a personas para luego entregarlos a los grupos de la delincuencia, y muchas de estas personas han sido ejecutadas.

Esta realidad es la que se oculta a través del discurso de mentiras de un Chiapas seguro, que lamentablemente repiten los gobiernos federal y estatal, sin ninguna credibilidad en la población que tiene identificada claramente la irresponsabilidad del actual gobierno, que abandonó a su suerte a la población.  

Chiapas arrastra graves problemas de gobernabilidad y a partir de los últimos años padece también problemas de inseguridad. Sobre procesos de construcción gobernabilidad, hay experiencias que muestran que sí es posible revertir este problema, en donde la eficacia gubernamental en la toma de decisiones juega un papel importante. Pero esto no es así con los problemas ocasionados por la inseguridad y las redes de macrocriminaliidad, que afectan la vida democrática, la gobernabilidad y los derechos humanos y en donde la corrupción se conjuga con la impunidad y la violencia, situación que hace más compleja el establecimiento de políticas de mejora y de reconstrucción de la paz.

En este sentido, la sociedad actual tiene en los problemas de seguridad su principal preocupación. Equivocadamente se desarrolló la idea de que una manera para mejorar la seguridad era la de reducir la pobreza, como si sólo los pobres delinquieran y los ricos no robaran, cuando la realidad indica que los problemas de corrupción y de mayor saqueo están en los grupos de población con mejores niveles de bienestar, es decir, que los ricos también delinquen y son quienes menos se castigan por la corrupción que prevalece en el sistema de impartición y procuración de justicia.

Sin embargo, los problemas provocados por la inseguridad son en nuestros días de una dimensión mayor, se habla de redes de macrocriminalidad, en donde participan empresarios, grupos de la clase política gobernante y los grupos de la delincuencia organizada. Sobre todo, porque no puede haber delincuencia organizada sin los mecanismos y empresas que promueven y garantizan el lavado de dinero y tampoco hay delincuencia organizada sin las redes de protección policíaca y de apoyos políticos al interior de los gobiernos.

Por esta razón, cada vez tiene mayores complicaciones el buscar mejorar la seguridad en el país, por los enormes intereses que se mueven en torno a la delincuencia organizada y por las redes de macrocriminalidad que se construyen en torno de estos intereses económicos, que participan en una globalización del lavado de dinero y que construyen una organización de poder al interior del  Estado-nación, que termina dominando y controlando al propio Estado.

Por eso el señalamiento optimista de que es más probable resolver los problemas de gobernabilidad en una sociedad, que resolver los problemas de seguridad. De allí que cuando surge el discurso político que presume la disminución de los delitos de alto impacto, como sucede con el gobierno en Chiapas, la desconfianza debe ser mayor, porque se denota una ligereza de opinión sobre la magnitud del problema y de los intereses que existen en la protección y complicidades con la delincuencia organizada y la preocupación debe ser mayor, cuando el presidente de la república y el secretario de la defensa, que son las personas mejor informadas del país, participan en la difusión de las mentiras sobre la seguridad en la entidad.

Chiapas, como gran parte del país, forma parte de las redes de macrocriminalidad y entró a una fase de descomposición social en donde los niveles de violencia provocados por la inseguridad van a ir en aumento, ante la complacencia y la complicidad de la autoridad gubernamental, quienes prefieren repetir que Chiapas va bien en seguridad, en lugar de tomar las medidas preventivas y de protección para evitar el crecimiento de la delincuencia organizada en la entidad. Para quienes se preguntan en qué momento se descompuso la seguridad en Chiapas la respuesta es simple, en el momento en que desde el aparato público estatal, funcionarios empezaron a recibir dinero del crimen organizado y lo hicieron estableciendo acuerdos con los dos principales cárteles del país,  lo que constituyó derechos e impunidad al crimen organizado y creó las condiciones de guerra que se vive actualmente. Esto se originó en el gobierno de Rutilio Escandón, en donde la fiscalía del Estado, la secretaría de seguridad pública, varias presidencias municipales y comandantes de los cuerpos policíacos están vinculados con el crimen organizado y dentro de la misma administración pública del Estado hay funcionarios al servicio del Cártel Jalisco y funcionarios al servicio del Cártel de Sinaloa, situación que agravó los problemas de seguridad.

En la recta final del proceso electoral, el candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez, decidió jugar en tres dimensiones, lo que le permite tener el control político del proceso: lo primero que hizo fue cuidar que en su discurso se hable de continuidad o de construir el segundo piso de la cuarta transformación en la entidad,  discurso que viene realizando Morena en el país, sobre todo, porque en Chiapas no puede haber continuidad de un gobierno que permitió e incluso estimuló el crecimiento del crimen organizado en la entidad y ocasionó que la seguridad sea hoy la principal demanda de la población; pero sobre todo, no puede haber continuidad ni un segundo piso, de un gobierno frívolo que nunca tomó decisiones políticas y que hoy día tiene solo un 5.1% de aprobación, lo que significa que el gobierno de Rutilio Escandón está reprobado en todos los aspectos y que representa una carga para el candidato.

La segunda dimensión de la campaña que construyó Eduardo Ramírez, fue la difícil tarea de unir a los divididos, particularmente en la elección para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, en la que hubo muchos aspirantes y en la misma se impuso a un candidato sin los antecedentes políticos para aspirar a la presidencia, en el que se cuestiona su oriundez, por haber vivido muchos años en Tabasco y por estar involucrado con este grupo político, señalado por haber depredado el presupuesto de la entidad y con varias acusaciones de haber asignado obras y contratos a empresas fantasmas. La tarea de unir a los divididos, resultó una operación política, hasta ahora eficaz, al incorporar a los aspirantes en la presidencia de Tuxtla, en tareas de la campaña, lo que evitó la desbandada y el malestar en simpatizantes de Morena, que los ponía en condiciones difíciles la contienda en Tuxtla Gutiérrez, en donde existe la única oposición en Chiapas, encabezada por el Dr. Paco Rojas, que va en busca por cuarta ocasión consecutiva por la presidencia municipal de la ciudad capital.

La tercera dimensión creada por el candidato Eduardo Ramírez, es la de tomar en sus propias manos el control electoral, en razón de que la mayoría de los candidatos –por no decir la totalidad-, carecen de capital político, y en una contienda con competencia electoral no tendrían posibilidades de obtener el triunfo. Dicho en otras palabras, fuera de los votos que el propio Eduardo Ramírez posee, no hay candidatos de su alianza partidaria que le aporte votos nuevos. Y en esta perspectiva, él debe de construir las condiciones para posibilitar el triunfo de Morena en los 13 distritos electorales federales y en las tres senadurías en disputa y evitar una sorpresa en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

El triunfo de la gubernatura en Chiapas se definió desde el momento mismo en que Eduardo Ramírez fue nombrado candidato de Morena, era el de mayor trabajo político y el de mejor estructura electoral, que lo convirtió en un candidato con el consenso y respaldo local, en un entidad en donde todos los nombramientos de gobernador han sido acordados desde el centro del país, y en donde hubo gobernadores sin arraigo y sin compromiso a Chiapas, y que cuando terminaron su gestión, se o0lvidaron de Chiapas y no mantuvieron su domicilio en la entidad.

La situación de Eduardo Ramírez es diferente, sobre él pesa la difícil responsabilidad que significa que él no tiene derecho a equivocarse, en condiciones complicadas porque Chiapas está destruido y hay todo por hacer; en donde el primer reto a vencer es la de construir gobierno en una sociedad que tiene 18 años sin gobierno.

Ayer hubo un debate entre los candidatos a la gubernatura de Chiapas, este ejercicio importante en la vida democrática de un país, no tuvo los efectos esperados, debido a que la crisis social que vive la entidad quedó invisibilizada y no se presentó un diagnóstico de la terrible situación que está padeciendo la población en todas las esferas de la vida cotidiana, que amerita la necesidad de implementar políticas emergentes y programas a mediano plazo, que contrarresten los efectos negativos que se están viviendo debido a la inseguridad y al abandono de las actividades económicas, que vienen generando problemas de gobernabilidad.

Chiapas requiere urgentemente medidas más allá de las que fueron expuestas en el debate, que no adquirió la relevancia que se requiere, simple y sencillamente porque no existe competencia electoral, en razón a que la oposición en la entidad se encuentra disminuida y la dirigencia de los partidos que integran al frente opositor, carecen de la fuerza política para capitalizar el malestar social y tienen una experiencia de acuerdos y negociaciones con el poder, que les reditúa mayores beneficios personales, que el involucramiento en una lucha política que desencadene un movimiento social, que ponga en riesgo el status político y que se traduzca en una verdadera lucha electoral.

Esta ausencia de oposición es lo que ha permitido al gobierno federal expresar el discurso de mentiras sobre la seguridad en Chiapas y es lo que ha permitido la existencia de una administración tan pusilánime como la que encabeza Rutilio Escandón, que no solo nada de muertito sino que omite hacer declaraciones de la terrible situación de la inseguridad en la entidad y prefiere referirse a situaciones del clima o los anuncios de los incendios y a emitir cuidados sobre la salud, que no lo comprometen pero lo exhiben en su verdadera situación de pusilánime.

La situación de desastre social en Chiapas va más allá del debate entre los candidatos. Y lo que se escuchó ayer, no mostró lo que Chiapas necesita urgentemente, un gobierno diferente desde el primer minuto de su ejercicio, un gobierno que tome decisiones y acuerdos para resolver la problemática chiapaneca. Chiapas requiere de un nuevo rostro y ese compromiso, que es una obligación del gobierno, estuvo ausente, sobre todo, porque la entidad arrastra 18 años de ausencia de gobierno y junto a ello se estableció 18 años de frivolidad y de irresponsabilidades.

El obligado a perfilar el nuevo rostro de Chiapas es Eduardo Ramírez, quien no tiene competencia electoral pero se enfrenta a un profundo malestar social en la población, que de manera subterránea difunde y reproduce la idea ni un voto a Morena, lo que implica un voto de castigo en ciertos sectores sociales, que no dan para ganar a la oposición, pero que refleja el sentir de una población que ha sido abandonada a su suerte. Este nuevo rostro de Chiapas implica la existencia de dos tipos de proyectos de gobierno; uno con políticas emergentes, que implique un efecto de recuperación económica, de medidas preventivas para disminuir la inseguridad y para construir la gobernabilidad del Estado, y otro, con políticas de mediano plazo que definan un gobierno diferente, que atienda y resuelva de acuerdo a las posibilidades, los problemas de Chiapas.

La difusión de los resultados de la encuesta nacional sobre la aprobación de los gobernadores de la empresa Arias Consultores, muestra al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón como el gobernador peor evaluado en el país, en donde el 81.7% de la población desaprueba su gestión y sólo 5.1% aprueba este gobierno. Este dato resulta ilustrativo para identificar los pobres resultados alcanzados por Rutilio Escandón que ha sido un verdadero desastre para Chiapas, en el que toleró y presuntamente permitió el crecimiento de la delincuencia organizada. A punto tal que los cárteles mantienen una guerra por el control del territorio.

En esa encuesta, la población entrevistada de Chiapas reconoce como el principal problema de la entidad la seguridad, un aspecto que ha sido minimizado por el gobierno federal y por el propio Rutilio Escandón, en el que con cinismo y frivolidad se mantiene el discurso de un Chiapas seguro, que contrasta con la opinión del  62% de la población, que de acuerdo a esta encuesta la seguridad es el principal problema a resolver.

La caída del nivel de aprobación de Rutilio Escandón en pleno proceso electoral es preocupante, porque gran parte de su gabinete, colaboradores del desastre que vive Chiapas, son candidatos para distintos puestos de elección popular y votar a favor de ellos resulta una contradicción, pues se estaría dando un voto a favor de la gestión de Rutilio Escandón, quien tiene los niveles de aprobación más bajos obtenidos por un gobernador, que lo sitúa en el justo término, por la indiferencia con que mira los problemas sociales de la entidad, en donde ignorar los problemas se convirtió en un estilo de gobierno, de ahí que este nivel de aprobación del 5,1% de aprobación refleja fielmente el malestar de una población ante un gobierno.

En efecto, votar por Ángel Torres o por Pepe Cruz o por cualquier funcionario del gobierno de Rutilio Escandón, es votar a favor de una gestión que está ampliamente reprobada y a la que se le reconoce como responsable del desastre social y económico que vive hoy día Chiapas. Frente a este nivel de desaprobación, resulta claro que la mayoría de los candidatos propuestos por Morena y sus aliados no aportan votos por sí solos, y representan claramente una carga para el candidato a gobernador Eduardo Ramírez y para la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, en donde son éstos los que darán el triunfo a la camada de diputados y presidentes municipales postulados por Morena y sus aliados.

Junto a esta situación resulta entendible el por qué en grupos de población se expresa la opinión de ni un voto a Morena, y a la vez, se puede entender, que sin la existencia de una oposición en Chiapas, la candidata del frente de oposición traiga en las encuestas un 31 % de intención del voto, y Xóchitl Gálvez alcance un 38% de esta intención del voto, aspectos que no pueden desestimarse, debido a que Chiapas juega en estos momentos un papel crucial que prácticamente puede definir el resultado final de la votación presidencial, sobre todo, si Chiapas no le proporciona a Claudia Sheinbaum el colchón del 5% de la votación total o sea un millón 500 mil votos de ventaja sobre su contrincante. Esta historia, sin duda, sería diferente sin Rutilio Escandón hubiera cumplido con su función de gobernador en lugar de su indiferencia y frivolidad, que lo tiene en estos momentos como el peor gobernador de México.

En Chiapas no hay paz ni justicia y sí mucha violencia e inseguridad. Esto es una realidad que se palpa todos los días, aunque los políticos pregonan el falso discurso que en la entidad se vive en paz y hasta rinden informes de  una supuesta eficacia de de la seguridad pública en la entidad, gracias al trabajo que realiza la mesa de seguridad.

Este discurso lisonjero le hace daño a Chiapas, mella la credibilidad del gobierno tanto federal como de la entidad y termina fomentado la construcción de un mundo irreal, que no corresponde con la condición de deterioro de la dinámica social que se vive en la entidad, situación que confirma que las autoridades no están a la altura de las circunstancias sociales que Chiapas requiere atender urgentemente.

Chiapas ha sufrido sucesos sociales que en otras circunstancias el gobernador ya hubiera sido llamado a cuentas e inclusive orillado a pedir licencia. Entre estos sucesos están la presencia de grupos de autodefensa en varios municipios de la entidad; el largo conflicto político en el municipio de Oxchuc, que con frecuencia impide la circulación vehicular; el conflicto en Pantelhó, en donde el grupo armado El Machete desapareció a 23 personas; las varias decenas de asesinatos en el conflicto entre Chenalhó y Aldama, que además produjo desplazamiento forzado de población;  los problemas sociales en Tila que vive un virtual estado de sitio; la guerra entre los cárteles que hay en los municipios fronterizos de la Sierra, cuya carretera se convirtió en el paso más peligroso de la entidad y esta guerra se trasladó a la Región de la Frailesca y al corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas; la grave situación  en los municipios fronterizos, por la falta de una adecuada política migratoria que obliga a un reclamo enérgico al gobierno federal para que preste atención a esta problemática; y los escándalos de corrupción en manos de funcionarios ligados con el grupo Tabasco, en el que se asignaron contratos a empresas fantasmas.

Bajo estas circunstancias, resulta muy complejo construir gobierno y más si  se deja esta responsabilidad en manos de diletantes y aventureros, a quienes no les interesa garantizar la paz y mucho menos atender las demandas de la población con el fin de disminuir los problemas sociales que prevalecen en gran parte del territorio chiapaneco, pero sí muestran una extraordinaria rapacidad en el manejo de los recursos públicos para enriquecerse.

Las condiciones políticas en Chiapas son de una extrema fragilidad y peligrosidad, que cualquier chispa puede provocar una mayor violencia en la entidad y más bajo las condiciones de guerra entre los cárteles, cuya actividad ya penetró en comunidades indígenas,  circunstancia que implica una mayor tensión, sobre todo porque la mayoría de las organizaciones de la región se encuentran fuertemente armadas. 

En estas condiciones de caos social  y de violencia, el sector que mantiene sus beneficios es el de los grupos de la delincuencia organizada que abiertamente operan en Chiapas y que se encuentra articulado a los diversos conflictos mencionados, que tienen bajo su control a cuerpos policiales, y varias presidencias municipales, y quienes semanalmente aportan recursos a funcionarios de la secretaría de seguridad y de las fiscalía estatal y general de la república, quienes protegen a la delincuencia organizada y colaboran en la creación de patrones de impunidad. Bajo estas circunstancias ¿quién puede creer el discurso de un Chiapas seguro? Como lo afirmara recientemente en su visita el subsecretario de seguridad pública, el general Luis Rodríguez Bucio.

En México existe una historia recurrente de imposición de acuerdos y de políticas, que en muchas ocasiones son contrarias al interés general de la sociedad. En este sentido, el debate de ideas en el Congreso de la Unión, en el México posrevolucionario y en el de los gobiernos de alternancia, ha sido escaso. Después de que el Congreso Constituyente de 1917, le modificó radicalmente el proyecto de Constitución a Venustiano Carranza y terminó aprobando otro documento muy distinto al presentado por el presidente, jamás se ha vuelto a vivir en el Poder Legislativo una efervescencia política de tal magnitud, capaz de modificar una iniciativa presidencial, aún y cuando en el año de 1997 el PRI perdió la mayoría en la cámara, lo que lo obligó a establecer políticas de acuerdos con las otras fracciones para aprobar las iniciativas que eran del interés del presidente, como sucedió con el incremento del IVA o la deuda del FOBAPROA .

Esto evidencia que la actividad política en México se encuentra secuestrada: los representantes populares no representan a la ciudadanía y se mueven a través de los criterios definidos al interior de sus partidos. En el momento es que se dicta la línea política por la dirigencia del partido, el debate desaparece. Los diputados y senadores se alistan para votar lo que se les instruye. Lo que se discute y argumenta en la tribuna carece de sentido; en virtud de que nadie va a modificar su criterio de votación. Ningún diputado o senador modifica su sentido del voto a partir de los argumentos que se esgrimen; porque ellos sólo responden a la línea que reciben de su partido.

Lo grave de las formas en que se legisla en el país, es que los propios diputados y senadores, en muchos de los casos, ignoran el sentido de lo que se aprueba y la mayoría de las veces no conocen el contenido de las iniciativas de ley ni las consecuencias sociales o económicas que determinadas leyes provocan. Los representantes populares, lamentablemente, no se caracterizan ni por sus conocimientos ni por su inteligencia ni mucho menos por un trabajo responsable. 

En esta perspectiva, es un hecho que el desempeño de los legisladores carece de  trascendencia política y la gran mayoría de ocasiones desconocen las repercusiones sociales que se viven por el sentido con que se vota. La subordinación de los diputados y senadores que debiera de desaparecer para dar paso a la división de poderes, con el gobierno de Morena se incrementó, y existen humillaciones de tal grado, que el presidente ordena que a sus iniciativas no se les modifique ni una coma.

En este afán de controlar el Congreso para que no haya resistencia a las iniciativas presidenciales, existe un afán por arrasar en las votaciones para obtener una mayoría calificada, lo que implica la existencia de un solo legislador y muchos súbditos. Así sucedió en las elecciones del 2018 y del 2021, y el gran propósito electoral es que esto suceda en las elecciones del 2024, con el famoso Plan “C”. Bajo la idea de elegir súbditos y no representantes populares, Morena en Chiapas seleccionó una lista de candidatos, tal parece sacados de la escoria, sin formación académica, sin compromiso social, sin conocimiento de lo que Chiapas requiere y en algunos casos por la obtención de favores de lo más criticable, lo que significa que la entidad va a tener una representación deshonrosa y vergonzante, aún peor de la que acaba de finalizar, con usurpadores de la identidad indígena y personajes verdaderamente impresentables, lo que pone en cuestionamiento, que con estos tipos de diputados se puede llevar una transformación del país y más aún construir una fase superior de una transformación de la sociedad.

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