Ayer fue un día de enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, tanto en el tramo de la carretera Ocozocuautla-La Choapas como en el municipio de Frontera Comalapa, en el que se especula que hubo decenas de muertos, sin que importara que el secretario de gobernación, Adán Augusto López, estuviera en Chiapas haciendo campaña política, con la ayuda del gobernador de Chiapas, que movilizó a presidentes municipales y éstos a población de sus municipios, para que se viera el respaldo que le brinda Chiapas a su proyecto político con miras de alcanzar la presidencia de la república.

En el mes de marzo, en una gira que realizó el presidente de la república en Chiapas, el secretario de gobernación y el secretario de la defensa nacional reconocieron que Chiapas había mejorado los índices de seguridad y que hay una reducción de los delitos de alto impacto. Ese informe fue puesto en duda, en virtud de que se sabe de los graves enfrentamientos que hay entre la delincuencia organizada en varios puntos de la entidad, en donde obviamente sobresale Frontera Comalapa, San Cristóbal de Las Casas y el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, pero estos no son los únicos puntos en donde existe una violencia por el control del territorio entre la delincuencia organizada, pues también la violencia se presenta en Teopisca, Rincón Chamula, Pueblo Nuevo, Palenque y los municipios fronterizos.

Todo parece indicar que esta violencia no se quiere ver por los funcionarios federales, particularmente por el secretario de gobernación, que es el responsable de la gobernabilidad y de la seguridad interna, por eso sorprende que el día de ayer, en que el secretario de gobernación sería recibido en Chiapas como próximo presidente de la república, estallara la violencia y se ponga en evidencia el pobre manejo de la política y de la seguridad que hay en la entidad, en donde clara y abiertamente se señala que en Chiapas no hay gobierno.

La situación es grave en los municipios antes señalados de la entidad, en donde abiertamente los grupos de la delincuencia les avisa a la población que no salgan de sus casa y que no abran los comercios porque va a haber enfrentamientos, sin que las fuerzas de seguridad pública intervengan para imponer el orden y la paz. La actuación de la Guardia Nacional es cuestionable, a punto tal que los vecinos expresan que los elementos se retiraron de la caseta de Ocuilapa a la hora en que se supo que había enfrentamientos en la carretera a Las Choapas que en Frontera Comalapa tampoco intervinieron a pesar de que los enfrentamientos duraron horas.

En Chiapas los enfrentamientos armados se dan entre las células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, lo que convierte a la entidad en un problema de seguridad nacional por las consecuencias geopolíticas que Chiapas tiene. Pero esto no representa interés para el gobierno federal para asumir con seriedad esta crisis a pesar de los señalamientos de políticos norteamericanos que señalan que en México se protege a la delincuencia organizada. Y algo hay de cierto en Chiapas, en virtud de que han sido muchos los señalamientos que se han publicado en el sentido a que funcionarios de la fiscalía del Estado y de la secretaría de seguridad pública colaboran con los grupos de la delincuencia organizada, sin que se realicen las investigaciones correspondiente y se castigue a los funcionarios responsable del incumplimiento de sus funciones y que con sus actos colaboran en el caos que se vive en la entidad. 

La falta de crítica y de autocrítica  entre los seguidores del gobierno de Morena viene produciendo el aceleramiento de la degradación de la política; a punto tal, que el día de ayer, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputados de ese partido aplaudieron la propuesta de obradorizar el Poder Judicial, es decir, destruir cualquier posibilidad de la división de poderes, en donde paradójicamente los límites del poder presidencial debe de encontrarse precisamente en el Congreso de la Unión, en donde se expresa la pluralidad política.

El sometimiento y abandono de la reflexión política para quedar bien con el presidente, no es sino la máxima expresión de la cultura priista que se reproduce de manera natural entre los diputados, senadores, gobernadores y en los militantes de Morena, quienes no solo no aceptan críticas sino que están convencidos que todas las ocurrencias del gobierno es por el bien del pueblo y que hay que apoyarlas incondicionalmente. Esta postura es totalmente contraria al principio de la transformación que pregonan, debido a que la transformación social solo se puede lograr a través del cuestionamiento lúcido y reflexivo de la realidad que nos rodea y esto es lo que está ausente en este gobierno, que se mueve a través de dogmas y estigmatizaciones.

La reproducción de esta cultura priista se nota hasta en las campañas adelantadas a la presidencia o a la gubernatura, entre los aspirantes de Morena, quienes realizan campaña difundiendo sus vínculos con López Obrador; buscan demostrar quién es el más obradorista y no quien es el que tiene más talento y mejor trayectoria. En estas campañas en donde el ánimo de los candidatos es quedar bien con el presidente y no con los electores se observa la degradación de la política; en el que se perdió la dignidad que caracteriza a los seres humanos en actitudes humillantes con tal de quedar bien con el gran elector, que no es pueblo como hacen creer sino que es el propio López Obrador.

Practican la cultura priista, pero en la actitud de lacayos se olvidan que entre la cultura política del PRI habían principios y uno que resulta determinante es la de desconfiar del que más se arrastra, porque su falta de escrúpulos los convierte fácilmente en traidores. Por eso en el régimen del PRI, quien resultaba el elegido lo primero que solía hacer era distanciarse de la figura presidencial, no sólo para obtener independencia y libertad sino también para demostrar el nacimiento de un nuevo mando, por eso la existencia del otro principio de “Muera el Rey y Viva el Rey”.

La propuesta de obradorizar el poder judicial no solo resulta una soberana tontería, debido a que lo que requiere la Suprema Corte es que haya condiciones sociales para impartir justicia y garantizar el derecho efectivo. Dos aspectos que no se aplican adecuadamente entre los impartidores de justicia, pero que este debe ser el principio general que guíen a los jueces, magistrados y ministros.

La política social en México destina 350 mil millones de pesos para apoyos a los grupos de mayor vulnerabilidad, particularmente a los grupos de mayor pobreza, a quienes fácilmente se les manipula la intención del voto, situación que evidencia una fragilidad democrática por la inducción al voto, que difícilmente se ejerce con libertad al estar condicionado a las ayudas sociales que estos grupos reciben del gobierno. En este sentido, a los grupos de mayor pobreza no solo se les violan derechos sociales sino que se les restringen los derechos políticos, al no ejercer su voto en plena libertad.

Esta realidad no puede pasar desapercibida, en virtud de que la insuficiencia de la vida democrática en el país se debe a prácticas culturales no democráticas que se reproducen en los gobiernos, en los partidos, en los sindicatos, en las escuelas y en distintas decisiones políticas y sociales, que afectan el rumbo de los resultados electorales. Dicho en otras palabras, las prácticas antidemocráticas se desarrollan fuera de las instituciones electorales, a quienes regularmente se les hace pasar como responsables de los fraudes electorales.

Esto ha generado una percepción en las personas de que los fraudes se cometen al interior del órgano electoral, percepción que está equivocada; en virtud de que el fraude se comete en las distintas formas en que los votos llegan a las urnas. Es decir, si el voto es comprado, si el voto es coaccionado, si los electores son acarreados,  si las urnas son rellenadas, si las urnas son robadas o bien a través de mecanismos de amenazas que suele suceder cuando la delincuencia organizada decide participar activamente en las elecciones, como viene sucediendo en la actualidad.

El problema de las prácticas antidemocráticas no está en el Instituto Nacional Electoral, aunque tiene corresponsabilidad al no aplicar la ley electoral de manera estricta. El problema de estas prácticas antidemocráticas está fundamentalmente en el Estado mexicano, que no se ha instituido democráticamente. Por eso la existencia de fraudes electorales, ya sea por cualquier práctica de inducción o compra del voto se debe a que el Estado es quien los promueve, lo valida o lo permite.

Durante varios meses el Instituto Nacional Electoral sufrió una política de avasallamiento por parte del gobierno, en donde incluso existió el discurso de destruir al INE. Absurdamente y maniqueamente se le acusó de promover el fraude electoral y se le situó como una institución que no promueve la democracia. En esta narrativa de acusaciones se dejó de lado a los partidos políticos, que son los actores importantes en todas las elecciones y se dejó de lado la cultura antidemiocrática  que prevalece en la sociedad, pero particularmente se dejó de lado a función del gobierno, que utiliza los padrones de beneficiarios de las ayudas sociales para garantizar un núcleo de electoras cautivos que representan el voto duro a favor del partido gobernante. Por esto no se disminuye realmente la pobreza, en razón de que los pobres representan votos a favor del gobierno en turno.

En la obtención de este voto cautivo de la población en condiciones de pobreza, Chiapas juega un papel relevante en el mapa electoral, representa un millón quinientos mil votos, que puede ser el 10% de la votación nacional que necesita el ganador de la contienda a la presidencia de la república, por eso Chiapas se encuentra en el centro de la disputa entre las “corcholatas” que buscan la presidencia y por eso es poco creíble que los apoyos que aparecen en todo el territorio estatal a favor del secretario de gobernación, Adán Augusto López, sean reales, pues Chiapas, por ser un el granero de votos,  representa un interés de todos los aspirantes a la presidencia y por lo tanto, tienen puestos sus estrategias política en la entidad, particularmente el último que se destapó en este juego electoral, Manuel Velasco Coello.

El gobernador Rutilio Escandón, por intereses familiares, ligó su destino con su cuñado, Adán Augusto López, y por eso manipula a presidentes municipales y liderazgos locales para forzar los apoyos a su candidato, que de acuerdo a las distintas encuestas, tiene pocas posibilidades de ser el candidato del partido Morena, pero eso no impide que en los adelantos políticos las personas definan su futuro político.

La autonomía del órgano electoral es indispensable para garantizar certeza, imparcialidad y legalidad en las elecciones en México; pero sobre todo, para imponer límites al intervencionismo del gobierno en los procesos electorales, como sucedía en el régimen del PRI, en que este partido ganaba todos los cargos de elección popular. Por eso en la reforma electoral de 1996, se le quitó al Estado la organización de los procesos electorales, se creó el Instituto Federal Electoral y se le otorgó autonomía a este órgano. Los resultados se notaron de inmediato; en las elecciones de 1997 el PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados y en las elecciones del año 2000 pierde la presidencia de la república.

En el 2014 se acuerda una nueva reforma electoral, que da paso a la creación del Instituto Nacional de Elecciones,  que en la organización de su primera elección presidencial del año 2018, gana la presidencia de la república el más importante líder opositor del país, quien en el cuarto año de su gobierno, impulsa una reforma electoral sin el consenso necesario, misma que fue rechazada en el pleno de la Cámara de diputados, lo que desató un embate en contra de la autonomía del INE, en donde incluso, se buscó que funciones de este órgano las absorbiera de nuevo el Estado.

En este enfrentamiento de la presidencia de la república y del partido Morena con el INE, éste órgano se debilitó, y en este momento el Instituto perdió autonomía, a punto tal que se da un acrecentamiento de campañas adelantadas sin que el Consejo General sancione a ninguno de los contendientes que actúan en la ilegalidad. Junto a esta omisión del INE, el presidente incrementó de igual manera su discurso intervencionista, y realiza abiertamente campaña a favor de Morena, afirmando que la oposición no va a regresar a la presidencia, lo que representa una amenaza a la posibilidad de la alternancia política, que es una garantía de la imparcialidad en las elecciones.  

El mayor desaseo político, provocado por el intervencionismo gubernamental, se observa en las elecciones del Estado de México, en donde están siendo aplicados todos los mecanismos ilegales que utilizaba el PRI para ganar las elecciones. El intervencionismo presidencial es a plena luz del día, que giró instrucciones para que todos los gobernadores de Morena se concentren en apoyos a la candidata del Estado de México, quien está severamente cuestionada por actos de corrupción y de uso de recursos ilícitos en las elecciones, cuando fue presidenta municipal de Texcoco.

El llamado presidencial de intervenir en las elecciones en el Estado de México fue cumplido por Rutilio Escandón, quien envió al Estado de México, dos autobuses, que son unidades de servicios médicos, a brindar apoyos  a la campaña, de una candidata que se encontraba 20 puntos arriba de su contendiente y que ahora, inexplicablemente, requiere de apoyos para ganar las elecciones.

El vídeo que circula en las redes sociales, en el que se observa que de Chiapas se brindan servicios médicos en el municipio de Tezoyuca, en el Estado de México, convierte en automático al secretario de salud Pepe Cruz y al gobernador Rutilio Escandón en delincuentes electorales, y pueden ser sometidos a una investigación por el delito de desvío de recursos públicos.  

El gobierno abandonó sus principales obligaciones, que es la de garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, la aplicación de la ley y el mejoramiento de las condiciones mínimas de gobernabilidad, y todo estas preocupaciones fueron abandonadas por  el interés de ganar las elecciones del año 2024, que se elige de manera simultánea la presidencia de la república y la gubernatura del Estado, en donde  desde el palacio de gobierno se apuesta por la candidatura del secretario de gobernación Adán Augusto López y se promueve a tres secretarios de la administración –Ángel Torres, Javier Jiménez y Pepe Cruz-, a la gubernatura de Chiapas.

En este clima de campañas adelantadas, tolerado por el IEPC, hay once candidatos en campaña, los tres delfines del gobernador; los dos con más posibilidades, Eduardo Ramírez y Zoé Robledo; la única mujer en la contienda, Sasil de León, quien espera que Morena se defina por una candidatura de género; los funcionarios federales, Aguilar Castillejos y Plácido Morales; y los candidatos relleno, Ismael Brito,  Luis Armando Melgar y el facineroso de Jorge Luis Llaven, todos ellos organizando eventos, pintando bardas, algunos con espectaculares que evidencia un gasto millonario, en el que no se investiga la procedencia de esos recursos.

La existencia de once candidatos es una evidencia de cómo se abarató  el gobierno de Chiapas. Y más cuando la gran mayoría se prenden de la popularidad del presidente de la república y presumen ser los más obradoristas de la entidad, como si por arte de magia la popularidad del presidente los unge como el elegido y no el trabajo, la popularidad y la trayectoria política. Estas once candidaturas muestra la perversión de la política local, que sigue pensando igual que el antiguo régimen, que creía que si el PRI lanzaba como candidato a una vaca la vaca ganaba, dejando con esto de lado los grandes problemas que Chiapas tiene, principalmente por el abandono del gobierno ocasionado en los tres últimos gobernadores de la entidad, el incremento de la inseguridad y la apropiación de territorio que la delincuencia organizada ha emprendido en la entidad.

Chiapas representa el rostro del caos, y sobre esta situación, se alimenta gravemente la disputa y una mayor división de Chiapas, en el que se hace evidente que Rutilio Escandón, quien no ha podido y menos sabido ser gobernador, impulsa candidaturas sin posibilidades de triunfo, con la intención de debilitar a los candidatos con más posibilidades y con eso lo único que logra es debilitar aún más su frágil administración, que padece muchos déficit, pero el más delicado es la falta de gobierno.    

Chiapas se encuentra al borde del precipicio y Rutilio Escandón en lugar de cuidar la sucesión y con ello preparar adecuadamente su retiro, se encuentra en la vorágine política, encabezando campañas y proyectos políticos, con si tuviera la legitimidad para hacerlo, y con ello se convierte en un rival político y no en el árbitro neutral que debiera de cuidar un proceso transparente, legal y de consenso.

La recta final de esta administración se prevé un incremento de los conflictos, debido a la pérdida de legitimidad del gobernador, al creciente malestar en la población por la falta de oficio, de sensibilidad política, por el desprecio a la participación ciudadana y por la indiferencia manifiesta a las problemáticas sociales en el que no se toman decisiones, lo que incide en que cada vez sea mayor la apropiación y el control del territorio por  parte de los grupos de la delincuencia organizada.

Hay situaciones como las que se viven en San Cristóbal o en Teopisca, en el que se sabe que los problemas se deben a la presencia de la delincuencia organizada, pero el Estado no act úa, y se deja en manos de las presidencias municipales la solución de un conflicto que rebasa con mucho la capacidad de los municipios. Es claro que no hay trabajo político en la secretario de gobierno, y más claro todavía el contubernio que existe entre la delincuencia con funcionarios y mandos de la fiscalía del Estado y con la secretaría de seguridad.

Hoy día el grupo de Los Motonetos tiene una gran presencia en San Cristóbal, lo que representa un poder fáctico en el municipio; con mayor capacidad de movilización que la que desarrolla el Estado, y se señala el Estado porque la presidencia municipal no tiene facultades para intervenir en contra de la delincuencia organizada y su nivel de influencia y de acción es mínimo frente a la fuerza que representa el narcotráfico en ese ciudad, que con gran facilidad paraliza las actividades, cuando Los Motonetos deciden movilizarse y la violencia llena de pánico e incertidumbre a la población.   

Igual situación presenta el municipio de Teopisca, en donde el Estado toleró el asentamiento de grupos de la delincuencia, en el que la expresión de la violencia produjo que el propio presidente municipal fuera ejecutado, sin que hasta ahora se conozcan los avances de la investigación, situación que provocó que la delincuencia organizada terminó imponiendo condiciones, no sólo  al gobierno municipal sino a las organizaciones políticas presentes en la región, quienes se encuentran bajo amenaza e imposibilitadas para realizar actividades políticas.

San Cristóbal y Teopisca no son los únicos municipios que sufren la presencia de la delincuencia organizada; misma situación se vive en Frontera Comalapa, en Pueblo Nuevo, en Rincón Chamula, en Yajalón, en Tila, en Palenque, en Venustiano Carranza, en Comitán, Jiquipilas, Berriozábal y en las ciudades fronterizas de  Tapachula y Ciudad Hidalgo, en donde los índices de violencia resultan preocupantes, pero el gobernador del Estado está convencido de que Chiapas es la entidad más segura del país y con gran frecuencia sale a publicitar los resultados de saldo blanco en delitos de alto impacto. 

El rechazo a la construcción del proyecto de obra del circuito vial en Tuxtla Gutiérrez ha empezado a tomar la característica de un movimiento social, en el que participan en su mayoría gente joven y mujeres con sus hijos. En estas acciones de lucha para que no se construya esa obra, han desarrollado  tres estrategias articuladas entre sí, que tomó por sorpresa a las autoridades, que han actuado con menosprecio y soberbia, en el que siempre señalaron que no iban a poner a discusión el proyecto de la obra con la población porque se corría el riesgo de no llegar a ningún acuerdo y que la obra se iba a realizar; en este momento la obra está parada por órdenes judiciales, en el que se emitieron medidas cautelares de suspensión definitiva, el movimiento de rechazo al puente elevado va creciendo y de manera organizada y bien hecha, fueron contundentes en dar una respuesta al gobernador, quien con una gran ligereza llamó irresponsables a quienes promueven los amparos en contra de esat obra.

Ayer, en las redes sociales,  empezó a circular un vídeo de la organización “Menos puentes más Ciudad”, en el que varios jóvenes, mujeres y niños le responden al gobernador ¿Quién es el irresponsable? En donde hacen señalamientos de cómo la política de menosprecio y soberbia, encabezada por el secretario de obras, Ángel Torres Culebro, resultó contraproducente, pues en ese vídeo le señalan que se han realizado 45 solicitudes de información que no han sido atendidas por el gobierno y que éste se niega sistemáticamente a hacer público el proyecto de obra.

A través de las solicitudes de información solicitada a dependencias como0 SEMARNAT y CONAGUA, la organización “Menos puentes más Ciudad”, conoció el estudio de impacto ambiental que presentó un particular, una empresa constructora, para que SEMARNAT autorizara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del circuito vial, que hasta el día de hoy no ha sido autorizada, en el que se observa que ese estudio no fue elaborado por especialista en cuestiones ambientales, como siempre lo señaló el secretario de obras, en donde de manera irresponsable un particular sustituyó al gobierno en la presentación de solicitud del (MIA), que ese estudio presenta muchas carencia de información sobre la afectación de los árboles, que en ese estudio no se presenta las afectaciones hídricas en un área en el que existen muchos escurrimientos de agua y corrientes subterráneas que desembocan en el Río Sabinal, en donde se proyecta colocar pilotes de carga a la veda de éste río, que de acuerdo a la ley los costados de ese terreno pertenece a la nación y es resguardado por la Comisión Nacional del Agua; todas estas deficiencias y varias más en el estudio de impacto ambiental, no hacen posible que SEMARNAT autorice la obra pero el gobierno sigue empecinada de que esa obra va.

El gobierno, de manera infantil, se ha cerrado al diálogo a pesar de las solicitudes realizadas y al trámite para que, en el marco de la ley de participación ciudadana se dé una audiencia pública, que el propio Ángel Torres está boicoteando para que esa audiencia asistan funcionarios menores sin capacidad de resolución, sin que se dé cuenta que este boicot solo proporciona mayor información para que continúen los amparos y uno de estos recursos sea dirigido al Tribunal Electoral, por violaciones al derecho a la participación ciudadana, y como consecuencia de esto, violaciones a los derechos políticos.    

Al gobierno de Rutilio Escandón no le queda claro que “Menos puente más Ciudad” decidió en su estrategia de protesta acudir a los tribunales federales, en el que ha obtenido medidas cautelares de suspensión definitiva de la obra, de dos jueces federales; pero ligado a esta judicialización está realizando incidencia política, en el que ha organizado tres marchas, una serie de eventos culturales en los parques Caña Hueca y Joyyo Mayu, publicado varias vídeos en el que con datos veraces demuestra que el problema vial, que motiva la construcción de ese puente elevado, se puede resolver con el empleo de tecnologías verde y con una mejor sincronización de los semáforos, pero sobre todo, con los 2 400 millones de pesos que se pretenden destinar para un puente que no es útil y que no resuelve los problemas de movilidad de las personas, se pueden resolver muchos problemas de vialidad y de movilidad en colonias de alta marginalidad en Tuxtla, que carecen de agua y drenaje. Sobre todo, porque los recursos que se están utilizando para la construcción de los puentes es del Ramo 33, que tiene como componente indispensable la combate a la pobreza y la atención a los derechos sociales de la población, aspectos que no se han cuidado en el ejercicio de recurso, que no combate a la pobreza ni atiende a la solución de carencias sociales y que puede considerarse de que existe un desvío de recursos por parte de la secretaría de obras.

El gobierno de Chiapas presenta una delicada pérdida de legitimidad. Esta pérdida de legitimidad se debe a muchos factores: a un rezago social histórico en gran parte del territorio, que contibúa sin atenderse; a la falta de oficio político en el actual gobierno de la entidad; a la ausencia de toma de decisiones que se alimenta con la inercia de la mayoría de las secretarías y dependencias públicas; a la indiferencia del gobernador frente a las demandas de la población que no son atendidas por ningún nivel de gobierno; a la permisividad a los grupos paramilitares; a la complicidad con los grupos de la delincuencia organizada; a la incapacidad en la aplicación de la ley; al adelanto de los tiempos políticos por la búsqueda de la gubernatura; al mal uso del presupuesto en el que no hay eficacia y por lo tanto no se utilizan los recursos para construir gobernabilidad; y, al creciente aumento de la inseguridad que contrasta con el discurso oficial de un Chiapas seguro.

La ineficacia económica y la desarticulación de la política en Chiapas llegó a un punto, en que más de 15 municipios presentan graves problemas de gobernabilidad, entre ellos se encuentra: Pantelhó, Altamirano, Simojovel, El Bosque, Chilón, Pueblo Nuevo, Oxchuc, Ocosingo, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, Siltepec, Chenalhó, Aldama, Tila y San Cristóbal de Las Casas.

Lo grave de la administración de Rutilio Escandón es que todavía no se toca fondo; lo que significa que lo peor aún está por llegar.  Por eso se ha señalado en ocasiones anteriores que el gobierno que prometió la transformación está convertido en la peor tragedia para la entidad. En este sentido el futuro no es nada halagüeño para Chiapas, que se encuentra rebasado por los problemas y mantiene una actitud de indiferencia y un discurso en donde se difunden mentiras y logros inexistentes; lo grave de esta situación es que aún faltan 18 meses para que concluya esta administración y el caos es lo que reina en todo el territorio.

Ante el número de conflictos, resulta más que obvio que en Chiapas se requiere con urgencia un cambio de timón. El deterioro de las relaciones sociales es creciente  y el gobierno a la fecha no  ha mostrado las estrategias adecuadas para solucionar las demandas de los grupos. Lo único que salva al gobierno de esta situación de caos, es que pese al número de problemas que existen aún no se ha constituido un movimiento social que demande soluciones y que exija al gobernante que se aboque a crear gobierno y atender los problemas sociales de la entidad.

Es preocupante lo que se vive en la entidad, en donde no hay respuestas a los graves problemas que se padecen y en contrasentido se observa a un gobernador sin rumbo, sin manejo político, sin programas de gobierno, sin ideas de lo que Chiapas necesita y dominado por los intereses políticos del grupo Tabasco, en condiciones sociales en donde la delincuencia organizada se ha apropiado de espacios territoriales, que obligan a construir liderazgo y certezas, dos aspectos de lo que lamentablemente se carece en la entidad y no hay visos de que se construyan en los meses que faltan para la conclusión del actual gobierno.

En sociedades autoritarias y de poca calidad de vida democrática, el gobernante no debe tener el derecho a declarar como enemigo a un ciudadano, porque eso significa la posibilidad del uso de la fuerza del Estado y con ello, potenciales violaciones a derechos humanos. Esta conducta se ha perdido de vista en el actual gobierno, en donde con frecuencia  el presidente de la república realiza señalamientos en contra de sus críticos y opositores a los que pomposamente les llama sus adversarios, pero en realidad reciben trato de enemigos, a quienes endilga descalificaciones, amenazas, acusaciones de corrupción o de señalamiento de malandros, que en realidad nunca ha probado. Esta práctica política que caracteriza al presidente López Obrador no se había visto en Chiapas, en donde el gobernador, abierta, directa y públicamente no ha perseguido a alguien.

Sin embargo, el fin de semana, en un acto público, el gobernador abiertamente le declaró la guerra a los opositores a la construcción del circuito vial en Tuxtla Gutiérrez, particularmente a quienes decidieron  promover el derecho constitucional al amparo, a quienes llamó irresponsables y los exhibió como mentirosos utilizando un tono intimidante, que evidencia la actitud del rechazo al diálogo y a la búsqueda de un acuerdo con los grupos ambientalistas, situación que pone en condiciones de vulnerabilidad a quienes por la actividad que desarrollan se les reconoce el estatus de defensores en derechos humanos.

El proyecto de obra del circuito vial se encuentra judicializado, al existir amparos que tienen la medida cautelar de los jueces de distrito con una suspensión definitiva hasta que se resuelva el fondo del amparo. Sobre esta condición, equivocadamente el gobernador decidió politizar el conflicto en lugar de atender y resolver los amparos. Y lo politiza, porque da señales de no estar dispuesto a que transcurran los tiempos que duran los juicios y prefiere la vía política del uso de la fuerza del Estado, o sea la amenaza, lo que pone en riesgo a los defensores de los tres parques que van a ser afectados con la construcción y el funcionamiento de los puentes elevados.

En su mensaje, el gobernador se refiere a que no se van a derribar árboles del parque Caña Hueca y se declaró el principal ecologista de Chiapas –quizá porque mantiene una disputa por el control del partido verde con Manuel Velasco-, lo que evidencia que no conoce el proyecto de obra o está mal informado. Los amparos en contra del derribo de árboles se debió a que la secretaría de obras solicitó la autorización al municipio de Tuxtla el derribo de 490 árboles, entre ellos, árboles con más de 200 años; posteriormente, como una chicanada para dejar sin materia la suspensión definitiva del juez, cambió la solicitud por el trasplante de 580 árboles, que significa lo mismo que un derribo, por la falta de tecnología para realizar los trasplantes y garantizar la vida de estos árboles, situación que reconoce que en el proyecto de obra se contempla el derribo de estos árboles.

Sin embargo, lo más delicado de esta disputa, es que el gobernador solo se circunscribe a los árboles y deja de lado lo más sustantivo de los argumentos de los grupos opositores en donde hay varios biólogos, ambientalistas y urbanistas: los efectos del cambio climático de la obra, en el que se va a colocar a la altura de los árboles una masa de concreto que sobrecalienta el ambiente y que afecta el organismo de los árboles en virtud de que la corriente de los vientos de la ciudad provienen del norponiente de la ciudad, de San Fernando, y obviamente al llegar a la zona de los parques y chocar con el puente elevado, los árboles van a resentir una ola de calor provocado por el concreto; pero además, la construcción del puente rompe el equilibrio ecológico del parque Caña Hueca que representa un corredor natural que conecta la montaña del Cañón del Sumidero con el cerro de Mactumatzá, lo que pone en riesgo la vida de diferentes especies. Otro argumento que se desestima por el gobierno son las corrientes de agua subterránea que provienen de montaña del norponiente que se encuentra habitada y cubierta las calles de concreto, que al buscar el afluente del Río Sabinal, se van a topar con la masa de concreto de cimentación de los puentes.

El gobernador, en lugar de desgastarse en una lucha política, que al estar judicializada la tiene perdida, debe de sentarse con los grupos opositores y escuchar las propuestas alternativas que tienen, sobre todo, porque el proyecto de tecnologías verdes que proponen los opositores a la construcción del circuito vial, obtuvo el tercer lugar en un concurso nacional. 

Si algo había que reconocerle al gobernador Rutilio Escandón es su tolerancia ante las críticas y con ello,  su actitud de no perseguir a quienes disienten de su gobierno. Sin embargo, todo parece indicar que esa tolerancia se rompió el fin de semana, que sin razón alguna con un discurso fuera de lugar e intimidante acusó de irresponsables a quienes se amparan en contra de la obra del circuito vial que busca unir a los dos libramientos.

El amparo es un instrumento de protección de la ciudadanía frente a actos arbitrarios de la autoridad, y al mismo tiempo es un derecho que reconoce la Constitución en el artículo 107 y por lo consiguiente cualquier ciudadano puede hacer uso de ese derecho si considera que se están violando alguno de sus derechos. En este sentido, lo que hizo el gobernador al llamar de irresponsables a quienes se amparan o promueven los amparos es cancelarles ese derecho, lo que lo convierte en automático en un violador de derechos humanos y conscientemente o no, amenazó directamente a quienes se oponen a esa obra, y con ello incurrió en dos delitos: uno, en desacato, en virtud de que existe la medida cautelar de una suspensión definitiva en donde se ordena a la autoridad de abstenerse de cualquier acto que promueva la construcción del circuito vial y segundo, en amenazas e intimidación.

Sin duda, el gobernador se equivocó en su mensaje y más se equivocó quien difunde en una cápsula noticiosa sus amenazas, que está siendo compartida por periodistas y agencias, lo que pone en situación de vulnerabilidad a quienes han decidido hacer uso del derecho de amparo y a quienes disienten de esta obra. El gobernador se equivocó e incurrió en la más primitiva de las acciones del ejercicio de poder, lanzar un discurso amenazante a quienes, por la actividad que realizan, son defensores de derecho humanos y defensores ambientales y las amenazas que se realizan a los defensores está catalogado como un delito federal.

Respecto a los amparos en contra del circuito vial el gobernador está engañado o bien, estando informado, no conoce la motivación de las personas que decidieron promover los amparos. Quien está actuando de manera irresponsable y presumiblemente en actos de corrupción es el gobierno y particularmente el secretario de obras, quien ha estado amenazando y corrompiendo a empresarios de la zona para que se sumen al proyecto de la obra, que en realidad es innecesaria e incluso presionan y amenazan a quienes decidieron ampararse. ¿Por qué hay una irresponsabilidad en el gobierno? Primero, porque anuncian y asignan una obra que no tiene autorizado el estudio de impacto ambiental por parte de la SEMARNAT y por lo tanto no puede realizarse; segundo, porque los recursos federales para la realización de esa obra son parte del Ramo 33 y estos recursos deben emplearse para disminuir la pobreza o para atender la mejora de los derechos sociales, aspecto que es imposible de demostrar cómo disminuye la pobreza la construcción de este puente; tercero, el gobierno ha desinformado a la población al confundir las obras para mejorar la vialidad con las obras para mejorar la movilidad de las personas y con esto, se invierten recursos para mejorar la circulación vehicular y sacrifican al peatón, que se moviliza en transporte público o en bicicleta; cuarto, quienes hablaron del derribo de árboles no es la población sino la solicitud de la secretaría de obras al municipio de Tuxtla, que luego se modificó a trasplantes de árboles, que en realidad, por la falta de tecnología para eseos efectos viene siendo lo mismo.

El gobernador se equivocó, porque la movilización en contra de la construcción del circuito vial se debe a que la secretaría de obras rechaza atender y escuchar propuestas alternativas de los grupos  ambientalistas, que en lugar de cubrir de concreto a la ciudad proponen el empleo de tecnologías verdes. En este sentido, en lugar de amenazar a quienes disienten del proyecto y deciden hacer uso del derecho del amparo, el gobernador debe sentarse con los grupos y escuchar las propuestas alternativas para mejorar la vialidad vehicular y la movilidad de las personas.

Chiapas por su diversidad étnica y social es una de las entidades más complejas de gobernar, y esta complejidad se hace aún mayor cuando han pasado gobiernos, que en lugar de reducir la brecha de desigualdad la han profundizado. Hay un discurso reiterado en Chiapas que señala que la federación no le brindado los apoyos que requiere y esta es la principal causa de su subdesarrollo; esta consideración no se sostiene hoy día, en virtud de que esa ausencia de apoyo de recursos se modificó después del levantamiento armado de 1994, en el que Chiapas se convirtió en una de las cinco entidades que más presupuesto recibe de la federación, sin que estos recursos hayan cambiado las condiciones sociales de la entidad.

Sólo para identificar la magnitud del incremento de los recursos que Chiapas recibe, basta con señalar que en el último gobierno del interino Roberto Albores el presupuesto de la entidad fue apenas inferior a los 16 mil millones de pesos, y en el año actual del gobierno de Rutilio Escandón el presupuesto es superior a los 110 mil millones de pesos, pero si se compara con resultados, se realizaron más acciones de gobierno en los 34 meses de gobierno de Albores que en los cuatro años que lleva Rutilio Escandón.

En los últimos 23 años, Chiapas ha recibido un presupuesto de un Billón 400 mil millones de pesos, una cantidad que si estuviera bien invertida, Chiapas tendría otro rostro, lo que significa que lo que ha fallado son los gobernantes ¡Imagínense nada más! Haber sido gobernados por Juan Sabines Guerrero. Y si eso no fue suficiente lo sustituyó Manuel Velasco Coello y, finalmente, ahora está Rutilio Escandón Cadenas. La desgracia actual de Chiapas es haber sido gobernados de manera consecutiva por tres gobernadores que no tenían ni idea de los problemas de Chiapas y de lo que el Estado necesitaba. A tal grado que Chiapas ha tenido gobiernos de corrupción, de derroche y de ocurrencias.

Chiapas ha sido mal gobernada no solo desde el punto de vista financiero sino también desde la dimensión de la política, en donde se constituyó un sector de la juniorcracia, que ha ocupado puestos de elección y que aspira a continuar gobernando el Estado, pero que no tiene el talento ni la visión de sus ancestros y sí se caracterizan por la rapiña. El Estado ya fue gobernado por esta juniorcracia que saqueó a Chiapas; así llegó Juan Sabines y Manuel Velasco, pero existe una lista de junior que aspiran a la gubernatura.

Chiapas para estos junior es sólo un trampolín de la política, no conocen los problemas de la entidad aunque la recorran frecuentemente. Al no conocer la problemática son incapaces de proponer soluciones y mejoras sociales y pretenden gobernar la entidad con abrazos, saliva y boletines como lo han hecho los últimos gobernadores de la entidad.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que Chiapas tiene los primeros lugares en aspectos negativos. En analfabetismo, en muerte materno infantil, en calidad de la democracia, en pobreza y desigualdad social, en el número de municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, en el índice de feminicidios, etc., etc. No obstante esos señalamientos, el gobierno continúa  tomando decisiones políticas  inadecuadas y montando shows en actos públicos y está dejando de ser perceptible al malestar que prevalece en la población provocado por una desatención social generalizada, en donde los problemas de la población son ignorados y en las oficinas de la administración estatal no se realizan acciones para garantizar la gobernabilidad.

Los malos resultados en el gobierno son inaceptables, porque Chiapas no está en el abandono, cada año recibe un presupuesto considerable de recursos por parte de la federación, que si se aplicaran adecuadamente, con base a proyectos de desarrollo y no de ocurrencias como se hace, la historia de Chiapas se hubiera transformado en los últimos años radicalmente. 

Lo que sucede en realidad, es que históricamente Chiapas ha estado mal gobernado y no se ha fomentado la construcción de nuevas ciudadanías, que hubiera posibilitado una mayor participación política y establecido controles al ejercicio megalómano del poder de los últimos gobernantes.

Los gobiernos chiapanecos generalmente han sido retrógrados, carentes de proyectos de desarrollo y con una ausencia de visión de futuro. Al punto de que hoy, la propaganda del gobierno pretende vender la idea de que el proyecto de obras de los puentes que se viene realizando son para el bienestar y el progreso de Chiapas, como si el progreso y el bienestar de una sociedad se alcanza con la pavimentación de calles y la construcción de puentes, que finalmente benefician al movimiento vehicular privado y no a la mejora del transporte público que utiliza la mayoría de la población.

La imagen que Chiapas proyecta por sus ineficiencias en el servicio público, es la de el paraíso de la oportunidades perdidas y más si se considera que en los últimos gobiernos se ejerció un presupuesto superior a un billón 300 mil millones de pesos – 66 mil millones de dólares para nuestros lectores por internet en el extranjero-, en donde los indicadores de bienestar y el índice de desarrollo humano no mejoraron en la entidad. La situación en el campo en los últimos 15 años es de un claro deterioro, a punto tal de que en la década de los 70 y 80 la entidad atraía fuerza de trabajo y hoy es expulsor de ella.

Chiapas antes del levantamiento zapatista de 1994, no aparecía dentro de las entidades con migrantes en el extranjero y a partir de los últimos 25 años, lamentablemente se ha convertido en una de las siete entidades con mayor expulsión de población migrante y los niveles de pobreza afectan al 75 % de la población.

La entidad es un polvorín, pero los funcionarios se niegan a ver esta realidad y continúan con desplantes, ocurrencias y demagogias, que sólo muestran su nivel de incompetencia, y con ello producen mucho daño al estado y desaprovechan las oportunidades y posibilidades de construir un mejor futuro para Chiapas.

En México existe un déficit histórico en la impartición de justicia, sobre todo porque el régimen político mexicano no se ha caracterizado por ser un régimen derecho, en donde se respeten las leyes y todos los actos de cualquier autoridad estén apegados al marco del derecho. Ha sido una práctica tradicional la inexistencia del equilibrio de poderes, en el que el Ejecutivo subordina a los otros dos poderes, situación que representa que la autonomía de los jueces sea solo en papel.

Esta situación de subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo ha venido cambiando, como parte de una sociedad que ha sufrido cambios, y hoy día existen jueces, magistrados y ministros que no aceptan consignas y apegan sus decisiones al marco interpretativo de la ley. Esta situación es más evidente en los delitos del fuero federal que en el fuero común, debido a que en las entidades federativas el Poder Judicial sigue dependiendo, en mucho, de la voluntad de los gobernadores y en Estados como Chiapas, no existe la seguridad laboral en los jueces, lo que debilita la imparcialidad de sus resoluciones.

En este momento se observa un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ruptura que está conduciendo, cada vez más, a una división de poderes, en donde los ministros de la Corte han declarado como inconstitucionales un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso a iniciativa del presidente. Estas resoluciones han provocado linchamientos mediáticos e intimidaciones a los ministros, y por tanto, a todo el poder judicial, por parte del presidente y demás servidores públicos, en donde la más reciente agresión ha sido el señalar de estar podrido la impartición de justicia.

El hecho es que en su momento, distintas voces se pronunciaron en contra del mal proceder de los legisladores, quienes estaban aprobando leyes que son violatorias a la Constitución y que en un recurso la Suprema Corte las iba a declarar improcedentes, como en realidad ha venido sucediendo. Nadie debería de sentirse engañado con las resoluciones de la Corte pues eso se anunció y se conocía desde un principio, sobre todo porque se estaba legislando por ocurrencia y de manera ilegal. Lo único que quedaba en suspenso era si los cuatro ministros nombrados por el presidente iban a actuar por consigna o iban a apegar sus decisiones al marco de la ley. Y sucedió que dos de esos ministros decidieron votar por el respeto del derecho y la protección de los derechos de la población.

La composición de los ministros en la Corte está definida, y las resoluciones en todas esas leyes que se aprobaron bajo el mecanismo abusivo de una mayoría legislativa que vota sin conocer el contenido ni el sentido de lo que está votando, va a estar determinada por una votación de 9 ministros contra dos, a favor del respeto del orden constitucional. Esta situación va a provocar el incremento de los señalamientos en contra del poder judicial, en el que el presidente ya anunció que el 1 de septiembre del 2024 va a presentar una iniciativa para reformar el Poder Judicial y por qué hasta esa fecha, porque el presidente se instituyó como el principal elector del país, en el que anuncia su intención de asegurar la obtención una mayoría absoluta en las dos cámaras que integran Congreso de la Unión, en las elecciones del próximo año.

México, históricamente,  tiene muy poca experiencia de vida democrática y sí una larga tradición de gobiernos autoritarios e incluso de dictadura. Mucho de esta situación se debe a la dificultad que ha existido para construir una sociedad plural y de respeto al libre ejercicio de las ideas; sobre todo, porque en la disputa del poder se ha instituido la práctica política de perseguir, clausurar o aniquilar a la disidencia: eso sucedió en el período de la República Restaurada en donde los liberales salieron triunfantes y persiguieron a quienes no pensaban como ellos; luego, en el porfiriato, la oposición fue perseguida y sacrificada y por último, en el régimen del PRI, solo se podía hacer política dentro y parte de ese partido y la oposición fue relegada de la esfera y del ejercicio del poder.

Los rasgos de una presencia que reclama la construcción de una sociedad plural en México se encuentra en los años 60s y la presencia de este pluralismo asciende en el proceso electoral de 1988, bajo la candidatura del  Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que abrió la posibilidad de la alternancia política y de la derrota del PRI; misma que se presentó en el año 2000, con Vicente Fox, que supo capitalizar esta corriente social, impulsada principalmente por los sectores académicos e intelectuales del país,  que impulsaban el respeto al pluralismo político dentro de un gobierno autoritario.

Con la derrota del PRI en el año 2000, algunos sectores dejaron de hablar de la transición democrática, pues pensaban que con las elecciones de ese año, y con el gobierno de la alternancia,  se había construido la democracia. Algo irreal, debido a que años después, se identificó que no era suficiente con la derrota del PRI, sino que es necesario transformar la cultura priista que se construyó en ese régimen político y que inunda la práctica política en  los partidos y en la sociedad, al grado tal, que en un discurso en el senado, Beatriz Paredes, burlonamente señaló, que todos llevan un priista dentro. Identificando con ello que el PREI no es un partido político sino una cultura política, que es necesario transformar.

Morena no es un partido nuevo sino que es el viejo PRI. El que hablaba a nombre del pueblo y construyó una política social que posibilitara la movilidad social, pero siempre dentro de ese partido. Cuando el PRI abandonó el discurso de la Revolución mexicana y su relación con el pueblo, surgió el nuevo PRI, el de los cachorros y los junior que abrazaron la política neoliberal y abandonaron la economía mixta y el papel del Estado como el rector de la economía.

Por eso el gobierno autodenominado de la cuarta transformación busca retornar al viejo régimen priista, sin división de poderes, con una concentración de poder en el Ejecutivo, en donde la presidencia de la república se constituye como una monarquía sexenal absoluta, como señaló don Daniel Cosío Villegas.

Por eso el choque y la disputa en el país se da entre un gobierno autoritario y una sociedad que le apuesta al pluralismo político  y no en una disputa entre la transformación y el conservadurismo como malsanamente señala el presidente. Esta disputa se va a recrudecer, debido a que una serie de reformas a leyes aprobadas recientemente por el Congreso van a ser declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, no porque los ministros estén al servicio de la mafia del poder y del conservadurismo como se les acusa desde la presidencia sino por haber sido aprobadas sin la discusión y el acuerdo de las fuerzas políticas a lo que obliga un régimen democrático.

El mayor compromiso del actual gobierno es combatir la corrupción, de la misma manera como se barren las escaleras de arriba para abajo. Esta promesa hoy se encuentra seriamente cuestionada, debido a la opacidad en el manejo de la asignación de obras y contrato de servicio, en el que el 80% de las mismas se asignan de manera directa y no a través de concursos como establece la normatividad.

Pero la opacidad no es el único problema de corrupción que se le señala al gobierno. Son varios los escándalos de corrupción que ha habido, las propiedades que no fueron reportadas en la declaración patrimonial de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad y uno de los dinosaurios del PRI que fueron purificados por el presidente, solo por el hecho de haberse incorporado a la 4t; está el escándalo de la compra a sobreprecio de los 2 500 ventiladores pulmonares en el IMSS; la ampliación de los presupuestos para la construcción de las principales obras de este gobierno, que la suma de todas constituyen un nuevo fobaproa en el país;  el escándalo de la profesora Delfina, la exsecretaria de educación y hoy candidata de a la gubernatura de Morena al Estado de México, sancionada por el tribunal electoral por descontarle el 10% de su salario a los trabajadores de Texcoco cuando fue la presidente municipal y en su desempeño en la SEP arrastra problemas de comprobación de más de 800 millones de pesos; el caso más emblemático de la corrupción en este gobierno es SEGALMEX, en el que se ha detectado un desvío de 15 mil millones de pesos, el doble de la “Estafa Maestra” del gobierno de Peña Nieto, en donde el director Ignacio Ovalle fue exonerado de toda corrupción por el presidente.

La política en contra de la corrupción es contradictoria en este gobierno, mientras que en el discurso el presidente señala cero tolerancia en contra de la corrupción, en la práctica el presidente exonera  a los miembros de su gabinete señalados por actos de corrupción y por lo tanto ninguno ha sido sancionado. En estos escándalos de corrupción han sido mencionados  familiares del presidente y particularmente dos de sus hijos, señalados por tráfico de influencias en la asignación de obras y contratos.

Los señalamientos de corrupción en el actual gobierno mellan la credibilidad del presidente, quien declaró haber dado fin a la corrupción, pero los escándalos van a ir creciendo mientras se acerca la hora cero en la definición del candidato (a) a sucederlo en la presidencia. Lo grave es que la corrupción también se manifiesta en las entidades. En Chiapas se menciona de un traslado millonario del gobernador a uno de los empresarios que forma parte del comité de campaña de Adán Augusto López; pero también se habla de inversiones realizadas en Mérida, Yucatán, por funcionarios que acompañan al gobernador desde su paso en el tribunal de justicia, en el que se menciona que están construyendo fraccionamientos y un hotel; en la UNACH son más de 100 millones sin comprobar en las dos últimas auditorías, sin que nada pase; lo que se hace evidente que la corrupción en la 4t está permitida.

La situación actual en Chiapas presenta muchos puntos violencia, ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia, que no se habían visto en el pasado y que no están siendo atendidos adecuadamente, en mucho, debido a la indiferencia que caracteriza al gobernador y a la falta de coordinación en las acciones del gobierno, situación que provoca inseguridad y problemas de gobernabilidad. A eso hay que agregarle que existen funcionarios de la fiscalía del Estado, de la secretaría de seguridad y cuerpos policiales que se encuentran al servicio de la delincuencia organizada, lo que ha conducido a un reiterado señalamiento de que no hay gobierno en Chiapas.

En la entidad es un lugar común la toma de casetas, el cierre de carreteras, los conflictos y enfrentamientos en las comunidades indígenas y ahora la violencia que entraña la presencia de la delincuencia organizada, que tiene en Chiapas un vasto territorio de impunidad, como sucede en San Cristóbal de Las Casas, con el grupo de los motonetos, en la región fronteriza de Comitán y Comalapa, en los municipios de Teopisca, Pueblo Nuevo y Rincón Chamula y en el corredor Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, en donde no solo hay una disputa por el control de la plaza sino la intención de destruir a uno de los carteles que operan en Chiapas.

Hay conflictos y problemas que se pueden prever y así adelantar las posibles medidas de solución. Pero estas medidas de prevención no se practican en este gobierno, que prefiere asumir una actitud de indiferencia ante los problemas;  en donde existe un convencimiento desde la cabeza en que los problemas vienen de décadas anteriores y que así ha sido la historia de Chiapas, lo que significa que no hay una responsabilidad que pueda imputarse al actual gobierno.

La descomposición social que hay en Chiapas y la manifiesta incapacidad de construir gobierno en la administración actual, hacen prever, que en la sucesión de la gubernatura en el 2024, la delincuencia organizada va a jugar un papel preponderante en la definición de la política en la entidad y desafortunadamente, el gran elector puede ser la delincuencia y no los partidos políticos y mucho menos la población, como realmente sucedió en las elecciones de los Estados del Pacífico, en donde la delincuencia organizada realizó varias acciones para garantizar el triunfo de Morena a cambio de protección e impunidad.  

La transformación prometida por este gobierno se quedó en el discurso, en virtud de que continúa empleando las mismas prácticas del régimen priista, sobre todo del control que se ejerce sobre el Poder Legislativo, en donde la orden presidencial es que no se le cambie ni una coma a las iniciativas del presidente, mismas que se aprueban sin haberlas leído, como sucedió recientemente con el Plan B de la reforma electoral, que seguramente el lunes va a quedar sin efecto por la Suprema Corte de Justicia y como sucedió la semana pasada en que se aprobaron 20 leyes al vapor violando los procedimientos, lo que implica que estas leyes también van a ser impugnadas y desechadas por la Corte.

Bajo estas circunstancias, de una dificultad en el ejercicio de las libertades políticas, el futuro de Chiapas resulta poco halagüeño, debido a que el factor real de poder se encuentra en manos de la delincuencia organizada, quienes son los que pueden llegar a definir el futuro de la entidad.

En Chiapas los tiempos actuales son tiempos de campañas políticas, en la entidad se despertó una efervescencia política a favor del secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, la paradoja de esta promoción, es que quienes hacían campaña a favor de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ahora son fervientes seguidores  del secretario de gobernación. Pero las campañas no son solo para la presidencia de la república, también hay una sobre-promoción de candidaturas al gobierno de Chiapas. Lo distintivo de estas campañas es que no existen propuestas; hay uno que ofrece el porvenir de Chiapas, cuando ni siquiera ha mejorado los servicios ni las condiciones de salud del seguro social en la entidad, cuando esa es su responsabilidad primordial. Otros hacen eventos multitudinarios, que muestran apoyo social, pero estos eventos resultan fantasiosos, porque no hay compromisos políticos sino que asisten a todos los eventos.

La ausencia de proyectos y propuestas políticas es preocupante, porque el deterioro social en Chiapas es creciente y nadie señala cómo se van a mejorar las condiciones de seguridad en las regiones en que hay una pérdida de territorio y de presencia del Estado; cómo se van a reducir los niveles de pobreza y desigualdad social que van en incremento a pesar de los millonarios recursos que el Estado anuncia que se aplican en Chiapas; cómo se van a reconstituir los lazos comunitarios en poblaciones que han sido penetradas por el narcotráfico y la delincuencia organizada; cómo se va a mejorar la productividad en el campo que cada vez sufre un mayor abandono; cómo se va a garantizar el acceso a la justicia, que representa el peor déficit de todos los problemas sociales de la entidad; cómo se van a mejorar las condiciones de salud de la población, que por las malas decisiones en el actual gobierno dos millones de población chiapaneca se quedó sin servicios de salud; cómo se va a mejorar la educación y los resultados educativos, que permita abandonar el peor lugar en logro educativo en el país a pesar de que se invierten más de 30 mil millones de pesos anuales en educación: cómo se va a mejorar la educación universitaria, en donde Chiapas tiene muchas universidades pero no se viene cumpliendo con la función social de la misma y se siguen promoviendo ocurrencias y reproduciendo los mismos errores sin que se elabore un proyecto universitario que nos indique que la universidad no va a seguir haciendo lo mismo, que por cierto se viene haciendo mal.

La cosa pública en Chiapas se viene haciendo mal desde décadas anteriores. Los últimos gobiernos han sido desafortunados y colaboraron en exceso para construir las condiciones de desastre que se vive en Chiapas, lo grave es que este daño realizado los gobernadores no se dieron cuenta y estaban convencidos que se realizó un buen gobierno como convencido está Rutilio Escandón a pesar de que los resultados saltan a la vista.

Las campañas políticas dividen a la población y provoca una mayor desinformación sobre cuáles deben ser las medidas políticas que se deben tomar en los próximos meses para cambiar el rostro de Chiapas. Por eso más que una disputa publicitaria y la intención por posiciones la imagen y la presencia de los candidatos, lo importante es que empiecen a hablar de proyectos, que muestren que tienen conocimientos de los problemas de la entidad y que tienen propuestas para resolver los viejos y nuevos problemas que aquejan a la población.

Chiapas arrastra tres problemas históricos y estructurales y en los últimos años surgió un cuarto problema, estos son: la pobreza, la violencia y una pobre calidad en el acceso a la justicia. Ambas problemáticas no han sido debidamente atendidas, situación que viene provocando que en algunas regiones, particularmente en la zona indígena y en los municipios fronterizos, el malestar social se asocie con la delincuencia organizada, integrando un cóctel peligrosamente explosivo y más aún por la inacción gubernamental que hay en Chiapas, situación que refleja problemas de gobernabilidad y de inseguridad

Los intentos por construir la paz impulsadas por el gobierno tienen estrategias equivocadas, al evadir el establecimiento de un programa de justicia transicional, en el que el punto de partida sea la investigación de los crímenes en las comunidades, el castigo a los responsables y el desarme de los grupos paramilitares. La firma de pactos y reuniones recurrentes entre los actores, que instrumenta el Estado,  sin que se investiguen los delitos del pasado no va a conducir a la paz, sino a la impunidad y la reproducción de mayor violencia con injusticia en las comunidades, que cada vez con mayor fuerza son tentadas por los vínculos de la delincuencia organizada

La paz debe ser una prioridad en el gobierno de la 4t, pero no hay voluntad política para ello, lo grave de esta condición de violencia en varias comunidades indígenas, es que inexplicablemente desde el gobierno se apoya y protege a los grupos paramilitares, como sucedió en los anteriores gobiernos, a punto tal, de que en estos momentos grupos paramilitares, algunos de ellos con vínculos con la delincuencia, gobiernan algunos municipios indígenas; situación que hace imposible que fructifique cualquier esfuerzo en construir un proyecto de cultura de paz en las comunidades indígenas.

Un proyecto de justicia transicional es clave para Chiapas en estos momentos de mucha incertidumbre, pero no hay voluntad política para intentarlo, sobre todo, porque Chiapas se sigue gobernando con los mismos estilos del PRI, que tanto critican desde el gobierno federal, pero lo imitan y reproducen esa cultura política heredada por el PRI, en donde la corrupción galopa desbordada, sin una intención real de ponerle límites y castigar esas prácticas.

Socialmente las cosas no andan bien en Chiapas y no hay visos de que puedan mejorar en el corto plazo, debido al incremento de la presencia de la delincuencia organizada, que ha penetrado en las estructuras del gobierno, sobre todo en los ámbitos policíacos y en la estructura organizacional de las propias comunidades indígenas. Todo esto ante la mirada silenciosa y cómplice del gobierno, que ha perdido márgenes de maniobra y que se ha desentendido del conjunto de ejecuciones extrajudiciales que de manera inusitada se vienen presentando en Chiapas, como sucedió ayer en la carretera al aeropuerto con la ejecución de un taxista.

La ausencia de investigación de todas estas ejecuciones extrajudiciales compromete la responsabilidad del Estado, debido a que es una obligación del Estado la de investigar y castigar los delitos, obligaciones de la que no puede sustraerse la fiscalía; sin embargo en Chiapas no existe la debida diligencia en la investigación y se continúan con las prácticas de fabricación de pruebas, invención de delitos y encarcelamiento de personas inocentes, lo que reproduce patrones de impunidad en los procesos de procuración e impartición de justicia.