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En el informe “Semillas de Dignidad y Lucha. Situación de personas Defensoras en México, 2019-2020, que presentó el día de ayer la Red Nacional de Organismos Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), que está integrado por 86 organizaciones en 23 entidades federativas, señaló que Chiapas ocupa el segundo lugar como la entidad más peligrosa para ejercer la defensa de los derechos humanos, en donde en estos dos años de gobierno Morenista se suscitaron  cinco asesinatos, en el que sobresalen los casos aún no resueltos de Sínar Corzo Esquinca y Noé Jiménez Pablo.

En Chiapas existen profundas desigualdades sociales en donde prevalecen la discriminación, la violencia institucional, los agravios comunitarios y una larga lista de conflictos, disputas de tierras, de desapariciones, de ejecuciones extrajudiciales, de prácticas de desplazamientos forzados, de detenciones injustificadas, todo ello sin que haya una investigación policial con la debida diligencia, lo que ocasiona la reproducción de patrones de impunidad, en donde ésta alcanzan el 99%, de impunidad, lo que significa que de cada 100 delitos que se cometen en Chiapas solo uno se castiga.

Por esta razón son recurrentes en la entidad los cierres de carretera, las tomas de palacios municipales, los plantones enfrente del palacio de gobierno, los secuestros de funcionarios, los desalojos y enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, todo esto ocasionado por la ausencia de atención política y la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, en el que sobresalen la inacción de la justicia y las prácticas generalizadas de tortura, como el instrumento de investigación policial más socorrido por la fiscalía.

Aparecer entre los Estados de la república más peligrosos para el desempeño de los defensores de los derechos humanos, es una clara evidencia del fracaso del gobierno de la 4t en Chiapas, que no ha entendido la importancia que tienen los defensores de derechos humanos en el fortalecimiento del régimen democrático y del sistema de impartición de justicia, quienes con las acciones de exigibilidad y justiciabilidad que realizan buscan orientar la conducta de las autoridades estatales para hacerla compatible con el respeto y la garantía de los derechos reconocidos en la esfera internacional y evitar con ello acciones o decisiones de gobierno contrarias a la dignidad humana.

Un grave problema de los derechos humanos en Chiapas es que no existe un órgano garante útil para identificar las acciones u omisiones de las autoridades, que afectan los derechos humanos o ponen en riesgo la dignidad humana. Aunque constitucionalmente ese papel lo debe de desempeñar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta dependencia incumple su propósito y está convertido en un órgano faccioso al servicio del Estado y encabezado por un funcionario que no cubre el perfil ni la calidad moral que se requiere, en donde los propios trabajadores de la CEDH comentan que el presidente Juan José Zepeda Bermúdez tiene severos problemas con su forma de beber y que utiliza los recursos públicos para beneficiar a su concubina.

El informe de la RED TDT, es una llamada de atención al gobernador Rutilio Escandón, que mantiene la política del avestruz, cuando a su alrededor se cometen múltiples violaciones de derechos humanos, que lo hacen directamente responsable a él por acción, omisión y aquiescencia, razón por la cual es señalado en las denuncias que los defensores de derechos humanos presentan en los organismos nacionales pero también en la solicitud de medidas cautelares y aperturas de caso que se están presentando en los organismos internacionales.

En los últimos 20 años la única oposición real al gobierno en Chiapas ha sido la encabezada por el Dr. Valdemar Rojas y su hijo el Dr. Paco Rojas. Ellos fueron oposición al gobierno de Pablo Salazar, al gobierno de Juan Sabines, al gobierno de Manuel Velasco y actualmente mantienen su oposición al gobierno de Rutilio Escandón.

Es oportuno recordar la voz del Dr. Valdemar Rojas cuando siendo diputado local encaró a Emilio Zebadúa, quien era el secretario de gobierno, y cuyo nombramiento violaba la Constitución de Chiapas, ya que ese cargo requería haber nacido en Chiapas y Emilio Zebadúa no cumplía ese requisito. Fueron las posturas políticas del Dr. Valdemar lo que impidió que se reeditara la alianza de partidos en las elecciones locales promovida por Pablo Salazar, en el 2001, en la que se buscaba derrotar al PRI, cosa que no sucedió, pues ese partido ganó la mayoría de las diputaciones locales y la mayoría de las presidencias municipales, situación que provocó un distanciamiento del gobernador no solo con Valdemar Rojas sino también con el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, que era el Dr. Paco Rojas. Consecuencia de ese distanciamiento produjo que se difundiera el famoso bono que acordó el cabildo de Tuxtla al final del mandato y el apodo de “Paco Bono”. Lo real de la historia del bono, es que siempre se otorgaba al finalizar un gobierno y a la fecha se sigue otorgando como parte de una liquidación. Se podrá estar en contra de ese tipo de prestaciones, pero el hecho es que ese bono se pagó en la mayoría de los municipios, nada más que solo se estigmatizó a Paco Rojas por su postura opositora al gobierno de Pablo Salazar.

En el 2015, Paco Rojas logró encabezar un importante movimiento ciudadano que se oponía a la candidatura de Fernando Castellanos a la presidencia municipal. En ese proceso Paco Rojas fue ventilado a través de dos vídeos recibiendo dinero, lo que le ganó el apodo de “Paco Moches”. Todo ese acto fue orquestado por el propio gobernador Manuel Velasco, como también lo hizo con Pío López Obrador, vídeos que salieron el año pasado a la luz pública y que acabó con el ansia presidencial desatada en contra de funcionarios del gobierno de Peña Nieto, pues se señaló que habían más vídeos en contra de su hermano recibiendo las aportaciones que el gobierno de Manuel Velasco le entregaba.

La difusión de los dos vídeos en contra de Paco Rojas buscaba descarrilarlo de las elecciones, pues resultaba obvio que Fernando Castellanos resultó un pobre candidato y su imposición costó una exorbitante cantidad de dinero en su campaña –se dice que fueron 200 millones pesos-, recurso que excedió por mucho el tope máximo. Pero el gobierno de Velasco Coello no sólo destinó estos recursos para obtener el triunfo en la capital sino que terminó con un profundo desprestigio, pues en Tuxtla se le culpó de esa indecente imposición y el gobierno de Velasco Coello socavó su gestión en el tercer año de lo que fue su sexenio.

En estas elecciones del 2021 Paco Rojas vuelve a buscar la presidencia municipal. Sobre él hay una campaña de guerra sucia y se insiste en publicar esos sucesos, que en su momento no le hicieron mella y que lo terminó blindando de esos ataques. Ahora se pretende vincularlo con un financiamiento del Outsourcing, cuando en realidad el candidato del Outsourcing es otro, quien es socio con los hijos de Manlio Beltrones de la Outsourcing más importante del país.

La guerra sucia por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez va a abrir La Caja de Pandora de los dineros indebidos en las campañas en Chiapas. Como sucedió con dineros provenientes del sindicato de personal académico de la Unach a Morena. Durante la administración del Rector, Dr. Carlos Eugenio Ruíz Hernández, se le canalizó a ese sindicato más de 200 millones de pesos, parte de ese recurso se le entregó al gobernador Manuel Velasco Coello para el financiamiento de la campaña de Morena.  Información que no es desconocida por el gobernador Rutilio Escandón, y que es el momento para que se esclarezca. 

En las elecciones del 2018, en la negociación que se dio para el reparto de las presidencias municipales se acordó que las tres principales ciudades –Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal- fueran para personas ligadas a MORENA. Este acuerdo con Manuel Velasco Coello, fue lo que permitió que personajes sin posibilidades para ganar obtuvieran la presidencia.

En Tuxtla, Carlos Morales ni siquiera hizo campaña, pero tenía la promesa de Manuel Velasco de que él lo haría presidente municipal; en la noche del día de las votaciones se supo que en las instalaciones de la UNACH y de la UNICACH se rellenaron las urnas. Carlos Morales después de tres intentos llegó a la presidencia de Tuxtla y su administración fue de claro oscuros,  Hoy existe un clamor generalizado en la población por las ineficiencias  en el ayuntamiento.

En San Cristóbal de las Casas el triunfo de Jerónima Toledo solo se puede entender por el acarreo de votos que de manera descarada se orquestó con el consentimiento y patrocinio del gobierno. Los resultados del gobierno municipal son lamentables, en el que la población fue condenada a padecer el peor gobierno de la historia de esa ciudad.

En Tapachula la posibilidad de triunfo de Oscar Gurría se basaba en la eliminación de la candidatura del Cheque Orduña, quien fue conminado desde el palacio de gobierno, con una orden de aprehensión, que se le haría efectiva si no abandonaba sus intenciones de buscar la presidencia municipal. Hoy, Tapachula es un desastre, con la existencia de dos presidentes interinos y dominados por los intereses de un grupo cervecero, que sobre la base de los hechos construyó un vicegobierno, respaldado por la abulia del gobernador, que no gusta de tomar decisiones.

Tres años después de ese proceso electoral, se evidencia el desinterés del gobernador Rutilio Escandón, pues no pudo ni supo construir candidaturas afines a él en esos municipios, y sin importar el resultado de las elecciones, todo parece indicar que van a prevalecer los intereses ajenos sobrepuestos al gobernador, lo que representa un desatino y más, porque a Carlos Morales lo vetó Rutilio Escandón, y aún así terminó siendo el candidato de Morena para Tuxtla.

Lo preocupante para el futuro inmediato de Chiapas es que no hay caras nuevas entre los candidatos de Morena. Al respecto, se ha señalado que la disputa electoral se va a dar entre los malos de siempre en contra de los peores de ahora, donde se prevé un resultado final en el que todos pierden. Sobre todo, a la impericia política con que se conducen los destinos de Chiapas, y más, porque no existen condiciones para que se orille a un vuelco de timón y construir  nuevos rumbos para la entidad.

Los ánimos políticos en Chiapas se vienen exacerbando, a punto tal en que las acciones de violencia van a ser más frecuentes.  Ayer, por ejemplo, un grupo de indígenas del municipio de Chanal le prendió fuego a la fachada de las instalaciones del PRI, en protesta del cambio de género en la candidatura a la presidencia municipal de ese partido, quien en un momento clave terminó designando como presidente de ese partido a una persona sin oficio político, que se caracterizó por ser cargamaletas de otros políticos locales, en la que su impericia en cuestiones electorales está conduciendo al PRI a la peor de sus derrotas.

El fin de semana en Oxchuc en reunión comunitaria se acordó no permitir la realización de las elecciones, debido a que no se está respetando la resolución 726/2017 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señala que en Chiapas deben haber candidatos indígenas en cinco distritos electorales federales y los partidos propusieron en esos distritos a candidatos mestizos. Esta situación ha provocado malestar en ciertos grupos indígenas, en virtud de que es la segunda ocasión consecutiva en que no se respeta la representación política de los indígenas, y el malestar se ha dirigido hacia las candidaturas de Morena, particularmente hacia Manuela Obrador, candidata en Palenque, que se encuentra impugnada en el Tribunal Electoral, hacia Patricia Mass, candidata del distrito de Bochil, quien ni siquiera vive en el distrito y hacia Roberto Rubio, candidato en el distrito de Las Margaritas.

En Chilón, uno de los precandidatos de Morena a la presidencia municipal fue asesinado, lo que hace prever una alta conflictividad en este municipio, por la presencia de grupos paramilitares y porque en ese municipio hay una fuerte resistencia al establecimiento de megaproyectos turísticos, que ha ocasionado enfrentamientos y han sido asesinados defensores ambientales que forman parte de los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva.

En Chiapas antes de las elecciones se presentan visos de un colapso en la administración que encabeza Rutilio Escandón, quien no tiene un proyecto de gobierno y su gabinete se caracteriza por una ineptitud, lo que lo hace obtener calificaciones de aceptación menores al 40%, pero esta realidad contrasta con la visión del propio gobernador, quien considera que todo está muy bien y que incluso presume logros, que solo están en su imaginación y que le impiden tomar con seriedad decisiones políticas para evitar el desastre social en la entidad.

El incendio en las instalaciones del PRI es un mal ejemplo que se puede trasladar a las huestes de Morena inconformes en la selección de candidaturas, en donde la militancia ha sido desplazada para favorecer a candidatos que cargan un profundo desprestigio, sin compromiso social y que no comparten una ideología de izquierda como se hace creer que enarbola Morena. La designación de candidatos en Morena son producto de un fraude cometido por la comisión nacional, en el que se dijo que se iban a realizar encuestas, pero estas nunca se realizaron y se siguió con el viejo método del PRI, que selecciona a sus candidatos a través del dedazo, lo que dejó heridas abiertas en la militancia, sin que nadie en el gobierno emprenda acciones hacia una operación cicatriz, que ayude a evitar el colapso que se avizora.

Una práctica reiterada en el gobierno y en la política en Chiapas es el poco cumplimiento con la legalidad. La referencia al Estado de derecho es parte del discurso ficción como lo fue en su momento el discurso del imperio a la ley. Por ello un aspecto en el que el gobierno de Morena  debió de comprometerse es con los principios de la legalidad, pero no lo hizo, y para colmo de males lo práctica cínicamente en este proceso electoral.

El lema del partido en el gobierno es: Morena la esperanza de México. Algo que en Chiapas difícilmente se le va a creer, pues muchos de los candidatos son impresentables y si se aplicara la ley, algunos de ellos no serían candidatos y estarían en prisión. Ejemplo claro de esto son las candidaturas de Jorge Luis Llaven Abarca y de Ismael Brito Mazariegos, quienes se desempeñaron en la administración de Rutilio Escandón como fiscal general de Estado y secretario de gobierno, respectivamente, y donde el desempeño de ambos funcionarios  fue abiertamente cuestionable, uno por su práctica de fabricación de delitos y el otro por su falta de talento para garantizar la estabilidad interna del Estado, en el que cometieron asesinatos políticos imputables a la ineficacia de Brito Mazariegos.

La legalidad no fue la característica de ambos funcionarios; en donde el  gobernador del Estado terminó tolerando y fomentando la omisión, el incumplimiento  y los abusos en contra de la población, que si algún momento tuvo expectativas de que las cosas iban a mejorar durante este gobierno, hoy cada vez se tiene claro que Rutilo Escandón terminó siendo un gobernador con peores resultados que Juan Sabines y Manuel Velasco.

Llaven Abarca es un funcionario que tiene que pagar por los montajes que organizó para inculpar a inocentes, en el que hubo pérdidas de vida humana, como es el caso que inventó sobre el desmantelamiento de una banda de trata de infantes, que ocasionó el injusto encarcelamiento de cuatro mujeres indígenas dedicadas al comercio informal y el asesinato por tortura del esposo de una de ellas cometido en el reclusorio de San Cristóbal de Las Casas. Hoy día las cuatro mujeres indígenas están en libertad, pero la fiscalía es omisa en la investigación, la sanción de los responsables de estas violaciones y la reparación integral a toda esta familia, que paradójicamente no puede retornar a su comunidad, pues se le impuso comunitariamente una multa que están imposibilitados económicamente para cubrir.

Sobre el desempeño de Ismael Brito se puede señalar el pésimo manejo de los desplazados y del conflicto entre Aldama y Chenalhó, que ya produjo varias decenas de asesinatos y donde las agresiones de los grupos paramilitares continúan. Aquí tampoco hay una investigación ni sanciones a los responsables de estos ataques, situación que es imputable al Estado.

Pero Morena tampoco le puede ofrecer esperanza alguna a la población indígena, que representa más del 30% de la población, simple y sencillamente porque participa en la usurpación de identidad indígena y les está robando la representación política a los pueblos originarios violando las disposiciones electorales aprobadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dispuso en la resolución 726/2017, que cinco distritos electorales de Chiapas debían de ser indígenas. Disposición que Morena violenta proponiendo a mestizos como candidatos.

Con esto Morena provoca una discriminación racial y una violencia política a los pueblos indígenas. 

La degradación de la política en Chiapas ha conducido a una pobre calidad en la integración  en los últimos gobiernos. En las elecciones del 2006, Juan Sabines Guerrero se convierte en gobernador, y en su malograda gestión endeuda a la entidad por 30 años, con un pago diario de seis millones de pesos, y con ello condena a la población a vivir sin futuro ni esperanza. Cuando se pensaba que difícilmente iba a existir un gobierno peor, en el 2012 llegó Manuel Velasco, quien nunca tuvo la madurez política para tomar decisiones y su gobierno fue un ejemplo de corrupción y derroche del presupuesto.

Lo trágico en la historia de Chiapas, es que nuevamente se pensó que después del gobierno de Manuel Velasco, era imposible que existiera un gobierno peor y el destino se encargó de provocar un desengaño y en el 2018 Rutilio Escandón se convierte en el gobernador, y en pocos meses demostró que si podía haber algo peor para Chiapas. Lo grave es que esta pesadilla no termina todavía y después de observar quienes son los candidatos de MORENA a las diputaciones federales, no queda ninguna duda que falta por vivir lo peor de la historia de Chiapas, en el que se prevé que las cosas van a empeorar, pues no hay proyecto ni agenda de gobierno de gobierno.

Después de Sabines, Velasco y Rutilio, nadie se debe sorprender que Ismael Brito, Jorge Luis Llaven, Manuela Obrador, MANACO, Armando Melgar, Carlos Morales, Roberto Rubio, Sasil de León y el propio súper delegado, José Antonio Aguilar Castillejos, estén pensado en que tienen los méritos suficientes para ocupar la gubernatura de Chiapas, pues está claro que para gobernar la entidad no se requiere de inteligencia; cualquiera puede ser con un poco de suerte.

Sin embargo esta degradación de la política en la entidad representa un grave riesgo de seguridad nacional para el país, pues los niveles de malestar social y los problemas de gobernabilidad en Chiapas pueden socavar al gobierno de la 4t, como ya sucedió con el levantamiento armado zapatista en 1994 y con la masacre de Acteal en 1997, donde de manera simultánea se provocaron cambios en los gobiernos estatal y federal. Lo que significa que las malas decisiones políticas en Chiapas y la ausencia de gobierno, puede derivar en una afectación directa al gobierno de la 4t.

El futuro inmediato de Chiapas es poco halagüeño. El gobernador no formó cuadros políticos que le ayudaran a gobernar y que al mismo tiempo se formara el recurso para el cambio generacional. Por eso se ha señalado en reiteradas ocasiones que la disputa del poder en Chiapas se está dando entre los malos de siempre con los peores de ahora. Bajo cualquier circunstancia Chiapas y la población pierde, pero eso parece no tener importancia, aún y cuando lo que está en juego es el futuro.

Una de las tareas de mayor complejidad para los Estados-nación es la construcción de ciudadanías. Esta visión de construcción se contrapone al pensamiento liberal que aparece en todas las constituciones liberales, en el que la ciudadanía está relacionada a la nacionalidad y al ejercicio de votar y ser votado, condición que presupone que el concepto de ciudadanía se adquiere al nacer.

Por ello es preciso señalar que el ciudadano no nace sino que se construye socialmente y los procesos educativos juegan un papel importante en la construcción de estas ciudadanías. En México existe una déficit alarmante de ciudadanía. Este problema se arrastra desee el momento en que surgió la nueva nación en la liberación española, en donde los grupos de poder se enfrascaron en guerras internas en el ideal de construir un Estado y dejaron de lado la relevancia que representaba la construcción del ciudadano: el Estado resultaba más importante que el ciudadano.

El primer gobierno del México independiente fue una dictadura a través del imperio de Iturbide y en los siguientes 50 años de guerras internas, le sucedieron diversas dictaduras: la de Antonio López de Santa Anna, los 15 años de gobierno juarista, luego los 30 años de la dictadura de Porfirio Díaz y a finales de los años 30 del Siglo XX, se constituye la dictadura institucional a través de un partido hegemónico que devino en el PRI, que gobernó ininterrumpidamente 70 años, en donde no había competencia electoral y los puestos de elección fueron ganados, casi en su totalidad por el mismo partido.

Esta forma de gobierno no fomentó la construcción de ciudadanía y terminó propiciando una democracia débil, y como la democracia se construye con ciudadanos participativos, reflexivos y con una autoresponsabilidad para tomar decisiones en un mundo de opciones,  se terminó generando una vida democrática y llena de simulaciones,  pues lo que prevaleció fueron formas políticas autoritarias, que reprodujeron gobiernos autoritarios.

Durante estos 70 años de gobierno del PRI hubo preocupaciones para abordar el aspecto del ciudadano y para ello se diseñó la materia de civismo, pero los programas de esta materia concibieron a un ciudadano despolitizado, algo que de inicio resulta inconcebible, en virtud de que la calidad de ciudadanía se construye a través de la actividad política, algo que se encontraba secuestrado por el PRI, pues ese espacio se constituyo en el lugar donde se realizaban las actividades políticas.

Fue en los años 60, fundamentalmente a partir del asesinato del líder zapatista Rubén Jaramillo, en que se empezó a exigir la apertura política que diera paso al pluralismo político. Esta disputa por una sociedad plural duró cuatro décadas, que fueron marcados por diversos procesos y movimientos: la lucha estudiantil del 68, la guerra sucia de los años 70; la reforma política de López Portillo que sacó de la clandestinidad al Partido Comunista Mexicano; el sismo de 1985, que permitió la movilización de la población y la posterior organización por la lucha de viviendas; el movimiento estudiantil del CEU, que produjo una camada de jóvenes políticos, muchos de ellos gobiernan con AMLO; el movimiento democratizador de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988; el levantamiento armado zapatista, que produjo la importante reforma electoral de 1997, que permitió quitarle al Estado la organización de las elecciones; la pérdida de la mayoría del PRI en la cámara de diputados en 1997, que abrió la posibilidad de un gobierno de alternancia en el año 2000.

El triunfo de Vicente Fox en la presidencia se concibió como el triunfo de un pluralismo político, que se abría a la democracia. Sin embargo esto tuvo un resultado fallido, fundamentalmente por la pobre calidad de la ciudadanía en México, que impidió el fortalecimiento de la vida democrática, fundamentalmente porque nunca se ha vivido en la democracia, lo que produjo el regreso del PRI en las elecciones del 2012.

En el 2018 gana las elecciones López Obrador, pero en este gobierno no se ha impulsado ningún programa de construcción de ciudadanía, inclusive el actual programa educativo sigue siendo el aprobado por lo que se consideró como la fallida reforma educativa, que en apariencia se derogó, pero persiste el mismo programa educativo que no ha sido modificado. En este gobierno no existe la intención de construir un nuevo tipo de ciudadano, lo que significa que no se ha creado el sujeto de la educación capaz de impulsar un nuevo régimen político. Lo que hace prever, que el discurso de la 4t resulte nuevamente un proyecto fallido y más por la forma en que se designaron los candidatos en este proceso electoral, en donde lo partidos aliados representan lo peor de lo mismo.

En febrero del 2017, a plena luz del día, en el Parque Bicentenario en Tuxtla, anteriormente Parque Morelos, se estableció la alianza entre Andrés Manuel López Obrador y el que era el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Ese día Velasco Coello rellenó el parque con 20 mil personas que vitorearon al candidato a la presidencia y su abuelo, Fernando Coello, llegó con 10 mil campesinos al evento con AMLO, todos con playera y gorra.

El pacto estaba claro: AMLO se alió con la peor escoria de Chiapas a cambio del millón de votos que Manuel Velasco le garantizaba, y con ello se le garantizaba impunidad al exgobernador, quien supo negociar su continuidad en la política con el cargo de senador de la república. En esta negociación Chiapas no importó ni tampoco importó la legalidad y la justicia, en donde muchas voces reclamaban el juicio político del exgobernador Velasco, pero que cuenta con la protección presidencial, aún y cuando filmó a Pío López Obrador recibiendo los recursos públicos que Chiapas le aportaba a la campaña de López Obrador.

Con la protección presidencial, Manuel Velasco sigue siendo el principal actor político en el Estado, y en las elecciones de junio del 2021, él va a ser el gran ganador, a costa del partido Morena, que no ha sabido sobrevivir en la primer elección siendo gobierno, y hoy este partido se encuentra desprestigiado y con un conjunto de candidatos a las diputaciones federales y locales que resultan todo lo contrario de los anuncios presidenciales de no robar, no mentir y no traicionar.

Mientras muchos seguidores del presidente siguen creyendo que de verdad se va a dar una transformación, que cada vez resulta más irreal, Manuel Velasco aprovecha la circunstancias políticas y se acomoda para gana las elecciones no solo en el 2021 sino en el 2024, en el que perfila a Sasil de León como su candidata.

Sobre este juego de perfidia, el gobernador Rutilio Escandón permanece en el paraíso, encerrado en una burbuja del mundo feliz, sin darse cuenta que él es el que carga con la culpabilidad y el desprestigio de llevar puro impresentable como candidatos a las 13 diputaciones federales, en donde ninguno se salva: unos más bandidos y sin  escrúpulos que otros y en donde las candidatas por género son usurpadoras de identidad indígena y partícipes de la discriminación racial y violencia política hacia la población indígena.

Resulta denigrante para la izquierda convocar al voto a favor de personajes como Ismael Brito, Jorge Luis Llaven, Luis Armando Melgar, Manuel Narcía o Roberto Rubio. Pero de igual manera resulta contradictorio pedir el voto para Manuela Obrador, Patricia Mass o Martha Dekker, quienes en la ilegalidad se robaron la representación política de los indígenas, que está establecida en la resolución 726/2017 del Tribunal Electoral.

El pragmatismo político dejó sin ideología a Morena y al mismo tiempo pone como seguro triunfador a Manuel Velasco, que ha sabido sacar provecho de los escombros en que dejó a Chiapas.

El partido MORENA en la designación de candidatos a las diputaciones federales incurrió en el delito de discriminación racial. A sabiendas de que la resolución 726/2017 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dispuso que los Distritos Electorales Federales 1, Palenque; 2, Bochil; 3, Ocosingo; 5, San Cristóbal de Las Casas y 11, Las Margaritas, quedaban reservados como diputaciones indígenas, decidió nombrar a candidatos mestizos y para ello, con alevosía y ventaja, instrumentó un fraude para acreditar la autoadscripción indígena calificada y a través de la mentira o el soborno acordó con autoridades comunitarias acreditar los vínculos y trabajo comunitario de estos candidatos, sin importar que se está cometiendo el delito de declaración en falsedad ante una autoridad no judicial.

Para el presidente de la república, los valores que deben de caracterizar al gobierno de la 4t es el de no mentir, no robar y no traicionar, algo que MORENA no está cumpliendo en Chiapas, en virtud de que los candidatos Manuela Obrador, Patricia Mass, Martha Dekker y Roberto Rubio, mienten al autoadscribirse como indígenas, se están robando una representación indígena que no les corresponde y están traicionando a los pueblos originarios, reproduciendo patrones de discriminación racial, al cancelarles el derecho a tener una representación política indígena en el Congreso.

En los dos años 4 meses que lleva el actual gobierno, ha quedado claro que la autonombrada transformación es solo continuidad de los peores gobiernos de la historia de Chiapas –el de Juan Sabines y Manuel Velasco-, y que las formas políticas que practica son las mismas del PRI, al que tanto critican y pretenden desaparecer; no por algo las principales cabezas del gobierno de MORENA tienen orígenes priistas y padecen de los mismos vicios antidemocráticos, de componendas y cochupos.

No hay ninguna duda de que MORENA va a ganar las 13 diputaciones federales, pero con un desprestigio social, que aún ganando van a carecer de legitimidad y van a estar permanentemente cuestionados, porque las autoridades del gobierno de la 4t y los representantes políticos, si mienten, si roban y traicionan al pueblo.

Desde ahora se prevé que la representación de Chiapas, en la cámara de diputados, va a quedar estigmatizada por su ausencia de calidad moral, por la bajeza de principios de los candidatos, por la pobreza de miras en la construcción del futuro, por sus prácticas delincuenciales, por la falta de escrúpulos de los diputados y por la ausencia de autocrítica que los convierte en inservibles para asumir la defensa de los verdaderos intereses de la población chiapaneca.

Votar por los candidatos de MORENA en Chiapas es una equivocación, significa votar por la peor representación política que se puede imaginar. 

La degradación de la política en Chiapas ha tomado un rumbo peligroso, en el que personajes impresentables ofrecen mejorar las condiciones sociales de la entidad, cuando en realidad representan lo peor de la sociedad. La gran paradoja, es que el discurso del partido Morena se proponen acabar con los conservadores cuando todos los candidatos a las diputaciones federales representan una ideología conservadora escondida en el discurso ficción que enarbola la presidencia de la república.

Cómo votar por candidatos como Ismael Brito Mazariegos o Jorge Luis Llaven Abarca, más cercanos a la delincuencia organizada, que a las justas demandas de un mejor nivel de vida de la población. O votar por Luis Armando Melgar, que representa los intereses de TV Azteca, que en Chiapas desarrolla grandes proyectos de explotación laboral y de destrucción de la naturaleza, este candidato es la antítesis de lo que debe ser un representante popular, comprometido por la transformación. O votar por las imposturas de Roberto Rubio, Manuela Obrador o Patricia Mass, que buscan ser diputados usurpando una representación que les corresponde a la población indígena y que sin pudor alguno cometen un fraude presentando documentos falsos al INE que les acredite la autoadscripción indígena.

La degradación política de Morena proviene de sus raíces del PRI, que a su vez presenta candidatos igualmente impresentables, como lo es Emilio Salazar Farías, que utiliza a la política para hacer negocios y enriquecerse, que fue capaz de robar el patrimonio económico de su propia familia, con esa falta de escrúpulos que se puede esperar de él. O candidatos como Roberto Aquiles, Julián Nazar o Mario Carlos Culebro.

Cómo convocar a la población a que salga a votar por personajes que no se preocupan por construir un Chiapas mejor. Lo absurdo de este proceso es escuchar a personas que se asumen de izquierda pidiendo a la población que voten por los candidatos de Morena, a sabiendas que este partido lleva candidatos  realmente conservadores y ajenos a la lucha social. Lo peor de todo es que argumentan que se debe de votar por los candidatos de Morena a pesar de que no representan los valores de la transformación pero que se requiere de que lleguen al Congreso para que el presidente no pierda la mayoría. Este argumento produce ternura, en virtud de que no entienden que el Congreso es un poder distinto al del Ejecutivo encarnado en el presidente, y que el Congreso debe garantizar el equilibrio del poder para no caer en la tiranía o en los deseos autoritarios. Pero a su vez, el Congreso representa también el pluralismo político de la sociedad, pluralismo que pretenden socavar.

Chiapas está a punto del colapso debido a 14 años de pésimos gobiernos, y que el gobernador Rutilio Escandón solo cuenta con un 40% de aceptación y tiene todos los indicadores del semáforo económico en rojo, situación que obliga a la reflexión sobre cuál debe ser el rumbo político de Chiapas. Pero esto se encuentra ajeno de las campañas, en virtud de que Chiapas no importa. Chiapas es solo el pretexto para el enriquecimiento ilícito y de un ejercicio de poder que se encuentra extraviado.

El proceso de selección de candidatos de Morena debe de transparentarse, pues cada vez es más fuerte la opinión de que las famosas encuestas nunca se aplicaron en la entidad. Junto a este señalamiento existen acusaciones aún más graves relacionadas a la venta de candidaturas o a supuestas reuniones que se realizaron con algunos aspirantes para que desistieran en su registro en Morena, en virtud de que ya estaban definidos los candidatos pero que se podían registrar en el partido Chiapas Unido y expresamente señalan a Ismael Brito Mazariegos, exsecretario de gobierno y principal operador de las elecciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el que encabezó esas reuniones.

La transformación en Chiapas siempre ha estado en duda, debido a que existe un gobernante que se resiste a gobernar, pero después del proceso de designación de las candidaturas a las presidencias municipales y a las diputaciones, queda claro que la famosa transformación está convertida en una verdadera tragedia, predestinado a ser el peor gobierno de la historia de la entidad, que reprodujo los mismos problemas y defectos de los gobiernos anteriores.

Morena terminó avalando reelecciones familiares como sucede en Playas de Catazajá o en Altamirano, en donde una misma pareja lleva intercambiándose la presidencia municipal por cuatro períodos, impidiendo procesos democráticos e instaurando prácticas de terror y de persecución política. O bien incorporó a personas ligados  al movimiento más conservador de los terratenientes en defensa de su propiedad como es en Comitán, en donde se designa como candidato al líder de la reacción en contra del movimiento indígena de 1994.

Con ese tipo de designaciones se desnaturalizan las intenciones transformadoras de Morena, pues en lugar de luchar por el cambio termina designando a candidatos que está probado que se oponen a los cambios. Pero tampoco puede seguir utilizando el discurso en contra de la corrupción, porque todo el batidero que se hizo en la selección de candidatos está atravesado por prácticas de corrupción, en donde se dejó sin posibilidades a militantes y simpatizantes comprometidos con el partido y con el discurso de la 4t, violando con ellos los derechos partidarios.

En el sistema político mexicano las elecciones intermedias permitían la consolidación del gobernante, en el que ya se habían pagado las cuotas y los favores, y se colocaban en posiciones de gobierno y electorales a las personas de confianza, ello con el fin de preparar la sucesión. Nada de esto sucede en Chiapas, sobre todo porque queda claro que el gobernador no tiene cuadros para gobernar y dejó en manos de terceros el manejo de lo electoral, convirtiendo el proceso en un cochinero, que como boomerang le regresara el golpe al propio gobernador, pues él aparece como el responsable de las malas decisiones electorales que tomaron sus colaboradores.

El proceso de selección de candidatos terminó provocando fracturas en el partido Morena, quien no podrá ir a la contienda en condiciones de unidad, pues muchos precandidatos salieron burlados. La falta de operación política y sobre todo la falta de credibilidad ocasionó el malestar de algunos grupos que exigen se de transparencia a los resultados de las encuestas, sobre todo porque existen serias dudas de que éstas se hayan levantado, situación que terminará minando algunas candidaturas.

La mayor incertidumbre se vivió en Tuxtla, pues todo el fin de semana se comentó que habían bajado a Carlos Morales y que el candidato a la presidencia municipal era Felipe Granda. Finalmente la designación recayó en el expresidente, quien buscará así la reelección. Sin embargo, el mensaje político que se envió en este cruce de información es que Carlos Morales no cuenta con la simpatía del gobernador, Rutilio Escandón, quien hizo lo que estaba a su alcance para sacarlo del proceso, lo que representa una derrota previa del gobernador, aspecto que evidencia su frágil manejo de las elecciones.

Esta primer derrota es el antecedente de lo que se avecina para Rutilio Escandón,  pues el exgobernador Manuel Velasco tiene metida las manos en el proceso electoral, en donde juega algunas  posiciones en el partido verde, pero en realidad su verdadero interés lo deposita en el Partido Encuentro Solidario, PES, en donde queda manifiesto que su candidata para el 2024 es la senadora Sasil de León, lo que lo vuelve a acercar a los hermanos de León Villard, con quienes hizo jugosos negocios con las obras durante su gobierno, muchas de las cuales fueron pagadas pero nunca se realizaron.

El escenario político no resulta nada halagüeño, en donde se corre el riesgo que se pierdan las elecciones en las tres ciudades de importancia en la entidad, pues en Tuxtla el manoseo que se vivió en Morena provoca inconformidad y eso debilita a Carlos Morales, que tiene en Paco Rojas a un candidato competitivo, que va por tercera ocasión en busca de la presidencia municipal, quien ha sido severamente golpeado en las redes sociales, pero que demuestra que la simpatía popular que despierta lo tiene blindado no solo de los ataques políticos que le hacen sino de los propios actos de imprudencia que se le conocen.

En Tapachula situación similar se le presenta a Morena, que decidió por una candidatura que carece de perfil propio, sobre la militancia de ese partido, y que está sujeta a los intereses de una cervecera que controla la mayoría de las licencias de bares y cantinas de la región, en manos de un operador político a quien se le considera como el vicegobernador en Tapachula,  en donde se prevé un proceso electoral competitivo entre tres candidatos, pues Ezequiel Orduña y César Amín Orantes, saben cómo ganar elecciones.

En San Cristóbal también va a haber disputa electoral entre Morena, encabezado por un miembro de la familia Velasco, pero que en realidad es la única posición política en la entidad de Marcelo Ebrard, y el partido verde, quien lleva a Mariano Díaz a la presidencia y a Marco Cancino en la diputación local, ambos conn capital político que los hace competitivos y que juegan en la cuadra de Manuel Velasco, quien aparte lleva en el PES a Enoc Hernández, lo que evidencia que en esa plaza el gobernador no tiene candidato.

Las elecciones del 6 junio debieran de representar una posibilidad para cambiar el rostro de pobreza e injusticia de Chiapas, pero todo parece indicar que las cosas no van a mejorar y es probable que empeoren, debido a que prevalece una pobreza de miras en la mayoría de los candidatos, sobre todo entre los que se perfilan como ganadores en la contienda.

Por ejemplo en Morena, el partido en el gobierno, no se cuidaron los perfiles de la mayoría de los candidatos y en las diputaciones federales, sobre todo en las diputaciones consideradas como indígenas, se viola la ley, al proponer a mestizos como candidatos, entre ellas, la candidatura de un familiar del presidente de la república, que a sabiendas de que su diputación es ilegal, continuó con sus propósitos de reelegirse y ahora el INE, en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Electoral, tendrá que invalidar esa candidatura así como la de otros partidos, en virtud de que se mantiene la discriminación racial en los partidos políticos en la entidad.

Lo gracioso de Morena es que mantiene el discurso de la transformación, cuando en realidad no propone a candidatos que tengan la lucidez, el conocimiento y la visión para impulsar o promover las grandes transformaciones que Chiapas y el país requieren y en los casos en donde hubo precandidatos que mantienes lucidez y conocimientos, simplemente no fueron considerados y se apostó a la precarización de las ideas y al debate sin inteligencia, lo que significa que prevalecerán los insultos, las difamaciones y la camorra.

Las candidaturas que más debieron de cuidarse son la de las presidencias municipales, pues ese representa el nivel de gobierno más cercano con la población y es en ese nivel de gobierno donde debieran de solucionarse la mayoría de los problemas de la población. La importancia de contar con gobiernos municipales eficaces permite construir gobernabilidad, algo que se exige en Chiapas, pero tal parece que esto no es un asunto de relevancia para el gobernador, que vive en un mudo irreal, en el que considera que hay un buen gobierno, cuando en realidad Chiapas representa la viva imagen del caos.

La opacidad en la que se dio la selección de las candidaturas, está generando inconformidades que se pueden traducir en impugnaciones en el tribunal, ante la flagrante violación de los derechos partidarios a algunos militantes que fueron desplazados para favorecer a chapulines y arribistas. Pero de igual forma se prevén conflictos electorales y poselectorales, en el que puede presentarse la violencia política y los enfrentamientos entre candidatos, que desde ahora consideran que no hay piso parejo o que el trabajo que vienen realizando los “Cuervos de la Nación” inclina los dados hacia los candidatos de Morena, quienes con un padrón de 170 mil beneficiados, solo en Tuxtla Gutiérrez, consideran que sí ponen de candidato a un caballo no tienen dificultades para ganar las elecciones.

La realidad es que no hay opciones políticas, situación que deja entrever que en esta elección el gran perdedor va a ser el pueblo de Chiapas, que tendrá que conformarse con ser gobernado por los peores.

En medio de la crisis sanitaria, en la que está latente un repunte en los contagios, en Chiapas se está viviendo una efervescencia electoral que sorprende, debido a que la entidad está convertida en un polvorín y no existe el interés del gobierno por buscar soluciones a las problemáticas que se viven, aún y cuando cada día son mayores el malestar y las críticas al gobernador y su gabinete.

En Chiapas resulta claro que lo electoral no está necesariamente relacionado con las mejoras en las condiciones de vida de la población, que en los últimos 20 años ha visto como decrece la calidad de vida y aumentan los índices de pobreza y desigualdad social. Esto sucedió aun y cuando a Chiapas se le destinó un presupuesto de 950 mil millones de pesos en los últimos gobiernos, con el presupuesto más alto del país para el combate a la pobreza y ésta ,en lugar de reducir, ha  tenido un incremento.

Las experiencias electorales en Chiapas no han servido para construir gobiernos con compromiso social, que se involucre en la mejora de la vida pública. En el 2006, se eligió como gobernador a un aventurero, que le ocasionó el mayor daño económico a la entidad, quien no solo despilfarró los recursos público sino que corrompió a las instituciones. En el 2012, los electores se volvieron a equivocar, se eligió a un personaje sin la madurez política para la toma de decisiones, situación que ocasionó un gobierno dominado por una actitud frívola, irresponsable, indiferente, que paralizó las actividades productivas en Chiapas y que continuó con las prácticas heredadas de derroche y corrupción.

En las elecciones del 2018, se designó como gobernador a Rutilio Escandón, quien no ha asumido un compromiso con la mejora de Chiapas, y desafortunadamente continúa con las mismas prácticas heredadas de la corrupción, el desinterés, la frivolidad y la demagogia, que caracterizó a los gobierno de Juan Sabines y Manuel Velasco.

Las elecciones en Chiapas han sido un desastre, debido sobre todo a la pobre cultura política en la población, que se explica a partir de que el 78% de la población no cuenta con los mínimos derechos económicos y sociales y eso limita el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos. Esto tiene como consecuencia la dificultad de construir proyectos de vida democrática en poblaciones con graves problemas de pobreza, con una mala educación, con un deficiente sistema de salud y sin la generación de empleos, debido a una ausencia de inversión productiva.

Chiapas ha tenido una clase gobernante con una pobreza de miras, incapaz de construir proyectos de desarrollo y de bienestar para la población, aún y cuando haya disponibilidad de los recursos para hacerlo. Esto ha ocasionado la pauperización de la política, a punto tal de que el Congreso Local, junto con el poder Ejecutivo,  viven un proceso de degradación y abandono, en la que se requiere urgentemente de la  renovación.

El gobernador debe cuidar los actos en que al presumir presuntos resultados de su gobierno, se termina ganando críticas y denostaciones, como sucedió el día de ayer en el que anunció que Chiapas ocupa el segundo lugar como el Estado más seguro en el país. Esta noticia aunque sea cierta provoca reservas, pues a diario la población vive el clima de inseguridad que hay en todo el Estado, en donde esta percepción que hay en la población, no corresponde con la euforia del gobernador para publicitar los éxitos de su gobierno en materia de seguridad.

Ha sido reiterado que los gobernadores en Chiapas han hecho de las imposturas un ejercicio de gobierno. Y ha sido recurrente que el gobernador maneja cifras sobre seguridad o sobre los contagios y fallecimiento por Covid 19 en la entidad, en el que se vive una realidad distinta a lo que se reflejan en las estadísticas oficiales. Lo delicado de esta situación, es que la celebración de un segundo lugar en seguridad o el semáforo verde en la pandemia, se está enviando una mala señal a la población, en el que el gobernador proyecta una imagen de poca confiabilidad, pues cierto sector de la sociedad no duda en pensar en que se está mintiendo impunemente o peor aún, que con mentiras se pretende obtener reconocimientos, lo que provoca de que en Chiapas se reconozcan los contravalores y se tire la ética del buen gobierno al cesto de la basura.

El gobierno de la 4t promociona el discurso de no mentir, no robar y no traicionar, como los grandes principios del gobierno; pero en Chiapas esos principios están lejos de cumplirse. La prueba de ello es que las policías en la entidad se encuentran infiltradas por la delincuencia organizada, y que muchos de los atracos o secuestros están relacionados con comandantes o policías. Recientemente en un operativo en Tonalá, la fiscalía del Estado confiscó un cargamento de tres toneladas de cocaína, pero en el reporte oficial desaparecieron 150 kilos de esta droga, en donde seguramente el propio personal que participó en el operativo está involucrado en la desaparición de esta droga, lo que hace contradictorio el anuncio de un Chiapas seguro.

Situación similar se presenta en la secretaría de salud en la lucha en contra del coronavirus, en donde se miente sobre la información de los contagios, se están robando los recursos públicos destinados para el combate de la epidemia y se traiciona a la población al ocultar la información y al exponerle a la realización de sus actividades cotidianas bajo el discurso del semáforo verde, a sabiendas de que de que hay un repunte de los contagios y eso puede llegar a ocasionar un mayor número de fallecimientos en la población.

El coronavirus está matando a población en todo el mundo, en el que se está provocando el cierre de las fronteras en países de Europa, pero aquí en Chiapas el gobierno de Rutilio Escandón con una irresponsabilidad criminal está empecinado en repetir que no hay muertos, cuando todos los días se conocen de fallecimientos de amigos, familiares, vecinos y familiares.

Ayer se celebró el segundo lugar en seguridad, eso hay que decírselo a todos aquellos que fueron asaltados en las últimas semanas o a aquellos que perdieron un ser querido o a las madres que esperan justicia por los feminicidios de sus hijas. No cabe duda que hay discursos políticos que no corresponden con el dolor de la realidad que se vive en el Estado.

De qué sirve que el gobernador, Rutilio Escandón, firme el acuerdo nacional por la democracia propuesto por el presidente de la república, si en Chiapas los operadores del gobernador andan violentando derechos políticos y cobrando cuotas a muchos aspirantes a las presidencias municipales, todo ello con el fin de seleccionar a los candidatos reproduciendo el viejo y antidemocrático estilo del PRI: el dedazo.

Como ejemplo de estas violaciones de derechos se puede señalar, que por lo menos 20 presidentes municipales a quienes el Congreso Local les autorizó la licencia para estar en condiciones de buscar la reelección de la presidencia se encuentran en la incertidumbre, en virtud de que el gobierno del Estado no ha publicado en el periódico oficial la autorización de dichas licencias, y todo parece que no se van a publicar, incurriendo la secretaría de gobierno en una falta, pues esta área es la responsable del periódico oficial.

Otro ejemplo de estas violaciones a los derechos políticos es la convocatoria a precandidatos que realiza Ismael Brito, operador del gobernador, en donde les conmina a que no deben registrarse como candidatos a las presidencias, pues ya se definió quien es el elegido de Morena, pero a su vez, palomea a su conveniencia a personas para que se registren a Chiapas Unido, partido local que se encuentra bajo la encomienda oficial del exsecretario de gobierno.  

Por su parte Jorge Luis Llaven Abarca, exfiscal del Estado, también tiene la encomienda del gobernador Rutilio Escandón de controlar las candidaturas del partido verde, en el que se le ve, desde hace varias semanas, haciendo campaña en todo el territorio del Estado, designando candidatos para las municipales y realizando reuniones en el que fluye el dinero, que si no son recursos públicos, son recursos de la delincuencia organizada, lo que debe estar bajo la supervisión tanto del IEPC como del INE, pues resulta más que obvio, que Llaven Abarca ya rebasó con mucho el tope de campaña de los diputados federales, que es de un millón 600 mil pesos.

Sin embargo, el acto más deplorable de este proceso de designación de candidatos por parte del partido Morena, es el cobro de cuota que se efectúa sobre los palomeados, en el que por lo menos, dos candidatos manifestaron que acudieron con el súper delegado a dar su cooperación voluntaria por haber sido seleccionados, sin que se conozca de manera oficial la realización de las famosas encuestas, que de por sí representa un método poco democrático en la designación de candidatos, pues en el caso de realizarse, solo se consulta a una pequeña muestra de la población, que en municipios como Tuxtla o Tapachula no representan ni mil encuestados.

Por eso bien vale la pena reiterar la interrogante de qué sirve que el gobernador exprese su compromiso con la democracia, cuando él mismo promueve que excolaboradores de su gobierno manoseen la voluntad popular y designen candidatos por dedazo o venta de candidaturas que representa una clara violación de los derechos políticos de la población.

El gobierno de Chiapas está errando el camino para construir la paz en un amplio territorio que comprende la región de los Altos y Norte del Estado, en el que la violencia se acrecienta, y hechos como los actos intimidatorios al defensor de los desplazados del Ejido Puebla, Diego Cadenas, por parte de la secretaría de gobierno, sólo provocan que la mirada de los organismos internacionales de los derechos humanos se pose en Chiapas y que se emitan condenas al Estado mexicano por  las prácticas de violencia institucional que se presentan de manera recurrente en el Estado.

En lugar de agredir y criminalizar a defensores de derechos humanos, el gobierno del Estado debiera de implementara una serie de medidas y mecanismos para erradicar la presencia de los grupos paramilitares en toda la región, pues estos son los generadores de violencia y el principal obstáculo para el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz, y a su vez, la fiscalía debe de realizar las investigaciones y sanciones de los responsables de esta violencia, situación que debiera de limitar los patrones de impunidad que prevalecen en la entidad.

La construcción de la paz debe formar parte de un conjunto de políticas públicas, que al mismo tiempo de eliminar los grupos paramilitares e impartir justicia, busque mejorar las condiciones de vida de la población, así como garantizar el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, situación que está ausente en gran parte del territorio.

Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana. Sobre todo porque el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz debe ser acordado con los miembros de la comunidad. Debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para construir la paz.

Por ello es cuestionable la decisión de militarizar la zona, con el establecimiento de  la Guardia Nacional, pues esto no ha tenido resultados y la violencia y las agresiones paramilitares continúan en los municipios de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.

La presencia de la Guardia Nacional en la región viola la Ley de Concordia y Pacificación, que aún mantiene su vigencia, con lo que queda claro que el gobernador no entiende la diversidad cultural y no entiende el papel histórico que le toca jugar en el proceso de concordia y pacificación de la zona de conflicto en estas comunidades indígenas. Rutilio Escandón, al otorgar su anuencia para la presencia de los militares, sobre la base de los hechos está cancelando el derecho de estas comunidades de vivir en paz y pone en riesgo el derecho a la vida y la dignidad de las comunidades.

El desconocimiento de los contextos indígenas y la falta de compromiso con la verdad de la administración de Rutilio Escandón genera que Chiapas se encuentre al margen de la importante discusión que se está dando en diferentes países sobre la necesidad de implementar un modelo de justicia transicional, que permita investigar y conocer la verdad sobre los hechos violentos en las comunidades, que se haga justicia, se sancione a los responsables de la violencia generalizada en la región, se establezcan mecanismos de reparación y se promuevan acciones de reinserción e integración comunitaria, con el fin de establecer los mecanismos de no repetición de hechos de violencia, que debieran de avergonzar e indignar a la sociedad chiapaneca.

Criminalizar a los defensores de derechos humanos es cerrar la puerta a la negociación y a la búsqueda de acuerdos para la construcción de una paz con dignidad en las comunidades indígenas.

Los últimos gobernadores han mirado a Chiapas como el mejor negocio de su vida. Así fue con Juan Sabines Guerrero, el atraco continuó con Manuel Velasco Coello y así sucede con el gobierno de Rutilio Escandón Cadena, quien paradójicamente en el discurso presume haber acabado con la corrupción,  pero eso forma parte del discurso ficción de este gobierno, quien se mantiene encerrado en un mundo irreal, que no corresponde para nada con la realidad social y política del Estado.

En estos últimos 14 años el presupuesto ejercido en la entidad es de 950 mil millones de pesos, cantidad suficiente para haber transformado el rostro de pobreza y violencia que caracteriza a Chiapas, si este presupuesto se hubiera empleado con la racionalidad, la eficacia, la inversión productiva y el compromiso social de mejora, pero eso  no fue así, debido a que ha prevalecido la corrupción, el despilfarro, la opacidad y la falta de programas y proyectos, en el que se ha terminado gobernando en medio de la indiferencia y las ocurrencias.

Por eso es correcto hablar de dos realidades políticas en Chiapas: la de la gente común y la del gobernador del Estado y sus colaboradores, que viven en la ficción.

La realidad de la gente común es desgarradora, sufre en carne propia las malas decisiones políticas del gobierno, ven cómo cada día se deterioran las relaciones sociales y se profundiza la brecha de desigualdad, que padecen los problemas de inseguridad, que han sufrido la pérdida de un familiar, amigo, vecino o conocido por el coronavirus, pero que las muertes no aparecen en los reportes estadísticos del gobierno, porque esos reportes están llenos de mentiras o se oculta la información, como se oculta el ejercicio del presupuesto, que supera los 200 mil millones de pesos, sin que se conozca en qué y en dónde se invirtieron; como no se sabe en dónde se invirtieron los 300 mil millones de pesos en la administración de Sabines y los 450 mil millones de pesos del gobierno de Manuel Velasco.

La situación real de los problemas de la entidad y no el del mundo ficción en el que se mueven las autoridades, quienes construyeron su propia realidad y no les interesa conocer los problemas de la entidad, obliga a una convocatoria hacia una reflexión colectiva para definir los nuevos rumbos de Chiapas con el fin de mejorar la convivencia y las condiciones de vida de la población, pero esta convocatoria no puede  ser una unidad chiapaneca forzada, en torno del gobernador, pues el en este momento representa la responsabilidad de un mal gobierno y la sumisión y el entreguismo a una política que no responde a los intereses de Chiapas.

Chiapas tiene 14 años de gobiernos desafortunados y de desaciertos en el ejercicio del poder, y el actual gobierno de Rutilio Escandón representa la continuidad de esos malos gobiernos, con lo que se asegura una continuidad de 18 años de gobiernos malogrados, corruptos, frívolos, indiferentes y demagogos.

Desafortunada y lamentablemente la administración de Rutilio Escandón es de anuncios mediáticos, ya sea a través de boletines o de videos sin que se atiendan y resuelvan los problemas que padece la entidad. En el que la población de Chiapas está siendo condenada a no tener futuro, sino solo un pasado trágico que se repite una y otra vez.

El mundo ficción de la burbuja que recubre al gobernador y a su gabinete, contrasta radicalmente con la percepción de muchos sectores de la población que consideran que no se toman decisiones de gobierno y que los problemas se han acrecentado, a punto tal que la violencia, la inseguridad y la violación a derechos humanos, son parte de la normalidad de la vida cotidiana. Situación que sólo podrá modificarse si en las elecciones del 6 de junio se construye una nueva mayoría, que obligue a la actual administración a buscar la negociación y el acuerdo en las decisiones políticas y presupuestales.

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