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Con las ciudades cubiertas de luto por los fallecimientos ocasionados por el virus Covid 19 y la amenaza de la mayor crisis económica que pone en riesgo la soberanía alimentaria, Chiapas representa hoy día el rostro del mal gobierno, de la pobreza, la inseguridad y la ingobernabilidad que es lo que ya no se quiere vivir.

La situación real de los problemas de la entidad y no el del mundo ficción en el que se mueven las autoridades, que se regocijan informando mentiras y faltando a la verdad, obliga, en este proceso electoral que se avecina, a una convocatoria hacia una reflexión colectiva para definir los nuevos rumbos de Chiapas con el fin de mejorar la convivencia y las condiciones de vida de la población, pero esta convocatoria en torno al proceso electoral, obliga a respetar la pluralidad política y rechazar todo tipo de sumisión y/o entreguismo que ha caracterizado a los políticos y partidos en la entidad.

Chiapas viene de 14 años de gobiernos desafortunados y de desaciertos en el ejercicio del poder y si en la contienda electoral de este año no se construye una nueva mayoría, se estaría asegurando un período 18 años de malos gobiernos, en el que prevalecería el abandono, la indiferencia, la violencia y la inseguridad, acompañada por una terrible crisis económica y crisis sanitaria, que por el ocultamiento de la información y publicitar datos falsos,  las consecuencias seguramente tendrán repercusiones varios años más.

El mundo ficción que recubre al gobernador y a su gabinete, contrasta radicalmente con la percepción de muchos sectores de la población que consideran que no se toman decisiones de gobierno y que los problemas se han acrecentado, a punto tal que la violencia, la inseguridad y la violación a derechos humanos, son parte de la normalidad con la que las personas se acostumbraron a vivir, lo interiorizaron y se encuentran conformes con ese destino.

Sin embargo hay un malestar en la población que no se puede pasar por alto, es la creciente falta de generación de empleos, problema que se agudizó con el cierre de miles de negocios ocasionado por la pandemia, en la que el gobierno no quiere emprender con un programa de estímulos para fomentar las actividades agropecuarias y el crecimiento económico, situación que es posible cambiar con una nueva mayoría en el Congreso Local y en las presidencias municipales, lo que obligaría al gobernador a ponerse a trabajar y dejar de ser omiso en sus responsabilidades, en donde cree que con  inaugurar calles o casetas de vigilancia se cumple con la función social que significa gobernar.

La ausencia de gobierno es la consecuencia de la inexistencia de programas de gobierno, en el que no se están tomando las medidas preventivas para enfrentar la crisis económica que se avecina, que va a incrementar considerablemente los índices de pobreza en la entidad y que va a provocar una reducción de la producción agrícola, que sigue siendo la principal actividad económica del Estado, y donde el turismo que representa una importante fuente de divisas continuará con una parálisis con despidos de fuentes de trabajo en hoteles y restaurantes.

En innumerables ocasiones se ha señalado la urgencia de contar con un programa emergente de recuperación económica y un nuevo pacto político, en donde se diseñe y se privilegien los nuevos rumbos de Chiapas, con una nueva mayoría, en el que la prioridad y la apuesta sea la mejora del bienestar en la población, debido a que Rutilio Escandón y Morena representan en este momento la tragedia social en Chiapas.

 

 

En estos momentos la única preocupación del gobernador Rutilio Escandón es lo electoral y con eso omite la atención no solo de la emergencia sanitaria, que se está viviendo, manejada dolosamente con cifras falsas, y también deja de lado la crisis económica que se avecina, en donde los pronósticos del crecimiento para México y Chiapas no resultan halagüeños.

Los diez meses de confinamiento debido a la pandemia ocasionó en todo el país el cierre definitivo de negocios y de empresas y con ello se provocó una pérdida creciente de empleos, que difícilmente se van a recuperar en los próximos años, pues para ello se requiere de un crecimiento de la economía superior al 4% y los pronósticos señalan un decremento en el 2020 superior al 8%, algunos analistas financieros consideran que va a ser del 10%, y para el 2021 se calcula un crecimiento inferior al 3%. Estos datos para el Estado de Chiapas son aún peor, pues el decremento de la economía en la entidad se calcula superior al 12% y para el 2021 menor del 1%, lo que puede ocasionar un crecimiento considerable de la pobreza en la entidad, debido a la contracción que se está viviendo, de las principales actividades económicas.

Estos males de la economía afectan la vida cotidiana y alteran considerablemente la esfera de lo que es considerado como la vida privada, pues con el desempleo se deteriora la vida familiar, se incrementa la violencia y se pierde el horizonte del futuro. Todo esto viene siendo invisibilizado por el gobierno, cuya única apuesta es ganar las elecciones, sin importar los costos sociales que representa abandonar la responsabilidad social que todo gobierno debiera de desempeñar, como se viene haciendo en Chiapas.

La preocupación del gobierno debiera estar en evitar los costos de la crisis económica y del deterioro de los social, que se prevé se agudice en los próximos meses y que se prolongue hasta el fin del sexenio, pues está claro que con Rutilio Escandón no van a existir los cambios que se necesitan y los funcionarios actuales ya demostraron con creces el nivel de incompetencia, y peor aún, las prácticas de corrupción del antiguo régimen que tanto critican, pero lo imitan a punto tal de parecer iguales.

Para que la economía de Chiapas mejore se requiere de apoyos económicos y fiscales, pero eso no está en la lógica del gobierno, que copia las decisiones presidenciales sin ningún tipo de análisis de lo que eso implica, en donde el gobernador está dispuesto a complacer las directrices presidenciales que el de buscar el bienestar de la población de Chiapas, quien tiene en quiebra técnica la actividad turística y la producción agrícola está siendo expuesta a que cada productor implemente su propio plan de mejora o de contención de la crisis sin ninguna ayuda formal de las autoridades.

 

 

 

 

En las elecciones del 2018 se generó en Chiapas la consigna de “AMLO si Rutilio no”, que con mucha lucidez anticipaba que Rutilio como gobernador iba a resultar un desastre, como realmente lo está siendo. Esta campaña fue contrarrestada por la consigna de AMLO que convocó a la votación de 6 de 6, en virtud de que a él le interesaba tener la mayoría en el Congreso lo que le garantizaba gobernabilidad y  sacar adelante las leyes que le dieran sentido a la transformación del país que proponía.

A meses de la víspera de las elecciones intermedias, vale la pena analizar las consecuencias de entregarle la mayoría en el Congreso, en donde más que la gobernabilidad se produjo el encono y la división, y la promesa de la transformación se quedó solo en un discurso, debido a que los fundamentos para el cambio de régimen no solo no se produjeron sino que se retornó a las viejas prácticas de concentración del poder, como en los tiempos del PRI, en donde se dejaron dos poderes en manos del presidente y sucedió lo que tan bien visualizó Montesquieu en su obra “El Espíritu de las leyes”, en que dos poderes en manos de una misma persona conduce a la tiranía.

Por eso resulta de vital importancia al retorno de la negociación y la búsqueda de acuerdos en la construcción de gobernabilidad desee el Congreso, y para ello se requiere de una nueva mayoría, que sea capaz de garantizar el pluralismo político, que costó mucho construir en el país que se encuentra en riesgo, y alejar de la política las prácticas autoritarias que conducen a la tiranía. En este sentido, tanto en Chiapas como en el país, es necesario el surgimiento de una nueva mayoría, que procure la división de poderes y que limite el poder del Ejecutivo.

En Chiapas no hay gobierno, por eso urge que desde el Congreso Local se constituya un cogobierno que impida un mayor deterioro de las condiciones sociales, que de fin a la falsa y siniestra política de austeridad en la entidad, que encubre la corrupción gubernamental y reproduce la opacidad en el manejo de los recursos, en donde bien a bien se desconoce en qué se han gastado los más de 185 mil millones de pesos de presupuesto asignado a Chiapas en estos dos años de la administración de Rutilio Escandón. De allí la conveniencia que con una nueva mayoría en el Congreso Local se defina un presupuesto con una mejor racionalidad y se destinen los recursos a áreas prioritarias que detengan la descomposición social que se vive en la entidad.

La realización de esto no es un asunto fácil, en virtud de que en la contienda electoral de este año en Chiapas se van a confrontar los malos contra los peores, en el que realmente se desconoce si los candidatos de Morena son los malos o son los peores y la misma preocupación existe con los candidatos de la oposición. Por eso resulta de vital importancia que se elabore una propuesta de gobierno en Chiapas que se pueda implementar desde el Congreso, debido a que con Rutilio Escandón es imposible que entienda lo relevante que es gobernar y construir políticas públicas que mejoren la vida pública y que disminuya la desigualdad social que prevalece en Chiapas. De allí que la opción de gobierno se construya con la oposición, constituida en una nueva mayoría en el Congreso Local.

 

 

En la población de Chiapas prevalece como rasgo la ausencia de la preocupación del futuro. Esto genera que en los procesos electorales no se valore la importancia que tiene el voto en la elección de  autoridades, como parte fundamental en la construcción del futuro,  y se termine ejerciendo el voto a partir de necesidades inmediatas, de un presente incierto, por eso la práctica generalizada de la venta del voto, que provoca que las elecciones dejen de ser libres.

En las últimas elecciones no se han sabido elegir a las autoridades. Como ejemplo de ello, la historia ha mostrado que la elección de Juan Sabines Guerrero fue un error y que dañó a generaciones que aún están por nacer. No obstante ese error, se eligió a Manuel Velasco Coello, que terminó siendo un desastre para Chiapas, en donde prevaleció el despilfarro, la corrupción y la indiferencia hacia los problemas sociales en la entidad.

En Chiapas se vivieron doce años de retroceso social y en las elecciones del 2018, que era una oportunidad para cambiar el destino de Chiapas, se volvió a cometer nuevamente el error de elegir a Rutilio Escandón, que con sus antecedentes políticos ya había demostrado su mediocridad, su ausencia de compromisos, su desconocimiento de la realidad social, la ausencia de cuadros y una corrupción desenfrenada en su desempeño como presidente del tribunal de justicia, que terminó prostituido e imposibilitado para reducir la impunidad que distingue a Chiapas.

Ahora, en las elecciones de este año, se requiere urgentemente enderezar el barco, pues Chiapas no tiene futuro, y la crisis social, sanitaria y económica que se está viviendo tiende a agudizarse, lo que implica el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social en la entidad y sin perspectivas de construcción de un proyecto democrático, que representa una vía para construir mejores niveles de bienestar, algo que se requiere urgentemente en la entidad y que se encuentra alejado por la ausencia de políticas en el actual gobierno, que vive de mentiras y que oferta ilusiones, que realmente son desesperanzadoras.

En las elecciones de este año la oferta política de candidatos es poco halagüeña. Los aspirantes de MORENA y del partido verde no son garantía de mejora. Muchos de ellos son reciclados del gobierno de Sabines y otros más colaboraron en el saqueo del gobierno de Manuel Velasco. Por el otro lado, la oferta del PRI-PAN-PRD tampoco garantiza los cambios estructurales que Chiapas necesita y por la disputa de intereses, esta última alianza va a impedir que se abran espacios a ciudadanos con presencia y reconocimiento para ocupar espacios por la vía plurinominal, como si puede suceder en el ámbito nacional.

Bajo esta perspectiva de ausencia de cuadros políticos capaces de crear y reproducir cambios sociales, estas elecciones pueden tener como resultado más de lo mismo, que ha provocado mucho daño social y económico a la sociedad chiapaneca.

 

 

 

La mitomanía y frivolidad del comportamiento del secretario de salud en Chiapas produjo que se diera un enfrentamiento con el sindicato de la sección 50 de la secretaría de salud, con la prensa local y que además por la ligereza de sus expresiones se convirtiera en el hazmerreir en los medios nacionales, que evidencian la pérdida de legitimidad del gobierno de Rutilio Escandón, quien durante semanas ha venido ocultando la información sobre contagios y fallecimientos por Covid 19, en aras de mantener el semáforo en verde, pero la realidad se impuso y el semáforo regresa al color amarillo.

Son muchos sectores de la sociedad que exigen la renuncia del secretario de salud, pero el gobernador del Estado decidió respaldarlo, haciendo oídos sordos a médicos y a la población en general, enviando una pésima señal, pues con ello no solo se convierte en cómplice de los actos de corrupción en esa secretaría sino en el responsable directo de los homicidios por comisión de omisión que se han presentado en Chiapas en los últimos días, en donde está documentado que muchos contagiados acudieron a las clínicas del Covid en distintos municipios y no fueron atendidos ni les dieron medicinas y regresaron a su domicilio a morir. El gobierno de Rutilio Escandón de manera sistemática evadió su responsabilidad de proteger y garantizar la salud de la población chiapaneca, incumplió la obligación constitucional y convencional de destinar los recursos necesarios para el combate al coronavirus y no diseñó políticas públicas que pusieran el derecho a la salud y a la vida como el principal objetivo de su gobierno. Todo ello provoca una crisis en la relación entre la población y el Estado.

Solo la existencia de fuertes lazos de complicidad pueden explicar la protección de Rutilio Escandón a José Manuel Cruz Castellanos, un médico que no tiene el prestigio ni los estudios ni la trayectoria profesional para desempeñarse como secretario de salud en la entidad, pero que ha ejercido recursos indiscriminados de manera directa para el combate a la pandemia sin que mucho de este material llegue a los hospitales tal y como ha sido señalado recurrentemente por el personal médico, que inclusive ha ocasionado el cese de directores de los hospitales que hicieron públicas las carencias y mentiras del secretario de salud. Esta falta de medidas preventivas en el personal de salud de los hospitales del sector salud de la entidad, es la causa que terminó provocando 54 fallecimientos de médicos y enfermeras por causas de contagios de Covid, en el desempeño de sus labores, sin que la secretaría de salud asuma las responsabilidades de estos fallecimientos.

Esta secretaría ha estado envuelta, en los últimos diez años, en graves casos de corrupción, y en la actualidad se ha señalado que los negocios los vienen realizando vecinos del Estado de Tabasco, a quienes se les asigna de manera directa los contratos de abastecimiento de materiales para los hospitales, los cuales inexplicablemente no llegan a las áreas de servicio; situación que implica un daño patrimonial, que está siendo tolerada por el gobernador.

 

 

 

El pasado fin de semana se filtró en las redes sociales el nombramiento del nuevo delegado nacional en Chiapas del partido MORENA, el nombramiento recayó en un subordinado del gobernador Rutilio Escandón, desde que éste ese desempeñó como presidente del tribunal de justicia de Chiapas. Con esta designación se hace evidente las intenciones intervencionistas del gobierno en las próximas elecciones, lo que pone en riesgo los principios de neutralidad e imparcialidad que deben existir en los procesos electorales señalados en la Constitución, pues con esta designación se prevé el propósito del gobernador de manejar las elecciones y la de hacer ganar a sus candidatos al costo que sea.

En estos dos años de administración, el gobernador Rutilio Escandón no ha mostrado intenciones para construir gobernabilidad ni gobierno y sus decisiones han transitado de las ocurrencias a los eventos sin importancia, en el que se han ejercido más de 185 mil millones de pesos sin que se conozca en qué y en dónde se han ejercido esos recursos y sin que se haya generado un impacto social  de mejora en las condiciones de la población, lo que lo condujo a la pérdida de legitimidad y al balance de que en una elecciones libres y democráticas MORENA difícilmente podía ob6tener buenos resultados.

Por ello es entendible la maniobra de poner a un empleado suyo como responsable de ese partido en la entidad, pues el propósito del gobernador es la de controlar la designación de las candidaturas, a la vez de que va a buscar influir en los resultados de las propias elecciones que se realizaran el primer domingo de julio. Sin embargo, la falta de cuadros capaces, preparados y con trayectoria política en torno del gobernador, lo lleva a nombrar a personas sin experiencia en tareas en la que se requiere un dominio de los contextos sociopolíticos, debido a lo caldeado que están los ánimos de la gente ante la fala de atención del gobierno.

La ligereza con que toma decisiones el gobernador, como es el caso de nombrar a Carlos Molina Velasco como delegado nacional de MORENA, quien en el Tribunal se desempeñaba como fotógrafo y camarógrafo y que su única experiencia electoral fue la de formar parte de la campaña a gobernador de Rutilio Escandón, en la que por cierto todos los meses de la campaña se mantuvo cobrando como aviador en el tribunal, le terminarán ocasionando mayores problemas, pues lo que se hizo burdamente fue un cuartelazo hacia el que era el delegado de ese partido,  y con ello se provoca una ruptura entre las grupos de poder, que se van a disputar con todo las candidaturas a diputados federales, locales y presidencias municipales, que los va a terminar dividiendo, en medio de una profunda debilidad de gobierno, en donde no hay control de la administración ni va a existir control en el partido.

A todo esto se le agrega que muchos de los aspirantes a candidatos forman parte de lo que era el PRD, quienes en el 2014, año en que MORENA obtuvo su registro como partido, en Chiapas se estaban disputando la dirigencia del PRD, en la que el propio Ismael Brito Mazariegos fue candidato a la presidencia encabezando a la corriente liderada por René Bejarano, lo que demuestra la falsedad del discurso que ahora pretenden manejar, al autonombrarse como morenistas y obradoristas de cepa. Algo que ni el propio Rutilio Escandón lo es.

 

Después de doce años de gobiernos desafortunados se esperaba que con Rutilio Escandón se formaría un gobierno para la transformación de Chiapas. Sin embargo, lo que debiera ser un gobierno democrático, que empoderara a los ciudadanos, que fortaleciera la transparencia y que mejorara la eficacia en el funcionamiento del gobierno, está muy lejos de cumplirse. Son dos años los transcurridos por esta administración, y más que gobierno de transformación, lo que se observa es la continuidad de las mismas prácticas políticas de los gobiernos que dañaron a la entidad, y con su actuación como gobierno, están traicionando a la confianza de los electores, que confiaron en que iban a ser un gobierno diferente y hasta ahora han quedado a deber.

La crisis sanitaria que se está padeciendo y la crisis económica que la acompaña, debiera de despertar el interés o la preocupación del gobernador por construir  un gobierno diferente, pero ahora se está viviendo el mismo show mediático que hubiera montado Manuel Velasco o Juan Sabines y las mismas práctica de ocultar información, en el que se anuncia de que hay capacidad hospitalaria en la entidad, pero cuando los infectados acuden a las clínicas Covid no los reciben y los regresan a su casa en donde muchos terminan falleciendo.

El gobernador, en lugar de integrar un consejo de médicos especialistas para un mejor diseñó de las estrategias de prevención y de cuidados de la enfermedad, dejó en las manos del secretario de salud el manejo de la pandemia, pero este personaje no tuvo el liderazgo ni el reconocimiento de los distintos grupos de médicos, que lo vieron falto de conocimiento y de seriedad, lo que dejaba entrever graves riesgos en el control de la pandemia y más porque no hubo la coordinación adecuada entre los tres ámbitos de gobierno y eso ocasionó una disparidad en las cifras en los reportes diarios, en el que se señaló que las cantidades de contagios y muertes se maquillaban.

La peor crisis en la historia de Chiapas, le tocó enfrentarla al peor grupo de funcionarios que haya existido en la entidad, y eso que la historia de Chiapas está llena de malos gobiernos, pero el caso de esta administración resulta exagerado, en donde la cabeza más brillante del gabinete es la del secretario de salud, quien durante días fue objeto de burlas en los medios nacionales por sus desatinos, que en cualquier otra circunstancia amerita el despido, pero aquí en Chiapas el gobernador no se da cuenta de los yerros y considera de que todo está muy bien, lo que implica que desde la perspectiva del gobernador no se requieren de cambios en el gabinete ni en las estrategias de gobierno. O bien, es el directo beneficiario de los extraordinarios y  jugosos negocios que se realizan en el sector salud en donde las compras se realizan de manera directa con empresas tabasqueñas.

Los daños ocasionados por la pandemia son irreparables y un importante número de los hogares en Chiapas han sufrido la pérdida de familiares, de amigos, vecinos o conocidos, pero eso no tiene importancia para el gobernador, quien disfruta las mieles de poder y se desentiende de la toma de decisiones.

 

 

Es el momento oportuno para que el gobierno del Estado y el Congreso Local informe con veracidad a la población chiapaneca en qué y dónde se han invertido los más de 185 mil millones de pesos asignados presupuestalmente a Chiapas en lo que la administración de Rutilio Escandón. Sobre todo porque no se han hecho obras significativas ni existe circulante provocado por las inversiones que el gobierno solía hacer en la entidad.

Si algo caracteriza a la actual administración es la opacidad y la falta de información veraz, a la que está obligado a reportar. Por esta política de opacidad, que propicia la corrupción y la asignación de obras y contratos de manera directa, ningún diputado local debiera de reelegirse ni buscar otro cargo de elección popular, pues en su entreguismo al Ejecutivo y están faltando a la población que los eligió.

El conocimiento detallado del gasto de este presupuesto se requiere, en virtud de que el gobierno en Chiapas no transparenta los recursos destinados al combate del Covid 19, donde se realizan pruebas mínimas de detección y además se ha negado a destinar apoyos económicos a empresas, negocios y comerciantes para acordar un confinamiento de por lo memos dos semanas, con el fin de reducir considerablemente los contagios y fallecimientos que irresponsablemente la administración de Rutilio Escandón esconde y altera los informes sobre los daños de esta enfermedad, aún y cuando Chiapas tiene el presupuesto para hacerlo.

La conducta criminal que se asumió en Chiapas, nos lleva a exigir que se acabe con el discurso de las mentiras oficiales que a diario reporta logros inexistentes en contra de los avances del Covid, que ha enlutado los hogares chiapanecos, con cientos de fallecimientos que no forman parte de las estadísticas, debido a la obsesiva actitud de privilegiar la mentira.

En Chiapas se debe urgentemente acordar un confinamiento de dos semanas. Esto conduce a la aplicación de criterios de proporcionalidad, que se utilizan cuando existen contradicción en dos o más derechos humanos, como es el caso es que se tiene que efectuar una ponderación sobre qué derechos es más importante proteger: la salud y la vida de las personas o el daño económico y la pérdidas de empleos.

En esta ponderación, el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho a la salud, a la vida y al trabajo, por eso debe implementar urgentemente una política pública de apoyos económicos emergentes, que beneficien a toda la población, en la implementación de dos semanas de restricciones a la circulación de las personas. Dentro de estos apoyos están los estímulos fiscales, el no pago de los servicios, becas de desempleo, absorción parcial de las nóminas de los comercios, empresas y negocios y la implementación de un programa de reactivación de la economía, en el que exista un programa de créditos con cero tasa de interés.

Todo esto se puede realizar, sólo se requieren dos cosas: voluntad política e inteligencia en el diseño de políticas. Lamentablemente Rutilio Escandón carece de estas dos condiciones y por su indiferencia y sometimiento a las ocurrencias del presidente de la república va a continuar con sus políticas de mentiras, en el que se expone a ser denunciado por el delito de crímenes por comisión de omisión, pues él es el responsable en la definición de las políticas en contra del Covid.

En el proceso electoral que se avecina es fundamental modificar el rumbo del gobierno a través de un ejercicio reflexivo del voto, sobre todo porque en los dos años de la administración de Rutilio Escandón ha quedado claro que el gobernador no estaba preparado para desempeñar el cargo y por la carencia de cuadros preparados e inteligentes de MORENA no se pudo rodear de sólidos perfiles profesionales de hombre y mujeres que le actuaran con eficacia y con ello ocultar las limitaciones y la falta de proyectos.

Los nulos resultados de esta administración no son para aplaudir o celebrar sino que resultan preocupantes. En este periódico no se apuesta a que le vaya mal a Chiapas, pero en sus páginas se ha señalado que el silogismo tantas veces mencionados de que le vaya bien al gobernador para que le vaya bien a Chiapas es falso y esta falsedad se refleja claramente en los exgobernadores Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, a quienes les está yendo muy bien y dejaron en el desastre social y económico a Chiapas.

Aquí en estas páginas la apuesta es la mejora de la vida pública y de la población, y los desaciertos de los gobernadores se señalan, pero nunca con la intención de celebrar las fallas y fracasos gubernamentales. En este sentido preocupa que Rutilio Escandón no esté proponiendo las políticas públicas que procuren el bienestar de la población y que no se tomen las mejores decisiones para controlar la pandemia que ya destrozó las actividades económicas de Chiapas y profundizó las diferencias sociales, y no se ven visos que el número de contagios y de fallecimientos disminuyan en donde resulta más que obvio el ocultamiento de información por parte de la autoridad.

En este sentido resultan alarmantes los últimos videos del gobernador del Estado, quien insiste en hablar sin definir un guión que le permita comunicar con mesura e inteligencia sus mensajes, en el que se le observa desencajado y utilizando un discurso que demerita la presencia del gobernador, pues encubre con demagogia la impotencia de un gobernador que no sabe qué hacer frente a los problemas que surgen por todos lados.

El gobernador tiene primero que reconocer que está inmerso en una crisis sanitaria, económica, política y social, que lo obliga a elaborar una agenda de gobierno y políticas públicas adecuadas para atender las contingencias  de su gobierno. A su vez, Rutilio Escandón tiene que reconocer que se equivocó en la conformación de su gabinete y aprovechar la coyuntura electoral para realizar los ajustes necesarios. Junto a ello, debe analizar cómo quiere que sea el relevo de gobierno, tomando en cuenta el desprestigio que tiene Juan Sabines Guerrero y el rechazo social que representa Manuel Velasco Coello. Esto no es un asunto menor, debido a que el mal desempeño de Rutilio Escandón lo convierte en el peor gobernador de la historia contemporánea de Chiapas y eso hace prever un final desastroso, en el que tendrá que rendir cuentas.

 

 

 

Lo más grave de las falsedades que informa el gobierno de Chiapas sobre la pandemia, es que omite reconocer que se trata de la vida y la salud de la población. En el gobierno se insiste en señalar que las clínicas Covid no están llenas pero son muchos los testimonios en las redes que mencionan que sus parientes acudieron a las clínicas y no recibieron la atención requerida y esa situación representa un incumplimiento a las responsabilidades del Estado, mismas que pueden ser sancionadas administrativa y penalmente, pues los enfermos regresan a su casa y algunos de ellos terminaron falleciendo

Se ha señalado reiteradamente que la administración de Rutilio Escandón reporta mentiras y que se viene ocultando la información sobre el número real de contagios y decesos por causas del Covid 19, en el que no se contabilizan en el informe oficial los fallecimientos que ocurren de manera externa a las clínicas covid y los hospitales del sector salud de Chiapas. De tal manera que se quedan fuera de esos reportes el IMSS, el ISSSTE y todos los casos atendidos por los médicos particulares.

Hoy es cada vez más frecuente los vínculos y cercanía con los enfermos y fallecidos por causas de la pandemia, lo que provoca que haya luto en un alto número de hogares en la entidad, que exhibe las carencias del sistema estatal de salud y la desatención que sobre este problema existe en el gobierno de Rutilio Escandón.

En la última semana se reportó un número de contagios inferior a los cien personas en los siete días, situación que sorprende pues no corresponde a la realidad, porque el número de los contagios por mucho es superior, en donde varios médicos están atendiendo de manera particular a cientos de infectados que no se reportan y los laboratorios, las farmacias del ahorro y farmacias similares vienen realizando cientos de pruebas diarias con un alto porcentaje de positivos.

Lo inadmisible de esta situación es que por norma todos los laboratorios que realizan pruebas de covid están obligadas a reportar los casos positivos al sector salud y de hecho lo realizan, pero la administración de Rutilio Escandón decidió visualizar la pandemia políticamente y no como un problema de salud que está matando a cientos en la entidad, pero que por decreto no forman parte de las estadísticas oficiales.

La situación en Chiapas es alarmante pero eso no lo quiere ver el gobernador, quien no dimensiona la gravedad de los contagios y mucho menos toma decisiones para prevenir y evitar daños mayores a la población. Él no puede seguir ignorando sus responsabilidades, pues por su calidad de abogado sabe muy bien que es obligación de todas las autoridades prevenir, proteger, promover, respetar y garantizar el derecho a la salud y más cuando ésta presenta una situación que pone en riesgo la vida tal y como está sucediendo en estos momentos.

 

En la Resolución 726/2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los Distritos Electorales de Palenque, Bochil, Ocosingo, San Cristóbal y Las Margaritas quedaban reservados como Distritos indígenas y todos los partidos debían de presentar a un hombre o mujer indígena como candidatos, con el fin de garantizar la representación política de los indígenas.

Esa determinación no se cumplió en las elecciones del 2018, y salvo en el Distrito de Ocosingo, en los otros cuatro distritos los candidatos fueron mestizos, quienes terminaron usurpando la representación política de los indígenas. Esto ocasionó, que a la fecha se hable en tono de burla de los “diputados indígenas” refiriéndose a dos exfuncionarios del gobierno de Manuel Velasco, pero que se deje de lado la crítica a la diputada de palenque - por ser familiar de Andrés Manuel López Obrador-, quien también usurpó la identidad y por lo tanto es participe a las prácticas de discriminación racial que se vienen dando en la política mexicana.

En estas elecciones se mantiene el criterio de los Cisnco distritos indígenas pero los partidos políticos continúan incumpliendo la resolución del Tribunal Electoral y nuevamente registran para las elecciones internas a candidatos mestizos e inclusive los usurpadores de la identidad indígena participan en la búsqueda de la reelección a sabiendas de que están reproduciendo prácticas de discriminación racial que representa una violación a los derechos humanos.

Los partidos políticos de MORENA, PRI, PVEM y PT, pueden ser sancionados por el INE, si deciden registrar candidatos mestizos en cualquiera de esos cinco Distritos que están reservados para la población indígena, y a su vez ser obligados al cambio de candidaturas y registrar a hombres o mujeres que formen parte de los pueblos originarios.

Por las dosis de racismo al interior de los partidos en la integración de las candidaturas, el proceso electoral ya se judicializó, debido a que las candidaturas de mestizos en esos Distritos Electorales van a ser impugnadas, primero en el INE y si hay omisiones ante el Tribunal Electoral, toda vez que deben ser respetados los derechos a ser electos que tienen los pobladores de los pueblos originarios, que en Chiapas representan más del 30% de la población.

El cumplimiento de las normas y criterios jurisprudenciales no están sujetos a la interpretación, aunque hay que reconocer que en el proceso del 2018 existieron verdaderas chicanadas, que fueron permitidas por el Tribunal Electoral, pero que en el actual proceso las irregularidades van a ser impugnadas en el momento procesal que corresponda como lo indica el derecho electoral.

 

 

 

 

 

 

El discurso triunfalista del gobernador, la inoperancia del gobierno y la mezquindad en el manejo del presupuesto, que impidió se destinaran los recursos suficientes para el combate del Covid 19, representan tres causas para que la pandemia en Chiapas esté fuera de control, con un número desconocido de fallecimientos, por el maquillaje que se hace de las cifras oficiales de contagios y muertes, en el que personal de los centros hospitalarios continúen demandando el abastecimiento de material médico y medicinas.

La muestra evidente sobre el manejo inadecuado del combate a la pandemia son el contagio de distintos secretarios, funcionarios públicos y varios presidentes municipales, sin que esto comprometa al gobernador, Rutilio Escandón, a establecer la política de aplicación de pruebas para la detección del virus, con el fin de contar información real sobre la dimensión del contagio en la entidad y  definir las estrategias adecuadas y de filtros sanitarios para el control de la enfermedad.

La crisis sanitaria debió de poner como prioridad fundamental el derecho a la salud y la preservación de la vida, pero el gobierno nunca lo entendió así por seguir las ocurrencias del presidente de la república, cuando las condiciones de pobreza en Chiapas indicaban que el contagio en la entidad podía ser devastadora, como en realidad está siendo, pero eso lo ignora el gobernador, cuya única preocupación es la de embriagarse con los aplausos que le brindan los subordinados y no se está dando cuenta de los cadáveres que pasan por su alrededor.

Un gobierno que se precia cercano a la gente y preocupado por los más pobres, considera que el valor público más importante en la elaboración del presupuesto son los derechos humanos, y éstos son los que definen las directrices para los objetivos del gobierno, algo que simplemente no se ha entendido en Chiapas, en donde se elaboró un presupuesto sin sentido ni prioridades en donde la fiscalía general de justicia tiene más presupuesto que la UNACH y el doble de presupuesto de la secretaría de bienestar y la secretaría del campo. Esto es un indicativo que los derechos humanos no son la prioridad de Rutilio Escandón, que presume logros de la procuración de justicia omitiendo las prácticas de tortura en esa dependencia y la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes.

En estricto sentido, para que lo entienda el gobernador, la política con enfoque de derechos humanos debe determinar el presupuesto y no al revés, por eso no se puede dejar de mencionar que en las muertes por el coronavirus los funcionarios tienen responsabilidades. Y en los casos en que las víctimas, antes de fallecer,  hayan acudido a los hospitales públicos en busca de atención médica y ésta les fue negada, la autoridad es responsable del delito de comisión por omisión. Lo grave de esta situación es que al ser una violación de un derecho humano el delito es imprescriptible, lo que significa que al final de su sexenio el gobernador Rutilio Escandón puede ser llevado a los tribunales. 

 

 

 

En Chiapas hay un gobierno sin rumbo, agobiado por los problemas y sin ideas de qué es lo que se debe de hacer. Eso se observa en los actos que preside el gobernador, que se caracterizan por la irrelevancia, rodeado de subordinados que no representan nada, que no tienen trayectoria, que no aportan nada a la gobernanza de la entidad y cuyo resultados en los 2 años de administración son nada halagüeños.  Situación que muestra que la propuesta de la transformación se quedó en un discurso hueco, demagógico, sin credibilidad y cada día más desgastado.

En estos dos años transcurridos, resulta claro que Rutilio Escandón no tiene cuadros formados para gobernar con eficacia y la actual administración se encuentra saturada por el nivel de incompetencia que hay en las diferentes secretarías, lo que evidencia que no hay un gobierno diferente y menos con los postulados de la izquierda; esta carencia de cuadros resulta imperdonable para un personaje que buscó la gubernatura en tres ocasiones y que ahora que la tiene no sabe qué hacer y está resultando un verdadero fraude.

A esto se le agrega un hecho evidente, que Rutilio Escandón no conocía la multiplicidad de problemas en la entidad, en el que se entrelazan problemas estructurales, como el de la pobreza, con problemas históricos, como el fracaso y desinterés de la clase política para modificar la estructura social en Chiapas, anclada en el pasado, con problemas coyunturales provocados por la inseguridad y por la manera como se da la distribución y el manejo del presupuesto.

Hay que señalar, que el desorden social que se vive hoy día en Chiapas está siendo provocado por el propio gobierno, donde no se toman decisiones y se dejan avanzar los conflictos, a un punto en que se pone en riesgo la seguridad nacional. Pero eso no lo entiende el gobernador, que vive en una burbuja alejado de la realidad social, que lo hace flotar, razón por la cual camina sin tocar el piso.

Las cosas en Chiapas ya estaban mal y la pandemia vino a agudizar la ausencia de gobierno en donde el número de contagios y de fallecimientos por causas del Covid 19 se ocultan en los informes y se reportan datos falsos para aparentar de que el virus se encuentra bajo control.

Frente a este ocultamiento de la información, las redes sociales se convirtieron en el termómetro de la dimensión del problema que se está viviendo, sobre todo porque a diario se anuncian fallecimientos que no son parte de las estadísticas oficiales, pero se sabe que el virus está atacando a familiares, amigos, vecinos y a compañeros de trabajo, lo que hace inentendible la política de la mentira del gobierno, debido a que los fallecimientos continúan y cada vez son más cercanas a los vínculos sociales establecidos.

Lo delicado para el gobernador y sus secuaces es que están incurriendo en responsabilidades por el número de fallecidos y en su momento, cuando dejen el cargo, pueden ser denunciados por el delito de crímenes de comisión por omisión, debido a que nadie les puede asegurar que no van a ser llamado a cuenta, por las consecuencias de sus actos irresponsables.

 

 

En Chiapas hay una total falta de transparencia en el manejo de la información sobre la pandemia de Covid 19. Esta opacidad, que ha sido alimentada por la recurrencia de informes falsos sobre contagios y fallecimientos produjo que la secretaría de salud situara a la entidad en semáforo verde y que ayer el presidente de la república afirmara una falsedad, al afirmar que en Chiapas en muchas comunidades se están dando clases y señaló que las autoridades deben abrir ya las escuelas.

El manejo de la crisis sanitaria en la entidad ha sido manejada con profunda irresponsabilidad y de manera criminal se ha ocultado información sobre la gravedad de los contagios y fallecimientos, en el que el gobernador del Estado y el secretario de salud pueden ser juzgados por crímenes por comisión de omisión, pues teniendo conocimiento sobre la gravedad de la pandemia no han tomado las medidas preventivas y de protección a los enfermos y familiares, además de que muchas enfermos acudieron a las clínicas covid y no fueron atendidas y terminaron falleciendo en sus hogares.

En México y particularmente en Chiapas, las autoridades no dieron cumplimiento a la recomendación de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos para: “Disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones de búsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral, para hacer efectivo el derecho a la salud y otros DESCA con el objeto de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia sobre los derechos humanos, incluso tomando medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos concretos para aumentar sustantivamente el presupuesto público para garantizar el derecho a la salud”.

El manejo irresponsable tiene ahora como consecuencia la instrucción presidencial del regreso de las clases presenciales cuando en Chiapas todos saben que hay miles de contagiados y cientos de fallecidos que no forman parte de las estadísticas oficiales. Es más la norma de salud establece la obligatoriedad de los laboratorios que realizan los estudios clínicos para la detección del covid 19 de reportar los casos positivos y en la entidad hay muchos laboratorios que realizan estas pruebas e incluso hay farmacias del ahorro y farmacias similares que lo vienen realizando; lo que significa que diariamente cientos se realizan las pruebas y en la mayoría de los casos el resultado es positivo y éstos son reportados al sector salud, que no toma decisión alguna al respecto.

Lo que sí es un hecho es la corrupción que prevalece en el manejo de la pandemia en el sector salud, todo ello con el consentimiento del propio gobernador, Rutilio Escandón, quien ha tenido conocimiento de las denuncias de corrupción y no ha girado instrucción alguna para la investigación correspondiente, situación que no solo lo compromete sino que lo convierte en cómplice de los malos manejos del erario que fueron denunciados ante el propio presidente de la república, en una de las conferencias mañaneras.

Los reportes falsos sobre el covid colocan al gobernador en una encrucijada: cumplir las instrucciones presidenciales y con ello multiplicar el caos social en la entidad, en donde ni los maestros ni los padres de familia van a estar de acuerdo con las clases presenciales, todo ello inmerso en un clima electoral en donde Rutilio Escandón se encuentra totalmente deslegitimado.

Las posibilidades de que la alianza de partidos PRI-PAN-PRD obtenga triunfos electorales en los Distritos reservados para población indígena son nulos, debido a que los candidatos que va a registrar son mestizos, lo que estaría ocasionando la violación de la resolución 726/2017 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estableció que los distritos federales de Palenque, Bochil, Ocosingo, San Cristóbal y Las Margaritas están reservados para población indígena.

En Palenque es probable que la candidatura recaiga en un importante ganadero. En Bochil se registró Roberto Aquiles, quien no cumple con la condición de indígena, aunque le gusta disfrazarse como si fuera tal. En San Cristóbal la candidatura será femenina pero tampoco cumple con la condición de indígena. Esta misma situación se presenta en la alianza Morena –Partido Verde-PT, en la que la tendencia es la búsqueda de la reelección de Manuela Obrador en Palenque y Roberto Rubio en Las margaritas quienes usurparon una representación y son inelegibles por no cumplir con la condición de indígena.

¿Esto qué significa? Que el registro de esas candidaturas van a ser declaradas improcedentes, debido a que la resolución 726/2017 del Tribunal Electoral es inobjetable y de cumplimiento obligatorio, en donde todos los partidos políticos tienen que registrar como candidato a un hombre o mujer indígena.

A su vez, existe el riesgo de que haya sanciones a los partidos por estas designaciones por desacato y por clara muestra de impunidad al reproducir patrones de discriminación racial y exclusión en los espacios de participación y representación política.

Es importante señalar que las disposiciones del INE para crear distritos indígenas no fue una ocurrencia política sino el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de Naciones Unidas. Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial con anterioridad había señalado su preocupación por el “número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres, en México” y recomendó al país, que “redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la[s] mujer[es], en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública, [para lo que podría ser útil] la implementación de medidas especiales o de acción afirmativa” En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha señalado al Estado Mexicano su especial preocupación por el bajo número de mujeres indígenas que participan en la vida política del país. Al respecto recomienda eliminar “los obstáculos que impiden a las mujeres, en particular, las indígenas, participar en la vida política”.

Esto condujo al Consejo General del INE a aprobar el acuerdo CG59/2017 en el que se creaban en el país 28 distritos electorales indígenas. Posteriormente en otra sesión del Consejo, la CG508/2017, el INE acordó que por lo menos en 12 de los 28 distritos indígenas los partidos propusieran candidatos indígenas. Esta resolución fue impugnada en el Tribunal Electoral y a raíz de esta impugnación el Tribunal resolvió que en 13 distritos electorales, en donde existe una población indígena superior al 60%, los candidatos a diputados de todos los partidos tienen que ser indígenas. Dentro de esos 13 distritos fueron contemplados los 5 distritos de Chiapas anteriormente señalados. Lo que significa que no pueden existir candidaturas de mestizos en los distritos reservados para los indígenas.

 

 

En las elecciones federales pasadas, los partidos políticos violaron la resolución 726/2017 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dispuso que los Distritos Electorales Federales 1, Palenque: 2, Bochil, 3, Ocosingo; 5, San Cristóbal de Las Casas y 11, Las Margaritas, quedaban reservadas como diputaciones indígenas, por tener una población superior al 60% de indígenas en la demarcación territorial que comprende esos Distritos Electorales.

El incumplimiento de esta resolución se dio en cuatro de esos distritos en que fueron electos como diputados federales mestizos y no pobladores indígenas como establece la sentencia. Esta maniobra no solo dejó sin representación política a los indígenas sino que reprodujo los patrones de discriminación racial que permanecen en la cultura mexicana, particularmente en los partidos políticos, que debieron ser sancionados por los órganos electorales. Lo paradójico de esta situación es que el linchamiento político se dio en contra de los diputados del partido verde, Roberto Rubio y Humberto Pedrero pero se dejó la usurpación efectuada por la alianza Morena-PT, con Manuela Obrador en Palenque, que desempeña una representación ilegal, como de igual manera lo desempeña Martha Dekker, en San Cristóbal, quien es hija de madre indígena y padre holandés, quien se aprovechó de los vacíos legales para autoadscribirse como indígena y ocupar esa diputación.

Estas violaciones a las disposiciones electorales difícilmente se volverán a repetir en las próximas elecciones de julio, en virtud de que distintos actores políticos en las comunidades indígenas ya están sobre aviso e inclusive se están elaborando las impugnaciones en los supuestos en que los usurpadores indígenas intenten la reelección, como se ha venido manejando en comentarios políticos.

De igual manera el INE tiene el antecedente de esta situación de usurpación política, en el que inclusive se falsificaron documentos para comprobar la adscripción de participación comunitaria, todo ello bajo el cobijo del poder, que dejó en la impunidad la violación de derechos políticos de hombres y mujeres de los pueblos originarios.

De igual manera en el ámbito local aplica el criterio de mayoría de población indígena en los Distritos Electorales y de 24 Distritos uninominales locales que integran la cartografía electoral en Chiapas, en nueve debieran de estar reservados para la representación indígena. Estos distritos son: el 4, en Yajalón; el 5, en San Cristóbal; el 7, en Ocosingo; el 8, en Simojovel; el 9, en Palenque; el 11 en Bochil; el 20, en Las Margaritas; el 21, en Tenejapa y el 22 en Chamula. En estos distritos, de acuerdo con la paridad de género el 50%  deben de estar representados por mujeres indígenas. De tal manera, que los diputados locales que ocupan una curul reservada para la población indígena deben de abandonar el espíritu reeleccionista y los partidos políticos deben de ajustar sus criterios de acuerdo a la jurisprudencia electoral, si no quieren ser sancionados por los órganos electorales.

 

 

 

 

 

En Chiapas cada vez hay más visos de un colapso de la administración que encabeza Rutilio Escandón, visión que contrasta con las evaluaciones que realiza el propio gobernador, quien considera que todo está muy bien y que incluso presume logros, que solo están en su imaginación y que le impiden tomar con seriedad decisiones políticas para evitar el desastre social al que se camina.

La entidad atraviesa en este momento por la situación más difícil de la historia, en condiciones sociales y de conflictos peor que en 1994, que dio origen a la rebelión indígenas zapatista, en donde resulta notorio la pérdida de legitimidad del gobernador y en la que es generalizada la crítica hacia las autoridades, a partir de sucesos vergonzosos que se convierten en noticia nacional y que muestran el nivel de deterioro que hay en la vida pública, sin que eso le resulte relevante al gobernador, quien se encerró en su burbuja y se encuentra aislado de la terrible realidad que se vive en el Estado, sin que haya preocupación en que todos los indicadores del semáforo económico se encuentran en rojo.

El discurso triunfalista del gobernador en las reuniones de gabinete difícilmente corresponden a la realidad y la visión que prevalece en el gobernador no augura un buena final. Sobre todo porque el triunfalismo no corresponde a la realidad que un amplio sector de la población chiapaneca percibe y en el que manifiesta la necesidad de cambios profundos. Pero está claro, que las lecturas políticas que hace el gobernador tienen un sentido contrario, y aunque la población le exija cambios y remociones de funcionarios, Rutilio Escandón se resiste a realizarlo, a menos que se lo ordenen del centro, lo que puede ocasionar conflictos mayores y el convencimiento popular de que el gobierno de transformación que se prometió terminó en puras vaciladas, en donde lamentablemente no existe ninguna diferencia en el actual gobierno con los que lo precedieron y si se hiciera una encuesta comparando la gestión actual con las anteriores se corre el riesgo en que Rutilio Escandón cuente con mayor nivel de desacreditación que Juan Sabines y Manuel Velasco.

En este sentido, al gobernador le urge anunciar buenos resultados, pero a su alrededor no tiene nada que anunciar, debido a que no hay programas concretos para el bienestar de los grupos con mayor vulnerabilidad, y todos los recursos se vienen ejerciendo, sin que se conozca a ciencia cierta en qué se invirtieron los más de 180 mil millones de pesos del presupuesto ejercido en estos dos años de administración,

Aunque a Rutilio Escandón le faltan 4 años más de duración del período de gobierno, hay voces que consideran que su gestión ya acabó, sin dejar ningún legado que recuerde la acción más trascendental de esta administración. De continuar así el estado de las cosas, se habrán cumplido 18 años ininterrumpidos de gobiernos malogrados en Chiapas.

 

 

 

 

La inseguridad es un problema serio en la entidad, pero el gobierno mantiene una postura de que Chiapas es un Estado seguro y parte de la idea que con negar el problema, ocultar la información de los delitos y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, agresiones sexuales, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos a cuentahabientes, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control y en muchos casos, con la anuencia y colaboración de los cuerpos policiales.

Recientemente hubo cambios en la fiscalía del Estado y en la secretaría de gobierno. Esto pudo permitirle al gobernador disminuir la presión por sus malos resultados, pero también debiera de representar un compromiso para ordenar la investigación de presuntos delitos y violaciones a derechos humanos en el que se señalan la participación de los dos funcionarios removidos, que hoy se encuentran haciendo campaña en la búsqueda de una diputación federal.

Entre los hechos más notorios es la invención del desmantelamiento de una red de trata infantil, la cual resultó una familia ampliada, en el que se encarcelaron a cuatro mujeres y se trasladaron al DIF a 23 menores de edad, todos ellos hijos de las mujeres detenidas. En esa invención policial también se detuvo al señor Adolfo Gómez, quien murió con señas de tortura en el CERRS 5 de San Cristóbal, cuyo crimen no debe quedar impune, en el que la fiscalía tendrá que desistirse de los cargos y dejar en libertad a las mujeres, pero a la vez el Estado deberá reparar el daño, que la negligencia de la fiscalía le ocasionó a toda esta familia, que ha estado viviendo semanas de terror, ocasionado por una autoridad que se caracterizó por la fabricación de delitos, en el que se incurría en abusos de autoridad, tortura, violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Otro oso cometido por la fiscalía fue la detención del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien fuera detenido por la fiscalía para cumplir con los caprichos y excesos personales del gobernador, en donde también se le fabricaron delitos y se le hizo renunciar a su trabajo en el ISSTECH, con el fin de ocultar la red de corrupción que existe en esa dependencia bajo el mando de un médico sin experiencia ni capacidad alguna, favorito del gobernador,  quien vive un proceso de enriquecimiento inexplicable.  En el caso del doctor Grajales Yuca se dio un movimiento nacional de respaldo del gremio médico que obligó a detener el proceso y que la fiscalía tendrá que desistirse y el gobierno deberá de reparar el daño económico y moral que se le ocasionó, mismo que ya fue documentado a través de una recomendación de la CNDH.

La ligereza y desinterés con el que actúa el gobernador, condujo a la protección y respaldo a funcionarios que han incurrido en fallas en el desempeño del trabajo y que se encuentran severamente cuestionados por amplios sectores de la población.

En este sentido el gobernador debe de entender que su principal función es la de gobernar y no lo está haciendo. Él, por el papel histórico que le tocó desempeñar, que es el de la transformación de Chiapas, carecía del derecho a equivocarse, y lamentablemente su gestión está cubierta de errores y de falta de decisiones, que lo tiene convertido en el peor gobernador de la historia de Chiapas.

 

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