El abandono de las responsabilidades que tienen  los funcionarios públicos en Chiapas es alarmante. Este fin de semana el grupo de inconformes con el concejo municipal en Altamirano incendió varias casas y vehículos y ningún funcionario sale a dar la cara. Tiene más de una semana que estudiantes de la escuela de enfermería están en paro, al igual que estudiantes del Tecnológico de Tuxtla, sin que la secretaría de educación tome cartas en el asunto, esta problemática no pasa desapercibida en virtud de  que los estudiantes tienen un bloqueo en el Boulevard Belisario Domínguez, la más importante avenida de entrada y salida de Tuxtla a la costa o a la Ciudad de México, lo que afecta el tránsito en el poniente de la ciudad, pero eso no es preocupación de ningún funcionario.

Los problemas en la entidad no se atienden, lo grave de todo es que existe un discurso entre los funcionarios de la secretaría de gobierno que señalan que si ni el narco obligó al gobierno a ceder a las presiones -haciendo clara referencia al momento en que 16 elementos de la secretaría de seguridad habían sido secuestrados por la delincuencia organizada-, menos ustedes no van a hacer ceder a sus presiones. Lo que significa que los conflictos se pueden alargar, por la irresponsable visión que existe en el gobierno de no cede a presiones o chantajes de los grupos inconformes.

Con esta idea del gobierno, que no entiende cuál es papel de la política, es obvio que cualquier problema se convierte en conflicto social. La política es la negociación, la búsqueda de acuerdos, el mecanismo mediante el cual se atiende y se llega a arreglos con la población para que no estallen los problemas. Sin embargo en Chiapas, hay una práctica de no atender y menos resolver los problemas hasta que el malestar conduce a la toma de instalaciones, cierre de carreteras o paros, para que el gobierno se preocupe en formar una comisión, que como ya se mencionó no va a resolver nada, porque existe el criterio que el gobierno no negocia bajo chantajes.

Por esta falta de atención a los problemas, a partir de este lunes inicia el cierre de la carretera en el tramo de Jiquipilas, debido a que un grupo de ejidatarios manifiestan que no se les ha pagado las tierras expropiadas que dio paso a la construcción de la autopista federal Tuxtla-Arriaga, que fue construida hace 20 años, y los ejidatarios manifiestan que ya no quieren formar más comisiones ni mesas de negociación sino que se les pague ya. Situación que corre el riesgo de que la toma de la carretera se prolongue o bien que los ejidatarios sean desalojados por la Guardia Nacional.

Chiapas representa el verdadero rostro del caos, con protestas y conflictos en todo el territorio, con un gobernante que considera que los problemas ya estaban antes de que él tomaran posición y que no tiene porque resolver asuntos que no fueron generados en su administración. Así es la indiferencia que prevalece en la entidad, con un gobierno que considera que es irrelevante gobernar.

Los resultados de la reunión del consejo de Morena del día de ayer no fue una sorpresa para nadie, se confirmó lo que ya se sabía, que dicho consejo está controlado por el gobernador, a través de la cúpula de funcionarios públicos del gobierno del Estado; dicho en otros términos, el consejo de Morena no representa a los miembros del partido y mucho menos representa el sentir de amplios sectores de la población, en virtud de que solo representa los intereses del gobernador y principalmente del grupo Tabasco, quienes en bloque, acudieron a esa reunión a votar por el Dr. Pepe Cruz, el consentido de la esposa del gobernador, quien obtuvo el 49% del voto de los consejeros y a través de un acuerdo cupular dejaron al superdelegado, José Antonio Aguilar Castillejos, como la segunda opción para ir a la encuesta.

El mensaje que envía el gobernador es el de un profundo temor combinado por sus deseos de venganza, lo que terminó ensuciando la reunión del consejo. El temor que existe se debe a  los malos resultados del gobierno y a la corrupción generalizada que hay en todas las dependencias públicas, en el que hay un convencimiento en  la cabeza de Rutilio Escandón, de que deben ganar las gubernatura con Pepe Cruz o todos terminan en la cárcel. De igual manera, la venganza se percibe, cuando de una manera premeditada, se giró la orden para que nadie votara por Plácido Morales, su antiguo jefe cuando éste era presidente estatal del PRI, y fue quien lo recomendó para que trabajar en el Consejo Estatal Electoral, en donde el presidente del Consejo, después de unas semana lo quiso despedir, porque no servía para nada. Pero esta actitud de venganza también se dirigió a Eduardo Ramírez y Luis Armando Melgar, en el que se va a difundir el mensaje en todos los medios y periodistas que cobran en el gobierno la consigna de que nadie los quiere en el partido Morena, a tal punto, que ninguno de ellos recibió ni un solo voto de los consejeros.    

Esto significa que la reunión del consejo de Morena estuvo inducido por la sobrevivencia de un grupo de funcionarios que hicieron de la corrupción un ejercicio de gobierno y no por las legítimas preocupaciones de la militancia del partido o de la gente que mantiene la esperanza de que las condiciones de vida de la población, puede llegar a mejorar en los próximos años.

Lo único afortunado en la reunión del consejo de Morena, es que la incapacidad y la corrupción demostrada en los cinco años de la administración de Rutilio Escandón, se reprodujeron en la sesión de consejeros, en donde las boletas de votación fueron foliadas y relacionadas con el voto de los consejeros, en el que se rompe con la secrecía en el derecho al voto libre, pero en el que además se envía un mensaje de intimidación, en virtud de que el gobernador y la dirigencia de Morena pueden conocer a detalle la forma de cómo votaron los consejeros. Este procedimiento, junto al voto corporativo, que responde a intereses cupulares, desacreditan de entrada el proceso y estaría obligando  a la reposición del procedimiento.

El voto de los consejeros, en la perspectiva de género, tiene otro tipo de interpretación. Aquí la instrucción del voto corporativo, bajo el control del gobernador, buscó congraciarse con la candidata Claudia Sheinbaum y posicionar a Sasil de León, que empató con la presidenta municipal de Tapachula, ciudad en la que el gobernador Rutilio Escandón suele pasar la mayoría de los fines de semana.

Las barajas con la que juega el gobernador son de baja denominación y con mucha vulnerabilidad, debido a que Rosa Urbina y Pepe Cruz tienen abierto un proceso sancionador en el IEPC y José Antonio Aguilar Castillejos carga una serie de denuncias de corrupción en el manejo de los programas del bienestar, situación que obliga al comité nacional de Morena a incorporar en la encuesta a cartas con un perfil más competitivo, con el fin de refrendar el triunfo de Morena en el 2024 en Chiapas.

En la reunión de hoy, el consejo estatal de Morena va a seleccionar los primeros cuatro aspirantes que van a ser sometidos a una encuesta, que por cierto no va a ser aplicada por una encuestadora importante sino por el propio partido lo que puede ocasionar sesgos importantes o que bien confirma que todo este proceso es simulado, para ocultar que continúa la vieja práctica del dedazo. En esta selección de dos mujeres y dos hombres, se corre el riesgo en que prevalezcan los intereses e intenciones del gobernador Rutilio Escandón, en virtud de que él es quien controla la mayoría de los consejeros, y como ya se observó en estos cinco años de gobierno, los intereses de Rutilio Escandón no son Chiapas.

Bajo estas circunstancias, los intereses de Chiapas y de la población chiapaneca no van a estar puestos en la reunión de hoy, en el que va a privar la consigna sin reflexión y en donde no va a importar las consecuencias de seleccionar precandidatos sin legitimidad y sin la trayectoria política adecuada de compromiso social.

En Chiapas la población se ha equivocado en las últimas votaciones. Fue un error que Juan Sabines haya sido gobernador; lo mismo sucedió con la elección de Manuel Velasco y desafortunadamente esta tendencia se confirmó con la elección de Rutilio Escandón y, por el manojo de posibilidades, se observa,  que se va a volver a errar en el proceso electoral de 2024. Chiapas históricamente ha sido el paraíso de las oportunidades perdidas. En 1994, después del movimiento indígena zapatista, se perdió la oportunidad de construir un nuevo Chiapas; en las elecciones del año 2000, la gran misión del gobierno de Pablo Salazar era sentar las bases para construir una nueva clase política, y para colmo de males, se terminó reconstituyendo el viejo modelo, con la juniorcracia, y todas las posibilidades de cambiar el rostro del Chiapas de pobreza y de injusticia se fue a la basura con los gobiernos que continuaron.

El mal que prevalece en todos los gobiernos que van de este siglo, es que ninguno de los gobernadores ha cuidado su salida. Pablo Salazar cometió el gran error de su vida al escoger a su sucesor, y Juan Sabines lo traicionó y le pagó de la peor manera. Sabines tampoco cuidó su salida y se convirtió en el primer exgobernador que no puede pisar Chiapas, por el riesgo de ser agredido y por los posibles reclamos de los que puede ser objeto. Manuel Velasco tampoco cuidó su salida y tuvo que vivir el autoexilio, y pudo pisar Chiapas nuevamente, a partir de la campaña de selección del candidato de Morena a la presidencia. Esta historia la ha ignorado Rutilio Escandón, y tampoco ha cuidado su salida y no se ha dado cuenta, que él se encuentra en la misma condición en la que estuvo Pablo Salazar, se dejó llevar por sus venganzas personales y le cerró la puerta a quienes, sin duda alguna, hubiera escrito otra historia para Chiapas. El costo de esta decisión, se ha pagado con creces por la población de Chiapas y lo grave es que se continuarán pagando los errores cometidos por la elección de gobernadores.

Las reglas aprobadas por el partido Morena para definir las 9 candidaturas a gobernador, en el proceso electoral del 2024, entre ellas la de Chiapas, no tienen nada que ver con un proceso democrático y para males de la sociedad, sí retorna al dedazo del antiguo régimen, pero de manera encubierta, simulada, en el que, como nunca, los gobernadores de las entidades tienen la facultad de excluir candidaturas que no son de su agrado o que simplemente los consideren contrarios, veamos por qué.

En las reglas se establece que cuatro aspirantes –dos hombres y dos mujeres- van a ser seleccionados en el consejo estatal del partido Morena, la primera incógnita a resolver es ¿Quién controla ese consejo? Y la respuesta es los gobernadores. Particularmente en Chiapas, las elecciones internas para definir a los consejeros de Morena fueron controladas por el gobierno, espacio en el que se decidió copar la mayoría del consejo y designar la dirección del partido, todo esto siguiendo el libreto del viejo régimen, en donde los gobernadores tenían bajo su control las dirigencias estatales del PRI

Bajo este procedimiento, el gobernador de Chiapas tiene la posibilidad de incluir a su favoritos(a) en esa primera selección, sino que además tiene la fuerza para excluir a quién no es de su agrado. En esta perspectiva hay que señalar que cada vez que se privilegia la exclusión no puede existir proceso democrático y al contrario, puede constituirse en un delito de discriminación por razones políticas. Bajo esta situación, hay que señalar, de manera enfática, que la discriminación es un delito, lo que abre la posibilidad para que estos procesos internos se judicialicen, como ya se judicializó el proceso nacional con la interposición de un recurso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por parte de Marcelo Ebrard, quien reclama la reposición del proceso.

El proceso electoral en Chiapas ya se encuentra viciado de origen,  en virtud de que los dados están cargados, ya sea para beneficiar a un aspirante, ya sea para cerrar el paso a otro. Esto descalifica de entrada la selección, porque es de todos sabido, que en Chiapas tiene el control de la administración el grupo Tabasco y estos llevan como su candidato al Dr. Pepe Cruz, el facineroso secretario de salud, quien está señalado de violación de derechos laborales, por alterar los registros de fallecimiento de personas por causas del Covid-19 y por la asignación de contratos a empresas fantasmas por cerca de 500 millones de pesos.

Pero el gobernador lleva como plan B a Rosa Urbina, la presidenta municipal de Tapachula, ciudad en donde Rutilio Escandón, bajo cualquier pretexto, busca  pasar casi todos los fines de semana.  A su vez, el gobernador tiene como plan C al diputado Ismael Brito, quien es su colaborador con más antigüedad, que lo acompañó como su diputado suplente en la aventura política, en el que Escandón Cadenas fue derrotado en sus aspiraciones por ser diputado federal por Mario Carlos Culebro. Al mismo tiempo el gobernador mantiene como plan D a Sasil de León, quien no es de su cuadra, pero con quien decidió establecer alianzas, y por último, tiene como plan E, a José Antonio Aguilar Castillejos, a quien pomposamente se le decía el superdelegado, quien es el responsable de los programas de apoyos sociales, y a quien se le señala de enriquecimiento demostrable, por el uso indebido de estos programa en la entidad.

Bajo estas circunstancias, el proceso interno en el consejo estatal de Morena no es confiable ni creíble, y se corre el riesgo a que haya una reacción de rechazo a este proceso, que complicaría aún más la gobernabilidad de Chiapas, en donde se tiene a una persona que finge ser el gobernador, lo que lo lleva a tener las peores calificaciones en los sondeos de opinión en el país, en el que su rango de la evaluación de su desempeño es menor a los 40 puntos, en una condición política, en la que Chiapas vive la peor crisis de su historia en materia de seguridad, en donde materialmente existe un estado de guerra en los municipios fronterizos de la Sierra Madre de Chiapas. 

Hoy se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal ubicada en Ayotzinapa Guerrero. Nueve años de ocultar la verdad a los familiares de los desaparecidos y de encubrir a los responsables de la desaparición de los estudiantes. De nada sirvió el cambio de gobierno y los compromisos que se hicieron para encontrar a los estudiantes si no hay avances en la investigación, o peor aún se han desestimado las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), perteneciente a la OEA, organismo que en su último informe señaló que el Ejército y la Marina negaron información u ocultaron hechos, a pesar del compromiso del gobierno de López Obrador de garantizar apertura en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.

El desprestigio del gobierno de Enrique Peña Nieto, factor fundamental para la consolidación y triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se debió al mal manejo realizado en las investigaciones del caso de Ayotzinapa, en donde se construyó una “verdad histórica” irreal, que se derrumbó ante los nuevos hechos de la investigación realizada por el GIEI, en el que se apunta a la responsabilidad de miembros del ejército, en el que incluso se realizaron algunas detenciones de militares vinculados a proceso, pero en el que se sigue ocultando y negando información, que ocasionó que el día de ayer concluyó abruptamente la reunión de los padres de los desaparecidos con funcionarios del gobierno, en el que se presentó un informe, que ofendió a los padres, al criminalizar a los estudiantes, que se acerca más a la verdad histórica del gobierno anterior, que a la voluntad por construir la verdad de los hechos-

El desprestigio internacional del gobierno de Peña Nieto ya se trasladó al gobierno de López Obrador, que a pesar de los discursos y compromisos realizados en la conferencia mañanera del 21 de septiembre en donde le presidente expresó: “Me comprometí con los padres a qué íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer por eso quiero entregar el lunes a cada uno de ellos un expediente y nada de documentos testados o con renglones tachados sino completo, de todo lo que se tenga”, la reunión del lunes se realizó ayer, pero la palabra empeñada por el presidente no se cumplió y peor aún, el presidente insiste en defender al ejército, al expresar que “las autoridades militares se han portado a la altura de las circunstancias y han actuado con rectitud“, situación que los exculpa de toda responsabilidad de los sucesos, a pesar de que la investigación realizada por el GIEI señala la participación de miembros del ejército.

Los compromisos del gobierno de López Obrador hacia el respeto de los derechos humanos están en entredicho, no solo por el trato que se le ha dado a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa sino a las descalificaciones realizadas a los grupos de madres de desaparecidos en el país, en el que el presidente se niega a recibirlos y en el que puso en duda el registro de desaparecidos y ordenó realizar un nuevo censo en el que busca construir nuevos datos, en el que naturalmente se busca exculpar de esta responsabilidad a su gobierno.

Hoy se cumplen nueve años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, cinco de estos años corresponden a este gobierno, en el que se continúa ocultando la información a los padres de los desaparecidos y el gobierno está siendo omiso en la obligación del cumplimiento al derecho a la verdad.

Los sucesos del fin de semana en Frontera Comalapa, en donde, con la presencia de uno de los cárteles que se disputa el territorio, se levantó el bloqueo de la carretera y, como si fuera un  desfile, pasaron los vehículos con personas armadas que fueron bien recibidos por la población, en el que se observa una buena relación entre los vecinos y el grupo de la delincuencia organizada. Todo ello ante la ausencia de los agentes del Estado, que se encuentran destacamentados en esa región, situación que evidencia no solo la ausencia del gobierno sino la ausencia del Estado.

Prueba de ello es que el Poder Judicial del Estado giró instrucciones por escrito para que las oficinas del juzgado en Motozintla suspendan las labores hasta que se restablezca el orden en la región, comunicado que implica que la autoridad tiene pleno conocimiento del riesgo que existe en los municipios fronterizos de la Sierra Madre de Chiapas y que pone a resguardo a sus trabajadores. Esta decisión se suma a la suspensión de las clases en las escuelas en estos municipios que se tomó días antes para prevenir los riesgos tanto para el personal docente como para los estudiantes y padres de familia.

Todos estos sucesos han sido minimizados por los gobiernos estatal y federal, en aras de continuar repitiendo el falso discurso de que Chiapas es un estado seguro, cuando los acontecimientos y la realidad dan muestra de lo contrario, solo que a partir de ahora, los muertos y los heridos pasan a ser responsabilidad de los funcionarios, de los tres niveles de gobierno, que tienen pleno conocimiento del riesgo que hay, y no toman las medidas preventivas para proteger y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.

México, como fue Colombia en su momento, ya fue sancionado por estos motivos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso la Masacre de Pueblo Bello en. Colombia y en la sentencia que se conoce como Campo Algodonero, que se refiere a los feminicidios en Ciudad Juárez en la que a la fecha no se hace justicia a las muertas de esta Ciudad. Al respecto, la sentencia señala: “los requisitos para que el tribunal concluya que un Estado es responsable por incumplir su deber de prevención diligente son los siguientes: i) una situación de riesgo real e inmediato que amenace derechos y que surja de la acción de particulares o de personas no identificadas como agentes estatales; ii) un individuo o un grupo de individuos determinado o determinable; iii) posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo; iv) que el Estado conozca el riesgo o hubiera debido razonablemente conocerlo, y v) que el Estado pueda razonablemente prevenir o evitar la materialización del riesgo”.

Todos estos elementos se vienen incumpliendo en los municipios fronterizos de la Sierra, en donde se vive una situación de guerra entre grupos de la delincuencia organizada y el Estado no ha tomado las medidas preventivas para proteger y garantizar la vida de las personas, situación que pone en condición de crímenes por aquiescencia u omisión al presidente de la república, al gobernador del Estado, al Secretario de la Defensa, quien también es cómplice de este falso discurso de que Chiapas es un Estado seguro y todos los demás funcionarios que tienen pleno conocimiento o que debieran tenerlo de la situación grave de inseguridad que hay en varias partes del territorio de Chiapas.

Ayer se mostró un apoyo desbordado hacia Claudia Sheinbaum en la visita que realizó a Tuxtla Gutiérrez; todos los grupos y personajes que se disputan la gubernatura estuvieron presentes y cada uno de ellos mostró respaldo. Este evento hizo recordar los viejos actos que se organizaban con el PRI, cuando se realizaban las visitas de los candidatos e incluso las visitas presidenciales. Contingentes de personas recibían al personaje en el aeropuerto en el que se mostraba que era un día de fiesta, con marimbas mujeres con su traje de chiapaneca y los parachicos danzando.

El escenario también reprodujo las prácticas del PRI. Miles de personas acarreadas, un caso vial por la contratación de transportes que abarrotaron el estacionamiento; la entrega de la torta y el refresco y lo que resulta muy lamentable, miles de personas en condición de pobreza, llevadas a un evento en donde muchos de ellos no sabían por qué acudían, lo que evidencia lo que denunció Marcelo Ebrard en su escrito, la intervención de la secretaría de bienestar que acarrea de manera forzada a las personas inscritas en los programas sociales, como si fuera carne de cañón, en donde el nuevo PRI, ahora con las siglas de Morena, se mostraba en todo su esplendor.

Esos tipos de evento no ayudan a Claudia Sheinbaum, quien viene de una tradición de izquierda, no como el presidente de la república o el gobernador de Chiapas o Adán Augusto López o Ricardo Monreal, que son coordinadores de campaña de Claudia, que vienen del PRI, y conocen a la perfección todas esas mañas de simulación política. Sheinbaum, por la misma tradición de izquierda que tiene no debería de caer en esos actos, que son indignantes, en el que se utilizan a los pobres para rendir un tributo al tlatoani. Claudia Sheinbaum no necesita de esos actos, que solo demuestran que la transformación que tanto pregonan no existe, que solo es un discurso pero que todavía no se conoce qué es lo que hay que transformar, ni cómo se va a dar la transformación.

Claudia Sheinbaum es una mujer inteligente, con una sólida formación académica, con una clara visión de los problemas del país y seguramente tiene su propio proyecto transformador, en donde actos como el de ayer la banalizan y la exponen a una sanción por los órganos electorales, porque lo de ayer puede ser considerado como un acto anticipado de campaña, y no es lo mismo realizar actos cuando no ha iniciado la jornada electoral, que organizar actos como el de ayer, que son sancionables debido a que el proceso del 2024 oficialmente ya inició.

El acto realizado en el salón de un hotel fue correcto y corresponde a las acciones que en estos momentos se deben de impulsar, en el que se debe construir la unidad y establecer los nuevos liderazgos, pero el masivo en el foro Chiapas fue un exceso, contrario a la política de austeridad, que tanto se pregona, con un costo de varios millones de pesos, en el que se exhiben que las prácticas tan criticadas por la izquierda del viejo PRI, hoy están más vivas que nunca.

En la visita que Claudia Sheinbaum realiza a Chiapas, debe cuidar las formas en su discurso, particularmente, en la referencia a la continuidad del gobierno de la cuarta transformación, en virtud de que en Chiapas este gobierno ha sido un desastre y ha ocasionado graves e irreversibles problemas para la entidad y en donde la información que que se maneja como un logro, de haber reducido la pobreza en un 10% en la entidad, resulta más que dudosa, en virtud, de que si eso fuera cierto no se debe a las buenas acciones implementadas en programas sociales por el gobierno sino a otros factores: Chiapas está recibiendo 2 mil millones de dólares en remesas y a la vez, recibe ingresos considerables por las actividades de la delincuencia organizada, especialmente por el tráfico de personas, la trata y la siembra y tráfico de drogas.

En Chiapas, debe saber Claudia Sheinbaum, que el programa sembrando vida no es lo exitoso que cree el presidente de la república y como foca aplaude el gobernador del Estado. Este programa tiene destinado para Chiapas 15 mil millones de pesos, una cantidad importante, pero que se destina para apoyar a 81 mil productores, cuando Chiapas tiene más de 700 mil productores lo que significa que  más del 80% de los productores de la entidad no reciben apoyos y eso ha empobrecido peligrosamente a la población rural, que es una mayoría en la entidad. A esto se le agrega la incapacidad del gobierno estatal que ha disminuido el presupuesto para el campo; los datos al respecto son significativos, en el último año de Manuel Velasco se asignó para la secretaría del campo mil 200 millones de presupuesto, para este año la secretaría de desarrollo rural tiene menos de 400 millones de pesos de presupuesto. Si se quiere entender los problemas de gobernabilidad en Chiapas, mucho se explica por el mal manejo de la política hacia el campo y el pobre apoyo para los productores agrícolas.

El mayor daño que el gobierno de cuarta ha ocasionado a Chiapas, está en la ausencia de una política migratoria.  Hoy hay más de 100 mil migrantes varados en los municipios fronterizos de Chiapas, sin apoyos y en el que se violan diariamente los principios del derecho internacional humanitario. El manejo al problema migratorio es un desastre, y si se compara esta situación, con lo sucedido a principios de los años 80, en el que hubo un alto flujo migratorio provocado por las guerras en Centroamérica, se puede afirmar, que el manejo en los 80 es infinitamente superior al pobre manejo e intervención del gobierno obradorista, que ha dejado a la suerte a los migrantes y ha burocratizado la entrega de tarjetas migratorias, mientras que en el otro ejemplo se crearon varios campos de atención a migrantes en donde más de 100 mil migrantes recibieron atenciones adecuadas. La falta de una política migratoria ha provocado la pérdida de la calidad de vida en todos los municipios fronterizos y ha ocasionado el incremento de la delincuencia organizada, que realiza millonarios negocios con el tráfico de personas, con la complicidad de los cuerpos policíacos, incluido la Guardia Nacional.

Claudia Sheinbaum debe de conocer que en Chiapas se tiene claro que López Obradoe es el responsable de los 18 años de mal gobierno y de corrupción en Chiapas ocasionado por los pésimos gobernadores que él impuso a la entidad; Juan Sabines Guerrero, quien es empleado del gobierno de cuarta, incurrió en graves fraudes con programas como las ciudades rurales y el biocombustible y dejó una deuda pública, en la que se pagan 6 millones de pesos diarios, sin que haya existido investigación alguna y sin que haya ningún sancionado, pero sí muchos millonarios ligados a ese gobierno. Manuel Velasco también recibió el respaldo de López Obrador, y los resultados de su gobierno tampoco son para presumir, pero resultó menos dañino que el de Sabines Guerrero, pero el gobierno de Rutilio Escandón desató una campaña de linchamiento para situarlo como el peor gobernador de Chiapas. Argumento que es insostenible, porque con mucho, el gobierno de Rutilio Escandón es el peor de la historia de la entidad y también el más corrupto y tiene la gran responsabilidad de ser el culpable de la guerra entre la delincuencia organizada que hoy se vive en gran parte del territorio de Chiapas.

Por último Claudia Sheinbaum debe de conocer que Chiapas no es gobernada por la población chiapaneca sino que la administración pública estatal y particularmente el presupuesto de la entidad es controlada por el grupo Tabasco, que encabeza Adán Augusto López, y que recientemente ha sido nombrado como uno de los coordinadores de su campaña. Este grupo Tabasco ha sido denunciado por varios actos de corrupción que no son investigados y que han sido minimizados por el propio presidente de la república, que sin duda protege a sus paisanos y les da un trato cariñoso, pero eso no les quita la postura depredatoria del presupuesto que han desarrollado en Chiapas. Miembros de este grupo Tabasco aspiran a la gubernatura de Chiapas y a puestos de elección popular.

Por eso Claudoa Sheinbaum debe cuidar su discurso en Chiapas, porque si se erige como la continuidad del obradorismo, los chiapanecos lo podemos llegar a entender como la continuidad de los gobiernos de desastre y corrupción, que caracterizan a los gobernadores que llegaron con el sello y respaldo de López Obrador.

Inició la recta final para definir el candidato(a) a la gubernatura de Chiapas por el partido de Morena, en el que hay más de una docena de aspirantes que han levantado la mano pero que de acuerdo a la convocatoria solo se van a encuestar a seis de ellos, lo que significa, de entrada, que va a existir una eliminación con criterios definidos desde una cúpula y de antemano, se presupone, que van a haber damnificados y, posiblemente, resentidos por el procedimiento que los deja fuera, lo que implica que un proceso que se publicita como democrático, no sea tal.

La experiencia nacional implementada por Morena para definir la candidatura a la presidencia no es el mejor empleo de un proceso democrático, en donde solo participaron 12 mil personas en las encuestas, proceso que por cierto fue cuestionado por Marcelo Ebrard, con fuertes señalamientos de que hubo recurso público en la campaña y una fuerte participación de la secretaría del bienestar a favor de la candidata que resultó ganadora; aspecto que en Chiapas fue evidente, en donde el propio delegado federal de programas integrales de desarrollo en Chiapas, en su afán de ser candidato, contrató publicidad en el que aparecía a lado de Claudia Sheinbaum.

Aquí en Chiapas, el uso de recursos públicos en la publicidad de los candidatos que pertenecen a la cuadra del gobernador es evidente, a punto tal, que hay cuadrillas en las calles promoviendo al Dr. Pepe Cruz, secretario de salud y al contador Javier Jiménez, secretario de hacienda, en una loca campaña por obtener la dominación, cuando no les alcanza, porque los resultados del gobierno de Rutilio Escandón no son lo satisfactorio como lo presume, y el resultado más evidente de ello, es que su cuñado, Adán Augusto López, en el proceso para la candidatura a la presidencia quedó en tercer lugar en Chiapas, por detrás de Manuel Velasco, a quien desde el palacio de gobierno se le realizó una campaña de linchamiento mediático, en el que se le señalaba como el peor gobernador de Chiapas, lo que resultó paradójico, que el peor le ganó a Rutilio Escandón estando éste en funciones, situación que demuestra que la imagen de Rutilio está totalmente deteriorada en la entidad simple y sencillamente porque nunca ejerció gobierno.

Bajo esa circunstancia las posibilidades para ganar son nulas en la cuadra del gobernador, pero pueden intentar la peor chicanada política, que afectaría la candidatura de perfiles con más posibilidades para ganar las elecciones del 2024; esto en virtud, a que como los funcionarios del gobierno tienen una  mayoría en el consejo político, están en posibilidades de dejar fuera en la selección interna a los de mayor posibilidades, lo que evidenciaría que esa sería una maniobra orquestada directamente con la línea del gobernador, y Rutilio Escandón tendría que pagar las consecuencias de esa maniobra, pues sólo él sería el responsable de ensuciar el proceso, que en sí no es democrático y menos, si funcionarios que no han hecho bien su trabajo, son los que tienen la posibilidad, no de incidir en quién es el candidato(a), pero sí en eliminar a quienes representan una amenaza para sus propias posibilidades.

Las candidaturas que van a ser eliminadas tienen la posibilidad de tener el aval del comité nacional y ser incorporadas a la consulta, pero eso representa otro marco de relaciones y compromisos políticos.

El Estado dejó de garantizar, respetar y proteger derechos humanos en la Región Sierra Fronteriza, debido a la guerra que entre cárteles ahí se está viviendo. Por esta situación, hoy miles de personas perdieron el derecho a una vida digna, el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo,  el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, etc., etc. Frente a esta condición de violencia el Estado no está haciendo nada, a pesar de que en esa región hay un destacamento de la Guardia Nacional y de una fuerza de la policía estatal, sin que esa presencia policíaca procure condiciones mínimas de seguridad.

En Chiapas hay varios puntos de disputa del territorio entre los cárteles sin que el Estado ejerza el control del monopolio legítimo de la violencia, que garantiza el papel del Estado. Esta violencia pretende ser ocultada con los discursos del presidente de la república y el gobernador del Estado, quienes insisten en un Chiapas en paz y tranquilo, cuando la violencia se hizo cotidiana, cuando hay enfrentamientos recurrentes entre los grupos de la delincuencia organizada, cuando hay práctica de ejecuciones extrajudiciales que no se investigan, cuando hay miles de desplazados por la violencia en las comunidades, cuando las carretera se encuentran cerradas por retenes de los cárteles y cuando por la presencia y el terror que imponen estos cárteles población civil se pone a su servicio.

La violencia que hay en Chiapas es una realidad y no es un producto de la difusión en algunos medios que buscan desestabilizar al Estado, como se afirma insistentemente por el gobierno federal y por el gobierno estatal, discurso que ha generado que se reproduzcan patrones de impunidad y que los grupos de la delincuencia organizada actúen en plena libertad en la disputa que hay por el control territorial.

Se ha señalado en reiteradas ocasiones que el tráfico de drogas en Chiapas está presente desde varias décadas atrás. Pero también se ha señalado que existía un pacto que regulaba las rutas de acceso y regulaba el mercado local. Este pacto se rompió por el mal manejo en el gobierno de Rutilio Escandón, que permitió que el grupo Jalisco se apropiaba de zonas en donde operaba el cártel Sinaloa y esto desató los enfrentamientos y la guerra que hoy se está viviendo. Este crecimiento del cártel Jalisco en Chiapas se debe a la intervención de funcionarios públicos, que tienen nombre y apellido, que han sido publicitados en varias notas nacionales e internacionales y que continúan desempeñando su cargo en las distintas dependencias de seguridad, en la que se nota una clara protección del Estado.

Este apoyo de funcionarios al cártel Jalisco provocó que al interior de las propias dependencias de la fiscalía del Estado y de la secretaría de seguridad pública haya una división entre el  personal que colabora con el cártel Jalisco y personal que colabora con el cártel de Sinaloa. Esta información la conoce a la perfección el mando de la Guardia Nacional y del Ejército en Chiapas, sin que se tomen las medidas necesarias que garantice la seguridad y el goce de los derechos humanos que están siendo vulnerados en este momento por el estado de guerra que se vive en varios puntos del territorio de Chiapas.

En Chiapas existe un discurso gubernamental que busca ocultar la violencia y la inseguridad, cuando las señales de una guerra entre cárteles son irrebatibles en gran parte del territorio de la entidad. La violencia hizo presa a las fiestas de independencia, que Chiapas tuvo el mayor número de municipios en el país en que los festejos fueron suspendidos, todos estos municipios pertenecen a la zona fronteriza de la sierra, en el que desde hace más de dos años se viven enfrentamientos entre los grupos de la delincuencia organizada, a punto tal, que el propio gobierno reconoció en el año de 2021, que no habían condiciones para realizar las elecciones en algunos de estos municipios, en que se decidió cancelar  los festejos de las fiestas patrias.

Un elemento que demuestra la incapacidad del gobierno que encabeza Rutilio Escandón para construir condiciones de gobernanza es la impunidad. Son decenas de enfrentamientos, con cientos de muertos y miles de personas desplazadas, que ha habido en los últimos meses en la entidad, producto de esta guerra de cárteles, sin que haya detenciones de los responsables y gran parte de estos muertos no aparecen en las estadísticas que se reportan en el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debido a que los cuerpos son enterrados en fosas clandestinas.

La política de abrazos no balazos emprendida por el gobierno federal es un fracaso. A esto se le une la política de indiferencia que practica el gobierno de Chiapas ante los problemas sociales y de inseguridad, situación que ha ocasionado que los grupos de la delincuencia se apoderen cada vez más de espacios del territorio de la entidad y que por lo tanto aumente el número de municipios en el que se presenten los conflictos y enfrentamientos, que ponen en riesgo a la población y que provoca afectaciones en la libre circulación de las personas y sus bienes, por los retenes y la inseguridad que hay en las carreteras.

En los festejos de estas fiesta patrias el gobierno no puede hablar de saldo blanco, debido a los distintos sucesos que se presentaron en la entidad; el más publicitado es la soberbia y el descaro con que se mueve el grupo de los motonetos en San Cristóbal, que circularon en un carro de lujo realizando disparos con armas de uso exclusivo del ejército; el suceso más lamentable es el asesinato del hijo de Mariano Rosales Zuart, presidente municipal de Villaflores; pero el suceso que evidencia los niveles de violencia y salvajismo de la guerra entre los cárteles se vivió en Ocozocuautla, en donde fueron arrojadas en la carretera bolsas que contenían restos humanos de una persona que ya fue identificada por sus familiares.

La violencia y la inseguridad son insostenibles en  Chiapas,  que de manera lamentable tiene un gobierno, cuyo gobernante solo tiene dos preocupaciones, que su rostro está cada mañana adecuadamente hidratado y que la guayabera que vista esté perfectamente planchada.

La educación privada forma parte de una concesión que otorga el Estado a los particulares, a través de un reconocimiento de Validez Oficial de Estudio (RVOE). La anterior Ley General de Educación contemplaba que el RVOE se puede tramitar en el ámbito estatal o federal y eso abrió las puertas para que la educación privada creciera en todos los niveles, situación que generó que en Chiapas la educación superior privada fuera un boom como negocio, y que se abriera en toda la entidad universidades privadas, a tal punto que la matrícula de alumnos en estas instituciones tenga la misma proporción que existe en la educación superior pública.

Con la reforma de la Ley General de Educación en este gobierno, la educación superior establece una restricción en el campo de la salud, en el que se norma que el otorgamiento de RVOE en licenciaturas en el campo de la salud es facultad exclusiva de la federación, con esto se presenta una regulación de la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Salud para revisar y autorizar los programas de licenciatura y posgrados en el campo de la salud.

En Chiapas, con una profunda ignorancia, corrupción y mala fe, se realiza una interpretación equívoca de la ley y se lleva a cabo la cancelación de los RVOE, a las universidades privadas que imparten programas de licenciatura en el campo de la salud,  que fueron otorgados por la entidad, con anterioridad a la reforma de la Ley General de Educación. Esto significa que en Chiapas se aplica con retroactividad una ley, que no se respeta el criterio constitucional de aplicar la ley que más beneficia a las personas (pro homine), y que se viola flagrantemente el derecho a una educación superior, en virtud que la irresponsabilidad de un funcionario de la secretaría de educación estatal estaría ocasionando la pérdida de la calidad de estudios de todas las personas inscritas en universidades privadas en una licenciatura en el campo de la salud, toda la vez que las universidades públicas no tienen capacidad para admitir a estos estudiantes.

Frente a esta violación a derechos cometidos por la secretaría de educación en Chiapas, los dueños de las universidades privadas acudieron al amparo, y como las violaciones son tan flagrantes, los Juzgados de Distrito ya empezaron a admitir los amparos y a instruir las medidas cautelares de suspensión del acto, mismos que ya fueron comunicados a la autoridad estatal. Frente a esta situación, la semana pasada se realizó una reunión entre la secretaría de educación, y las universidades privadas en el que se afirma que participó el director de comunicación social del estado, Julio Rincón; en esa reunión no se llegó a ningún acuerdo, pero el día de ayer, un abogado de nombre Pedro Pablo se empezó a comunicar con los dueños de las escuelas para informar que se van a otorgar facilidades a las universidades que se desistan de los amparos, de no molestarlos por un tiempo que les permita regularizar la situación de los RVOE en la federación y para ello tienen que dar una aportación de 100 mil pesos por universidad, situación que representa una clara extorsión, debido a que en el marco de la ley, ninguna universidad está obligada a regularizar el RVOE, porque eso significa que se aplica la retroactividad de la ley, y menos si los amparos están siendo admitidos por los juzgados federales.

Esto representa una clara expresión de la corrupción que hay en el gobierno de Rutilio Escandón, que de manera cínica e hipócrita realiza de manera permanente una campaña de promoción en el que señala que en Chiapas no hay corrupción. Campaña que no se le cree, porque la corrupción en este gobierno está en todas las secretarías de la administración pública, de la que no exenta la propia oficina del gobernador.

Después del asesinato de la maestra que fue secuestrada en las aulas de una escuela perteneciente al COBACH, en una comunidad del municipio de Amatenango de la Frontera, ya no se puede ocultar la triste realidad, en la que el Estado perdió la capacidad de garantizar, proteger y respetar la vida de la población en Chiapas. La guerra que se vive en gran parte del territorio afecta a la población civil y en esta guerra la delincuencia organizada perdió el principio del respeto a la familia, que se ha considerado como una ley de oro en los grupos de la mafia.

En Chiapas nadie está a salvo. Esto aún y con la presencia de la Guardia Nacional, que no ha impuesto la seguridad y el respeto a la autoridad en una amplia región perteneciente a los municipios de la Sierra –de Motozintla a Frontera Comalapa-, en donde se vive desde hace más de tres años una guerra por el control del territorio entre los grupos de la delincuencia organizada, de la que el Estado tiene perfecto conocimiento, pero que prefiere mantener una política de ocultamiento de la información y mantener el falso discurso de que en Chiapas se vive en paz y tranquilidad, como lo ha afirmado muchas veces el presidente de la república.

¿Qué hace el gobierno para controlar este clima de violencia en Chiapas? Nada. Ni siquiera toma la decisión de investigar y sancionar a los funcionarios y comandantes de las distintas fuerzas policíacas que han sido señalados de mantener vínculos con la delincuencia organizada y que es fácil de verificar por los cambios en el nivel de vida que tienen y que no se preocupan por ocultar. A la vez, son muchas voces que han señalado que en Chiapas hay un narcogobierno, sin que hayan muestras por querer desmentir esta afirmación, que se repite de persona a persona en muchos círculos sociales en la entidad.

La realidad en Chiapas ya no puede seguirse ocultando con mentiras. La ejecución de la maestra del COBACH, en la que se señala que hay muestras de tortura, debe ser la gota que derramó el vaso y poner un hasta aquí a las autoridades que por acción u omisión son responsables de esta situación de violencia en la entidad. Es un hecho, que el fiscal general del Estado no sirve para nada. Es una realidad que la secretaria de seguridad pública está rebasada y que no es ella la que tiene el control de esa dependencia, en donde existen subsecretarios con más poder y que le rinden cuenta a un diputado federal que se desempeñó como secretario de seguridad y luego como fiscal del Estado, a quien se le señala como el responsable de entregar la plaza a la delincuencia organizada. Es obvio que en Chiapas no hay gobernabilidad, por la nula presencia de la secretaria general de gobierno que no es respetada por nadie. Pero lo más grave de todo, es que no hay gobernador, que mantiene una actitud de indiferencia ante el desastre social que hay en Chiapas.

La situación que se vive en Chiapas, en donde la delincuencia organizada impuso el control en gran parte del territorio, obliga a que rueden cabezas en el gobierno. En este sentido el gobernador Rutilio Escandón debe valorar si ruedan las cabezas de colaboradores que nunca funcionaron o se pone su propia cabeza en la picota.

El gobierno no puede actuar con actos ilegales en contra de la población, como lo viene haciendo el gobernador Rutilio Escandón hacia el colectivo Menos Puentes Más Ciudad. Sobre todo porque la construcción del circuito vial, que de manera caprichosa y con actos de corrupción, se pretende construir no fue sometido al proceso de consulta ciudadana que diversas normas y reglamentos establecen. Es más, a la secretaría de obras este colectivo le solicitó se realizaran reuniones y nunca fue atendida esta petición, lo que ocasionó que se solicitara, bajo el principio de la Ley de Participación Ciudadana, una audiencia pública, procedimiento que regula el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y ni así se prestó Ángel Torres, secretario de obras a mantener una reunión con este colectivo.

Fue a partir de que el propio IEPC, le envió por escrito a la secretaría de obras, que la solicitud de audiencia pública es de cumplimiento obligatorio y no de contentillo de los funcionarios, y a que el colectivo ya había interpuesto más de 40 amparos, que el funcionario en mención aceptó reunirse con el colectivo Menos Puentes Más Ciudad, reunión a la que no tuvo los resultados esperados y que la propia secretaría de obras incumpliera los mínimos acuerdos obtenidos, de que iba a existir una relación de respeto y no agresión, lo que ocasionó la ruptura en la comunicación, debido a que el ´propio Ángel Torres junto con otros funcionarios han sido señalados como los responsables de acosar a las personas que interpusieron los amparos para amenazarlos e incluso ofrecerles cantidades de dinero hasta un monto de 500 mil pesos.

Ante la presión y las amenazas orquestadas por el gobierno, algunas personas, acompañadas por personal del gobierno, se desistieron de los amparos, situación que aprovechó la secretaría de obras para emitir la convocatoria de la licitación de obras, que contenía en sí irregularidades, como la de otorgar a la firma del contrato de asignación de la obra el 50% del costo programado para su realización, que consistía en mil 250 millones de pesos. Esta licitación representaba un desacato a la orden de suspensión definitiva instruida por un juez de distrito, lo que implicaba responsabilidades penales para el secretario de obras, lo que ocasionó que la fecha establecida para dar el fallo se suspendiera y reprogramara la reunión y luego esta convocatoria se declarar desierta. En todo este proceso, los ciudadanos inconformes han actuado bajo el principio de legalidad, pero no así el gobierno de Rutilio Escandón, que ha hecho de las amenazas, linchamientos mediáticos e intimidaciones, el instrumento para obtener el desistimiento de los amparos y que el colectivo de ciudadanos inconformes abandonen esta lucha, que le permita al gobierno realizar una obra inútil, que afecta los ecosistemas en los parques de Caña Hueca y Joyyo Mayú y que se ejerza un presupuesto inicial de 2 mil quinientos millones de pesos, en una obra que no resuelve los problemas de movilidad de las personas.

El gobernador Rutilio Escandón, en lugar de mostrar su ignorancia jurídica, haciendo acusaciones en contra de los jueces del Poder Judicial Federal, acusaciones falsas y dolosas, como la de señalar que son los jueces de distrito los que corrigen los amparos para que procedan y que hay jueces que se oponen al progreso de Tuxtla, señalamientos que le pueden ocasionar el inicio de un procedimiento penal, mejor debiera de instruir para que se realicen la transferencia de estos 2 mil 500 millones de pesos, a otros programas de obra, debido a que esta obra se encuentra jurídicamente imposibilitada de realizar y de no hacerse la transferencia de recursos se corre el riesgo de que esta cantidad se pierda al cierre del ejercicio fiscal.

Los cálculos y estudios realizados por el propio colectivo Menos Puentes Más Ciudad, en el que participan arquitectos, biólogos, ambientalistas, planeadores urbanos y otros profesionistas, demuestran que con ese monto asignado es posible reparar las calles de Tuxtla que se encuentran afectadas, realizar las obras de mitigación de lluvias y proporcionar servicios públicos a Tuxtla como agua potable y drenaje. Obras que debieran ser una prioridad para el gobierno, que se encaprichó en la construcción de puentes, porque eso facilita construir monumentos a la corrupción y obtener recursos destinados para las campañas políticas.

El gobernador se encuentra molesto porque el colectivo Menos Puentes Más Ciudad ha realizado acciones políticas y jurisdiccionales para impedir que se realice la construcción del circuito vial sobre los parques de Caña Hueca y Joyyo Mayú, en el que se afectarían los ecosistemas que habitan en esos parques, y por eso ha emprendido una campaña para desacreditar a esa organización en el que incurre a mentiras y en graves violaciones a derechos humanos.

En un acto público, que el propio gobierno de manera irresponsable y criminal difunde, el gobernador expresa mentiras y de manera consciente, pero irreflexiva, ataca a los activistas ambientales de esta organización y con ello viola las obligaciones del Estado, establecidas en la Constitución de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos. En su mensaje en ese acto el gobernador presume la construcción de puentes, que según él necesita Tuxtla para la comunicación, en el que incurre en la primer mentira: Tuxtla lo que necesita urgentemente es mejorar el mantenimiento de las calles, que se encuentran muchas de ellas intransitables y mejorar el abastecimiento de agua potable, en donde un porcentaje de población que habita esta ciudad no tiene este servicio.

En ese mensaje el gobernador, de manera discriminatoria, asegura que los que se oponen a la construcción de los puentes se dicen ecologistas, sin darse cuenta que con esa aseveración pone a este grupo ambientalista en condiciones de vulnerabilidad y los estigmatiza, en donde viola con ello, su obligación de garantizar y respetar los derechos humanos.

El gobernador manifiesta que este grupo denuncia que en esa obra se van a derribar árboles del parque Caña Hueca lo que, según él gobernante, es falso, aseveración que es totalmente incorrecta, porque este grupo ambientalista solo denunció lo que el cabildo de Tuxtla en su momento aprobó, el derribo de más de 400 árboles, a petición de la secretaría de obras del Estado. Frente a este acuerdo, miembros de la comunidad solicitaron amparos y ante esta respuesta de la sociedad, el mismo cabildo de Tuxtla modificó el acuerdo y estableció el trasplante de más de 500 árboles, acuerdo que también ocasionó amparos. Ante esto no hay duda alguna, el gobierno de Chiapas pretendía derribar árboles para construir el circuito vial, obra que hasta ahorita el gobierno no ha podido demostrar su utilidad, más que con un discurso banal sobre el progreso.

En su afán de desprestigiar esta lucha social, el gobernador, sin prueba alguna, denuncia que esta organización ya se puso de acuerdo con el poder judicial para interponer amparos; con esta aseveración, de manera indirecta el gobernador denuncia corrupción y dolo del poder judicial, como si los jueces federales no fueran autónomos y estuvieran sujetos a un poder jerárquico, algo que el gobernador Rutilio Escandón debiera de conocer porque él, en la peor decisión de Manuel Velasco, lo nombró presidente del poder judicial en Chiapas, instancia que quedó prostituida con el lamentable desempeño de Escandón Cadenas, que emprendió y continúa realizando, la liberación de presos que están condenados, sin tener ninguna atribución legal para ordenar tal disposición.

En un total desconocimiento, el gobernador manifiesta su oposición al juicio de amparo en contra de las obras, en el que muestra su ignorancia que el juicio de amparo es en contra de cualquier violación o arbitrariedad que cometen las autoridades o gobernantes. Y en el caso particular de la obras de las puentes en Tuxtla, está claramente demostrado que esas obras están violando derechos, de allí que los jueces de distrito hayan emitido medidas cautelares que ordenan la suspensión de las obras.

En su afán de desprestigiar al grupo Menos Puentes Más Ciudad, el gobierno, de manera anónima, difunde un vídeo en el que realiza acusaciones sin fundamento, con el solo objeto de desacreditar a estos ambientalistas, lo que pone al gobierno en actos de acción y omisión en violaciones de derechos humanos, lo que convierte al gobernador y demás funcionarios de Chiapas en sujetos de potenciales denuncias por violar las obligaciones constitucionales de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos. 

Con los niveles de pobreza y de desigualdad social, Chiapas representa una sociedad en donde el gobierno tiene mucho por hacer y el gobernador puede presumir un importante legado político-social. Sin embargo, Chiapas sigue en el abandono, con el riesgo de vivir de manera consecutiva dieciocho años de gobiernos desafortunados, que hacen prácticamente irreversible la solución de los problemas ancestrales, a los que se les han añadido nuevos problemas, como el de la delincuencia organizada o el de los migrantes, que hacen de la entidad un territorio altamente conflictivo y de alto riesgo para la inversión.

Frente a los graves problemas sociales de la entidad se observa a un gobernador que se distrae en eventos políticos ajenos a la entidad. Vimos cómo participó en el apoyo y organización de eventos de campaña de su cuñado, en donde involucró a empresarios y presidentes municipales, en una aventura que finalmente resultó un fracaso en la misma entidad, en donde Manuel Velasco obtuvo mejores resultados que Adán Augusto López, situación que evidencia el abandono político de Rutilio Escandón, que ha incumplido las promesas de campaña de un gobierno que prometió la transformación y está convertido en la continuidad de los malos gobiernos que ha tenido la entidad.

A cinco años de gobierno, Rutilio Escandón debiera de pensar y preocuparse en cuál va a ser su legado y en cuidar a detalle su salida, en situaciones que muestran cómo en distintos momentos se considera como deseable que haya un gobierno de interinato, que cada vez se ve más lejano, pero que debido a la inacción política ante el número de ejecuciones extrajudiciales en la entidad y enfrentamientos entre los grupos de la delincuencia organizada como ha sucedido en diferentes fines de semana en la región de Frontera Comalapa, en San Cristóbal, en Pantelhó y en el corredor de Berriozábal-Ocozocuautla-Jiquipilas, sin que se observe la posibilidad del establecimiento del orden y la fuerza del Estado, en donde se vive en la entidad una guerra en el que nafie está a salvo.

De los últimos gobernantes de la entidad, Roberto Albores Guillén y Pablo Salazar Mendiguchía pueden presumir de un legado político, pero no así Juan Sabines Guerrero ni Manuel Velasco Coello, a quienes se les recuerda como responsables de la corrupción y el saqueo de Chiapas.  En esta tesitura, Rutilio Escandón debe analizar cómo quiere que se le recuerde en Chiapas, sobre todo, porque su desempeño como gobernante, hasta este momento, no ha sido lo efectivo que él presupone o que le hacen creer sus colaboradores cercanos y en donde los actos de corrupción son superiores a la de los gobiernos anteriores.

En Chiapas hay mucho por hacer, pero los últimos gobernantes han perdido el tiempo en frivolidades y en construir un Chiapas de ficción que camina en sentido contrario a la realidad. Juan Sabines por ejemplo, creía que había vencido a la pobreza del Estado y presumía el biodiesel como energía alternativa y se atrevió a construir la ilusión de las ciudades rurales. A Manuel Velasco le faltó madurez política para cambiar el rumbo del desastre social ocasionado por el gobierno que le precedió y le ganó la frivolidad y la indiferencia; pero esta indiferencia ha sido superada por mucho por Rutilio Escandón, quien no toma decisiones para no conflictuarse y que convirtió a su gobierno en un claro ejemplo de la filosofía de dejar hacer y dejar pasar, nada más que los malos resultados de gobierno ya no se pueden ocultar, en virtud de que Manuel Velasco en solo 70 días le ganó una contienda política trascendental, en donde se utilizaron recursos públicos para favorecer al exsecretario de gobernación y juntos, Rutilio Escandón y Adán Augusto López, no pudieron superar la popularidad de Velasco Coello, a quien desde las oficinas de gobierno se le emprendió una campaña de desprestigio, situándolo como el peor gobernador de la historia de Chiapas, pero en los hechos, queda demostrado que por mucho, este gobierno supera en malos resultados a los anteriores.

La definición de la candidatura en Morena, a favor de Claudia Sheinbaum, no fue tersa y uno de los activos importantes de ese partido, Marcelo Ebrard, terminó impugnando el proceso y hasta este momento no se conoce a ciencia cierta cuál va a ser su postura final, pero ya hay voces que le dan trato de traidor y por lo mismo lo ven fuera del partido, lo que estaría provocando una ruptura, algo que no le conviene a Morena, y menos a la que es su candidata, por la pérdida de legitimidad y porque se desacredita el proceso; de allí que se tenga hasta el día lunes, en que Marcelo definirá su futuro para realizar la operación cicatriz y cerrar filas en torno a Claudia Sheinbaum.

Hay una interpretación equivocada sobre los señalamientos que realiza Ebrard. Marcelo lo que está exigiendo es transparencia y legalidad en el proceso, dos aspectos que en realidad no tienen importancia alguna si estuviera claramente establecidas las reglas de un proceso democrático. Al cerrarse la posibilidad de la legalidad, entonces las declaraciones de Marcelo Ebrard adquieren matices de peligrosidad, porque en el fondo lo que denuncia son la existencia de delitos electorales, que deben ser investigados por la autoridad electoral y sancionados. Marcelo denuncia dos cosas: uso de recursos públicos y la injerencia de gobernadores y funcionarios federales en el proceso. Dos cosas que no deben echarse en saco roto, en virtud de que son ciertas y comprobables.

Esto hace necesario la operación cicatriz, pero todo parece indicar, que eso no está en el escenario ni en los propósitos del presidente de la república, quien finalmente es el que definió la candidatura a favor de Claudia Sheinbaum, situación que reproduce los mismos patrones del dedazo instituidos en el régimen del PRI, en el que desafortunadamente, se desarrolló e institucionalizó una cultura política, que se reproduce en Morena, porque finalmente no existe otra cultura política en el país y no hay de donde aprender sino de las prácticas del PRI, aspecto que normaliza los vicios políticos y la antidemocracia del pasado. Esto dificulta realmente la operación cicatriz al constituirse escenarios políticos diferentes, entre quienes parados en el piso, realizan una reflexión política y quien sentado en el poder, mantiene su mirada hacia el infinito, y piensa en la inmortalidad.

La decisión final de Marcelo tiene relevancia, por lo que implica una candidatura de unidad, pero esto no está en el ánimo de un amplio sector de Morena, que ya emitió la sentencia de traición, y en donde las gobernadoras y gobernadores de Morena publicaron un desplegado, a todas luces desafortunado y cargado de falsedad, que no ayuda a la legalidad ni a la transparencia, al ser muchos de ellos parte de los señalamientos y denuncias que realiza Marcelo Ebrard, en el que es inocultable el uso de recursos públicos, como realmente sucedió en Chiapas a favor de Adán Augusto López, en donde solo el cierre de su campaña en la entidad, realizado en Tuxtla Gutiérrez, tuvo un costo superior a los 30 millones de pesos.

El proceso interno de selección de candidatos tanto en el Frente Amplio como en Morena y sus aliados es inédito y en ambas situaciones es perfectible. Pero lo que no se puede ocultar es la baja calidad democrática que prevalece en el país y que se manifiesta en la base dirigente y en los actores políticos fundamentales, que no terminan de dar el salto a la transición democrática y en la que, disfrazados de demócratas  reproducen la cultura del PRI y como en el pasado, niegan los delitos y publican desplegados de autocomplacencia.

Algo sucede en Chiapas, que de pronto aparecen síntomas de locura en personajes sin talento, que aspiran a ser gobernador y de las coladeras brotan candidatos que empiezan a realizar campañas; por eso se observa una colección de piltrafas, orates y distintas especies de la zoología aspirando a la gubernatura. El más reciente de estos personajes es el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, que con sus nuevas pretensiones políticas nos muestra que no solo tiene la cara sino que realmente lo es, del que se anuncia que en las próximas horas solicitara licencia al cabildo para iniciar la búsqueda a la gubernatura.

Carlos Morales forma parte de los políticos que fueron descritos por la diputada Manuela Obrador, en el evento organizado por Zoé Robledo, el 26 de agosto, en donde éste trasladó la estafeta del frustrado movimiento del porvenir a la misma Manuela Obrador y a Carlos Morales, en donde al tomar la palabra la prima del presidente expresó la frase fatídica, que le ocasionó, de manera fulminante, la muerte de sus aspiraciones al señalar que los saqueadores del erario recuperen el poder, frase bonita y pegadora pero expresada sin reflexión alguna, porque en ese evento habían muchos políticos chapulines, colaboradores y corresponsables del saqueo realizado por gobiernos del pasado, y que con cinismo, aplaudieron la frase irreflexiva, que finalmente frustró la candidatura de Manuela Obrador.

El presidente Carlos Morales, en primera fila y a lado de Zoé Robledo, aplaudía a rabiar, los señalamientos de Manuela Obrador, cuando él mismo fue funcionario del gobierno de Manuel Velasco, el ahora valioso e intocable aliado del presidente de la república, quien le regaló la presidencia municipal a Carlos Morales, en donde el exgobernador Velasco Coello, llamó a Carlos Morales a la casa de Gobierno y le dijo, Carlos, Pablo Salazar y Juan Sabines se opusieron a que fueras presidente municipal, pero yo te voy a cumplir haciéndote presidente municipal, y Manuel Velasco le cumplió, lo hizo presidente a través de un fraude descomunal, para cerrarle el paso al Dr. Paco Rojas, en donde muchas de las urnas electorales fueron llevadas a las instalaciones de la Unach, para alterar los resultados y superar los más de 100 mil votos que legítimamente había obtenido Paco Rojas.

Carlos Morales, quien no goza de prestigio ni reconocimiento en Tuxtla Gutiérrez y quien reincidentemente muestra ser un lacayo del poder, está involucrado en la disputa de la construcción del circuito vial, que afecta la supervivencia de los ecosistemas en torno a los parque de Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuxtlán, quien de manera sumisa autorizó la tala de árboles y frente a un amparo interpuesto modificó el dictamen a trasplante de árboles y que ahora está involucrado en la salvaje maniobra de trasplantes de árboles en el oriente de la ciudad, realizado el fin de semana, en el que se cometió un ecocidio, que va a traer consecuencias jurídicas.

Pero asimismo, es el responsable de una política fiscal persecutoria, cargada de actos de corrupción e ilegalidades, en donde se viene colocando en varios predios e inmuebles un cartel que señala que el predio está en proceso de embargo, lo que reproduce la práctica más violatoria de derechos, y que ocasionó que funcionarios se quedaran con predios embargados a través de manipulaciones, con el contubernio del registro público de la propiedad y de notarios públicos, durante el gobierno municipal de Fernando Castellanos Cal y Mayor. Con esta acción de la presidencia municipal se percibe una maniobra que busca realizar embargos ilegales, en el que se encubre la corrupción, pero en el que existe una gran falla que evidencia la ineficacia de esta política fiscal represiva, en virtud de que la base de datos del municipio que no está debidamente actualizada y pese a ello se viene provocando una política de terror a los propietarios, que obviamente muestran su malestar y rechazo a unas medidas de un gobierno que no sabe de eficacia y que para colmo, el presidente municipal, en el extremo de la estupidez, pretende aspirar a la gubernatura, arrastrando un problema de persecución y violación de derechos a los electores.