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Chiapas en los últimos 20 años ha tenido gobiernos priistas, panistas, perredistas, verdes y MORENA. El elemento en común de estos gobiernos es la reiterada violación a derechos humanos. En este sentido no importa si el gobierno es de derecha, del centro o de izquierda, el comportamiento es el mismo; no soportan una prensa crítica, ni el pensamiento disidente y son afectos a la represión, amenaza, desaparición, encarcelamiento y homicidios a defensores de derechos humanos.

En estas prácticas de represión la administración de Rutilio Escandón es igual o peor a los gobiernos que lo antecedieron. Las estadísticas son desalentadoras: tres defensores de derechos humanos han sido asesinados (Sínar Corzo, Noé Jiménez y José Luis Álvarez); ha sido permisivo en los homicidios en la Región de Los Altos debido a los conflictos entre Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán; es omiso en la atención a los problemas de desplazados a pesar que la CNDH emitió 2 recomendaciones para que se de el desarme de los grupos paramilitares y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos medidas cautelares para evitar riesgos que pongan en peligro la vida de los desplazados y de los defensores; recientemente tres defensores de derechos humanos han sido golpeados (Julio César Pérez), amenazados (Diego Cadenas) o intimidados (Luis Villagrán).

De igual manera en la secretaría de gobierno se han tomado decisiones que son violatorias a los derechos políticos, como es la destitución del Cabildo del municipio de Arriaga, en el que la síndica y los regidores fueron intimidados para que pusieran la renuncia. Esta decisión  fue revertida por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Federal Electoral. Esta acción de amenazar a los regidores para desaparecer el ayuntamiento también fue empleada en el municipio de Bochil, en el que se obligó a los miembros del Cabildo a presentar la renuncia, acción que fue grabada y exhibida en las Redes Sociales, lo que evidenció la actitud burda y delincuencial que se utiliza en la administración de Rutilio Escandón para violar derechos, lo que finalmente sirvió de burla para exhibir las torpezas del secretario de gobierno, que a la fecha no ha sido sancionado por el gobernador, lo que demuestra que actuó cumpliendo órdenes para atropellar derechos y para violar la voluntad popular.

El peor síntoma que manifiesta la administración de Rutiljo Escandón es que está gobernando con la fiscalía, lo que significa la incapacidad al diálogo y la construcción de acuerdos. Lo grave es que la fiscalía se caracteriza por las prácticas de tortura, la invención de delitos, la fabricación de pruebas, la prevalencia de jueces de consigna, lo que implica que el tribunal de justicia queda sujeta a los caprichos y violaciones de derechos humanos que orquesta la fiscalía general.

La situación de los derechos humanos en Chiapas no puede estar peor. Sobre todo, porque nadie está a salvo de la invención de delitos y la fabricación de pruebas que realiza la fiscalía.

La Cuarta Transformación no existe en Chiapas y resulta dudoso que se esté dando en México. Aquí en la entidad sigue gobernando la cultura del PRI, disfrazada de MORENA, en el que campea la corrupción, la represión y la violación de derechos.

 

 

En febrero del 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación General 25, dirigida a Procuradores y fiscales, Secretarios de despacho, Gobernadores de las Entidades Federativas, Presidentes Municipales y Titulares de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, en el que reconoció que las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de los derechos fundamentales y ayudan a construir el sistema democrático del país.

“Asimismo, se hizo hincapié en que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere en contra del derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, el Estado debe atender la sensible problemática que implican las agresiones a defensores de derechos humanos, ya que sólo de esta manera estarán en aptitud de cumplir con su objetivo de proteger y velar por el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas”.

En esta Recomendación la CNDH señala que “las agresiones que sufren [los defensores] van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su actividad, ya que se vuelven incómodos tanto para algunos poderes públicos como para algunos entes privados”.

Las agresiones a los defensores de derechos humanos en México son reiteradas y sistemáticas, y a pesar de la Recomendación General 25, las agresiones continúan, lo que hace de alto riesgo la actividad de defensor de derechos humanos.

Chiapas es un Estado en el que las agresiones a defensores de derechos humanos ha sido reiterada. En los seis meses que tiene la actual administración de Rutilio Escandón, fueron asesinados los defensores Sínar Corzo, en el municipio de Arriaga, Noé Jiménez Pablo, en el municipio de Amatán y José Luis Álvarez Flores, en el  Municipio de Palenque. A su vez, el defensor de los desplazados de Chenalhó, Julio  César Pérez Ruíz, sufrió un intento de homicidio en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, en el que resultó golpeado.

Las agresiones más recientes la sufrieron el defensor de migrantes en Tapachula, Luis Villagrán, quien fuera intimidado el pasado miércoles por la policía estatal, quien le impidió el paso para que asistiera al evento encabezado por el presidente López Obrador en la visita a esa ciudad, así como la del defensor de derechos humanos Diego Cadenas, Director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, responsable de la defensa de desplazados indígenas de Chenalhó, Ocosingo y Zinacantán, quien el pasado viernes, en el Libramiento Sur, en Tuxtla Gutiérrez, fue interceptado por un carro sin placas, del que bajaron tres personas armadas, que se hicieron pasar por policías, quienes pretendieron bajarlo de su automóvil.

Las agresiones sufridas por Julio César Pérez y Diego Cadenas no son hechos aislados ni circunstanciales. Más bien, hay una conducta concertada entre los agresores con la aquiescencia del gobierno, para disminuir la presión política en contra de la administración de Rutilio Escandón y del secretario de gobierno Ismael Brito, quienes no han entendido la real problemática de los desplazados, y no han tomado las medidas preventivas para evitar nuevos desplazamientos, no están cumpliendo con la atención de salud, educación y bienestar de los desplazados de acuerdos con los lineamientos establecidos por la ONU y no han tomado las medidas procedentes para garantizar el retorno de los desplazados.

Este gobierno ha perdido el tiempo en la firma de acuerdos de no agresión, en lugar de reactivar las carpetas de investigación y ejecutar las órdenes de aprehensión de los responsables directos e indirectos de generar el desplazamiento en las comunidades ni han emprendido las acciones para el desarme de los grupos paramilitares. Pero a su vez ignoran que tanto Julio César Pérez como Diego Cadenas tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que el Estado Mexicano está obligado a garantizar la vida de ambos defensores y evitar que se reduzcan los riesgos y violaciones mayores a los derechos de ambos defensores.

 

 

El gobernador Rutilio Escandón es demasiado obsequioso con el presidente de López Obrador. Eso no debiera se sorprender porque así fue todo el tiempo que le sirvió al exgobernador Manuel Velasco. Lo grave de sus excesos de zalamería es cuando lo realiza a sabiendas de que son mentiras.

Por el ejemplo, en un reciente boletín del gobierno, “Escandón Cadenas manifestó que la inversión histórica que se ha destinado para Chiapas, es una muestra del gran interés que el mandatario federal tiene en impulsar el progreso de la entidad y que las familias de todos los municipios tengan mayor bienestar”.  Pero las preguntas que se hacen en la población son: ¿De cuál inversión histórica habla el gobernador? ¿En dónde está el recurso? ¿Para qué se está utilizando? ¿A quiénes está beneficiando?

Con anterioridad ya se mencionó, que de acuerdo a los informes de la secretaría de hacienda del gobierno federal a Chiapas se le ha destinado del 1 de enero al 30 de abril 11 mil 223 millones de peso. Esta cantidad es apenas superior al 2.5% de los recursos asignados al gobierno de Manuel Velasco en el mismo cuatrienio del año 2018. ¿A este incremento Rutilio Escandón le llama inversión histórica? O el gobernador no sabe lo que dice o bien se está burlando de la población chiapaneca. Sobre todo porque entidades federativas que están gobernadas por la mafia del poder como Oaxaca, Estado de México o Guanajuato, en el mismo período recibieron un incremento de las participaciones federales del 13.2%, 12% y 11.6% respectivamente. Pero la información es más grave aún, en el análisis comparativo del informa de la secretaría de hacienda, 26 entidades federativas tuvieron un porcentaje mayor al recibido por Chiapas en el primer cuatrimestre.

El gobernador de Chiapas miente cuando afirma que hay una inversión histórica para Chiapas y se convierte en un factor de riesgo para la entidad, cuando guarda silencio y no defiende los intereses de Chiapas ante la federación y aplaude como foca amaestrada las ocurrencias del presidente, quien sobre la base de los hechos, se convirtió en el verdadero administrador del Estado.

El día de ayer, en la visita del presidente López Obrador en Tapachula, en un hecho inédito en lo que va del gobierno de la 4t, AMLO fue abucheado, y la razón de esa protesta es muy sencilla, Rutilio Escandón perdió legitimidad, debido a que no gobierna. En Chiapas no hay gabinete ni hay gobierno y mucho menos hay estrategias de contención del malestar que hay en la población.

La visita del presidente a Tapachula se supo desde el fin de semana, a sabiendas que AMLO iba a estar el jueves en Chiapas, la secretaría de educación publicó de manera unilateral la convocatoria de la cadena de cambios en un acto de desprecio y minimizando la fuerza de la CNTE, que controla el comité de la sección 7 del magisterio. Sobre esa convocatoria, el miércoles se realizó en San Cristóbal de Las Casas una espuria cadena de cambios, sin validez alguna, presidida por uno de los más nefastos miembros del grupo ligado a Elba Esther Gordillo y a Rafael Ochoa Guzmán. Bajo de estas acciones era previsible que el magisterio se iba a movilizar con la intención de mellar la visita del presidente de la república y evidenciar al mismo tiempo la impericia política del gobernador del Estado...

La ruptura entre el magisterio y la administración de Rutilio Escandón está dada, en medio de una zozobra presupuestal, en el que Chiapas tiene dinero pero que no se está ejerciendo. Lo inaceptable e insostenible de las decisiones de Rutilio Escandón que actúa como un clón de López Obrador, es que no se justifican los despidos de personal que se están dando ni se justifica la reducción de salarios de los funcionarios.

En esta visita presidencial el gobernador salió perdiendo y la decisión de destinar 100 millones de dólares a Centroamérica, causó profundo desagrado en Chiapas, en el que ahora se exige que se atiendan primero los problemas de rezago social que se padecen en la entidad; esto va a conducir a que Rutilio Escandón de una explicación satisfactoria sobre qué se está haciendo con los recursos destinados por la federación para Chiapas.

 

 

La administración de Rutilio Escandón inicia la campaña Chiapas contra la corrupción con una enorme losa encima generada por el enriquecimiento inexplicable de sus principales colaboradores, que lo acompañan desde su gestión como magistrado presidente del tribunal superior de justicia.

Sobre el enriquecimiento de sus colaboradores el gobernador Rutilio Escandón no puede decir que lo ignora, en virtud que conocía los orígenes económicos de sus empleados y durante la permanencia en el tribunal todos ellos se hicieron de propiedades que no corresponden al nivel de sus ingresos.

Los funcionarios que destacan en su enriquecimiento son Julio Rincón, director del instituto de comunicación social, Javier Jiménez Jiménez, secretario de hacienda y Helmer Ferras Coutiño, director general del instituto de ciencia, tecnología e innovación. Estos funcionarios son señalados en el tribunal de justicia por los cambios notorios que sufrieron en sus ingresos y en la transformación en su forma de vida de nuevos ricos. De igual manera resultó evidente las propiedades de las que se hicieron e incluso, festejaron la inauguración de las casas, eventos del que Rutilio Escandón tuvo conocimiento.

De Julio Rincón ya ha sido desenmascarada la red de portales de internet que creó y que el mismo administra, mediante el cual obtuvo financiamiento a través de contratos con el propio tribunal y que a la fecha sigue administrando desde ICOSO, en un abierto delito de desvío de recursos públicos. De igual forma creó la revista Julio, que fue financiada con los recursos del tribunal de justicia, autoadjudicándose los apoyos de publicidad. Sin duda, Julio Rincón es producto del esfuerzo, que aprovechó la oportunidad del cargo para enriquecerse vorazmente. Además, en su nueva posición de director de ICOSO utiliza los recursos públicos para golpear, denostar y amedrentar a sus críticos, en una clara y abierta violación a la libertad de expresión.

Helmer Ferras Coutiño también aprovechó las ventajas del cargo, para autoadjudicarse las licitaciones del equipo de cómputo efectuadas por el tribunal de justicia y lo mismo tiene planeado realizar en su nueva posición, en el que concentró las licitaciones de equipo informático que realice la administración pública.

Javier Jiménez Jiménez en su posición de oficial mayor del tribunal de justicia se hizo de su “Casa Blanca”, que en nada le envidia a los funcionarios prianistas que se enriquecieron en el anterior régimen y al que tanto denuncian por sus actos de corrupción y por la impunidad en la que se han movido en la que paradójicamente los exhiben pero están cubiertos por el manto de la impunidad. 

Sobre los actos de corrupción lo  mismo se puede decir de la fiscalía general, que de la secretaría de seguridad, que de la secretaría de gobierno o de educación o salud o de la auditoría superior del estado. En Chiapas la corrupción sigue enquistada en el gobierno que se autodenomina de la cuarta transformación, n el que el propio Rutilio Escandón no está exento de ello.

 

Con la decisión de la secretaría de educación de realizar de manera unilateral la cadena de cambios, se rompe con la mínima posibilidad de construir un acuerdo con la sección 7 del magisterio.  Este proceso a realizarse el día de hoy en la Ciudad de San Cristóbal de La s Casas carece de validez, por no estar avalado por la representación sindical, que es la única instancia que cuenta con la legalidad y la legitimidad para establecer acuerdos políticos a nombre de los profesores en la entidad.

El camino de la ruptura entre el gobierno y la CNTE está definido, con las consecuencias que esta situación acarrea. La administración de Rutilio Escandón no ha dimensionado los riesgos de un conflicto magisterial y jugado con la  dirigencia del magisterio, al mantener el diálogo con representantes del sindicato nacional e incluso tiene como un importante asesor para los asuntos del magisterio a Javier Álvarez Ramos, un personaje formado en la cañería del sindicato y en los entuertos de Elba Esther Gordillo y Rafael Ochoa Guzmán.

La peor decisión que podían haber tomado el gobernador Rutilio Escandón y el secretario de gobierno Ismael Brito es la incorporación de Álvarez Ramos, quien en el desgobierno de Juan Sabines  se desempeñó como secretario de educación y luego rector de la universidad intercultural en Chiapas. En ambas instancias su paso fue desastroso y destructivo. En la secretaría de educación se cometió el más descomunal fraude a la educación con la alteración de resultados en la prueba ENLACE, en el que Chiapas, del último lugar en logro educativo en el nivel secundaria, pasó a los primeros lugares, sin que se haya tomado ninguna medida académica para mejorar el rendimiento de los estudiantes. A punto tal, que media docena de escuelas telesecundarias de Chiapas aparecieron en el listado de las mejores escuelas de secundaria en el país, cuando es sabido que este subsistema es el de mayor ineficiencia y de menos logro educativo.

Pero el fraude que hubo en la secretaría de educación no solo fue en el rendimiento escolar, también fue en el manejo de los recursos, en donde se tiene documentado el desvío de varios millones de pesos. Entre ellos está la publicación de dos libros, uno, contratado sin licitación y sin cubrir con los protocolos y evaluación de la SEP, que tuvo un tiraje de un millón de ejemplares con sobreprecio, que supuestamente se regaló a los estudiantes. El otro, una autopublicación de 10 mil ejemplares, pagada por la propia secretaría, en el que lo único que escribió fue su nombre, donde claramente se tipifica el delito  de uso indebido de recursos empleados para la promoción personal de funcionarios públicos.

Su paso por la universidad intercultural fue todavía peor, cuando él toma la rectoría, se había concluido con el proceso de reforma curricular de todas las licenciaturas que posibilitó la acreditación de las cuatro licenciaturas que se impartían en esa institución, lo que convirtió a la UNICH, en la mejor universidad intercultural en el país. Todo eso fue destruido a los pocos meses de su gestión, en donde promovió la creación de un sindicato charro, con el único propósito de mostrarle a Elba Esther que se podían crear sindicatos en las universidades ligados a ese infausto liderazgo. Los resabios de esa infamia todavía lo padece la UNICH, que tiene como su peor cáncer a ese sindicato, que destruyó no sólo el modelo académico sino toda posibilidad de reconstruir ese proyecto universitario.

La incorporación de Javier Álvarez en la representación del gobierno para asuntos del magisterio y encabezar él mismo la mesa de cadena de cambios en San Cristóbal es una decisión equivocada, que evidencia la falta de rumbo y de propósitos educativos en esta administración, que carece de ideas de un proyecto de educación acorde a las transformaciones que este gobierno pregona.

El rechazo del comité de la sección 7 a participar en la mesa de negociación para elaborar la convocatoria de la cadena de cambios es plenamente justificado,  en virtud de que no reconocen la personalidad de la secretaria de educación, por sus vínculos  y acuerdos que mantiene con el grupo ligado a Elba Esther Gordillo y menos con la presencia de Javier Álvarez Ramos, que representa el desagüe de los drenajes y la corrupción del sindicato de maestros.

 

 

 

 

 

 Resulta preocupante la situación compleja de gobernabilidad que se vive en la región de Bochil, El Bosque, Ixtapa y Simojovel. Ahí es reiterado el cierre de la carretera, el cobro de cuotas para permitir la circulación, el secuestro de funcionarios, la toma de edificios públicos, la disputa por el cobro en efectivo de la ayuda para fertilizantes y la constante toma de la caseta de cobro en la carretera a Tuxtla Gutiérrez.

 

Ayer se repitió el episodio de la toma de la caseta por pobladores del municipio de Ixtapa, que produjo el desalojo violento, mismo que es considerado por la secretaría de gobierno como un mecanismo de restablecimiento del Estado de derecho.

En el boletín del gobierno del Estado con desmesura se anuncia: “Grupo Interinstitucional restablece Estado de derecho y libera vía bloqueada”. Lo grave de este comentario o la ignorancia del mismo, es que al uso de la fuerza se le denomina Estado de derecho, cuando lo que debe prevalecer es el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

El Estado de derecho aplica cuando las autoridades sujetan sus actos a la ley y no cuando utilizan mecanismos represivos para inhibir la protesta. Si el gobierno de Chiapas de verdad pretende aplicar el Estado de derecho, entonces debe resolver los problemas de gobernabilidad en esa región y reducir los déficit de justicia e incumplimiento de derechos políticos, civiles, sociales y económicos.

Para que un gobierno señale el restablecimiento del Estado de derecho, previamente debe satisfacer las demandas sociales de la población, pues en sociedades de profunda desigualdad social y pobreza está ausente el Estado de derecho.

Es un hecho que la administración de Rutilio Escandón crece de proyectos para esta región, que se caracteriza por su beligerancia y por una tradición de lucha política. Parece obvio que Rutilio Escandón y el secretario de gobierno Ismael Brito ignoran que fue en Simojovel, en donde se inició un largo proceso de lucha indígena campesina que condujo a la recuperación de las tierras que estaban en propiedad de los finqueros. Esos funcionarios ignoran que ahí inició un movimiento encabezado por la CIOAC, y que después del movimiento zapatista de 1994, se creó un proyecto político de creación de regiones autónomas encabezado por el PRD y que ahí ese partido ganó la mayoría de las presidencias municipales de la región.

Con el desalojo de ayer, la administración de Rutilio Escandón provocó la ruptura con las bases de MORENA en esos municipios, que están viviendo en carne la propia la desatención de un gobierno que no tiene capacidad para resolver las demandas sociales, ni aún cuando son aliados. Lo grave de esa acción, es que sólo produjo encono porque no resolvió los problemas de raíz que están generando los problemas de gobernabilidad en la región.

Rutilio Escandón se está equivocando. Chiapas no puede ser gobernado a través de la fiscalía y mucho menos a través de boletines mal hechos, en donde sólo se demuestra la ignorancia de los funcionarios y la verdadera cara de la represión y la demagogia.

 

El gobernador de Chiapas renunció a mantener una agenda política para la entidad y claudicó a favor de clonar y asumir la agenda del gobierno federal, que no necesariamente está pensada en mantener el equilibrio regional de los muchos Chiapas que existen.

Históricamente en Chiapas ha prevalecido el interés del centro del país sobre el interés de la población. Esto obligaba al nuevo gobierno en la entidad a construir desde el primer día una agenda de gobierno local para evitar que Chiapas se administrara desde la capital del país.

Esta situación ni siquiera fue preocupación del gobernador Rutilio Escandón, quien antes de tomar posesión ya había decidido subordinarse al gobierno federal y se convirtió en un clon del presidente y reprodujo en la entidad acciones y ocurrencias definidas por la presidencia de la república. Esta decisión posiblemente le convenga a los intereses del gobernador, pero sobre la base de los hechos, dejó a Chiapas sin representación política, pues no existe una voz que plantee los problemas de la entidad y que exija respuestas para el bienestar de la población.

La migración ha golpeado severamente a los municipios fronterizos sin que haya una política del gobierno federal que los auxilie. Durante meses se dejó crecer el problema migratorio y ahora, por las presiones del presidente norteamericano, el gobierno federal decide impulsar dos acciones que contradicen la existencia de un gobierno progresista: se decide militarizar la frontera sur de Chiapas, enviando a 6 mil elementos de la Guardia Nacional y se  decide criminalizar a los migrantes y evitar el paso de éstos a la frontera norte.

Tal parece que los funcionarios de Chiapas no saben que la Región del Soconusco no vive del presupuesto del gobierno, en virtud de que es una región agropecuaria, que mantiene vínculos con el mercado internacional y que su preocupación es la de mantener los compromisos de comercialización. Para estos productores resulta ridículo la construcción del Tren Maya, pero no así la reconstrucción y reactivación del la ruta del tren que une a Tapachula con Matías Romero y Veracruz.

De igual manera no resulta de interés la propuesta de reforestación en la que tanto insiste el gobierno federal, a menos que sea en la renovación de cafetales y matas de cacao, en donde la preocupación estaría determinada sobre cual es la estructura genética de las plantas con la que se renovarían estos cultivos.

Así como la Región del Soconusco hay otras regiones de la entidad que se encuentran fuera de os supuestos beneficios de los proyectos centrales que supuestamente hay para Chiapas. Por eso resulta de interés la existencia de una agenda para Chiapas, en que se procure gobernabilidad, seguridad, se reduzca la impunidad y se construyan acuerdos con los diferentes sectores de la población.

El punto crítico que la administración de Rutilio Escandón no logra superar, es la herencia del relajamiento de la autoridad que se institucionalizó en los anteriores gobiernos, en el que se creó en el imaginario de la población que el Estado no funciona en la entidad y esto se refleja en los índices de impunidad que tiene Chiapas, que es del 99%, lo que significa que solo un delito por cada cien que se cometen se castiga.

Este escenario de debilidad de las instituciones es el que se debía de borrar de un plumazo, pero que desafortunadamente permanece en la gestión de Rutilio Escandón, que en los cinco meses que lleva la administración continúan los problemas sin atender y la inseguridad se disparó a niveles preocupantes, que muestra la deficiente capacidad de respuesta que hay, aunque el gobernador insista denodadamente de que todo va bien a sabiendas de que miente.

Chiapas requiere un cambio de rumbo, desafortunadamente eso no está en el interés del gobernador que mantiene la continuidad de los gobiernos pasados en los que privó la corrupción, la frivolidad, la ineficacia, la indiferencia, la demagogia y la impunidad.

 

 

 

 

En Chiapas, desde el momento en que fueron interrumpidos los diálogos para la paz entre el Estado Mexicano y el EZLN, no ha existido un nuevo intento por construir un plan de paz para la entidad, a pesar de que todas las organizaciones sociales en las regiones Selva, Norte y Altos se encuentran fuertemente armadas, lo que genera constantes brotes de violencia en gran parte de ese territorio.

Gran parte de la violencia armada que se vive en la entidad fue creada por el Estado mexicano, que durante el gobierno de Ernesto Zedillo financió la formación de grupos paramilitares con el fin de confrontarlos con los grupos afines al zapatismo, y crear así un ambiente y un discurso que señalara que los conflictos en Chiapas se debían a la existencia de enfrentamientos intercomunitarios. De esa manera, a través de la formación de grupos paramilitares entre la población indígena, se buscó eximir al Ejército de toda responsabilidad del clima de violencia que se generalizó en la entidad.

En el período que lleva la administración de Rutilio Escandón, se han presentado distintas agresiones armadas con su dosis de muertos y heridos. Han sido reiteradas las balaceras en el municipio de Aldama, provocadas por grupos paramilitares de Santa Martha en Chenalhó; se vivió también un enfrentamiento en Amatán, que produjo la muerte de dos dirigentes de la MOCRI-CNPA y ello ocasionó la desaparición de poderes y la creación de un Concejo Municipal; de igual manera han existido enfrentamientos armados en Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, Tila, Yajalón y Venustiano Carranza.

Paradójicamente el gobierno de Rutilio ha recibido dos recomendaciones por parte de la CNDH, originada por la desatención a los desplazamientos forzados provocados por los grupos paramilitares de Chenalhó, que afecta a más de 5 mil personas, la mayoría niñas, niños y mujeres, de los municipios de Aldama, Chachihuitán y Chenalhó. En ambas recomendaciones se le otorgó un plazo de seis meses al gobierno de Chiapas, para establecer un plan de pacificación en la región y garantizar el desarme de los grupos paramilitares, sobre este plazo ya transcurrieron cinco meses y no se ha implementado ninguna acción para desarmar los grupos paramilitares ni se ha tomado ninguna decisión para garantizar el retorno con dignidad de los desplazados.

En estos primeros seis meses de la administración se percibe que el gobernador Rutilio Escandón no conocía ni conoce las problemáticas del Estado, y a su vez, no tiene la claridad sobre las causas de los conflictos que hay en la entidad. Pero, de igual modo, también queda claro que no ha logrado constituir un gobierno y que no tiene una agenda para Chiapas, que le permita tomar decisiones y atender los problemas y conflictos en la entidad.

El gobernador ha reiterado en distintas ocasiones, de que va a gobernar de acuerdo a las acciones que defina el gobierno de la república para Chiapas. Y eso es una equivocación, porque se canceló el proyecto de las zonas económicas especiales en Tapachula, y sobre esa cancelación el gobierno federal no propone alternativa alguna de desarrollo, hacia una región rica y productiva, que se encuentra asfixiada por una mala política de migración emprendida por la presidencia de la república y que ahora está por constituirse en el muro de detención de la migración centroamericana a partir del establecimiento de seis mil miembros de la Guardia Nacional.

El silencio de Rutilio Escandón sobre estas situaciones resultan preocupantes, pues muestra indiferencia y una ausencia de visión de gobierno, en un momento de crisis en la frontera, en donde en donde Chiapas se convierte en la caja de resonancia de las presiones del gobierno norteamericano, que finalmente afectan no sólo a la seguridad regional sino también se viven afectaciones con la cancelación de proyectos de desarrollo.

 

 

 

 

 

La violencia y la inseguridad están convertidos en notas recurrentes en los medios y Redes Sociales. Desafortunada y lamentablemente estos sucesos están presentes en distintos municipios de la entidad, situación que las autoridades se resisten en confirmar e inclusive el gobernador del Estado ha señalado en reunión con su gabinete que vamos bien pero se puede estar mejor.

Sin duda, el gobernador del Estado tiene el derecho de tener su propia realidad y de manifestarla, pero esa realidad no corresponde con la percepción generalizada de la población, que vive en carne propia el incremento de la inseguridad.

En estos momento en el Estado no existe un programa estatal de seguridad, y que incluso la federación tenía previsto enviar a Chiapas una importante fuerza de tarea de la Guardia Nacional, misma que se concretó con la política de control a los migrantes exigida por el gobierno norteamericano, pero esta acción no garantiza por sí misma la disminución de la inseguridad y de la violencia, sino que al contrario, se corre el riesgo de un incremento de violación a derechos humanos.

No se puede pasar por alto que Chiapas sufre una creciente falta de generación de empleos y que además no existe un programa de estímulos para el crecimiento económico y de creación de empleo. A la vez, no existe un programa de salud, ni de educación ni de fomento a las actividades agropecuarias; lo que significa que Chiapas padece problemas estructurales de pobreza y de violencia, que no pueden resolverse por sí solos ni aún con las acciones de política social que piensa promover el gobierno federal y que en Chiapas se pretenden vender como la gran panacea de los problemas de la entidad, que van a mejorar las condiciones de vida de la población.

En los primeros seis meses de la administración de Rutilio Escandón, hemos sido testigos de la inoperancia política en la atención a la población indígena en desplazamiento forzado, en el que no se han propuesto mecanismos de prevención al desplazamiento ni se ha realizado investigación alguna que busca sancionar esta práctica violatoria a derechos humanos; fuimos testigos de la violencia política en el municipio de Amatán, en el que hubo dos asesinatos y eso condujo a la desaparición de poderes del municipio, pero con una operación política adecuada estos homicidios se debieron haber evitado.  Hay un ominoso crecimiento de feminicidios, que tanto el secretario de gobierno como el gobernador del Estado lo han negado, pero cuya cifra se aproxima a 50 mujeres asesinadas con violencia. Se han presentado asesinatos de activistas políticos y defensores de derechos humanos, en el que incluso a raíz del asesinato de Sínar Corzo el gobierno provocó la desaparición de poderes en el municipio de Arriaga y se amenazó a los regidores y síndico a la renuncia, suceso que se revirtió por una resolución del tribunal federal electoral. En las calles se vive un incremento de la delincuencia y después de varios años se presentaron asaltos a bancos y a restaurantes; todo ello en medio de una inoperancia de la fiscalía y de la impartición de justicia.

Chiapas viene de 12 años de gobiernos desafortunados y de desaciertos en el ejercicio del poder y se corre el riesgo en que ese período se prolongue a 18 años, si no se realiza un esfuerzo colectivo para cambiar el rumbo de la historia de Chiapas, en el que ha prevalecido un triángulo de pobreza, violencia e impunidad.

 

 

Por diversas razones, pero fundamentalmente por la falta de oficio político, Chiapas ha venido arrastrando de años atrás, problemas de gobernabilidad, sin embargo, pese a las complicaciones sociales, la gobernabilidad se mantenía en niveles controlables, situación que cambia con el nuevo gobierno, debido a que  los problemas de inseguridad se incrementan.

Al inicio del nuevo gobierno la inseguridad empezó a crecer y ahora se habla de secuestros, asesinatos, feminicidios, ejecuciones de activistas, asaltos bancarios, asaltos a restaurantes e intento de asesinato a defensores de indígenas desplazados. La gravedad de la inseguridad que se vive en gran parte de la entidad se incrementa por la simulación política y a las acciones mediáticas promovidas desde las oficinas de gobierno, que buscan ocultar e incluso negar la situación que se vive en las calles y en el patrimonio de las familias.

La administración de Rutilio se enfrenta ahora a cinco problemas: el estancamiento de la economía local, que se agudiza con la pobrísima inversión pública; los problemas de gobernabilidad que están latentes en la mayoría de los municipios y que se manifiesta en reclamos a los presidentes municipales, pero de igual manera están los movimientos populares como el magisterio y las organizaciones indígenas y campesinas, quienes están construyendo acuerdos para iniciar en los próximos días la movilización política; los problemas de inseguridad en todo el territorio, que se pretenden minimizar con las reuniones matutinas de seguridad pública, que resultan funcional solo en el discurso del gobernador; los problemas de migración que incrementa el enojo de la población, sobre todo de los municipios fronterizos, que están sufriendo la invasión de los  migrantes sin tener las condiciones de ayuda humanitaria para hacer frente a esta problemática internacional; y los problemas de violación a derechos humanos que se van a presentar con los operativos de la Guardia Nacional, que sobre la base de los hechos construirá un muro imaginario de contención de migrantes.

Bajo estas circunstancias, se percibe cada vez con mayor fuerza, que la administración de Rutilio Escandón no se encuentra al nivel de las circunstancias que Chiapas requiere ni tiene idea de la necesidad de plantear a la presidencia de la república un nuevo federalismo, que permita construir nuevos pactos fiscales y otro tipo de acuerdos políticos que mejoren las condiciones sociales de la entidad.

De continuar con esta situación, las actividades económicas van a sufrir una parálisis mayor y seguramente se va a presentar una delicada regresión económica, que incremente la pobreza y la marginación social.

Por eso Chiapas requiere urgentemente de oxigeno y una cirugía mayor que impacte en la definición de un nuevo rumbo para la entidad. Pero desafortunadamente el gobernador Rutilio Escandón tiene otra mirada y está situado en otro punto de la realidad chiapaneca, en el que está convencido que viene realizando un buen gobierno y que sus funcionarios son honestos y eficientes. Esta visión ajena a lo que está pasando en Chiapas complica considerablemente las posibilidades de cumplir con las expectativas que la gente se hizo con el cambio de gobierno. Y lamentablemente se tiene un gobernador que vive en una dimensión imaginaria que simplemente se sustrajo a la responsabilidad de gobernar.

 

 

En lo que puede considerarse un mini-informe de los primeros seis meses de gobierno, la administración de Rutilo Escandón destaca el establecimiento de los Lineamientos Generales de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto de los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal, los cuales tienen como objeto regular la optimización, racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal.

Sorprende que se privilegie la austeridad y no la eficacia y eficiencia, en virtud de que en Chiapas se ha vivido un largo período de derroche presupuestal, en el que en los últimos años se ejerció un presupuesto superior a los 700 mil millones de pesos sin que se lograra reducir la pobreza y la desigualdad social. Sin embargo la historia parece repetirse, en virtud de que en el primer cuatrimestre ya se ejercieron más de 11 mil millones de pesos sin que se perciba que en la entidad haya circulante.

La economía en Chiapas peligrosamente continúa decreciendo, sin que haya inversión pública, aún y cuando hacienda federal reporta que ha entregado puntualmente las participaciones a las entidades federativas. Pero en esta distribución presupuestal se denota una mala negociación de la entidad con hacienda, en virtud de que sólo se obtuvo un incremento de los recursos del 2.5% en relación al período enero-abril del 2018, cuando 26 entidades federativas del país obtuvieron un porcentaje mayor de participaciones que las recibidas por el Estado.

En la información pública del portal de internet de la secretaría de hacienda se observa que las entidades que  mayor porcentaje de participaciones han tenido son: Oaxaca con 13.2%; el Estado de México con un 12%; Guanajuato con 11.6%; Sinaloa con 11.3%; Campeche con 10.1%; Hidalgo con 9.4% y Yucatán con 8.8%.

Las cifras que reporta la secretaría de hacienda son contundentes, Chiapas tiene un porcentaje bajo en el crecimiento de las aportaciones federales, porque no ha habido una capacidad de gestión, lo que evidencia que de nada ha servido que el presidente de la república le de un trato de hermano al gobernador de la entidad, pues esa relación no se ha reflejado en las participaciones federales.

En el mensaje de logros en el primer semestre de esta administración se presume que hay un gobierno eficaz y honesto, sin embargo la realidad económica chiapaneca indica que la eficacia y la honradez solo existe en el discurso del gobernador y que se refleja en los boletines oficiales. Sobre todo, porque se ha hecho creer que no hay dinero, y por criterios de una política de austeridad se continuaron con el despido de trabajadores de la administración pública y se aplicó una disminución en el monto de los salarios, sin que esto tenga un justificante, porque dinero hay, pero no se sabe a ciencia cierta en qué se están empleando esos recursos.

Lo peor para la población de Chiapas es que se continúen con los derroches presupuestales, que la asignación de obras sea directa y selectiva, en donde surja un grupo de constructoras favoritas del gobierno.

La administración de Rutilio Escandón no ha sido hasta este momento transparente ni tampoco ha sido eficaz, tal y como lo refleja la distribución de participaciones federales para las entidades, en el que Chiapas aparece entre las entidades menos favorecidas.

 

 

En un informe en la página de internet de la Secretaría de Hacienda se detallan las participaciones federales a las entidades y sorprende que del 1 de enero al 30 de abril de este año, Chiapas haya recibido 11 mil 223 millones de pesos, sin que se conozca a ciencia cierta en dónde y con qué resultados se han invertido esos recursos.

En Chiapas se vive una austeridad franciscana que no se justifica. Sobre todo, porque mensualmente están fluyendo los recursos federales a la entidad y estos recursos no se notan pues la economía chiapaneca vive una parálisis preocupante.

En la entidad gran parte de las empresas constructoras están paradas debido a la carencia de contratos de obra. De igual forma las empresas prestadoras de servicios y venta de materiales la están pasando difícil, por la escasa actividad de licitaciones en todas las secretarías y organismos de la administración pública estatal. Lo más grave aún es que en la entidad continúan los despidos y recortes de personal, que tampoco se justifican, en virtud de que las asignaciones presupuestales durante este año tienen un incremento en más de 700 millones de pesos, comparado con el mismo período enero-abril del año anterior, correspondiente a la administración de Manuel Velasco Coello.

En el análisis del concentrado de participaciones a las entidades federativas se observa que Chiapas tuvo un incremento presupuestal del 2.5%, -que son los más de 700 millones de pesos anteriormente señalados-, esta cifra que debiera verse con optimismo resulta preocupante, si se revisa cómo le ha ido en la distribución presupuestal a otras entidades en condiciones de pobreza. En Oaxaca los recursos han crecido en 13.2% en relación al mismo período enero-abril del 2018.  En Guerrero hubo un crecimiento de los recursos en 8.5% y en Veracruz el crecimiento presupuestal ha sido de 5.8%.

Estas cifras sorprenden si se recuerda el mensaje del presidente López Obrador de que a Chiapas le va a ir muy bien y más si se recuerda el señalamiento del presidente cuando mencionó que el gobernador de Chiapas es su hermano. Aquí solo caben dos interpretaciones: una, que el presidente de la república no está cumpliendo con la sociedad chiapaneca, o la otra, que el gobierno de Chiapas carece de capacidad de gestión y/o que no tiene proyectos de desarrollo. Al respecto sorprende que el Estado de México, gobernado por la mafia del poder, sus participaciones se hayan incrementado en un 12% o bien Guanajuato, gobernado por el PAN, que tiene un incremento en 11.6%.

En el estudio comparativo de las participaciones a las entidades federativas, se observa que 26 Estados tuvieron un incremento de sus recursos superiores al recibido por Chiapas, situación que confirma la hipótesis de un mal manejo en la negociación en la participación de los recursos, en el que no se ha capitalizado favorablemente la supuesta hermandad del presidente con el gobernador.

La administración de Rutilio Escandón cumplió su primer semestre y los resultados parecen poco alentadores, aún y cuando se hace circular un boletín en donde se informa sobre los logros obtenidos. Ese boletín es la muestra clara de la falta de visión que hay en el grupo que rodea al gobernador, en donde lo que se informa son acciones administrativas y no logros de gobierno, entre ambas esferas hay significativas diferencias, que desafortunadamente no se han logrado entender.

 

 

 

El sistema de justicia en Chiapas requiere una limpia inmediata. Uno de los graves problemas del supremo tribunal de justicia en la entidad, es la ausencia de un magistrado presidente con reconocimiento como jurista y con la experiencia necesaria para emprender las reformas que se requieren en la impartición de justicia, en el que se instituya sino una autonomía total, si una autonomía relativa respecto al poder ejecutivo.

La carencia de un magistrado presidente de prestigio no es un problema reciente, sino una ausencia que se viene arrastrando por lo menos de los últimos tres sexenios estatales, en el que el tribunal simplemente transitó de la decadencia a la prostitución de la justicia.

Este problema no es un asunto menor, en virtud de que históricamente Chiapas arrastra dos gravísimos problemas: uno, el de la pobreza y el otro, la ausencia de justicia.

La prostitución de la justicia en Chiapas se expresa con la falta de independencia de los jueces, lo que significa el abandono voluntario de un principio constitucional, que implica la existencia de jueces de consigna, quienes siempre van a estar dispuestos a acatar las instrucciones superiores y con ella avalar las más aberrantes violaciones a los derechos humanos. Desafortunadamente en la entidad hay una práctica sistemática en donde a personas inocentes el juez emite una sentencia privativa de la libertad; pero a su vez, también existen historias que evidencian la otra parte, cuando a un culpable no se le sanciona y se le deja en libertad. En este sentido el sistema de justicia en Chiapas se alimenta de la relación que prevalece entre la impunidad y la corrupción.

Todo esto viene al caso por el proceso de castigo que se emprendió sobre la juez Isabel Álvarez Ramos a quien se le acusa de obstruir la acción de la justicia, por haber dejado en libertad a un presunto feminicida, cuando en la carpeta de investigación elaborada por el ministerio público se encuentra plagada de irregularidades que evidencian violaciones al debido proceso. Por ejemplo se dice que es un asesino confeso cuando la propia fiscalía no pudo demostrar que la firma de la declaración inicial sea del presunto asesino. De igual manera hay evidencias de que el cadáver al que se le practicó la autopsia no corresponde al de la víctima. Frente a estas irregularidades del proceso la juez Álvarez Ramos decidió absolver al acusado poniendo en evidencia la fabricación de pruebas que practica cotidianamente la fiscalía.

En esta historia la fiscalía creó un ambiente mediático de culpabilidad del acusado, lo que produjo la violación al derecho de presunción de inocencia, a punto tal de que el proceso del juicio aún no concluye, pero socialmente se construyó la condena de culpabilidad.

Situación similar está viviendo la juez Isabel Álvarez, la fiscalía le violó la presunción de inocencia y desde el viernes en que indebidamente fue detenida ha sido expuesta al linchamiento de las redes sociales, en el que se construyó una narrativa social de corrupción y culpabilidad, y con ello se le está exceptuando de responsabilidad a la fiscalía de las presuntas fallas en la integración de la investigación.

Los sobrevivientes de la víctima y la sociedad chiapaneca está en la espera de que se haga justicia, algo que en este momento se encuentra fuera de las posibilidades del tribunal, en donde se generaron violaciones al procedimiento, no sólo con el presunto responsable sino también con la juez, a quien ayer se le vinculó a proceso y se le negó el derecho a la fianza, aún y cuando el delito con que se le acusa no es grave.

 

 

 

 

Los problemas que enfrenta la administración de Rutilio Escandón –crisis financiera, ingobernabilidad, inseguridad, problemas por la migración y ruptura con el magisterio-, son de una magnitud considerable, a las que no se les viene proporcionando la atención debida. Junto a estos problemas la administración de Escandón Cadenas empieza a tener problemas de legitimidad, debido sobre todo que la luna de miel de un importante sector de la población chiapaneca con el gobernador está sufriendo resquebrajamiento, en el primer semestre de este gobierno.

En Chiapas en los últimos años hubo un relajamiento de la autoridad, que terminó creando un Estado débil, con poca presencia, en el que el orden social no fue una prioridad. Esta percepción continúa en la gestión de Rutilio Escandón, aún y cuando se vivió un proceso de empoderamiento con el desalojo de los predios en posesión de la MOCRI EZ.

Todos esos problemas eran claramente previsibles incluso antes de las elecciones y Rutilio Escandón estaba obligado a tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar el desbordamiento de estos conflictos. Sobre todo porque del 1º de julio que ganó las elecciones, al 8 de diciembre que tomó posesión como gobernador, tuvo cinco meses para definir estrategias y acciones de una agenda para Chiapas y de un plan de gobierno, que garantizara desde el primer minuto del gobierno tomar decisiones para evitar los problemas que se están viviendo.

En el tiempo transcurrido de la nueva administración ha quedado claro, que el gobernador desconocía la magnitud de los problemas del Estado y no tiene identificados los puntos de conflicto que hay en la entidad, ni los distintos niveles de conflictividad que hay. Frente a esta situación, la violencia y la inseguridad se están apropiando de las calles y mucho de estos problemas de inseguridad y violencia están siendo generados por la ausencia de políticas de intervención, apoyo y atención gubernamental a migrantes, quienes son criminalizados cada vez con mayor fuerza.

En el largo peregrinar, los migrantes internacionales sufren agresiones policíacas, abusos de los grupos delincuenciales, violencia y engaños en los casos de trata, amenazas a la integridad física, explotación, discriminación, intolerancia, xenofobia, en algunas circunstancias pérdida de vida o son criminalizados y en los casos de las mujeres suelen sufrir de violaciones sexuales.

Todas estas circunstancias son retos y desafíos que los migrantes tienen que enfrentar, pues finalmente ellos abandonan condiciones de pobreza o de persecución en su lugar de origen y deciden emigrar en busca de un sueño que les permita superar las condiciones de pobreza y violencia generalizada, y eso es lo que los impulsa a superar cualquier obstáculo, que se interponga en el camino para alcanzar el sueño de un futuro promisorio.

La ausencia de una política de atención a los migrantes, produjo el diferendo del gobierno del presidente Trump con el gobierno mexicano, en el que se establece el cobro de aranceles de los productos mexicanos al mercado americano y esto viene provocando la primer crisis del gobierno de AMLO, que puede provocar la devaluación del peso mexicano y a un crecimiento de la economía menor al 1% del Producto Interno Bruto.

 

Ayer el gobierno difundió como una acción de éxito el Acuerdo de no agresión firmado por autoridades municipales y comunales de Aldama y Chenalhó, en el que se presenta como un logro para evitar las agresiones de los grupos paramilitares sin que se contemple la solución de la población que se encuentra en condición de desplazamiento.

A este júbilo desbordado se sumó Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación, quien es uno de los pocos funcionarios de la cuarta transformación que proviene de la izquierda del Partido Comunista, que mantiene una sentido progresista de la política, pero que desafortunadamente desconoce el paradigma de los derechos humanos y su importancia en la construcción de la paz.

La firma de ese acuerdo de no agresión corre el riesgo de reproducir patrones de impunidad, porque no resuelve los agravios del pasado, en el que los desplazamientos forzados han producido muertos, quema de tierras, destrucción de viviendas y múltiples violaciones de derechos humanos, en el que la población afectada es mayoritariamente niños, niñas, adolescentes y mujeres, que por sus propias condiciones de vulnerabilidad requieren de protección especial.

Para la construcción de la paz en el territorio indígena de Chiapas, el gobierno federal y el gobierno estatal tienen que entender que se debe desmovilizar y desarmar a los grupos paramilitares. Pero aún esto es insuficiente sino se realiza una investigación del origen de la violencia y las agresiones y se sanciona a los responsables directos de los desplazamientos y a la autoridades que consintieron y promovieron la actividad de los grupos paramilitares.  Junto a la sanción el Estado tiene que garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sobrevivientes y emprender mecanismos de no repetición de esta violencia desbordada y de las prácticas de expulsiones y desplazamientos forzados en las comunidades.

La peor violación de derechos humanos que contiene el acuerdo de no agresión que se firmó ayer, es la omisión de la participación de las víctimas y sobrevivientes, lo que significa que la firma de ese acuerdo es para la foto y difusión mediática pero no para resolver un problema que inició hace más de 25 años y que no hay visos de solución.

Lo paradójico es que ese acuerdo de no agresión es firmado por la presidenta municipal de Aldama, a quien los paramilitares asesinaron recientemente a su esposo y el presidente municipal de Chenalhó, quien es hijo del pastor que bendijo las armas que se utilizaron en la masacre de Acteal, en diciembre de 1997, y que además es señalado como una cabeza importante de los grupos paramilitares que actúan en ese municipio.

Ese acuerdo que ahora se presume como un logro político representa un boomerang para las autoridades de los tres niveles de gobierno, que los pone en la picota, en el momento en que haya un brote de violencia o se provoque un nuevo desplazamiento forzado.

La voluntad política se tiene que demostrar a través de otras medidas y no a través de acuerdos de papel. El Estado, si quiere prevenir los desplazamientos y proteger los derechos de la población desplazada puede emprender tres mecanismos articulados entre sí contemplados en los principios rectores de la ONU: 1) diseñar mecanismos de prevención aplicables antes de que el desplazamiento interno ocurra, es decir, la protección contra desplazamientos arbitrarios; 2) establecer un programa de ayuda para las situaciones actuales del desplazamiento; y 3) implementar medidas que garanticen a la población desplazada el retorno y la reintegración a la vida comunitaria.

 

 

En la administración de Rutilio Escandón hay dos funcionarios que promueven sus actividades o reuniones a través de las redes sociales; la presencia mediática de ambos sobresale, a punto tal, que los oficiosos de la especulación, ya de manera anticipada los mencionan como los sucesores del gobernador, estos funcionarios son Ismael Brito Mazariegos, secretario de gobierno y Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado.

Ambos personajes demagógicamente se promueven como garantes del diálogo, el orden, la estabilidad y el Estado de derecho, pero en realidad ellos lo que representan son las violaciones a derechos humanos, la ilegalidad, el abuso y la impunidad. Uno, le dedica tiempo a reuniones con distintos grupos y miembros de la fauna política pero no para construir gobernabilidad sino para sumar adeptos a lo que se venga. El otro, presume los desalojos y la recuperación de miles de hectáreas, en donde recibe aplausos y reconocimientos, pero oculta que muchos de estos desalojos no fueron respaldados por un mandato judicial, en donde prevalece el abuso de autoridad.

Un compromiso de la administración de Rutilio Escandón era acabar con esta larga historia de prácticas represivas y pautas culturales autoritarias que mucho daño le han hecho a la convivencia chiapaneca. Con los actos en estos primeros seis meses de la administración ha quedado claro que la postura de la aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan en el Estado, donde el castigo significa acabar con los privilegios de la clase política y la sanción a una serie de funcionarios que se enriquecieron en el desempeño de sus funciones, y eso simplemente no se va a dar.

Por el número de homicidios dolosos en la entidad y por la violencia generalizada en más de 20 municipios, lo deseable es que existiera en la entidad una aplicación correcta de la ley y con ello se diera la división de poderes. Esto significaría la autonomía de facto en la impartición de justicia y la posibilidad del castigo a los políticos que hayan incurrido en desvíos, lo que reduciría considerablemente los niveles de impunidad y la corrupción que tanto preocupa al gobernador pero que no se combate con eficacia.

En Chiapas no se está construyendo gobierno y prevalece la inacción política y la impunidad, ambas contienen y expresan un riesgo mayor para la sociedad, pues la violencia se acreciente en esta coyuntura en el que en Chiapas no existe el Estado y las normas se aplican selectivamente o de plano no suelen aplicarse.

Resulta por demás contradictorio la promoción que realizan el secretario de gobierno y el fiscal general del Estado, en virtud de que en Chiapas la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que las cifras son espeluznantes: de cada cien delitos que se cometen en la entidad, sólo uno es sancionado. Con estas estadísticas lo que debieran hacer estos funcionarios es ponerse de verdad a trabajar y buscar mejorar la gobernabilidad y la seguridad del Estado, con pleno apego a los derechos humanos.

La entidad arrastra problemas históricos de pobreza, desigualdad social e injusticia que no van a resolverse en los próximos seis años, pero que en las expectativas de la población, por el discurso de la cuarta transformación, se esperaba que desde el inicio de la gestión el gobernador buscara sentar las bases para la transformación de Chiapas y el mejoramiento de la impartición de justicia pero esto simplemente no se ha hecho.

Después de doce años consecutivos de gobiernos malogrados, que generó una deslegitimidad, un hartazgo y un malestar popular, parecía obvio que los inicios del gobierno de Rutilio Escandón iban a estar marcados por la tensión y los conflictos, y que una tarea primordial era reconstruir los márgenes de gobernabilidad, a través de una política de garantizar la legalidad con la aplicación correcta de la ley.

Bajo este desafío lo peor que podía suceder en la entidad, y desafortunadamente se produjo, es la continuidad de un gobierno con una aplicación selectiva de la ley, la subordinación del poder judicial a los caprichos de la fiscalía general, la prevalencia de jueces de consigna, la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, la práctica de linchar mediáticamente en las redes sociales a presuntos culpables violando la presunción de inocencia y criminalizar a  activistas políticos violando inescrupulosamente los derechos humanos.

El fin de semana se vivieron dos hechos de vergüenza, que muestran la ausencia de legalidad de este gobierno y que evidencia la cara de represión que Rutilio Escandón buscaba encubrir bajo la máscara de humanista y demócrata, en el que fueron detenidos tres vecinos de la Colonia El Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, que se oponen a la construcción de instalaciones del tribunal de justicia en un parque, propiedad social de la colonia y que indebidamente en 2005 el congreso local desincorporó del municipio y lo cedió al poder judicial, así como la detención de la juez Isabel Álvarez Ramos, acusada de obstrucción en la impartición de justicia, en el que se denota la fabricación de delitos de la fiscalía, a punto tal que el juez de control otorgó la prisión preventiva. 

Sobre la juez Isabel Álvarez la fiscalía, en contubernio con el tribunal, ha desatado una cacería de brujas debido a la liberación de un presunto feminicida, aparentemente confeso, pero que el ministerio público no pudo demostrar que la firma en la declaración inicial sea del acusado, junto a esta irregularidad la juez detectó otras irregularidades y dictó la liberación. A partir de ese momento la judicatura la retiró como juez, negándole el derecho de audiencia para defenderse y finalmente este viernes se ordenó su detención.

Es grave que en Chiapas se tenga una cifra escandalosa de un homicidio de mujer cada tercer día y en donde prevalece la impunidad en los feminicidios. En la entidad es recurrente la liberación de los feminicidas y se rumora en los pasillos del tribunal, que en cualquier momento es liberado otro presunto asesino, acusado de asesinar junto con su hermano a la esposa y enterrarla en el propio patio de la casa. Pero en estas liberaciones de homicidas la responsabilidad recae en la fiscalía al violar el debido proceso o peor aún, el de inculpar a inocentes y a la fecha no ha sido sancionado ningún ministerio público ni ningún funcionario de la fiscalía por no realizar las investigaciones apegadas a derecho. Por eso resulta sospechosa la persecución desatada sobre la juez Álvarez Ramos.

El presidente del tribunal, un saltibanqui de la política, está obligado a informar sobre las detenciones del fin de semana, en donde el abuso policíaco se ensañó sobre tres vecinos a quienes se les violaron múltiples derechos humanos y luego se hizo pública la detención de la juez, quien fue expuesta al linchamiento de las redes sociales cuando aún no ha sido sometida a juicio ni existe una sentencia de culpabilidad sobre ella. En donde más bien su detención, parece un ajuste de cuentas en donde el gobernador se percibe como el más interesado en culpabilizarla.

 

 

 

 

 

 

 

A días de cumplir el primer semestre de gestión, el gobierno de Rutilio Escandón debiera de realizar una evaluación objetiva y realista del funcionamiento de su gabinete pero la evita. En contrasentido, mantiene una sordera ante las críticas y está convencido del éxito de su administración en estos meses de inicio, en el que anuncia a su gabinete vamos bien pero puede estar mejor, aunque no haya ningún resultado de gobierno para presumir.

Después de que en Chiapas se vivieron doce años de gobiernos malogrados, que condujo a la deslegitimidad, a un hartazgo y un malestar popular, la administración de Rutilio no puede darse el lujo de equivocarse como lo hicieron sus antecesores ni permanecer impávido ante lo que es evidente, pero él se resiste a ver: no tiene gabinete y su administración presenta dos graves problemas que se acrecientan cada vez más, ingobernabilidad e inseguridad.

Las designaciones que el gobernador realizó en el gabinete, no han resultado en estos primeros cien días lo eficaz y convincente que requiere la magnitud de los problemas y la responsabilidad que significa gobernar a Chiapas. Y para ello es necesario rectificar. No hay nada peor para un gobernante que mentir a sabiendas que miente y que sus gobernados le digan que miente, porque en este momento no hay gobierno sino simulaciones.

El gobernador debió de haber tenido especial cuidado en la designación de cinco áreas: educación, gobierno, salud, seguridad y el campo. Sobre todo porque del trabajo que realicen estas oficinas depende la gobernabilidad y la seguridad de Chiapas.

En educación, los tambores de guerra del magisterio representan una amenaza para la fragilidad de este gobierno, en esa secretaría no hay oficio político ni conocimiento ni proyecto, a punto tal, que todos los problemas del ramo educativo empezarán a atenderse y resolverse en la Ciudad de México, y lo más grave aún, que seguramente mañana el sindicato de maestros acuerda el paro de labores indefinido. En seguridad, hay un incremento desmedido de la delincuencia y se corre el riesgo que la inseguridad en Chiapas se convierta en un problema permanente, por los problemas estructurales de violencia y pobreza que hay en la entidad. En el campo no hay ningún plan de rescate agropecuario y no se destinaron los apoyos que se proporcionan a los campesinos previo a la temporada de lluvia, bajo esa circunstancia líderes de campesinos consideran que la producción del maíz en la entidad será menor a las 6oo mil toneladas, cantidad 50% menor a la de años anteriores y se corre el riesgo que por primera vez Chiapas sea deficitario en la producción de este grano.

La administración de Rutilio Escandón no  tiene una oferta de proyectos de desarrollo regional ni municipal ni existen ideas y menos claridad sobre qué cosas son las que deben promoverse en las distintas regiones de la entidad. El sector agrícola, turístico y comercial en gran parte de la entidad está en el abandono y sin posibilidades de que en corto tiempo la situación mejore por la crisis económica y de financiamiento de proyectos que vive la entidad.

En el sector salud, se anunció que hay un 85% de abastecimiento en los hospitales de la entidad, cuando en realidad estos se encuentran en las mismas condiciones que cuando terminó el gobierno anterior y lo más grave, es que se anuncia una disminución de la muerte materna infantil de un 60% en Chiapas, cuando esa información es insostenible en el análisis de cualquier estadística médica.

La secretaría de gobierno, por las propias condiciones sociales de la entidad, es la de mayor complejidad, por la magnitud de los problemas que existen y por la inoperancia que prevalece en esa secretaría, en donde los conflictos se administran pero no se resuelven

Bajo las condiciones del funcionamiento de esas secretarías no se percibe que cambien las cosas en la entidad y por el contrario, los conflictos se van a agudizar. Es cierto que es muy poco tiempo lo que lleva esta administración, pero lo suficiente para identificar las posibilidades reales de  funcionalidad o no de la misma.  Hasta ahorita la administración de Rutilio Escandón le queda debiendo a la población chiapaneca y lo mejor para él es que abandone su discurso de ocurrencias y de simulaciones y por el bien de la población ponga los pies sobre el piso y convoque al trabajo de la mejora de las condiciones sociales y de la vida pública.

 

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