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06
Mon, Apr
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La sociedad mundial está viviendo simultáneamente dos crisis: la pandemia del coronavirus y la crisis del capital debido a la caída de los precios del petróleo y a la paralización internacional de las actividades económicas.

En el fondo lo que está en cuestionamiento es el modelo de desarrollo del capitalismo salvaje, que promueve una sobreproducción y con ello una sobreexplotación de los recursos naturales, que ya tiene en riesgo la vida del planeta. El calentamiento global, el cambio climático, el debilitamiento de la capa de ozono, la desertificación, la destrucción de los ecosistemas y la explotación de los mantos acuíferos son muestra de cómo  se viene destruyendo a la naturaleza, cuya sobrevivencia llegó a sus límites.

Esta crisis está impactando el orden económico mundial, que no puede continuar funcionando de la misma manera, por sus efectos destructores, pero sobre todo porque los intereses del capital está en  conflicto permanente con miles de comunidades que son obligadas a abastecer, a costa del empobrecimiento y la destrucción de su territorio, las necesidades de consumo de la población en los países desarrollados, que no solo es de alimentos sino también de energías fósiles, cuya explotación desertifica y contamina.

El mundo globalizado y con ello la economía neoliberal está en crisis y hasta ahora no hay un nuevo modelo que lo sustituya. Por eso se acude a viejas teorías económicas, que en su momento sacaron a los países de la crisis más trágica del capitalismo, el de la recesión, que ahora se prevé sea superada por los efectos del virus COVID 19.

Este escenario es el que se está viviendo en estos momentos, en el que se tienen que tomar decisiones políticas y económicas para enfrentar lo que ya se sabe que viene; una crisis económica con una escasez de alimentos. Esta situación resulta en realidad alarmante, por ello resulta inaceptable que ante esta crisis que se avecina, los gobierno se dediquen a no hacer nada.

Las condiciones de pobreza del país, y de Chiapas en particular, no son para nada halagüeñas, por eso se ha insistido en diseñar un plan para enfrentar la crisis que se avecina. Ayer se esperaba que el gobierno federal anunciara su programa, pero la realidad nos indica en que no hay plan, aunque se haya anunciado la creación de dos millones de empleos.

Lo grave es que se mantiene la apuesta de los proyectos presidenciales, que no tienen futuro: como es la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y la construcción del Tren Maya y del interocéanico en el Istmo. La refinería pierde sentido ante los cambios del orden económico, en donde la apuesta va a ser la utilización de energías alternativas y el Tren maya se propone como un proyecto turístico, cuando es el sector más afectado en esta crisis, en el que no se sabe a ciencia cierta en cuantos años se recupere y peor aún hay una resistencia de los dueños ancestrales de ese territorio y que si lo litigan van ganar los recursos para detener esa obra.

Ante las circunstancias de los nuevos cambios, el presidente López Obrador debiera  de moverse bajo las nuevas circunstancias y abrirse a otras expectativas, pero tal parece que no lo entiende o está muy marcada su necedad.

 

 

Hay una creencia generalizada de que la economía chiapaneca depende de las inversiones públicas que realiza el gobierno, esto de ser cierto aplicaría para Tuxtla pero no para la mayoría de los municipios, que con inmensas dificultades buscan salir adelante y fortalecer sus actividades productivas.

El municipio de Tapachula, por ejemplo, vive de la producción agrícola y del comercio que realiza con Centroamérica, pero ambas actividades requieren de la gobernabilidad y la seguridad, algo que no está en condiciones de garantizar la administración de Rutilio Escandón. Desafortunadamente lo mismo se puede decir de la región de Comitán o San Cristóbal o de Palenque, en la que su principal fuente de ingreso no es la función pública, pero que les afecta la falta de gobernabilidad y seguridad ciudadana.

Para estos municipios, como en todo el resto del Estado, la administración de Rutilio Escandón no  tiene una oferta de proyectos de desarrollo ni existen ideas y menos claridad sobre qué cosas son las que deben promoverse en las distintas regiones de la entidad. El sector agrícola, turístico y comercial en gran parte de la entidad está en el abandono y sin posibilidades de que en corto tiempo la situación mejore por la crisis de salud que se está viviendo, ya que las perspectivas económica y de financiamiento son poco halagüeñas en la entidad, en el que se prevé un decrecimiento económico del -7%.

En los últimos doce años se vivió un derroche presupuestal en la entidad y ahora se promueve la austeridad y se cancela la posibilidad de impulsar proyectos sociales productivos, debido a que equivocadamente el presidente de la república retiró el financiamiento para las organizaciones sin haber realizado una evaluación de qué proyectos sociales vienen funcionando y cuáles son viables y vale la pena financiar.

El presidente definió prioridades de su gobierno y ya manifestó también en qué actividades no va a existir ninguna fuente de financiamiento y su visión no es la de apoyar a los pequeños empresarios para que no cierren las fuentes de empleo.

Al respecto López Obrador manifestó que no tendrá apoyos para el cultivo de la palma africana. Sobre este cultivo existe una campaña de rechazo por los efectos devastadores en la deforestación que ha tenido en varias regiones. Pero no hay nadie que le explique al presidente de la república que en la región de la costa del soconusco el efecto fue inverso. Ahí habían unas tierras que fueron devastadas por la ganadería y que en la reconversión productiva fueron reforestadas por la siembra de la palma africana. Y por lo tanto los criterios presidenciales no pueden aplicarse a rajatabla en situaciones y contextos distintos. Los productores de palma en todos estos municipios de la costa están sufriendo la falta de capacidad de compra que tienen las tres empresas procesadoras de aceite instaladas en esa región. Y ante la visión equívoca que tiene la presidencia de la república, en Chiapas se está dejando a miles de productores a su suerte. En esta región vale la pena financiar empresas sociales y una de ellas sería una procesadora de aceite, pero no se ven visos que esta administración vaya a brindar los apoyos.

De igual manera una empresa exportadora tenía presupuestado sembrar cinco mil hectáreas de cacao en el Soconusco, proyecto que prácticamente está abortado por la ausencia de gobierno que no brinda seguridad a la inversión.

Otra empresa líder en energías alternativas tenía calculado establecer en Puerto Madero una planta para producir etanol con el fin de abastecer el mercado norteamericano del Pacífico, proyecto que no avanzó por la indiferencia gubernamental.

En esos tres proyectos mencionados había una proyección de crear diez mil empleos directos, importantes para la región que no se concretaron por la abulia con que funciona el gobierno en la entidad. Lo preocupante es que en esta administración hay una cifra negativa en la creación de empleos, ocasionada por los miles de trabajadores de la administración que han sido despedidos. Lo grave es que lo peor aún está por venir.

 

En Chiapas se corre el riesgo de que la crisis de salud se desborde, debido a que se mantiene el descuido en el retorno de los migrantes a sus localidades de origen y no existe ninguna preventiva del sector salud, que permita conocer el estado físico de los paisanos que por falta de  oportunidades en la entidad se ven orillados a migrar en busca de trabajo.

Los daños que esta crisis de salud le va a ocasionar a la economía debería de tener encendida las luces de alarma al gobierno,  pues se prevé una caída drástica del crecimiento, que pone en riesgo la soberanía alimentaria de la población en miles de comunidades locales, que ya de por sí viven en la pobreza.

En muchas entidades los gobiernos ya están tomando previsiones y han dado a conocer mecanismos de apoyo y de estímulos fiscales, para evitar el cierre de empresas y el despido de los trabajadores. Sorprende que en estos esfuerzos de gobiernos estatales, en Chiapas no exista ninguna medida al respecto y queda claro que no se van a promulgar ningún tipo de estímulos.

El gobernador imita los pasos del presidente y se convirtió en su clon. Y en el tema de los estímulos fiscales, AMLO está tercamente convencido en que no se deben de dar apoyos al sector empresarial, pues en su lógica eso sería como construir un nuevo fobaproa, un nuevo rescate a los empresarios, algo en lo que el presidente se opuso largamente en sus años de opositor. Por eso, mientras el presidente no modifique su equivocada postura, el gobernador de Chiapas no va a mover las manos para impulsar un paquete de apoyos, aunque eso le cueste la gubernatura.

En Chiapas, se ha reiterado en infinidad de ocasiones, no hay gobierno. Hay un gobernador alejado de los problemas sociales de la población, que ignora las condiciones que tiene Chiapas, que está rodeado de una pléyade de funcionarios que ya demostraron su nivel de incompetencia. y que solo añora los aplausos. En los 16 meses que lleva la administración el gobernador Rutilio Escandón ya tiró a la borda la poca legitimidad que le quedaba y al concluir la crisis de salud, se le van a desbordar los problemas económicos y sociales.

Chiapas está en ruinas, con graves problemas de gobernabilidad, con síntomas peligrosos de violencia y una población polarizada por los conflictos. La crisis que se está viviendo debiera de unir a la población chiapaneca para superar los problemas presentes y los que se avecinan, pero eso no lo percibe el gobernador, que vive en un mundo feliz y ausente; alejado de las grandes necesidades de Chiapas.

Son muchas voces que le reclaman que defina y elabore una política anticrisis. Pero él se mantiene inalterable, como un clon pendiente de lo que hace el presidente. Lo grave de todo esto es que Chiapas se encuentra al borde del precipicio y el gobernador, sin oposición alguna, hace todo lo correcto para abonar el camino del derrumbe.

 

 

 

En Chiapas ha sido una práctica cotidiana el uso de la represión y la violencia institucional como mecanismo de control político. La lista de líderes sociales asesinados es larga e incluso, en la primera mitad del siglo XX se llegó a la aberración de aprobar una ley en la que se autorizaba a los grandes propietarios a la creación de  las guardias blancas, que se encargaron de desaparecer cualquier brote de protesta.

La violencia institucional en Chiapas ha tenido diferentes patrones de comportamiento. Primero la creación de las guardias blancas, luego la intervención directa de los militares y los cuerpos de seguridad, después del levantamiento zapatista surgen los grupos paramilitares y ha sido una constante en el territorio las ejecuciones extrajudiciales.

Lo que sorprende e indigna, es que en la mayoría de los crímenes y desapariciones forzada no ha existido detención de los responsables ni la investigación ministerial de los hechos ni castigo a los culpables ni la búsqueda de  acciones judiciales que ponga límites a los abusos de poder, en el que prevalece un clima de impunidad.

Así sucedió con los crímenes de los comisariados de los bienes comunales de Venustiano Carranza, de Andulio Gálvez, Sebastián Núñez Pérez, Rubicel Ruíz Gamboa, etc., etc.

En los gobiernos de los últimos 50 años han existido asesinatos políticos, desalojos, desapariciones, detenciones arbitrarias, persecuciones, tortura y desafortunadamente la clase política chiapaneca se empecina en mantener este estado de cosas, perpetuando la impunidad. Pero de igual forma son notorios los crímenes considerados como de lesa humanidad en Chiapas, en el que no deben de quedar en el olvido los sucesos de Bolomchan, en el  municipio de Sitalá,  Acteal, en Chenalhó, la masacre en el municipio de El Bosque,  los asesinados en Chinkultic, en el municipio de Trinitaria y los de Viejo Velasco, en Palenque.

La ausencia de los límites de poder de los gobernantes en Chiapas ha creado este clima de crímenes e impunidad. En donde la señal clara y peligrosa es de que en Chiapas nadie está a salvo de  la arbitrariedad en el ejercicio del poder, esto aplica para el actual gobierno, que no ha mostrado  caracterizarse por el respeto a las libertades y a los derechos ciudadanos y en donde la violencia y la inseguridad alcanzaron situaciones preocupantes de impunidad, en donde se reproduce la vieja práctica de la fabricación de delitos.

La inacción y desatención política que el gobierno mantiene ante los conflictos que hay en Chamula, en Chenalhó, en Aldama, en Chalchihuitán, en El Bosque y en Simojovel, está creando condiciones para una nueva masacre, sin que esto pareciera preocuparle a los funcionarios, que hoy, sin importar la crisis de salu provocada por el coronavirus, continúan dedicándole gran parte del tiempo a la realización de actividades de promoción política, que en construir las condiciones de gobernabilidad, que mucho necesita Chiapas y se repiten los errores de administrar los problemas comunitarios con reuniones con presidentes municipales, como se viene haciendo en la secretaría de gobierno.

 

 

 

Resulta obvio que los problemas de la entidad no se podían resolver en un gobierno de seis años, pero lo que resulta imperdonable es que transcurrieron 16 meses de esta administración sin que se haya notado cuáles son las políticas de cambio o en que consiste la transformación prometida.

Después de padecer gobiernos malogrados, que generaron hartazgo, deslegitimidad y un malestar popular, el inicio del gobierno de Rutilio Escandón estaba marcado por la tensión y los conflictos, y que una tarea primordial era reconstruir los márgenes de gobernabilidad y establecer un programa emergente de recuperación económica, que diera rumbo y certidumbre, pero no se hizo ni lo uno ni lo otro y a eso se le agregó el problema del incremento de la violencia y la inseguridad.

Bajo este desafío lo peor que podía suceder en la entidad, y desafortunadamente se produjo, era la continuidad de un gobierno con una aplicación selectiva de la ley, la subordinación de los jueces a los caprichos de la fiscalía general, la prevalencia de jueces de consigna, la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, la práctica de linchar mediáticamente en las redes sociales a presuntos culpables violando la presunción de inocencia y criminalizar a  activistas políticos violando inescrupulosamente los derechos humanos.

En esta administración ha sido reiterado el uso de la fuerza y la arbitrariedad en el ejercicio del poder, pero eso sólo ha ocasionado mayor polaridad y una acumulación de enconos, que ha hecho de Chiapas una sociedad de conflictos, que se acostumbró a que hay que cerrar carreteras, tomar las casetas o secuestrar funcionarios, para que el gobierno establezca la mesa de negociación. Pero al mismo tiempo la inacción del gobierno y el desprecio hacia la movilización política generó que en el gobierno no se tomen mecanismos de prevención de conflictos y se deja que estos estallen y se polaricen para sentarse a atender las quejas y demandas.

En este sentido, lo que debiera ser un gobierno democrático, que empoderara a los ciudadanos, que fortaleciera la transparencia y que mejorara la eficacia, está convertido en la continuidad de lo mismo que ha dañado a Chiapas y con los pobres resultados obtenidos en el primer año de administración, se está traicionando a los chiapanecos, que confiaron y tenían expectativas en que éste iba a ser un gobierno diferente.

Hoy en medio de una crisis de salud, por la pandemia del coronavirus y otra económica, por el cierre de negocios, changarros y microempresas que se está viviendo, con miles de personas que se van a quedar en el desempleo, lo que significa un incremento de pobreza, se requiere de un gobierno que asuma compromisos, que abandone la simulación y que deje de montar show para la búsqueda de los aplausos, como el día de ayer que presumió la inauguración de una clínica de atención respiratoria, cuando realmente es una adecuación emergente dentro del poliforum, que varios médicos hospitalarios manifestaron su inconformidad por ser un espacio cerrado y en el que se ejerció un presupuesto importante en instalaciones emergentes  en lugar de invertir en infraestructura permanente.

 

Transcurren los días sin que el gobierno de Chiapas tome las decisiones para aminorar los costos de lo que se prevé que va a llegar, una terrible crisis económica, que va a dejar cientos de negocios cerrados, miles de desempleados, muchos hogares de luto, graves problemas alimentarios debido a que no se brindaron a tiempo los apoyos agrícolas y un sector empresarial molesto, reclamando al gobierno la falta de estímulos y de planeación.

Un problema serio de este gobierno es la del doble discurso. Por un lado, el gobierno insiste en señalar que los hospitales  están preparados para enfrentar la contingencia, cuando es de todos conocido que los hospitales en Chiapas están en ruinas desde hace 15 años; por otro lado, no se tiene conocimiento de las medidas preventivas tomadas por el gobierno para atender a la población migrante chiapaneca, que laboraba en la península de Yucatán, en el norte del país y en Estados Unidos, lo que pone en condición de riesgo a la población  local, debido a que el sector salud no está realizando las pruebas del coronavirus, salvo a los que presenten síntomas de gravedad, cuando ya se conoce que en algunos enfermos el virus es asintomático, pero puede generar contagios.

En las conferencias el secretario de salud da cifras alegres, menciona que solo hay 11 enfermos de coronavirus, cuando la cifra real es mucho mayor, pero estos datos se desconocen en virtud de que no se están realizando las pruebas de diagnóstico a todos los que lo solicitan, salvo a los que presentan síntomas extremos que requieren atención médica. Inclusive algunas de las personas que dieron positivo manifestaron que habían solicitado se les efectuara el estudio y las autoridades de salud no lo hicieron hasta que los síntomas se acentuaron.

En Chiapas no se tiene la preocupación sobre las condiciones de los trabajadores migrantes que están retornando a las localidades, la falta de medidas preventivas genera que no se tengan conocimiento del lugar de procedencia ni están siendo sometidos a estudios del coronavirus. Se ha corrido un falso rumor que está enfermedad es solo de los ricos, cuando en realidad las condiciones de mayor vulnerabilidad se encuentran en los pobres.

Los dos centros de mayor expulsión de mano de obra migrante en la entidad son la de las poblaciones indígenas y en la sierra Madre de Chiapas, paradójicamente en esas dos zonas es donde mayor déficit de atención médica existe y en donde el rezago hospitalario indica que no hay capacidad para brindar atención si la pandemia se desarrolla en estos lugares.

En las conferencias el secretario de salud da cuentas alegres como si estuviera vendiendo espejitos y no está atendiendo la potencialidad que hay de los contagios en las regiones de mayor pobreza en el Estado, ocasionado por el retorno de los migrantes. Hasta este momento no se ha reportado ningún resultado positivo en estas dos regiones, pero la falta de medidas preventivas en esa población puede provocar una rápida diseminación del virus y de contagios en gran parte del territorio.

 

 

 

 

En Chiapas se continúa con la práctica sistemática de violación de derechos humanos. El día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió dos medidas cautelares al gobierno del Estado, por actos de omisión y aquiescencia, una por la detención ilegal del dirigente indígena Cristóbal Sántiz Jiménez y la otra a favor de los estudiantes rechazados de la UNICH que estaban en huelga de hambre por violaciones al derecho de la educación. En ambos casos es notoria la violación cometida por funcionarios públicos que contaron con la complicidad del presidente de la comisión estatal de derechos humanos, Juan José Zepeda Bermúdez.

Lo paradójico de estas medidas cautelares es que se hicieron públicas el día en que el presidente de la cedh rendía su informe en presencia de los tres poderes de la entidad, pues dicho acto se efectuó contraviniendo las medidas de seguridad emitidas por el gobierno federal de suspender los actos públicos para evitar los posibles contagios del coronavirus.

Pero el día de ayer no pudo ser peor para el gobernador, pues horas antes del informe del presidente de la cedh, en la mañanera presidencial, el periodista Ernesto Ledezma, director del portal Rompeviento TV, desnudó la situación que prevalece en el municipio de Aldama con la actividad de los grupos paramilitares de Chenalhó, quienes actúan en la impunidad y ahora con la clara complicidad de las autoridades del Estado, que en lugar de atender la complicada problemática de la región, en donde existe una recomendación de la CNDH para desarmar a los grupos paramilitares y medidas cautelares de la CIDH por los desplazados que se provoca por la actividad paramilitar, en un absurdo inimaginable, la fiscalía del estado, acostumbrada a fabricar delitos a los inocentes , detuvo al señor Cristóbal Sántiz Jiménez, representante de los desplazados de Aldama, lo que ha provocado profunda indignación en las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos.

El comentario vertido en la intervención del periodista Ernesto Ledezma no pudo haber sido más lúcido certero y contundente, al señalar que ni el gobernador Rutilio Escandón ni el secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos están resolviendo ni un solo conflicto en Chiapas, más bien los están agudizando. Para luego finalizar su intervención aseverando que pareciera que es el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos el que manda en Chiapas.

Los tres golpes que recibió el día de ayer el gobernador -la balconeada en la mañanera y las dos medidas cautelares de la CNDH-, se deben a la ineficiencia e incapacidad manifiesta de Zepeda Bermúdez como el presidente de la cedh, quien no tiene el perfil de defensor de derechos humanos y que además tiene antecedentes de ser un consumado violador de derechos humanos.

Desafortunado  para el gobernador su asistencia en el informe de Zepeda Bermúdez el día de ayer, quien con su presencia respaldó el pésimo trabajo que realiza ese funcionario, quien ocasionó fuera exhibido ante el presidente López Obrador, de no desempeñar el cargo de gobernador, pues de facto el que toma las decisiones del gobierno es Ismael Brito Mazariegos.

 

Chiapas es una sociedad con un futuro incierto, desgastado, paralizado, en el que más de dos millones de niños, niñas y jóvenes de las ciudades y de las zonas rurales están condenados a vivir en la pobreza, sin posibilidades de mínimos cumplimientos a sus derechos sociales y económicos.

En los últimos 30 años Chiapas ha recibido los mayores recursos de la federación en política social y la brecha de pobreza y desigualdad social no solo no se redujo sino que continuó creciendo, a punto tal que 8 de cada 10 niños y jóvenes viven en la pobreza. La duda es cómo se invirtieron esos recursos que no tuvieron el impacto esperado, que era el de mejorar las condiciones de vida de la población en la entidad. Lo más fácil es señalar la culpa de la corrupción, pero el fondo del problema es por qué no se realizaron las investigaciones correspondientes y la sanción de los responsables de ese desvío y despilfarro.

En estos 30 años Chiapas amplió su cobertura educativa al 100%, pero lo hizo con escuelas de mala calidad, en donde el mayor número de ellas son escuelas multigrado atendidas por un solo maestro. En este sentido Chiapas vive la terrible realidad, en que las zonas de mayor pobreza es donde se imparte la educación de peor calidad educativa.

Estos simples datos debieran despertar la indignación y provocar la exigibilidad al gobierno de que se cumpla con la eficacia adecuada en el ejercicio del gasto público, y que cada peso que se invierta en la entidad sea útil, para que la corrupción no sea lo que prevalezca en la realización de las obras ni en la distribución de los apoyos sociales. Pero eso no se realiza, no hay una vigilancia ciudadana y en contrasentido, se ha desarrollado un sentimiento que respalda las políticas represivas de las autoridades.

En Chiapas el desorden social lo provocó y lo toleró el propio gobierno, en condiciones de gran generosidad presupuestal. Hoy día amplios sectores de la población reclaman el restablecimiento del orden y aplauden al gobierno sus actuaciones violentas en contra de la población que protesta, lo grave es que se considera que esta represión es necesaria para el bienestar social cuando este bienestar es el que está afectado y destruido para el  78 % de la población chiapaneca que vive en la pobreza.

En efecto hay que reclamar un orden, pero no represivo, el orden debe ser en el gasto público, en el saneamiento de las finanzas, en la inversión pública. El orden que se le debe exigir al gobierno debe ser el de la legalidad, que los funcionarios no tomen decisiones en la ilicitud y que los daños ocasionados a las finanzas públicas no queden en la impunidad.

Las acciones represivas son promovidas, validadas y avaladas por el propio gobierno y filtradas a la sociedad a través de medios y voceros con el fin de construir consensos y reproducir estigmas a sujetos o acciones políticas que deben de ser castigadas. En Chiapas esté ejercicio ha sido exitoso a punto tal que la violencia del  estado en contra de la protesta se considera necesaria y se le aplaude y se deja de lado que Chiapas es una sociedad sin futuro.

 

Por diversas razones, pero fundamentalmente por la falta de oficio político, Chiapas ha venido arrastrando de años atrás, problemas de gobernabilidad, sin embargo, pese a las complicaciones sociales, la gobernabilidad se mantenía en condiciones manejables, situación que cambió con el nuevo gobierno, en el que los problemas de gobernabilidad se acentuaron, al mismo tiempo que incrementaron  los problemas de inseguridad.

Al inicio del nuevo gobierno la inseguridad empezó a crecer y ahora es un lugar común las noticias de secuestros, homicidios con violencia, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales de activistas, asaltos bancarios, asaltos a restaurantes y robos con violencia. La gravedad de la inseguridad que se vive en gran parte de la entidad está acompañada por la simulación política y a las acciones mediáticas promovidas desde las oficinas de gobierno, que buscan ocultar e incluso negar la situación que se vive en las calles y en el patrimonio de las familias.

La administración que encabeza Rutilio Escandón realiza todos los días reuniones matutinas de seguridad y celebra la disminución estadística de las denuncias de delitos graves, que sitúa a Chiapas como uno de los lugares más seguros en el país. Esta información es engañosa en virtud de que las fiscalías tienen la instrucción de que no se levanten denuncias sino actas administrativas, mismas que no se contabilizan en los informes estadísticos que se reportan al sistema nacional de seguridad pública.

La situación social que se vive en Chiapas es de gran complejidad pues existe  estancamiento y regresión en las actividades económicas locales, que se agudiza por la pobre inversión pública en la entidad; los problemas de gobernabilidad están acompañados de actos de violencia en varios municipios: Escuintla, Aldama, Chenalhó, Tila, San Juan Chamula, Bochil, Ixtapa, El Bosque y Zinacantán, que se manifiestan en reclamos a las presidencias municipales y en donde se agravan por la ausencia de operación política; pese a la mesa de negociación federal continúa latente el conflicto magisterial en la entidad quienes construyen acuerdos con otras organizaciones para estallar el paro de labores y la movilización política; los problemas de inseguridad afectan directamente a la población que no se le puede seguir engañando con informaciones estadísticas manipuladas; en la franja fronteriza los problemas generados por la migración continental y transcontinental está provocando una sensación de abandono gubernamental y resentimiento social.

Bajo estas circunstancias, se percibe cada vez con mayor fuerza, que la administración de Rutilio Escandón no se encuentra al nivel de las circunstancias que Chiapas requiere y que de continuar con esta inercia las actividades económicas van a sufrir una parálisis mayor y seguramente se va a presentar una delicada regresión económica, que incremente la pobreza y la marginación social.

La administración de Rutilio Escandón requiere urgentemente de oxigeno y de una cirugía mayor que impacte en la definición de un nuevo rumbo para la entidad. Sin embargo se están viviendo realidades diferentes; el gobernador tiene otra mirada y está situado en otro punto de la realidad chiapaneca, en el que está convencido que viene realizando un buen gobierno y que sus funcionarios son honestos y eficientes. Esta visión ajena a lo que está pasando en Chiapas complica considerablemente las posibilidades de cumplir con las expectativas que la gente se hizo con el cambio de gobierno y se corre el riesgo de que se repita la historia delos gobiernos anteriores: que ante las dificultades sociales se sustraiga a la responsabilidad de gobernar.

 

 

 

De manera sistemática la administración de Rutilio Escandón ha venido utilizando a los cuerpos policiales para desalojar y enfrentar a los grupos de pobladores que protestan. En el discurso ficción de los funcionarios estas medidas sirven para imponer el Estado de derecho, cuando en realidad lo que se hace es utilizar la violencia institucional en contra de la protesta social, situación que sólo provoca mayor violencia.

En las acciones de protesta la población termina siendo afectada por el cierre de carreteras, la toma de casetas, el cierre de calles, toma de edificios e incluso retención de funcionarios. Todas estas acciones han generado un hartazgo en las personas, que se traduce en una exigencia a la aplicación del Estado de derecho y que algunos grupos, sobre todo empresariales, aplaudan las medidas emprendidas por el gobierno por el uso de la fuerza para disuadir la protesta social.

Con ello se cierra la posibilidad del diálogo y la búsqueda de acuerdos a través de la vía política, que representa un instrumento indispensable para la construcción de la gobernabilidad democrática, y lo más grave aún, se encubre la ineficacia y las irresponsabilidades de un conjunto de autoridades, que se desentienden de los problemas y exigencias de la población, tal y como viene sucediendo en Chiapas.

¿Por qué hay tantas protestas sociales en Chiapas y por qué muchas de estas protestas vienen acompañadas de la violencia? En realidad no hay una única respuesta para estas interrogantes, en virtud de que en la entidad son muchas décadas de incumplimiento en la satisfacción de derechos sociales, económicos y políticos. Durante muchos años el gobierno instituyó una cultura de la dádiva en lugar de mejorar las condiciones sociales de la población, a quienes se les confinó a vivir de las ayudas sociales. Son miles de millones de pesos destinados en las últimas décadas para programas sociales, aparentemente invertidos en Chiapas, que fueron derrochados mientras la pobreza y la desigualdad social en la población crecía.

En las comunidades chiapanecas existen cientos de miles de jóvenes a quienes se les ha robado el futuro, que no tienen formas de emplearse ni posibilidades de dotación de tierras  en sus comunidades, que han crecido con un resentimiento social y a quienes se les impuso como opción el camino de la migración.

En Chiapas en los últimos gobiernos existió un despilfarro presupuestal sin que haya habido responsables y sin que se haya sancionado a algún funcionario. Y ahora, están tomando decisiones un conjunto de funcionarios que no han demostrado que tengan competencias ni conocimiento y mucho menos sensibilidad y que en el primer año de la administración de Rutilio Escandón ejercieron un presupuesto superior a los 91 mil millones de pesos, sin que se sepa en dónde y en qué se invirtieron esos recursos, cuando el principal problema de la entidad es la falta de circulante que tiene semiparalizada todas las actividades productivas de la entidad.

La caquistocracia es considerada como el gobierno de los peores y esos son los que están pretendiendo gobernar en Chiapas. Por eso no se puede dejar de señalar que la peor corrupción de la administración de Rutilio Escandón es la de haber nombrado a funcionarios sin competencias políticas ni académicas, que no han sido capaces de implementar proyectos de gobierno y que no han mostrado idea ni rumbo de gobierno.

 

 

 

 

Lo peor que le puede pasar a la seguridad de las personas es que los cuerpos policíacos, que tienen como función principal proteger a la población y sus bienes y propiedades, se conviertan en grupos delincuenciales. Lamentablemente eso sucede en Chiapas y nadie se encuentra a salvo de la arbitrariedad policíaca, que suele fabricar delitos, intimidar a la población y abusar del poder.

Son muchos los sucesos delincuenciales en donde intervienen los cuerpos policiales, que van de la extorsión a los asaltos callejeros y hasta en la participación de secuestros y protección a la delincuencia organizada. Las policías en Chiapas son partícipes en muchos de los delitos y atropellos que sufre la población, como lo sucedido el sábado en la noche al periodista Bernardino Toscano Chang, en que una patrulla de la policía municipal lo levantó sin razón alguna, para luego pretender acusarlo de ebrio escandaloso y de alterar el orden en la vía pública.

Lo delicado de esta arbitraria detención, es que el recorrido que realizara la patrulla para llevarlo a la estación de policía conocido como La Popular, los elementos efectuaron una llamada, en el que manifestaron que se comunicaban con el secretario de seguridad municipal Alexis Zuart, en el que le preguntaron como decía llamarse, para informárselo a la persona con quien se comunicaban y al mencionar el nombre del periodista los policías recibieron la instrucción de detenerlo, situación que fue acompañada con ofensas y amenazas.

Este hecho no es un suceso aislado, es una práctica sistemática que está relacionada a la extorsión que realizan los policías, para cumplir las instrucciones de los mandos policíacos, que tienen establecidas cuotas diarias que deben de cumplirse; situación en donde la ciudadanía es pagana, porque sobre ellos recaen los actos arbitrarios que se cometen para obtener las cuotas que exigen los mandos policíacos.

Alexis Zuart, secretario de la policía municipal, es un gris personaje, sin mérito alguno para desempeñar esa responsabilidad en un gobierno de la ciudad de Tuxtla, que desafortunadamente tampoco ha sabido responder a las expectativas de la población. La relación entre el presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, con su patético secretario de seguridad, se puede simplificar con la expresión popular, que siempre hay un roto para un descocido, en el que resulta complicado demostrar quien de los dos es el más tonto, arrogante e incompetente.

El más grande reclamo de la población de Tuxtla al alicaído presidente municipal es la falta de seguridad pública. Pese a la ausencia de resultados, Calos Morales mantiene a su inútil y bisoño secretario, a sabiendas que esa decisión es un agravio a la población que exige resultados, en el que no solo tiene que cuidarse de los delincuentes sino de las arbitrariedades y el abuso de poder de los propios policías.

En Tuxtla la sombra de la delincuencia recorre todas las calles, que sufre además del abandono de una administración municipal que no sabe cómo se debe gobernar y de un presidente municipal que es un fantasma de sí mismo.

 

La falta de transparencia en el proceso de selección al ingreso a la carrera de medicina en la Universidad Intercultural, está más que demostrado. Es inconcebible que se hayan tomado criterios para que se inscriban a estudiantes que obtuvieron el lugar en el 200 y que se le haya negado el ingreso a estudiantes con un rango de calificación que le permite estar entre los 100 mejores de puntaje.

Esta falta de transparencia produjo que un estudiante indígena se pusiera en huelga de hambre y después de un proceso de negociación entre autoridades estatales y el representante del estudiante en huelga se acordara el ingreso y la inscripción del estudiante en la carrera de medicina en la UNICH.

Este acuerdo ocasionó la molestia del Rector de la institución, quien le dio una entrevista a un periodista de San Cristóbal, en la que demostró su falta de sensibilidad ante un problema que él mismo provocó, por la falta de transparencia en el proceso de selección, y que el problema se acrecentara en virtud en que un grupo de estudiantes en condición similar, decidieran iniciar un proceso de lucha para denunciar los vicios del proceso y hacer valer sus derechos en el orden de prelación de los estudiante que fueron aceptados en medicina en la universidad.

Este grupo de estudiante lleva más de 15 días en huelga de hambre, sin que las autoridades universitarias resuelvan el problema y sin que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita la recomendación correspondiente por la falta de transparencia en el proceso de selección, que viola el derecho a la educación a estudiantes que cumplen con los requisitos de ingreso establecidos por la UNICH y por la opacidad y corrupción se les niega el derechos a inscribirse.

La dilación de las autoridades y de la presidencia de la CEDH, que propicia un trato inhumano a estudiantes, que ponen en riesgo su vida al ponerse en huelga de hambre, ocasionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerciera su atribución de atracción de este caso de violación al derecho a la educación superior, lo que abre una ventana de luz a los estudiantes, para que se investiguen las causas de violación de derechos humanos, se sancionen a las autoridades responsables y se restituya el derecho violado a los jóvenes estudiantes.

A su vez, el día de ayer, de forma paralela a la atracción del caso por la CNDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita un informe sobre la situación que guardan los estudiantes en huelga de hambre, así como de las acciones emprendidas por la CEDH, situación que posibilita la intervención de un organismo internacional de defensa de los derechos humanos, en un caso local, en donde existe un pésimo manejo desde las oficinas de gobierno, y que en lugar de busca la solución tanto la rectoría como por la CEDH, se terminó acrecentando los problemas, a punto  tal, en que ya existe una intervención por la CNDH como por la CIDH.

En los funcionarios del gobierno de Chiapas hace falta oficio político e interés por resolver los problemas. La inacción política viene provocando que los problemas se agudicen, como sucedió con los rechazados de medicina de la UNICH y como también sucede en el caso de la población indígena desplazada.

 

Chiapas presenta hoy día un rostro de lo que no se quiere vivir, no más violencia e inseguridad ciudadana. La situación social obliga a una convocatoria hacia una reflexión colectiva para definir los nuevos rumbos de Chiapas con el fin de mejorar la convivencia y las condiciones de vida de la población, pero esta convocatoria no significa un manida unidad chiapaneca, pues se debe respetar la pluralidad política y rechazar todo tipo de manifestación de sumisión y/o de entreguismo como recurrentemente lo han hecho un grupo de personas en los distintos gobiernos de la entidad.

Chiapas viene de 12 años de gobiernos desafortunados y de desaciertos en el ejercicio del poder y se corre el riesgo en que ese período se prolongue a 18 años, si no se cambia el rumbo del quehacer político en Chiapas, debido a que la violencia y la inseguridad están convertidos en notas recurrentes en los medios y Redes Sociales.

Desafortunada y lamentablemente estos sucesos de violencia están presentes con mucha recurrencia en varias localidades de la entidad, situación que las autoridades se resisten en confirmar e inclusive se encubren o maquillan en las reuniones de la mesa de seguridad, a punto tal en que el gobernador del Estado ha mencionado que en seguridad vamos bien pero se puede estar mejor.

Este señalamiento del gobernador, que comparten algunos empresarios que se manifestaron a favor de las acciones del gobierno, contrasta radicalmente con la percepción de muchos sectores de la población que consideran que hay un incremento de la inseguridad y con ello, un incremento de crímenes con violencia, en donde los feminicidos han cargado de indignación y malestar, tal y como se pudo constatar en las manifestaciones recientes de mujeres, en torono del día internacional de la mujer.

En este malestar de la población no se puede pasar por alto, que en Chiapas se sufre de una creciente falta de generación de empleos y que además no existe un programa de estímulos para el crecimiento económico. A la vez, no existe un programa de salud, que se reclama en este período en el que hay una amenaza de contagio viral de coronavirus, ni tampoco existe un programa de mejora de la educación ni de fomento a las actividades agropecuarias; lo que significa que Chiapas padece problemas estructurales de pobreza y de violencia, que no pueden resolverse por sí solos ni aún con las acciones de política social que promueve el gobierno federal, que están focalizadas a algunas regiones, por lo que difícilmente pueden llegar a mejorar las condiciones de vida en la entidad.

En este gobierno hay un descuido en el manejo de la inversión pública, que no está generando el impacto social que se necesita y ni siquiera esta detonando el circulante de capital, en el que se benefician a empresas chiapanecas. Esta situación de falta de inversión puede ser mayor en este período de crisis, en el que se pronostica una disminución del producto interno bruto en el país, en la que ya se prevé una tasa de crecimiento negativo para este año, en donde economías primarias como la Chiapas van a sufrir mayor deterioro. Por es razón urge un programa emergente de recuperación económica y un nuevo pacto político en donde se privilegie a Chiapas y no los intereses electorales que prevalecen en los funcionarios de esta administración.

 

 

En Chiapas, desde el momento en que fueron interrumpidos los diálogos para la paz entre el Estado Mexicano y el EZLN, no ha existido un nuevo intento por construir un plan de paz para la entidad, a pesar de que todas las organizaciones sociales en las regiones Selva, Norte y Altos se encuentran fuertemente armadas, lo que genera constantes brotes de violencia en gran parte de ese territorio.

Gran parte de la violencia armada fue creada por el Estado quien, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, financió la formación de grupos paramilitares con el fin de confrontarlos con los grupos afines al zapatismo, y crear así un ambiente y un discurso que señalara que los conflictos en Chiapas se debía a la existencia de enfrentamientos intercomunitarios. De esa manera se buscó eximir al Ejército de toda responsabilidad del clima de violencia que se generalizó en la entidad.

En el actual gobierno se han presentado distintas agresiones armadas por grupos paramilitares con su dosis de muertos y heridos sin que hayan responsables. Las agresiones han sido fundamentalmente en los municipios de Aldama, en Chenalhó, en Amatán, en Yajalón, en El Bosque,  en Simojovel, en Chilón, en Chamula y en Carranza.

Paradójicamente el gobierno de Rutilio ha recibido dos recomendaciones por parte de la CNDH, originada por la desatención a los desplazamientos forzados provocados por los grupos paramilitares de Chenalhó, que viene afectando a más de 5 mil personas, la mayoría niñas, niños y mujeres, de los municipios de Aldama, Chachihuitán y Chenalhó. En ambas recomendaciones se le otorga un plazo al gobierno de Chiapas para establecer un plan de pacificación en la región y a garantizar el desarme de los grupos paramilitares, plazo que se le venció y no realizó absolutamente nada.

Todos estos enfrentamientos de grupos paramilitares eran previsibles y el gobierno estaba obligado a tomar las medidas adecuadas para limitar y eliminar la presencia paramilitar y así evitar el desbordamiento de estos conflictos.

En estos quince meses de la nueva administración queda claro que los funcionarios no conocían las problemáticas del Estado ni tiene identificados los puntos de conflicto que hay en la entidad, que son más de 400, con distintos niveles de tensión y conflictividad. Pero también queda claro que no se ha logrado constituir un gobierno y que no se tiene una agenda para Chiapas, que le permita prever y adelantarse a los problemas.

El riesgo que tiene este gobierno es que ante la falta de atención a los problemas de la entidad y la inacción que hay en los funcionarios, la violencia se generalice y con ello se multipliquen los problemas de gobernabilidad. Sobre todo porque existe un malestar creciente en amplios grupos de población, que no están siendo atendidos y más porque existe una pobre inversión pública en todo el territorio, lo que significa que no hay un trabajo de contención de las demandas a través de un programa de obras, que permita a la administración construir espacios convenientes de legitimidad.

 

 

La delincuencia organizada que se volvió transnacional, por el monto de sus ingresos, es la segunda economía más importante del mundo, sólo por detrás de la industria armamentista. ¿Pero qué negocios son los que controla la delincuencia organizada para tener los altos ingresos que obtiene?

Los negocios son de muchos tipos: contrabandos diversos como el narcotráfico y las armas; el tráfico consentido y la trata engañosa de adultos y de niños; el tráfico de órganos y el tráfico de una cantidad inmensa de bienes de consumo legal que ingresan desde el exterior, incluyendo bebidas alcohólicas, drogas lícitas y partes de aparatos electrónicos, entre muchos otros productos que pasan a venderse en el comercio legal. También se ejerce el contrabando hacia el exterior de minerales estratégicos, piedras preciosas, maderas y hasta animales exóticos. La explotación de la prostitución y la trata suma mucho dinero, donde se somete especialmente, pero no exclusivamente, a las mujeres al trabajo sexual esclavo y semiesclavo.

Otras fuentes de ese gran lago de capital sumergido, subterráneo, no declarado, son las casas de juego, los casinos, públicos o clandestinos, en los que es muy difícil medir los dineros que por allí circulan. También el pago de varias formas de protección mafiosa, como, por otra parte, de servicios de seguridad privada, cuyas contabilidades son siempre ambiguas pues es común contratar, para estos servicios a policías en sus horarios fuera de servicio.

Desde  la Conferencia de la ONU sobre Crimen Global Organizado de 1994 se estimó, que solo el narcotráfico ya rendía cifras anuales mayores que las transacciones globales de petróleo. Eso da una idea de la importancia de esa segunda economía, de la que se puede suponer que en los últimos años duplica especularmente sus ingresos.

Pero la delincuencia organizada también posee ingresos por negocios lícitos, que se constituyen a partir del lavado de dinero, que bien pueden estar en las compañías inmobiliarias, hoteles, restaurantes, etc.

El espectacular crecimiento de la delincuencia organizada solo puede entenderse por la protección que tiene por agentes del propio Estado –fuerzas policiales y militares, instituciones de seguridad y carcelaria, del sistema judicial con jueces y magistrados, políticos de todos los niveles y en todos los cargos-, de allí las redes de macrocriminalidad que se han construido, que le dan fortaleza y que a la vez lo inmuniza; a punto tal que se le ha llegado a considerar como un mal necesario.

Una estrategia de combate a la delincuencia organizada es la huella del dinero y por eso en los países latinoamericanos se crearon normas en contra del lavado de dinero. Pero así como la economía se globalizó, también se globalizaron las redes de la criminalidad y se crearon paraísos fiscales en varias partes del mundo en donde se lava el dinero.

Esto muestra la desigualdad en la lucha en contra de la delincuencia organizada que se lleva en los países latinoamericanos en relación a los Estados Unidos, principal consumidor de la droga y lugar donde se dan facilidades para el lavado de dinero, sobre todo porque allí no hay un rigor a la ley para investigar y procesar a los responsables de este delito. Inclusive en el 2013 el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, señaló que los actos de corrupción y fraude cometidos por los ejecutivos de los bancos norteamericanos no pueden ser judicializados debido al tamaño de esas instituciones y su  incidencia en las economías nacional y mundial.

Esto muestra los niveles de intocabilidad que suelen tener las redes de macrocriminalidad, que paradójicamente se convierten en estructurantes de la política y la economía en los Estados-nación.

Frente a esto es entendible el fracaso de las políticas anticrimen en México y en el resto de América Latina.

 

 

 

 

 

La inseguridad se convirtió en un problema serio en la entidad, pero el gobierno mantiene una postura de que Chiapas es un Estado seguro en el que considera que con negar el problema y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos bancarios, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control, como sucedió el fin de semana en que el presidente municipal de Mezcalapa fue asaltado en Tuxtla Gutiérrez, después de retirar una fuerte cantidad de dinero en una institución bancaria.

La campaña publicitaria de un Chiapas seguro que promueve el gobierno es insustancial. De nada sirve que se oculte o se niegue una situación cuando de manera reiterada acontecimientos de violencia o de inseguridad en Chiapas son noticia nacional, que reduce las posibilidades de un turismo seguro en la entidad. De allí la falacia del Chiapas imaginario que se percibe en los funcionarios y la mesa de seguridad, que cada vez se encuentra más desacreditada.

Frente a ese Chiapas imaginario se levanta una realidad que padece una desigualdad social, que vive en la pobreza que tiende a incrementarse; una población preocupada  por la falta de circulante y de una ausencia de inversión pública, que está temerosa de los despidos injustificados que realiza la administración, que acumula agravios y cuyo malestar es creciente.

La fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad improvisan acciones que son violatorios a los derechos humanos. En este sentido los retenes policíacos, inconstitucionales en todos los sentidos, se han convertido en mecanismos de extorsión y de intimidación a la ciudadanía, que no resuelven los problemas de inseguridad ni de tráfico de armas, ni de drogas ni de personas. Junto a esto la fiscalía general continúa con sus prácticas de tortura y la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes.

Con estas medidas, la administración de Rutilio Escandón muestra las dificultades que tiene para brindar seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, en donde su apuesta es criminalizar la protesta social e infundir temor en la población, como lo ha hecho con los estudiantes normalistas y la población indígena desplazada..

Ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad hay talento para garantizar la tranquilidad ciudadana. En esas dependencias lo que hay son acuerdos con la delincuencia organizada y en las delegaciones de ambas dependencias se tienen establecidas cuotas a los mandos para encubrir un conjunto de ilícitos que a diario se suceden, sobre todo en los municipios fronterizos, que va del tráfico de azúcar, de ganado, de personas y las rutas de paso de drogas que están claramente establecidas por los principales cárteles del país.

Un reto del gobierno de Rutilio Escandón era el de garantizar seguridad con respeto a los derechos humanos, algo en lo que hasta ahora no ha podido responder a la ciudadanía, en donde la falla inició desde el nombramiento de los funcionarios responsables de la seguridad y la justicia, que han mostrado total ineficacia para restablecer la paz y la tranquilidad de la población chiapaneca, lo que convierte a esta administración en una amenaza para los derechos humanos.

 

 

 

En Chiapas la cultura política se construye a través de la conspiración y de la invención de interinatos. Así fue desde mediados del siglo XIX, en que los grupos coletos conspiraban para derrocar a los gobiernos liberales y así continuó en el siglo XX, en que los mismos grupos coletos de San Cristóbal conspiraban para buscar que la capital de Chiapas retornara a su ciudad, después de que Emilio Rabasa estableciera la capital del Estado en Tuxtla Gutiérrez.

La cultura de la conspiración continuó con los gobiernos posrevolucionarios, en donde los agraristas conspiraban en contra del gobierno de los “Mapaches” y luego los mapaches conspiraron en contra de los agraristas. En el Chiapas moderno los sabinistas conspiraban en contra de don Salomón González Blanco y después de la rebelión zapatista, del 1 de enero de 1994, grupos cercanos a la pastoral de la Iglesia conspiraron en contra de Eduardo Robledo.

Dentro de esa cultura política de la conspiración, surgió la bandera del interinato. Entre 1976 y 1982, Chiapas tuvo tres gobernadores. En 1982 es designado gobernador el Gral. Absalón Castellanos y en distintos momentos de su período de gobierno se especulaba que caía y vendría un interinato. Con Patrocino González, que se caracterizó por una concentración autoritaria del poder, su gobierno terminó con dos interinatos. Eduardo Robledo Rincón sólo duró 60 días en el poder y le sucedieron dos gobiernos interinos. Pablo Salazar duró los seis años del gobierno, pero también se especuló con un gobierno interino, y cuando Santiago Creel se perfilaba como el candidato de Fox a la presidencia, en la prensa nacional se manejó el nombre de Pablo Salazar como secretario de gobernación.

El gobierno de Juan Sabines Guerrero no fue la excepción, también fue insistente el rumor del interinato. En sus delirios y ambiciones este personaje se promovía como posible secretario de desarrollo social, y ya en plena locura, el gobernador Sabines llegó a pensar que podía ser candidato del PRD a la presidencia de la república. Con Manuel Velasco siempre se habló de la posibilidad del interinato, pues sus intereses siempre estuvieron en la Ciudad de México, y en las condiciones absurdas del poder en Chiapas, después de tener un gobernador encargado por una semana, Manuel Velasco regresó como gobernador interino de sí mismo.

La cultura política de la conspiración y del interinato está presente en el análisis especulativos  sobre el actual gobierno, que con 15 meses de gestión, ya hay voces que se pronuncian por un interinato, aun y cuando la Constitución de la entidad señala nuevas elecciones.

Rutilio Escandón tuvo descuidos y desaciertos en el inicio de su gobierno, lo que finalmente lo tienen en una crisis de gobernabilidad, que despierta prácticas oficiosas y de especulación. En los descuidos están la ausencia de proyectos de gobierno y la falta de estrategia para hacer frente a la crisis económica que se veía venir, en el que no se pensó en un programa emergente de recuperación económica, de creación del empleo y de financiamiento a las actividades agropecuarias; entre su desacierto se encuentra el nombramiento de un gabinete sin experiencia, sin conocimiento, sin liderazgo y con los vicios del viejo régimen, que no permite definir el rumbo del gobierno.

Sin duda, la cultura de la conspiración es nociva y evidencia la falta de visión de proyecto, de quienes insisten crear especulaciones; pero los interinatos han sido de lo más dañino para el Estado, pues daña la legitimidad, y debilita la vida institucional, pero además, porque han terminado constituyendo y una legión de nuevos ricos que sangran el presupuesto de Chiapas.

 

 

 

Es una realidad que la operación política en Chiapas no está funcionando y no funciona, porque prevalece una visión clientelar por parte de los funcionarios y no una visión de Estado, de preocupación real por mejorar las condiciones de gobernabilidad y atender las demandas de la población, sin que esto conlleve a un beneficio electoral o a construir redes de complicidad para la obtención del voto. Ismael Brito no está trabajando para ser secretario de gobierno sino para obtener beneficios electorales en el futuro. Además se rodeó de personajes de la peor ralea, como el exsubsecretario que se encuentra actualmente detenido, que en un gobierno verdaderamente democrático jamás hubieran sido incorporados.

El incumplimiento con los propósitos de un gobierno democrático, que empoderara a los ciudadanos, que fortaleciera la transparencia y que mejorara la eficacia,  convirtió a esta administración en una continuidad de lo mismo que ha dañado a Chiapas y con su actuación como gobierno se está traicionando a los chiapanecos, que confiaron y votaron debido a que iban a ser un gobierno diferente.

En la entidad ha sido reiterado el uso de la fuerza y la arbitrariedad en el ejercicio del poder, pero eso sólo ha ocasionado mayor polaridad y una acumulación de enconos, que ha hecho de Chiapas una sociedad de conflictos, que se acostumbró a que hay que cerrar carreteras, tomar las casetas o secuestrar funcionarios, para que el gobierno establezca la mesa de negociación. Pero al mismo tiempo la inacción del gobierno y el desprecio hacia la movilización política generó que en el gobierno no se tomen mecanismos de prevención de conflictos.

En estas prácticas de represión la presente administración resultó igual o peor a los gobiernos que lo antecedieron. Las estadísticas son desalentadoras: tres defensores de derechos humanos han sido asesinados (Sínar Corzo, Noé Jiménez y José Luis Álvarez); ha sido permisivo en los homicidios en la Región de Los Altos debido a los conflictos entre Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán; es omiso en la atención a los problemas de desplazados a pesar que la CNDH emitió 2 recomendaciones para que se de el desarme de los grupos paramilitares y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos medidas cautelares para evitar riesgos que pongan en peligro la vida de los desplazados y de los defensores; y en este gobierno se han incrementado los homicidios dolosos, los feminicidios, los asaltos bancarios el secuestro y la violencia generalizada.

El peor síntoma que manifiesta la actual administración es la de gobernar con la mano de la fiscalía, lo que significa la incapacidad del diálogo y la construcción de acuerdos, en donde se privilegia la represión y la violación a derechos humanos. Lo grave es que la fiscalía se caracteriza por las prácticas de tortura, la invención de delitos y la fabricación de pruebas.

Los derechos humanos viven un continuo acecho en Chiapas. Sobre todo, porque nadie está a salvo de la invención de delitos y la fabricación de pruebas que realiza la fiscalía, situación que confirma que la cuarta transformación le está quedando a deber mucho a la población chiapaneca.

 

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