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Wed, Apr
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Los problemas que enfrenta la administración de Rutilio Escandón –crisis financiera, ingobernabilidad, inseguridad, problemas por la migración y los incendios en gran parte del territorio chiapaneco-, son de una magnitud considerable, a las que no se les viene proporcionando la atención debida. Junto a estos problemas la administración de Escandón Cadenas empieza a tener problemas de legitimidad, debido sobre todo que la luna de miel de un importante sector de la población chiapaneca con el gobernador está sufriendo resquebrajamiento, a menos de 120 días de iniciada este gobierno.

En Chiapas en los últimos años hubo un relajamiento de la autoridad, que terminó creando un Estado débil, con poca presencia, en el que el orden social no fue una prioridad. Esta percepción aparece en la gestión de Rutilio Escandón, aún y cuando se vivió un proceso de empoderamiento con el desalojo de los predios en posesión de la MOCRI EZ.

Todos esos problemas eran claramente previsibles incluso antes de las elecciones y Rutilio Escandón estaba obligado a tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar el desbordamiento de estos conflictos. Sobre todo porque del 1º de julio que ganó las elecciones, al 8 de diciembre que tomó posesión como gobernador, tuvo cinco meses para definir estrategias y acciones de una agenda para Chiapas y de un plan de gobierno, que garantizara desde el primer minuto del gobierno tomar decisiones para evitar los problemas que se están viviendo.

En el tiempo transcurrido de la nueva administración ha quedado claro, que el gobernador Rutilio Escandón no conocía la magnitud de los problemas del Estado ni tiene identificados los puntos de conflicto que hay en la entidad, que son más de 600, cada uno de ellos con distintos niveles de conflictividad. Frente a esta situación, la violencia y la inseguridad se están apropiando de las calles y mucho de estos problemas de inseguridad y violencia están siendo generados por la ausencia de políticas de intervención, apoyo y atención gubernamental a migrantes, quienes son criminalizados cada vez con mayor fuerza.

En su largo peregrinar, los migrantes internacionales sufren agresiones policíacas, abusos de los grupos delincuenciales, violencia y engaños en los casos de trata, amenazas a la integridad física, explotación, discriminación, intolerancia, xenofobia, en algunas circunstancias pérdida de vida o son criminalizados y en los casos de las mujeres suelen sufrir de violaciones sexuales.

Todas estas circunstancias son retos y desafíos que los migrantes tienen que enfrentar, pues finalmente ellos abandonan condiciones de pobreza o de persecución en su lugar de origen y deciden emigrar en busca de un sueño que les permita superar las condiciones de pobreza y violencia generalizada, y eso es lo que los impulsa a superar cualquier obstáculo, que se interponga en el camino para alcanzar el sueño de un futuro promisorio.

 

Los municipios fronterizos de Chiapas están sufriendo las consecuencias de la indefinición de políticas del Estado mexicano en el  trato a los migrantes. Desde el mes de octubre, con la primer caravana de migrantes hondureños, México tuvo pleno conocimiento del fenómeno migratorio y no previó las medidas de atención y apoyo humanitario que se requiere, y con ello ha venido incumpliendo con los compromisos internacionales firmados a través del Pacto Global de Migraciones, que establece como criterio central una migración segura, ordenada y regular.

El Estado mexicano no posee datos exactos y desglosados de las caravanas de migrantes que permita definir políticas, aún y cuando las embajadas mexicanas en los países centroamericanos han estado proporcionando a la cancillería información al respecto, situación que ha vuelto inoperante la entrega de permisos de internación.

Esta ausencia de políticas de atención al migrante está acompañada por el silencio del gobernador del Estado a esta problemática, que no ha elevado la voz para exigir al Estado mexicano el cumplimiento de los compromisos internacionales. Este silencio de Rutilio Escandón sobre las consecuencias migratorias en la población de los municipios fronterizos ha generado un sentimiento de indefensión y con ello se ha multiplicado el malestar de los diferentes sectores de la sociedad fronteriza, que ante los problemas de inseguridad y de invasión de los espacios públicos municipales, ha estimulado los sentimientos xenofóbicos y de criminalización de los migrantes y en algunos espacios de las redes sociales se pueden leer comentarios que llaman a la violencia y agresión en contra de los migrantes.

El silencio de Rutilio Escandón a esta problemática produjo el comunicado de la COPARMEX Costa de Chiapas, que tiene rasgos de discriminación y criminalización a los migrantes y en lugar de exigir la atención del Estado y el cumplimiento de la responsabilidad internacional del Estado, termina rechazando la migración. Estas declaraciones del sector empresarial, que se circunscribe a problemas reales de inseguridad y violencia en la región, deja de lado los beneficios económicos que genera la migración y pierde de vista que el cumplimiento de la responsabilidad del Estado implica recursos e inversión en la localidad, con lo que fomenta el mismo discurso que tanto daño ha hecho a los connacionales en la frontera norteamericana, que alimenta la formación de organizaciones racistas tipo kukluxklán, que persigue, violenta y pone riesgo la vida de los migrantes.   

La ausencia del involucramiento del gobierno chiapaneco, termina fortaleciendo los discursos xenofóbicos en la población de la franja fronteriza y eso puede llegar a producir enfrentamientos hacia grupos que por su condición de vulnerabilidad ya perdieron todo, lo que los vuelve peligrosos, como ya se vio cuando enfrentan a la policía y a los agentes de la  migración.

En esta ausencia de políticas del Estado mexicano se descuidaron los matices que existen en la migración: Hay grupos de migrantes legales, como pueden ser los cubanos, indebidamente varados en Tapachula, que requieren de la autorización migratoria  y que la ineficiencia y corrupción en el Instituto Nacional de Migración ha generado que muchos de ellos se queden hasta más de 90 días esperando un trámite que debiera de durar horas; Hay migrantes que tienen la categoría de refugiados, que nuevamente la ineficiencia y la corrupción que hay en México pone en riesgo a este sector de población, que huyen del conflicto y la violencia generalizada en su país de origen, en el que muchos de ellos requieren del asilo político; y por último están los migrantes ilegales, que se internan a un país sin cubrir los requisitos legales.

La COPARMEX y algunos otros personajes exigen la cancelación  del Pacto Global de las Migraciones recientemente firmado por México. Esa petición no tiene sustento en virtud de que este instrumento lo que busca en una migración segura, ordenada y regulada, es decir, no fomenta la migración irregular que se torna caótica y peligrosa tal y como se está viviendo en los municipios fronterizos de Chiapas.

Tapachula y toda la zona cafetalera del Soconusco, desde finales del siglo XIX ha necesitado de la mano de obra de los migrantes, por eso resulta contradictorio los comunicados como el de la COPARMEX, que debe de entenderse como un grito desesperado de la ausencia del Estado en Chiapas, que abandonó a la población ante un problema de migración, en el que existe claramente un problema de la responsabilidad internacional del Estado mexicano.

 

 

Los municipios fronterizos de Chiapas están sufriendo las consecuencias de la indefinición de políticas del Estado mexicano en el  trato a los migrantes. Desde el mes de octubre, con la primer caravana de migrantes hondureños, México tuvo pleno conocimiento del fenómeno migratorio y no previó las medidas de atención y apoyo humanitario que se requiere, y con ello ha venido incumpliendo con los compromisos internacionales firmados a través del Pacto Global de Migraciones, que establece como criterio central una migración segura, ordenada y regular.

El Estado mexicano no posee datos exactos y desglosados de las caravanas de migrantes que permita definir políticas, aún y cuando las embajadas mexicanas en los países centroamericanos han estado proporcionando a la cancillería información al respecto, situación que ha vuelto inoperante la entrega de permisos de internación.

Esta ausencia de políticas de atención al migrante está acompañada por el silencio del gobernador del Estado a esta problemática, que no ha elevado la voz para exigir al Estado mexicano el cumplimiento de los compromisos internacionales. Este silencio de Rutilio Escandón sobre las consecuencias migratorias en la población de los municipios fronterizos ha generado un sentimiento de indefensión y con ello se ha multiplicado el malestar de los diferentes sectores de la sociedad fronteriza, que ante los problemas de inseguridad y de invasión de los espacios públicos municipales, ha estimulado los sentimientos xenofóbicos y de criminalización de los migrantes y en algunos espacios de las redes sociales se pueden leer comentarios que llaman a la violencia y agresión en contra de los migrantes.

El silencio de Rutilio Escandón a esta problemática produjo el comunicado de la COPARMEX Costa de Chiapas, que tiene rasgos de discriminación y criminalización a los migrantes y en lugar de exigir la atención del Estado y el cumplimiento de la responsabilidad internacional del Estado, termina rechazando la migración. Estas declaraciones del sector empresarial, que se circunscribe a problemas reales de inseguridad y violencia en la región, deja de lado los beneficios económicos que genera la migración y pierde de vista que el cumplimiento de la responsabilidad del Estado implica recursos e inversión en la localidad, con lo que fomenta el mismo discurso que tanto daño ha hecho a los connacionales en la frontera norteamericana, que alimenta la formación de organizaciones racistas tipo kukluxklán, que persigue, violenta y pone riesgo la vida de los migrantes.   

La ausencia del involucramiento del gobierno chiapaneco, termina fortaleciendo los discursos xenofóbicos en la población de la franja fronteriza y eso puede llegar a producir enfrentamientos hacia grupos que por su condición de vulnerabilidad ya perdieron todo, lo que los vuelve peligrosos, como ya se vio cuando enfrentan a la policía y a los agentes de la  migración.

En esta ausencia de políticas del Estado mexicano se descuidaron los matices que existen en la migración: Hay grupos de migrantes legales, como pueden ser los cubanos, indebidamente varados en Tapachula, que requieren de la autorización migratoria  y que la ineficiencia y corrupción en el Instituto Nacional de Migración ha generado que muchos de ellos se queden hasta más de 90 días esperando un trámite que debiera de durar horas; Hay migrantes que tienen la categoría de refugiados, que nuevamente la ineficiencia y la corrupción que hay en México pone en riesgo a este sector de población, que huyen del conflicto y la violencia generalizada en su país de origen, en el que muchos de ellos requieren del asilo político; y por último están los migrantes ilegales, que se internan a un país sin cubrir los requisitos legales.

La COPARMEX y algunos otros personajes exigen la cancelación  del Pacto Global de las Migraciones recientemente firmado por México. Esa petición no tiene sustento en virtud de que este instrumento lo que busca en una migración segura, ordenada y regulada, es decir, no fomenta la migración irregular que se torna caótica y peligrosa tal y como se está viviendo en los municipios fronterizos de Chiapas.

Tapachula y toda la zona cafetalera del Soconusco, desde finales del siglo XIX ha necesitado de la mano de obra de los migrantes, por eso resulta contradictorio los comunicados como el de la COPARMEX, que debe de entenderse como un grito desesperado de la ausencia del Estado en Chiapas, que abandonó a la población ante un problema de migración, en el que existe claramente un problema de la responsabilidad internacional del Estado mexicano.

 

 

El gobierno de Chiapas necesita urgentemente de oxígeno y operación política. Al agobio financiero y crisis de gobernabilidad que heredó de la administración anterior, ahora se le sumaron los problema de inseguridad, migración y de desastre ambiental ocasionado por los incendios, situación que complica en demasía las posibilidades de cumplir con las expectativas que la gente se hizo con el cambio de gobierno.

Por diversas razones, pero fundamentalmente por la falta de oficio político, Chiapas venía arrastrando de años atrás, problemas de gobernabilidad, pero ésta se mantenía en los niveles controlables, situación que cambia drásticamente cuando se generalizan  los problemas de inseguridad. Al inicio del nuevo gobierno la inseguridad empezó a crecer y ahora se habla de secuestros, asesinatos, ejecuciones de activistas, asaltos bancarios, invasiones a la propiedad y desalojos. La gravedad de los momentos que se viven en gran parte de la entidad se incrementa con la simulación política y con acciones mediáticas que buscan ocultar e incluso negar la situación que se vive en las calles y en el patrimonio de las familias.

Junto a todos esos problemas, Chiapas vive una crisis ambiental por la masificación de los incendios en todo el territorio, bosques, flora y fauna, están siendo devastadas por el fuego, ante la inercia y la incapacidad gubernamental.

Esta es la temporada de incendios, y las autoridades protección civil debieron de haber tomado las medidas preventivas para evitar la magnitud del desastre que se esta viviendo. Sobre todo porque en años anteriores habían presumido la disminución de los incendios en la entidad.

Muchos de los incendios son provocados por la cultura de la quema que se realiza como preparativo a la siembra previo a la temporada de lluvia. Pero también no deja de estar bajo sospecha los incendios realizados a propósito, por lo que debe abrirse una investigación, pues los daños ambientales son incalculables.

El gobierno de Rutilio se enfrenta ahora a cinco problemas: la crisis financiera que tiene maniatada a la economía chiapaneca;  los problemas de gobernabilidad que están latentes en la mayoría de los municipios y que se manifiesta en reclamos a los presidentes municipales pero de igual manera están los movimientos populares como el magisterio y las organizaciones indígenas y campesinas, que están alistando la movilización por la ausencia de apoyos al campo; los problemas de inseguridad en todo el territorio; los problemas de migración que incrementa el enojo de la población, sobre todo de los municipios fronterizos, que están sufriendo la invasión de los  migrantes sin tener las condiciones de ayuda humanitaria para hacer frente a esta problemática internacional; y los incendios, que tiene bajo fuego a muchos puntos de territorio.

Bajo esas circunstancias, el gobierno de Rutilio Escandón no ha estado al nivel de las circunstancias que se requiere ni tiene idea de la necesidad de plantear un nuevo federalismo con el gobierno federal, que permita construir nuevos pactos fiscales y otro tipo de acuerdos políticos.

De continuar con esta situación, las actividades económicas van a sufrir una parálisis mayor y seguramente se va a vivir una regresión económica, que incremente la pobreza y la marginación social.

Por eso Chiapas requiere urgentemente de oxigeno y una cirugía mayor. Pero el gobernador Rutilio Escandón tiene otra mirada y está situado en otro punto de la realidad, en el que está convencido que viene realizando un buen gobierno. Esto significa que el gobernador no escucha a nadie y se está quedando solo.

 

 

 

 

El gobierno de Rutilio Escandón parte de una visión equivocada al creer que se puede legitimar a través de la violencia en lugar de la eficacia. Si bien es cierto que la organización MOCRI EZ es indefendible, también es cierto que el gobierno de Rutilio se encuentra muy lejos de las expectativas que tiene la población, que cada día que pasa no encuentra respuesta a sus necesidades.

Lo peor que podía pasarle al gobernador ya le sucedió, construir un mundo paralelo en el que todo está muy bien y que nadie le comente que en Chiapas existen graves problemas de gobernabilidad, de inseguridad, que literalmente el campo se está incendiando, que su gabinete luce su inoperancia y que a días de que empiece la temporada de lluvias la secretaría del campo no tiene ningún programa de apoyo a los productores.

Ese mundo irreal en el que vive el gobernador, se fortalece momentáneamente porque mediáticamente se ha visto como exitoso el desalojo de los predios invadidos por la MOCRI, pero ese empoderamiento es fantasioso, pues no hay programa ni acciones de gobierno y porque representa un riesgo mayúsculo pretender gobernar con la fiscalía, que se caracteriza por inventar culpables y por practicar la tortura como método de incriminación.

Chiapas vive un gobierno de ficción, que desperdició los primeros 100 días del sexenio, por no haber previsto un programa de acciones inmediatas, que no tiene rumbo ni conocimiento de las necesidades de Chiapas, que no tiene un plan de gobierno y que su única referencia para convencer a la población de que hay un futuro prominente, es la referencia permanente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Chiapas no puede gobernarse en la fantasía y la irresponsabilidad. Chiapas tiene problemas serios, con una frontera porosa, que por el flujo de migrantes representa un riesgo para la seguridad nacional del país, y el gobierno federal no ha previsto ningún plan de atención y ayuda humanitaria para los migrantes y continúa actuando con ligereza, haciendo el trabajo sucio al gobierno norteamericano.

Lo más correcto para Chiapas y saludable para el gobernador del Estado, es poner los pies en la tierra y reconocer que no hay eficacia ni gobernabilidad y que la inseguridad se apoderó de las calles y que esto representa una amenaza seria al patrimonio y a la vida de la población chiapaneca. Con el reconocimiento de la realidad el gobernante se obligaría a exigir mayor eficacia a sus colaboradores y evaluar los resultados.

La venta de ficciones en el gobierno debe quedar como parte del pasado, pues en Chiapas ya se vivió la experiencia de un gobierno de ficción como el de Juan Sabines y el de un gobierno de indiferencia como el de Manuel Velasco Coello.

Chiapas literalmente se está incendiando y no se ven visos que las autoridades actúen para controlar y prevenir los incendios. Las pérdidas ocasionadas por los incendios son incalculables y raya en el coraje y la indignación la indiferencia del comportamiento gubernamental.

 

 

En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso del gobernante. La postura de aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan, donde el castigo significa acabar con los privilegios de la clase política y la sanción a una serie de funcionarios que se enriquecieron en el desempeño de sus funciones, comenzando con la figura de los últimos gobernadores de la entidad y eso simplemente no se va a dar.

Por el número de asesinados en la entidad y por la violencia generalizada en más de 20 municipios, lo deseable en el país es que se constituyera lo más rápido posible un Estado de derecho y, con ello, se genere la división de poderes. Esta significaría la impartición de justicia y la posibilidad del castigo a los políticos que hayan incurrido en desvíos, lo que reduciría considerablemente los niveles de impunidad.

La inacción política y la impunidad contienen y expresan un riesgo mayor para la sociedad, que la violencia se acreciente en esta coyuntura en el que en Chiapas no existe el Estado y las normas no suelen aplicarse.

Una amenaza social es la impunidad. Desafortunadamente en Chiapas la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno es sancionado. Son estas estadísticas lo que debiera hacer que se mejore todo el sistema de impartición y procuración de justicia, pues se corre el riesgo de un incremento de homicidios violentos, en el que nadie quede a salvo.

De igual manera, lo peor que pudiera llegar a pasar como sociedad, es que terminemos acostumbrados a la violencia y los homicidios nos vuelva indiferentes y se deje de sentir indignación. Bajo esas circunstancias la inseguridad habrá ganado la batalla.

Los aplausos y reconocimientos al gobierno de Rutilio por la supuesta aplicación del Estado de derecho en relación a los desalojos de la organización MOCRI EZ resultan fantasiosos. Es una legitimidad pasajera debido más al rechazo de la población a los excesos del MOCRI que al reconocimiento a la autoridad estatal.

En esos desalojos no se constituye el Estado de derecho ni se realizan en apego a los derechos humanos como se pretende hacer creer. Sobre todo, porque el derecho a la vivienda es un derecho humano que el gobierno de Chiapas no está cumpliendo, aún y a sabiendas que decenas de cientos de desalojados se quedan sin vivienda y no se está previendo la reparación integral.

La mayoría de los desalojados es población en condiciones de pobreza, que se sumaron al MOCRI no por cuestiones de identidad política sino por la oportunidad de tener un predio en donde vivir; predio que en muchos casos fue comprado a los líderes y en el desalojo el Estado no les está ofertando nada.

De igual manera el gobierno de Rutilio Escandón continúa con los desalojos al MOCRI EZ no por una política que de certeza a la propiedad, pues no se han desalojado predios invadidos por otras organizaciones, sino por el capital político que obtuvo.

Sin duda estos desalojos proporcionaron legitimidad al gobierno de Rutilio Escandón, pero esa legitimidad puede resultar pasajera si no hay eficacia y gobernabilidad y no se visos en lo inmediato que el gobierno responda a las expectativas y necesidades de la población.

 

 

 

El crimen cometido en contra del líder antiminero Mariano Abarca del municipio de Chicomuselo está por cumplir 10 años de impunidad. Sobre este suceso, el día de ayer, dos de los implicados que terminaron siendo chivos expiatorios, junto con uno de los abogados defensores, dieron una rueda de prensa, en el que señalaron responsabilidades directas de este crimen al gobierno de Juan Sabines Guerrero.

En esa conferencia, abiertamente señalan al Dr. Nemecio Ponce, quien fuera el más influyente funcionario del gobierno sabinista, como la persona que dio la orden de silenciar a Mariano Abarca, esta declaración, que consta en el expediente no ha sido investigada por la autoridad ministerial, lo que puede significar una confabulación desde el poder, para encubrir al verdadero responsable de ese asesinato.

Nemecio Ponce, junto con Ernesto Gutiérrez, fueron dos funcionarios importantes del gobierno de Juan Sabines y a ambos se les identificó como partícipes de la campaña de Rutilio Escandón, en el que inclusive, el actual secretario de gobierno fue subordinado de Nemecio Ponce en ese malogrado gobierno y el hijo de Ernesto Gutiérrez se desempeña actualmente como subsecretario de gobierno, bajo las órdenes de Ismael Brito Mazariegos. Situación que muestra muchas componendas y complicidades entre los excolaboradores del gobierno de Juan Sabines con funcionarios del gobierno de Rutilio Escandón, lo que despierta sospechas y suspicacias.

A Juan Sabines prácticamente se le han perdonado todos los actos de corrupción de su gobierno, pero ahora resulta que también tuvo prácticas criminales, sobre todo, porque las acusaciones reiteradas el día de ayer sobre Nemecio Ponce, no exculpan de su responsabilidad a Juan Sabines, debido a que Nemecio Ponce no actuaba de motu propio sino que cumplía instrucciones y, por su influencia y nivel de poder, éstas sólo podían provenir directamente del exgobernador Sabines Guerrero.

Las declaraciones vertidas en la rueda de prensa de ayer, llevan tres vertientes que involucran al gobierno de Rutilio Escandón, que nada tiene que ver en el asesinato de Mariano Abarca pero las circunstancias lo obligan a intervenir y a fijar una postura clara al respecto.  La primera de esa vertiente es la solicitud de investigar ese crimen y sobre todo la línea de investigación que imputa responsabilidades a exfuncionarios del gobierno sabinista, incluyendo al propio Juan Sabines.

La segunda vertiente es la solicitud de reparación integral del daño, en el que las apariencias del marco legal nacional muestran que los posibles delitos ya prescribieron, pero en el que se vierten argumentos, como el de la tortura y la gravedad de las consecuencias de esa tortura, en el que la defensa deja entrever la posible apertura de caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde existen resoluciones sobre casos de tortura, violación de derechos humanos en contra de Estados nacionales, en el que se considera a la tortura como un delito imprescriptible.

La tercera muestra un mensaje claro de carácter político hacia el actual gobernador, en el que todos los actos de gobierno están sujetos al escrutinio público y en el que en casos graves de violación a derechos humanos cualquier funcionario, incluyendo al gobernador del Estado, puede estar sujeto a un procedimiento penal internacional, no sólo después de que concluya el gobierno sino dentro del mismo período, sin importar el nivel de empoderamiento que tenga.

 

 

 

 

De todos es sabido que la entidad arrastra problemas históricos de pobreza, desigualdad social e injusticia que no van a resolverse en los próximos seis años, pero que en las expectativas de la población, por el discurso de la cuarta transformación, se esperaba que desde el inicio de la gestión el gobernador buscara sentar las bases para la transformación de Chiapas y eso simplemente no se ha hecho.

Después de doce años consecutivos de gobiernos malogrados, que generó una deslegitimidad, un hartazgo y un malestar popular, resulta obvio que los inicios del gobierno de Rutilio Escandón iban a estar marcados por la tensión y los conflictos, y que una tarea primordial era reconstruir los márgenes de gobernabilidad, para tener rumbo y certidumbre en los próximos seis años. Con este panorama, el peor escenario que podía llegar a suceder es que se incrementara la violencia y la inseguridad en el Estado. Y desafortunadamente sucedió. Hoy día Chiapas presenta problemas de gobernabilidad y de inseguridad y no hay semana que no se presente como nota principal el homicidio de una mujer. Al respecto el récord que lleva este gobierno en materia de feminicidio es impresionante: cada tercer día en Chiapas es asesinada una mujer.

Lo grave y escandaloso de los feminicidios en Chiapas es la impunidad. Es recurrente la liberación de los feminicidas y en cualquier momento es liberado otro presunto asesino, acusado de asesinar junto con su hermano a la esposa y enterrarla en el propio patio de la casa.

Sobre este feminicidio se debe de investigar el presunto cambio de propietario de la casa ubicada en la Colonia Los Laureles, en el que se rumora que un exfuncionario del anterior gobierno es el nuevo propietario de esa vivienda, cuando ese bien debiera estar asegurado por la fiscalía. De ser cierto el cambio de propietario se configuran muchos delitos, que en aras de la transparencia deben ser investigados y sancionados. Sobre todo porque el mal mayor se encuentra en la relación perversa de corrupción con impunidad. Algo que Rutilio Escandón no ignora, debido a que así  viene funcionando la Mesa de Reconciliación en Chiapas, un organismo inconstitucional, en  el que se han autorizado la liberación de presos sentenciados por delitos graves.

Este rumbo de las cosas debiera ser una preocupación de Rutilio Escandón, que vive una realidad que no corresponde a la situación chiapaneca, en el que se atreve a asegurar en sus mensajes de que se vive en un Chiapas seguro.

¿Es posible cambiar el rumbo de esta historia? Por supuesto que sí. Para ello se requiere un manejo diferente de la política en donde se convoque a una participación real de la ciudadanía; dos,  implementar de inmediato un programa emergente de recuperación económica y generación del empleo, que permita reactivar las actividades económicas; tres la aplicación irrestricta de la ley, lo que permitiría construir nuevos acuerdos políticos y sancionar conductas y delitos, que hoy, por los niveles de impunidad y corrupción están toleradas y permitidas; cuatro, el impulso de un modelo de justicia transicional, que apueste a la pacificación y la concordia en un importante territorio del Estado, que a la vez recupere la verdad, que se sancione a los responsables del clima generalizado de violaciones a derechos humanos en las comunidades indígenas, que se garantice la reparación integral del daño de las víctimas, de los familiares y de la comunidad y que se constituyan mecanismos de no repetición de agravios y crímenes; y quinto, la reestructuración urgente del gabinete, con el que se garantice gobierno y no simulación.

 

 

Juan Sabines, a pesar de los señalamientos de fechorías, extrañamente ha contado con la protección del gobierno y se le ha permitido que mantenga sus espacios de influencia, a punto tal, de que con frecuencia se promueve en las Redes Sociales y algunos connotados sabinistas se vienen moviendo para preparar el retorno del exgobernador, quien tiene puestas sus cartas en la Fundación Juan Sabines y todo parece indicar que cuenta con la anuencia del gobierno de Rutilio Escandón.

En el 2006, con el gobierno de Sabines, llegó una nueva generación de políticos, sin experiencia ni talento para gobernar, pero sí con el ansia de enriquecerse lo más rápido posible y muchos de ellos lo hicieron a través de negocios donde había conflictos de interés y otros desviando para su provecho los recursos públicos y ninguno de ellos ha sido investigado y mucho menos sancionado.

El cambio generacional en el gobierno de Sabines no resultó saludable para Chiapas. Sobre todo, porque resulta cada vez más evidente, que no habían concluido su preparación académica ni política para asumir la alta responsabilidad de gobernar al Estado.  Coloquialmente se puede decir que se saltaron varias generaciones, pero no para bien de Chiapas, como lo muestran los registros del CONEVAL o el monto de la deuda pública, que dejó como herencia un gobierno dominado por las alucinaciones de sus propias adicciones.

Hoy día la entidad vive una crisis social en peores condiciones que la del año 1994 cuando se suscitó el levantamiento armado zapatista, y no se ven visos que las condiciones de Chiapas vayan a mejorar en los próximos años. Por eso resulta irresponsable y suicida los movimientos de Juan Sabines para posicionar su imagen en las Redes, con las claras intenciones de retornar a Chiapas, aún y cuando hay cientos de familias que fueron arruinadas por la falta de pagos a obras y servicios contratados por el gobierno sabinista y mucha más fueron afectadas por la práctica de perseguir e inventar delitos a quienes se resistían a sus locuras.

Por eso resulta inentendible la complicidad que prevalece en el gobierno de Rutilio Escandón hacia el exgobernador Sabines,  quien no sólo tiene un manto de protector de impunidad, sino que actúa con cinismo, al pretender incidir en los acontecimientos políticos de la entidad, en un claro desafío a la memoria de la población que vivió en carne propia la psicopatía de un gobernante sin escrúpulos y dueño del arte de engañar.

Con Sabines se vivió un gobierno de perdición, ambición desmedida de sus familiares y amistades cercanas, de excesos, abusos y de un abierto deterioro social. A Sabines se le debe gran parte de la descomposición y bancarrota que vive hoy día Chiapas. Por ello se debe mantener viva la memoria de los agravios de ese gobierno a la población chiapaneca y al mismo tiempo se debe mantener la exigencia de una investigación del despilfarro y corrupción del gobierno encabezado por Juan Sabines y que se castigue a quienes hicieron mal uso del presupuesto.

 

Juan Sabines Guerrero forma parte de la leyenda negra de Chiapas, que no debe quedar en la impunidad. Su gobierno fue desafortunado en todos los sentidos; no sólo por las características de su personalidad, de un desadaptado sino por que ocasionó el endeudamiento público que cercenó las posibilidades de una vida mejor a millones de chiapanecos y por que incorporó a una generación de jóvenes a la administración que se convirtieron en depredadores del presupuesto.

Sobre la deuda pública que generó Sabines hay un manto de opacidad y complicidades, en el que bien a bien no se sabe qué se hizo con esos recursos ni cuáles fueron los proyectos que respaldaban la autorización de los empréstitos, pero la población en Chiapas tiene el derecho de saber la verdad y el gobierno de Rutilio Escandón tiene la responsabilidad moral para hacer pública la información correspondiente.

En el gobierno de Sabines se ejercieron 300 mil millones de pesos, sin que se hayan realizado obras significativas que justifiquen tal dispendio de recursos. Pero además endeudó al Estado en 16 mil millones de pesos, pero dejó de pagar a contratistas de obra y el pago de servicios por una cantidad que se calculó en 20 mil millones de pesos. 

Las irresponsabilidades del gobierno de Sabines condenó a Chiapas a un pago de 4 millones de pesos diarios durante 30 años, sin que haya la voluntad política de ordenar una investigación y se castigue a los responsables de esa catástrofe financiera que se vive en Chiapas., sobre todo, porque de acuerdo con el dicho del propio Sabines, los recursos de la deuda se aplicaron para la reconstrucción del desastre, en seguridad, educación, salud y empleo, pero ninguno de estas acciones de gobierno son justificante para la autorización de la deuda, y más cuando la Constitución textualmente dispone que: “En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.”

Juan Sabines, demostró con creces que es un maestro en la práctica de la traición, el cinismo y la hipocresía; pero resulta extraño que a pesar de las ilegalidades y de la corrupción documentada en las obras públicas y en una infinidad de licitaciones en su gobierno, no ha sido molestado por la instancias judiciales; ni él ni ninguno de sus colaboradores, en donde muchos de ellos a la vista de todos, en poco tiempo amasaron una gran fortuna y dejaron una enorme deuda pública, que pone en riesgo la viabilidad del futuro de Chiapas y los chiapanecos.

Pero a la vez, resulta inadmisible que la administración de Rutilio Escandón mantenga una actitud de aquiescencia ante la campaña mediática desatada por Juan Sabines en la entidad, en el que inclusive se tiene documentada una reunión sostenida en el mes de enero entre la esposa de Sabines y el secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, que dio pauta para la promoción de la Fundación Juan Sabines, instancia mediante la cual el exgobernador viene tramando su retorno a Chiapas.

 

Los presidentes municipales de las tres ciudades más importantes de Chiapas –Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal-, están siendo sometidos a una fuerte crítica en las Redes Sociales, en donde el malestar se viene encaminando a la solicitud de revocación de mandato, aunque esta figura no proceda en estos momentos al no existir el procedimiento en la norma.

Muchos de los problemas que tienen estos presidentes municipales se deben a dos situaciones: a una ausencia de autonomía municipal en el que no existe el municipio libre, que se encuentra supeditado a decisiones del gobierno estatal y a una corrupción y endeudamiento que creció en los gobiernos de Juan Sabines y Manuel Velasco, que mantienen a las finanzas públicas municipales en el ahorcamiento presupuestal.

Justo a estos dos problemas heredados de gestiones anteriores, está la ausencia de legitimidad política que padecen los tres presidentes municipales, Carlos Morales, Jerónima Toledo y Óscar Gurría, en el que el triunfo electoral que obtuvieron se debió más a las alianzas y compromisos políticos contraídos entre MORENA y el exgobernador Manuel Velasco, que al posible arrastre y la aceptación popular que cada uno de ellos llegara a tener.

Como se recordará, el acuerdo del Consejo Político de Morena era dejar a la paridad de género las candidaturas de estas presidencias municipales. Este acuerdo no se respetó, por los propios intereses y conveniencias del exgobernador Manuel Velasco, quien tenía información de las encuestas que en Tuxtla ninguna candidatura femenina iba a derrotar al Dr. Paco Rojas, pero un fraude a favor de Carlos Morales terminaría siendo más creíble, porque era el personaje de mayor trayectoria política que podía enfrentar al Dr. Rojas.

En Tapachula el juego de intereses terminó siendo múltiple, Óscar Gurría era el precandidato a MORENA en el senado y ese espacio se requería para Eduardo Ramírez, lo que generó una negociación para que se concretara su candidatura a la presidencia de Tapachula. Además el exgobernador Manuel Velasco tenía claro que debía de debilitar la candidatura al gobierno de José Antonio Aguilar Bodegas, a quien las encuestas de Velasco Coello lo posicionaban en Tapachula y más con un candidato a la presidencia municipal como el Cheque Orduña, quien sin haber realizado un gran gobierno municipal, sí estaba posicionado en el ánimo de un amplio sector de tapachultecos por su carácter ameno y ocurrente. La candidatura del Cheque Orduña al municipio fue desbarrancada desde el palacio de gobierno, a quien de la noche a la mañana le advirtieron que si continuaba en sus coqueteos con el frente PRD-PAN, le abrirían una investigación de su cuenta pública y sería recluido en el Amate.

En el único municipio en donde se respetó el acuerdo de la paridad de género fue en San Cristóbal de Las Casas, pero allí el acuerdo para favorecer a Jerónima Toledo fue más en el ánimo de cerrarle las puertas a Carlos Herrera, quien se perfilaba como el candidato natural de MORENA en ese municipio, pero que nunca contó con las simpatías del gobierno verde, sobre todo por la oposición manifiesta en contra de que el edificio de la presidencia municipal se convirtiera en museo, que derivó en múltiples ataques en contra de la progenitora del exgobernador.

Carlos Morales, Óscar Gurría y Jerónima Toledo ganaron las respectivas presidencias municipales sin tener la fuerza política que los condujera al triunfo electoral. Y esa circunstancia es la que está en constante rejuego que se les quiere ver fuera del cargo y el pretexto es la ineficacia del gobierno municipal, cuando es más grande y de consecuencias mayores la ineficacia del gobierno estatal, que padece Chiapas de años atrás y que continúan con el gobierno que encabeza Rutilio Escandón..

 

Chiapas viene de dos gobiernos desafortunados y el de Rutilio Escandón pinta para ser igual o peor que los gobiernos que le antecedieron, en el que permanece la indiferencia, la banalidad, la ineficacia y en donde ya lleva un récord respetable en inaugurar ferias y coronar reinas.

En este sentido el gobernador debe entender que su principal función es la de gobernar y no lo está haciendo. Él, por el papel histórico que le tocó desempeñar, que es el de la transformación de Chiapas, no tiene derecho a equivocarse, pues es mucho lo que está en juego en este gobierno y sin embargo, en los primeros 100 días que van de la administración, todo sigue igual, sólo que con más inseguridad.

La descomposición social y política del Estado en Chiapas no es un hecho reciente. Más bien es un proceso de varias décadas atrás, en donde el propio levantamiento armado del EZLN hizo evidente que el Estado en la entidad se había agotado y que el sector gobernante había fracasado. El movimiento zapatista mostró que era necesario construir una nueva clase política, que no sólo renovara el funcionamiento del Estado sino que le diera otro sentido a las formas de convivencia.

Los gobiernos de Pablo Salazar, Juan Sabines y Manuel Velasco, beneficiarios de ese levantamiento armado, no  pudieron y los dos últimos ni siquiera intentaron promover la reforma social que sentara las bases para un nuevo tipo de desarrollo, que cambiara la historia de pobreza y de violencia en Chiapas.

Las pasadas elecciones representaban otra oportunidad para la renovación de la sociedad chiapaneca, así debía de entenderlo Rutilio Escandón, quien terminó siendo el candidato del Movimiento de Renovación Nacional y gobernador de la entidad, pero en las quince semanas que lleva este gobierno, resulta claro que dista mucho de ser el gobernante que Chiapas requiere o bien que no entiende del todo el papel histórico que estaba destinado de cumplir.

En estas quince semanas de la nueva administración queda claro que el gobernador Rutilio Escandón no conoce las problemáticas del Estado ni tiene identificados los puntos de conflicto que hay en la entidad, que son más de 600 casos, con distintos niveles de conflictividad. Pero también queda claro que no logra constituir un gobierno y que no tiene una agenda para Chiapas, que le permita adelantarse a los problemas.

De igual manera el gobernador Rutilio Escandón lo ha reiterado en distintas ocasiones, de que va a gobernar de acuerdo a las acciones que defina el gobierno federal de la república para Chiapas. Y desde ahora se le dice a Rutilio Escandón que eso no es gobernar, porque Andrés Manuel López Obrador tiene un plan que pretende mejorar algunas condiciones en el futuro de la entidad, pero esas acciones no van a resolver los problemas del pasado, que tienen que atenderse en virtud de que esos problemas son determinantes para definir el rumbo del presente y futuro de Chiapas.

Bajo esas circunstancias, qué debe hacer Rutilio Escandón para cumplir satisfactoriamente con el papel histórico que le tocó desempeñar: primero, cuidar su discurso; segundo, nombrar un gabinete que vaya acorde a la gran responsabilidad social que está en juego en la entidad; tercero, tener un plan de gobierno que siente las nuevas bases para el bienestar de la entidad; y, cuarto, que se ponga a gobernar a la voz de ya, que Chiapas necesita un gobernador de tiempo completo.

 

 

 

Ayer el gobernador del Estado presentó la estrategia de comunicación turística, el acto en sí tiene relevancia en virtud de que representa la primer acción pública que tiene como propósito mostrar la existencia de un rasgo de gobierno.

El turismo ha sido una importante fuente de divisas para la entidad y desde hace varias décadas se pensó convertir a Chiapas en un lugar turístico. Inclusive en el gobierno de Ernesto Zedillo el FONATUR impulsó el proyecto de construir la Riviera de la Selva, denominado Centro Integralmente Planeado Palenque, que no ha prosperado, pues una de las comunidades de mayor belleza que incluye este proyecto forman parte de las bases zapatistas.

En paralelo a este proyecto que contempla hoteles  Grand Resort, el INI que luego se llamó CDI y ahora INPI creó una decena de centros ecoturísticos con la idea de insertar a grupos de poblaciones indígenas como promotores del ecoturismo, como una actividad en el que Chiapas tiene un enorme potencial, pero que, para hacerlos funcionales, se deben de desarrollar acciones de gobierno concertadas con las comunidades indígenas para disminuir las condiciones de conflictividad que prevalecen en gran parte del territorio chiapaneco.

Sin duda Chiapas tiene condiciones para desarrollar un turismo cultural, con el patrimonio histórico-arqueológico que posee, tiene condiciones para desarrollar el turismo ecológico así como el denominado turismo de aventura. La riqueza física y cultural de Chiapas es inobjetable, que resulta inentendible por qué Chiapas no es una potencia turística en el país.

En mucho, los obstáculos de la entidad están en los problemas de gobernabilidad que padece históricamente, en el que con reiterada frecuencia hay cierre de carreteras y ahora los grupos y algunas comunidades han establecido un pago por el derecho de paso en el camino. Pero junto a esta problemática también se viven severos problemas de inseguridad y violencia, por los asaltos carreteros.

Los distintos gobiernos en Chiapas han buscado promover las actividades turísticas, pero los esfuerzos no han tenido éxito porque no han resuelto la recurrencia de problemas de gobernabilidad y de inseguridad.

Por eso resulta preocupante que el gobernador Rutilio Escandón, en un mensaje fuera de la realidad, se exprese de un Chiapas seguro, cuando en las noticias nacionales se difunden imágenes de un Chiapas con problemas de inseguridad y de violencia. Pero de igual forma, muchas de las comunidades que representan atractivos turísticos han sido divididas por políticas del propio gobierno, que inventó y creó conflictos intercomunitarios y no ha tenido la voluntad política de instrumentar un programa de cultura para la paz, en el que no se termina de entender, que el mejor remedio para la crisis política y de violencia que se vive en muchas comunidades, sería el logro de la paz.

El mensaje de un Chiapas seguro de Rutilio Escandón busca ocultar una realidad de violencia en la entidad que se difunde permanentemente en los medios. Paradójicamente, dos municipios con gran potencial turístico como San Cristóbal de Las Casas y Palenque padecen graves problemas de inseguridad y no se ven visos que esa situación mejore. Por ello lo saludable a la presentación de una estrategia de comunicación turística, el gobierno de Chiapas debiera de presentar previamente las políticas de garantía y protección ciudadana y un programa de cultura para la paz.

 

 

 

 

Ayer empezaron a colocar en las paredes de los puentes del libramiento norte, espectaculares de publicidad de los cien primeros días de gobierno. La campaña no puede resultar más desafortunada, porque aparte de que imita al malogrado gobierno de Manuel Velasco Coello en el despilfarro publicitario, echa por tierra, además, el discurso de la austeridad, con que se pretende justificar los programas de recorte presupuestal y de despido de trabajadores que se viene implementando.

El difundir supuestos logros de los primeros cien días de gobierno resulta insultante, primero, por la falsedad de algunos mensajes y segundo, porque no existen logros para presumir.

Por ejemplo, se pretende difundir como logro un supuesto ahorro de 70 millones de pesos por el retiro de guardias y vigilancia personal de funcionarios y exfuncionarios. Ese mensaje no puede ser más absurdo en virtud de que ese ahorro es inexistente porque el personal policíaco continúa cobrando. 

El gobierno de Rutilio Escandón tiene muchas incongruencias, entre ellas sobresale su discurso político y la ausencia de una política de medios. En concreto, el gobernador no está comunicando adecuadamente. Y el estilo de lo que se pretende difundir, es una copia barata de lo que comúnmente se hacía en los gobiernos priistas y del verde en Chiapas, en el que se parte de la idea de que se gobierna en los medios.

Lo preocupante de esta ausencia real de gobierno es que los problemas se vienen acumulando y en cualquier momento se agudizan, sobre todo en las actividades del campo, donde la temporada de lluvias tiene fecha de inicio y antes de ella el gobierno debe de distribuir apoyos e insumos agrícolas a cientos de miles de productores y a la fecha no se percibe ninguna actividad que indique que se están licitando.

Ese problema ya estalló en entidades como Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, y en Chiapas no tarda en presentarse, pero el gobernador del Estado, como no conoce los tiempos y las problemáticas de la entidad, no se ha dado cuenta del clima explosivo que se viene gestando por la ineficacia y el desconocimiento que hay en las dependencias encargadas de canalizar los apoyos al campo.

A esta situación se agrega la ausencia de un responsable en la delegación de la SAGARPA en Chiapas, lo que evidencia la falta de preocupación que hay por el campo en la entidad, que paradójicamente es lo que mantiene a la economía chiapaneca.

Hoy día resulta evidente que no hay una política para reactivar las actividades agrícolas en Chiapas. Las dependencias del ramo se encuentran sin cabeza y sufren de una terrible parálisis, en un momento en que se requiere de una eficacia en la toma de decisiones, para evitar que se desborde el malestar que se viene acumulando de años atrás en el campo.

 

La violencia feminicida se convirtió en una práctica recurrente en Chiapas,  que no solo atenta contra la vida de las mujeres sino que hace evidente la impunidad y la ineficacia del sistema judicial en Chiapas. La violencia feminicida debe ser entendida como una modalidad de la violencia de género como son también la violencia sexual y la violencia física.

En el primer documento que se utilizó el término de feminicidio fue en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Campo Algodonero, relativo a las muertas de Ciudad Juárez. En esa sentencia el “homicidio de mujer por razones de género tuvo la connotación conocida como feminicidio”.

En Chiapas son más de 30 casos de homicidio de mujeres desde que inició el nuevo gobierno. En el que no se ha establecido un ¡Ya basta! ni se convoca al diseño de una política pública para proteger a las mujeres y garantizar un derecho eficaz. La prevalencia de la mala integración de las carpetas de investigación ocasiona que muchos acusados de feminicidio obtengan la libertad, lo que genera impunidad y con ello se construye un mal mensaje de ausencia de castigo.

Durante años un grupo de mujeres exigió que se estableciera la alerta de género para Chiapas; ésta ya tiene varios meses de aprobada en algunos municipios de la entidad, pero ni así se ha logrado detener esta violencia feminicida. Una causal identificada en el incumplimiento de este proceso es la simulación de las autoridades, que muestran una preocupación en el discurso pero una impunidad en el accionar de la justicia.

La impunidad es en sí misma una grave violación a los derechos humanos, pues reproduce la continuidad de hechos semejantes a los que no se investiga ni sanciona, y profundiza el daño al dejar sin reparación a las víctimas y a la sociedad.

En el caso específico de feminicidios la impunidad se articula con la discriminación; pero a su vez hay un incumplimiento del Estado en el deber de investigación y en sus deberes en torno al acceso a la justicia.

En Chiapas, hay que decirlo abiertamente, hay una ineficacia judicial en la integración de las carpetas y en la investigación en los asesinatos de mujeres, y los efectos de esto reproduce en los homicidas la idea de la impunidad, que propicia, facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general; asimismo, envía un mensaje de que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte de la vida cotidiana.

En el país se ha hecho mucho énfasis en la aprobación de leyes pero la experiencia ha mostrado que la ley por sí sola no resuelve el problema, pues se requiere de un derecho efectivo. Algo que en Chiapas definitivamente se carece.

La ausencia de compromiso hacia la impartición de justicia y atención a los feminicidios de parte del gobernador, el fiscal general del Estado y la secretaria de seguridad, se observa en el silencio cómplice que se guardó en el asesinato de una policía estatal en manos de un guarda del gobernador, en el que ese suceso se buscó ocultar y nada se ha dicho de los resultados de la investigación.

La gravedad de ese feminicidio está en la ausencia de controles en la selección de los guardas de Rutilio Escandón, en el que no se detectó en el personal la existencia de impulsos homicidas, lo que pone en duda todo el mecanismo de control de confianza en los cuerpos de seguridad de la entidad.

 

 

 

 

La inseguridad pública en Chiapas es el un tema relevante y reiterado en las pláticas y preocupaciones de la población. La conclusión generalizada sobre este flagelo es severa: la delincuencia rebasó la capacidad de respuesta del gobierno.

La sociedad chiapaneca vive condiciones de vulnerabilidad social en la que nadie está a salvo de la delincuencia. La misma condición de vulnerabilidad tiene un banco, que un Restaurant lleno de comensales. Lo mismo puede suceder un feminicidio que el crimen artero de un activista social. Lo mismo se asesina a un colono en una colonia popular de Tuxtla Gutiérrez, que se asalta a un ciudadano que acaba de realizar un retiro de dinero en algún banco; lo mismo se queman expedientes de auditorías en las afueras de las oficinas de la Auditoría Superior del Estado para garantizar impunidad a funcionarios implicados de cualquier investigación que el cierre de casetas en el que se impone un cobro arbitrario de cuotas.

La delincuencia en sus distintas manifestaciones rebasó al gobierno. Lo único que salva a la administración de Rutilio Escandón es que aún no se viven en las calles de Chiapas el terror que genera el enfrentamiento de los grupos ligados al crimen organizado ni se ven los ahorcados en los puentes peatonales como sucede en otras ciudades del país.

La estrategia de las reuniones mañaneras sobre seguridad debe evaluarse, pues no se perciben resultados positivos de éstas. Desafortunadamente el gobernador observa a Chiapas a través de otros referentes y envía mensajes triunfalistas de una administración que no solo no camina sino que no da muestras de que exista un gobierno.

En días recientes, a raíz del primer desalojo del MOCRI EZ del predio invadido en el Libramiento Norte, ha habido una campaña de respaldo ciudadano y de organismos empresariales que legitiman esa acción del gobierno. Esos aplausos promovidos desde la propia esfera del gobierno fue un salvavidas a las críticas de inacción e indiferencia hacia la administración, que terminó fortaleciendo el discurso triunfalista del gobernador.

Ahora se le aplaude por retornar el Estado de derecho a Chiapas. Los elogios sobre esta apreciación son exagerados y con pobres fundamentos. En Chiapas no puede haber el retorno del Estado de derecho simple y sencillamente porque nunca ha existido ese Estado de derecho. De allí la confusión que genera la aplicación discrecional de la ley, que se le confunde como Estado de derecho.

Los desalojos de los predios invadidos por la MOCRI EZ tienen el apoyo popular. Esta organización se había ganado con méritos propios el repudio de la población. Pero en estos desalojos ni se aplica la ley plenamente ni se retorna al Estado de derecho. Es más, los desalojos conllevan una grave violación a los derechos humanos, en el momento en que el gobierno chiapaneco se está desentendiendo de su responsabilidad internacional de garantizar una vivienda digna.

Al respecto, la propia Constitución en el artículo 4º señala: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. En el caso que nos ocupa se viene dando el desalojo de los predios invadidos por la MOCRI EZ, pero la administración de Rutilio Escandón se ha desentendido de la creación de instrumentos y apoyos para brindar una vivienda digna a la población que está siendo desalojada; situación que implica una violación a los derechos humanos lo que ensombrece el elogio indebido de que Rutilio Escandón está cumpliendo con el Estado de derecho.

 

El triunfo de Rutilio Escandón despertó desde el 1 de julio  expectativas encontradas. Por un lado, grupos de población se ilusionaron con la posibilidad de un gobierno diferente que atienda y resuelva las demandas y problemas de la gente y que hubiera una mejora de Chiapas, sobre todo porque se arrastraban doce años de desatenciones y gobiernos malogrados; por otro lado, se veía con desconfianza a Rutilio Escandón, pues sus resultados como presidente del tribunal de justicia no eran alentadores, sin nada que presumir. Sin embargo cuando se dio a conocer el gabinete surgió la certeza de que poco o nada iban a cambiar el estado de las cosa , en virtud de que la magnitud de los problemas que hay en la entidad, obligaba a la designación de un grupo de funcionarios con probadas capacidades, con prestigio y con un conocimiento pleno sobre lo que Chiapas necesita y lo que debe realizarse.

Son muy pocos los días transcurridos como para que haya comentarios de desaliento a este gobierno, pero a su vez, falta mucho tiempo para que concluya el sexenio como para guardar silencio y complicidades sobre algo que no está funcionando.

En reiteradas ocasiones aquí se ha señalado que no hay una agenda política para Chiapas. Esto deriva en una situación en que no se toman las previsiones necesarias para contrarrestar problemas que se ven venir. Ejemplo de ello es el movimiento magisterial que decidió actuar en contra de la reforma educativa que está por  aprobarse en el Congreso de la Unión, aún y cuando había un compromiso presidencial de que no se acordaría nada en el ramo educativo a espalda de los maestros. 

Pero en ciernes se encuentra otro problema de la misma magnitud que el de los maestros: la falta de apoyo al sector del campo previo a la temporada de lluvias. Aquí mucho de ese recurso se manejaba a través de las organizaciones campesinas, pero frente a la disposición presidencial de que todos los recursos se van a repartir directamente a los productores para evitar la corrupción de los liderazgos de las organizaciones, parece claro que el campo no va a contar en este año con los recursos económicos, en virtud de que no existen trabajos para organizar el reparto de los insumos. A eso hay que agregarle que la dependencia federal de la SAGARPA no se ha nombrado el responsable de la delegación, situación que deja entrever gravísimos problemas para el sector agropecuario.

La falta de oficio y de prevención de los problemas está creando una coyuntura de protesta en Chiapas,  en el que se puede llegar a articular la lucha magisterial con las exigencias campesinas y sin que haya un grupo de negociadores del gobierno que logre amainar la magnitud de las protestas que pueden llegar a presentarse.

Son estas condiciones de ingobernabilidad, de inseguridad y de constantes movilizaciones que afectan la circulación, lo que tiene contraída a las actividades turísticas, lo que está poniendo en crisis a un sector empresarial de servicios, que representa la actividad económica de mayores divisas para Chiapas.

El panorama para Chiapas no se percibe favorable, pues se prevé un mayor flujo migratorio en la localidad, en circunstancias de abandono de una política pública federal, que permita reducir al máximo la carga que representa la atención de los migrantes para la población de los municipios fronterizos.

 

Después de los primeros 100 días de gobierno, Rutilio Escandón debió de haber realizado una evaluación objetiva y realista del funcionamiento de su gabinete y no lo ha hecho. En contrasentido, mantiene una sordera ante las críticas y está convencido del éxito de su administración en estos meses de inicio, aunque no haya ningún resultado positivo para celebrar.

La administración de Rutilio está empezando y él no puede darse el lujo de equivocarse como lo hicieron sus antecesores ni permanecer impávido ante lo que es evidente, no tiene gabinete y su administración presenta dos graves problemas que se acrecientan cada vez más: ingobernabilidad e inseguridad.

Las designaciones que el gobernador realizó en el gabinete, no han resultado en estos primeros cien días lo eficaz y convincente que requiere la magnitud de los problemas y la responsabilidad que significa gobernar a Chiapas. Y para ello es necesario rectificar.

Ayer, en un evento, en clara alusión al gobierno anterior, el gobernador mencionó que su gobierno no es de simulación sino de realidades. No hay nada peor para un gobernante que mentir a sabiendas que miente y que sus gobernados le digan que miente, porque en este momento no hay gobierno sino simulaciones.

El gobernador debió de haber tenido especial cuidado en la designación de cinco áreas: educación, gobierno, salud, seguridad y el campo. Sobre todo porque del trabajo que realicen estas oficinas depende la gobernabilidad y la seguridad de Chiapas.

En educación, los tambores de guerra del magisterio representan una amenaza para la fragilidad de este gobierno, en esa secretaría no hay oficio político ni conocimiento ni proyecto, a punto tal, que todos los problemas del ramo educativo empezarán a atenderse y resolverse en la Ciudad de México. En seguridad, hay un incremento desmedido de la delincuencia y se corre el riesgo que la inseguridad en Chiapas se convierta en un problema permanente, por los problemas estructurales de violencia y pobreza que hay en la entidad. En el campo no hay ningún plan de rescate agropecuario y en el cualquier momento inician las protestas del campesinado por la falta de apoyos previos a la temporada de lluvias. En salud, anuncian un 85% de abastecimiento en los hospitales de la entidad, cuando en realidad estos se encuentran en las mismas condiciones que cuando terminó el gobierno anterior y lo más grave que se anuncia una disminución de la muerte materna infantil de un 60% en Chiapas, cuando esa información es insostenible en el análisis de cualquier estadística médica. La secretaría de gobierno es la de mayor complejidad, por la magnitud de los problemas que existen y por la inoperancia que prevalece en esa secretaría.

Bajo las condiciones del funcionamiento de esas secretarías no se percibe que cambien las cosas en la entidad y por el contrario, los conflictos se van a agudizar. Es cierto que es muy poco tiempo lo que lleva esta administración, pero lo suficiente para identificar las posibilidades reales de  funcionalidad o no de la misma.  Hasta ahorita la administración de Rutilio Escandón le queda debiendo a la población chiapaneca y lo mejor para él es que abandone su discurso de ocurrencias y de simulaciones y ponerse a trabajar.

 

 

 

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