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En estos momentos, con la crisis sanitaria y con la crisis económica, las condiciones sociales en Chiapas pasan por una de las situaciones más difíciles de la historia, sin que esto preocupe y motive a los funcionarios de la administración de Rutilio Escandón al diseño de políticas públicas, para prevenir las consecuencias de la crisis en distintos sectores productivos de la entidad, sobre todo en el campo, que ante la ausencia de la banca de desarrollo los productores chiapanecos viven los peores momentos de los últimos 50 años.

A su vez, el empobrecimiento de la población ha sido constante en los últimos 20 años y la tensión y los conflictos están presentes en gran parte del territorio estatal. A esto se le agrega un nulo crecimiento económico en los últimos años, lo que representa una muy pobre generación de empleos, y en los casos en donde se crearon, fueron con salarios mal remunerados, que conduce a la precariedad.

Es en las comunidades indígenas donde más se han resentido las políticas equivocadas de despilfarro del gasto público en los últimos gobiernos, que ha ocasionado un mayor crecimiento de la población y de la pobreza. Esto viene provocando una agudización de las problemáticas sociales en varios municipios, lo que complica la intervención y solución de los problemas en la entidad, en el que algunos problemas se han agudizado pero a su vez, ante la desatención,  han surgido nuevos problemas con dinámicas propias, que se imbrican y se confunden unos con otros. Entre los municipios de más alta conflictividad son San Juan Chamula, Oxchuc, Chenalhó, Zinacantán, Aldama, Tenejapa, Ixtapa, El Bosque, Simojovel, Bochil, Pueblo Nuevo, Tila, Chilón y Venustiano Carranza.

En cualquiera de esos municipios existen condiciones sociales para que una chispa se convierta en un problema mayor, sobre todo, por la fuerte presencia de grupos paramilitares y porque las organizaciones sociales de toda esa región se encuentran fuertemente armadas, sin que exista una política de construcción de paz y de desarme en ese territorio y sin que haya el interés de parte de la secretaría de gobierno para atender la problemática.

Todo lo anterior fomenta en Chiapas la creación de escenarios de violencia en gran parte del territorio y con ello se mella y se pone en riesgo la frágil gobernabilidad que existe, en un momento en que el gobierno mantiene una  restricción presupuestaria en la entidad, encubierta en una falsa austeridad, en el que no hay obras ni inversión pública, ni se destinan recursos para enfrentar  la contingencia sanitaria y las consecuencias económicas de esta crisis. Junto a estos hay que señalar que los apoyos de los programas de bienestar del gobierno federal resultan dudosos y su impacto social es imperceptible.

Bajo estas circunstancias se requiere la urgente renovación del gobierno, el diseño de políticas y proyectos que beneficien a la población y asumir un nuevo compromiso político para sentar las bases para la transformación de las condiciones sociales y económicas de la entidad. La decisión no es un asunto sencillo, porque eso implica acabar con las complicidades con funcionarios que acompañan al gobernador desde el período en que fuera presidente del tribunal, pero que han demostrado con creces que llegaron al nivel de incompetencia y en el que la eficacia de un gobierno no puede estar determinada por los niveles de amistad o compadrazgos.

 

 

 

En los veinte meses que lleva la actual administración, el gobernador Rutilio Escandón le ha quedado a deber a Chiapas y cada vez resulta más evidente que no conoce las problemáticas del Estado y no tiene identificados los principales puntos de conflicto que hay en la entidad, en el que existen más de 500 focos de tensión, con distintos niveles de conflictividad, que no solo ponen en riesgo la gobernabilidad del Estado sino la seguridad nacional del país y donde muchos de estos conflictos pueden representar una violencia mayor a los sucesos de Acteal, que condujo a la renuncia del gobernador del Estado y la renuncia del responsable de la secretaría de gobernación.

De igual manera el gobernador Rutilio Escandón se está equivocando al no impulsar programas que respondan a la atención de los problemas de Chiapas y colgarse de los proyectos de la presidencia de la república que se aplican en la entidad, debido a que Chiapas requiere de un gobierno propio y de acciones concretas que resuelvan problemas del pasado y que al mismo tiempo permitan definir nuevos sentido hacia el futuro, pero sobre todo porque los proyectos del presidente no son la panacea de los problemas de la entidad y difícilmente van a resolver los problemas estructurales de la entidad como son la pobreza, la ausencia de justicia, la mala calidad educativa, la falta de empleo, los problemas ambientales, etc..

Sin duda, las buenas relaciones del gobernador con el presidente son importantes  pero no son suficientes, como ya se vivió en los gobiernos de Pablo Salazar, de Juan Sabines y Manuel Velasco, quienes mantuvieron muy buenas relaciones con el presidente en turno, en donde inclusive lograron importantes incrementos del presupuesto y la realización de obras federales, pero en el que no se construyeron las bases para un nuevo Chiapas ni se atendieron los problemas sociales de la entidad.

Bajo esas circunstancias qué debe hacer Rutilio Escandón para cumplir satisfactoriamente con el papel histórico que le toca desempeñar, como el promotor de la transformación de Chiapas,  si no quiere terminar con el desprestigio y el rechazo social de sus antecesores: primero, cuidar su discurso que no convence ni tiene contenido; segundo, nombrar un gabinete que vaya acorde a la gran responsabilidad social que está en juego en la entidad; tercero, tener un plan de gobierno que siente las nuevas bases para el bienestar de la población y que se respete la legalidad y los derechos humanos; cuarto, impulsar un proyecto de justicia transicional en las comunidades indígenas para garantizar justicia y verdad en los agravios sufridos por décadas; quinto, atender con la seriedad que se requiere la crisis sanitaria, en donde prevalece la mentira, la simulación, la irresponsabilidad, la corrupción y reportes de contagios y fallecimientos muy por debajo de la realidad; y, sexto, que se ponga a gobernar a la voz de ya, que recorra la entidad para que conozca los problemas y perciba personalmente las fallas de su gabinete, en virtud de que Chiapas necesita un gobernador de tiempo completo.

 

 

La crisis sanitaria puso en evidencia a los gobiernos por la dificultad en la toma de decisiones. Y lo que inició en una crisis de salud se trasladó a una crisis económica y ahora se prefigura una crisis política, en la que se desconoce la magnitud, pero en el que se perciben posibles cambios en el ejercicio del poder, renuncia de funcionarios, cambios en la composición de las cámaras cuando se presenten elecciones, una profundización en los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta, sanciones a funcionarios que desatendieron las obligaciones del Estado de prevenir, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, y escenarios políticos desconocidos porque después de la pandemia las cosas ya no podrán seguir siendo igual.

En Chiapas se observa a un gobernante que prefiere no tomar decisiones porque así no corre riesgos ni asume compromisos; con ello prácticamente abandonó las responsabilidades que implican gobernar. Lo preocupante es que existe información estadística y estudios de sondeos de opinión que muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación cambie, aunque él salga a declarar mentiras sobre fantasiosos éxitos de su gobierno. En un breve recuento se puede observar que las actividades económicas están paralizadas; el PIB presenta cuatro trimestres de decrecimiento; no solo no hay crecimiento en el empleo sino que éste decreció; la inversión pública está estancada; el nivel de aprobación del gobernante aparece siempre reprobado; los problemas de gobernabilidad son permanentes y son muchos municipios en donde han existido situaciones de violencia; la inseguridad se apoderó de las calles; la ausencia de políticas para el campo hacen prever una crisis en la producción de maíz y una crisis en la soberanía alimentaria en la entidad.

La única dependencia que viene trabajando en Chiapas es la fiscalía general del Estado, pero lo hace para mal, pues se ha convertido en un peligro para la seguridad de la ciudadanía debido a que se caracteriza por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, lo que implica un desempeño al margen de la legalidad; así se vió en los sucesos recientes en el que anuncia el desmantelamiento de una red de trata de infantes y resultó una familia nuclear que aglutina a cinco familias y en el caso de la detención de un médico del ISSSTECH en donde el gremio médico salió a las calles para demandar su liberación y un juicio justo.

Para males de Chiapas, no existen posibilidades para poner límites al crecimiento de la impunidad provocada por el mal desempeño de la fiscalía debido a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está convertida en un organismo que dejó de funcionar, al estar presidida por un personaje execrable, desvinculado de la lucha por los derechos humanos, en donde esta Comisión jamás emitió ninguna medida cautelar ante la actuación desmedida de la fiscalía que está convertida en una fábrica de invención de delitos, en el que claramente dejó de ser garante de los derechos humanos de la población en Chiapas.

El desenlace de esta crisis sanitaria, combinada por una crisis económica y aderezada por una próxima crisis política no se puede adivinar, pero si se pueden prever sus resultados, y éstos son poco halagüeños para Chiapas; en el que se pueden vivir mayores conflictos sociales, un crecimiento de la pobreza, graves problemas alimentarios por una disminución en la producción de granos, mayor inseguridad y cada vez mayores problemas de gobernabilidad, sin que a la fecha el gobierno de Rutilio Escandón tome las medidas preventivas para evitar y disminuir los daños que se avecinan.

En Chiapas y gran parte del país se está viviendo una situación inédita en la administración pública, la protección y respaldo a funcionarios que han incurrido en fallas en el desempeño del trabajo y que se encuentran severamente cuestionados por amplios sectores de la población.

La respuesta ayer del presidente resultó esclarecedora de esta situación: “Apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho un buen trabajo”. La opinión del presidente no pudo resultar más comprometedora e irreal. El manejo de la crisis sanitaria ha sido un desastre en el gobierno, las cifras así lo indican a pesar del maquillaje que se hace en los informes y esto ha sido acompañadas con críticas de los organismos más importantes en materia de salud, por las malas decisiones aplicadas en el manejo de la pandemia.

La postura del presidente de defender a funcionarios ineficaces se reproduce cabalmente en Chiapas. Aquí el gobernador ha respaldado a un mequetrefe en el sector salud, que con sus ocurrencias y faltas de tacto se convirtió en el hazmerreir de la prensa nacional. La paradoja del desastre en el gobierno de Rutilio Escandón es que el secretario de salud, considerado como tonto por la prensa nacional, es el funcionario más lúcido de este gobierno y el que mejor se sabe la tabla del 2.

Las cosas tampoco son fáciles para el fiscal general, que se involucra demás en los asuntos del gobierno, como si fuera otro empleado del gobernador, perdiendo de vista que la fiscalía es un órgano autónomo. Esta supeditación es lo que ocasionó que muchos casos se revirtieran y se convirtieran en escándalo: por ejemplo el affaire de la hija del gobernador, el caso del homicidio imprudencial de un hijo de una regidora del municipio de Tuxtla, el accidente automovilístico del Director del IMSS, en el que pronto la fiscalía salió a decir que el culpable del accidente fue el único conductor que perdió la vida, o la supuesta desarticulación de una red de trata infantil, en el que uno de los detenidos murió en la prisión con señales de tortura o el caso de la detención del médico del ISSSTECH, que despertó la indignación y solidaridad del gremio médico a nivel nacional, que orilló a la fiscalía a solicitar al juez el cambio de las medidas cautelares para que el juicio lo pueda llevar en libertad.

La realidad es que los asuntos no caminan en palacio y nadie ayuda al gobernador. Todo el aparato público sufre de una parálisis institucional en donde nadie toma decisiones, hasta que los problemas estallan y algunos de éstos se convierten en molestia para la población, cuando se acompañan por cierre de carreteras, toma de casetas o plantones en la vía pública.

La ruta que tomó el gobierno de Rutilio Escandón es la más equivocada. No quiere aprender de las experiencias ajenas, y eso que él colaboró con los dos gobiernos que lo precedieron, que resultaron lo peor que pudo pasarle a la historia de Chiapas.

 

En Chiapas cada vez hay más visos de un colapso de la administración que encabeza Rutilio Escandón, visión que contrasta con las evaluaciones que realiza el propio gobernador, quien considera que todo está muy bien y que incluso presume logros, que solo están en su imaginación y que le impiden tomar con seriedad decisiones políticas para evitar el desastre social al que se camina.

La entidad atraviesa en este momento por una situación difícil, en el que resulta notoria la pérdida de legitimidad del gobernador y en la que es generalizada la crítica hacia las autoridades, a partir de sucesos vergonzosos que se convirtieron en noticia nacional, que mostraron el nivel de deterioro que hay en la vida pública, sin que eso le resulte relevante al gobernador, quien se encerró en su burbuja, y se encuentra aislado de la terrible realidad que se vive en el Estado, en donde todos los indicadores del semáforo económico se encuentran en rojo.

El discurso triunfalista del gobernador en la reunión de gabinete de este fin de semana no augura buenas noticias. Sobre todo, porque no corresponde a la realidad que un amplio sector de la población chiapaneca percibe y que manifiesta la necesidad de cambios. Pero está claro, que las lecturas políticas que hace el gobernador tienen un sentido contrario, y aunque la población le exija cambios y remociones de funcionarios, Rutilio Escandón los va a sostener, lo que terminará provocando conflictos mayores y el convencimiento popular de que el gobierno de transformación que se prometió son puras vaciladas, en el que no se diferencia en nada con los gobiernos que lo precedieron.

Al gobernador le urge anunciar buenos resultados, pero a su alrededor no tiene nada que anunciar, debido a que no hay programas concretos para el bienestar de los grupos con mayor responsabilidad, y todos los recursos se terminarán dilapidando, sin que se conozca a ciencia cierta hacia donde se invirtieron los más de 90 mil millones de pesos del año pasado y el avance presupuestal de este año tiene un ejercicio de 50 mil millones de pesos, sin que se conozca en qué fueron empleados.

Aunque a Rutilio Escandón le faltan más de 50 meses de duración del período de gobierno, hay voces que consideran que su gestión ya acabó, sin dejar ningún legado que recuerde la acción más trascendental de su gobierno. De continuar así el estado de las cosas, se habrán cumplido 18 años de gobiernos malogrados, de manera ininterrumpida en la entidad.

 

 

 

 

En medio de una fuerte crisis de legitimidad, ocasionada por una actividad selectiva en la procuración de justicia, en el que dos casos –la detención del médico y la  detención de una supuesta red de trata infantil-, se salieron de control, lo que provocó el rechazo y la indignación social por la práctica reiterada en la fabricación de pruebas por parte de la fiscalía del Estado, el gobierno del Estado junto con la subsecretaría de derechos humanos de la secretaría de gobernación incurren en una nueva pifia al promover la ratificación del acuerdo de no agresión entre los municipios de Chenalhó y Aldama, que resulta a todas luces violatorio a los derechos humanos de las víctimas de esos enfrentamientos.

El gobierno de Rutilio Escandón lleva  19 meses perdidos, promoviendo un acuerdo de no agresión cuando lo que en realidad debiera de aplicar la ley y dar cumplimiento a sus obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de provocar las violaciones a los derechos humanos. La falta de visión política y de ausencia en conocimientos en derechos humanos, ha conducido a este gobierno a promover acuerdos de paz, que en realidad son mecanismos que reproducen la impunidad, al incumplir el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas que establece el artículo 1º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de aplicación obligatoria en el país.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la justicia debe lograr el efecto útil que se espera y en los casos graves de violaciones a derechos humanos, como sucede en Chiapas con los desplazamientos y la violencia en esos dos municipios, “debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”.

Desde el momento en que la firma de este acuerdo de no agresión omite la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas a miles de pobladores que sufren condiciones de desplazamiento generada por la violencia de grupos paramilitares de Santa Martha, comunidad de Chenalhó,  esta decisión del gobierno resulta incompatible con las disposiciones establecidas en la Constitución mexicana y en la Convención Americana de derechos Humanos. Este pacto de no agresión, tan cacareado como logro político, carece de efectos jurídicos, pero además encubre la investigación de las violaciones cometidas, así como la identificación y sanción de todos los responsables de estas agresiones.

El gobierno hasta el día de hoy no hace manifiesto su interés de prevenir agresiones que multipliquen los desplazamientos en estas comunidades ni su compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos de la población indígena de Chenalhó y Aldama. Por el contrario, ha estado perdiendo el tiempo y creando falsas expectativas en la firma de un acuerdo de paz, que no tiene futuro, en virtud a que las agresiones continuarán presentándose, debido a la ausencia de sanciones en el marco de la ley, aún y cuando las autoridades conocen a detalle la identidad de los responsables de la generación de la violencia en Santa Martha.

 

 

 

 

 

Las personas en prisión se encuentran bajo el resguardo del Estado; por eso cualquier incidente que cause la muerte de un detenido es responsabilidad del Estado, quien nunca deja de representar el papel de garante de la seguridad de los presos. En Chiapas esto se convirtió en letra muerta, a punto tal que las autoridades penitenciarias se exculpan con extraordinaria facilidad de los fallecimientos de los presos.

En días pasados falleció una persona detenida por presuntos vínculos con la desaparición de un niño en San Cristóbal de Las Casas, que se convirtió en escándalo nacional y que el fiscal, ante las instrucciones precisas del presidente de la república, de investigar y dar con el paradero del niño, se le hizo fácil inventar un operativo para desarticular una red de trata de menores y procedió a la detención de miembros de cinco familias que habitaban en un mismo cuarto y que entre todas sumaban a 23 hijos menores de edad.

Esta invención de la fiscalía se difundió en medios y entrevistas a nivel nacional, en la que el fiscal presumió su trabajo del logro obtenido por desarticular una red de trata. Sin embargo todo este éxito es una mentira, no existe tal red de trata ni se liberaron a 23 niñas, niños y adolescentes, porque todos son una familia, que se dedica al comercio informal y trabajan en la calle ofreciendo sus productos. En realidad lo que hubo es una violación a derechos humanos, que no solo imputó de manera fantasiosa hechos delictivos a cinco familias sino que los exhibió como criminales y los cubrió de luto, porque uno de los detenidos en la cárcel de San Cristóbal murió presuntamente como consecuencia de los golpes que recibió al interior de la prisión.

La fiscalía resolvió este asesinato negando los hechos y declarando que fue un suicidio, cuando el cadáver presentaba claras huellas de golpes y una fractura en la cabeza. Para nadie es un secreto las prácticas de tortura de los cuerpos policiales en Chiapas. Aquí los compinches del fiscal, han mostrado que al día siguiente de que se comete un delito grave, tienen detenido y confeso  al responsable. Los métodos de tortura que emplean son tan eficaces que logran sacar la declaración de un cadáver fallecido años atrás.

El Estado está obligado a investigar y sancionar a todos los funcionarios y policías que participaron en el operativo de detención de la supuesta red de trata, así como a los responsables del asesinato de la persona injustamente encarcelada, al que sus deudos claman por justicia.

Los abusos cometidos en contra de la población por la fiscalía son reiterados, que sorprende la pasividad del gobernador en la toma de decisiones, lo que lo convierte en cómplice del clima generalizado y sistemático de violaciones a derechos humanos provocado por la fiscalía general de justicia en Chiapas.

 

 

Todos los problemas políticos que tiene en este momento el gobernador se deben al mal uso que se hace de la fiscalía. Esta dependencia, que en el papel es un órgano autónomo, actúa como brazo ejecutor del gobierno y no como garante de la procuración de justicia, lo que significa que bajo el amparo del poder se cometen las decisiones más aberrantes en contra de la población.

La legalidad no es la característica de este gobierno, que tolera y fomenta que la fiscalía se dedique a la fabricación de pruebas y no a la investigación policial de manera seria, responsable e imparcial, en la que las carpetas de investigación se encuentren debidamente integradas y no haya un resquicio de violación al debido proceso, que de paso a la liberación de los presuntos culpables.

La fiscalía general es una bomba de tiempo que amenaza estallar en cualquier momento y que ha erosionado terriblemente la credibilidad y legitimidad del gobierno de cuarta que hay en Chiapas. El caso de la muerte por tortura del reo de la cárcel de San Cristóbal apunta directamente al fiscal, que inventó el caso de una red de trata de infantes, que le permitió salir en medios nacionales y que ahora se le revierte, porque se detuvo a cinco familias que vivían en el mismo cuarto y que se dedicaban al comercio informal en esa ciudad colonial. Esta pifia no es un hecho aislado, se acompaña del abuso del aparato estatal para linchar mediáticamente a un médico, que se encuentra privado de la libertad por un delito menor que no amerita la prisión preventiva; la reacción en contra de este médico es desmedida, primero se le acusa de abuso de poder, por pedir a los pacientes del ISSSTECH medicinas y luego se le acusa en las redes sociales de extorsión, acto que ya fue desmentido, pero ahora se le imputa el delito de acoso,  y aquí solo queda una interrogante, qué personaje del poder se sintió altamente ofendido por el supuesto acoso, que orquestó un ataque con la fuerza del Estado a un civil.

El mal manejo de la fiscalía no queda ahí. El caso del accidente sufrido por Zoé Robledo también terminó en escándalo político por la falta de credibilidad que hay sobre la fiscalía. Pero también está el caso de la propia hija del gobernador, en donde de manera por demás ridícula se fabricaron pruebas en contra de su expareja. Un caso que no se puede pasar por alto es la detención de un comandante de la policía ministerial, con once kilos de cocaína, detenido por elementos de la fiscalía general de la república. Otro caso es la detención de un comandante de la policía municipal, al servicio de los intereses de Jorge Llaven, que es el fiscal del Estado.

Hechos denigrantes de la procuración de justicia en Chiapas son muchos, solo basta escarbar un poco para dejar al descubierto los ilícitos con la que actúan esta fiscalía, que paradójicamente se convirtió en el brazo ejecutor del gobierno y donde Rutilio Escandón presume de la eficacia con la que actúa, a punto tal que el propio presidente de la república le hizo recientemente un reconocimiento por su desempeño.

Se ha repetido en reiteradas ocasiones que en Chiapas no hay gobierno y los hechos arriba mencionados lo comprueban.

 

 

 

Los funcionarios del gobierno que se autonombran de la cuarta transformación, no quieren entender que el ejercicio del poder en el gobierno implica a su vez algunas pérdidas de derechos, el principal de éstos, sin duda, viene siendo el derecho de tener enemigos o el de convertir asuntos personales en cuestión de Estado, y esta pérdida se debe precisamente a que no se puede utilizar el poder del Estado para realizar ajustes de cuentas o para dirimir los asuntos personales.

Todo esto viene a cuenta porque resulta inentendible lo que está pasando en Chiapas, en el que se viene utilizando el poder del aparato estatal para criminalizar al Dr. Gerardo Grajales Yuca, a quien primero se le acusa de abuso de autoridad y luego se le orquesta una campaña mediática, en el que desde la fiscalía se realizan amenazas a médicos y personal del hospital para que denuncien que este médico realizaba cobros a pacientes enfermos de Covid 19. Lo que sorprende es que la orden vino directamente del gobernador y el fiscal le da cumplimiento de la única manera que sabe, atropellando derechos y violando las leyes.

¿Cuál es el mar de fondo en este conflicto sin sentido que entraña una movilización social y la amenaza sindical de paralizar el sistema de salud de Chiapas? ¿Por qué de pronto el gobernador tomó una decisión drástica de castigar y criminalizar a un médico en una muestra clara de poder? ¿Qué otro tipo de agravio permanece oculta en la conducta del médico para que de pronto haya una respuesta que implica la fuerza del Estado?

La experiencia de situaciones similares como lo que se está viviendo, han sido resultado de condiciones personales que terminaron provocando conflicto mayores. Lo grave de todo esto es que el gobernador dio instrucciones del uso del aparato público para satisfacer su molestia personal, y con ello solo demuestra el abuso de poder, que paradójicamente es el mismo delito fincado inicialmente que produjo la detención del médico. El problema es que no es la primera vez en que el gobernador reacciona con esta conducta de atropellos, lo mimo sucedió en el conflicto de índole privado de su hija que se convirtió en escándalo público y la respuesta fue la de inventar delitos para la detención del culpable de los agravios a su persona y al poder que representa.

Este tipo de reacciones dominada por emociones no corresponden con el nivel de madurez que debe mostrar en sus decisiones un gobernante. Más bien son arrebatos que denotan fragilidad, y que despiertan sospecha del por qué hacer grande un problema que carece de importancia, cuando hay muchos pendientes que ponen en riesgo la gobernabilidad del Estado y el gobernador Rutilio Escandón no hace mutis por resolverlos, dejándose llevar por su indiferencia.

En Chiapas hay un déficit enorme de gobierno. En Chiapas hay muchos ejemplos de la falta de firmeza en la toma de decisiones, y en la crisis sanitaria que se está viviendo han habido miles de muertos, aunque el gobierno estatal solo reconoce menos de 500 fallecimientos,  como para que ahora haya una preocupación judicial para atender la muerte de un político en el ISSSTECH, que además fue atendido en una zona vip del hospital, exclusiva para funcionarios públicos aunque no sean derechohabientes del instituto.

 

 

En los funcionarios chiapanecos hay una práctica sistemática del doble discurso. Por ejemplo el gobernador con reiterada frecuencia agradece el desempeño de los médicos en el combate a la pandemia, pero hoy existe un profundo malestar en el gremio médico por la manera burda e indignante en que fue detenido el Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca, a quien se le acusa de abuso de autoridad.

El fiscal en su doble discurso suele hablar del combate frontal a la impunidad, cuando es de todos sabido que utiliza los métodos más retrógradas en la investigación policial para fabricar delitos y violar la presunción de inocencia, cada vez que monta el teatro de detenciones y exhibe a los presuntos culpables. Son muchos los yerros  del fiscal general, pero recientemente inventó la detención de una presunta red de trata infantil y detuvo a un grupo de personas, cuando la realidad ya mostró que es una familia nuclear, integrada por varias familias, que se dedican al comercio informal, y las acusadas de trata son las madres de los niños; como el caso jurídicamente ya se le cayó, con graves consecuencias para la fiscalía por las violaciones a derechos humanos en las que incurrió, de inmediato se cambió el delito y ahora las mujeres están siendo sometidas a la justicia por maltrato infantil.

La fiscalía del Estado ha dado muestras de protección a la delincuencia organizada, es más, ministerios públicos y comandantes de la dependencia han sido señalados de formar parte de la red de la delincuencia organizada y de ser responsables de secuestros, asaltos y tráfico de droga, sin que haya el mínimo intento de investigar y castigar a los malos funcionarios y depurar esa dependencia. El propio fiscal ha sido acusado de practicar la tortura y de enriquecimiento inexplicable, en el que se relaciona como socio de una universidad privada por la zona comercial de Home Depot y de ser socio de la cadena de farmacias Guadalajara, que se ha extendido por todo el territorio chiapaneco. Asimismo incurre en tráfico de influencias y corrupción al contratar el alquiler de uno de los anexos de la universidad, que fue bunker de campaña de Rutilio Escandón, para instalar las oficinas de una de las fiscalías de esa dependencia.

El fiscal Jorge Luis Llaven es un policía, y piensa y actúa como policía, por eso no tiene el cuidado de apegar sus actos a la legalidad, y situaciones arbitrarias como la detención del médico del ISSSTECH,  sienta los precedentes jurídicos para denunciar al propio gobernador del Estado, como responsable de los homicidios por comisión de omisión, ocasionados por la pandemia, en donde están documentados muchos casos de personas que acudieron a las clínicas Covid y no fueron atendidos, y terminaron falleciendo en los estacionamientos de los hospitales, en la calle o en sus domicilios, incurriendo las autoridades médicas y el gobernador en crímenes de lesa humanidad, que en aras de la justicia tienen que ser procesados.

El montaje de la detención de personas dedicadas a la trata de infantes, así como la detención del médico, son dos escándalos mediáticos que la fiscalía deberá de enfrentar, y en ambos casos, la dependencia deberá de proceder a la liberación de los acusados, en medio de la sospecha, de que el fiscal general no cumple con las funciones de garante de la procuración de justicia.

 

 

 

 

 

 

 

La crisis sanitaria que provoca a su vez una crisis económica por la parálisis de las actividades productivas y de servicios, deja evidencia que la clase gobernante no estaba preparada para enfrentar una crisis de la magnitud que se está viviendo, y la nación hasta ahora más poderosa está gobernada por un personaje que no se encuentra a la altura de las circunstancias. En México las cosas no están mejor. Se está viviendo un proceso de segregación en el país en donde se dividen los aliados y seguidores del presidente y los críticos a quienes sin matices se les engloba como sus enemigos.

Esta segmentación no permite puntos intermedios, así se manifiesta cuando expresa están con la 4t o contra ella, lo que está dividiendo al país y silenciando el pluralismo político que duró largos años construirlo en una sociedad política donde solo existía el PRI y ahora se busca que solo prevalezca los puntos de vista del presidente, en donde pensar queda prohibido.  Esto desata agresiones, enconos, pleitos y rupturas en una población que adolece de grandes problemas de formación y de cultura política, lo que implica que prevalezcan las especulaciones, la información no verídica, los supuestos y las descalificaciones sobre los argumentos. En México hay además una crisis de líderes de comunicación, que las circunstancias políticas los tienen minados; unos por ser panegiristas del gobierno  y otros acusados de ser conservadores o pertenecer a la mafia del poder.

Las redes sociales se convirtieron en un importante mecanismo difusor de ideas, la mayoría de ellas falsas y sin sustento, que se llegó a pensar que sustituían a los medios de comunicación, pero no es así. Hoy se puede comprobar que las redes sociales están inundadas por bot, que reproducen por computadoras mensajes que se convierten en tendencias e inducen a la opinión pública, esto obliga a la reflexión de que no se puede dejar en manos de las redes sociales la construcción de la cultura política de las personas. Además de que las redes sociales se convirtió también en un espacio recurrido por los políticos para posicionar imagen o minar y destruir con notas falsas a rivales y enemigos.

Es frecuente encontrar en las redes sociales esta reproducción de los segmentos políticos que se están construyendo en el país y son recurrentes las disputas y agresiones hacia puntos de vista que proclaman la reflexión y la diversidad de ideas; en el que se está perdiendo la capacidad de comunicación. Por eso las redes sociales no pueden sustituir a los medios tradicionales, que están sujetos a un marco normativo y expuestos al derecho a la réplica y a la demanda por daños al honor.

La segmentación política en los dos grupos que se viene construyendo no ayuda en nada a superar los problemas que se avecinan cuando termine la contingencia sanitaria. En donde el nivel de ruina en el país va a afectar no solo las condiciones económicas sino también lo político, lo cultural, lo moral, lo familiar y el sector de intelectuales y académicos quedará reducido a posiciones irreconciliables. La sociedad no está educada para enfrentar la crisis que se avecina, en donde se mantiene una baja calidad de vida democrática, unos niveles de violencia muy altos, con una fuerte presencia de la delincuencia organizada, que ya construyó un nivel de Estado dentro del Estado nación, que además subordina a la clase política y ya demostró que cuenta con una fuerza de sicarios con mejor armamento que el de las fuerzas armadas.

Ante esta situación se vuelve imprescindible pensar en el futuro, sin las ataduras impuestas por el presidente, debido a que el pensamiento no puede quedar reducido a dos posturas del blanco o negro o el día y la noche, sino que la diversidad se construye en los puntos intermedios de los extremos, pero sobre todo porque el pensar el futuro implica cuestionar lúcida y críticamente lo que se vive para provocar los cambios. En este sentido es válido pensar y cuestionar lo que se vendió como la transformación, para generar una verdadera transformación y no quedarse en la mercadotecnia del Dr. Símil: lo mismo pero más barato.

 

 

 

 

Con las ciudades cubiertas de luto por los fallecimientos ocasionados por el virus Covid 19 y la amenaza de la mayor crisis económica que pone en riesgo la soberanía alimentaria, Chiapas representa hoy día el rostro de pobreza, inseguridad y de ingobernabilidad que es lo que ya no se quiere vivir.

La situación real de los problemas de la entidad y no el del mundo ficción en el que se mueven las autoridades, obliga a una convocatoria hacia una reflexión colectiva para definir los nuevos rumbos de Chiapas con el fin de mejorar la convivencia y las condiciones de vida de la población, pero esta convocatoria no significa un manida unidad chiapaneca, pues se debe respetar la pluralidad política y rechazar todo tipo de manifestación de sumisión y/o de entreguismo como recurrentemente lo han hecho un grupo de personas en los distintos gobiernos de la entidad.

Chiapas viene de 12 años de gobiernos desafortunados y de desaciertos en el ejercicio del poder y de seguir con la misma política de indiferencia, se está asegurando un período 18 años de malos gobiernos, en el que prevalece la violencia y la inseguridad acompañada por la crisis sanitaria, que por el mal manejo de ocultar información y publicitar datos falsos se prevé que este problema permanezca hasta el próximo año.

Desafortunada y lamentablemente la administración de Rutilio Escandón es de anuncios mediáticos, ya sea a través de boletines o de videos sin que se atiendan y resuelvan los problemas que padece la sociedad. En el que Chiapas está siendo condenada a no tener futuro, sino solo un pasado trágico que se reproduce una y otra vez.

El mundo ficción que recubre al gobernador y a su gabinete, contrasta radicalmente con la percepción de muchos sectores de la población que consideran que no se toman decisiones de gobierno y que los problemas se han acrecentado, a punto tal que la violencia, la inseguridad y la violación a derechos humanos, son parte de la normalidad con la que las personas se acostumbraron a vivir, lo interiorizaron y se encuentran conformes con ese destino.

Sin embargo hay un malestar en la población que no se puede pasar por alto, es la creciente falta de generación de empleos, problema que se agudizó con el cierre de miles de negocios ocasionado por la pandemia, en la que el gobierno no quiere emprender con un programa de estímulos para fomentar las actividades agropecuarias y el crecimiento económico.

La ausencia de gobierno es la consecuencia de la inexistencia de programas de gobierno, en el que no se están tomando las medidas preventivas para enfrentar la crisis económica que se avecina, que va a incrementar considerablemente los índices de pobreza en la entidad y que va a provocar una reducción de la producción agrícola, que sigue siendo la principal actividad económica del Estado.

En innumerables ocasiones se ha señalado la urgencia de contar con un programa emergente de recuperación económica y un nuevo pacto político, en donde se diseñe y se privilegie los nuevos rumbos de Chiapas y no los intereses electorales que prevalecen en los funcionarios de esta administración, que se olvidaron de gobernar, pero que tienen ya como único propósito ganar las próximas elecciones, cuando ya demostraron que no saben qué hacer con el gobierno.

 

 

 

En Chiapas la cultura política se construye a través del discurso sobre la invención de la conspiración. Así fue desde mediados del siglo XIX, en que el grupo político de San Cristóbal de Las Casas conspiraban con el fin de derrocar a los gobiernos liberales y esa práctica continuó en el siglo XX, en que los mismos grupos coletos de San Cristóbal conspiraban para buscar que la capital de Chiapas retornara a su ciudad, después de que Emilio Rabasa estableciera la capital del Estado en Tuxtla Gutiérrez.

La cultura de la conspiración continuó con los gobiernos posrevolucionarios, en donde los agraristas conspiraban en contra del gobierno de los “Mapaches” y luego los mapaches conspiraron en contra de los agraristas. En el Chiapas moderno los sabinistas conspiraban en contra de don Salomón González Blanco y después de la rebelión zapatista, del 1 de enero de 1994, grupos cercanos a la pastoral de la Iglesia conspiraron en contra del ascenso al gobierno de Eduardo Robledo.

Dentro de esa cultura política de la conspiración, surgió la bandera del interinato. Entre 1976 y 1982, Chiapas tuvo tres gobernadores. En 1982 fue designado gobernador el Gral. Absalón Castellanos y en distintos momentos de su período de gobierno se especulaba que caía y vendría un interinato. Con Patrocino González, que se caracterizó por una concentración autoritaria del poder, su gobierno terminó con dos interinatos. Eduardo Robledo Rincón sólo duró 60 días en el poder y le sucedieron dos gobiernos interinos. Pablo Salazar duró los seis años del gobierno, pero también se especuló con un gobierno interino, sobre todo cuando Santiago Creel se perfilaba como el candidato de Fox a la presidencia y en la prensa nacional se llegó a manejar el nombre de Pablo Salazar como secretario de gobernación.

El gobierno de Juan Sabines Guerrero no fue la excepción, también fue insistente el rumor del interinato. En sus delirios y ambiciones este personaje se promovía como posible secretario de desarrollo social, y ya en plena locura, el gobernador Sabines llegó a pensar que podía ser candidato del PRD a la presidencia de la república. Con Manuel Velasco siempre se habló de la posibilidad del interinato, pues sus intereses siempre estuvieron en la Ciudad de México, y en las condiciones absurdas del poder en Chiapas, después de tener un gobernador encargado por una semana, Manuel Velasco regresó como gobernador interino de sí mismo.

La cultura política de la conspiración y del interinato está presente en el análisis especulativo  sobre el actual gobierno, que en los 18 meses de gestión se han presentado diversos conflictos que ponen en evidencia la ausencia de manejo político, pero para ocultar esa deficiencia, se suele filtrar el mensaje de la conspiración y se ha menciona la posibilidad de un interinato, ignorando que la Constitución de la entidad señala nuevas elecciones.

En este momento el discurso de la conspiración está presente, debido al accidente que sufriera Zoé Roblero, a quien se le quiere ver fuera del proceso sucesorio, incluso en la ausencia de análisis se mencionan nombres en el que se especula promueve el linchamiento mediático.

Sin duda, la cultura de la conspiración es nociva y evidencia la falta de visión de proyecto en la entidad. Hay quienes insisten en crear especulaciones; pero los interinatos han sido de lo más dañino para el Estado, pues daña la legitimidad, y debilita la vida institucional, pero además, porque han terminado constituyendo una legión de nuevos ricos que sangran el presupuesto de Chiapas.

 

La inseguridad se convirtió en un problema serio en la entidad, pero el gobierno mantiene una postura de que Chiapas es un Estado seguro, en donde parte de una premisa equivocada al considerar, que con negar el problema y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos bancarios, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control.

La campaña publicitaria de un Chiapas seguro que promueve el gobierno es insustancial. De nada sirve que se oculte o se niegue una situación cuando de manera reiterada acontecimientos de violencia o de inseguridad en Chiapas son noticia nacional, que reduce las posibilidades de un turismo seguro en la entidad. De allí la falacia del Chiapas imaginario que se percibe en los funcionarios y la mesa de seguridad, que cada vez se encuentra más desacreditada.

Frente a ese Chiapas imaginario se levanta una realidad que padece una desigualdad social, que vive en la pobreza que tiende a incrementarse; una población preocupada  por la falta de circulante y de una ausencia de inversión pública, que está temerosa de los despidos que realiza la administración y por la pérdida de empleos provocada por el cierre obligatorio de las negocios debido a la pandemia.

La fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad improvisan acciones que son violatorios a los derechos humanos. En este sentido los retenes policíacos, inconstitucionales en todos los sentidos, se han convertido en mecanismos de extorsión y de intimidación a la ciudadanía, que no resuelven los problemas de inseguridad ni de tráfico de armas, ni de drogas ni de personas. Pero además la fiscalía general continúa con las prácticas de tortura y la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, como se hacía en el antiguo régimen, al que tanto critican pero lo siguen imitando.

Con estas medidas, la administración de Rutilio Escandón muestra las dificultades que tiene para brindar seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, en donde su apuesta es criminalizar la protesta social e infundir temor en la población, como lo ha hecho con los estudiantes normalistas y la población indígena desplazada..

Ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad hay talento para garantizar la tranquilidad ciudadana. En esas dependencias lo que hay son acuerdos con la delincuencia organizada y en las delegaciones de ambas dependencias se tienen establecidas cuotas a los mandos para encubrir un conjunto de ilícitos que a diario se suceden, sobre todo en los municipios fronterizos, que va del tráfico de azúcar, de ganado, de personas y las rutas de paso de drogas que están claramente establecidas por los principales cárteles del país.

Un reto del gobierno de Rutilio Escandón era el de garantizar seguridad con respeto a los derechos humanos, algo en lo que hasta ahora no ha podido responder a la ciudadanía, en donde la falla inició desde el nombramiento de los funcionarios responsables de la seguridad y la justicia, que han mostrado total ineficacia para restablecer la paz y la tranquilidad de la población chiapaneca, lo que convierte a esta administración en una amenaza para los derechos humanos.

 

 

 

 

 

En este momento la única preocupación del gobernador Rutilio Escandón es lo electoral y con eso omite la atención no solo de la emergencia sanitaria, que se está viviendo, manejada dolosamente con cifras falsas, y también deja de lado la crisis económica que se avecina, en donde los pronósticos del crecimiento para México y Chiapas no resultan halagüeños.

Los cuatro meses de confinamiento debido a la pandemia ocasionó en todo el país el cierre definitivo de negocios y de empresas y con ello se provocó una pérdida creciente de empleos, que difícilmente se van a recuperar en los próximos años, pues para ello se requiere de un crecimiento de la economía superior al 4% y los pronósticos señalan un decremento en el 2020 superior al 8%, algunos analistas financieros consideran que va a ser del 10%, y para el 2021 se calcula un crecimiento inferior al 3%. Estos datos para el Estado de Chiapas son aún peor, pues el decremento de la economía en la entidad se calcula superior al 12% y para el 2021 menor del 1%, lo que puede ocasionar un crecimiento considerable de la pobreza en la entidad, debido a la contracción que se está viviendo, de las principales actividades económicas.

Estos males de la economía afectan la vida cotidiana y alteran considerablemente la esfera de lo que es considerado como la vida privada, pues con el desempleo se deteriora la vida familiar, se incrementa la violencia y se pierde el horizonte del futuro. Todo esto viene siendo invisibilizado por el gobierno, cuya única apuesta es ganar las elecciones, sin importar los costos sociales que representa abandonar la responsabilidad social que todo gobierno debiera de desempeñar, como se viene haciendo en Chiapas.

La preocupación del gobierno debiera estar en evitar los costos de la crisis económica y del deterioro de los social, que se prevé se agudice en los próximos meses y que se prolongue hasta el fin del sexenio, pues está claro que con Rutilio Escandón no van a existir los cambios que se necesitan y los funcionarios actuales ya demostraron con creces el nivel de incompetencia, y peor aún, las prácticas de corrupción del antiguo régimen que tanto critican, pero lo imitan a punto tal de parecer iguales.

Para que la economía de Chiapas mejore se requiere de apoyos económicos y fiscales, pero eso no está en la lógica del gobierno, que copia las decisiones presidenciales sin ningún tipo de análisis de lo que eso implica, en donde el gobernador está dispuesto a complacer las directrices presidenciales que el de buscar el bienestar de la población de Chiapas, quien tiene en quiebra técnica la actividad turística y la producción agrícola está siendo expuesta a que cada productor implemente su propio plan de mejora o de contención de la crisis sin ninguna ayuda formal de las autoridades.

 

 

De manera sistemática la administración de Rutilio Escandón utiliza a los cuerpos policiales para desalojar y enfrentar a los grupos de pobladores que protestan. En el discurso ficción de los funcionarios estas medidas son para imponer el Estado de derecho, cuando en realidad lo que hacen es utilizar la violencia institucional en contra de la protesta social, situación que sólo provoca mayor violencia.

Con ello se cierra la posibilidad del diálogo y la búsqueda de acuerdos a través de la vía política, que representa un instrumento indispensable para la construcción de la gobernabilidad democrática, y lo más grave aún, se encubre la ineficacia y las irresponsabilidades de un conjunto de funcionarios, que se desentienden de los problemas y exigencias de la población, tal y como viene sucediendo en Chiapas.

¿Por qué hay tantas protestas sociales en Chiapas y por qué muchas de estas protestas vienen acompañadas de la violencia? En realidad no hay una única respuesta para estas interrogantes, en virtud de que en la entidad son muchas décadas de incumplimiento en la satisfacción de derechos sociales, económicos y políticos. Durante muchos años el gobierno instituyó una cultura de la dádiva en lugar de mejorar las condiciones sociales de la población, a quienes se les confinó a vivir de las ayudas sociales. Son miles de millones de pesos destinados en las últimas décadas para programas sociales, aparentemente invertidos en Chiapas, que fueron derrochados mientras la pobreza y la desigualdad social en la población crecía.

En las comunidades chiapanecas existen cientos de miles de jóvenes a quienes se les ha robado el futuro, que no tienen formas de emplearse ni posibilidades de dotación de tierras  en sus comunidades, que han crecido con un resentimiento social y a quienes se les impuso como opción el camino de la migración.

En Chiapas ha existido un despilfarro presupuestal sin que haya habido responsables y sin que se haya sancionado a algún funcionario. Y ahora, están tomando decisiones un conjunto de funcionarios que no han demostrado que tengan competencias ni conocimiento y mucho menos sensibilidad. La caquistocracia es el gobierno de los peores y esos son los que están pretendiendo gobernar en Chiapas. Por eso no se puede dejar de señalar que la peor corrupción de la administración de Rutilio Escandón es la de haber nombrado a funcionarios sin competencias políticas ni académicas, que no han sido capaces de implementar proyectos de gobierno

La falta de oficio político en la administración encabezada por Rutilio Escandón, es lo que ha provocado la violencia en muchas comunidades de la entidad, que terminan con reuniones en la secretaría de gobierno, donde no se dan solución a los problemas, pero sirven para tomarse la foto, elaborar el boletín y simular que se toman decisiones de gobierno, mientras que los conflictos se reproducen ante la pasividad de funcionarios que no entienden la función de gobernar.

 

 

 

 

 

En Chiapas la represión y la violencia institucional ha sido una práctica cotidiana para el manejo del control político. La lista de líderes sociales asesinados es larga e incluso, en la primera mitad del siglo XX se llegó a la aberración de aprobar una ley en la que se autorizaba a los grandes propietarios a la creación de  las guardias blancas, que se encargaron de desaparecer cualquier brote agrarista de protesta.

La violencia institucional en Chiapas tiene diferentes patrones de comportamiento. Primero la creación de las guardias blancas, luego la intervención directa de los militares y los cuerpos de seguridad, después del levantamiento zapatista surgen los grupos paramilitares y ha sido una constante en el territorio las ejecuciones extrajudiciales, el encarcelamiento y la persecución. La frase de entierro, encierro o destierro se convirtió en un mal principio político de los gobiernos en la entidad.

Lo execrable en todo el largo proceso de violencia institucional en Chiapas, es que el Estado incumple con la responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables de esta violencia,  en el que la mayoría de los crímenes y desapariciones forzada están impunes y no hay investigación ministerial de los hechos ni castigo a los culpables ni la búsqueda de  acciones judiciales que ponga límites a los abusos de poder, en el que prevalece un clima de impunidad.

Así sucedió con los crímenes de los comisariados de los bienes comunales de Venustiano Carranza, de Andulio Gálvez, Sebastián Núñez Pérez, Rubicel Ruíz Gamboa, etc., etc.

En los gobiernos de los últimos 50 años han existido asesinatos políticos, desalojos, desapariciones, detenciones arbitrarias, persecuciones, tortura, que muestra el rostro del ejercicio del poder en Chiapas, en donde la clase política chiapaneca se empecina en mantener este estado de impunidad y de violencia institucional arropado en un discurso que considera que en Chiapas no pasa nada y cuando pasa tampoco pasa nada, como cuando han habido masacres, que desafortunadamente son bastantes: Bolomchan, en el  municipio de Sitalá,  Acteal, en Chenalhó, la masacre en el municipio de El Bosque,  los asesinados en Chinkultic, en el municipio de Trinitaria y los de Viejo Velasco, en Palenque.

En Chiapas nadie está a salvo de  la arbitrariedad en el ejercicio del poder, esto aplica para el actual gobierno, que no ha mostrado  caracterizarse por el respeto a las libertades y a los derechos ciudadanos y en donde la violencia y la inseguridad presenta situaciones preocupantes de impunidad, en donde la fiscalía reprodujo la vieja práctica priista de la fabricación de delitos para imputar a inocentes y en donde la tortura pervive como el más eficaz instrumento de la investigación policíaca.

La historia de la violencia institucional en Chiapas debe de dejar de repetirse, pues la administración de Rutilio buscó instituirse como un gobierno diferente pero está quedando a deber, pues la realidad señala que más bien es un gobierno de continuidad de los malos gobiernos que lo precedieron, en el que aún y con su manifiesto malestar, el gobernador protege a los funcionarios de los malos gobiernos anteriores, pero difícilmente a él alguien lo va a proteger y cuando termine su gestión, puede ser sometido a la investigación y el castigo.

 

 

La situación social de Chiapas presenta síntomas de alarma: es la entidad con menos crecimiento económico en el país; por décadas ha venido padeciendo problemas de gobernabilidad; tiene una alta deuda pública, que ocasiona el pago de 6 millones de pesos diarios; tiene un nulo crecimiento del empleo; está en riesgo la soberanía alimentaria por la baja producción de granos; hay una crisis por la inseguridad; se padece un ineficaz ejercicio de gasto público; existen graves deficiencias en la impartición de justicia y se tienen los índices de pobreza más alto del país, en donde el 78% de la población vive en la pobreza y la pobreza extrema.

Lo incomprensible es que pese a la gravedad de cada uno de estas problemáticas, no parecen tener importancia para el gobernador y sus funcionarios, que mantienen la misma indiferencia y frivolidad que los gobiernos anteriores y construyen un  discurso ficción en el que repiten que todo está bien, mientras caminan con los ojos cerrados hacia el precipicio, por la falta de proyectos de desarrollo y la corrupción prevaleciente.

En Chiapas mantener un discurso de austeridad representa una verdadera irresponsabilidad en virtud de que la principal fuente de circulante de capital es la inversión pública y ésta no existe en la entidad, a pesar de que en el ejercicio presupuestal del 2019 se gastaron más de 91 mil millones de pesos, sin que haya una obra de infraestructura relevante que justifique el exagerado presupuesto asignado en ese año fiscal al Estado y para el 2020 se presupuestaron más de 95 mil millones de pesos, en el que se arrastra un subejercicio presupuestal por la parálisis de la economía ocasionada por la pandemia del coronavirus.

Para males mayores hay que señalar que las principales licitaciones han sido asignadas a empresas que no son chiapanecas, como bien puede ser el de los desayunos escolares, con un poco más de un millón de desayunos diarios, cuya dotación la administra una empresa de Puebla, que no adquiere productos locales, lo que afecta considerablemente a la economía de la localidad, alimentos que se transportan a los municipios, sin que muchos de estos alimentos llegue a los beneficiarios del programa, pues desde hace cuatro meses no hay clases debido a la emergencia sanitaria. Lo paradójico es que con frecuencia el director del DIF sale anunciando que con los ahorros del gobierno se están comprado despensas, cuando el DIF tiene asignado para este año un presupuesto superior a los mil 200 millones de pesos.

El panorama del campo en la entidad también es catastrófico, los apoyos federales se distribuyeron en febrero, antes de la emergencia sanitaria y las condiciones ocasionó que esos apoyos se emplearan para otras necesidades, y ahora que se necesitan recursos para sembrar y fertilizar el maíz ya no hay. La mala planeación en la asignación de los recursos puede provocar para el siguiente año, que es año electoral, una crisis alimentaria en miles de localidades en la entidad.

Esta crisis sanitaria, acompañada por un crisis mundial del capitalismo, pegó en Chiapas en un momento en que la administración de la entidad está integrado por el peor gabinete de la historia, que ha demostrado con creces el nivel de incompetencia de los funcionarios, lo que hace evidente la ausencia del gobierno y en algunas regiones la ausencia del Estado.

 

 

 

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