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El funcionamiento de la fiscalía general del estado adolece de tres principios constitucionales básicos; el de la legalidad, el de la confiabilidad y la imparcialidad.

El video que circula en las redes que muestra cómo se dio el asalto a un trabajador de una gasolinera, que iba con más de un millón de pesos a realizar un depósito bancario, representa una evidencia en contra del personal de la fiscalía ya que se señala que los autores del robo son presuntos elementos de la fiscalía general, quienes iban encabezados por un comandante de la fiscalía de alto impacto.

El asalto tiene una semana que se cometió y a la fecha el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, no ha realizado alguna declaración al respecto, pero de ser cierto que los responsables pertenecen a la fiscalía, el fiscal se encuentra cometiendo el delito de comisión por omisión y debiera ser sometido al procedimiento de sanción correspondiente.

La inseguridad en Chiapas, de acuerdo al video en mención, tiene el sello de que existe complicidad policíaca, en donde la fiscalía se encuentra infiltrada por la delincuencia organizada o peor aún, la fiscalía en sí es la delincuencia organizada. Cualquiera que sea la situación se demuestra el complejo problema del funcionamiento de la fiscalía en el que carece de legalidad, por sus prácticas gansteriles, en el que no hay confiabilidad, debido a que se fabrican pruebas para inculpar inocentes y no hay imparcialidad, ya que en aras de crear una imagen de eficacia, inventan culpables y los presentan confesos.

La situación es grave. Y ni el fiscal ni el gobernador del Estado toman cartas en el asunto. Actúan como si nada hubiera pasado, pero la denuncia es grave: se señala a elementos de la fiscalía de participar en un asalto y las pruebas son un video, que ante la inacción del fiscal general, se hizo publico en las redes sociales.

Aquí no hay excusas, el discurso de cero tolerancia que emplea el fiscal Llaven Abarca, lo obliga a tomar decisiones drásticas. Sin embargo es notorio su comportamiento de protección a los elementos señalados y no quiere separarlos del cargo y someterlos al procedimiento de responsabilidad penal.

Al respecto, la responsabilidad del fiscal general es aún mayor en virtud de que ahora se sabe que el comandante señalado de participar el atraco, ya había sido separado con anterioridad de la dependencia por las denuncias de las mismas prácticas del que ahora se le acusa. Es decir, que Llaven Abarca incorporó a la fiscalía a delincuentes conocidos lo que pone en riesgo la seguridad de las personas y de sus bienes.

Aquí se perciben delitos de impunidad y el de comisión por omisión y determinado el momento el propio fiscal general deberá ser sometido a un procedimiento de sanción.

¡Vaya situación a la que se enfrenta el gobierno de Rutilio Escandón a menos de un año de haber tomado posesión!

 

 

 

 

 

 

Es una historia común que elementos de los cuerpos de seguridad participen en bandas de asaltantes con una impunidad escalofriante. Estos sucesos nada nuevos, fueron narrados en el siglo XIX por el escritor Manuel Payno, en su novela histórica Los Bandidos de Río Frío.

Este comentario viene a cuenta, debido a que en las redes sociales se exhibe un video, donde se observa un asalto en el que participan presuntos miembros de la fiscalía de alto impacto. De ser ciertos estos hechos, la situación del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca se hace insostenible, pues quedaría demostrado que la fiscalía no protege a la delincuencia organizada sino que de adentro de la fiscalía opera la delincuencia organizada.

Las irregularidades en la que están involucrados elementos de la fiscalía de alto impacto son muchas. Aquí se han narrado más de una vez, el montaje orquestado por el propio fiscal de alto impacto para imputar responsabilidad a un inocente, que fue sacado por la fuerza de su casa por elementos de la fiscalía y después inventaron que había sido detenido en flagrancia en un asalto a una gasolinera. El caso se vino abajo porque los familiares presentaron un video que muestra que el imputado fue sacado de su casa, en donde se observa la participación del propio fiscal de alto impacto. Ante esas evidencias el juez de control dictó la no vinculación a proceso y ordenó a la fiscalía la investigación por alegada tortura, sin que el fiscal general haya realizado investigación alguna y los elementos participantes en esa violación a derechos humanos continúan laborando en esa dependencia.

El asalto en el que se denuncia la participación de elementos de la fiscalía fue perpetrado a un trabajador, quien llevaba más de un millón de pesos de una empresa gasolinera, que iba a ser depositado y que pese a la denuncia en la fiscalía general se guarda un sepulcral silencio y se encubre a los presuntos responsables.

Lo paradójico de esta situación, es que el fiscal Llaven Abarca mantiene una campaña mediática en la que se promociona como el funcionario de mayor eficiencia de la actual administración y guarda mutis sobre este caso. Inclusive en su campaña de promoción, presume que en los delitos relevantes cometidos en la entidad se han aprehendido a los responsables, mismos que se encuentran confesos en el reclusorio y en los boletines, en el que se celebran sus “éxitos” concluyen con la redacción siguiente: “La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, refrenda su compromiso con las y los chiapanecos de garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará impune”.

Este escándalo en ciernes no es un asunto menor, pues golpea directamente a la credibilidad de la campaña anticorrupción emprendida por la presidencia de la república y replicada por el gobierno de Chiapas, en la que el fiscal Llaven Abarca juega un papel relevante y en la que se espera, que la conducta antisocial con la que se comporta los funcionarios de la fiscalía de alto impacto no quede impune.

Chiapas tiene fundamentalmente dos grandes problemas sociales: los bajos Índices de Desarrollo Humano y la falta de confianza y credibilidad en la impartición de justicia.

Estos dos problemas tienen relevancia en la forma de hacer “política” en la entidad. Por un lado, ha existido un abuso exacerbado en la utilización de los pobres en la promoción y las campañas políticas y, por el otro, se ha interiorizado la idea de impunidad en el imaginario de los funcionarios y políticos chiapanecos, lo que significa un deterioro en las formas de impartición de la justicia.

Esta situación resulta evidente en las condiciones políticas de las elecciones pasadas. La mayoría de los candidatos ganadores emplearon la práctica generalizada de la compra del voto, en donde se abusó de la miseria que prevalece en sectores amplios de la población y que hace vulnerable las prácticas democráticas. De igual modo, existe la percepción y en algunos casos la certeza, de que muchos funcionarios de la administración y de los cargos de elección se enriquecieron, y hasta este momento, ese ilícito está en la impunidad.

Los bajos Índices de Desarrollo Humano y la falta de justicia limitan y vulneran la implementación de un proyecto democrático, en virtud de que la pobreza y la falta de educación hacen imposible el establecimiento de la democracia. Pero, de igual modo, la ausencia de justicia hace inviable el proyecto democrático, porque eso significa que no existe una legalidad en la aplicación de la ley, situación que caracteriza a los gobiernos autoritarios y a la tiranía.

En este sentido, la crisis de la democracia en Chiapas, y muy seguramente en el país, estriba en los problemas de pobreza y en las deficiencias educativas, que se recrudece con la ausencia de una cultura de la legalidad, que sintomáticamente hace selectiva la impartición de justicia.

Revertir esta situación no es un asunto fácil, pues un aspecto se puede modificar con decisiones económicas acertadas, pero el otro aspecto es un problema cultural, que requiere de cambios de mentalidad en las personas. Y regularmente los cambios culturales suelen ser de mayor complejidad que los cambios económicos.

Paralelo a esta situación, entre los activistas políticos, que promueven las transformaciones sociales y que se involucraron para alcanzar el triunfo de MORENA para la presidencia de la república y para la gubernatura del Estado, están siendo contagiados por el fenómeno del desencanto político. Sobre todo, porque se considera que no se han profundizado en las transformaciones prometidas y muchos impresentables de gobiernos anteriores se incorporaron como funcionarios, pero también porque los cambios son lentos y a veces imperceptibles, que pareciera que todo esfuerzo para lograr el cambio es inútil.

 

En este gobierno se ha convertido en un acto de fe combatir a la corrupción. Sin embargo este problema no se resuelve solo por una decisión del gobernante ni tampoco por la simple disposición de la ley, como se pretende combatir en esta administración que se autoproclama de la transformación. Los mecanismos jurídicos son indispensables pero se requiere hacer efectiva la sanción, y en México la secretaría de la contraloría se fundó en los años ochenta y hasta ahorita no ha habido ninguna sanción a un funcionario de primer nivel, y en los casos en que pareciera que sí hubo castigo, se deben fundamentalmente a un ajuste de cuentas o por que cayó de la gracia del que manda. Para reducir la corrupción se requiere implementar la cultura de la legalidad, algo que no existe en los funcionarios del gobierno, pues algunos de ellos no cubren los requisitos para desempeñar el cargo que tienen y eso se considera como un síntoma de corrupción. Por ejemplo Uriel Estrada Martínez, titular de la Auditoría Superior del Estado, no cubre los requisitos señalados por de la Constitución para desempeñar el cargo. Él no posee con la experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, que obliga el artículo 116 de la misma y el Congreso local pasó por alto esta disposición solo porque ese nombramiento había sido predeterminado en la oficina del gobernador. La ilegalidad de ese nombramiento invalida por sí sola cualquier acción que busque combatir la corrupción, porque el nombramiento de una autoridad que integra el sistema anticorrupción está viciado de origen. Pero la fiscalía general del Estado también adolece del mal de la ilegalidad en su funcionamiento. Sobre todo cuando fabrica pruebas para inculpar a inocentes o cuando viola el principio de la presunción de inocencia o peor aún, cuando emprende una campaña de desprestigio en contra de activistas u opositores al gobierno, en donde se genera una persecución judicial, pone en riesgo la vida, promueve el acoso mediático desde el poder, difunde calumnias a través de acusaciones montadas y busca restringir las libertades, como se viene haciendo hoy en día en contra de los miembros del FNLS y burdamente en contra del líder magisterial de la CNTE, a quien sin juicio alguno, se expuso al linchamiento de las redes sociales como culpable del cobro de cheques. El desempeño faccioso de la fiscalía violenta el principio de legalidad, imparcialidad y confiabilidad que se requiere en las funciones de fiscalización, por lo que está anulada por su propio desempeño para participar dentro de un sistema de corrupción, en donde ésta es parte del mal que se pretende combatir. Para males de Chiapas el presidente del tribunal de justicia también está inhabilitado para que el consejo de la judicatura participe dentro de un sistema anticorrupción. En el tribunal de justicia se viola de manera reiterada el derecho de la información, en el que no se hace público el contenido de las sentencias, aún y cuando existe una resolución de la Corte al respecto y ante solicitudes de información de sentencias y liberaciones, sobre todo de la ilegal mesa de reconciliación, contesta irresponsable y estúpidamente que la ley obliga a la protección de los datos personales. Pero el mayor problema de transparencia en Chiapas se encuentra en la ausencia del cumplimiento del artículo 108 de la Constitución, en el que se establece la obligatoriedad de presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. Algo que todavía no realiza ni el gobernador del Estado.  

El problema de los desplazamientos indígenas en Chiapas viene de varias décadas atrás, cuando en los años 70s en San Juan Chamula se dio una expulsión por razones religiosas. Sin embargo, la gravedad de este problema  se debe a que ningún gobierno ha querido resolver esta situación, misma que se agudizó a partir del año de 1994, en que se diseñó una política de Estado para crear, adiestrar y financiar grupos paramilitares con la finalidad de enfrentar entre sí a las comunidades indígenas, y a partir de allí generar un discurso distractor que señaló que la violencia en esas comunidades no era producida por el Estado sino debido a los conflictos intercomunitarios.

Son muchos los sucesos de violencia que se han presentado en los últimos años que terminaron provocando desplazamientos indígenas y el Estado no implementa medidas para prevenir estos desplazamientos, y de manera omisa continúa desestimando el clima de agravios, conflictos y de tensión social que prevalece en las comunidades en donde los grupos paramilitares actúan con impunidad.

En los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán existe una profunda polaridad social, que no está siendo entendida ni aquilatada por el gobierno de Chiapas, en donde dos diferentes grupos paramilitares impusieron condiciones en la región y la reincidencia de enfrentamientos y muertos están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un conflicto que termine generando una masacre de consecuencias mayores a los sucedido en Acteal, en diciembre de 1997.

Sobre los desplazados de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han emitido medidas cautelares y recomendaciones al Estado mexicano y al gobierno de Chiapas para que atiendan esta situación, que eviten daños mayores o violaciones graves a los derechos de esta población, y ha recomendado al gobierno de Chiapas el desarme de los grupos paramilitares. Hasta ahora el gobierno chiapaneco ha sido omiso a esta recomendación y se ha dedicado a promover reuniones con presidentes municipales sin que éstas eviten las tensiones y la violencia que prevalece en esos lugares.

Hay una desatención histórica hacia los desplazados, pues no se han procurado condiciones que posibilite el retorno y miles de desplazados pasaron a formar parte de los cinturones de miseria de la ciudad de San Cristóbal de Las casas.

Hoy día la región de Aldama, Chenalho y Chalchihuitán está convertida en un polvorín, sin que esto pareciera preocuparle a las autoridades del gobierno estatal y federal, quienes vienen incumpliendo las medidas cautelares de la CIDH y la recomendación de la CNDH, pues los grupos paramilitares continúan actuando en la impunidad, sin que haya visos de que se implemente un operativo de desarme y sin que se implemente un programa de cultura de paz y no violencia.

Esta desatención compromete a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues son directamente responsables de cualquier hecho de sangre que suceda en estos municipios.

 

 

 

 

 

La inseguridad se convirtió en un problema serio en Chiapas, pero el gobierno tiene una incapacidad funcional que lo hace inoperante y considera que con negar el problema y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos bancarios, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control.

La campaña publicitaria de un Chiapas seguro que promueve el gobierno es falsa. Lo que sucede es que hay un Chiapas imaginario en la cabeza del gobernante y sus colaboradores, que cada mañana se reúnen con el fin de mejorar la seguridad, pero hasta ahora no ha habido el éxito que se pregona.

Frente a ese Chiapas imaginario se levanta una realidad que sufre una desigualdad social, que padece una pobreza que tiende a incrementarse, que está aterrada por la falta de circulante y de una ausencia de inversión pública, que está temerosa de los despidos injustificados que realiza la administración, que acumula agravios y cuyo malestar está a la espera de que una chispa incendie la pradera.

La fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad improvisan un plan que es violatorio a los derechos humanos. Buscan instalar retenes policíacos con el fin de realizar operativos de revisión a vehículos para evitar la comisión de delitos.

Con estas medidas, la administración de Rutilio Escandón está reconociendo su incapacidad de brindar seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, en donde su apuesta es criminalizar a los motociclistas y así abrir la posibilidad para que se recrudezca la arbitrariedad policíaca, que de años atrás se caracteriza por la implementación de retenes para atracar a la población.

Ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad hay talento para garantizar la tranquilidad ciudadana. En esas dependencias lo que hay son acuerdos con la delincuencia organizada y en las delegaciones de ambas dependencias se tienen establecidas cuotas a los mandos de un conjunto de ilícitos que a diario se suceden en los municipios fronterizos, que va del tráfico de azúcar, de ganado, de personas, a las rutas de paso de drogas que están claramente establecidas por los principales cárteles del país.

La violencia y la inseguridad va a ir en aumento con la presencia de la Guardia Nacional, hasta el momento en que los distintos grupos delictivos acuerden las reglas de trabajo y el pago de cuotas con este nuevo organismo policíaco.

Rutilio Escandón estaba obligado a mantener los niveles delincuenciales y los acuerdos con los mismos, pero sus rencores y soberbia lo condujo a tomar decisiones en materia de seguridad, que se convirtió en su principal dolor de cabeza, sin tener los elementos y las condiciones para restablecer la paz y la tranquilidad de la población chiapaneca, lo que convierte a su administración en una amenaza para los derechos humanos.

 

 

El gobierno de Rutilio Escandón no está previendo las consecuencias de los conflictos sociales que se vienen presentando en diferentes puntos de la entidad: Chilón, Chamula, Chenalhó, Aldama, Agua Azul, Cancuc, Arriaga, Ocosingo, Tila, Bochil, Ixtapa y Simojovel.

En las delegaciones de la secretaría de gobierno existe una ausencia de operación política, a punto tal, que pobladores de estos municipios viajan a protestar afuera del palacio de gobierno y del congreso del estado. Eso significa que no hay instancias de negociación en los municipios y que las autoridades municipales están siendo rebasadas.

La tensión social en muchos de esos municipios es histórica. Sin embargo los gobiernos anteriores hicieron uso del derroche de recursos que permitía construir condiciones mínimas de gobernabilidad. Pero eso ha tenido cambios significativos, porque el ingrediente nuevo en este gobierno es la austeridad y la negativa de tomar acuerdos económicos con las organizaciones.

Ambas medidas que pudieran considerarse como razonables, en realidad no lo son, en virtud de que Chiapas no puede gobernarse sino se toman acuerdos políticos con las miles de organizaciones que existen en el estado. Aquí existe un error de apreciación en el gobierno chiapaneco, que sigue las instrucciones del presidente de la república sin matizar que Chiapas es punto y aparte, y que se tiene que negociar con todos los grupos, pues los riesgos de violencia son muchos y los recursos presupuestales reducidos.

Una dificultad que no se puede soslayar, es la condición de que en las comunidades indígenas todas las organizaciones están armadas, de allí que la generalización de la violencia, entraña enfrentamientos armados. Por eso sorprende la pasividad en asuntos como Chamula, Chilón, Tila y Chenalhó, en el que el tráfico de armas pasa por los distintos retenes que hay, sin que ninguna autoridad de los distintos niveles de gobierno busque construir condiciones de paz y de legalidad.

De igual manera la decisión de cancelar el transporte aéreo, está generando desatención de muchos de estos conflictos sociales y en contrasentido, son los pobladores de estas comunidades los que trasladan su protesta a Tuxtla Gutiérrez. En este sentido es relevante señalar, que Chiapas tiene miles de comunidades en que el acceso más fácil es por aire. Y por decisiones de escritorio que desconocen la realidad, se convirtieron en puntos que nunca van a ser visitados por el gobernador ni por los secretarios, y de antemano, son comunidades condenadas a la exclusión social y política.

Chiapas es una palabra en plural, que describe claramente la condición de la existencia de muchos Chiapas, en el que prevalece la diferencia. Esta condición no ha sido suficientemente entendida en este gobierno, que construyó una realidad imaginaria homogénea y allí se encuentra su mayor debilidad y las causas de su posible fracaso.

 

En Chenalhó, de años atrás existe una profunda polaridad social, que no está siendo aquilatada en la justa dimensión por el actual gobierno de Chiapas, y las aguas están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un enfrentamiento en la población con gravísimas consecuencias.

En diciembre de 1997, ya hubo en Chenalhó una masacre que el gobierno tampoco atendió con la celeridad debida y eso ocasionó la renuncia del gobernador en turno, Julio César Ruíz Ferro.

Al respecto, son muchos los avisos de violencia que se han presentado en el último año en Chenalhó y el gobierno continúa desestimando el clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en ese lugar, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en este municipio, pues sobre los grupos paramilitares que actúan en este municipio, la CNDH emitió a principios del año dos recomendaciones para que el gobierno estatal iniciara el proceso de desarme de los grupos e implemente una política pública para la construcción de la paz en esa región y a la fecha no se ha realizado ninguna acción para cumplir con esta recomendación.

Sobre la masacre de Acteal, se ha señalado que ésta formó parte de una estrategia de los gobiernos federal y estatal para desarticular al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), levantado en armas en 1994, y que las personas que la ejecutaron fueron entrenadas por el Ejercito mexicano. Todos los inculpados de estos sucesos fueron liberados por resolución de la suprema corte hace diez años, lo que mantiene en la impunidad esta barbarie y los afectados continúan en la espera de que se les haga justicia.

Un camino que los afectados señalan como parte de una solución integral es que el presidente de la república, en un acto público reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en los sucesos de Acteal, algo que no debiera representar obstáculo para un gobierno democrático, que estuviera preocupado en garantizar justicia a las víctimas y la sanción a los responsables directos e indirectos de esa masacre.

La manifestación de ayer del grupo de Las Abejas de Acteal, en San Cristóbal de Las Casas, es una luz de alerta que significa que los conflictos, pasados y presentes en Chenalhó, se vienen agudizando, a tal grado, que se prevén mayores agravios y enfrentamientos.

Lo delicado de esta situación, es que el gobierno de Rutilio Escandón ignora las consecuencias que puede ocasionar esta violencia, que le puede costar la gubernatura como le sucedió a Ruíz Ferro, y de manera irresponsable la secretaría de gobierno publicita una reunión sostenida con los liberados de Acteal,  y de manera ingenua anuncia que “se lograron acuerdos con las 35 personas, [que se encontraban en plantón en las afueras del palacio] garantizando los derechos humanos de las familias que vivieron el desarraigo de sus comunidades de origen por conflictos sociales”, lo que significa que este gobierno está más preocupado en atender a los responsables del conflicto que a las víctimas.

 

 

En Chiapas la fiscalía general de manera reiterada construye historias que le dan sentido y enriquece al realismo mágico chiapaneco. Una de esas historias es el asalto del camión del servicio panamericano, en el conflicto de Río Florido, en el municipio de Ocosingo, en el que se acusa al FNLS de quedarse con los más de diez millones de pesos que supuestamente eran trasladados en ese vehículo blindado.

Esa historia parece más una fabricación de pruebas que un hecho verídico. Pues de ser real, se tendría que procesar por omisión al responsable del operativo montado por la Guardia Nacional, la policía estatal y la fiscalía, debido a que resulta a todas luces una insensatez y una irresponsabilidad, haber permitido que un camión del servicio panamericano con esa cantidad de dinero se acercara a la zona de conflicto y más, correr el riesgo de que ese dinero pasara a manos de un grupo señalado como beligerante por la propia fiscalía, en el que prácticamente se le estaría poniendo en sus manos un recurso a este grupo, que les permitiría el financiamiento de más acciones “desestabilizadoras”.

Por su parte el FNLS rechaza categóricamente que el camión blindado llevara el dinero que la fiscalía asegura y de manera enfática afirma que todo es un ardid montado por la propia fiscalía para incriminarlos y justificar la detención de los miembros de la organización.

La narrativa de los hechos de la fiscalía parece un guión de película por lo que resulta poco convincente; por el contrario, se denota más una operación montada con el fin de criminalizar al FNLS, que es lo que realmente se viene haciendo en las redes sociales, con un boletín de la fiscalía, en el que se les hace responsable del robo de más de diez millones de pesos, en el que se muestra la intención de la fiscalía por desarticular a esta organización.

La fiscalía tiene graves problemas de credibilidad. Son muchas historias de fabricación de pruebas que se les conoce y por lo tanto son muchas familias las que han sufrido un comportamiento al margen de la legalidad de los funcionarios de la fiscalía.

Al respecto, en el círculo de trabajadores de la fiscalía se comenta de un operativo que se pensaba fabricar en la detención del abogado Horacio Culebro Borrayas. Esta historia demuestra nuevamente el realismo mágico que inunda el funcionamiento de esta dependencia. En el operativo de detención –se comenta en el círculo cercano del fiscal general-, se recibió una orden de que se tenía que sembrar un muerto en el domicilio de Horacio Culebro, la instrucción grave y descabellada provenía de la oficina de la consejería jurídica del gobernador. El delito que se pensaba fabricar no era un asunto menor y se comenta que el fiscal lo consultó directamente con el gobernador.

La respuesta fue de cólera y la instrucción fue precisa, que la detención se hiciera de acuerdo a la legalidad. Visto de esta manera, pareciera que el gobernador no se presta a los actos de corrupción y fabricación de pruebas. Pero de ser cierta esta historia la reacción del gobernante es insuficiente, porque conoció de primera mano los talantes de sus colaboradores  y no corrigió de raíz el comportamiento perverso que transpira en algunos funcionarios, que toman decisiones a nombre del gobernador.

La acción de la fiscalía de vincular a proceso con montajes y fabricación de pruebas encara siempre un dilema, que por la vía de amparo los jueces federales decidan liberar a los detenidos.

 

 

 

 

El PRI no gobierna Chiapas desde las elecciones del año 2000. En los últimos 18 años han gobernado alianzas perredistas con panistas, el partido verde y ahora MORENA, sin embargo la cultura y el estilo de gobierno del PRI ha continuado, con gobiernos de izquierda o derecha, sin importar las siglas y colores.

El elemento en común de estos gobiernos es la reiterada violación a derechos humanos, la poca tolerancia a una prensa crítica y la pretensión de gobernar con la mano de la fiscalía, lo que hace fácil e impune la represión, las amenazas, la persecución, la desaparición, el encarcelamiento y el homicidio y las amenazas a todo aquel que disienta con el estilo de gobernar.

En estas prácticas de represión la administración de Rutilio Escandón es igual o peor a los gobiernos que lo antecedieron. Las estadísticas son desalentadoras: tres defensores de derechos humanos han sido asesinados (Sínar Corzo, Noé Jiménez y José Luis Álvarez); ha sido permisivo en los homicidios en la Región de Los Altos debido a los conflictos entre Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán; es omiso en la atención a los problemas de desplazados a pesar que la CNDH emitió 2 recomendaciones para que se de el desarme de los grupos paramilitares y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos medidas cautelares para evitar riesgos que pongan en peligro la vida de los desplazados y de los defensores; y en este gobierno se han incrementado los homicidios dolosos, los feminicidios, los asaltos bancarios el secuestro y la violencia generalizada.

De igual manera en la secretaría de gobierno se han tomado decisiones que son violatorias a los derechos políticos, como es la destitución del Cabildo del municipio de Arriaga, en el que la síndica y los regidores fueron intimidados para que pusieran la renuncia. Esta decisión  fue revertida por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Federal Electoral. Esta acción de amenazar a los regidores para desaparecer el ayuntamiento también fue empleada en el municipio de Bochil, en el que se obligó a los miembros del Cabildo a presentar la renuncia, acción que fue grabada y exhibida en las Redes Sociales, lo que evidenció la actitud burda y delincuencial que se utiliza en la administración de Rutilio Escandón para violar derechos, lo que finalmente sirvió de burla para exhibir las torpezas del secretario de gobierno, que a la fecha no ha sido sancionado por el gobernador, lo que demuestra que actuó cumpliendo órdenes para atropellar derechos y para violar la voluntad popular.

El peor síntoma que manifiesta la administración de Rutiljo Escandón es que está gobernando con la fiscalía, lo que significa la incapacidad del diálogo y la construcción de acuerdos y se privilegia la represión y la violación a derechos humanos. Lo grave es que la fiscalía se caracteriza por las prácticas de tortura, la invención de delitos, la fabricación de pruebas, la intromisión sobre el poder judicial en la prevalencia de jueces de consigna, lo que implica que el tribunal de justicia queda sujeta y subordinada a los caprichos y violaciones de derechos humanos que orquesta la fiscalía general.

La situación de los derechos humanos en Chiapas no puede estar peor. Sobre todo, porque nadie está a salvo de la invención de delitos y la fabricación de pruebas que realiza la fiscalía, situación que confirma que la cuarta transformación no llegó a Chiapas.

 

 

 

El fin de semana un grupo de desplazados indígenas inició una caravana hacia la Ciudad de México, como una muestra de protesta a que no hay avances en la entidad en la búsqueda de soluciones a las violaciones múltiples de derechos humanos que padecen todos los días.

Son varias las reuniones que este grupo de desplazados han tenido con autoridades del actual gobierno sin que haya avances. El principal problema en esas reuniones es el desconocimiento de la autoridad de las causas y consecuencias que originan los desplazamientos, así como la ausencia de información sobre las responsabilidades internacionales contraídas por el Estado en el que se establecen obligaciones que se deben a atender para resolver esta condición de desplazamiento.

Los desplazamientos indígenas en Chiapas viene de varias décadas atrás, sin que haya la intención de los gobiernos por resolver esta situación. Lo grave de este problema  es  que a partir del año de 1994, con la rebelión indígena zapatista, se diseñó una política de Estado para crear, adiestrar y financiar grupos paramilitares con la finalidad de enfrentar a los pueblos indígenas y a partir de allí generar un discurso que señalara la existencia de conflictos intercomunitarios.

En los desplazamientos indígenas son muchos los sucesos de violencia los que se han presentado y el Estado, a la fecha, continúa desestimando el clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en las comunidades, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en los municipios de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, así como en otros municipios susceptibles a desplazamientos forzados.

En los municipios indígenas existe una profunda polarización social, que no está siendo entendida ni aquilatada por el gobierno de Chiapas, en donde los diferentes grupos paramilitares impusieron condiciones en la región y la reincidencia de enfrentamientos y muertos están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un conflicto mayor que va a poner en riesgo la seguridad nacional del país.

Sobre los desplazados de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han emitido medidas cautelares y recomendaciones al Estado mexicano y al gobierno de Chiapas para que atienda esta situación para que prevea medidas que eviten daños mayores o violaciones graves a los derechos de esta población, y ha recomendado al gobierno de Chiapas el desarme de los grupos paramilitares. Hasta ahora el gobierno chiapaneco ha sido omiso a esta recomendación y se ha dedicado a promover reuniones con presidentes municipales para la firma de acuerdo de no agresión, que en nada satisface a la búsqueda de la paz y la justicia.

La caravana de desplazados a la ciudad de México es una muestra clara que en Chiapas no se tiene la intención de resolver esta problemática y se busca la intervención de autoridades del gobierno federal, pues finalmente la responsabilidad internacional es del Estado mexicano.

La solución al desplazamiento en Chiapas no están en la realización de reuniones que solo prolongan los problemas. El punto de partida de la solución está en la desparamilitarización y en un proyecto de construcción de paz, que sancione a los responsables de los desplazamientos indígenas, que establezca criterios transparentes para la reparación integral del daño y que se establezcan mecanismos de no repetición de hechos que genere los desplazamientos.  Esta propuesta de solución implican decisiones en tres vertientes del mismo problema: intervención con medidas preventivas para evitar se continúen con las prácticas de desplazamiento; proporcionar la atención de oportunidades en educación y trabajo así como garantizar el acceso a la alimentación, vestido, refugio y salud; y, realizar acciones políticas que posibiliten el regreso y la reintegración a la vida comunitaria. 

La UNACH vive hoy una disputa sindical que pone en riesgo la frágil viabilidad financiera y de proyecto académico que tiene la institución. La universidad arrastra una deuda superior a los 2 mil 300 millones de pesos, en donde grueso de la deuda la tiene con el ISSSTE, el FOVISSSTE y con el SAT, en el que la universidad dejó de cubrir los pagos correspondientes a la seguridad social, los préstamos hipotecarios y al pago de los impuesto.

Los orígenes del conflicto que se vive entre la Rectoría de la universidad y el anterior comité ejecutivo sindical del personal académico se debe a que la Junta de Conciliación y Arbitraje rechaza la toma de nota del comité ejecutivo debido a que en el período de elecciones se presentaron violaciones al debido proceso. En concreto, se violaron disposiciones internas del propio sindicato relacionadas a la no reelección, que hace inelegible a la planilla supuestamente ganadora, en una contienda que ya había sido observada y sancionada por la junta de conciliación como improcedente y ordenó la reposición del procedimiento. Pero además, se incurrió en otra ilegalidad, de manera irregular  el comité electoral, al servicio de la dirigencia sindical, rechazó el registro de dos planillas con el fin de evitar la competencia política, situación que violenta derechos políticos y se contraponen a disposiciones laborales.

Frente a estas ilegalidades las dos planillas que no se les permitió participar acudieron ante la autoridad laboral para hacer valer sus derechos y la junta de conciliación ordenó la reposición de procedimiento, algo que se incumplió y el comité electoral realizó las elecciones, frente a este desacato, la autoridad laboral, en el marco de sus atribuciones legales rechazó otorgar la toma de nota, lo que significa que no hay representación sindical del personal académico.

Esta disposición totalmente previsible, llevó al comité sindical a convocar a una asamblea días antes de que concluyera sus funciones, en el que se acordó nombrar a la misma representación sindical como comité encargado, algo que no existe en la figura de los estatutos del sindicato de personal académico, lo que orilló a la junta de conciliación a no otorgar toma de nota de ese “comité encargado”.

Resulta más que obvio el manejo ilegal con el que un grupo de personas pretenden apropiarse del sindicato de personal académico de la UNACH, en la que paradójicamente viene arrastrando ocho años de ilegalidades e imposiciones orquestada por funcionarios del gobierno, en el que se incurrió en presiones, chantajes, componendas y amenazas a docentes, para que los dos últimos comités sindicales se constituyeran sin competencia sindical.

El conflicto que se vive en la UNACH ha llegado a un punto de querer presionar a la autoridad con paros y tomas de instalaciones, con el fin de que se reconozca una representación sindical espuria, producto de unas elecciones en la que se violó el principio del debido proceso y que la autoridad laboral había ordenado la reposición del procedimiento, por claras violaciones a los derechos de los trabajadores académicos afiliados al sindicato.

En la actual disputa entre la dirigencia sindical y la rectoría de la UNACH la razón jurídica le corresponde a la autoridad universitaria, que, ante la estrategia de lucha sindical, de organizar paros laborales a todas luces ilegales, que entorpecen el funcionamiento de la universidad y las actividades académicas, va a terminar siendo favorecida, pues la espuria dirigencia sindical estará simplificando las cosas a la rectoría, quien, ante ese escenario, buscará aplicar la normatividad en materia de abandono de trabajo, y con ello terminará socavando al sindicato del personal académico.

 

 

 

 

 

 

 

Ayer se dio a conocer los resultados del estudio realizado por el CONEVAL “10 años de medición de pobreza en México”, en el que Chiapas sobresale por tener el porcentaje más alto de población que vive en situación de pobreza, que es del 76.4%.

Estos 10 años del estudio corresponden cuatro años al gobierno de Juan Sabines y seis al gobierno de Manuel Velasco, período en el que paradójicamente se destinaron millonarios recursos para el combate a la pobreza.

Al respecto baste recordar cuando en el gobierno de Sabines se realizó una campaña mediática de autoelogios, en el que se presumía que en Chiapas se había reducido la pobreza. A punto tal que el propio Juan Sabines llegó a afirmar que en Chiapas se había acabado con la pobreza y se comenta que estalló en cólera, el día de las elecciones de julio del 2012, donde salió vencedor Manuel Velasco, cuando en su primera entrevista en cadena nacional del que era el gobernador electo le preguntaron, cuál era el principal problema de Chiapas y Velasco Coello, sin dudarlo, contestó la pobreza.

Juan Sabines no cabía en el enojo, pues Manuel Velasco había desacreditado lo que él consideraba si gran obra, su legado a Chiapas, que era haber acabado con la pobreza y su ira llegó a tal grado, que le pidió a María Elena Orantes, quien había perdido las elecciones, que impugnara los resultados.

La herencia de Sabines Guerrero a Chiapas en una enorme deuda pública, que resulta de mal gusto, que promueva una campaña en las redes sociales para desmentir, infructuosamente, que la deuda que contrajo es menor que la deuda que se comenta coloquialmente, en la que se señala 40 mil millones de pesos.

Lo que Sabines no dice, es que fueron miles de constructores y proveedores de servicio al que su gobierno les quedó debiendo, y muchos de ellos nunca cobraron. Pero lo más grave de esa deuda pública, es que la sociedad chiapaneca quedó condenada a la realización de un pago por 30 años, de préstamos autorizados por el Congreso Local, que no se sabe a donde fueron invertidos.

En diferentes ocasiones aquí se ha señalado que el pago de esa deuda era de cuatro millones de pesos diarios y ese monto lo han replicado otros medios e incluso algunos políticos, sin embargo, en una revisión reciente de la cuenta pública de Chiapas, el reporte del pago por deuda pública es  mayor, debido a la bursatilización. Actualmente Chiapas paga por las irresponsabilidades de Sabines, acompañado por la sumisión de un grupo de diputados locales, la cantidad de 175. 5 millones de pesos mensuales, que viene siendo casi 6 millones de pesos diarios.

El gobierno de Rutilio Escandón tiene hoy día una carga por pago de deuda pública de 2 mil 106 millones de pesos anuales. De éstos, mil 272 millones de pesos son sólo de intereses y 834 millones de pesos son de capital.

El pago de la deuda pública generada por Sabines Guerrero representa un atraco a la esperanza de la población chiapaneca y evidencia el grado de impunidad que prevalece en la entidad, pues a la fecha no hay intención de investigar qué pasó con esos recursos que fueron ejercidos sin resultados y mucho menos hay la intención de sancionar a todos los que participaron directa e indirectamente en este atraco de las finanzas públicas de Chiapas.

 

El compromiso de mayor seriedad que el gobierno de Rutilio Escandón podía ofrece a la sociedad chiapaneca era el de la garantía de la legalidad, en donde todos los actos y decisiones del gobierno estuvieran apegados al marco la ley. Esto que es un principio de cumplimiento obligatorio en un Estado democrático, no es cierto para el Estado Mexicano y muchísimo menos para el Estado de Chiapas, en el que de manera reiterada se toman decisiones al margen de la ley y de manera sistemática y generalizada se violan derechos humanos, lo que significa que la llamada cuarta transformación en la entidad es un discurso falso y demagógico.

Por eso resulta cuestionable la actitud asumida por el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, de repetir como merolico de feria el discurso de cero tolerancia, pues en Chiapas la justicia no existe, el derecho se aplica discriminadamente y lo más grave aún es que la fiscalía fabrica pruebas para incriminar a inocentes y de manera reiterada viola el principio de presunción de inocencia de los detenidos.

En Chiapas no hay división de poderes y el gobierno de Rutilio Escandón ni por asomo promueve la autonomía del poder judicial, que está instalado en la ilegalidad, pues su integración incumple con lo que establece la Constitución local. A esta ilegalidad se le suma la práctica de liberar presos sentenciados, a través de una Mesa de Reconciliación que es inconstitucional e inconvencional y que reproduce los mecanismos de impunidad. En los últimos años –con la participación del fiscal y el gobernador como funcionarios del anterior gobierno-, se han liberado a homicidas, secuestradores, feminicidas, tratantes, ladrones de autos y violadores, y durante este gobierno se han realizado dos eventos de liberación de presos a través de esa ilegal mesa de reconciliación: uno el 29 de diciembre, en el que se liberaron a 142 sentenciados y otro, el 10 de mayo, en que se liberaron a 12 sentenciados.

El discurso de la lucha frontal contra la impunidad y el de cero tolerancia que utilizan los funcionarios en Chiapas no es creíble y termina siendo una burla para los sobrevivientes de una víctima, así como para los familiares de personas inculpadas de un delito a través de pruebas fabricadas por el ministerio público.

Socialmente lo más sano y práctico para el gobierno de Rutilio Escandón y para la sociedad chiapaneca es el retorno a la legalidad, no solo porque la legalidad debiera ser el principio de toda transformación política sino debido a que en Chiapas existe un déficit de justicia y de desatención social, que viene generando un profundo resentimiento en los movimientos de protesta, que han hecho de la manifestación violenta un instrumento político para hacerse escuchar y para garantizar que sean atendidos por los funcionarios públicos. Pero además porque en Chiapas existe una impunidad en la actuación de los cuerpos policíacos y en las instituciones impartidoras de justicia, que terminan legitimando las acciones violentas en la protesta en grupos como el FNLS, en los estudiantes de Mactumatzá y en diversas acciones que realizan los maestros y los grupos campesinos.

Asimismo resulta incongruente que el gobierno convoque a la legalidad a los grupos que se han radicalizado, cuando el gobierno no actúa en el marco de la legalidad y detiene a activistas sociales, les inventa delitos, los tortura y obtiene una declaración de inculpado a través de estos métodos aberrantes y violadores de derechos humanos.

 

A días de cumplir 8 meses de gestión, el gobierno de Rutilio Escandón debiera de realizar una evaluación objetiva y realista del funcionamiento de su gabinete y realizar los cambios necesarios pues así se lo dijo el presidente de la república cuando en corto le comentó que había que oxigenar el gobierno. El gobernador se equivoca cuando asume una postura de sordera ante las críticas o comentarios desfavorables a la administración, y más grave aún, cuando manifiesta estar convencido de que se están realizando bien las cosas, porque simple y sencillamente, hasta este momento no hay ningún resultado de gobierno que se pueda presumir.

Después de que en Chiapas se vivieron doce años de gobiernos malogrados, que condujo a la deslegitimidad, a un hartazgo y un malestar popular, la administración de Rutilio no podía darse el lujo de equivocarse y mucho menos asumir una actitud de indiferencia ante los problemas de la entidad, ni permanecer impávido ante lo que es evidente, pero que se resiste a reconocer, que no tiene gabinete y su administración presenta tres problemas que se acrecientan cada vez más, ingobernabilidad, inseguridad y violencia.

Las designaciones que el gobernador realizó en el gabinete, no han tenido resultados en los primeros ocho meses de gestión y la magnitud de los problemas en la entidad, requieren de acciones eficaces, que construyan legitimidad y gobierno. De igual manera es necesario que se abandone el discurso de la simulación y/o el engaño. Pues no hay nada peor para un gobernante que miente a sabiendas que miente y que sus gobernados le digan que miente, porque en este momento no hay proyecto de gobierno y ni siquiera hay gobierno en sí, sino simulaciones.

En este sentido el gobernador debió de haber tenido especial cuidado en la designación de seis áreas prioritarias: educación, gobierno, salud, seguridad, el campo y la fiscalía general. Sobre todo porque del trabajo y resultado que realicen estas oficinas depende la gobernabilidad y la seguridad de Chiapas.

Bajo las condiciones del funcionamiento que tienen las secretarías señaladas, no se percibe que cambien las cosas en la entidad y por el contrario, los conflictos se van a agudizar. Es cierto que es muy poco tiempo lo que lleva esta administración, pero lo suficiente para identificar las posibilidades reales de  funcionalidad o no de la misma.  Hasta ahorita la administración de Rutilio Escandón le queda debiendo a la población chiapaneca y lo mejor para él es que abandone su discurso de ocurrencias y de simulaciones y por el bien de la población ponga los pies sobre el piso y convoque al trabajo de la mejora de las condiciones sociales y de la vida pública en la entidad.

 

 

 

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, lleva semanas repitiendo un discurso demagógico de cero delincuencia y asegurando que en Chiapas no se negocia la ley y la justicia. El mensaje recurrente del fiscal es insostenible en los hechos, pues él forma parte de un red de complicidades al interior de esa dependencia, en el que se viola la ley sistemáticamente y en la que se práctica la tortura como el método principal para inculpar a los detenidos.

Como muestra de esta afirmación se reconstruye la historia publicada los días 9 y 10 de mayo en esta misma sección del Diario Contrapoder en Chiapas.  Aquí la narrativa de los hechos: Omar Alejandro Acero Arroyo junto con 30 ministeriales sin orden de detención ni de cateo irrumpieron dentro de la propiedad  de don José Gregorio Coutiño Cruz, quien fue detenido junto con otros cinco familiares y expuestos a la opinión pública como los responsables del homicidio de Santos Abdul Guízar Manzur.

En el montaje que armaron en el operativo de detención, la fiscalía denunció que habían sido detenidos en flagrancia por robo en una gasolinería. Versión que fue desmentida con un video, en el que se observa cómo, con lujo de violencia, el detenido fue sacado de su domicilio. Ante esa evidencia el juez de control resolvió la no vinculación a proceso, poner en libertad a todos los detenidos y dar vista al ministerio público para la investigación de lo que resulte de la alegada tortura, denunciada por el detenido con la evidencia del video.

No obstante esta instrucción del juez, el fiscal Acero Arroyo la incumplió, pues de inmediato sometió al señor Gregorio Coutiño a un nuevo proceso, ahora de intento de asesinato, igual de amañado que el anterior, con fabricación de pruebas, como el de sembrarles armas de fuego en su domicilio.

El acto infamante de la fiscalía, de abrir un nuevo proceso con pruebas fabricadas, fue avalada por el juez de control del Amate, quien vinculó a proceso a don Gregorio Coutiño Cruz, persona de la tercera edad, aún y cuando quedó demostrado que todas las pruebas presentadas por la fiscalía carecían de sustento, inclusive un policía, que declaró como testigo de cargo, señaló que el ministerio público le ordenó que no se presentara, pues su declaración demostraba que don Gregorio no se encontraba en el lugar de los hechos y que la primera declaración de la víctima, que ese policía levantó en el parte informativo homologado, jamás mencionó la presencia de don Gregorio sino que esa versión surge en una segunda declaración claramente manipulada por el ministerio público, empecinado en procesar a un inocente.

La complicidad del fiscal general en este caso aberrante de inculpación y de práctica de tortura se confirma, en el momento mismo en que el juez de control ordenó al ministerio público la investigación por alegada tortura, que manifestara el detenido Gregorio Coutiño y que se comprueba con un video exhibido ante el juez por los familiares, que no deja duda alguna de la violencia ejercida por personal de la fiscalía contra una persona de la tercera edad, sin que a la fecha se haya realizado  investigación alguna, en una clara muestra de desacato, en el que el fiscal Llaven Abarca es responsable por omisión. Pero el agravio a la sociedad chiapaneca es aún mayor, en virtud de el fiscal de alto impacto, Omar Alejandro Acero Arroyo, acusado de alegada tortura ante un juez de control, quien dio vista al ministerio público e instruyó se realizara la investigación, no ha sido separado del cargo y continúa inculpando inocentes con fabricación de pruebas y practicando la tortura.

La cero tolerancia fue un proyecto de seguridad con mucho éxito aplicado en la Ciudad de Nueva York por el Alcalde Rudy Giuliani, pero que entraña una discriminación y violación a derechos humanos, en virtud que la tolerancia cero sirve para criminalizar y restringir derechos legales de los ciudadanos más pobres, y deja en libertad los crímenes económicos o informáticos de la gente pudiente, tal y como se puede constatar en Chiapas, que no ha sido investigado ningún delito de cuello blanco cometido por los funcionarios de éste y los anteriores gobiernos.

Con el discurso de la cero tolerancia el fiscal general está cometiendo una farsa y está encubriendo delitos de tortura que se cometen en esa dependencia, muy seguramente con su aval o autorización, lo que significa, que en el marco de la tolerancia cero, Jorge Luis Llaven Abarca y otros funcionarios de la fiscalía debieran ser procesados por obstrucción de la justicia, por alegada tortura y por fabricación de pruebas.

La inseguridad sigue golpeando a la sociedad chiapaneca, que cada vez se ve más reducida a la indefensión. Aún no se salía del asombro ocasionado por el asesinato del matrimonio de ambientalistas el fin de semana en San Cristóbal de Las casas y ayer en Tapachula fue asesinado en su domicilio un conocido y apreciado productor platanero.

La estrategia de las reuniones de la mesa de seguridad que encabeza el gobernador no están funcionando y el informe de los datos que sitúan a Chiapas dentro de las entidades más segura del país está truqueado, debido a que las fiscalías no levantan las denuncias ni abren las carpetas de investigación sino que realizan un trámite de acta administrativa, que regularmente se archiva.

De igual forma los niveles de impunidad en Chiapas, que es del 99%, ocasiona que las personas no acudan a poner denuncias de delitos, porque lo consideran una pérdida de tiempo y en ocasiones un riesgo, al tener que señalar en la denuncia la dirección de su domicilio.

La inseguridad en Chiapas es un problema estructural, que está articulada a otros problemas como el nulo crecimiento de la economía, la pérdida de empleos, la falta de inversión en proyectos productivos, la mala calidad educativa que se imparte en las escuelas públicas y privadas, la ausencia de justicia en la entidad, al debilitamiento de un conjunto de instituciones que redujeron la capacidad de integración y de socialización, al despojo en sus diversas manifestaciones que se vive en Chiapas y a la ausencia de gobierno acumulada en los últimos 13 años.

Ante un problema multifactorial como es el de la inseguridad se requieren acciones multifactoriales, pero eso no lo entiende el gobernador y menos sus colaboradores, en el que se empecinan en decir que todo está muy bien y que ofrecen un Chiapas seguro para la población y el turismo.

Ya se ha señalado que en Chiapas no hay servidores públicos a la altura que las circunstancia obligan y más grave aún, que no hay una agenda política ni se está cumpliendo con un plan de gobierno. Dentro de esta condición resalta la ausencia de un plan de seguridad estatal y la necesidad de una reforma del poder judicial, que se encuentra anquilosado y subordinado a las arbitrariedades e ilegalidades bajo las que actúa la fiscalía general del estado.

La ausencia de un plan de seguridad se quiere sustituir con el discurso de la cero tolerancia o peor aún, con la falsa idea de erradicar la impunidad, cuando ni lo uno ni lo otro aplica para Chiapas, en virtud de que son los propios funcionarios los que no apegan sus actos a la ley, lo que los convierte en infractores.

El malestar por la inseguridad es notorio en las principales ciudades de la entidad. En Tapachula, inclusive, hay quejas de sectores productivos que han buscado cita para reunirse con el fiscal general para abordar los problemas de seguridad en la región y no se las han dado, aun y cuando recientemente sesionó en Tapachula la ineficaz mesa de seguridad, presidida por el gobernador Rutilio Escandón.

¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos asaltos más? ¿Cuántos feminicidios más? ¿Cuántos secuestros más? ¿Cuántos asaltos más a bancos y a cuentahabiente? ¿Qué más tiene que suceder en Chiapas para que el gobernador Rutilio Escandón entienda que su función principal es la de gobernar?

 

 

 

La debilidad del gobierno de Rutilio Escandón se encuentra en que su gabinete no se encuentra a la altura de las circunstancias que Chiapas requiere y peor aún, que hay funcionarios que en lugar de servir a las necesidades de la entidad vienen utilizando los recursos públicos para promover su imagen personal y están más preocupados en servirse del cargo.

El 4 de junio en este mismo espacio se señaló que en el gabinete habían dos adelantados en Chiapas, que se promueven como los sucesores de Rutilio Escandón. Ellos son Ismael Brito Mazariegos, secretario de gobierno y Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado. “Ambos personajes –se señaló en esa editorial-, demagógicamente se promueven como garantes del diálogo, el orden, la estabilidad y el Estado de derecho, pero en realidad ellos lo que representan son las violaciones a derechos humanos, la ilegalidad, el abuso y la impunidad. Uno, le dedica tiempo a reuniones con distintos grupos y miembros de la fauna política pero no para construir gobernabilidad sino para sumar adeptos a lo que se venga. El otro, presume los desalojos y la recuperación de miles de hectáreas, en donde recibe aplausos y reconocimientos, pero oculta que muchos de estos desalojos no fueron respaldados por un mandato judicial, en donde prevalece el abuso de autoridad”.

Los adelantos políticos para la sucesión incomodaron al gobernador, que en uno de los eventos se refirió específicamente a estos funcionarios y supuestamente los reprendió, sin que esto haya tenido consecuencia alguna y los actos proselitistas continúan sin que ambos funcionarios se preocupen del clima de violencia e inseguridad que prevalece en Chiapas y sin que asuman las responsabilidades que ambos tienen como garantes de la seguridad interna y más cuando se han presentado homicidios que han indignado a la sociedad, como fue el asesinato en el Boulevard Belisario Domínguez a la altura de la denominada gasolinera de “La Fuente”, o el del médico en San Cristóbal, que la fiscalía, con una desfachatez extrema, lo quiere hacer pasar como un suicidio o los homicidios más recientes del fin de semana del matrimonio de investigadores ambientalistas, que causó indignación en la población de SCLC y de muchas partes de la entidad.

En medio del malestar generado por la inseguridad, el secretario de gobierno, ignorando las instrucciones del gobernador o quizá a valores entendidos con Rutilio Escandón, se presentó a una reunión de una organización de reciente creación denominada paradójicamente “Avanza Chiapas”, conformada por puro impresentable, y muchos de ellos verdaderos responsables o culpables de que Chiapas no avance.

Entre los personajes que rodearon en esa reunión a Ismael Brito se pueden señalar más de una cadena perpetua y varios miles de millones de pesos defraudados durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas, que ponen en entredicho el discurso de anticorrupción que maneja como doctrina el gobierno de la 4T. La presidencia y la vicepresidencia de ese organismo están encabezadas por dos personajes que representan la vida en las coladeras y desagües más contaminadas de la ciudad y ninguno de los dos soportaría una investigación  de la fiscalía en contra de la delincuencia organizada. Roberto Aquiles, está dispuesto a servir a cualquiera, con tal de no ser molestado él sus hijos por el órgano de la Auditoría Superior del Estado que se encuentra bajo el control del secretario de gobierno.

El otro personaje, Javier Moreno López, quien fuera presidente municipal de Villa Corzo, camina bajo la sospecha de su enriquecimiento, ligado a un personaje que fuera alto funcionario del Estado de Veracruz, y quien tiene cuentas pendientes en la Auditoría Superior del Estado, pues los informas financieros del período en que fuera presidente municipal son un desastre y además tiene pendiente un crédito por liquidar en FIRCO, lo que lo obliga a buscar el cobijo del secretario de gobierno, para evitar las acciones de la justicia.

Ismael Brito ha demostrado ser la gente de todas las confianzas del gobernador Rutilio Escandón, así fue en el Tribunal de Justicia, en el que mandó a sus anchas, y así es en el gobierno de Chiapas, en el que resulta evidente que él es el que toma las decisiones en el Estado. Sin embargo, reuniones como la referida, pone en entredicho su lealtad como servidor público, y hace patente que el discurso de la anticorrupción es pura demagogia del gobierno, que se empecina en hablar de la cuarta transformación, cuando en realidad busca rodearse de la peor ralea que estuvo al servicio de los gobiernos anteriores, lo que significa que son los mismos.

 

 

 

 

 

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