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El gobierno que se promociona como el de la transformación de Chiapas está quedando a deber, y lo peor de esta situación, es que no ha mostrado ninguna diferencia con los gobiernos encabezados por Juan Sabines y por de Manuel Velasco, que se caracterizaron por la corrupción y el mal gobierno, dos cosas que están presente en esta administración, aún y cuando se insiste en señalar que la corrupción no se permite en este gobierno, pero los hechos en las licitaciones y la mochada que llega al 20%, así como las nuevas propiedades de los funcionarios desmienten el discurso del gobernador.

En los 18 meses que lleva esta administración ha quedado claro que el gobernador carece de un proyecto de gobierno, que no entiende la función social del Estado y que no se rodeó de los mejores hombres y mujeres de Chiapas, que le permitiera impulsar la transformación que requiere la entidad y con la que se comprometió en campaña y que tanto pregona en su discurso, aunque nunca ha señalado qué es lo que se tiene que transformar y cómo se va a lograr.

La crisis sanitaria desnudó la inoperancia de la administración y provocó un creciente número de contagios y fallecimientos, que no aparecen en las estadísticas, debido a que se escogió la estrategia de la mentira y del ocultamiento de la información. Esto redujo los márgenes de legitimidad del gobernador y mostró la pobre resiliencia, pues no ha sabido responder a esta crisis y no ha entendido que las prioridades en estos momentos son salvar vidas, reducir los contagios y tomar medidas preventivas para evitar nuevos brotes del COVID 19; y que para ello se requieren de recursos económicos, recursos que están disponibles en la secretaría de hacienda, quien trae un subejercicio del gasto considerable.

El panorama no es nada halagüeño para Chiapas, con un gobernador que no toma decisiones, que carece de proyecto de gobierno, que cierra los ojos ante la inacción del aparato público y que mantiene una postura de no escuchar a todas las voces, principalmente, con las que no coinciden con los pobres resultados de su gestión administrativa.

Todo esto hace prever, que en el corto plazo se lleguen a presentar mayores conflictos sociales, un crecimiento de la pobreza, graves problemas alimentarios por una disminución en la producción de granos, mayor inseguridad y cada vez mayores problemas de gobernabilidad. De allí que lo deseable es que el gobernador Rutilio Escandón decida rectificar hasta ahora lo caminado, realice los cambios necesarios en el gabinete y se decida a desempeñar la responsabilidad de gobernador.

 

 

 

 

 

Después de doce años de gobiernos desafortunados se esperaba que con Rutilio Escandón se integrara un gobierno para la transformación de Chiapas. Sin embargo, lo que debía ser un gobierno democrático, que empoderara a los ciudadanos, que fortaleciera la transparencia y que mejorara la eficacia en el funcionamiento del gobierno, está muy lejos de cumplirse. Son 18 meses transcurridos de esta administración, y más que gobierno de transformación, lo que se observa es la continuidad de las mismas prácticas políticas de los gobiernos que dañaron a la entidad, y con su actuación como gobierno, están traicionando a la confianza de los electores, que confiaron en que iban a ser un gobierno diferente y hasta ahora han quedado a deber.

La crisis sanitaria que se está padeciendo y la crisis económica que la acompaña, debiera de despertar el interés o la preocupación del gobernador por construir  un gobierno diferente, pero ahora se está viviendo el mismo show mediático que hubiera montado Manuel Velasco o Juan Sabines y las mismas práctica de ocultar información, en el que se anuncia de que hay capacidad hospitalaria en la entidad, pero cuando los infectados acuden a las clínicas Covid no los reciben y los regresan a su casa en donde muchos terminan falleciendo.

El gobernador dejó en las manos del secretario de salud el manejo de la pandemia, pero este personaje no tuvo el liderazgo ni el reconocimiento de los distintos grupos de médicos, que lo vieron falto de conocimiento y de seriedad, lo que dejaba entrever graves riesgos en el control de la pandemia y más porque no hubo la coordinación adecuada entre los tres ámbitos de gobierno y eso ocasionó una disparidad en las cifras en los reportes diarios, en el que se señaló que las cantidades de contagios y muertes se maquillaban.

La peor crisis en la historia de Chiapas, le tocó enfrentarla al peor grupo de funcionarios que haya existido en la entidad, y eso que la historia de Chiapas está llena de malos gobiernos, pero el caso de esta administración resulta exagerado, en donde la cabeza más brillante del gabinete es la del secretario de salud, quien durante días fue objeto de burlas en los medios nacionales por sus desatinos, que en cualquier otra circunstancia ameritaba el despido, pero aquí en Chiapas el gobernador no se da cuenta de los yerros y considera de que todo está muy bien, lo que implica que desde la perspectiva del gobernador no se requieren de cambios en el gabinete ni en las estrategias de gobierno.

Los daños ocasionados por la pandemia son irreparables y la mayoría de los hogares de Chiapas han sufrido la pérdida de familiares, de amigos, vecinos o conocidos, pero eso no tiene importancia para el gobernador, que disfruta las mieles de poder haciendo comerciales y ensayando sus movimientos de gesticulación, similares a los movimientos de los niños de la primaria que al recitar mueven los brazos sin guardar sintonía alguna.

 

 

 

 

El mundo no estaba preparado para enfrentar la crisis sanitaria que se está viviendo ni para la crisis económica que la acompaña; las principales actividades económicas están paralizadas y el turismo, fundamentalmente, padece la peor crisis de la historia, en la que existen quiebras de importantes aerolíneas internacionales. El orden económico internacional reclama un cambio, pero bien a bien aún se desconoce como va a ser ese nuevo orden.

La crisis está evidenciando la existencia de una clase gobernante que no estaba preparada para enfrentar una crisis de la magnitud que se está viviendo, y la nación hasta ahora más poderosa está gobernada por un personaje que no se encuentra a la altura de las circunstancias. En México las cosas no están mejor. Se vive un proceso de segregación en el país, en donde se divide a la sociedad entre los aliados y seguidores del presidente y los que lo critican, que en automático se convierten en los enemigos del presidente.

Esta segmentación no permite puntos intermedios, como si todo fuera acomodado por las circunstancias.  Y esto desata agresiones, enconos, pleitos y rupturas en una población que adolece de grandes problemas de formación y de cultura política, lo que implica que no prevalezcan los argumentos y sí las especulaciones, la información no verídica, los supuestos y las descalificaciones. En México hay además una crisis de líderes de comunicación, que las circunstancias políticas los tienen minados; unos por ser panegiristas del gobierno  y otros acusados de ser conservadores o pertenecer a la mafia del poder.

Las redes sociales se convirtieron en un importante mecanismo difusor de ideas, la mayoría de ellas falsas y sin sustento, que se llegó a pensar que sustituían a los medios de comunicación. Hoy, bajo las nuevas circunstancias de confinamiento, se puede comprobar que las redes sociales están inundadas por bot, que reproducen por computadoras mensajes que se convierten en tendencias e inducen a la opinión pública. Esto  obliga a la reflexión de que no se puede dejar en manos de las redes sociales la construcción de la cultura política de las personas, pues la información que se consumen en las redes presenta dificultades para determinar su veracidad y mucha de esa información induce a la manipulación. Además de que las redes sociales se convirtió también en el espacio más recurrido por los políticos para posicionar la imagen o minar y destruir con notas falsas a rivales y enemigos.

Es frecuente encontrar en las redes sociales esta reproducción de los segmentos políticos que se están construyendo en el país y son recurrentes las disputas y agresiones hacia puntos de vista que proclaman la diversidad de ideas. En el que se está perdiendo la capacidad de comunicación. Por eso las redes sociales no pueden sustituir a los medios tradicionales, que están sujetos a un marco normativo y expuestos al derecho a la réplica y a la demanda por daños al honor.

La segmentación política en los dos grupos que se viene construyendo no ayuda en nada a superar los problemas que se avecinan cuando termine la contingencia sanitaria. En donde el nivel de ruina en el país va a afectar no solo las condiciones económicas sino también lo político, lo cultural, lo moral y lo familiar. La sociedad no está educada para enfrentar la crisis que se avecina, en donde se mantiene una baja calidad de vida democrática, unos niveles de violencia muy altos, con una fuerte presencia de la delincuencia organizada, que ya construyó un nivel de Estado dentro del Estado nación, que además subordina a la clase política.

Ante esta situación se vuelve imprescindible pensar en el futuro, que se prevé más incierto que nunca.

 

 

 

 

Los desatinos del fiscal general vuelven a poner en las redes sociales la historia de la hija del gobernador. El affaire de María Escandón había disminuido considerablemente; en parte por los insensatez del secretario de salud, que un día sí y el otro también, se convirtiera en el escarnio de los noticieros nacionales.

El 22 de junio en este mismo espacio se señaló, que la peor decisión del gobernador era poner este asunto de la vida privada,  en manos del fiscal general, quien tiene una naturaleza policíaca hacia la fabricación de culpables y quien no tiene el tino político para resolver un conflicto familiar a través del acuerdo.

El conflicto familiar, desde el momento en que se hizo público se convirtió en un problema político para el gobernador y por lo tanto su solución tenía que ser a través de un acuerdo político; pero las torpezas del fiscal convirtieron este asunto de la vida privada en  una persecución policíaca, que se va a resolver por la vía jurídica,  pero que deja heridas abiertas para que haya un golpeteo político hacia el gobernador, quien indirectamente es exhibido por la falta de pericia en el manejo de un problema familiar, y la conclusión, al respecto, resulta inevitable: el gobernador no puede resolver los problemas familiares, menos va a poder resolver los asuntos públicos del Estado.

La persecución policíaca, desde la esfera del poder, deja muy mal parado al gobernador, a quien se le va a señalar de hacer uso del poder del estado para castigar y dirimir sus diferencias con quien osó enfrentarlo y que generó un  conjunto de señalamientos de abuso de autoridad y arbitrariedades, que  desprestigian al gobierno.

El affaire entraña un daño de altos costos. El gobierno de Rutilio Escandón no puede garantizar transparencia, y en mucho se debe al mal manejo emprendido por la fiscalía general. Para colmo de males, la fiscalía emplea a un juez para obsequiar la orden de aprehensión, que debiera de estar suspendido para desempeñar sus funciones debido a que se encuentra bajo proceso por la fiscalía general de la república, por ser presunto responsable de un delito federal.

Este asunto apenas inicia y los ánimos sociales se inclinan hacia Juan Carlos Armendáriz. Esto, a pesar de la campaña linchamiento orquestada en su contra desde las oficinas de comunicación social del gobierno del Estado, con la finalidad de desprestigiar su imagen y reputación.

La falta de asesoría al gobernador está conduciendo a que asuntos que no debieran de trascender se conviertan en problemas políticos.

 

 

 

 

 

El cabildo de Tuxtla sin medir las consecuencias de sus actos aprobó el uso obligatorio del cubrebocas. La decisión que pareciera un acto de buena fe en su intento de limitar las posibilidades de contagio del coronavirus, resulta a todas luces violatorio a los derechos humanos y la medida debe de ser cancelada inmediatamente.

La disposición publicada en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Chiapas, el miércoles 1 de julio, muestra la carencia total de inteligencia del presidente municipal de Tuxtla, quien una vez más, toma una decisión de la que carece de facultades, pues con ello restringe el derecho al libre tránsito de las personas.

El coronavirus es un problema de salud pública, en el que es urgente tomar medidas preventivas para evitar su propagación. Sin embargo ninguna de estas medidas debe ser violatoria a los derechos humanos, pues la Constitución establece obligaciones para todas las autoridades de prevenir, investigar y sancionar violaciones de derechos humanos, resulta contradictorio que en Tuxtla sea la propia autoridad  la que incumple su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de derechos a las personas.

Aquí no importa que la decisión se haya tomado por la mayoría de los miembros del cabildo ni que la disposición esté debidamente publicado en el Periódico Oficial para garantizar su validez. El acto en sí es ilegal, debido a que viola el artóculo 1º de la Constitución y el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que es vinculante para las autoridades mexicanas en los tres niveles de gobierno. De entrada hay que señalar enfáticamente que los derechos humanos son antimayoritarios. No se trata de que una mayoría es beneficiada con una decisión y entonces con el respaldo de esa mayoría se acuerda socavar los derechos de una minoría.

Carlos Morales no ha entendido que las autoridades no pueden obrar de forma discrecional y como les plazca, sino únicamente hacer aquello que las normas les permita hacer de manera expresa, debido a que si se exceden de sus facultades, la ley permite de que puedan ser reconvenidos judicialmente. Y a eso se expone el presidente municipal, de que haya un amparo colectivo para que un juez lo reconvenga y deje sin efecto la arbitrariedad del ejercicio del poder; sobre todo porque no se debe gobernar con ilegalidades como pretende hacerlo.

La obligación constitucional y convencional de proteger los derechos humanos la incumple Carlos Morales con la aprobación del uso obligatorio del cubrebocas, y con ello está pasando por alto que todos sus actos de gobierno deben quedar sujetos a la ley.

 

 

 

La región de la franja fronteriza de Tapachula y Ciudad Hidalgo, es una de las regiones que más han padecido las malas decisiones del gobierno –tanto federal como estatal-. Sus afectaciones no solo se deben a la pobre inversión pública y a la ausencia de programas de gobierno sino a los problemas de la producción agrícola y al abandono que se vive en materia de salud.

El contagio de COVID 19 en todos los municipios fronterizos está fuera de control, con los servicios de salud sobresaturados y muchas enfermos se atienden en sus hogares. Se ha llegado al punto de una escasez de medicinas en las farmacias, en donde difícilmente se puede conseguir un termómetro o una botella de alcohol, ya no se diga de las medicinas que se publicitan en las redes como curativas de este mal.

Junto a este problema se afirma, en las oficinas de gobierno hay una escasez de los formatos de actas de defunción y en los crematorios hay que hacer una espera de horas para que se incineren los restos de las personas, aún y cuando éstos vienen funcionando las 24 horas del día. La realidad de los contagios y fallecimientos en esta zona supera con creces las irresponsables estadísticas del secretario de salud, en virtud de que en todos estos municipios se cuentan por cientos los fallecimientos diarios que no aparecen en los informes.

A su vez, la inseguridad se incrementó considerablemente en el paso fronterizo, lo que convierte de alto riesgo el tránsito de personas y productos, que no se detiene por la emergencia sanitaria y donde el control del paso lo tiene la delincuencia, con la complicidad de los cuerpos policiales nacionales.

En Tapachula los contagios son alarmantes y se recrudecieron los problemas de dengue, que despierta el temor y malestar en contra de las autoridades, debido a la desatención que hay sobre el problema migratorio, en la que existe una sobrepoblación de miles de extranjeros que viven en hacinamiento en cuartos rentados o en las calles, expuestos al contagio del dengue y el Covid 19, que pone en riesgo a toda la población, que ya manifiesta su coraje hacia el gobierno de Rutilio Escandón y López Obrador, quienes no se han preocupado por la situación de la frontera ni tienen intenciones de implementar programas de ayuda y de estímulos para la reactivación de la economía de la región.

La inseguridad y la pandemia afectan seriamente a la producción agrícola en la región, que requiere de miles de trabajadores migrantes, que padecen las condiciones de violencia que hay en la frontera y que se encuentran sujetos a los criterios que impone la delincuencia organizada, porque ellos son los que en realidad gobiernan en la frontera.

Sobre estos problemas de los municipios fronterizos el gobernador Rutilio Escandón está ajeno, los desconoce y aún y cuando los sectores productivos se lo plantean no los entiende o los minimiza.

 

 

 

Los recientes actos de violencia en varias comunidades, demuestra las dificultades que existen para privilegiar el diálogo y construir acuerdos armoniosos, y deja entrever una ausencia del Estado, que profundiza los conflictos al no existir una interlocución política adecuada y una desatención de las demandas de la población.

Para colmo de males, el gobernador Rutilio Escandón ha permitido y fomentado el uso de la fuerza pública, como mecanismo para desalojar y disuadir las protestas de los grupos inconformes, en donde se disuelve la protesta y se criminaliza a los activistas, pero eso no resuelven las causas que provocan el malestar que lleva a la protesta.

La violencia es un problema estructural que prevalece en Chiapas desde muchas décadas atrás, por lo que resulta equivocado imputársela a este gobierno. Pero lo que sí es imputable al actual gobierno son las omisiones  en su actuar, debido a que están obligados a conocer las situaciones de gestación del conflicto y no hacen nada para evitarlo y permiten que un asunto que pudo atenderse se convierta en rastros de sangre.

Son muchas decisiones equivocadas en la administración de Rutilio Escandón, pero la más delicada, por los peligros que entraña, es la de haber permitido que se gobernara con la mano de la fiscalía, pues eso no solo generó que se acrecentara la violencia institucional sino que se fortalecieran las prácticas delincuenciales de las policías, y con ello violaciones de derechos humanos y el establecimiento de un clima de terror que significa la antítesis de cualquier proyecto de vida democrática.

Ahora que se abrió la cloaca de la fiscalía general del Estado, en el que dos de sus comandantes se encuentran vinculados a proceso, van a salir a flote los imputaciones de responsabilidad de este personal en los secuestros, asaltos y robos a cuentahabientes y no se diga en el trasiego de drogas, pues ese es el motivo de la detención de uno de los comandantes, por parte de elementos de la fiscalía general de la república.

Rutilio Escandón se encuentra solo, sin el apoyo del conjunto de funcionarios que difícilmente toman decisiones y que ven cómo se hunde el barco sin mostrar preocupación alguna por el desastre del que forman parte. En ese abandono administrativo es imposible gobernar Chiapas, el gobernador no lo quiere entender, pero ninguno de sus colaboradores ha mostrado las competencias para desempeñar el cargo. Y para enderezar el rumbo se requiere de la reestructuración del gobierno y de la incorporación de hombres y mujeres que tengan experiencia e ideas claras de las decisiones que se deben de tomar en el corto plazo.

La impunidad y las irresponsabilidades en la que naufraga este gobierno no es para siempre, debido a que tiene una fecha de término y cuando ésta llegue a su término cuidado, es posible que las reses de hoy se conviertan en los carniceros de mañana.

Chiapas representa la viva imagen del caos debido a que el gobierno de Rutilio Escandón no ha sabido ni ha querido responder con políticas de bienestar, que disminuyan el malestar social, al mismo tiempo que le permita construir gobernabilidad. Pero a su vez, el gobernador tiene lecturas políticas equivocadas, que no le permiten identificar la existencia de la crisis en la relación entre el gobierno y la población, que produjo no solo pérdida de la simpatía sino fuertes críticas a su falta de rumbo y mal desempeño.

La deslegitimidad del gobierno y la inacción política acrecientan los conflictos sociales como se puede observar en los sucesos violentos de los últimos días: el sábado se presentaron disturbios en San Andrés Larráinzar con quema del oficinas y de la ambulancia, el domingo hubieron muertos en el municipio de San Juan Chamula; el lunes, los grupos paramilitares de Chenalhó dispararon sobre poblaciones del municipio de Aldama, en un momento en que el gobierno presume de logros para construir la paz y ayer martes, pobladores de una comunidad de Venustiano Carranza lincharon a una persona acusada de esparcir el virus en la comunidad. Toda esta secuencia de hechos demuestra que no hay gobierno en Chiapas y que las instituciones del Estado dejaron de funcionar adecuadamente en regiones del territorio chiapaneco.

Sobre esta problemática resulta ofensivo que el gobierno de Chiapas esté convertido en el hazmerreir en medios y redes nacionales, por culpa de las expresiones empleadas y la notable ignorancia del secretario de salud, a quien se le protege, pese a sus notables yerros, y que cada vez va a resultar más claro los beneficios económicos que se generan en torno del desempeño de José Manuel Cruz Castellanos, al frente de la secretaría de salud, en el que se comenta de jugosos negocios que se vienen haciendo en las asignaciones directas de contratos.

El gobernador del Estado, si no quiere terminar con problemas jurídicos al finalizar su gestión, por el cúmulo de personas fallecidas por la violencia institucional y los fallecimientos por Covid 19 debido a la falta de atención médica en el que se prefigura el homicidio por comisión de omisión, debe realizar una minuciosa valoración de los resultados de su administración y la debe hacer con los pies sobre la tierra, atento a las distintas voces que se manifiestan, pues la situación de Chiapas se complica cada vez más, debido a que no hay integración racional del presupuesto, no hay programa de gobierno, no existe una agenda política, no hay gabinete y el secretario de gobierno y el fiscal general, utilizan los cargos y el presupuesto para realizar proselitismo político en el que ambos compiten por la sucesión de Rutilio Escandón.

 

 

 

 

 

 

 

La crisis sanitaria vino a demostrar lo que se ha reiterado en infinidad de ocasiones, en Chiapas no hay gobierno. Que existe un gobernador alejado de los problemas sociales de la entidad, que ignora las condiciones que tiene Chiapas, que está rodeado de una pléyade de funcionarios que ya demostraron su nivel de incompetencia y que ahora solo lo entusiasma el grabar videos. Lo lamentable de esta situación es que bastaron 16 meses, tiempo que lleva esta administración, para que el gobernador Rutilio Escandón tirara a la borda la poca legitimidad que le quedaba y se prevé que en los próximos meses, el coronavirus continúe con el rastro de fallecimientos, y se le desborden los problemas económicos y sociales.

Diferentes voces le han pedido al gobernador que defina y elabore una política pública que contrarreste la crisis que se avecina. Pero él se mantiene inalterable, no entiende de razones y reproduce la misma práctica de desprecio a Chiapas que sus antecesores, que hicieron de la creencia de que “en Chiapas no pasa nada”, su principal arte de desgobierno sin responsabilidades, a punto tal que Juan Sabines y Manuel Velasco gozan del premio y la protección de la presidencia de la república. Pero nada le asegura que Rutilio Escandón corra con la misma suerte. Sobre todo porque las muertes por la violencia política y el rencor social señalan que en Chiapas todos los días pasan cosas, y los conflictos están a flor de piel, como se puede observar en los desmanes ocurridos en San Andrés Larráinzar, en San Juan Chamula y en Chenalhó, en los últimos tres días.

El malestar social se ha incrementado con el manejo de la pandemia, al punto de hacer insostenibles los reportes de contagio y fallecimiento que a diario realiza el sedicente secretario de salud, quien asegura que los contagios disminuyen y el número de muertos también, en un momento en que un importante número de hogares en Chiapas están de luto y resulta inevitable de hablar de conocidos, amigos o familiates que perdieron la vida a causa del contagio del Covid 19.

El gobierno de Rutilio montó una farsa en torno de la información que vierte a diario el secretario de salud, pero esta farsa no es una inocentada, sino que tiene consecuencias graves en la salud y la vida de la población, que están siendo expuestos a los riesgos de contagio en el retorno a la nueva normalidad.

La desesperación que existe en la población se nota en las colas que hay en los negocios que expenden los tanques de oxígeno, escena que contrasta terriblemente con los datos oficiales que se reportan, que condujo a que el secretario se quitara la máscara y que reconociera que en las cifras que reporta la secretaría de salud no se reportan los datos del IMSS y del ISSSTE, lo que demuestra una ausencia de coordinación institucional, que desmiente totalmente el mensaje del gobernador, quien eufórico señala que se trabaja en equipo con el gobierno federal, pero la realidad se impone a las mentiras oficiales.

 

La crisis sanitaria mostró la poca capacidad de respuesta del sistema de salud y evidenció la dificultad que tiene el gobernador para tomar decisiones. Lo que inició como una crisis de salud, se trasladó a una crisis económica y ahora se prefigura como una crisis política, en donde se terminó dando preferencia al manejo y triunfo electoral, a salvar vidas y evitar la propalación de los contagios por Covid 19.

Rutilio Escandón en tan solo 18 meses de su gestión, ya demostró con creces que a Chiapas le puede ir todavía peor que en los gobiernos anteriores, pues carece de proyectos, no tiene idea de cual es el papel del Estado, carece de colaboradores, evidencia su falta de conocimientos jurídicos y promueve la corrupción con mayor vehemencia que en los tiempos del PRI.

Rutilio tiene una grave confusión sobre el papel de gobernar, ahora se dedica a grabar videos, en donde difunde falsedades sobre los resultados de las acciones de la administración, y continúa sin asumir compromisos y tomar las decisiones claves  para enderezar el barco que se encuentra anegado y con ello prácticamente renunció a las responsabilidades constitucionales que implican gobernar.

En esta pandemia el gobierno rechazó a su obligación de proteger, respetar, promover y garantizar la salud de la población, que aún se encuentra en riesgo debido a que el Estado retiró su estructura hospitalaria, en aras de la apertura económica, y dejó de atender a los miles de contagiados en la población, que por cientos están falleciendo sin la ayuda  gubernamental, que tiene a un charlatán como encargado de la de salud.

Por el ocultamiento de la información se desconoce la magnitud de fallecidos por causas relacionadas por el Covid 19, pero en Tapachula se habla de más de 30 diarios y en Tuxtla de más de 100 fallecimientos, que pueden ser imputados a la irresponsabilidad de los funcionarios, que decidieron acabar con la pandemia por decreto, y para ello dejaron de admitir a personas graves que fallecieron en su casa, pero hay escenas en las redes sociales, que muestran que lo hicieron afuera de los hospitales Covid. Todas estas irresponsabilidades encajan en el delito de homicidio por comisión de omisión, que puede llevar a prisión al gobernador y al secretario de salud, a partir de que los familiares de las víctimas decidan judicializar la desatención de los servicios de salud en sus familiares, al punto que terminó produciendo la muerte.

El gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación vaya a cambiar.

 

 

La mitomanía y frivolidad del comportamiento del secretario de salud en Chiapas produjo que se diera un enfrentamiento con un sector de los médicos, con el sindicato de la sección 50 de la secretaría de salud, con la prensa local y que además se convirtiera en el hazmerreir en los medios nacionales, que evidencian la pérdida de legitimidad del gobierno de Rutilio Escandón.

Son muchos sectores de la sociedad que exigen la renuncia del funcionario, pero el gobernador del Estado decidió respaldarlo, haciendo oídos sordos a la población, en una mala señal, pues se convierte en el responsable directo de los homicidios por comisión de omisión que se han presentado en Chiapas en los últimos días, en donde está documentado que muchos contagiados acudieron a las clínicas del Covid en distintos municipios y no fueron atendidos ni les dieron medicinas y regresaron a su domicilio a morir. El gobierno de Rutilio Escandón de manera sistemática evadió su responsabilidad de proteger y garantizar la salud de la población chiapaneca, incumplió la obligación constitucional y convencional de destinar los recursos necesarios para el combate al coronavirus y no diseñó políticas públicas que pusieran el derecho a la salud y a la vida como el principal objetivo de su gobierno. Todo ello provoca una crisis en la relación entre la población y el Estado.

El futuro del gobernador está marcado por el mal manejo de la crisis sanitaria y más por la actitud criminal de reducir por decreto el número de contagios y de fallecimientos, en donde un torpe secretario de salud sale todos los días a dar cifras que nadie cree y que son totalmente falsas. Y con el descaro de señalar que hay disponibilidad de camas en las clínicas Covid, cuando es voz pública que no se están recibiendo a los contagiados, y se sabe de algunos que han muerto a la entrada de los hospitales. ¿Cuál es el futuro del gobernador? El destino tiene que ser la cárcel. Él tiene que pagar por el dolor que han sufrido cientos de familias chiapanecas en la pérdida de sus seres queridos, en donde se tendrá que investigar y sancionar a los funcionarios que provocaron este mal manejo de la pandemia.

Solo la existencia de fuertes lazos de complicidad pueden explicar la protección de Rutilio Escandón a José Manuel Cruz Castellanos, un médico que no tiene el prestigio ni los estudios ni la trayectoria profesional para desempeñarse como secretario de salud en la entidad, pero que ha ejercido recursos indiscriminados de manera directa para el combate a la pandemia sin que mucho de este material llegue a los hospitales tal y como ha sido señalado recurrentemente por el personal médico, que inclusive ha ocasionado el cese de directores de los hospitales que hicieron públicas las carencias y mentiras del secretario de salud.

Esta secretaría ha estado envuelta, en los últimos diez años, en graves casos de corrupción, y en la actualidad se ha señalado que los negocios los vienen realizando vecinos del Estado de Tabasco, donde está la cuna del poder; una muestra de esta corrupción, quedó evidenciado el día de ayer con las declaraciones del propio gobernador, quien señaló la existencia de aviadores en esa dependencia sin que haya ningún procedimiento de sanción a los que cobraron y a los que permitieron esta situación, lo que implica un daño patrimonial, que está siendo tolerada por el gobernador.

Lo que pudo ser un gobierno de transformación está sin rumbo y sin políticas públicas y envuelto en pésimas decisiones que propician fallecimientos de personas que no forman parte de los registros oficiales pero que son ausencias sentidas en las familias, que terminarán exigiendo justicia.

 

En Chiapas hay una realidad insoslayable: la operación política no está funcionando y no funciona, porque prevalece una visión de entreguismo y clientelar en los funcionarios y no una visión de Estado, de preocupación real por mejorar las condiciones de gobernabilidad y atender las demandas de la población, sin que esto conlleve a un beneficio electoral o a construir redes de complicidad para la obtención del voto.

En este sentido ni el gobernador ni ninguno de los secretarios del gabinete trabaja en la construcción de políticas públicas, que busquen el bienestar de la población en Chiapas. La preocupación central en estos momentos en la de controlar al IEPC y la búsqueda de beneficios electorales. Rutilio Escandón en aras de complacer al presidente en sus intenciones de limitar las facultades de los órganos electorales, envió la iniciativa de ley de Instituciones y Procedimientos Electorales al Congreso Local, misma que se espera que sea aprobada por los diputados en las próximas horas y en donde se pronostica que tendrá una aplastante derrota en tribunales por los visos de inconstitucionalidad de esa ley. Pero esta mala señal, coincide con las prácticas de Ismael Brito quien no está trabajando para ser secretario de gobierno sino para obtener beneficios electorales en el futuro. Situación similar sucede con el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, quien ha hecho de todos sus actos una campaña electoral sin que el IEPC lo sancione.

Con esto queda claro del por qué del incumplimiento de los propósitos de un gobierno democrático, que empodere a los ciudadanos, que fortalezca la transparencia y que mejore la eficacia,  lo que terminó convirtiendo a esta administración en una continuidad de las anteriores, que mucho ha dañado a Chiapas y con su actuación el  gobierno de Rutilio Escandón está traicionando a los chiapanecos, que confiaron y votaron por él por la promesa de que iba a ser un gobierno diferente pero hasta ahora es una continuidad de  Juan Sabines y Manuel Velasco.

En la entidad ha sido reiterado el uso de la fuerza y la arbitrariedad en el ejercicio del poder, pero eso sólo ha ocasionado mayor polaridad y una acumulación de rencor social en la población, que se refleja en las redes sociales cada vez que el gobernador o los funcionarios tienen tropiezos como sucedió con el affaire del fin de semana de su hija y como sucedió ayer con el sedicente secretario de salud, que en cuestión de minutos hizo tres estupideces que lo convirtieron nuevamente en noticia nacional: señaló que los contagiados de Covid 19 quedan chafiretes, ofendió a una reportera  y en una entrevista para una televisora nacional señaló que los chamulas tienen una fuerza natural que les protege del contagio del coronavirus.

En Chiapas el manejo de la pandemia ha sido irresponsable y los daños no se conocen a plenitud por la actitud gubernamental de maquillar e inventar cifras que en nada corresponden con la realidad, sobre todo porque en las últimas semanas han fallecido, por causas ligadas al coronavirus, cientos de personas en todo el territorio chiapaneco, que son omitidas en los falaces informes del sedicente responsable de la secretaría de salud.

Por la ausencia de resultados y las consecuencias de la pésima actuación en el combate a la pandemia, n el imaginario de la población se ha despertado muchas dudas: ¿Por qué protege el gobernador Rutilio Escandón al secretario de salud? ¿Qué beneficios se están obteniendo del funcionamiento de la secretaría de salud y quién es el beneficiario? ¿Por qué ante tantos errores cometidos por el secretario de salud, quien se ha convertido en burla nacional y cuya presencia ofende a la población, el gobernador no lo ha renunciado?

El secretario de salud se ha convertido en el fiel reflejo del gobierno de Rutilio Escandón: mediocridad, carencia de inteligencia y conocimientos, irresponsabilidad y sobre todo hazmerreir.

 

 

 

Es una irresponsabilidad que en pleno pico de la pandemia, que ha ocasionado miles de muertos en todo el país y en Chiapas varias centenares –que lamentablemente no son reportadas como tal-, la preocupación del gobierno sea la de controlar las elecciones y no la de garantizar la vida y mejorar la salud de la población.

A nivel nacional el ataque se inició abiertamente en el momento en que el presidente anuncia que va a vigilar las elecciones, atribución que constitucionalmente no le corresponde y que estaría invadiendo la esfera de la competencia del Instituto Nacional Electoral, que es un órgano autónomo y que gracias a esa autonomía se abrió la posibilidad para los gobiernos de alternancia en México y que finalmente, fue lo que permitió el ascenso a la presidencia al actual gobierno.

El avasallamiento del gobierno federal al INE, se reprodujo rápidamente en Chiapas, al que se le considera un laboratorio político, donde se busca aplicar el experimento de la aprobación de una ley, con la intención de limitar el funcionamiento del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas.

La iniciativa de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales fue presentada al Congreso Local el pasado 18 de junio, con visos de que sea aprobada fast track –por la vía rápida-, sin revisión alguna, sin la lectura apropiada y sin modificaciones, como lo vienen haciendo los diputados locales en los últimos 20 años, a partir de que desapareció totalmente la oposición, aún y cuando el PRI tenía la mayoría de diputados, en el gobierno encabezado por Pablo Salazar.

La aprobación de la ley en sí es inconstitucional, porque se estaría violentando el artículo 105 de la Constitución que expresamente señala: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”,  y el proceso electoral del 2021 inicia formalmente el 1º de septiembre.

Aquí lo que van a buscar hacer los abogados leguleyos al servicio del gobierno, es querer justificar la reforma de la ley, en virtud de que el mes pasado hubo una modificación en la fecha del inicio del proceso electoral en Chiapas para el mes de enero, bajo el argumento de que lo fundamental era atender la pandemia y no distraerse con el proceso electoral. Sin embargo el proceso electoral es concurrente, eso significa, que las elecciones locales y federales se realizan en las mismas fechas y plazos, donde se elegirá en casillas únicas, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, bajo las determinaciones de la organización electoral que establezca el Instituto Nacional Electoral.

El gobierno de Chiapas envía esa iniciativa de ley, que jurídicamente no tiene futuro, en el peor momento social en Chiapas, con un fuerte rechazo a la figura del gobernador, con un malestar creciente de la población, que percibe cada vez más la ausencia de gobierno y de políticas públicas de bienestar, con graves problemas de gobernabilidad, con sucesos políticos de violencia, con fuerte presencia de grupos paramilitares en comunidades indígenas y donde la iniciativa de ley contempla reglas para garantizar cuotas de candidaturas indígenas, pero el porcentaje y el mecanismo nunca fueron sometidos a la consulta y decisión de los pueblos indígenas lo que significa violaciones a disposiciones de convencionales que obligan a la consulta.

Con esta iniciativa de ley la apuesta del gobernador es clara, responder a los intereses del gobierno federal y no a los intereses de la población chiapaneca, que requiere urgentemente de mecanismos de apoyo para no ser más afectados por los contagios del coronavirus y de recursos y estímulos para reactivar la economía, en el omento en que se prevé la mayor crisis económica que haya sufrido la humanidad.

En estas condiciones el gobernador, que debiera de estar preocupado por el bienestar de la población, nos quiere meter en un juego perverso para ganar elecciones, en donde su apuesta es tener votos aunque haya un número mayor de muertos provocados por la pandemia.

 

 

 

En los 18 meses de la administración de Rutilio Escandón ha quedado claro que el gobernador no estaba preparado para desempeñar el cargo y no se rodeó de los mejores perfiles profesionales de hombre y mujeres de Chiapas que le hicieran el trabajo y con ello ocultar sus limitaciones y la falta de proyectos.

Los nulos resultados de la administración no son para aplaudir o celebrar sino que resultan preocupantes. En este periódico no se apuesta a que le vaya mal a Chiapas, pero en sus páginas se ha señalado que el silogismo de que le vaya bien al gobernador para que le vaya bien a Chiapas es falso y esta falsedad se refleja claramente en los exgobernadores Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, a quienes les va muy bien y dejaron en el desastre social a Chiapas.

Aquí en estas páginas la apuesta es la mejora de la vida pública de Chiapas, y los desaciertos de los gobernadores se señalan, pero nunca con la intención de celebrar los fracasos gubernamentales. En este sentido preocupa que Rutilio Escandón no esté proponiendo las políticas públicas que procuren el bienestar de la población y que no se tomen las mejores decisiones para controlar la pandemia que ya destrozó las actividades económicas de Chiapas, y no se ven visos que disminuyan el número de contagios y de fallecimientos en donde resulta más que obvio el ocultamiento de información por parte de la autoridad.

En este sentido resultan alarmantes los últimos videos del gobernador del Estado, quien insiste en hablar sin definir un guión que le permita comunicar con mensura e inteligencia sus mensajes, en el que se le observa desencajado y utilizando un discurso de camorrista, que demerita la presencia del gobernador. El lenguaje que ha utilizado llamando cobardes a un grupo político, que no lo menciona por su nombre o el de haraganes, en clara referencia a quienes utilizaban las escoltas, no lo ayudan a la construcción de gobierno, pero sí deja entrever el rostro de la ira y la impotencia de un gobernador que no sabe qué hacer, y que lo puede conducir a las peores decisiones enmarcadas por la represión y el autoritarismo, y con un discurso que refleja la vieja tradición de la simulación y la demagogia del PRI.

El gobernador tiene que reconocer que está inmerso en una crisis política en su gobierno, y que de esta crisis política no va a salir con el uso de la fiscalía del Estado. El propio affaire de su hija forma parte de esta crisis política, que se va a agudizar por la intención de fabricar expedientes, en lugar de resolver los problemas que se convirtieron en noticias nacionales. El argumento que se está manejando de mencionar que el escolta que baleó a la expareja de la hija labora en una empresa de  seguridad privada es falaz, debido a que esto no exime de la responsabilidad de su hija de traer un guardaespalda, que con gran ligereza balea a una persona.

El gobernador requiere cambiar urgentemente de discurso y si para eso necesita a alguien que le escriba los mensajes que lo contrate de inmediato, pero no puede continuar mostrando sus limitaciones argumentativas, pues ya existe una corriente de opinión en las redes sociales que no coincide con sus dichos y que ya mostró el nivel de malestar y de desacuerdo con los pobres resultados de la administración.

 

 

El gobernador del Estado permitió que un asunto de la vida privada de su familia se convirtiera en un asunto de interés público y que la privacidad de la vida sentimental de su hija se ventilara en las redes sociales, con expresiones duras e irrespetuosas, que se pudieron haber evitado si Rutilio Escandón en los primeros minutos del escándalo hubiera dado la cara y sale a fijar una postura oficial de la actuación del gobierno.

Los sucesos del altercado del sábado, en donde una guardaespalda de su hija baleó en la pierna a su expareja enfrente del palacio de gobierno, demostró nuevamente que el gobernador no sabe reaccionar en situaciones de crisis o emergencia y cometió el gran error de dejar en manos del fiscal general del Estado el manejo no solo la legalidad y la transparencia del gobierno sino también la reputación de su hija.

El resultado no pudo ser peor y las consecuencias para el gobierno de Rutilio Escandón van a ser devastadoras. Sobre todo porque el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca no conoce de legalidad ni de derecho y está acostumbrado a fabricar pruebas y expedientes para culpar a inocentes. Y en este caso no fue la excepción, utiliza a la hija del gobernador para fabricar pruebas de violencia intrafamiliar para inculpar al exesposo quien es doble agraviado. La jugada del fiscal resulta patética, pues existe un acta de divorcio en el que nunca se mencionó la supuesta violencia y en el acuerdo de separación el juez estableció un día a la semana para que el padre pudiera estar con su hijo, convenio que fue incumplido por la hija del gobernador.  Pero además quien puede creer que la hija del gobernante sufrió violencia, si tiene dos guardaespaldas a su servicio y no existe antecedente alguno de una demanda al respecto. Así que las torpezas del fiscal lo llevaron a instrumentar un expediente poco creíble, que va a traer duras críticas al gobierno de Escandón Cadenas.

La imagen del gobernador ya de por sí sufre un desgaste y el suceso de su hija desató aún más el malestar y descrédito que existe hacia Rutilio Escandón y el enojo social no se hizo esperar, utilizando el affaire de su hija, para mostrar el descontento que hay a su administración. Esto no lo percibe el gobernador y ninguno de sus colaboradores se lo dice porque está rodeado de funcionarios corruptos e incompetentes, que tampoco saben reaccionar ante situaciones de crisis, provocando que la nota se hiciera noticia nacional.

Para colmo de males Rutilio Escandón publica en su cuenta un twitter desafortunado, en donde señala que en Chiapas nadie está por encima de la ley, no toleramos el nepotismo, tráfico de influencias, compadrazgos, impunidad; no advierte que eso es lo que se le está criticando, y en el caso específico de la agresión sufrida por la expareja de su hija todo esto se refleja plenamente. Hay tráfico de influencia porque los policías no detuvieron el vehículo BMW ni al agresor, que se fue caminando tranquilamente hacia la patrulla que en todo momento le brindo protección. El conductor no fue detenido, cuando éste incurrió en el delito de homicidio en el grado de tentativa, al intentar atropellar al agraviado a la entrada del fraccionamiento en donde vive la hija, allí se muestra una clara intención de encubrimiento por parte de la fiscalía y por último se tipifica el tráfico de influencias y el abuso de poder, en el momento en que el fiscal general fabrica un expediente para inculpar a la expareja de violencia intrafamiliar, sin que haya un antecedente que pruebe ese dicho.

A la última persona que el gobernador debió de encargar la solución del problema es al fiscal general, que con la invención de una supuesta violencia intrafamiliar, se va a agrandar el problema y seguramente se va a generar una movilización de defensa por parte de la Iglesia en la que participa la persona baleada.

Los descuidos de Rutilio Escandón son inadmisibles, no estaba informado de los conflictos de su hija, aún y cuando él tiene conocimiento de los antecedente de los problemas de conducta, se muestra confundido de que tenga guaruras y afirma que son seguridad privada y en lugar de buscar reestablecer los términos del convenio del juez, para que el joven padre pueda ver a su hijo, permite que el fiscal fabrique pruebas que van a terminar dinamitando a su frágil gobierno.

 

 

 

En Tapachula y en todos los municipios fronterizos de Chiapas se vive un abandono gubernamental alarmante. Hay una pobre inversión pública en la franja fronteriza, los proyectos de desarrollo más importantes  de la región fueron cancelados, sin que fueran sustituidos por otras propuestas de inversión, que dinamizara las actividades económicas, se generó una desatención al problema migratorio con una sobrepoblación de miles de extranjeros que viven en hacinamiento, expuestos al contagio de enfermedades como el dengue y el Covid 19, que pone en riesgo a toda la población y frente a todo esto el gobierno de Rutilio Escandón ha sido incapaz de implementar programas de ayuda y de estímulos para la reactivación de la economía de la región.

Con anterioridad, en el pasado gobierno,  la franja fronteriza fue afectada con la homologación del IVA y en este gobierno se estableció una política de favorecer con estímulos a la frontera norte y se dejó en el abandono a la frontera sur, con la carga de una población migrante, que terminó exacerbando los ánimos xenofóbicos en varios sectores de la población, que polariza a una población, que se siente tratada con menosprecio y que se le ha dejado a su suerte, donde se han presentado más de una centena de fallecimientos por  causas relacionadas al Covid 19, sin que aparezcan en las estadísticas oficiales, sin que se tomen medidas preventivas y sin que haya una mínima preocupación por las autoridades.

La Región del Soconusco es una zona de gran riqueza agrícola, que anualmente requiere de más de medio millón de trabajadores agrícolas, con fuertes lazos de interrelación y dependencia con Guatemala, pero que este año no solo se padecen los daños de la crisis sanitaria sino que por primera vez el salario mínimo de Guatemala es superior al que se paga en México, lo que hace prever un difícil ciclo agrícola, sin que esto despierte una preocupación en el gobierno para establecer medidas fiscales de resarcimiento, en donde todos los productores agrícolas son obligados a pagar el seguro social de los jornaleros, sin que esta dependencia ofrezca atención médica alguna a los trabajadores cuando se enferman e igualmente los productores están obligados al pago del impuesto de nómina de los jornaleros, sin que el gobierno federal corresponda con programas de desarrollo en la región.

La situación de los productores de café es crítica, están en la etapa de fertilización con los riesgos que representa la pandemia, con una caída de los precios, pero que pueden llegar a sufrir como efecto de la recuperación de los mercados en Estados Unidos y Europa, con una necesidad de más de 300 mil jornaleros, que habrá que pagar la mano de obra a un precio superior que como paga el mercado local.

La dificultades que padecen los cafetaleros es la misma que padecen otros productores agrícolas de la región –plátano, soya, mango, palma africana-, quienes no están sujetos al financiamiento de la banca del desarrollo y no tienen los apoyos gubernamentales. Lo inaudito es que algunos de esos productos se exportan, pero se realiza a través del puerto de Guatemala, porque el de Tapachula no es funcional y ya no existen las vías férreas como medio de transporte de carga, pero esto también lo ignora el gobierno y más el gobierno de Rutilio Escandón, que carece de una política del sector en Tapachula y la región y que no entiende del malestar creciente que se viene gestando por la ausencia de su gobierno y por la ausencia de estímulos del gobierno federal.

Tapachula y los municipios fronterizos viven una difícil situación de orfandad, que va a ocasionar lamentables desencuentros a partir de que se generalice la pugna electoral.

 

Mientras en Chiapas el gobierno oculta el número de fallecimientos relacionados por el Covid 19, la población hace milagros por enterrar a sus muertos a unos costos superiores a los 50 mil pesos, cantidad que está fuera de las posibilidades económicas de las mayorías.

El gobierno de Rutilio Escandón se ha desentendido de estos efectos de la crisis sanitaria, en el que no se ha implementado ningún tipo de ayuda, y lo sorprendente es que el gobernador está convencido en que se viene atendiendo con eficacia los problemas de salud, que en los hospitales hay suficientes camas con respiradores, que hay un abastecimiento de medicinas y que el personal médico cuenta con todo el equipo necesario para hacer frente a esta enfermedad. Y por lo tanto no escucha a las voces que señalan que se informe con veracidad a la población y que despida al secretario de salud, quien se convirtió en un lastre del gobierno y en un riesgo mayor para la seguridad de la población chiapaneca.

El secretario de salud carece de legitimidad alguna frente al personal de los hospitales y esta incapacidad lo redujo a ser vocero de los informes carentes de credibilidad, porque la realidad supera con creces las cifras maquilladas que sale a repetir en sus conferencias diarias. Lo grave es que este personaje cree que realiza análisis convincentes y hace afirmaciones que contravienen disposiciones constitucionales y que resultan violatorias a los derechos humanos.

Por ejemplo ayer en la conferencia expresó que si ponen en la balanza realizar las pruebas de detección del coronavirus o el abastecimiento de medicinas, él se queda con el abastecimiento. Si el secretario de salud tuviera una pisca de responsabilidad y dejara de tomar decisiones políticas y económicas por encima de los derechos a la salud y a la vida, se daría cuenta que su obligación y la responsabilidad del Estado es realizar las dos acciones de manera integral, sobre todo porque la eliminación del virus, solo puede realizarse a través de información veraz sobre quien es portador y donde se encuentra ubicado y este diagnóstico solo lo puede obtener a través de la realización de los estudios de detección.

Lo paradójico es que en Chiapas no se realizan los estudios de detección ni hay abastecimiento de medicinas en los hospitales, y el virus se encuentra fuera de control y el número de fallecimientos es por lo menos tres veces mayor a las cantidades que se están reportando.

La estrategia de mentir sobre las cifras está relacionado a la intención de poner en color naranja al Estado, con el fin de que puedan liberalizarse algunas actividades y se esté en condiciones de autorizar el retorno gradual a la nueva normalidad. Este acto es criminal, porque en Chiapas no se ha alcanzado el pico más alto de los contagios y esta maniobra de autorizar el reinicio de actividades va a terminar ocasionando un mayor número de contagios y fallecimientos en Chiapas. Este acto criminal representa una violación grave de los derechos humanos y está tipificado como crímenes de lesa humanidad en el que las autoridades chiapanecas estarían incurriendo y de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, son delitos imprescriptibles.

 

 

 

 

Lo más grave de las falsedades que informa el secretario de salud en Chiapas es que se trata de la vida y la salud de la población. Él insiste en repetir que las clínicas Covid no están llenas pero son muchos los testimonios en las redes que mencionan que sus parientes acudieron a las clínicas y no recibieron la atención requerida y esa situación implica un incumplimiento a las responsabilidades del Estado  mismas que pueden ser sancionadas administrativa y penalmente, pues los enfermos regresan a su casa y algunos de ellos terminan falleciendo

Aquí se tipifica otra más de las mentiras que reporta, en donde se viene ocultando la información sobre el número real de los decesos, en el que no se contabilizan en el informe oficial los casos de fallecimientos que suceden externo a los hospitales. Lo cínico de esta situación es lo recurrente de las noticias de familiares, amigos, conocidos y compañeros de trabajo que fallecen por algún padecimiento relacionado con el contagio del coronavirus que no se reflejan en las estadísticas.

Hoy es cada vez más frecuente la relación de cercanía con los enfermos y fallecidos por causas de la pandemia, que tiene en luto un alto número de hogares en la entidad, lo que evidencia las carencias del sistema estatal de salud y la desatención que sobre este problema existe en el gobierno de Rutilio Escandón.

En la última semana se ha reportado un número de contagios inferior a los cien personas diarias, situación que sorprende pues no corresponde a la realidad, porque el número de  los contagios por mucho es superior, en donde varios médicos están atendiendo de manera particular a cientos de infectados que no se reportan. Y lo peor de esta situación es que muchas de las personas contagiadas prefieren permanecer en sus hogares debido a que existe la presunción cada vez más generalizada que en los hospitales covid están muriendo los enfermos.

Uno de los médicos que está atendiendo en su consultorio casos de covid 19 expresó, que el problema en los hospitales covid en Chiapas es que no se está medicando a los enfermos; los tienen con paracetamol y anticoagulantes y eso no resuelve el  problema de fondo de la enfermedad. Pero a su vez, en las redes sociales se está masificando las versiones de experiencias de enfermos que superaron la gravedad y comparten nombres de medicinas y brebajes que emplearon para salir de la crisis y la desesperación y el temor de las personas está ocasionando compras indiscriminadas de medicamentos, ante una incapacidad creciente del sistema de salud que está rebasado y que se concentró en sus conferencias de medio día, en el que el secretario de salud muestra sus dotes de actor y su dudoso conocimiento médico.

La situación en Chiapas es alarmante pero eso no lo sabe el gobernador Rutilio Escandón, quien no dimensiona la gravedad de los contagios y mucho menos toma decisiones para prevenir y evitar daños mayores a la población. Él no puede seguir ignorando sus responsabilidades, pues sabe muy bien que es obligación de todas las autoridades la de prevenir, proteger, promover, respetar y garantizar el derecho a la salud y más cuando ésta presenta una situación que pone en riesgo la vida tal y como se está padeciendo en estos momentos.

 

 

 

 

 

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