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Sat, Jan
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Hay una terrible ineficacia en la secretaría de agricultura, ganadería y pesca en Chiapas así como en las oficinas de la SADER en la entidad, lo que evidencia que en el Estado no existe coordinación para atender los graves problemas que tiene el campo. Bajo estas circunstancias ¿Quiénes son los responsables para canalizar los recursos de apoyos agrícolas al campo chiapaneco? ¿A quién hay que cargarle la responsabilidad de la falta de apoyos para la producción de maíz, que generó que el 50% del territorio laborable esté sin sembrar? ¿Por qué el gobierno estatal y los funcionarios de SADER guardan silencio ante la crisis del campo que se avecina? Hasta ahora ningún funcionario ha dimensionado la magnitud de la crisis en la producción de maíz que se avecina, lo que significa una amenaza hacia grupos que viven en la pobreza y pobreza extrema, que forman parte del amplio sector de la población que vive en la inseguridad alimentaria y que padecen problemas de desnutrición.

Uno de los grandes yerros de las designaciones de personas para integrar el gabinete de Rutilio Escandón se presentó en el nombramiento de la actual secretaria del campo. Aquí no se valoró la importancia que tiene esta secretaría, no sólo para la promoción de programas que mejoren la productividad agrícola sino también por el papel político relevante que tiene el gobierno para establecer condiciones de  gobernabilidad y de atención a miles de productores y trabajadores agrícolas.

La situación en la producción de maíz no es un asunto menor, en virtud de los riesgos de la pérdida de la soberanía alimentaria, en donde se calcula una producción menor de las 600 mil toneladas de maíz, cuando en años anteriores se producían un millón de toneladas, lo que significa un notable abandono del campo chiapaneco, en el que se comparten responsabilidades e ineficiencias entre el gobierno del Estado y la figura del superdelegado del gobierno federal, en el que resulta dudoso que se haya integrado el Censo de Bienestar que hiciera posible la inscripción de los productores beneficiados con los apoyos de los programas.

La ausencia de distribución de los recursos del Programa Producción para el Bienestar y el de la entrega de fertilizantes así como los márgenes estrechos de intervención que tiene la secretaría de agricultura de la entidad, generó que un problema fundamentalmente de productividad agrícola adquiera un matiz político,  en el que se realizaron reuniones entre el gobernador y los principales dirigentes de organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas, en el que seguramente se llegaron a acuerdos políticos pero eso no resuelven los problemas de ineficacia gubernamental en la liberación y distribución de los recursos ni en la posible crisis alimentaria que la entidad está por padecer en los próximos meses.

El gobernador Rutilio Escandón trae un discurso de combate a la corrupción pero no entiende que designar a funcionarios que no tienen las competencias para desempeñar una responsabilidad es un acto de corrupción y no percibe que los subejercicios presupuestales, como el que ya hay en la secretaría de agricultura en el que no se brindaron los apoyos para los maiceros también es corrupción, y lo más grave, es que tampoco le resulta claro, que los recursos públicos destinados para procurar la autosuficiencia alimentaria, que no son ejercidos, representan una violación a derechos humanos, en el que deben ser sancionados los funcionarios responsables de esos atropellos.

 

 

La inseguridad se apoderó de Chiapas, pero ni el gobernador ni sus funcionarios se dan por enterado. Ellos siguen el mismo discurso del antiguo régimen en el que se  vende la idea de que todo está muy bien, minimizan los problemas y creen que repitiendo el cero tolerancia, en automático se acaba con la delincuencia y la violencia que prevalece en muchas localidades.

Asombra el cinismo y la irresponsabilidad cuando anuncian que la inseguridad disminuyó y que eso se debe gracias al trabajo del gobernador y a la mesa de seguridad, cuando la realidad es otra; la fiscalía general del Estado manipula la información y el registro de los delitos, porque no se levantan las denuncias de los afectados sino que se elaboran actas administrativas que suelen archivarse. Dicho en otras palabras, la fiscalía en Chiapas juega con el dolor de las personas y oculta información de los delitos que a diario se cometen.

La administración de Rutilio Escandón debe dejar de mentir en materia de seguridad, porque una cosa es la percepción que tiene el gobernante y otra es la percepción de la ciudadanía, que sufre a diario los embates de la delincuencia. Los daños ocasionados por la inseguridad en la entidad está acompañada por indignación y un profundo malestar en la población, debido a que la fiscalía, en las horas siguientes de cometido el delito, anuncia la detención de los presuntos delincuentes, pero regularmente, esto sucede por la fabricación de pruebas y la práctica de tortura que vuelve confeso a cualquier inocente lo que origina que se reproduzcan patrones de impunidad.

Las reuniones mañaneras de la mesa de seguridad no vienen funcionado y la razón fundamental de que no funciona se debe a que Chiapas es una sociedad en la que la ley no se aplica, en el que se tiene un 99% de los niveles de impunidad.

A esto hay que agregarle a que en Chiapas no hay un plan estatal de seguridad y prevención del delito y mucho de la ausencia de trabajo en materia de seguridad viene recayendo en los municipios, quienes no tienen facultades para perseguir y enfrentar a la delincuencia organizada, y donde la función municipal en materia de seguridad se circunscribe a la labor preventiva.

Chiapas tiene hoy serios problemas de gobernabilidad y graves problemas de inseguridad, de creación de empleos y de inversión pública, pero el gobernador Rutilio Escandón señala que va muy bien y que puede estar mejor. Lo cierto es que a la administración de Rutilio se le relaciona con los gobiernos de la continuidad del desastre chiapaneco y en nada se diferencia de los gobernadores que lo precedieron. Pues éste continúa con la misma indiferencia, impunidad, corrupción, frivolidad, caprichos, opacidad, ineficacia y rencor.

 

 

 

Los últimos feminicidios en la entidad debieran de encender la alerta en el gobierno de Rutilio Escandón y reconocer que la inseguridad en Chiapas se encuentra desbordada. El fin de semana fue asesinada una niña de seis años en el municipio de Cacahotán y pobladores de la comunidad detuvieron al presunto agresor y le prendieron fuego. Y el lunes pasado fue encontrada otro cuerpo de una menor  asesinada en el municipio de Mapastepec.

Los funcionarios de Chiapas no terminan de aprender que ya no se puede gobernar con mentiras difundidas por boletines que nadie lee ni se puede ocultar la realidad con discursos de éxito que ni el propio gobernador cree. La mesa de seguridad que sesiona en palacio de gobierno sólo funciona para que un grupo de funcionarios se reúnan a tomar café y lean reportes de información maquillada y de veracidad dudosa, que no refleja la realidad que sucede en las calles de la entidad.

Lo real, que se niega a ver el gobernante, es que Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura y de fabricación de pruebas para encontrar chivos expiatorios y con ello la fiscalía suele encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  nueva administración se presuma como importante logro, que los delitos graves sucedidos están resueltos y los responsables se encuentran en prisión. Pero después de confirmar cómo la fiscalía siembra pruebas para culpabilizar a personas inocentes, queda la duda de la efectividad de los operativos y entra la sospecha sobre cuántos de los detenidos son en realidad presuntos culpables.

Hay antecedentes sobre muchas de estas acciones fantasiosas orquestadas por el personal de la fiscalía que se revierten en los amparos ante los tribunales federales, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles.

En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso del gobernante, que manifiesta que en seguridad las cosas se están haciendo bien, pero la queja principal en todos los lugares es la inseguridad que se respira a diario en todo el territorio. La postura de aplicación de la ley sin restricciones que predica el fiscal general, en el que afirma que se va a combatir la impunidad resulta deleznable, simple y sencillamente porque la impunidad existe en todos los países del mundo, solo que aquí es del 99%.

En la población se empieza a decir que la delincuencia desbordó a las instituciones y cada vez se hace más complicado garantizar condiciones mínimas de seguridad. Las ejecuciones y los homicidios violentos se han incrementado, el secuestro se hizo presente, los feminicidios llevan un ritmo de uno cada tercer día, los asaltos bancarios que eran parte del pasado, resurgieron en esta administración, en donde todos los días se difunde en las redes sociales notas sobre robos a casas-habitación y a negocios, asaltos a transeúntes, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, todo esto sucede mientras el fiscal repite a diario que está erradicando la impunidad.

Desafortunadamente en Chiapas la impunidad es muy superior a la eficacia policíaca, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sanciona. Con estas estadísticas el gobernador, el fiscal general y todos los funcionarios de la administración debieran de guardar silencio y ponerse a trabajar en serio, pues en Chiapas no hay gobierno

La entidad vive una etapa difícil de gobernabilidad y de inseguridad y a eso se le agrega la falta de inversión pública del Estado, en el que no se conoce a ciencia cierta en qué se gastaron más de 91 mil millones de pesos, supuestamente ejercidos en el primer año del gobierno de Rutilio Escandón.

 

 

 

 

¿En manos de quién está la justicia en Chiapas? La respuesta a esta interrogante resulta desalentadora, pues está en manos de los peores funcionarios; que el propio gobernador del Estado, quien fuera en el gobierno anterior presidente del tribunal de justicia, decidió reformar este poder y desaparecer el tribunal constitucional por haber atendido un solo caso en los últimos quince años.  Pero el mal no sólo está en ese inútil tribunal constitucional sino que transcurrieron siete años de incumplir la ley, al no realizar al personal de este organismo los exámenes de control de confianza y con ello se descuidó que jueces y magistrados no tuvieran un enriquecimiento inexplicable y no se aplicaron los exámenes toxicológicos, aún y cuando en el último examen realizado en el año 2012, más del 50% de los trabajadores del poder judicial evaluado presentó problemas con el consumo de alguna droga.

El mal se encuentra también en la fiscalía general de justicia, que tiene en la tortura el principal método de investigación, que se caracteriza por la fabricación de pruebas, por la invención de culpables y por la protección a la delincuencia organizada.

Bajo estas circunstancias la situación de la justicia en Chiapas no puede estar peor, en donde nadie está salvo de las arbitrariedades de los cuerpos judiciales, del accionar de los ministerios públicos y de las sentencias por consigna de los jueces.

Para colmo de males en Chiapas funciona una inconstitucional mesa de reconciliación, que libera presos sentenciados, violando la autonomía de los jueces quienes son los únicos que tienen la atribución de ordenar la liberación de un inculpado. Esta mesa ha liberado más de dos mil presos con sentencia, entre ellos homicidas, feminicidas, secuestradores, tratantes y violadores, bajo el argumento que presentaban alguna irregularidad en el debido proceso pero sin que a la fecha se haya sancionado a un ministerio público o a un juez por esas irregularidades.

En Chiapas la impunidad es el sello de la justicia, a punto tal que lo que va del presente año, cada tercer día se comete un feminicidio, lo que evidencia la responsabilidad del Estado al no proteger y ser garante de la seguridad de la población, especialmente de las mujeres.

El violador de los derechos humanos es el Estado. Es el policía que incumple con sus responsabilidades y permite que una muchedumbre le arranque de las manos a un presunto homicida para lincharlo y prenderle fuego como sucedió el fin de semana en Cacahoatán. Es el agente del ministerio público que integra mal las carpetas de investigación, que viola el debido proceso y la presunción de inocencia, lo que permite que vía amparo los jueces federales ordenen la liberación del presunto culpable. Son los jueces de control y de ejecución de sentencias, que no revisan con rigurosidad los expedientes y dictan sentencias de condenas a inocentes. Es el conjunto del gobierno que permite que prevalezca la corrupción en el sistema de justicia y que permite que malos e incapaces funcionarios tomen decisiones para decidir sobre el futuro de las personas.

El desastre y la corrupción que hay en el tribunal de justicia en Chiapas no se va a resolver con la reforma del poder judicial aprobada en el pasado mes de diciembre, porque ese órgano está pervertido y la corrupción permea la conducta de la mayoría de los funcionarios. Estos males no los desconoce Rutilio Escandón, pues en el fraccionamiento donde él tiene su residencia, el más exclusivo de Tuxtla Gutiérrez, viven jueces y magistrados que no corresponde el nivel de ingreso con su forma de vida.

 

 

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca estableció un patrón de violación a la presunción de inocencia, pues invariablemente utiliza a las redes sociales para exhibir  como culpables a las personas que detiene esa dependencia. Ninguno de los detenidos   que exhibe Llaven Abarca tiene sentencia de un juez, pero son sometidos al descrédito y linchamiento mediático en total impunidad.

Ese linchamiento mediático que provoca el fiscal general, es el mismo ánimo que se presenta en comunidades cuando detienen a un presunto delincuente y lo golpean y lo terminan linchando hasta prenderle fuego, tal y como sucedió el viernes pasado en el Ejido Faja de Oro, del municipio de Cacahotán, en donde Alfredo “N” fue señalado en la comunidad de ser el responsable de violación y homicidio de una niña de seis años de edad.

Este linchamiento no es un caso trivial, pues el presunto culpable fue arrancado de las manos de la policía, quienes estaban obligados a darle protección y garantizar la vida del detenido, algo que no sucedió, lo que provocó un homicidio por comisión de omisión y con ello se incurrió en una responsabilidad internacional del Estado.

La fiscalía con un discurso falso, sale con la misma cantaleta de que no habrá impunidad, cuando ésta es inevitable en virtud de que no todos los delitos que se cometen se pueden sancionar, pero sobre todo porque ese homicidio fue responsabilidad de los policías que  intervinieron y en apego de la aplicación de la ley debieran de estar detenidos por el delito de comisión por omisión.

En este drama algo que debe de esclarecerse plenamente son las razones que dejaron en libertad al presunto responsable, quien días antes había salido de la prisión, en donde estuvo cinco años preso bajo el delito de violación y su pena fue conmutada. De manera extraoficial se señala que el detenido fue uno de los beneficiados de la inconstitucional mesa de reconciliación y de confirmarse esta información, el gobernador del Estado debe quedar sometido bajo procedimiento, por el ilícito de liberar presos con sentencia, violando con ello la autonomía de los jueces, pero a su vez, incumpliendo las sentencias ratificadas por jueces y magistrados federales. La situación tiene una gravedad insospechada pues se podría presentar el caso de que un beneficiado de la ilegal mesa de reconciliación reincidió.

El linchamiento de Cacahoatán envuelve en delitos de omisión a varios funcionarios de la entidad. A la secretaria de seguridad por su ineficacia para garantizar la vida de los detenidos en manos de la policía; el fiscal general, por incumplir reiteradamente el debido proceso y la violación de la presunción de inocencia; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al no proteger ni garantizar los derechos humanos de la población  y por actos de omisión y aquiescencia al no emitir medidas cautelares y realizar las recomendaciones a los funcionarios que no apegan su actuación en el marco de la legalidad, en el que la situación obliga a la CEDH a realizar la investigación de los sucesos y el de convertirse en parte demandante de las conductas ilícitas de funcionarios para su debida sanción.

El homicidio tumultuario de Cacahoatán no debe quedar impune y la responsabilidad de esta pérdida de vida debe recaer en algún funcionario, pues se incurrió en un delito denominado homicidio por comisión de omisión.

 

 

 

 

En el primer año de su administración, el gobernador Rutilio Escandón no realizó ningún cambio en el gabinete, eso sin duda, fue una mala señal, porque las cosas no funcionaron y él delegó la responsabilidad de gobernar en sus colaboradores, pero  éstos nunca estuvieron a la altura de las circunstancias que Chiapas requiere. Lo extraño de esta situación, es que la administración necesita oxigenarse y para ello se requiere realizar cambios, pero a su vez, el gobernador ha afirmado que se vienen realizando bien las cosas y todo sigue igual, a pesar de que hicieron tres cambios menores.

El hecho es que no hay gobierno y las expectativas que se despertaron con el triunfo de Escandón Cadenas resultan hoy día desalentadoras, debido a que no se ha logrado romper con la continuidad de la ineficacia, la indiferencia, la abulia y la corrupción que caracterizó a los gobiernos anteriores y cada vez hay mayores evidencias de que los hombres cercanos al gobernador –Javier Jiménez, Ismael Brito y Jorge Luis Llaven-, se encuentran enfrentados, por el manejo de los moches y por el control de las posiciones de poder.

Están lejanos los momentos en el que el triunfo de Rutilio Escandón abría la posibilidad para conformar un gobierno que promoviera la construcción de un nuevo Chiapas, eso es lo que implicaba  la idea del discurso de la transformación y así debía de entenderse, pero después del primer año de la administración el discurso de la 4ª transformación resulta hueco y profundamente demagógico.

Frente a los nulos resultados, el gobernador ha tenido en distintos actos un discurso agresivo y descalificador en contra del anterior gobierno. Sin embargo esa postura no convence y sí le perjudica, porque él formó parte fundamental de esa administración y finalmente terminó siendo el heredero.

En este sentido el gobernador debe de entender que el cambio de rostro que Chiapas necesita no se va a generar con ataques a exgobernadores, sino a través de proyectos y programas de gobierno y estos son los que está ausentes en la administración, y mientras continúe con los mismos funcionarios  los resultados van a continuar igual, ya que no hay talento ni prestigio ni experiencia ni ideas ni conocimiento en los colaboradores del gobernador.

Chiapas no sólo no tiene crecimiento económico sino que vive un período de decrecimiento, que provoca desempleo y mayor pobreza; por eso resulta una verdadera incógnita el saber en qué se gastaron más de 91 mil millones de pesos durante el año 2019, pues no hubo inversión pública ni construcción de infraestructura que justifique esta cantidad de recursos.

Bajo estas circunstancias ¿Cuál es el futuro que se está construyendo para Chiapas en el gobierno denominado de la transformación? Y la respuesta no puede ser más desesperanzador que el de percibir que se continúa reproduciendo el pasado.

En los últimos días, en diferentes puntos de la ciudad de Tuxtla, la policía estatal como la policía y tránsito municipal, están implementando retenes en la que se revisan papeles de los vehículos. Esto, bajo cualquier circunstancia o motivo, es ilegal y deja evidencia, que los cuerpos policiales continúan incurriendo en desmanes y violaciones a la ley, en las que se configuran delitos.

Estos operativos, recurrentes en todo el Estado, son inconstitucionales y violatorios a los derechos humanos y los mandos policíacos que participan en ellos incurren en ilícitos, al promover actos que violan la ley y de presentarse la queja por parte de ciudadanos molestos, pueden ser sancionados por ese hecho.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, es muy clara al respecto:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

Los ciudadanos no tienen por qué detenerse en los retenes ni tienen por qué permitir el registro del vehículo ni mostrar la documentación de los mismos. Las policías del país conocen perfectamente los términos del artículo 16 de la Constitución y de que incurren en ilícitos, pero realizan los retenes porque saben que ese es un buen procedimiento de corrupción y beneficio económico y porque se aprovechan de la ignorancia de la población, en la que en muchas ocasiones se terminan bajando de su vehículo y con ello consienten el acto ilegal del registro.

La revisión en los retenes o puestos de seguridad a personas por sospechosas resulta discriminatorio y solo denota la incapacidad del sistema policíaco, que emprende acciones inconstitucionales en el combate a la delincuencia, en el que se viola la presunción de inocencia y el debido proceso. En las revisiones de los vehículos los policías suelen argumentar que se está haciendo investigación de ilícitos –búsqueda de armas o drogas-,  algo que es ilegal, en virtud de que el Artículo 21 limita a los policías a realizar actos de investigación siempre y cuando sean vigilados por el Ministerio Público.

De igual manera las infracciones que se levantan en los retenes, por falta de documentos o por cualquier motivo que inventen los policías son ilegales y por lo tanto se puede solicitar la nulidad del acto administrativo en el Tribunal Fiscal, en virtud de que la autoridad aplicó una multa contraviniendo la ley.

En Tuxtla hay policías que realizan su modus vivendi implementando retenes y extorsionando con ello a los automovilistas, como se realiza con regularidad en las afueras del fraccionamiento Real del Bosque o en el libramiento Norte Oriente a la salida de la Central de Abasto, donde suelen esperar a las camionetas cargadas de productos para extorsionarlos.

A su vez, existen retenes fijos como el de la entrada de Tuxtla, en la Pochota, en la que han existido con frecuencia accidentes mortales, o como el retén establecido en la carretera a Suchiapa, en la entrada a la Colonia El Jobo o el de la salida a Chiapa de Corzo. Todos estos retenes ilegales cuentan con la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es omisa en las recomendaciones a los cuerpos policíacos y deja de lado el cumplimiento de la obligatoriedad constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la población.

 

 

 

La administración de Rutilio Escandón presenta graves y profundos problemas estructurales: Chiapas es la entidad que menos crecimiento económico presenta en el país; por décadas ha venido padeciendo problemas de gobernabilidad; tiene una alta deuda pública; hay una crisis por la inseguridad; padece un ineficaz ejercicio de gasto público; existen graves deficiencias en la impartición de justicia y se tienen los índices de pobreza más alto del país, en donde el 78% de la población vive en la pobreza y la pobreza extrema.

Lo incomprensible es que pese a la gravedad de cada uno de estas problemáticas, no parecen tener importancia para el gobernador y sus funcionarios, que mantienen la misma indiferencia y frivolidad que los gobiernos anteriores y construyen un  discurso ficción en el que repiten que todo está bien mientras arrastran al gobierno hacia el precipicio.

En Chiapas mantener un discurso de austeridad representa una verdadera irresponsabilidad en virtud de que la principal fuente de circulante de capital es la inversión pública y esta no existe en la entidad a pesar de que en el ejercicio presupuestal del 2019 se gastaron más de 91 mil millones de pesos, sin que haya una obra de infraestructura relevante que justifique el exagerado presupuesto asignado en ese año fiscal al Estado.

Para males mayores hay que señalar que las principales licitaciones han sido asignadas a empresas que no son chiapanecas, como bien puede ser el de los desayunos escolares, con un poco más de un millón de desayunos diarios, cuya dotación la administra una empresa de Puebla que no adquiere productos locales, lo que afecta considerablemente a la economía de la localidad.

Pero los males no solo están en las licitaciones sino también en los nombramientos de los funcionarios públicos. Uno de ellos, el secretario de hacienda, Javier Jiménez, quien cuando era oficial mayor del tribunal de justicia cambió de lugar de residencia y se construyó una residencia –por cierto una casa blanca-, con un valor aproximado a los 15 millones de pesos, cuando sus ingresos no corresponden al nivel de vida que hoy posee. Ahora como secretario de hacienda se le señala de controlar las principales licitaciones y la asignación de la obra pública, a través de un sobrino, quien se desempeña como director de comisión de caminos e infraestructura hidráulica, quien se encarga de solicitarle a las empresas constructoras el 20% de “diezmo”, lo que pone en evidencia el discurso del combate a la corrupción que tanto se pregona en el gobierno federal y estatal.

Otro funcionario que vive un proceso de enriquecimiento es Helmer Ferras Coutiño, director general del instituto de ciencia, tecnología e innovación del estado de Chiapas, de pendencia que sustituyó al consejo de ciencia y tecnología del estado de Chiapas, que en la ley establecía que el requisito para ser director del órgano era contar con el grado preferente de doctor, y con el cambio de nombre se quitó ese apartado de la ley y se dejó de lado establecer los requisitos académicos que debía cumplir el director del organismo, en virtud de que Helmer Ferras no cuenta con el grado de licenciatura, aun y cuando firma documentos oficiales ostentando un título que no posee.

La situación irregular no es exclusiva de estos funcionarios sino que es un mal generalizado en la mayoría de los funcionarios del gabinete de Rutilio Escandón, quienes han demostrado que no se encuentran acorde a lo que requiere Chiapas, para salir del rezago social y de los problemas de gobernabilidad y de seguridad que padece, situación que hace evidente la ausencia de gobierno que hay en la entidad.

 

De manera sistemática la administración de Rutilio Escandón ha venido utilizando a los cuerpos policiales para desalojar y enfrentar a los grupos de pobladores que protestan. En el discurso ficción de los funcionarios estas medidas sirven para imponer el Estado de derecho, cuando en realidad lo que se hace es utilizar la violencia institucional en contra de la protesta social, situación que sólo provoca mayor violencia.

En las acciones de protesta la población termina siendo afectada por el cierre de carreteras, la toma de casetas, el cierre de calles, toma de edificios e incluso retención de funcionarios. Todas estas acciones han generado un hartazgo en las personas, que se traduce en una exigencia a la aplicación del Estado de derecho y que algunos grupos, sobre todo empresariales, aplaudan las medidas emprendidas por el gobierno por el uso de la fuerza para disuadir la protesta social.

Con ello se cierra la posibilidad del diálogo y la búsqueda de acuerdos a través de la vía política, que representa un instrumento indispensable para la construcción de la gobernabilidad democrática, y lo más grave aún, se encubre la ineficacia y las irresponsabilidades de un conjunto de autoridades, que se desentienden de los problemas y exigencias de la población, tal y como viene sucediendo en Chiapas.

¿Por qué hay tantas protestas sociales en Chiapas y por qué muchas de estas protestas vienen acompañadas de la violencia? En realidad no hay una única respuesta para estas interrogantes, en virtud de que en la entidad son muchas décadas de incumplimiento en la satisfacción de derechos sociales, económicos y políticos. Durante muchos años el gobierno instituyó una cultura de la dádiva en lugar de mejorar las condiciones sociales de la población, a quienes se les confinó a vivir de las ayudas sociales. Son miles de millones de pesos destinados en las últimas décadas para programas sociales, aparentemente invertidos en Chiapas, que fueron derrochados mientras la pobreza y la desigualdad social en la población crecía.

En las comunidades chiapanecas existen cientos de miles de jóvenes a quienes se les ha robado el futuro, que no tienen formas de emplearse ni posibilidades de dotación de tierras  en sus comunidades, que han crecido con un resentimiento social y a quienes se les impuso como opción el camino de la migración.

En Chiapas en los últimos gobiernos existió un despilfarro presupuestal sin que haya habido responsables y sin que se haya sancionado a algún funcionario. Y ahora, están tomando decisiones un conjunto de funcionarios que no han demostrado que tengan competencias ni conocimiento y mucho menos sensibilidad y que en el primer año de la administración de Rutilio Escandón ejercieron un presupuesto superior a los 91 mil millones de pesos, sin que se sepa en dónde y en qué se invirtieron esos recursos, cuando el principal problema de la entidad es la falta de circulante que tiene semiparalizada todas las actividades productivas de la entidad.

La caquistocracia es considerada como el gobierno de los peores y esos son los que están pretendiendo gobernar en Chiapas. Por eso no se puede dejar de señalar que la peor corrupción de la administración de Rutilio Escandón es la de haber nombrado a funcionarios sin competencias políticas ni académicas, que no han sido capaces de implementar proyectos de gobierno y que no han mostrado idea ni rumbo de gobierno.

 

 

 

 

 

 

 

La administración de Rutilio Escandón decidió implementar el mecanismo de un cobro de derechos con el reemplacamiento de vehículos y con ello se distanció del compromiso presidencial de no aplicar ningún nuevo impuesto a la población.

El cobro de placas resulta a todas luces una decisión desafortunada, pues no se justifica y se corre el riesgo en que pueda ser anulada por la vía del amparo.  Pero el mayos costo que corre la administración de Escandón Cadenas es que durante el año del 2019 se ejerció un gasto superior de los 91 mil millones de pesos, sin que se sepa a ciencia cierta en qué y en dónde se gastaron las cantidades y cuál fue el impacto social de ese ejercicio presupuestal.

En todo el 2019 lo único relevante de la administración fue el discurso de la austeridad, que en los hechos produjo miles de despidos y la reducción de salarios, algo que resulta contradictorio con el monto de los recursos ejercidos y más si no se observa ninguna obra relevante que justifique la inversión de esa cantidad de recursos. De allí que el problema de esta administración es la de justificar que se hizo con más de 91 mil millones de pesos, lo que representa el gasto más alto que haya ejercido en un año fiscal un gobernante en la entidad.

Lo peor de la administración de Rutilio Escandón es que se llegue a descubrir que exista una relación entre austeridad y despilfarro de recursos o el de una austeridad con corrupción, cualquiera de ambas situaciones pone en entredicho al gobernante, que no ha mostrado eficacia en la administración y que no tiene un gabinete ni tiene proyectos de gobierno. Por eso resulta sorprendente que el Congreso Local le haya aprobado un presupuesto de egresos superior a los 95 mil millones de pesos para el año 2020 y que a la fecha no haya por parte de los diputados una evaluación meticulosa sobre cómo y en qué se realizó el gasto del gobierno, cuando en realidad no existe circulante en la entidad.

El cobro de placas le puede redituar a la administración estatal un ingreso apenas superior a los 800 millones de pesos, cantidad que representa menos del 1 % del presupuesto autorizado por el Congreso al gobierno de Chiapas, lo que significa un costo político muy alto al gobernador, en virtud de que la falta de circulante tiene semiparalizada todas las actividades productivas en el Estado, y a eso se le agrega el cobro de un impuesto que resulta un agravio a la población, que no ha visto que la administración estatal le cumpla con el mínimo de las expectativas que se esperaban.

El cobro del emplacamiento resulta un mal cálculo político, que conlleva una alta dosis de pérdida de legitimidad y que obliga a una exigencia en el rendimiento de cuentas por parte de una administración que no tiene rumbo y que le está quedando a deber a Chiapas.

 

 

 

Una decisión desafortunada de la administración de Rutilio Escandón, para la sociedad chiapaneca, es permitir que la fiscalía general se convierta en un brazo ejecutor de las acciones de gobierno, sobre todo, porque eso significa la incapacidad al diálogo y el rechazo a la construcción de acuerdos políticos, para que prevalezca como camino la violencia institucional, las prácticas de tortura, la invención de delitos, la fabricación de pruebas, la prevalencia de jueces de consigna, lo que implica que el poder judicial está sujeto a los caprichos y violaciones de derechos humanos que se orquestan en la fiscalía general.

Bajo estas condiciones, los derechos humanos en Chiapas no pueden estar peor que en el momento que se vive., debido a que ninguna persona está a salvo de la invención de delitos, la fabricación de pruebas y las detenciones arbitrarias que de manera cotidiana realiza la fiscalía.

Por eso la violencia y la inseguridad se convirtieron en notas recurrentes entre los medios y Redes Sociales. Desafortunada y lamentablemente estos sucesos están presentes en distintos municipios de la entidad, situación que las autoridades se resisten en confirmar e inclusive el gobernador del Estado ha señalado en reunión con su gabinete que en seguridad vamos bien, a pesar de la violencia, de los homicidios, asaltos, ejecuciones extrajudiciales y feminicidios que a diario suceden en la entidad. 

A un año de iniciada esta administración, Chiapas sufre un desencanto con sus autoridades, además de que se vive una crisis económica y de gobernabilidad democrática, sin que las autoridades se preocupen por diseñar un programa de estímulos para el crecimiento económico y de creación de empleo; a la vez, no se tiene un programa de salud ni de educación ni de fomento a las actividades agropecuarias; lo que significa que en Chiapas se continúan con los problemas estructurales de pobreza y de violencia, sin que a estos se les den las atenciones que requieren, y se continúa con la indiferencia como si los problemas de la entidad se fueran a resolver por sí solos.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que la Cuarta Transformación que se pregona en Chiapas es sólo un discurso  cargado de demagogia. Aquí en la entidad se mantiene viva la cultura del PRI, que se reproduce bajo el disfraz de MORENA, en el que campea la corrupción, la asignación de obras sin licitación, la fabricación de culpables, la violación de derechos y para colmo de males, ahora desde el palacio de gobierno se repite un discurso ficción, que busca construir la idea de que todo está bien y que la inseguridad ha disminuido.

Esta visión del gobernador va en contrasentido a la opinión de amplios sectores de la población que no perciben ninguna mejoría en las condiciones de vida, que padecen los problemas de inseguridad, que sufren la falta de inversión pública, que se sienten afectados por la crisis económica y la inseguridad, que tiene en riesgo no solo el ingreso de las personas sino también la viabilidad de muchos negocios así como las actividades turísticas y agropecuarias, que debiera de obligar a un golpe de timón para encausar un gobierno que no termina de constituirse y que se percibe sin rumbo.

 

 

 

 

Se cumplen 22 años de la masacre de Acteal y el tráfico de armas en Chiapas continúa siendo una pesadilla, en donde los conflictos y diferencias que prevalecen entre las organizaciones sociales terminan en enfrentamientos armados, sin que a la fecha la fiscalía tanto del Estado como el de la república inicien una carpeta de investigación sobre la procedencia de las mismas, pese al discurso que maneja la fiscalía general de cero tolerancia.

Es un secreto a voces que en San Cristóbal de Las Casas se venden todo tipo de armas y municiones sin que ninguna autoridad intervenga para poner un alto a este tráfico, aún y cuando existen múltiples retenes policíacos y militares en la Región de Los Altos. Por ello no todas las organizaciones en las comunidades indígenas se encuentren armadas y ya no se diga los grupos paramilitares que existen en esa región, lo que genera un riesgo  permanente de estallidos de violencia  con pérdidas de vida humana.

En esta administración, que se suponía era de orígenes distintos, se continúa con la política de tolerancia, indiferencia, complicidad, valores entendidos y permisibilidad a los grupos armados en la entidad; signo inequívoco que indican los graves  problemas de  gobernabilidad que se viven en el Estado, originado, fundamentalmente, por el desconocimiento que tienen los funcionarios públicos de la realidad chiapaneca, en el que con frecuencia funcionarios del gobierno atienden o se sientan a negociar con estos grupos paramilitares, enviando malas señales a las víctimas y privilegiando los acuerdos con los agresores.

Por estas malas decisiones que afectan la gobernabilidad en reiteradas ocasiones se ha señalado que no existe gabinete ni plan de gobierno ni agenda política en la entidad. A eso se le agrega que hay una pobre inversión pública en obras, que no existe un programa de reactivación de la economía y de la producción agrícola y que no hay un plan estratégico de seguridad ni indicadores ni metas que nos puedan orientar en qué consiste la transformación que tanto pregonan.

El gobernador mantiene reuniones quincenales de evaluación con sus colaboradores, en donde se escucha la voz de la complacencia del gobierno –que no corresponden con la crisis económica y de gobernabilidad que hay en el Estado-, en donde el propio gobernador suele afirmar de que vamos bien, pese a que los resultados y el sentir popular lo desdicen. Esas reuniones no están cumpliendo con el propósito de mejorar las condiciones de Chiapas, en donde existe un abuso del discurso de la austeridad, que lamentablemente se convirtió en una política de no gasto y de no inversión, lo que tiene prácticamente colapsada la economía del Estado, que requiere de la inversión gubernamental.

En este año se vivieron situaciones de violencia en Chenalhó, Aldama, Amatán, Oxchuc, Bochil, San Juan Chamula, Simojovel, Tila, Yajalón, Chilón, El Bosque, Las Margaritas y Venustiano Carranza,   muchos de esos sucesos están impunes, como impune se encuentra la masacre de Acteal, en donde los sobrevivientes llevan 22 años esperando justicia y verdad, en un escenario de alternancia política, que ha permitido la constitución de gobiernos del PRI, PAN y MORENA, sin que haya la voluntad de investigar, sancionar y conocer la verdad de los vergonzosos sucesos de Acteal, que permanece como una herida en la memoria comunitaria.

 

En el último año son muchos los sucesos de violencia que se presentaron en Chenalhó. Lo delicado de esta situación, es que el gobierno de Rutilio Escandón ignora las consecuencias que puede ocasionar esta violencia, que le puede costar la gubernatura, como le sucedió en 1997 a Ruíz Ferro, y mantiene una actitud de indiferencia frente al clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en ese lugar, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en este municipio, pues sobre los grupos paramilitares que actúan en el Ejido Puebla, se han realizado reiteradas denuncias sin que se haya decidido desarmar a este grupo paramilitar, aún y cuando existe de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dos recomendaciones para que el gobierno estatal iniciara el proceso de desarme de los grupos e implemente una política pública para la construcción de la paz en esa región y a la fecha no se ha realizado ninguna acción para cumplir con esta recomendación.

El grupo paramilitar del Ejido Puebla es el responsable de los ataques que produjo la masacre de Acteal, que a la fecha se mantiene en la impunidad, después de que 29 presuntos responsables de ese vergonzoso acto fueran liberados por resolución de la Suprema Corte por violaciones en el debido proceso; este mismo grupo paramilitar ha sido a su vez, responsable de distintos desplazamientos forzados de población en el municipio de Chenalhó, y además un miembro de ese grupo es el presidente municipal, lo que los mantiene empoderados.

A tres días de cumplir el 22 aniversario de esa masacre, los sobrevivientes esperan la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se les haga justicia, algo que se los han negado gobiernos priistas, panistas y hoy los morenistas.

Un camino que los afectados señalan como parte de una solución integral es que el presidente de la república, en un acto público reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en los sucesos de Acteal, algo que no debiera representar obstáculo para un gobierno democrático, que estuviera preocupado en garantizar justicia a las víctimas y la sanción a los responsables directos e indirectos de esa masacre, pero hasta ahora el gobierno de López Obrador no ha dado respuesta, lo que se interpreta como un rechazo al reconocimiento de la responsabilidad del Estado, en donde se mantiene la versión oficial de un enfrentamiento indígena intercomunitario, que niega la existencia de grupos paramilitares.

No está de más que la administración que encabeza Rutilio Escandón refuerce la vigilancia en la región, con el fin de evitar posibles agravios y conflictos y garantizar a las Abejas de Acteal que la ceremonia que se realiza para recordar a sus muertos se lleve en paz.

 

 

En el desempeño de distintos gobiernos en Chiapas ha sido reiterado el uso de la fuerza y la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Esto sólo ha ocasionado una mayor polaridad y una acumulación de enconos, que ha hecho de Chiapas una sociedad de muchos conflictos, que se acostumbró a que hay que cerrar carreteras, tomar las casetas o secuestrar funcionarios, para que el gobierno establezca la mesa de negociación. Pero al mismo tiempo la inacción del gobierno y el desprecio hacia la movilización política generó que en el gobierno no se tomen mecanismos de prevención de conflictos y se deja que estos estallen para escuchar a las quejas y demandas.

De igual manera, no existe la mínima intención de parte del gobierno de crear en el servicio público una cultura de los derechos humanos,  situación que viene provocando prácticas en el que resultan violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de los funcionarios, y que organismos defensores de derechos humanos tengan puestos los ojos en la entidad, como son dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tres medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde ambas resoluciones han sido desestimadas por el gobierno de Chiapas y no se han implementado los mecanismos adecuados para dar cumplimiento tanto a las recomendaciones de la CNDH como a las medidas cautelares de la CIDH.

Por ello es necesario reiterar el señalamiento de que la operación política en Chiapas no está funcionando y no funciona, porque existe una visión clientelar de posicionamiento político por parte de los funcionarios y no una visión de Estado, de preocupación real por mejorar las condiciones de gobernabilidad y atender las demandas de la población, sin que esto conlleve a un beneficio electoral o a construir redes de complicidad para la obtención del voto. Ismael Brito no está trabajando para ser un eficaz secretario de gobierno sino para obtener beneficios electorales en el futuro. Además está rodeado de personajes de la peor ralea, que en un gobierno democrático estarían sometidos a juicios, ya sea por golpear mujeres, por dedicarse a la trata, a la extorsión, por enriquecimiento inexplicable o por incurrir en delitos electorales.

El triunfo electoral de Rutilio Escandón convocaba a la integración de un gobierno para la transformación de Chiapas. Sin embargo, lo que debía ser un gobierno democrático, que empoderara a los ciudadanos, que fortaleciera la transparencia y que mejorara la eficacia en el funcionamiento del gobierno, después de un primer año de administración, está convertido en una continuidad de las mismas prácticas políticas que han dañado a la entidad y con su actuación como gobierno están traicionando a los chiapanecos, que confiaron en que iban a ser un gobierno diferente y hasta ahora han quedando a deber, con la gran paradoja en que el gobernante no se ha dado cuenta de la ineficacia que existe en el aparato público y piensa que todo va muy bien...

 

 

 

La administración de Rutilio Escandón abría la posibilidad para conformar un gobierno que promoviera la construcción de un nuevo Chiapas, eso es lo que implicaba  la idea del discurso de la transformación y así debía de entenderse. A unos días después de cumplidos el primer año de gobierno, las expectativas que se despertaron con ese triunfo resultan desalentadoras debido a que no se ha logrado romper con la continuidad de la ineficacia, la indiferencia, la abulia y la corrupción que caracterizó a los gobiernos anteriores.

El gobernador en distintos actos ha tenido un discurso agresivo y descalificador en contra del anterior gobierno. Sin embargo esa postura no convence ni constituye algún beneficio, porque él formó parte fundamental de esa administración y fue el heredero o beneficiario directo de las componendas realizadas para trucar las elecciones como si éstas fueran el resultado de la voluntad popular. Pero si se revisa el propio gabinete de Rutilio Escandón se va a observar que el secretario de hacienda, el secretario de gobierno, el fiscal general, la secretaria de seguridad, la secretaria de educación y la secretaria del campo son herencia del gobierno pasado, de allí que no caben las descalificaciones pues forman parte de una continuidad de gobierno.

Cambiar el rostro de Chiapas no significa atacar a exgobernadores sino construir proyectos de gobierno y eso es lo que está ausente en esta administración. Lo criticable de esta situación, es que no se ven visos que con el grupo de funcionarios que integran el gabinete se puedan elaborar los proyecto que Chiapas necesita, ya que no hay talento ni prestigio ni experiencia ni ideas ni conocimiento en los funcionarios de esta administración.

En los doce meses transcurridos, el gobernador Rutilio Escandón no ha realizado ningún cambio en el gabinete, eso es una mala señal porque significa que delegó su responsabilidad en sus colaboradores, que no se ha dado cuenta que su administración requiere urgentemente de una oxigenación y lo peor, es que él mismo esté convencido de que se vienen realizando bien las cosas, sin que hayan resultados. Bajo cualquiera de estos argumentos el escenario es el mismo: no hay gobierno, pero ninguno de sus colaboradores se atreve a decírselo al gobernante.

Chiapas es la única entidad que en los últimos años no ha tenido crecimiento económico y no existe un programa integral de recuperación económica y de fomento al empleo, lo que significa que se continuará con los números rojos y con ello el empobrecimiento de la población.

Bajo estas circunstancias ¿cuál futuro para Chiapas es el que está construyendo esta administración denominada de la transformación? Y la respuesta no puede ser más que la continuidad de un pasado, en el que nada se ha transformado y en el que nadie sabe en qué consiste la transformación.

 

 

Uno de los graves problemas en Chiapas es la deficiente impartición de justicia, que ha terminado reproduciendo patrones de impunidad y que deja en entredicho la imparcialidad, honestidad, independencia, excelencia y profesionalismo, con el que se deben comportar los jueces y magistrados en la interpretación de la ley.

Esta ausencia de justicia hace necesario una reforma del poder judicial, pero no queda suficientemente claro que esa reforma sea la recientemente aprobada por el Congreso Local, que extingue el tribunal constitucional, el tribunal del trabajo burocrático y el tribunal de justicia administrativa.

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley que turnó el gobernador Rutilio Escandón se realiza un diagnóstico crítico al funcionamiento del poder judicial, que denota que ese documento no fue leído por el gobernador ni por ninguno de sus colaboradores que sugiriera matizar su contenido. Al respecto en esa exposición de motivos se señala lo infuncional del tribunal constitucional, que en 15 años solo resolvió un caso, representando una carga presupuestal anual superior a los 40 millones de pesos.  Visto de esta manera el tribunal constitucional resulta la dependencia más cara e inútil de toda la administración pública de la entidad.

Sin embargo no puede pasarse por alto que Rutilio Escandón fue más de cinco años presidente del tribunal de justicia y su desempeño como tal no está exento de responsabilidad y por lo tanto se debe realizar una investigación profunda en la que se aclare en qué se destinaban esos recursos, que en los últimos siete años sobrepasan los 280 millones de pesos.

De igual manera se deja manifiesto en la exposición de motivos, que en la designación de jueces y magistrados confluyen intereses distintos al poder judicial y va más allá cuando señala que una sociedad más justa “solo puede lograrse con jueces y magistrados preparados, designados mediante un procedimiento que reconozca su trayectoria judicial”, algo que definitivamente es importante, pero que en su momento la presidencia de Rutilio Escandón en el tribunal no cumplía.

La iniciativa de la ley muestra también la ausencia de juristas en el tribunal y la desconfianza que tiene el gobernador hacia los magistrados que integran el tribunal constitucional, pues no se consideró la opinión de ninguno de ellos ni de los jueces y magistrados regionales para elaborar la iniciativa, en donde resulta evidente que el documento de reforma se elaboró en secreto y por fuera del ámbito gubernamental.

Lo que sí representa una realidad es que el tribunal constitucional vino funcionando los dos últimos años en la ilegalidad, pues de acuerdo a la constitución debía de estar integrado por tres magistrados y por cuestiones políticas extralegales estaba integrado por cinco magistrados, situación que pone en entredicho la honestidad, imparcialidad y profesionalismo, de quienes integraban el tribunal constitucional, que entre otras aberraciones jurídicas, han mantenido silencio y complicidades ante la ilegal liberación de presos sentenciados que se realiza a través de la mesa de reconciliación.

El martes a más tardar quedará aprobada la reforma por la mayoría de los municipios y se estará en condiciones de publicar ese mismo día el decreto que extingue el tribunal constitucional, el de trabajo burocrático y el de justicia administrativa y los magistrados que integran esos tribunales pasarán a ser liquidados con el pago de tres meses de salario.

 

 

 

 

La inseguridad se convirtió en un problema serio en Chiapas, pero el gobierno tiene una incapacidad funcional que lo hace inoperante y considera que con negar el problema y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos bancarios, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control.

La campaña publicitaria de un Chiapas seguro que promueve el gobierno es falsa. Lo que sucede es que hay un Chiapas imaginario en la cabeza de Rutilio Escandón y sus colaboradores, que en las mañanas se sientan tranquilamente a tomar café, a escuchar sus propios informes de cifras y reportes maquillados, con que se engañan mutuamente y en la que pretenden engañar a la población chiapaneca.

Frente a ese Chiapas imaginario se levanta una realidad en la población que sufre una desigualdad social, que padece una pobreza que tiende a incrementarse, que está aterrada por la falta de circulante y de una ausencia de inversión pública, que está temerosa de los despidos injustificados que realiza la administración, que acumula agravios y cuyo malestar está a la espera de que una chispa incendie la pradera.

La fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad improvisan un plan de seguridad que es violatorio a los derechos humanos; instalan retenes policíacos con el fin de realizar operativos de revisión, bajo el pretexto de evitar la comisión de delitos, cuando estos retenes son ilegales y se convirtieron en mecanismos de extorsión.

Con estas medidas, la administración de Rutilio Escandón está reconociendo su incapacidad de brindar seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, en donde su apuesta es criminalizar a la población y así abrir la posibilidad para que se recrudezca la arbitrariedad policíaca, con la implementación de retenes para atracar a la población.

Ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad hay talento para garantizar la tranquilidad ciudadana. En esas dependencias lo que hay son acuerdos con la delincuencia organizada y en las delegaciones de ambas dependencias se tienen establecidas cuotas a los mandos de un conjunto de ilícitos que a diario se suceden en los municipios fronterizos, que va del tráfico de azúcar, de ganado, de personas, a las rutas de paso de drogas que están claramente establecidas por los principales cárteles del país.

La violencia y la inseguridad va a ir en aumento por la impunidad que prevalece en el Estado y porque no hay proyectos económicos y sociales que mejoren las condiciones de vida y que a la vez sean los puentes para restablecer la gobernabilidad y la tranquilidad de la población en la entidad.

 

La inseguridad sigue golpeando a la sociedad chiapaneca, que cada vez se ve más reducida a la indefensión. Aún no se salía del asombro ocasionado por el dicho del gobernador en el primer informe de gobierno de que en seguridad se va bien, cuando la realidad sobrepasa a la demagogia y en las redes sociales se difunde la nota de dos nuevos feminicidios, uno en Huehuetán y el otro en Villa Corzo

La estrategia de las reuniones de la mesa de seguridad que encabeza el gobernador no están funcionando y el informe de los datos que sitúan a Chiapas dentro de las entidades más segura del país está truqueado, debido a que las fiscalías no levantan las denuncias ni abren las carpetas de investigación sino que realizan un trámite de acta administrativa, que regularmente se archiva.

De igual forma los niveles de impunidad en Chiapas, que es del 99%, ocasiona que las personas no acudan a poner denuncias de delitos, porque lo consideran una pérdida de tiempo y en ocasiones un riesgo, al tener que señalar en la denuncia la dirección de su domicilio.

¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos asaltos más? ¿Cuántos feminicidios más? ¿Cuántos secuestros más? ¡Cuántos asaltos más a bancos y a cuentahabiente tienen que suceder en Chiapas para que el gobernador Rutilio Escandón entienda que su función principal es la de gobernar!   

La inseguridad en Chiapas es un problema estructural, que está articulada a otros problemas como el nulo crecimiento de la economía, la pérdida de empleos, la falta de inversión en proyectos productivos, la mala calidad educativa que se imparte en las escuelas públicas y privadas, la ausencia de justicia en la entidad, al debilitamiento de un conjunto de instituciones que redujeron la capacidad de integración y de socialización, al despojo en sus diversas manifestaciones que se vive en Chiapas y a la ausencia de construcción de nuevas ciudadanías que exijan sus derechos.

Ante un problema multifactorial como es el de la inseguridad se requieren acciones multifactoriales, pero eso no lo entiende el gobernador y menos sus colaboradores, en el que se empecinan en decir que todo está muy bien y que ofrecen un Chiapas seguro para la población y el turismo, cuando la realidad está rebasando los límites de la incredulidad.

Ya se ha señalado que en Chiapas no hay servidores públicos a la altura que las circunstancia obligan y más grave aún, que no hay una agenda política ni se está cumpliendo con un plan de gobierno. Dentro de esta condición resalta la ausencia de un plan de seguridad estatal y la necesidad de una reforma del poder judicial, que se encuentra anquilosado y subordinado a las arbitrariedades e ilegalidades bajo las que actúa la fiscalía general del estado.

La ausencia de un plan de seguridad se quiere sustituir con el discurso de la cero tolerancia o peor aún, con la falsa idea de erradicar la impunidad, cuando ni lo uno ni lo otro aplica para Chiapas, en virtud de que son los propios funcionarios los que no apegan sus actos a la ley y esto los convierte en infractores.

El malestar por la inseguridad es notorio en las principales ciudades de la entidad y esto viene ocasionando una crisis de credibilidad hacia un gobierno que insiste en repetir que el trabajo que se realiza en la mesa de seguridad está dando buenos resultados.

 

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