En medio de la crisis humanitaria que se vive por los desplazados de Chenalhó, se presenta el proceso de designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que se descuidan las formas y se pone en evidencia la falta de operación política de la secretaría de gobierno, pues de manera torpe e insensible se busca imponer como presidente del organismo a Juan José Zepeda Bermúdez.
La convocatoria del Congreso Local para la designación del presidente de ese organismo salió publicada el viernes 9 de marzo y ahí se estipuló que el cierre de registros era el martes 13, a las 16 horas. Lo significativo en este proceso, es que días antes de esa publicación, funcionarios del gobierno estuvieron llamando a distintas organizaciones para solicitar la carta de respaldo a la candidatura de Zepeda Bermúdez y ya que estaba integrado el expediente se publicó la convocatoria. Esta acción, que buscaba construir legitimidad a una decisión gubernamental, terminó siendo una burla maniobra, que atropella la transparencia y la legalidad de una designación que no es poca cosa, pues representa la protección y garantía de los derechos humanos de la población.
La propuesta de Juan José Zepeda Bermúdez, impulsada por el secretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quienes guardan sociedad en diversas empresas y en el firme propósito de saquear Chiapas, no debía de prosperar, en virtud de que no cumple con los requisitos de fondo que establecen los Principios de París, en materia de trayectoria y compromiso en la promoción y defensa de los derechos humanos ni en la forma de la convocatoria, que establece en la cláusula quinta de la convocatoria, que la persona designada como presidente de la CEDH, no debe haber desempeñado cargo de secretario en el año anterior de su designación y Juan José Zepeda, en el mes de septiembre del año pasado, era el secretario de planeación en el gobierno del Estado; condición que lo inhabilita constitucionalmente para ocupar ese cargo.
Aquí Gómez Aranda vuelve a mostrar su torpeza y su falta de oficio para empoderar a su socio, al que anoche mismo, en sesión nocturna de la permanente se buscaba designar, pero una contraorden impidió la consumación de la ilegalidad a través de un albazo legislativo.
Pero el secretario de gobierno juega la presidencia de la CEDH con dos cartas, la segunda de ella es el notario Adolfo Guerra, con fama de borrachín, y quien fue durante algunos meses fue Rector de la UNICACH, con una gestión desastrosa, que en muy poco tiempo hundió académica y administrativamente a esa universidad y tuvo que ser despedido. Guerra Pérez se resistió varias ocasiones a poner su renuncia como rector, y el día que la presentó fue en una reunión en la presidencia de la CEDH, encabezada por Juan Óscar Trinidad Palacios y allí se acordó que a cambio de la renuncia él sería nombrado presidente de la Comisión cuando Juan Óscar fuera nombrado presidente del Tribunal de Justicia.
Adolfo Guerra, como Juan José Zepeda, no reúnen los requisitos para ocupar la presidencia de la CEDH, pero eso no tiene importancia para el gobierno de Manuel Velasco, acostumbrado a violar todas las leyes con tal de cumplir sus caprichos de niño malcriado. Lo que obligaría a organismos y defensores de derechos humanos a desarrollar una batalla jurisdiccional y no jurisdiccional en contra de una designación violatoria a los principios de respeto, protección y garantía de los derechos humanos en Chiapas, que desafortunadamente tiene un gobierno del tipo de la coprocracia, que significa lisa y llanamente el gobierno del excremento.
