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Chiapas gobiernos de tontos y locos

Editorial
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Uno de los graves problemas políticos en Chiapas es el gobierno personal que se instituyó. Esto ha generado que se gobierne con criterios personales haciendo de lado  las instituciones y con ello violentando la legalidad. Aquí se cometen excesos, pues no existen límites para la arbitrariedad del poder.

 

El ejercicio del poder sin límites conduce a una tiranía que alcanza su fin en las elecciones. Al respecto se comenta que el exgobernador Patrocinio González Garrido expresaba, que el poder vuelve a las personas inteligentes en tontas y a los tontos en locos. Algo hay de ello, sobre todo cuando se fomenta la lisonja y el culto a la personalidad, que termina provocando en los gobernantes una pérdida de la realidad.

Son muchos los ejemplos sucedidos en Chiapas que muestran el enloquecimiento de sus gobernantes.  Pablo Salazar por ejemplo, mandó a la policía a que tomara por asalto el palacio del poder judicial para así imponer un magistrado presidente subordinado a él.

Con Juan Sabines sus excesos fueron caricaturescos. Llegó a nombrar a funcionarios que sólo duraron 24 horas en el cargo; nombró a magistrados que no cubrían los requisitos constitucionales y se comenta que cuando alguien le comentó que eso no se podía éste con una gran ignorancia le contestó que para eso él era el gobernador; inclusive, en el exceso de la arbitrariedad del poder, hizo notario a un personaje que ni siquiera era abogado.

Manuel Velasco también tiene muchas historias de ilegalidades y de excesos de poder. Él también nombró a magistrados y a miembros del consejo de la judicatura que no cubrían con los requisitos. Y hoy mismo el tribunal constitucional vive en la ilegalidad, como ilegal fue el nombramiento de Juan Óscar Trinidad Palacios como magistrado presidente. Esta ilegalidad se debe a que el artículo 73 de la actual constitución del Estado de Chiapas señala que el tribunal constitucional debe estar integrado por tres magistrados y viene funcionando con cuatro, bajo el supuesto de que Rutilio Escandón Cadenas tiene licencia, algo que es indebido.

Al respecto el artículo cuarto transitorio de la constitución señala textualmente “El Congreso del Estado de Chiapas, deberá de aprobar, expedir y reformar, a más tardar el día 15 de Agosto del 2017, las Leyes que sean pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales.“ Algo que el Congreso no lo ha hecho, cayendo en una grave omisión legislativa, en virtud de que ya se excedió en el plazo marcado por la constitución para reformar el artículo 73 e integrar el tribunal constitucional con tres magistrados.

Pero en sus excesos, este gobierno nombró a directores generales del Colegio de Bachilleres y del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas a personas que no tenían título de licenciatura violando con ello los requisitos establecidos en la normatividad,  o como lo hizo con el último nombramiento en la presidencia de la comisión de derechos humanos, en que se violó el artículo 102 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 24 y 25 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde se establece que el nombramiento del presidente se realizará mediante consulta pública transparente y en el cual se establece expresamente no haber desempeñado el cargo de secretario en alguna entidad federativa en el año anterior de su designación, aspectos que no cumple el presidente de la CEDH impuesto por el congreso local.

Este tipo de gobierno personalísimo debe de terminar en Chiapas, pues ya no se debe ni se puede vivir con tantas ilegalidades promovidas por el propio gobernante, que genera gobiernos de desorden y prácticas sistemáticas y generalizadas de violación de derechos humanos en la entidad.