Hoy por fin, el gobernador de la entidad presenta su 5º informe de gobierno, acto que debió de haberse realizado en el mes de diciembre del año pasado y que irresponsablemente se fue postergando con la complacencia del Congreso Local.
No es que uno esté interesado en saber lo que contiene ese informe, porque este gobierno no ha realizado absolutamente nada que merezca la pena destacar, pero ese acto es un compromiso republicano que Manuel Velasco debía de cumplir.
La crisis que hay en este momento en Chiapas se debe fundamentalmente a la falta de oficio que hay en el palacio de gobierno. En el que se combina una extraña mezcla de indiferencia, irresponsabilidad, corrupción, frivolidad, ineficacia, despilfarro, ilegalidad, opacidad, engaños, caprichos e impunidad, situación que ha ocasionado un gobierno sin rumbo y sin resultados, en el que la pérdida de legitimidad ha sido creciente y en donde el desempeño del gobernador ha sido evaluado con la calificación más baja de los gobernantes del país.
No obstante los malos resultados de su gestión, el gobernador ha estado interviniendo en decisiones que tienen que ver con el proceso electoral. Al respecto, son muchas las irregularidades cometidas por Manuel Velasco en torno de las próximas elecciones que con su actuación descalifica de antemano los resultados de la jornada y coloca al gobernante como presunto delincuente electoral.
Lo más grave es que viene realizando actos anticipados de campaña con la entrega del Salario Rosa, pues el gobernador está inscrito como candidato al senado por la vía plurinominal de su partido, lo que significa que viene utilizando recursos públicos para fomentar su imagen pública, lo que afecta las condiciones de igualdad del proceso.
Esto no le preocupa a Velasco Coello porque él está acostumbrado a violar la ley. Su comportamiento es similar al de cualquier persona con desviaciones en la conducta, y que delinque por el solo gusto de delinquir.
El cúmulo de decisiones equivocadas produjo una descomposición social, que afecta los diversos ámbitos de la vida cotidiana y sus consecuencias se observan tanto en los espacios sociales en condiciones de vulnerabilidad como en los otros dos poderes, así como en los espacios de mayor educación como pueden ser las universidades o los partidos políticos.
En Chiapas el Estado de Derecho no existe; en realidad nunca ha existido. Aquí la ley se aplica de manera selectiva y existe un déficit ancestral en los procedimientos de impartición de justicia. Pero el Congreso Local también se ha caracterizado por una subordinación extrema que termina siempre aprobando las malas decisiones del Ejecutivo, como son una serie de nombramientos ilegales que ha realizado el Congreso a propuesta del gobernador, en donde se pisotean principios y valores democráticos.
En un Estado de derecho, ya se hubiera dado la desaparición de poderes por las violaciones a la constitución que los tres poderes de la entidad han venido aprobando, sobre todo en la designación de magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura, lo que convierte al gobierno de Manuel Velasco Coello como la expresión más acabada de un gobierno de la coprocracia, o sea un gobierno del excremento.