En Chiapas existe una larga historia de violencia institucional. La presencia de muertos por responsabilidad del Estado se desarrolló a principios de los años 70s, en el gobierno del Dr. Manuel Velasco Suárez, en el que durante 50 años ha prevalecido la misma conducta: no se investigan estos asesinatos ni se sanciona a nadie. Los últimos muertos de esta violencia institucional generada por la inacción del Estado se suscitó en Aldama, en donde presuntos grupos paramilitares originarios de Chenalhó dispararon y asesinaron a tres personas, dos de ellos menores de edad.
La responsabilidad del Estado de estos sucesos es plena. Sobre todo porque no ha tomado las medidas preventivas para evitar que estas agresiones continúen presentándose; de igual manera nunca ha investigado estos sucesos, que datan de los años 70s, lo que ocasiona que no haya sanciones para nadie y que no se repare el daño ocasionado por esta violencia institucional; además, porque no ha diseñado el conjunto de estrategias y medidas que impida la repetición de estos sucesos violentos, que ocasiona asesinatos, desplazamientos forzados, quema y robo de cosechas, destrucción y quema de viviendas, que afecta a niños, niñas, mujeres, personas adultas y hombres de las comunidades, que son obligados a salir del territorio, a padecer problemas de salud, hambre, daños psicoemocionales, a la pérdida de proyectos de vida, a la pérdida de identidad y a la ruptura de los lazos comunitarios.
El Estado Mexicano se ha desentendido de su responsabilidad de desparamilitar a las comunidades indígenas y con ello se le está negando a la población derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, al derecho a una vida sin violencia y el derecho a la vida, entre otros derechos humanos que se están violando a este grupo de personas…
La decisión de paramilitarizar las comunidades indígenas fue del gobierno de Ernesto Zedillo y esto fue una estrategia de guerra de baja intensidad en contra de los adherentes y simpatizantes del EZLN. Con ello lo que se hizo fue organizar, armar y preparar militarmente a grupos de indígenas para que se enfrentaran a otros indígenas y así poder justificar los asesinatos y matanzas de esta población como si fueran enfrentamientos intercomunitarios.
Por el interés que tiene el Estado sobre estos grupos paramilitares es que no se investiga ni se sancionan los asesinatos, así ha sido pero este estado de cosas ya no puede continuar igual. En este sentido, el caso de los últimos muertos del gobierno de Velasco Coello, en el municipio de Aldama, en manos de paramilitares de Chenalhó, resulta más que significativo, porque las autoridades municipales, estatales y federales incumplieron en la atención a garantizar la seguridad instruidas en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La agresión de los paramilitares a pobladores de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó ha sido denunciada por grupos defensores de derechos humanos y publicado en reiteradas ocasiones en este periódico “Diario Contrapoder en Chiapas”. Pero el caso específico de la agresión paramilitar a pobladores de Aldama había sido denunciado por el Frayba y por el centro de derechos humanos Ku’untic y el gobierno de Chiapas no tomó las medidas preventivas para evitar estos asesinatos. La responsabilidad de estos asesinatos recae en Juan Carlos Gómez Aranda, exsecretario de gobierno y Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de seguridad pública, compartida con Mario Carlos Culebro, actual secretario de gobierno, y por el propio gobernador Manuel Velasco Coello, quienes se encuentran bajo una situación grave, de ser sometidos a proceso, por el delito de homicidio por comisión de omisión.