Para la defensa de los derechos humanos en Chiapas, no podía presentarse una situación más desafortunada, que el nombramiento de Juan José Zepeda Bermúdez, como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad.
La ausencia de una política en derechos humanos y el desconocimiento que hay en este gobierno sobre la importancia que representan los derechos humanos en la construcción de las libertades en un régimen democrático, condujo a que esta posición sea considerada como un cargo más en la estructura del gobierno, que puede ser desempeñada por cualquier aprendiz, con quien se tiene algún compromiso político, sin importar el perfil profesional y las funciones y responsabilidades que se tienen que desempeñar.
El descuido de este nombramiento por parte del gobierno es inaceptable, sobre todo porque los derechos humanos se han convertido en la piedra angular que atraviesa las políticas públicas actuales del Estado mexicano y Juan José Zepeda, carece de experiencia, conocimientos, compromisos y de antecedentes como defensor de los derechos humanos. Lo que refrenda, con ese nombramiento, la simulación y la irrelevancia con que el gobierno de Chiapas atiende programas gubernamentales importantes para la vida cotidiana en materia de seguridad, justicia, medio ambiente, migración, atención a la mujer y grupos vulnerables, en equidad y desarrollo social, en cultura y desarrollo de los pueblos indios, en construcción de nuevas ciudadanías y en gobernabilidad democrática.
La ausencia de una política en derechos humanos muestra la voluntad reiterada de Manuel Velasco Coello de ejecutar decisiones que no están sometidas a los principios de la ley. Esto resulta evidente en el momento mismo en que el nombramiento del Ombudsman chiapaneco no se realizó en el marco de la ley. Al respecto la ley señala que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local realizará un procedimiento de consulta pública entre las organizaciones sociales como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos; la cual deberá regirse por el principio de transparencia. De esta auscultación se propondrá al Congreso una terna de candidatos de la cual se elegirá al presidente.
Ese procedimiento de consulta transparente no se realizó; de igual manera, Juan José Zepeda Bermúdez no cumple con el requisito que señala el Artículo 25 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de contar con experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales e incumple con el criterio de este mismo artículo que señala: “No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario, Procurador General de la República, Gobernador o Procurador General de Justicia de alguna Entidad Federativa o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección.” Y Zepeda Bermúdez en septiembre del 2017 se desempeñaba como el secretario de planeación en el gobierno de Chiapas.
El yerro en el nombramiento del Ombudsman resulta evidente y es notorio que este organismo defensor no va a actuar con la autonomía que la ley le otorga, para emprender cabalmente la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a los actos violatorios que distintas autoridades realizan sistemáticamente.
Lo lamentable es que el Estado de Chiapas tiene un desprestigio internacional como violador de los derechos humanos y con los sucesos del pasado 2 de abril se confirma, donde un grupo de paramilitares de Chenalhó realizó disparos contra pobladores del municipio de Aldama, resultando de ello tres personas asesinadas, sin que el Estado haya tomado las medidas preventivas solicitadas días antes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que confirma la omisión sistemática de las autoridades chiapanecas y la responsabilidad internacional del Estado Mexicano, en el que existen miles de indígenas desplazados por el mismo grupo paramilitar, que impuso la violencia en Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama, con la aquiescencia del gobierno chiapaneco, que tolera y guarda silencio cómplice ante la presencia de estos grupos en los municipios indígenas.
La CEDH tiene atribuciones y la responsabilidad de investigar esos sucesos. Asimismo, está obligada a investigar las denuncias sobre la existencia de los grupos paramilitares en los Altos de Chiapas y de confirmar esta información, convertirse en querellante ante las autoridades judiciales e iniciar los procedimientos penales y/o administrativos en contra de los funcionarios del gobierno del Estado, cuya conducta omisa los haga responsables de los asesinatos y desplazamientos forzados provocados por los grupos paramilitares.
La actitud omisa sobre los sucesos graves de violación a derechos humanos de los desplazados, coloca al presidente de la CEDH en una situación de juicio político e inclusive puede ser procesado bajo los cargos de homicidio por comisión de omisión.