En Chiapas ha sido una práctica cotidiana el uso de la represión y la violencia institucional como mecanismo de control político. La lista de líderes sociales asesinados es larga e incluso, en la primera mitad del siglo XX se llegó a la aberración de aprobar una ley en la que se autorizaba a los grandes propietarios a la creación de las guardias blancas, que se encargaron de desaparecer cualquier brote de protesta.
La violencia institucional en Chiapas ha tenido diferentes patrones de comportamiento. Primero la creación de las guardias blancas, luego la intervención directa de los militares y los cuerpos de seguridad, después del levantamiento zapatista surgen los grupos paramilitares y ha sido una constante en el territorio las ejecuciones extrajudiciales.
Lo que sorprende e indigna, es que en la mayoría de los crímenes y desapariciones forzada no ha existido detención de los responsables ni la investigación ministerial de los hechos ni castigo a los culpables ni la búsqueda de acciones judiciales que ponga límites a los abusos de poder, en el que prevalece un clima de impunidad.
Así sucedió con los crímenes de los comisariados de los bienes comunales de Venustiano Carranza, de Andulio Gálvez, Sebastián Núñez Pérez, Rubicel Ruíz Gamboa, etc., etc.
En los gobiernos de los últimos 50 años han existido asesinatos políticos, desalojos, desapariciones, detenciones arbitrarias, persecuciones, tortura y desafortunadamente la clase política chiapaneca se empecina en mantener este estado de cosas, perpetuando la impunidad. Pero de igual forma son notorios los crímenes de lesa humanidad en Chiapas, en el que no deben de quedar en el olvido los sucesos de Bolomchan, en el municipio de Sitalá, Acteal, en Chenalhó, la masacre en el municipio de El Bosque, los asesinados en Chinkultic, en el municipio de Trinitaria y los de Viejo Velasco, en Palenque.
La ausencia de los límites de poder de los gobernantes en Chiapas ha creado este clima de crímenes e impunidad. En donde la señal clara y peligrosa es de que en Chiapas nadie está a salvo de la arbitrariedad del poder.
Por la historia y los antecedentes en Chiapas, en el que está muy fresca en la memoria las persecuciones a periodistas en el gobierno de Pablo Salazar y los encarcelamientos enfermizos y paranoicos que ordenaba Juan Sabines, ahora, a finales del gobierno de Velasco Coello, y con el nombramiento de Mario Carlos Culebro, como secretario de gobierno, se revive la historia de criminalización de la actividad política.
Mario Carlos Culebro es un político clásico del viejo régimen; ignorante, demagogo, autoritario, corrupto, servil, represor, con una pobre experiencia en la administración pública, en el que no entiende el papel del Estado, pues creció y se formó con la idea de que el Estado mexicano es el PRI y de que se negocia con la zanahoria y el garrote. Él cree que su función como secretario es igual al momento en el que fue dirigente del PRI y que cuando da conferencias de prensa le habla a un grupo de priistas acostumbrados al discurso hueco y demagógico como lo hizo el día de ayer en el Congreso.
En lo que va este gobierno Mario Carlos Culebro ha criminalizado la actividad política. Lo hizo con los pobladores de Oxchuc, cuando era subsecretario, que los invitó a una reunión en San Cristóbal y luego los mandó a detener; lo hizo también con el dirigente de los transportistas Bersaín Miranda, al que envió a prisión; ahora busca amedrentar al defensor de los derechos humanos, Diego Cadenas, representante de los desplazados de Chenalhó, quienes llevan más de 20 días de plantón en el palacio de gobierno, sin que haya voluntad de parte del gobierno para atender las legítimas demandas de grupo de indígenas; ante un gobierno que no ve ni piensa ni siente, con un gobernador que se ganó a pulso el de ser considerado como el peor gobernante de la historia de Chiapas.