En los procesos electorales los debates políticos no definen a los ganadores. Es más, para muchos analistas el post-debate suele tener mayor impacto y relevancia que el debate mismo y por lo consiguiente, puede acarrear más costos para los candidatos perder el post-debate.
En este sentido, el debate del domingo entre los aspirantes a la presidencia de la república poco impacto puede tener en las encuestas, en la que cada vez más, las personas ya definieron la tendencia de su voto. Sin embargo los debates tienen una importancia significativa en las elecciones porque representa un mecanismo que permite a los electores conocer las propuestas, el discurso, el comportamiento, las reacciones y hasta las fobias de los candidatos, pero a la vez, los debates tienen el propósito de brindar información y argumentos políticos a la ciudadanía.
Pese a las expectativas generadas el debate del domingo mostró la pobreza de miras de los candidatos a la presidencia. Al respecto resulta preocupante que ninguno de los aspirantes tenga claridad sobre cómo hacer frente a la inseguridad del país. Incluso quedó evidente una aceptación entre los cinco candidatos para que el ejército continúe realizando funciones de seguridad pública en el país, cuando esta estrategia impulsada en el 2008 terminó detonando los altos índices de inseguridad, estrategia que ha sido cuestionada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por los organismos de la ONU.
El primer tema del debate fue la seguridad y la justicia y todos los candidatos omitieron la vergonzosa desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Para los candidatos carece de importancia la mención de Tlataya, las miles de fosas clandestinas descubiertas en varias entidades del país, la desaparición de los migrantes y el escándalo de las fosas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, ni las decenas de periodistas asesinados en México, que convirtió a esta profesión de alto riesgo...
Los candidatos a la presidencia de la república no perciben que la inseguridad en el país no sólo afecta a los derechos humanos sino que pone en riesgo a la frágil democracia mexicana, en virtud de que los cárteles han infiltrado a los cuerpos policíacos del país e inclusive al ejército como lo deja saber el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes integrado por la CIDH para investigar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Lo más grave de todo, es que el candidato puntero, el que se presenta como el candidato de izquierda, en su mensaje sobre la inseguridad terminó criminalizando a los pobres, como si sólo los pobres fueran delincuentes en este país y sus asesores no le han informado que en México las entidades con mayor incidencia delictiva son las que tienen un producto interno bruto por encima de la media nacional como son Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Estado de México, Jalisco y Michoacán. Lo que lo debe de obligar a rectificar el discurso en el que señala que el crecimiento de la delincuencia se debe a la ausencia del crecimiento económico del país en los últimos 30 años.
Los candidatos no señalaron que los principales municipios del país tienen graves problemas con la delincuencia organizada y en el que muchos de estos municipios se encuentran bajo el control de los cárteles, en donde ellos financian las elecciones y ponen a las autoridades.
En México hay un financiamiento ilegal de las elecciones, en el que todos los partidos llevan candidatos señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, pero sobre esto hubo silencio en el debate, cuando este problema es el que requiere de eficacia en las estrategias, en el que más de la mitad de las entidades del país tienen graves problemas por la presencia de la delincuencia organizada.
Frente a la inseguridad, la justicia y el combate a la corrupción los cinco aspirantes a la presidencia de la república están reprobados y con esa calificación lo único previsibles es que México pierde.