En Chiapas, el Estado de Derecho no existe; en realidad nunca ha existido. Aquí la ley se aplica de manera selectiva y existe corrupción y un déficit ancestral en los procedimientos de impartición de justicia. En la actualidad, en la entidad se viven tensiones sociales en varios municipios en donde se articulan distintas problemáticas que tienen que ver con la ausencia de justicia, la desigualdad social, la insuficiencia de derechos sociales, conflictos poselectorales, disputa por el control del territorio problemas agrarios, conflictos religiosos, activismo de grupos paramilitares y presencia del narcotráfico.
Esta situación se agrava por la crisis e ineficacia de las instituciones responsables en reproducir en la población el conjunto de normas, la seguridad pública y la impartición de justicia, aspectos que viene generando que sectores de la población, decidan hacer justicia con su propia mano y promover acciones fuera de la ley, en la búsqueda de atención a sus demandas. Pero el conflicto mayor estriba en la ausencia de gobierno que potencia el caos y los conflicto en varios puntos del territorio, que amenazan con desbordarse.
Los conflictos en Oxcuc, Tila y Chenalhó continúan, sin que ello cause preocupación alguna a los funcionarios de la secretaría de gobierno, aún y cuando ya se contaminó el proceso electoral y se corre el riesgo de que en esos municipios no se instalen las casillas para la votación.
Pero estos problemas no son los únicos ni están aislados y sólo falta una chispa para que éstos empiecen a brotar en cascada. En Pueblo Nuevo, los problemas sólo se pospusieron pero continúan latentes. Lo mismo sucede en el municipio de El Bosque, en donde desde el mes de septiembre del año pasado se vive un conflicto en la comunidad de Los Plátanos que permanece latente en el que ya surgieron grupos armados o en Simojovel, en donde los grupos de la delincuencia organizada tienen bajo amenaza a la población.
Ixtapa es un municipio que presenta también una historia de conflictos, en la que un presidente municipal bajo las siglas del PRD fue desaforado durante el gobierno de Roberto Albores.
En Zinacantán, hay viejas disputas por el agua y los grupos viven añejos enconos. Allí hubo enfrentamientos entre priistas en contra de perredistas, pero éstos al paso de los años se convirtieron en el comité del Partido Verde y ahora los conflictos continúan entre priistas y verdes. Situación similar sucede en San Juan Chamula en donde se desarrolló un fuerte encono entre militantes del PRI en contra de miembros del Partido Verde y en donde los liderazgos de Chamula fueron desplazados en la designación de candidatos a la diputación federal y a la diputación local.
Chenalhó, la presencia de los grupos paramilitares son una amenaza permanente para los habitantes de Chenalhó, Aldama y Chalchiuitán, en el que existen miles de desplazados, sin que el Estado cumpla con las responsabilidades internacionales de proporcionarles, cobijo y alimentación, en la que está situación ocasionó ya el mayor conflicto de ayuda humanitaria en el país
En la región Zoque de Tecpatán, está latente el conflicto por la defensa del territorio en contra de la concesión a empresas mineras que afectarían más de 85 mil hectáreas en la zona lo que, en caso en que se concrete ese atropello, se modificará radicalmente la relación de la comunidad con la tierra, en la que se destruirían las formas de apropiación y subsistencia de las personas por la destrucción del ambiente.
En Altamirano existen problemas en contra de una familia que ejerce el control de la presidencia municipal, pero también se padece conflictos por la tierra y son recurrentes las tensiones entre las organizaciones de la ORCAO el EZLN y la CIOAC en el municipio.
Pero los conflictos también están en Bachajón, Ocosingo, Las Margaritas y Venustiano Carranza. En realidad el caos se encuentra extendido en gran pare de la sociedad, pero para los funcionarios de la secretaría de gobierno en Chiapas no pasa nada y mantienen una indiferencia hacia la situación de graves conflictos en la entidad.
La ausencia de gobierno en Chiapas está provocando el riesgo de que en varias comunidades en los municipios en tensión no se puedan instalar las casillas electorales, lo que estaría afectando tanto a las elecciones federales como locales.
