En diciembre del 2017 en gira por el Estado de Guerrero Andrés Manuel López Obrador propuso la amnistía como un camino para disminuir la violencia en México y que haya paz y justicia. A partir de allí, el debate y las críticas se han multiplicado sin que bien a bien se pueda explicar en qué consiste esa amnistía.
Obviamente que el ofrecimiento de la amnistía por AMLO, sin un documento que esclarezca qué es lo que realmente propone desató una serie de comentarios que terminaron exagerando y desvirtuando lo que el candidato presidencial planteó como algo que se debía de someter a consulta y se llevó al extremo de difundir que se estaba otorgando un perdón a los criminales de los cárteles que operan en el país.
La amnistía, de acuerdo con la Corte Penal Internacional, tiene restricciones en virtud de que no aplica para graves violaciones a los derechos humanos, como pueden ser los genocidios y crímenes de guerra o crímenes sexuales y en contra de niños, niñas , adolescentes y mujeres. El comentario realizado por AMLO, sobre la amnistía no estaba suficientemente elaborado por los especialistas, pues ellos conocen los casos en los que se prohíbe la amnistía y desde la primera mención López Obrador hubiera dado luces sobre el contenido de la propuesta.
Como resultado a la andanada de críticas se preparó una respuesta sobre la intención de la amnistía que se estaría proponiendo y se empezó a mencionar que no era una amnistía para criminales sino para personas obligadas por los cárteles a participar en el crimen organizado y para campesinos obligados a la siembra de cultivos ilegales. Esta argumentación en lugar de dar luces dio pié a que se continuara pervirtiendo el debate y el asunto se complicó aún más cuando AMLO no supo explicar en qué consiste la famosa amnistía, el día en que los aspirantes a la presidencia de la república debatieron en cadena nacional.
El fondo para construir un proyecto de paz, en una sociedad que padece guerra interna o la generalización de la violencia, no es la amnistía sino la justicia transicional, aunque estas dos visiones suelen estar articuladas. Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.”
Aquí lo que se privilegia es la justicia a las víctimas y a los familiares de las víctimas y el énfasis no está determinado por el perdón a personas obligadas a participar en acciones de la delincuencia organizada. La justicia transicional tiene cuatro principios establecidos en normas internacionales: La obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos; el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido las personas desaparecidas; el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a obtener reparación; y d) la obligación del Estado de impedir, mediante la adopción de distintas medidas, que tales atrocidades vuelvan a producirse en el futuro.
Este concepto de justicia transicional va a formar parte de un lenguaje recurrente en el debate político de los próximos días, tanto entre los especialistas afines a AMLO como dentro de sus críticos, y va a terminar centrando la importancia de las víctimas y de los familiares de las víctimas, sobre todo porque no se puede aspirar a construir un futuro mejor, sino se resuelven los graves abusos de violaciones a derechos humanos sufridos por miles y miles de personas en el pasado.
Los obstáculos en México para la implementación de un proyecto de justicia transicional se encuentran en las dificultades que hay para fortalecer la democracia en el país y la disminución de la impunidad. Esto implica un marco amplio de reformas constitucionales que abra la posibilidad real de un tránsito de gobierno autoritario a uno democrático, en el que las instituciones políticas del país están impregnadas por el discurso y las prácticas autoritarias, lo que representa el gran reto a vencer.
