En lo que va de este gobierno ha existido un crecimiento en el número de pobres en la entidad. Esta tendencia, comparada con la enorme inversión que realiza el gobierno federal en política social en Chiapas resulta contradictorio, pues los resultados no son positivos y la brecha de pobreza y desigualdad social en la entidad continúa profundizándose.
Es evidente que las acciones en política social no han cumplido con las expectativas esperadas. A punto tal, que en los primeros cinco años de gobierno, la pobreza de la población pasó del 74% al 77%. Aquí, junto con los programas, fallaron los funcionarios responsables, se erró en el sentido y enfoque de las acciones, no se incidió en la creación de empleos formales, pero sobre todo, se equivocó en la visión gubernamental para transformar las condiciones histórico-sociales de la estructura de producción en Chiapas.
Durante años, el gobierno local ha confundido el papel de los programas sociales, y gran parte del presupuesto se ha destinado en asistencialismo y no en estímulos para reactivar la producción, que permita a la vez, generar empleo en miles de comunidades, que permita reactivar la economía social.
Paradójicamente, los empleos que se han creado en la entidad son dentro de la informalidad y esta actividad no transforma las condiciones de la estructura económica y además genera ausencias en la atención de la seguridad social de las personas. Pero, de igual forma, en los pocos empleos generados existe una precariedad en los salarios, lo que significa una baja competitividad de la economía. De acuerdo con el último informe del semáforo económico en los cinco años de gobierno en Chiapas sólo se cumplió con el 10% de las metas programadas, lo que indica el retroceso económico que vive la entidad.
Los programas sociales, al convertirse en asistencialistas, empezaron a tener un uso electoral y de movilización política de los beneficiarios, que terminó pervirtiendo el sentido de los programas. Ahora miles de familias viven de la ayuda que el gobierno les proporciona y prácticamente la población rural en condiciones de pobreza, empezó a abandonar las actividades agrícolas, en donde se pasó de la economía de la subsistencia a la entrega de la dádiva.
Está comprobado que el asistencialismo por sí solo no reduce las condiciones de pobreza y sí las puede profundizar. De allí que en Chiapas, en lugar de disminuir la pobreza, ésta se haya incrementado, debido a la ausencia de programas que reactiven la economía, pero sobre todo, a la generación del empleo formal y bien remunerado.
Son décadas de improvisación y desaciertos en política social en el Estado. Lo extremo, es que después de 62 meses de gobierno y en el último año de la gestión, la prioridad siga siendo el control del voto de los pobres, sin importar que esta situación termine agravando los problemas de desigualdad social en la entidad.
En Chiapas la política social se convirtió en el principal instrumento para la inducción del voto y es de esperarse que en las próximas elecciones, se observe una disputa entre el gobierno federal y el gobierno estatal por el control del voto del hambre, en donde uno va a buscar el triunfo con el candidato del PRI y el otro ya decidió apostarle a MORENA, que lleva en las mejores posiciones a candidatos afines al gobierno verde.
Bajo esas circunstancias el futuro de Chiapas resulta poco halagüeño, en virtud de que un sector amplio de población en condiciones de pobreza, sin información y sin educación, decidirá al ganador de las elecciones y con ello, el futuro de Chiapas.
