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Los delitos electorales del gobernador

Editorial
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¿Qué pretende el gobierno de Chiapas al buscar desacreditar al presidente del IEPC Dr. Oswaldo Chacón Rojas? ¿Por qué el gobernador continúa con su perversa intención de judicializar la política? ¿A dónde quiere llegar Manuel Velasco con el sometimiento del IEPC en pleno proceso electoral? ¿Por qué filtrar notas falsas y pagar a periodistas para que las difundan en contra del presidente del IEPC? ¿Qué pretende el gobernador al enviar a sus testaferros a solicitar que el INE atraiga las elecciones de Chiapas?

 

El que debiera ser el más interesado en que las elecciones en Chiapas se desarrollen en un clima de paz y tranquilidad es el gobernador, pero es él quien desde hace varios meses está incendiando el Estado. Es él quien le da órdenes a los partidos políticos en su afán de evitar la competencia política y además es él quien se opone a liberar los recursos suficientes en el marco de la ley para la realización de las elecciones.

Por un capricho del gobernador, el IEPC no tiene recursos y sus dificultades económicas pueden hacer estallar en crisis a este organismo, a punto tal en que se puede llegar a una suspensión de pagos salariales a los trabajadores.

Lo paradójico de toda la esquizofrenia gubernamental, es que publicitan que el candidato oficial del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, está 20 puntos arriba de las encuestas y aún así insisten en tener bajo control el IEPC para asegurar el triunfo. Algo que resulta inentendible, porque si es real esa diferencia, lo razonable sería darle legitimidad al organismo para que los resultados electorales fueran jurídica y políticamente  incuestionables.

Sin embargo, la desacreditación al IEPC y la persecución que se viene haciendo sobre el Dr. Oswaldo Chacón, son muestra de que al gobernador le preocupan los resultados y se percibe la posibilidad de la derrota. En este sentido Velasco Coello tiene claro que Rutilio Escandón es un mal candidato, que éste tiene actos de corrupción en su paso por el tribunal de justicia, que contradicen el discurso de honestidad que pregona Andrés Manuel López Obrador y que carece de argumentos para hacer frente a sus contrarios en el debate.

Por eso instruyó la cancelación del debate del pasado domingo, por eso creó la ola de desinformación que señalaba la ilegalidad del debate porque dos de los candidatos habían sido desconocidos en la resolución del TRIFE, algo que a todas luces es falso e impreciso porque el tribunal no resolvió sobre los candidatos sino sobre la figura de coalición y candidatura común de los partidos.

Frente a la negativa del Consejo del IEPC de posponer el debate, el gobernador instruyó que se reabriera un expediente de la contraloría en contra de Oswaldo Chacón, en su paso como rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, en el que hay una carpeta de investigación abierta en la fiscalía.

Este acto del gobernador no tiene como finalidad la aplicación de la ley sino la de amedrentar al presidente del IEPC. Y lo hace a través del camino más vil, que es la del uso arbitrario del poder, utilizando a la fiscalía y estrangulando financieramente al IEPC, que bajo esas condiciones está imposibilitado para llevar a cabo las elecciones.

Bajo estas condiciones de avasallamiento, lo mejor para la entidad es que el INE realice las elecciones, que en realidad eso es lo que menos le conviene a Manuel Velasco, en virtud de que eso pondría límites al fraude electoral que se cocina en el ámbito del gobierno estatal, a favor de Rutilio Escandón y desde el ámbito federal a favor de Roberto Albores.

El INE al realizar las elecciones, le solicitaría al gobierno del Estado los recursos que se requieren para la organización y el gobierno de Velasco Coello se los tendría que proporcionar, lo que haría evidente que todo el conflicto que hay respecto al proceso electoral en Chiapas fue armado por la actitud caprichosa del gobernador, que quiere tener sometido al Consejo General del IEPC.