El intervencionismo en las elecciones de parte del gobierno de Manuel Velasco Coello ha sido delincuencial. Ha violentado las condiciones de igualdad en el proceso al intervenir con recurrencia en las decisiones de los partidos. Así lo hizo en la candidatura de José Antonio Aguilar Bodegas y así lo está haciendo para fracturar la candidatura de Roberto Albores, al intentar desaparecer la coalición.
Al mismo tiempo, dentro de esta intervención en las elecciones, Velasco Coello volcó el apoyo gubernamental a favor de la candidatura de MORENA y colocó a sus colaboradores como candidatos a los puestos de elección de esos partidos.
En el exceso de la arbitrariedad del poder, ahora manda a auditar al Instituto de Elecciones, con el fin de someter al presidente de ese organismo ya sus caprichos de controlar él el proceso y en caso de no ceder, buscar inhabilitarlo, con auditorías que representan una práctica intimidatoria, cuando todo su gobierno es responsable de la mayor corrupción que se haya presentado.
En la solicitud de la auditoría, el gobierno utiliza a Francisco Bedwell Jiménez Contralor Interno del IEPC, que fue puesto en ese cargo por Fernando Castellanos. La primer encomienda que se le asignó a Paco Bedwell fue cuidarle la espalda a Adrián Sánchez Cervantes, que forma parte del mismo clan de Fernando Castellanos, a quien se le señala no haber realizado todos los pagos a proveedores y dejar al IEPC con un adeudo superior a los 100 millones de pesos, en el momento en que fue responsable del IEPC.
Con la designación de María de Lourdes Morales Urbina como presidenta del órgano electoral, se ordenó al Contralor Interno integrar el expediente de investigación de los adeudos de Adrián Sánchez y en caso de detectar la existencia de irregularidades, turnar el asunto a la procuraduría.
Esta investigación se realizó a medias, en virtud de que antes de concluir la integración del expediente, Bedwell Jiménez manifestó que habían entrado a robar a su oficina en el IEPC y que lo único que se robaron fue el expediente de la investigación en contra de la gestión de Adrián Sánchez, a quien ya no se le pudo comprobar nada debido a que en el expediente supuestamente robado llevaba todas las facturas.
Esta historia es preciso recordarla ahora que, sin calidad moral, Francisco Bedwell solicita al órgano Superior de Fiscalización realice una auditoría al IEPC, en donde él mismo, bajo sospecha de un presunto autorobo, que paradójicamente no fue investigado por la procuraduría, que dejó inconclusa una investigación de posibles irregularidades por más de 100 millones de pesos en el IEPC.
El gobierno de Manuel Velasco no sólo judicializó la política sino que también manda a golpear mediáticamente a los que se resisten y oponen a sus perversas intenciones. Es un gobierno que entró en la fase de descomposición extrema, en la que ya representa un verdadero peligro para la seguridad de los periodistas que lo critican, así como de los ciudadanos y activistas que manifiestan su rechazo a este gobierno.