El gobernador Manuel Velasco tiene convertido el proceso electoral en la entidad en un verdadero cochinero. A punto tal que con el registro irregular de la candidatura de Fernando Castellanos se violenta el principio de definitividad electoral, el de la legalidad, la seguridad jurídica y el de certeza del proceso electoral.
Bajo estas consideraciones, todo parece indicar que la intención del gobernador es crear las condiciones para que las votaciones para gobernador del 1 de julio se anulen y en un nuevo proceso el candidato con todas las posibilidades para ganar una elección extraordinaria sería Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde el senado, es el que estaría mejor posicionado de los políticos locales, pues tendría a su favor una mayoría de presidentes municipales y diputados locales, a través de candidatos afines a su proyecto tanto en MORENA como en el Partido Verde.
La propuesta de candidatura de Fernando Castellanos es un ofensa a la ciudadanía, sobre todo de la capital de Tuxtla que aún se siente robada y representa un agravio a la inteligencia del electorado, pues sin mérito alguno, Velasco Coello pretende nombrarlo como su heredero.
Hay muchos argumentos que indican la ilegalidad e improcedencia de esta candidatura- La primera, el principio de definitividad, que establece la imposibilidad jurídica de volver a las etapas del proceso una vez que éstas hayan concluido –y el registro de cartas de intención de coalición o candidatura común concluyó en el mes de febrero, de allí la improcedencia de ese registro-; si bien es cierto que existe jurisprudencia sobre las excepciones de la aplicación del principio de definitividad, éstas aplican solo cuando resulte violatoria a los valores que pretende resguardar, como son la certeza del proceso y el respeto a la voluntad ciudadana, situación que no aplica en el caso del registro de Fernando Castellanos.
El segundo argumento se encuentra en la propia resolución del Tribunal, que instruye a que los partidos PRI, Verde, PANAL, Mover a Chiapas y Chiapas Unido realicen un convenio de candidatura común para gobernador o bien para que cada uno de los partidos de manera individual registren a su candidato para el cargo referido. En ningún momento la resolución deja entrever la posibilidad de constituir otra candidatura común pues eso contraviene el principio de definitividad, pues el registro de coaliciones o candidatura común concluyó en febrero.
Un tercer argumento, es el incumplimiento de los 120 días previos a las elecciones de separación del cargo como presidente municipal de Castellanos Cal y Mayor, quien pidió licencia al cabildo el 27 de marzo de este año.
El cuarto argumento se encuentra en el video del registro de la candidatura de Fernando Castellanos en el IEPC, en donde el personal de oficialía de partes de este organismo selló una solicitud sin verificar que reuniera los requisitos establecidos en la resolución del Tribunal, en donde los representantes de los partidos Verde, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, firmaron el acuerdo de intención de candidatura común después de las 12 de la noche, en presencia de los medios locales que estaban transmitiendo en vivo, situación que debiera invalidar el registro de esa candidatura.
La validez de la candidatura de Fernando Castellanos se definirá en los tribunales, pero en caso de ser rechazada, los partidos Verde, Mover a Chiapas y Chiapas Unidos, corren el riesgo de quedar sin candidatura para gobernador e incluso de perder su registro, algo que sería beneficioso para Chiapas, en virtud de que esos partidos representan una escuela de la corrupción, de geniales aprendices de la mentira, de la sumisión extrema, de la falta de dignidad, de la impostura y de la traición. Por ello estos grupos son fieles representantes del gobernador Manuel Velasco, quien debería estar eternamente agradecido de Chiapas, pero quien de manera recurrente toma decisiones que dañan el futuro de la entidad y hasta disfruta de su malsana perversión.
