Las decisiones políticas en Chiapas son inentendibles, sobre todo porque el gobernador está convencido que el ejercicio de gobierno es intrascendente. Pero además hay un aparato público sin rumbo, en la que no hay una política social y de combate a la pobreza; no hay una política para la recuperación económica y de fortalecimiento a las actividades productivas; hay una carencia de programas para la generación de empleo; se requiere del fortalecimiento de las actividades agropecuarias; hay una grave inacción política; hacen falta programas de salud y de control de enfermedades transmitidas por vector; no tiene la mínima idea de los problemas educativos y para colmo, se convirtió en un cochinero el proceso de selección de candidatos para la gubernatura, lo que implica altos riesgos de violencia poselectoral.
En la entidad existen 16 municipios con niveles peligrosos de conflicto y más de 180 puntos de tensión social y de violencia en el territorio, que ponen en riesgo la seguridad nacional, sin que se perciba una mínima atención gubernamental para reducir los riesgos de estallidos social y pese a ello se atiza el fuego con un proceso electoral dirigido, en donde se avasalla al organismo electoral, en donde se atropella la legalidad, la transparencia, la certeza electoral y la seguridad jurídica. Al querer imponer una nueva candidatura que tiene como único fin el de atropellar la voluntad ciudadana.
Durante más cinco años de gobierno no se han realizado obras significativas, a pesar de que se ha ejercido un presupuesto superior a los 400 mil millones de pesos que representa el presupuesto más alto que haya tenido gobierno alguno en la historia de Chiapas. Y en donde la población desconoce a ciencia cierta en qué se gastó ese millonario recurso, en virtud de que la pobreza se incrementó y sin que se hayan creado los empleos necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población.
Chiapas desafortunadamente representa la imagen del caos. Durante el año 2016 la entidad vivió sucesos violentos en los municipios de Tila, Chenalhó, Chanal, Oxchuc, San Juan Chamula, Pueblo Nuevo, Ixtapa, Frontera Comalapa, Palenque, Altamirano, Las Margaritas y además hubo un paro magisterial que duró 120 días. El caos continuó en el 2017, sin que a funcionarios de la secretaría de gobierno les preocupe atender las demandas de la población y en el 2018 continúa la tendencia de conflictos sociales, la inseguridad y la apuesta a la violencia.
Estos sucesos nos muestra que en Chiapas se llegó a un punto en el que a nadie le interesa apegar sus actos en el marco de la ley. El gobierno con demasiada frecuencia toma decisiones ilegales y hoy día cualquier grupo de personas puede obstaculizar el libre tránsito de vehículos y de personas, sin que haya una sanción al respecto.
Esto resulta significativo en este momento para Chiapas, pues existe un deterioro delicado en el ejercicio del poder -en donde se dejaron de tomar decisiones para garantizar el orden, lo que condujo al caos-, pero de igual manera, aparece en las personas un desapego a las normas y entonces se pierde la regulación social de los actos que están prohibidos y son sancionables.
Los tiempos concluyeron para este gobierno en medio de una tensión social, que de continuar, el 2018 se vislumbra delicado, pero el 2019 y los años siguientes se prevén que sean aún peores, debido a que la irritación, más la violencia y alteración del orden, cierra las posibilidades de construir una mejora de la vida pública, pues el nivel de deterioro social hace cada vez más complicado construir condiciones básicas de gobernabilidad, para procurar la convivencia.
