El gobierno de Manuel Velasco desperdició la oportunidad de construir y ofertar nuevas condiciones de esperanza para un futuro mejor en la entidad y actuó con indiferencia ante los problemas sociales, como si ignorándolos estos se resolverían como por arte de magia. Nunca mostró una preocupación por Chiapas y le molestaba que sus colaboradores le dieran malas noticias de la situación de crisis que hay en el Estado, de allí el caos que se percibe en todos el territorio, por la falta de autoridad en la toma de decisiones.
En los gobiernos de Juan Sabines y en lo que va del gobierno de Manuel Velasco se han ejercido más de 700 mil millones de pesos, sin que este presupuesto se haya reflejado en mejores indicadores de bienestar o en beneficios sociales concretos para la población, que justifiquen este gasto. Más bien, la ausencia de proyectos de gobiernos y el despilfarro presupuestal en estas administraciones, condujo al crecimiento de la pobreza, en 77.4% de la población chiapaneca , en la que se vienen pagando cuatro millones de pesos diarios a una deuda pública, a la que no se le ha investigado cómo y por qué creció sin control alguno ni en que se invirtieron esos recursos y cuáles fueron los resultados.
El presidente Peña Nieto ha visitado más de una decena de veces la entidad y en esas visitas sus mensajes expresaban expectativas de mejora en la población. Sin embargo, las reformas estructurales aprobadas en su gobierno, representan un riesgo mayor en el deterioro ambiental en el territorio y esto ya generó acciones de resistencia en varias comunidades indígenas, debido a que una serie de proyectos económicos previstos para Chiapas; como son la construcción de dos presas hidroeléctricas y una termoeléctrica; el desarrollo de la explotación minera y la extracción de gas y petróleo, que desde los años setentas del siglo pasado se sabe que existen en gran parte del subsuelo chiapaneco, así como el megaproyecto turístico en Agua Azul, son una amenaza para la cultura y el territorio de los pueblos indios.
Los conflictos en Chiapas están latentes en gran parte del territorio. Hoy día, se viven problemas de gobernabilidad en los municipios de Oxchuc, Tila, Chenalhó, Venustiano Carranza, Ixtapa, Altamirano, Las Margaritas, Bochil, Chanal, Simojovel, El Bosque, Pueblo Nuevo, Chilón, Ocosingo, Yajalón, Chicomuselo y Frontera Comalapa, en donde los gobiernos municipales se encuentran fuertemente impugnados y rebasados y en donde se prevé que en algunas comunidades exista rechazo a la instalación de casillas electorales.
De igual manera el actual gobierno local, no ha sabido responder económica ni políticamente a los problemas de la entidad y hoy se vive un incierto panorama que agudiza las perspectivas y las condiciones del futuro.
En Chiapas la perversión de lo político es extrema, pues la única preocupación del gobierno de Velasco Coello es ganar las elecciones. Así sucedió en los primeros tres años de gobierno, que buscó consolidar en el 2015 al partido verde como la primer fuerza política, en donde gran parte del presupuesto fue destinados para la obtención del voto. Y lo mismo sucede hoy día, en el sexto año de gobierno, en donde la preocupación es ganar con el plan “B” –Rutilio-, o con el plan “C” –Fercaca-, o el de esperar cómo maniobra para reposicionar al plan “A” –Eduardo-, sobre todo si las elecciones se anulan debido al cochinero, que el propio gobernador ha venido instrumentando, a punto tal en que el proceso electoral se encuentra plenamente judicializado y con la posibilidad de la nulidad electoral.
En esta perspectiva tiene sentido la movilización y la protesta de distintos grupos, así como la inacción del gobierno en la toma de decisiones, que alimenta el malestar de la población y que extiende el caos y el desorden social. Bajo estas condiciones, la gran paradoja la viene a jugar el movimiento magisterial, quien sin proponérselo, se inserta en el juego perverso del poder, y con el paro de labores que está convocando, se constituya en un factor determinante de esta estrategia de ingobernabilidad y con ello abone a la posibilidad de un nuevo proceso electoral, en el que un actor como Eduardo Ramírez, cobijado en MORENA, termine siendo el beneficiado, pues desde el escaño en el senado puede ser político local con menos desgaste político y con los recursos suficientes para emprender una nueva campaña a la gubernatura.
