La incertidumbre electoral y la pasión que viene desatando las elecciones, está escalando a un punto en el que la violencia se puede convertir en el método para dirimir las diferencias políticas. De llegar a esta situación, el deterioro social será mayúsculo y la política, como ciencia fundamental para la construcción de sociedad, habrá perdido el sentido en la entidad.
Hasta ahora el interés de los actores políticos en su ambición en la lucha por el poder ha sido el de alimentar el encono, las intrigas palaciegas, el de financiar la guerra sucia y los ataques anónimos, en el que se perdió de vista, en que se viene abonando a la división y al enfrentamiento entre los chiapanecos, en donde resulta previsible que el ganador de la gubernatura tendrá difíciles condiciones de gobernabilidad y con varios municipios con conflictos poselectorales.
La obsesión en este momento se circunscribe en cómo ganar en la contienda, inclusive utilizando recursos públicos, y está ausente en la mayoría de los candidatos el interés fundamental de cómo gobernar, en donde sólo uno de ellos posee, la experiencia, la madurez y el conocimiento de lo que Chiapas requiere. Pero esta característica parece no tener importancia en virtud de que el proceso electoral se va a definir por el dinero utilizado, sin importar que haya o no programas de gobierno.
En Chiapas hay una crisis grave de legalidad, provocada por el gobernador Manuel Velasco Coello, quien siempre se ha caracterizado por su comportamiento propenso a la actuación al margen de la ley.
Por eso las cosas hay que llamarlas por su nombre, el gobernador es el responsable directo de la zozobra electoral que se está viviendo en Chiapas. Y sin recato alguno, tiene intervenido el proceso electoral, en el que promueve con recursos públicos a dos candidatos –Rutilio Escandón y Fernando Castellanos-, y hace todo lo posible para debilitar la candidatura de otros dos –José Antonio Aguilar Bodegas y Roberto Albores-. Pero la actuación del gobernador está influyendo en la decisión de instituciones electorales, como el de la resolución del Tribunal Estatal Electoral, quien de manera ilegal ordenó el registro de la candidatura de Fernando Castellanos, situación que tendrá que resolverse en los próximos días por el Tribunal Federal.
Esto generó fracturas política, que puede conducir a conflictos electorales sin posibilidades legales para que haya un nuevo registro en el caso de que el TRIFE resuelva reconociendo la existencia de la ilegalidad de la candidatura de Fernando Castellanos. Lo que significa que Velasco Coello continúa apostando a la ilegalidad, al pretender registrar a candidatos que dejaron pasar el momento procesal de la etapa de registros, y en donde la apuesta es la de sobornar a magistrados electorales, como lo hicieron en las elecciones del 2015, para favorecer precisamente a Fernando Castellanos.
Los tiempos se están agotando y la indefinición política va a ocasionar consecuencias poselectorales con riesgos fatales. De allí, aunque sea cuarto para las doce, lo recomendable es que el responsable de toda esta incertidumbre convoque al retorno a la legalidad, intente reunir a todos los aspirantes con el fin de construir un pacto de concordia electoral y establezca condiciones mínimas para un proceso electoral que limite la confrontación y la violencia en los electores.