En el país y específicamente en Chiapas, las aspiraciones de un cambio de la sociedad a través de los procesos electorales son inexistentes. Sobre todo porque los partidos políticos dejaron de ser opciones políticas para la población, en virtud a que hay una crisis de confianza hacia éstos, pero, fundamentalmente, debido a la ausencia de una ciudadanía que inhibe la participación política en la toma de decisiones políticas, en donde éstas siempre son cupulares. Sin duda el mayor reto político del próximo gobierno es el compromiso de construir una nueva ciudadanía democrática, que sea capaz de impulsar las grandes transformaciones que el país necesita.
Lo ideal en el sistema de partidos, que simbólicamente contienen la representación política de la población, es que haya ciudadanos cada vez más informados, educados y participativos, que identifiquen con claridad el rumbo más conveniente para la convivencia social, que privilegien la prioridad del bien común por encima de las pasiones e intereses personales y que participen lúcida y reflexivamente en la solución de los problemas públicos que le aquejan a la sociedad.
En realidad este ideal está muy lejano a la realidad y más en una sociedad tradicional, como la chiapaneca, en la que el 18% de su población mayor de 14 años es analfabeta y el 78% de la población vive en la pobreza y la pobreza extrema; además de que el sistema educativo estatal, a pesar del alto presupuesto que tiene, continúa siendo el más deficiente de las entidades en el país, lo que resulta caro e inútil.
Esto significa que los triunfos electorales no son el resultado de un ejercicio del voto razonado del sector de población más preparado y con mejores condiciones socioeconómicas sino que el ganador lo define el voto del grueso de la población que vive en la miseria. La gran paradoja en este régimen político, es que los que menos tienen deciden los resultados de las elecciones a través del voto del hambre
El proyecto democrático en el país tiene muchas deficiencias, pero en sociedades tradicionales como la de Chiapas, las deficiencias son aún mayores, debido a la falta de educación y a las condiciones de pobreza de la mayoría de la población. Esto reproduce un modelo de paternalismo en la atención de los grupos vulnerables, que termina inhibiendo y en muchos casos cancelando la libertad de elección en la participación política, al cooptar y reorientar el voto a través de los apoyos y programas sociales, aspecto que clausura las posibilidades de incidir en elecciones libres, que fortalezcan la construcción de un proyecto democrático.
Sin duda, el paternalismo y el autoritarismo son tendencias que le ocasionan daño al fortalecimiento de la democracia; éstos cierran las posibilidades de la participación política y busca doblegar a los individuos frente al poder. Esta tendencia desafortunadamente es la que ha prevalecido en el sistema político mexicano, y más en las entidades de mayor pobreza, que ha impedido y dificultado el proceso de construcción de ciudadanía, limitando seriamente las aspiraciones a la vida democrática.
Esta situación es la que va a prevalecer en las elecciones del próximo 1 de julio, en donde el dinero va a circular indiscriminadamente para la compra del voto, en la que desde ahora se afirma que el ganador de la contienda en la entidad va a ser el que utilice mejor el dinero y sea capaz de tener una estructura electoral que induzca y movilice a los votantes el día de las elecciones. Esto significa que los resultados pueden generar una violencia poselectoral mayor, a lo que hasta ahora se ha vivido, sobre todo porque las elecciones son concurrentes y los intereses en juego va a conllevar a un voto cruzado, sobre todo en las elecciones municipales, que representa el espacio en donde se ganan las elecciones.
Son seis votos por persona los que se van a emitir el mismo día para distintos cargos de representación popular, en el que la compra de voto va a crear confusiones y conflictos en una población dominada por el hambre y sin cultura política, que va a ser inducida a votar por una opción a la presidencia de la república, probablemente por otra opción partidaria para la gubernatura y luego para la senaduría, las diputaciones federales, las diputaciones locales y las presidencias municipales.
Si ya de por sí el voto razonado tiene sus complicaciones, el voto comprado va a tener su mayor complejidad en la operación y en el control de los votantes y desde ahora se prevé que la violencia se va a generar por la disputa de las presidencias municipales, en donde la campaña que se opone al voto cruzado y que plantea el 6 de 6, representa una amenaza a las pretensiones políticas en cientos de candidatos a presidente municipal de todos los partidos, que están a la espera de la línea del gobierno, para orientar el voto de la gente, de allí la dificultad que entraña imponer una sola visión partidaria en los votantes.
