La rebelión indígena zapatista de enero de 1994, se manifestó como una respuesta al fracaso político de la clase gobernante mexicana, quien en 70 años de gobierno, no logró sostener la continuidad de un programa de justicia social y de construcción de un Estado de derecho. Este hecho mostró la crisis y el agotamiento del régimen político del partido hegemónico y no fue casualidad que el movimiento indígena estallara en Chiapas, la entidad federativa de la República Mexicana con los mayores índices de desigualdad social en el país, y que en ese momento, expresaba las mayores contradicciones de un modelo de modernización económica –que propuso la integración del país al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá-, con la prevalencia de una sociedad tradicional, como la chiapaneca, con una larga historia de resistencia, de conflictos internos por la lucha de la tierra y gobernada por un grupo político con fuertes anclajes al pasado, que establecía como su principal fuente de dominación la violencia institucionalizada.
En este sentido, el movimiento zapatista representaba la renovación de un régimen político autoritario, en la que la crisis de legitimidad había tocado fondo, lo que obligaba a la transformación de las condiciones sociales del país y en específico del Estado en Chiapas, lo que implicaban la constitución de un proyecto democrático, de construcción de nuevas ciudadanías y de nuevas relaciones de poder sobre la base del respeto a las libertades y los derechos humano.
24 años después de la rebelión zapatista, los avances de la vida democrática, aún y con la existencia de dos gobiernos de alternancia política, son insatisfactorios. Los procedimientos para la representación política en México –a través de los partidos políticos-, continúan en crisis, las formas autoritarias del ejercicio de poder prevalecen en la cultura política en diferentes contextos, la participación de la ciudadanía es limitada, hay una debilidad en la división de poderes, en donde se mantienen las atribuciones metaconstitucionales del Poder Ejecutivo y la violencia generada por la guerra en contra de la delincuencia organizada incrementó la inseguridad y ello debilita el establecimiento de la democracia por la persistente violación de los derechos humanos.
Si esta consideración es válida para el país, para el Estado de Chiapas las condiciones políticas son todavía peores, en virtud de que aquí la oposición está cooptada por el gobierno, no hay una competencia electoral, se mantiene una política social asistencialista que reproduce el voto del hambre y no mejora la economía social de las comunidades, lo que hace que el voto no se ejerza libremente y el triunfo de los candidatos se define por el dedo del gobernador y por el uso indiscriminado del dinero en la compra del voto.
Bajo estas condiciones el escenario político de Chiapas no solo no tuvo mejoras con la insurrección zapatista sino que empeoró, pues en el gobierno de Pablo Salazar la oposición organizada desapareció, y los partidos políticos así como las organizaciones indígenas-campesinas terminaron desnaturalizadas y sometidas al gobierno.
Al finalizar la administración de Salazar Mandiguchía, la rancia clase política chiapaneca -que se caracteriza por su enorme incapacidad para autoreformarse-, recuperó el poder de la entidad en el 2006, con uno de sus cachorros -Juan Sabines Guerrero-, y en el 2012 refrendó la gubernatura con otro heredero del antiguo régimen –Manuel Velasco Coello-, y las tres senadurías de esa elección, recayeron en manos de cachorros de la juniorcracia de esa vieja clase política, que busca mantener su control de elite y se encuentra en disputa entre sí, por la sucesión del año 2018.
Hoy día el escenario político en la entidad se ha polarizado, con visos de que la tensión y la irritación social se incremente con los resultados municipales de la elección del próximo domingo; de igual forma, las condiciones sociales se han agudizado y la pobreza y la pobreza extrema han crecido y hoy día 8 de cada 10 chiapanecos, viven en condiciones de pobreza. Esto vuelve a poner en evidencia el agotamiento del grupo gobernante de los junior, así como su fracaso e incapacidad para construir progreso, tal como sucedió con la revuelta del 1 de enero de 1994.
La atención y preocupación de los distintos grupos políticos se ha concentrado en las posibilidades de los candidatos a la gubernatura, en la contienda del 1 de julio, pero en realidad la preocupación debe estar en los desafíos que representan el 2019 y los años subsecuentes, en virtud de que en este momento no existen condiciones para establecer un gobierno y la irritación va en incremento ante la falta de talento y de inteligencia para gobernar, que prevalece en la administración de Velasco Coello, lo que conlleva mayores dosis de violencia y de conflictos, en el que se prevén problemas poselectorales en más de 18 municipios y donde existen en este momento cerca de 40 solicitudes para constituir procesos de elección a través de usos y costumbres como el que ordenó el tribunal electoral en Oxchuc.
La caterva de jóvenes que se apoderaron de la toma de decisiones en la entidad, no debe continuar en el próximo gobierno, pues éstos tomaron al Estado como un juego y como el medio propicio para enriquecerse, lo que terminó creando un daño mayor de lo que le hizo a Chiapas el gobierno del facineroso de Juan Sabines.
