Los riesgos de la elección del 1 de julio en Chiapas son altos. Ya se ha documentado en varias ocasiones los conflictos poselectorlaes que se perfilan en más de 15 municipios. Pero además la intervención gubernamental ha sido grosera y abusiva, que con frecuencia se habla de una elección de Estado, en el que se atropellaron a partidos y candidaturas.
En este afán del gobernador Manuel Velasco Coello de ganar las elecciones al costo que sea, se convirtió en el principal promotor de la violencia, presente en varios municipios y que amenaza incrementarse después de las elecciones, pues muchos de los candidatos, sobre todo de las presidencias municipales, han sido engañados por el propio gobernador, quien les hizo creer a todos que cuentan con su apoyo, pero son más de 700 candidatos a los ayuntamientos y sólo van a ganar 124.
Como parte de ese clima de violencia, se corre el riesgo de que no se instalen casillas electorales en algunas comunidades, y como consecuencia de ello, se corra el riesgo de que se anule alguna elección distrital, como puede ser en el distrito que le corresponde a Oxchuc, si no logran realizarse las elecciones con la civilidad que se requiere.
Hay un sentir en grupos de la población que este proceso electoral es un cochinero. El gobernador, en aras de obtener la inmunidad tan deseada, para no vivir la historia de pesadumbre que otros exgobernadores están padeciendo, estableció una alianza con López Obrador, quien le abrió las puertas de la salvación y le permitió colocar como candidatos a varios de sus colaboradores y con ello pervirtió todo el proceso electoral y desnaturalizó el compromiso social de cualquier gobierno que surja de esta alianza.
Pero el gobernador mantuvo el doble juego, al estimular la candidatura de su propio partido verde y bajo acciones ilegales, como la falsificación de documentos, finalmente aprobadas por el Tribunal Electoral, que incurrió en el delito de fraude a la ley, consiguió que Fernando Castellanos obtuviera su registro extemporáneo como candidato a la gubernatura, y que en tan sólo quince días de campaña, rebasara al doble el tope de campaña establecido por el Instituto de Elecciones, pues Castellanos Cal y Mayor gastó entre diez y quince millones de pesos diarios en los eventos que realizaba.
Las elecciones en Chiapas no son libres, se encuentran secuestradas por los intereses del gobernador y el propio Instituto de Elecciones se encuentra sometido a los caprichos de Velasco Coello, debido a que algunos consejeros electorales tienen abierta carpetas de investigación en la fiscalía y porque en las decisiones en que el consejo del IEPC se ha insubordinado al ejecutivo, el tribunal estatal electoral les enmienda la plana y los obliga a rectificar, construyendo de esta manera complicidades con los tribunales y desarrollando un proceso inundado de ilegalidades.
Las elecciones van a terminar en los tribunales, quizá con poca esperanza en que los recursos procedan porque es obvio que la corrupción del gobierno de Velasco Coello ya hizo partícipe a los magistrados tanto de Jalapa como de la sala superior del TRIFE, en el que les favorezca las resoluciones. Pero el gobierno ha perdido de vista que las comunidades no están supeditadas a las resoluciones judiciales pues ahí se suele tomar justicia en propia mano, lo que significa que muchas autoridades electas pueden no llegar a tomar protesta y que el clima de violencia conduzca a la anulación de las elecciones.