La ausencia de una cultura de respeto a los derechos humanos genera la reproducción de prácticas violentas y autoritarias no sólo de parte de las autoridades, sino entre la propia población y las organizaciones políticas.
En este sentido, la violencia que genera el Estado se reproduce en la sociedad en distintas dimensiones: en las prácticas que tienen que ver con los acuerdos y disputas comunitarias, por el control de las actividades productivas entre las organizaciones, en el control de los mercados y el transporte, en las asambleas comunitarias y en las movilizaciones magisteriales en las decisiones de los partidos. Esta violencia que se presenta en las organizaciones de la sociedad civil, conducen a violaciones de derechos humanos, al cierre constantes de carreteras y a la expulsión de población en las comunidades por motivo religiosos, políticos o por la posesión de la tierra.
Estas prácticas de violencia, institucional o por prácticas políticas de los grupos, son una muestra de la descomposición del régimen político en un doble sentido; que recurre a la represión y al autoritarismo como mecanismo de control, pero también muestra una cultura política en la población contraria al espíritu democrático, que fortalece la intolerancia y el autoritarismo.
En el país, la ausencia de políticas en derechos humanos se debe en mucho al modelo político implementado, que definió la conformación de un Estado social autoritario, de partido hegemónico, en donde se restringieron libertades, se limitó la construcción de ciudadanías, se establecieron relaciones políticas no democráticas, se concentró la actividad política al interior del partido y se disfrazó a la disidencia con un discurso y una práctica que no promovió un proyecto democrático. Todo esto produjo una pobre cultura política en el país y una oposición simulada y poco desafiante al orden establecido, que con los años terminó reproduciendo los mismos vicios y prácticas autoritarias del partido dominante.
De allí que estas prácticas de violación a los derechos humanos se reproduzcan en los ámbitos locales, mismas que no son más que respuestas de un orden instituido en la sociedad en su conjunto; en donde el autoritarismo se erige y consolida frente a la ausencia de prácticas democráticas.
Desafortunadamente en Chiapas, el déficit de vida democrática es mayor a la media nacional, sobre todo, por las mismas deficiencias de su sistema educativo y por los altos niveles de pobreza en la población. Esto genera que los distintos tipos de violencia en la entidad, representen problemas de seguridad nacional, situación que obliga a que no se subestimen los sucesos que generan enfrentamientos, bloqueos y cierre de carreteras, que peligrosamente pueden ser más recurrentes y de mayores consecuencias a los que se vienen presentado.
A días del proceso electoral del 1 de julio, las prácticas autoritarias y violatoria a derechos humanos se vienen multiplicando en actividades encabezadas por militantes de los distintos partidos políticos, en donde prevalece la violencia y no la política. Ejemplo de estas acciones están en la retención de candidatos y autoridades municipales en algunas comunidades; en la aplicación de multas para liberar a candidatos retenidos; en los atentados con armas de fuego a candidatos; en la prohibición de propaganda política en municipios y en la inspección de vehículos de carga o camionetas por civiles que buscan asegurar que no se transporten despensas.
Todas estas acciones son ilegales y violatorias a derechos humanos y reflejan la cultura política autoritaria que prevalece en las personas y los grupos políticos. Estas prácticas deben modificarse si se quiere un cambio de régimen político en el país, en el que resulta indispensable la construcción de nuevas ciudadanías.
