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El proyecto de amnistía

Editorial
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En días pasados la exministra Olga Sánchez Cordero, quien va a ocupar la secretaría de gobernación en el nuevo gobierno, en una entrevista para la televisión, habló sobre la propuesta de amnistía que en campaña propuso Andrés Manuel López Obrador.

 

La participación de la exministra Sánchez Cordero es importante, en virtud de que la ausencia de un documento que explicara el ofrecimiento de la amnistía desató una serie de comentarios que terminaron exagerando y desvirtuando el sentido de los comentarios vertidos por AMLO e incluso se llegó a mencionar que la amnistía traía consigo el perdón a los personajes que encabezan la delincuencia organizada en el país.

La amnistía, de acuerdo con la Corte Penal Internacional, tiene restricciones en virtud de que no aplica para graves violaciones a los derechos humanos, como pueden ser los genocidios y crímenes de guerra o crímenes sexuales y en contra de niños, niñas , adolescentes y mujeres, aspecto que fue explicado adecuadamente por la próxima secretaria de gobernación.

La amnistía produjo mucho ruido y a la fecha se continúa sin tener un documento que proporcione luces para la reflexión, sobre todo porque las respuestas que ofrecieron colaboradores de AMLO, para explicar esta propuesta, resultaron insuficientes. Sin embargo Olga Sánchez Cordero sí vertió de manera adecuada la importancia de la justicia transicional, dentro de un proyecto que engloba a la amnistía y la reducción de penas.

El fondo para construir un proyecto de paz, en una sociedad que padece guerra interna o la generalización de la violencia, no es la amnistía sino la justicia transicional, aunque estas dos visiones suelen estar articuladas.  Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.”

Aquí lo que se privilegia es la justicia a las víctimas y a los familiares de las víctimas y el énfasis no está determinado por el perdón a personas obligadas a participar en acciones de la delincuencia organizada. La justicia transicional tiene cuatro principios establecidos en normas internacionales: La obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos; el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido las personas desaparecidas; el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a obtener reparación; y  la obligación del Estado de impedir, mediante la adopción de distintas medidas, que tales atropellos o atrocidades vuelvan a producirse en el futuro.

Este concepto de justicia transicional va a formar parte de un lenguaje recurrente en el debate político de los próximos días, no sólo por lo que implica la justicia para la democracia sino debido a que no se puede aspirar a construir un futuro mejor, sino se resuelven los graves abusos de violaciones a derechos humanos sufridos por miles y miles de personas en el pasado.  

Los obstáculos en México para la implementación de un proyecto de justicia transicional se encuentran en las dificultades que hay para fortalecer la democracia en el país y la disminución de la impunidad. Esto implica un marco amplio de reformas constitucionales que abra la posibilidad real de un tránsito de gobierno autoritario a uno democrático, en el que las instituciones políticas del país están impregnadas por el discurso y las prácticas autoritarias, lo que representa el gran reto a vencer en el proyecto político que se estableció sobre el discurso del cambio verdadero.